La sentencia de spyware en el Reino Unido despeja el camino para demandar a Baréin por espiar a disidentes. El Supremo británico cerró el 27 de julio una discusión de seis años con una doctrina clara: infectar a distancia un dispositivo situado en el Reino Unido equivale a actuar dentro de sus fronteras.
Le pongo en contexto. Saeed Shehabi y Moosa Mohammad, dos disidentes bareiníes residentes en el Reino Unido, presentaron su demanda en 2020. Alegaron que desde 2011 sus equipos fueron intervenidos con FinSpy, un spyware desarrollado por la británica Gamma International y comercializado después por la alemana FinFisher. El malware permitía volcar comunicaciones, archivos, cámara y micrófono sin que la víctima lo detectara.
El Supremo desmonta el escudo de la inmunidad soberana
Baréin opuso la inmunidad soberana. Fue el nudo del pleito. La State Immunity Act británica de 1978 incluye una excepción en su Sección 5: no hay inmunidad cuando una muerte, lesión personal o daño a bienes tangibles haya sido causada por un acto u omisión dentro del Reino Unido. La cuestión era si un hackeo lanzado desde Manama encajaba en esa letra.
El tribunal de primera instancia ya lo vio así en 2023 y la Court of Appeal lo confirmó. Ahora el Supremo ha avalado esa lectura. En palabras de la mayoría, la redacción de la Sección 5 es ‘clara e inequívoca’. Instalar FinSpy a distancia equivale a un acto en territorio británico. No hace falta que un agente de Baréin ponga un pie en Londres.
La lista de actos causales que el Supremo considera cometidos en el Reino Unido es demoledora: la transmisión de los archivos para instalar el spyware, su ejecución, la exfiltración de datos y la activación de micrófonos y cámaras. No se trata de un disparo en una calle londinense, sino de una intrusión telemática que el derecho británico ya trata como interferencia en su soberanía territorial.
Tres jurisdicciones, tres lecturas del hackeo remoto
Esta decisión del Supremo británico abre una fractura en el derecho comparado. En Estados Unidos, la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) se ha interpretado de forma restrictiva: todo el ilícito civil debe ocurrir en suelo estadounidense. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por su parte, fijó en una sentencia anterior que un hackeo se produce en el país de origen, no donde se encuentra la víctima. Londres se aparta de Washington y de Estrasburgo a la vez. Elige la vida de la víctima, no la geografía del servidor.
El espionaje digital represivo ya no podrá escudarse en la inmunidad soberana en los tribunales británicos.
El precedente inmediato es Al-Masarir. En 2026, la High Court dictó la primera sentencia de fondo contra un Estado extranjero por usar Pegasus contra un activista en el Reino Unido: Ghanem Al-Masarir, disidente saudí. Arabia Saudí dejó de defenderse y el tribunal le condenó en juicio sumario. Ese fallo demuestra que la barrera jurisdiccional era el verdadero muro. Ahora se abre la misma puerta para Baréin, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Ruanda.
Los expedientes se amontonan. Yusuf Al-Jamri bloguero bareiní, demandó a Baréin por Pegasus en 2024 y su caso estaba suspendido a la espera de la sentencia Shehabi. Yahya Assiri, defensor saudí de derechos humanos, denunció a Riad por ataques entre 2018 y 2020. Rania Dridi, periodista británica, demandó a Emiratos en septiembre de 2023. Faustin Rukundo, opositor ruandés, ha hecho lo propio contra Kigali. Con la inmunidad despejada, todos pueden avanzar.
Aun así, el camino no es una autopista. La Sección 5 cubre daños personales y daños a bienes tangibles. Lord George Leggatt, en su voto discrepante, advirtió de que una reclamación por mera exposición de información privada o por pérdida económica no superaría el filtro. La Sección 5 exige lesión personal o daño tangible, no solo pérdida económica. Los demandantes necesitarán pericial psiquiátrica que conecte el descubrimiento del spyware con una lesión real.
De hecho, los costes procesales han sido la primera arma de los Estados. El caso Shehabi se presentó en 2020 y ha tardado seis años en resolver únicamente la cuestión de la inmunidad. La sentencia reduce ese peaje. Los litigantes podrán ir al fondo sin quedar atrapados durante años en una cuestión previa.
No va a ser barato.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
El vector de amenaza es claro: ciberataque estatal mediante spyware comercial. FinSpy y Pegasus no son herramientas de un hacker solitario, sino productos de vigilancia vendidos a gobiernos por empresas con licencia de exportación. Aquí no hay HUMINT clásico: no hay un agente en territorio británico, no hay un muerto en un restaurante de Piccadilly. Hay una intrusión telemática que un tribunal británico equipara a una violación de la soberanía.
Agencias implicadas. Atacante: el aparato de inteligencia de Baréin, sea cual sea su nombre oficial; la sentencia no individualiza al servicio concreto. Defensora: la jurisdicción británica y, en la sombra, el trabajo de grupos civiles como Citizen Lab, que durante años ha documentado el abuso de Pegasus y FinSpy. Terceros: Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Ruanda, con casos similares ya en trámite. No hay constancia de que el CNI o el CCN-CERT estén directamente implicados, pero la doctrina afecta de lleno al espacio europeo de inteligencia.
El nivel de clasificación estimado de los datos extraídos con FinSpy es Reservado o Secreto: comunicaciones personales de disidentes, agendas y contactos sensibles. No es material nuclear, pero su valor de contrainteligencia es alto. Activar micrófonos y cámaras convierte el dispositivo en un micrófono ambiental. Ese es el daño.
Mi lectura. Si usted ha seguido estos litigios, convendrá conmigo en que la sentencia es un punto de inflexión. En El quinto elemento escribí que ‘el próximo 11S empezará con un clic’. Esta decisión es el primer clic de respuesta judicial: un Estado que espía a distancia ya no podrá esconderse detrás de la soberanía cuando elige un foro que no es el suyo. Reconozco que la atribución del ataque sigue siendo el punto débil. Probar que fue Baréin, no un intermediario privado, requerirá pericia técnica distinta de la usada por la defensa.
El hito concreto que yo seguiré es el siguiente pronunciamiento de la High Court sobre el fondo del caso Shehabi. Si los demandantes logran acreditar causalidad entre FinSpy y sus lesiones psiquiátricas, se sentará un precedente que el resto de jurisdicciones tendrá que mirarse.
Empieza el juego de la rendición de cuentas digital.
Hoy te cuento la decisión del Juzgado de Ceuta: expulsa a once de los doce detenidos por el ataque a militares en Benzú. La sentencia se ha dictado este viernes tras un acuerdo de conformidad. La pena de dos años de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad queda sustituida por la expulsión y por la prohibición de entrar en España durante cinco años.
El acuerdo de conformidad y la sustitución de la pena
La resolución se alcanzó este viernes después de un acuerdo entre la Fiscalía y las defensas. Los once condenados reconocieron su participación en los hechos y aceptaron la pena propuesta por el Ministerio Público. Eso permitió celebrar una vista de conformidad, una comparecencia en la que el acusado acepta la condena, y evitó la celebración del juicio.
La pena privativa de libertad ha sido sustituida por la expulsión del territorio nacional. La prohibición de entrada a España se extiende durante cinco años, tal y como recoge la resolución judicial notificada en Ceuta.
No habrá juicio para ellos. La expulsión es firme.
El duodécimo arrestado no aceptó el pacto
La situación procesal del duodécimo arrestado es distinta. Según la sentencia, rechazó el acuerdo planteado por la Fiscalía y negó haber participado en la agresión.
Durante su comparecencia judicial aseguró que estaba durmiendo en el momento de la intervención policial y desvinculó su presencia en la zona de los hechos investigados. Ante la falta de conformidad, el juez acordó mantener su ingreso en prisión provisional mientras continúa la tramitación del procedimiento penal y se fija la fecha del juicio.
Once condenados han aceptado dos años de prisión y no volverán a pisar España en cinco años. El duodécimo, en cambio, tendrá que sentarse en el banquillo.
El ataque del jueves y los próximos pasos
De acuerdo con los hechos recogidos en la resolución, los acusados formaban parte de un grupo de migrantes irregulares que se encontraba en las inmediaciones de Benzú y que presuntamente había preparado una acción contra los vehículos que transitaran por la zona. El objetivo final fue una patrulla militar del Grupo de Regulares.
Durante la agresión se lanzaron piedras contra el vehículo militar y cuatro efectivos resultaron heridos de diversa consideración. Tras los hechos, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo que culminó con la detención de doce personas, según el relato judicial.
El duodécimo acusado permanece en prisión provisional. Ahora falta que el juzgado fije la fecha del juicio.
⚖️ Datos del caso
Órgano judicial: Juzgado de lo Penal de Ceuta.
Fase procesal: Sentencia por conformidad para once condenados; procedimiento en trámite para el duodécimo acusado.
Implicados: Once ciudadanos marroquíes condenados y un duodécimo acusado en prisión provisional.
Delito: Atentado contra agentes de la autoridad.
Próximos pasos: Fijar la fecha del juicio para el acusado que rechazó el acuerdo.
Lo esencial
📌 ¿Qué ha ocurrido? El Juzgado de lo Penal de Ceuta ha expulsado a once de los doce detenidos por el ataque a una patrulla militar en Benzú.
👤 ¿Quiénes están implicados? Once ciudadanos marroquíes condenados por conformidad y un duodécimo acusado en prisión provisional.
⏭️ ¿Qué pasa ahora? El juzgado debe fijar la fecha del juicio para el duodécimo arrestado.
Cómo comprar el pantalón de lino de Zara a 7,99 € antes de que se agote
Que Zara haya colgado el cartel de liquidación sobre un pantalón de lino a 7,99 euros, con un descuento del 80% sobre su precio original, explica por sí solo la prisa por hacerse con él. El lino es el tejido rey del verano en la cadena de Inditex: transpirable, elegante y fácil de combinar, y cuando una prenda así cae a ese precio suele durar apenas unas horas en la web antes de agotarse en las tallas más demandadas. El truco está en anticiparse al ciclo de rebajas, que en Zara siempre es escalonado: la aplicación móvil recibe los nuevos precios antes que la web y que las tiendas físicas, así que quien quiere ser el primero debe estar pendiente del móvil y no de la tienda de la esquina. El propio sistema de la firma juega a favor del que llega antes: los productos entran y salen de stock con reposiciones puntuales, y la etiqueta de «pocas unidades» es la señal inequívoca de que hay que decidir en minutos.
Para no quedarse sin él, conviene tener la prenda localizada en la lista de favoritos de la app días antes de que baje el precio: así, en cuanto se actualiza la rebaja, el pantalón aparece directamente en el carrito sin tener que buscarlo entre cientos de referencias. Activar las notificaciones de la aplicación ayuda a saber el momento exacto en que se aplica el descuento, y una vez dentro, conviene revisar la página varias veces al día: las devoluciones online devuelven tallas sueltas que duran un suspiro, y Zara mueve stock entre tiendas según la demanda, por lo que una talla agotada por la mañana puede reaparecer por la tarde. Si se prefiere asegurar, comprar con envío a tienda es gratuito, y las compras online mantienen los 14 días de desistimiento legales incluso en rebajas, así que se puede arriesgar con la talla sabiendo que hay margen de cambio antes de que el precio vuelva a subir.
Tallas más demandadas: consulta ahora cuáles quedan en la web de Zara
El pantalón de lino que Zara liquida a 7,99 euros, con un 80% de descuento sobre su precio original, ha convertido la sección de rebajas de su web en una carrera por las tallas. La experiencia de campañas anteriores es concluyente: las tallas intermedias, la M y la L, son las primeras en desaparecer, a menudo en cuestión de horas desde que se activa el recorte. No es casualidad: concentran la demanda de un público muy amplio, de la veintena a la cincuentena, y en un básico que se estrena en pleno verano y se sigue usando en entretiempo la competencia por ellas se dispara. Las tallas de los extremos, la XS y las más grandes, suelen aguantar algo más en el catálogo, aunque con un descuento del 80% esa ventaja se reduce a muy pocos días. Quien consulta ahora la ficha del producto se encuentra en varios colores el temido «agotado» junto a la M y la L, mientras que la S va por el mismo camino.
Para comprobar qué queda en tiempo real, el canal importa: la aplicación de Zara se adelanta a la web y a las tiendas físicas, y en las fases finales de rebajas es donde antes se reflejan los movimientos de stock. La firma libera unidades por fases y, sobre todo, las devoluciones de las primeras compradoras reabren tallas en los días siguientes, porque muchas piezas vuelven al escaparate virtual sin aviso previo. El método que repiten las usuarias más veteranas consiste en guardar el pantalón en la lista de deseos de la app y revisarla varias veces al día: las tallas sueltas aparecen y desaparecen en minutos, sin notificación. Si la tuya figura como agotada, conviene no descartar la inmediatamente superior, ya que con el plazo de devolución de 30 días parte del stock regresa y permite repetir el pedido. Ante un precio de 7,99 euros, vigilar la web con paciencia se convierte en la única estrategia fiable.
Usa el localizador de tiendas de Zara para saber si tu talla está en tu ciudad
Que este pantalón de lino haya caído hasta los 7,99 euros con un 80% de descuento lo convierte en el típico chollo que se agota en horas, así que la cuestión no es si merece la pena, sino cómo llegar a tiempo. Ahí entra el localizador de tiendas de Zara, una función integrada en la ficha de cada producto en zara.com que pasa desapercibida: permite seleccionar la prenda, escribir una ciudad o código postal y ver en qué tiendas físicas cercanas está disponible ese modelo y, lo más importante, en qué tallas. El sistema devuelve los puntos de venta más próximos con stock, de modo que puedes comprobar si tu número te está esperando en la tienda de tu ciudad antes de desplazarte o de pelearte con la web. Eso sí, la propia firma advierte de que esa información de disponibilidad es orientativa: sirve de guía, pero no garantiza que la prenda siga en el perchero cuando llegues, sobre todo en un artículo con una rebaja tan agresiva como esta.
La gracia del localizador es que se combina con los ritmos de reposición de Zara, que es donde se ganan estas batallas. El stock online y el de tienda no siempre van sincronizados, y las tallas agotadas en la web pueden aparecer en un punto de venta físico al día siguiente, cuando llegan devoluciones o se vacían los probadores. Empleadas de la firma han revelado que las reposiciones suelen producirse a primera hora de la mañana, en torno a las 10:00, y a última hora del día, entre las 20:30 y las 21:30, así que consultar el localizador en esos momentos multiplica las opciones de dar con tu talla. Si el modelo figura como agotado, también puedes dejar tu correo en la opción de aviso y la web te notificará si vuelve a estar disponible en un plazo de 15 días; y si encuentras la prenda en tienda pero no tu número, el personal puede completar la compra online desde el propio establecimiento.
Recogida en 30 minutos vs. envío a casa: cuál te salva la oferta
El pantalón de lino que Zara remata al 80% por 7,99 euros plantea una disyuntiva casi tan importante como el propio precio: cómo llevárselo sin que los gastos de envío se coman el chollo. En plena campaña de rebajas, la política de la firma de Inditex penaliza el pedido a domicilio con una tarifa fija de 3,95 euros para la entrega estándar en dos o tres días laborables, que sube a 4,95 euros si se quiere entrega garantizada al día siguiente y a 5,95 para el mismo día. La ansiada gratuidad por superar los 30 euros solo se aplica a artículos sin descuento, así que en una liquidación como esta no hay forma de esquivarla: sumar el porte al pantalón deja el desembolso en 11,94 euros, un 50% más de lo que anuncia la etiqueta. Encargar varias prendas rebajadas para repartir el coste del transporte tampoco sirve, porque el cargo es por pedido y no por artículo, y con la talla agotándose en tiempo real, cada hora de espera juega en contra.
La alternativa que de verdad salva la oferta es la recogida en tienda, que sigue siendo gratuita y, además, blinda la compra. La vía exprés es el ‘Modo Tienda’ de la app, el servicio ‘Click & Go’ que Zara activó en 2020 en una veintena de establecimientos españoles y que permite pagar online y retirar el pedido en solo 30 minutos gracias a la tecnología RFID y al sistema de gestión integrada de stock. Eso sí, tiene truco: solo funciona si la tienda elegida tiene el modelo y la talla en su inventario, y en plenas rebajas no todos los locales habilitan la recogida de paquetes. Si el establecimiento más cercano no está en esa red o ya ha agotado la talla, la recogida estándar en dos o tres días laborables sigue siendo gratis y garantiza la prenda, porque queda reservada en el momento del pago; el envío a casa, en cambio, tira del almacén central y cuesta dinero. Ante un remate que no durará el fin de semana, quien tenga una tienda cerca con su talla juega con ventaja: la reserva en 30 minutos o la recogida gratuita evitan que el chollo se escape.
El truco para activar la alerta de reposición del pantalón en Zara
El botón «Avísame cuando esté disponible» es la vía oficial de Zara para cazar una reposición, y en un pantalón rebajado al 80% (7,99 euros) puede marcar la diferencia entre estrenarlo o verlo esfumarse antes del lunes. El mecanismo es sencillo: cuando la talla aparece agotada en la ficha, se introduce el correo electrónico y la firma avisa si vuelve a haber stock en un plazo de 15 días. Pasado ese tiempo sin reposición, la suscripción caduca y hay que volver a registrarla. El matiz clave es que no se trata de una reserva: el aviso no guarda la prenda ni otorga prioridad, solo informa. Por eso, al recibir el mensaje hay que reaccionar en minutos, porque cientos de personas han hecho lo mismo y las unidades de una talla concreta vuelan. Conviene además revisar la carpeta de spam, donde estos correos caen con frecuencia y muchos usuarios se quedan sin la alerta sin llegar a saberlo.
La alerta oficial tiene una desventaja: el email llega con retraso, a veces horas después de que el stock reaparezca, y a ese precio el pantalón no espera. Por eso el truco completo combina el aviso con otros reflejos que los cazadores de gangas conocen bien. Las reposiciones de la web se concentran entre la medianoche y las dos de la madrugada, y las devoluciones de tienda vuelven al stock online entre las diez y las once de la mañana; son las dos ventanas en las que conviene tener la app abierta. Además, el carrito detecta la reposición unos segundos antes que la ficha del producto, así que dejar la prenda agotada en la cesta permite adelantarse a quienes solo esperan el correo. Guardarla en favoritos también ayuda: ahí el stock se refresca antes que en la página principal. Con el aviso activado y estos movimientos, las opciones de atrapar el pantalón de lino a 7,99 euros dejan de depender del azar.
¿Es realmente un chollo? Análisis de calidad y precio del lino de Zara
Sí, es un chollo, y conviene entender por qué. Los 7,99 euros equivalen a un 80% de descuento sobre un precio original de 39,95 euros, justo el rango en el que Zara suele colocar sus pantalones de lino de plena temporada, que rara vez bajan de 29,95 euros en promoción. Pagar menos de ocho euros por una prenda de fibra natural es tocar suelo: ni las mezclas de lino con viscosa de Mango ni las propuestas de otras cadenas suelen llegar a ese punto, y cuando lo hacen es en la liquidación final de stock, esa que arrasa tallas y colores. La cuenta solo sale redonda si la etiqueta confirma que es 100% lino y no una mezcla con poliéster disfrazada de tejido noble, así que el primer vistazo a la composición decide si la ganga es real. A ese precio, la prenda se paga casi al nivel de un básico de poliéster de cualquier low cost, lo que la convierte en una de las compras más eficientes de las segundas rebajas.
El lino de Zara tiene fama justa de arrugarse, pero también de ganar caída y carácter con los lavados, y los modelos más cuidados, los de la línea ZW Collection, se confeccionan con lino de cultivo europeo certificado, un matiz que a 7,99 euros resulta casi surrealista. La contrapartida está en el mantenimiento: lavado a 30 grados, nada de secadora y plancha a temperatura baja para conservar la estructura de la fibra. También conviene vigilar el corte, porque varios modelos de lino de la firma tienden a tallar grande y los tonos claros pueden transparentar. En la liquidación de fin de temporada el problema no suele ser el precio, sino la disponibilidad: quedan pocas unidades, las tallas vuelan y el reparto entre tiendas es imprevisible, de ahí que el aviso de que no durará el fin de semana sea más una advertencia que un recurso comercial. Si la talla está y la composición acompaña, es de esas piezas que se amortizan en un solo verano.
Guía de tallas y caída del pantalón: cómo acertar sin probárselo
Acertar con la talla sin probárselo es más fácil de lo que parece si se respetan dos reglas que en Zara son oro puro. La primera: olvidarse de la talla de otras marcas y medirse cintura y cadera con un metro, en centímetros, para compararlas con la tabla que cuelga de cada producto, porque la firma usa numeración europea, de la 32 a la 46, y su patrón suele quedar más ceñido que el de otras cadenas. La segunda, decisiva en este pantalón: el lino es un tejido sin elasticidad, así que si se está entre dos tallas conviene subir, no bajar. La cintura elástica del modelo perdona bastante en esa zona, pero la cadera y el tiro alto responden a la medida real; en cuerpos con cadera ancha, mejor elegir la talla superior y rematar el ajuste con el cordón.
La caída es el otro gran secreto de esta prenda y la que explica que a 7,99 euros parezca mucho más cara. La pernera ancha, sello de los lino veraniegos, solo drapea bien cuando el largo es el correcto: si la tela arrastra, se amontona alrededor del zapato y pierde esa línea limpia que estiliza; si queda corta, la bota ancha se rompe a media pierna. Como Zara suele cortar largos pensados para cuerpos altos, quien mida menos de 1,65 metros debería revisar el largo en la ficha técnica y prever un dobladillo: siempre se puede acortar, nunca estirar. Con la altura justa, la caída fluida del lino disimula volúmenes y alarga la silueta, que es justo lo que convierte una liquidación de fin de temporada en un básico que se pondrá todo el verano.
Política de devoluciones de Zara en artículos rebajados: lo que no te puedes saltar
Que un pantalón de lino rebajado a 7,99 euros no escapa a la política general de Zara: los artículos de rebajas se devuelven en las mismas condiciones que el resto, con 30 días por delante contados desde la compra en tienda o desde el envío si se adquirió online. La prenda debe llegar en su estado original y conservar todas las etiquetas, y la gestión se hace en el mismo mercado donde se compró. La clave está en el canal elegido: devolver en cualquiera de las tiendas físicas es gratis, igual que depositarlo en un punto de entrega, mientras que la recogida a domicilio tiene un coste de 1,95 euros que Inditex descuenta del reembolso desde febrero de 2023. El importe vuelve al mismo método de pago y, aunque la firma lo tramita en 72 horas tras recibir el paquete, el banco puede tardar hasta 14 días en reflejarlo.
El verdadero riesgo al comprar rebajado no es el plazo, sino el cambio de talla. Zara no permite cambios online: hay que devolver y recomprar al precio vigente, así que si el pantalón se ha agotado se pierde el descuento; en tienda, el cambio solo mantiene el precio de promoción si el artículo sigue rebajado. Tampoco valen las excepciones habituales: la ropa de baño debe conservar la pegatina de higiene, la ropa interior de hombre y niño no admite devolución y los accesorios exigen su bolsa o caja original. Si la prenda llega defectuosa, la cosa cambia: la normativa de consumo obliga a reembolsar el importe íntegro y los gastos de envío aunque falte la etiqueta o haya pasado el plazo, sin que puedan repercutirse los 1,95 euros de recogida en un producto con tara.
Alternativas similares al pantalón de lino de Zara por menos de 10 euros
Foto de Amin Zabardast en Unsplash
El pantalón de lino de Zara que ha aparecido en los Special Prices por 7,99 euros —un 80% de descuento sobre un precio cercano a los 40 euros— se agota en horas y apenas dejará tallas para el fin de semana. Quien se quede sin él tiene en el supermercado la alternativa más directa: Lidl mantiene en su línea Esmara un pantalón de lino por 9,99 euros que reproduce la fórmula del éxito de Zara. Comparte tejido de 70% algodón y 30% lino, pernera ancha, tiro medio, cintura elástica con cordón y bolsillos laterales, y está disponible en beige, negro y estampado en su web, con una nota media de 4,6 sobre 5 a partir de 221 valoraciones. A esa versión fluida de largo tobillero se suman otras dos piezas por debajo de los 10 euros: un pantalón ancho también a 9,99 y unos pantalones cortos a 7,99, todos con ese acabado vaporoso que los medios llevan semanas señalando como el uniforme no oficial del verano.
Lo que hace merecedora a esta alternativa de ocupar un hueco en la lista no es solo el precio, sino que reproduce casi punto por punto las claves del fenómeno de Zara: frescura, caída amplia y facilidad de combinación. La mezcla de algodón y lino aguanta lavados a 40 grados sin secadora y ofrece una paleta neutra —beige, negro, arena— que funciona tanto para la oficina como para la playa. Además, el corte de tiro medio y pernera fluida hasta el tobillo es el mismo relajado que ha agotado el stock de Inditex. Frente a la urgencia de la liquidación, que obliga a cazar la prenda antes de que desaparezca, estos pantalones forman parte del surtido permanente de Lidl, así que no hay que batirse por la última talla. Y Aldi suma su granito: la línea UP2FASHION ofrece shorts de lino y algodón por 7,99 euros, con cintura elástica y corte holgado, para quien prefiera la pernera corta sin renunciar al tejido natural.
Qué más ropa de lino está rebajada al 80% en Zara para completar el look
La liquidación de Zara no se queda solo en ese pantalón de lino a 7,99 euros: la firma de Inditex ha activado las segundas rebajas con descuentos que superan el 80% en muchas referencias para vaciar almacenes antes de que aterrice la nueva colección. El influencer Raúl Gómez, con más de un millón de seguidores, ha confirmado que la marca está liquidando toda la ropa de temporada, y el método para localizar el resto del look es sencillo: en la web o la app, dentro del apartado de rebajas, basta con filtrar por «desde 80%» para que aparezcan las gangas con el mayor recorte. La pega es que estas piezas suelen ser las últimas unidades, en tallas o colores menos demandados, y vuelan en cuestión de horas: la aplicación abre las rebajas antes que la tienda física, así que quien no la tenga instalada y la lista de deseos preparada llegará tarde por diseño, no por casualidad.
Entre ese filtro del 80% asoman varias piezas de lino con las que redondear el estilismo. Una de las más llamativas es el vestido midi de color camel, con drapeado lateral en la cintura, que se ha quedado en 5,38 euros frente a los 17,95 iniciales, rozando ese porcentaje. Junto a él, chalecos de sastrería, camisas cortas y blusas holgadas de lino completan la parte de arriba: la camisa corta está en 12,96 euros (antes 19,95), el chaleco de cuello redondo y cierre cruzado en 16,86 (antes 25,95) y la camisa de cuadros 100% lino en 23,97 (antes 39,95). Con cualquiera de ellas, el conjunto con los pantalones a 7,99 euros no llega a los 25 euros, y si se suma el vestido, por menos de 15 se cierra un look entero en el tejido rey del verano.
El vicepresidente extremeño y consejero de Infancia, Óscar Fernández Calle (Vox), no acudió a la Conferencia Sectorial de Infancia, donde se aprobaron 25 millones de euros para Ceuta. La presidenta de la Junta, María Guardiola (PP), niega que Extremadura rechace fondos para Ceuta y acusa al Gobierno central de mentir. El PSOE extremeño pide desautorizar al vicepresidente, y la coalición entre PP y Vox entra en una fase de tensión abierta. De esta manera, Extremadura vive el primer choque importante de la coalición de gobierno.
Qué ha pasado: un plantón y 25 millones para Ceuta
El vicepresidente de la Junta, Óscar Fernández Calle, decidió no asistir este jueves a la Conferencia Sectorial de Infancia, el órgano que coordina al Ministerio y a las comunidades autónomas en políticas de protección de menores. En la reunión, las comunidades presentes aprobaron por unanimidad un crédito de 25 millones de euros para Ceuta, mientras las consejerías controladas por Vox —Extremadura, Aragón y Castilla y León— hicieron constar por escrito su voto en contra tanto del crédito como de cualquier derivación de menores. El plantón convierte una disputa administrativa en una crisis política de primera magnitud.
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, salió al paso con un mensaje en X. Pidió a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que “no mienta” y acusó al Gobierno central de querer “embarrar y enfrentar” a las comunidades. Extremadura, según Guardiola, no se opone a que se destinen recursos a Ceuta: cuestiona la “dejación de funciones” del Ejecutivo en fronteras.
La presidenta y el PSOE: dos lecturas del mismo plantón
La respuesta de la presidenta llegó después de que Fernández Calle anunciara que la Junta impugnará “uno a uno” los expedientes de traslado desde Ceuta que no terminen con el retorno de los jóvenes a Marruecos. Tras la sectorial, Sira Rego había reprochado a las autonomías gobernadas por Vox que “castigaran” a la ciudad autónoma y que hicieran el juego a la extrema derecha. La impugnación judicial será el próximo campo de batalla.
El PSOE de Extremadura pidió este viernes a la presidenta que desautorice al vicepresidente por su ausencia en la sectorial. Según la formación socialista, el plantón no es un gesto simbólico: abre una herida en en el seno del Gobierno de coalición y deja a la región sin voz en la gestión de la crisis migratoria. La oposición sitúa la crisis en el corazón del Ejecutivo regional.
La coalición entre PP y Vox en Extremadura ya había mostrado tensiones desde su investidura, pero el choque migratorio la coloca en su punto más delicado. Vox convierte la negativa al traslado de menores en bandera identitaria, mientras la presidenta intenta mantener el equilibrio sin desautorizar a su socio. El desenlace dirá si la crisis es controlable o si abre una brecha imposible de coser.
La política migratoria se ha convertido en la línea roja que puede romper una coalición que hasta ahora resistía con dificultades.
El pulso territorial
La crisis no es solo extremeña. Las tres comunidades con consejerías en manos de Vox —Extremadura, Aragón y Castilla y León— hicieron constar su rechazo por escrito a la transferencia de fondos y a cualquier derivación de menores. La diferencia es que en Extremadura el plantón lo firma el vicepresidente de un Gobierno que preside el PP, lo que abre un foco interno mucho más visible.
En la práctica, la posición de Fernández Calle compromete cualquier acuerdo futuro del Gobierno regional con el Ministerio de Juventud e Infancia. La presidenta defiende que Extremadura estará “siempre con los ceutíes y con la ley”; su vicepresidente promete impugnar expediente a expediente. La coalición sigue en pie, pero cada semana avanza sobre un suelo más inestable.
El calendario político no da tregua: los socialistas exigen una rectificación pública y Vox promete mantener el pulso en los tribunales. La duda es si María Guardiola seguirá esquivando la desautorización formal o si el choque se traslada al próximo consejo de gobierno.
Ficha Autonómica
El caso: La Junta de Extremadura no acudió a la Conferencia Sectorial de Infancia; su vicepresidente, Óscar Fernández Calle, de Vox, plantó al Ministerio y anunció impugnaciones contra los traslados de menores desde Ceuta.
Datos importantes: Crédito aprobado de 25 millones de euros para Ceuta; voto en contra por escrito de Extremadura, Aragón y Castilla y León; anuncio de impugnación “uno a uno” de expedientes sin retorno a Marruecos.
Resumen: María Guardiola niega que la región rechace fondos para Ceuta, el PSOE pide desautorizar al vicepresidente y la coalición PP-Vox queda al borde de una crisis política.
Los soldados han exigido que los militares españoles cuenten con una misión claramente definida, un marco jurídico identificable, reglas de enfrentamiento, instrucciones y reglas de actuación claras, precisas y unívocas, y una coordinación adecuada con la autoridad competente, de modo que puedan defenderse y protegerse eficazmente ante agresiones. Las asociaciones profesionales subrayan que no basta con el despliegue: es imprescindible proteger y equipar al personal militar para que pueda cumplir su misión sin verse expuesto a agresiones que pongan en riesgo su vida e integridad.
Además, en un comunicado, las asociaciones profesionales de militares españoles ASFASPRO, AUME y UMT «condenan de manera enérgica la emboscada y agresión sufrida por militares españoles en el ejercicio de sus funciones y resaltan la gravedad de los hechos, que dejan en evidencia una situación de vulnerabilidad que llevan denunciando desde el inicio de esta crisis motivada por el asalto a la frontera en la ciudad de Ceuta».
Y añaden que «la seguridad de los miembros de las Fuerzas Armadas debe ser objeto de especial protección y prioritaria por razón de los riesgos específicos a que están expuestos. En este sentido, las tres asociaciones insisten en la urgente necesidad de dotar adecuadamente a los militares desplegados en Ceuta con los medios materiales, equipos de protección y recursos necesarios para hacer frente a posibles ataques y agresiones por parte de migrantes, así como de garantizar su integridad física y personal en todo momento».
ASFASPRO, AUME y UMT reclaman con firmeza que se atienda de forma prioritaria la seguridad jurídica, la seguridad personal y la prevención de riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo.
«No resulta admisible exigir a los militares desplegados la custodia y defensa de la seguridad nacional mientras se les niegan los recursos elementales de autoprotección y la cobertura legal indispensable, dejándoles desamparados por su propia administración. ASFASPRO, AUME y UMT desean una pronta recuperación de los compañeros heridos y esperan no se repitan este tipo de incidentes. Envían un mensaje de apoyo al resto de miembros de la Unidad y a toda la guarnición. Y, por último, mandan un mensaje de esperanza a todo el pueblo de Ceuta deseando que puedan ver retornar la normalidad a sus calles cuanto antes», concluyen.
La gestión de Ceuta que ha denunciado el partido político Vox cobra otra dimensión: 820 inmigrantes ilegales salieron del CETI rumbo a la Península entre el 1 de mayo y el 31 de julio. Así consta en los documentos oficiales difundidos por La Gaceta, que cifran el flujo en 1,6 veces la capacidad máxima declarada del centro, fijada en 512 plazas.
La tesis de Vox: el Gobierno vació el CETI de Ceuta antes de la crisis
Para Vox, la operación no fue una mera reorganización administrativa. Los datos confirman que el Gobierno mantuvo el centro abierto y, al mismo tiempo, evacuó hacia el interior del país un contingente equivalente a más de una vez y media su capacidad legal. El desglose mensual refuerza esta lectura: 306 salidas en mayo, 265 en junio y 249 en julio, según los documentos oficiales consultados.
El perfil de los trasladados concentra aún más el foco. De los 820 inmigrantes ilegales, 813 eran hombres adultos, el 99,15 % del total. Solo figuran cinco mujeres y dos menores, todos de nacionalidad marroquí. El partido sostiene que este abandono del perfil familiar evidencia una gestión orientada al desagüe del centro, no a la acogida.
Las cifras por nacionalidad refuerzan el patrón: Marruecos concentró 430 salidas (52,44 %) y Sudán, 179 (21,83 %). Entre ambas nacionalidades sumaron el 74,3 % de los traslados. El bloque del Magreb —Marruecos, Argelia y Túnez— alcanzó los 465 desplazamientos, el 56,71 %.
La contradicción administrativa es un argumento central del argumentario de Vox. En abril, la Secretaría de Estado de Migraciones licitó los contratos de víveres y limpieza del CETI con un horizonte hasta 2031 y cláusulas que contemplaban la sobreocupación extrema y un escenario de 1.000 internos. En paralelo, el Ministerio derivaba hacia la Península a 820 internos en los noventa y dos días previos a la crisis. Los documentos no recogen el destino autonómico, mas sí acreditan el volumen, el sexo y la nacionalidad de quienes salieron.
La cifra no es un episodio aislado: evidencia una doble operación —presupuestar el desbordamiento y vaciar el centro— en las semanas decisivas.
Impacto parlamentario y control al Gobierno
El dato refuerza la posición del Grupo Parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados y ofrece base para las próximas sesiones de control. La Cámara retoma en septiembre su actividad ordinaria tras el paréntesis estival. Según apuntan fuentes parlamentarias consultadas por Moncloa.com, aún sin confirmación oficial, la reclamación se centrará en los criterios de derivación, el destino autonómico y la situación jurídica de los 820 internos.
La ausencia de detalles en los documentos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también pesa. No consta el destino autonómico, la situación jurídica ni la fecha de ingreso de los trasladados. Lo que sí acreditan es el volumen, el sexo y la nacionalidad. Vox sostiene que este vacío de transparencia ejecuta la política migratoria sin control parlamentario efectivo.
Estrategia de Vox: la inmigración como eje de presión
La estrategia de Vox es clara. La formación ha convertido la política migratoria en el eje sobre el que tensar al Gobierno y marcar distancias con el PP en las comunidades. La crisis de Ceuta no es un episodio aislado: confirma el argumento de que las políticas de acogida operan por encima de su capacidad y trasladan el coste al conjunto del territorio. El precedente es identificable: cada pico migratorio ha derivado en un debate sobre el reparto territorial y ha reabierto la negociación entre los populares y Vox.
La lectura estratégica ofrece una mirada hacia delante. Si el Congreso no aclara los criterios de estos traslados, Vox podrá prolongar su ofensiva con preguntas escritas, solicitudes de comparecencia y nuevas iniciativas de control. El Gobierno quedará obligado a explicar por qué aceptó por contrato un escenario de sobreocupación y, al mismo tiempo, vaciaba el centro en vísperas de la oleada. La gestión de Ceuta, por tanto, no agota su recorrido en una sola cifra.
Entre llamadas a la calma y a evitar brotes de ira de los ministros del Gobierno la sociedad ceutí ya se prepara para una nueva jornada de reivindicación de su ciudad y de manifestaciones a gran escala. Será el próximo 2 de septiembre a partir de las 20.00 horas como en el resto de España en al menos 30 capitales de provincia ya confirmadas. A nadie le gusta la violencia, a los ceutíes tampoco, pero la ciudad ya ha colapsado. Sus habitantes están cansados, los policías y guardias civiles también lo están y entre los militares cunde el desánimo y la indignación ante el intento de linchamiento por parte de los migrantes. Ceuta no aguanta más y el 2 de septiembre puede haber muchos más problemas de orden público que los ocurridos hasta ahora.
El día 2 será una jornada única en toda España. Tanto el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como el jefe del mando único y titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ya pidieron ayer calma a la población ceutí y condenaron la violencia, pero sin éxito a la vista de los sucesos de la noche del jueves. El Gobierno ha perdido credibilidad después de un mes sin solución para los migrantes ni para los ceutíes.
Además, el fin de semana puede haber nuevos brotes de violencia por la llegada de grupos desde la península que se convocaron durante toda la semana pasada a través de redes sociales. La Policía los tiene localizados y los controla desde que llegan a Ceuta, pero eso no impidió, por ejemplo, que el miércoles por la noche algunos de ellos asaltaran los restos de un campamento en la playa y quemasen sombrillas y enseres de los migrantes.
No ayuda a calmar las aguas las 53 denuncias por agresiones y resistencia a policías, guardias y militares. De ellas, 29 son por atentado a agente de la autoridad, otras 23 por delito de resistencia y una por agresión. Todos los ataques han sido perpetrados por marroquíes ilegales y en su inmensa mayoría han sido expulsados del país. De estas denuncias, hasta 51 han sido presentadas por policías nacionales y policías locales. A ellas se suman también otras 20 por agresión sexual, ocho de ellas por violación, a fecha de este miércoles, y entre las víctimas hay una vecina de Ceuta, como reveló en exclusiva OKDiario.
Además, en medio de la tensión el principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), ha comunicado este viernes que «va a apoyar con toda intensidad» las manifestaciones del próximo día 2 de septiembre en todos los ayuntamientos de nuestro país. Desde el PP subrayan que se trata de concentraciones «en defensa de las fronteras de España en general y de la ciudad de Ceuta y de los ceutíes en particular». En esos actos van a participar «activamente» todos los miembros de la Dirección Nacional del PP y el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, asistirá al acto convocado en Madrid.
Durante su comparecencia del viernes en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, intentó desmentir la pérdida de credibilidad del Gobierno: «Frente a algunas afirmaciones que no se corresponden con los hechos, el Gobierno y el conjunto de ministerios implicados hemos respondido, hemos trabajado sin descanso y hemos estado al lado de la ciudadanía de Ceuta desde el primer momento».
Así quedó el coche apedreado de los militares en Ceuta. REDES SOCIALEs
En realidad el estallido social era cuestión de tiempo. Y va a ocurrir de nuevo, porque Ceuta es un polvorín muy pequeño y la ira en un lugar tan limitado es difícil de contener. El problema ya no son solo los ceutíes, hartos de ver cómo su ciudad y su vida se degrada tras soportar un mes de invasión, sino los propios asaltantes magrebíes y subsaharianos -aunque estos segundos no han dado problemas todavía-, a quienes les prometieron una vida mejor en Europa y se han encontrado estancados en una ciudad de 19 kilómetros cuadrados con 80 mil habitantes que no los quieren allí.
La chispa que encendió Ceuta
La chispa que encendió la mecha llegó en la madrugada del jueves cuando cuatro soldados fueron apedreados por una turba de 30 migrantes de origen marroquí. La Policía detuvo a 12 de ellos, todos marroquíes de entre 35 y 40 años de edad. Unas horas antes varios manifestantes españoles habían intentado acercase a los campamentos de los magrebíes y fueron disueltos por la Policía.
Los incidentes son solo el preludio de lo que puede ocurrir el próximo 2 de septiembre, cuando hay convocadas manifestaciones en toda España en favor de los ceutíes. La de Ceuta arrancará de la Plaza de los Reyes y si de aquí al próximo miércoles no hay avances significativos en la gestión de la crisis existe una alta probabilidad de que la manifestación derive en actos violentos.
Hay que entender que Ceuta se ha convertido en una ciudad donde, por ejemplo, si eres mujer es difícil pasear o salir para ir al trabajo. Muchas familias, las que han podido, han mandado a sus hijos a la península y se han quedado cuidando de sus casas para que no entren en ellas.
La madrugada del pasado jueves y la noche del viernes ese polvorín estalló, de manera controlada sí, pero estalló. Además, para añadir más leña al fuego un grupo de 30 migrantes atacó a las 5.30 horas de la madrugada a cuatro militares en la zona de Benzú. Los soldados tuvieron que dejar el coche, sin blindaje, y correr a pie hasta el acuartelamiento, ya que las patrullas de Ceuta van desarmadas y apenas les dejan una porra o defensa cada cuatro personas. Por eso los militares solicitan insistentemente protocolos de actuación. De momento, lo único que hicieron para defenderse fue correr.
Eso sí, antes de correr en dirección a Calamocarro los soldados llamaron al 112. Varias patrullas de Policía y Guardia Civil persiguieron a los migrantes, que incluso intentaron escapar arrojándose al agua donde fueron capturados por la Guardia Civil. En total, doce migrantes fueron detenidos mientras la Policía ha abierto diligencias y los soldados fueron atendidos de heridas por las piedras en el hospital de Ceuta.
Parece evidente aunque los responsables no lo quieran admitir. Ceuta va camino de ser una ciudad «puerta de Europa» a convertirse en una localidad del tercer mundo. Hace un mes que miles de marroquíes y subsaharianos asaltaran la frontera de manera coordinada el gobierno central no sabe todavía la cifra exacta de migrantes que entraron de manera ilegal ni los tiene censados a todos. El ministro Marlaska no ha sabido dar una respuesta exacta a las preguntas de la oposición porque asegura que hay 5.000 migrantes, pero Cruz Roja reparte comida diariamente a unos 9.000. Entonces ¿quién tiene razón?
La tensión va a derivar inevitablemente en nuevos brotes de violencia debido a la tensión que vive la ciudad, ante el colapso de los servicios básicos para los ceutíes, que no pueden hacer una vida normal como que los niños bajen a jugar en el parque porque está tomado por los migrantes.
Se calcula que un millar de estos están repartidos por la barriada del Príncipe, un lugar ya de por sí conflictivo donde sería fácil que se produjesen roces entre habitantes y extraños. Otro de los puntos «calientes» sería el monte Hacho, donde se esconden cientos de migrantes cuya filiación y origen desconoce por completo la Policía. El tercer punto «caliente» de la ciudad es el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y sus aledaños, El CETI se desbordó el primer día. Su capacidad es de 512 plazas que ya están ampliamente superadas, a pesar de que Interior derivó a 812 migrantes a la Península unos días antes del asalto a Ceuta.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior reforzó la presencia de policías a las afueras del CETI para tratar de imponer orden allí y en resto de la ciudad con 500 agentes más. Entre guardias civiles y policías nacionales hay ya unos 1.300 efectivos y aun así, serían insuficientes en el caso de que hubiese un brote serio y coordinado de violencia por toda la ciudad, algo que no se descarta. Según la ministra de Defensa, Margarita Robles, hay 3.000 militares destacados en Ceuta, pero patrullan sin armas.
Al menos, la Policía Nacional confirmó que ya han identificado ya a 2.168 menores o que ellos dicen ser menores. Mientras Marlaska habla de 5.000 migrantes, los números del gobierno de Ceuta hablan de 9.000 repartidos por toda la ciudad y la prensa marroquí ofrece datos de hasta 15 mil personas. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos son, ni cómo acabará esta crisis.
El almacenamiento de energía en Latinoamérica se multiplicará por 13,6 hasta alcanzar 34 GW en 2035, según Wood Mackenzie, y se perfila como pieza clave para evitar que los recortes renovables y la congestión de red frenen la transición energética.
La consultora ha revisado al alza una previsión que ya era ambiciosa. En septiembre de 2025 calculaba que el mercado latinoamericano alcanzaría 23 GW en 2034, con una tasa anual compuesta del 8%. El nuevo informe Latin America Energy Storage Outlook 2026 eleva la cifra a 34 GW en 2035. No se trata de un ajuste menor: son 11 GW más en una década y una multiplicación de 13,6 veces sobre la capacidad instalada en 2025, fijada en 2,5 GW.
Los motores son estructurales. La congestión de la red y los recortes de producción renovable, cada vez más frecuentes en mercados como el chileno, convierten las baterías en infraestructura necesaria, no solo complementaria. ‘Latinoamérica ya no es un mercado frontera para el almacenamiento de energía, es un mercado activo’, señala Pamela Morales, analista de Wood Mackenzie. Su matiz es clave: la cartera de proyectos crece con rapidez, pero sin marcos regulatorios con mecanismos de remuneración claros el despliegue se atasca.
De 2,5 GW a 34 GW: la nueva escala del almacenamiento en Latinoamérica
Chile encabeza el despliegue regional. Concentra los mayores proyectos de sistemas de almacenamiento en baterías (BESS) en operación de América Latina. Los altos niveles de recortes de energía renovable sostienen la inversión en sistemas de mayor duración, que permiten absorber los excedentes solares y desplazarlos a las horas sin recurso.
El otro dato chileno es una advertencia. Wood Mackenzie identifica un riesgo de canibalización de precios en el norte del país conforme crece la capacidad en baterías. Si el almacenamiento se concentra en las mismas horas y en los mismos nodos, los ingresos por arbitraje de energía pueden erosionarse. La lección para el resto de la región es simple: hace falta más red y más demanda flexible, no solo más baterías.
La barrera ya no es tecnológica. Sin modelos de ingresos bancables, la cartera de proyectos puede quedarse a medio camino entre el anuncio y la operación.
Chile lidera y anticipa el riesgo de la canibalización de precios
México está en un punto de inflexión política y energética. Los nuevos mecanismos de proyectos estratégicos y los esquemas de desarrollo conjunto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que incluyen almacenamiento, podrían suponer más de 3 GW adjudicados hasta 2030. La convocatoria de proyectos estratégicos fijó en julio un objetivo indicativo de 935 MW de almacenamiento autónomo, todos de tres horas de duración, en Baja California, Baja California Sur, y las regiones Norte, Noroeste, Este, Oeste y Península. El Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico introduce además un requisito de almacenamiento equivalente al 30% de la capacidad de los nuevos proyectos renovables, otra palanca que empuja a los desarrolladores.
Brasil prepara su salto de escala. Celebrará sus dos primeras subastas de reserva específicas para baterías a gran escala el 2 y 4 de diciembre de 2026. La primera quedará reservada a proyectos que cumplan requisitos de fabricación nacional y la segunda se abrirá al resto. Los contratos serán de 15 años, con suministro desde el 1 de agosto de 2028, y exigirán instalaciones de al menos 30 MW de potencia y cuatro horas de duración. Wood Mackenzie espera que las subastas aceleren las adiciones a partir de 2028, aunque advierte de que la financiación seguirá limitada mientras no haya remuneración clara y predecible.
Argentina ha levantado en poco más de un año un mercado autónomo apoyado en subastas. El informe sitúa las adjudicaciones recientes en torno a 1,3 GW, mientras los datos oficiales disponibles suman 1.413,5 MW: 713 MW de AlmaGBA y 700,5 MW de AlmaSADI. Los proyectos están pensados para aliviar la congestión en nodos críticos de la red y prestar servicios de potencia y reserva mientras avanzan las mejoras de transmisión.
República Dominicana aparece como uno de los mercados caribeños con marco regulatorio más desarrollado. La regulación exige a los nuevos proyectos renovables de al menos 20 MWac incluir almacenamiento equivalente al 50% de su capacidad instalada, con una duración mínima de cuatro horas. El país fija además una meta de 500 MW de almacenamiento a 2030.
México, Brasil y Argentina: la región entra en la fase decisiva
El principal obstáculo regional no es la tecnología, sino la ausencia de modelos de ingresos bancables. La remuneración por servicios auxiliares, arbitraje de energía o capacidad sigue sin definirse en varios mercados. A ello se suman las restricciones de financiación, los retrasos en permisos y un número reducido de compradores capaces de sostener contratos a largo plazo.
La revisión al alza es una buena noticia para la transición, pero conviene leerla con cautela. En 2025, la consultora ya señalaba la congestión, los recortes y las subastas como motores del almacenamiento. Doce meses después, la proyección sube de 23 a 34 GW: la realidad va más deprisa que la previsión. Sin embargo, el mercado no se consolida solo con anuncios. La canibalización de precios en Chile y el calendario de financiación en Brasil demuestran que el reto es regulatorio y financiero, no tecnológico.
El efecto dominó es claro. Si México convierte los 3 GW adjudicados en proyectos operativos y Brasil firma contratos de 15 años, los fabricantes de baterías, los desarrolladores y las comercializadoras tendrán una señal de demanda estable. Eso abarata el equipo, madura la cadena de suministro regional y traslada el beneficio al consumidor final: más renovables, menos vertido y menos dependencia del gas natural como respaldo.
📊 Impacto ecológico en cifras
Capacidad proyectada: 34 GW acumulados en 2035, frente a 2,5 GW en 2025.
Multiplicador: 13,6 veces más capacidad instalada en una década.
Palanca principal: Recortes de renovables y cuellos de botella de red, según Wood Mackenzie.
Equivalencia tangible: México prevé más de 3 GW adjudicados hasta 2030; Brasil estrena subastas con contratos a 15 años.
El reto de convertir los anuncios en activos operativos
La transición energética latinoamericana gana un aliado concreto. Las baterías permiten aprovechar la electricidad solar y eólica que hoy se pierde por congestión, reducen la dependencia de centrales de gas como respaldo y dan margen para integrar más renovables sin castigar la estabilidad del sistema. El dato a vigilar no es la capacidad proyectada, sino cuánta consigue financiación bancable en los próximos tres años.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
Beneficio medible: 34 GW de almacenamiento proyectados para 2035, trece veces la capacidad registrada en 2025.
Modelo que cambia: El almacenamiento pasa de mercado frontera a mercado activo y reduce la dependencia del respaldo fósil en la región.
Para las próximas generaciones: Más baterías implican menos recorte de renovables y una red más estable para absorber la demanda futura sin ampliar las emisiones.
El Real Decreto 416/2026 entra en vigor y reforma el régimen jurídico de la jubilación flexible. Por primera vez, los trabajadores autónomos podrán compatibilizar pensión y actividad por cuenta propia.
EN 30 SEGUNDOS
¿Qué establece la norma? El Real Decreto 416/2026 reforma la jubilación flexible y permite a los autónomos compatibilizar la pensión con actividad por cuenta propia.
¿Qué base jurídica aplica? La reforma de pensiones de 2024, de la que deriva el régimen incentivado de transición hacia la jubilación.
¿Qué impacto tiene? Amplía la compatibilidad de pensión y trabajo, eleva la jornada parcial hasta el 80% y mejora el porcentaje de pensión percibido.
La apertura de la jubilación flexible a los autónomos
Hasta la entrada en vigor de esta regulación, la jubilación flexible quedaba limitada a pensionistas que retomaban una actividad laboral por cuenta ajena a tiempo parcial. La reforma de pensiones acordada por Gobierno, sindicatos y empresarios y aprobada en 2024 contemplaba ya incentivos para mejorar la transición del empleo a la jubilación, la demora voluntaria y el retorno a la actividad laboral.
El Real Decreto 416/2026 elimina ese límite subjetivo. Quienes hayan accedido a una pensión contributiva de jubilación podrán solicitar la jubilación flexible para desarrollar una actividad por cuenta propia, siempre que no hayan estado dados de alta como autónomos en los tres años anteriores a la fecha de jubilación. Tampoco será necesario esperar un periodo mínimo desde el reconocimiento de la pensión: el acceso podrá solicitarse en cualquier momento.
La norma prevé que las pensiones de jubilación flexible iniciadas con anterioridad a su entrada en vigor se seguirán rigiendo por la regulación anterior. De este modo se evita la aplicación retroactiva y se consolidan los efectos ya producidos.
Incentivos económicos y régimen de compatibilidad
En el trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial, la horquilla de jornada se amplía del 33% al 80% de la jornada completa, frente al intervalo anterior del 25% al 75%. La cuantía de la pensión se reduce en proporción inversa a la disminución de jornada respecto de un trabajador a tiempo completo.
Cuando se acceda a la jubilación flexible transcurridos al menos seis meses desde la jubilación, se aplicará un porcentaje adicional de pensión. Las jornadas entre el 55% y el 80% incrementarán la pensión en un 25% adicional; las jornadas iguales o superiores al 33% e inferiores al 55% la incrementarán en un 15%.
En el caso del trabajo autónomo, el pensionista podrá percibir hasta el 25% de la pensión mientras desarrolla la actividad compatible. Durante el periodo de jubilación flexible, el trabajador mantiene la condición de pensionista a efectos de asistencia sanitaria y protección social.
El Real Decreto 416/2026 convierte la jubilación flexible en una modalidad abierta a los autónomos, con incentivos crecientes para compatibilizar la pensión con la actividad productiva.
Además, si el pensionista accedió de forma involuntaria a una jubilación anticipada y retorna después a la jubilación plena desde la jubilación flexible, verá mejorada su pensión inicial al recalcularse la base reguladora y el porcentaje aplicable según el periodo de cotización acreditado. La norma se aplica a todos los regímenes de la Seguridad Social, salvo los regímenes especiales de los funcionarios civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y del personal al servicio de la Administración de Justicia.
La lectura doctrinal
La reforma del Real Decreto 416/2026 despliega una lógica de incentivos propia del derecho de la Seguridad Social: no solo amplía el ámbito subjetivo de la jubilación flexible, sino que también modula la cuantía de la pensión en función del tiempo transcurrido desde el acceso a la jubilación y de la intensidad de la jornada. La fijación de porcentajes adicionales del 25% y del 15% introduce un estímulo claro para retrasar la reincorporación y para optar por jornadas superiores al 55%.
Desde la perspectiva de la práctica administrativa, la supresión del periodo mínimo de espera flexibiliza la solicitud, mientras que el requisito de no haber estado de alta como autónomo en los tres años anteriores a la jubilación acota la puerta de entrada al autoempleo. Esta regla busca evitar que la jubilación flexible se utilice como mecanismo de planificación para autónomos que acaban de causar baja y pretenden regresar de inmediato con una pensión compatible.
La aplicación general a todos los regímenes de la Seguridad Social, con las exclusiones expresas de los regímenes especiales de funcionarios civiles, Fuerzas Armadas y personal al servicio de la Administración de Justicia, delimita el campo subjetivo de la reforma. La ausencia de una cláusula retroactiva y la remisión expresa de las pensiones iniciadas con anterioridad al régimen precedente refuerzan la seguridad jurídica del tránsito normativo.
FICHA DEL CASO
El caso: Reforma normativa del régimen jurídico de la jubilación flexible que extiende la compatibilidad de la pensión con la actividad por cuenta ajena a tiempo parcial y, por primera vez, con la actividad por cuenta propia.
Datos importantes: Real Decreto 416/2026, aprobado en mayo por el Consejo de Ministros; reforma de pensiones de 2024; horquilla de jornada del 33% al 80%; incrementos adicionales del 25% y del 15%; percepción de hasta el 25% de la pensión en el trabajo autónomo.
Fecha de los juicios: N/A — al tratarse de una norma, la fecha relevante es la de entrada en vigor del Real Decreto 416/2026, sin que el texto consultado precise la fecha concreta de publicación en el BOE.
¿Qué ha pasado? Feijóo asistirá el 2 de septiembre a la concentración de Madrid convocada a las 20.00 ante los ayuntamientos en defensa de Ceuta y las fronteras.
¿Quién está detrás? La convocatoria la firma la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, y el PP moviliza a toda su Dirección Nacional.
¿Qué impacto tiene? Génova sitúa la protesta como antesala del cara a cara de Feijóo con Sánchez en el Congreso del día 3.
Alberto Núñez Feijóo acudirá el próximo 2 de septiembre a la concentración convocada en Madrid en defensa de Ceuta y de las fronteras de España. La cita es a las 20.00 horas, ante los ayuntamientos de toda España, según han confirmado fuentes del Partido Popular.
Feijóo ante los ayuntamientos: fecha, hora y despliegue del partido
No se trata de una movilización improvisada. La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, firmó la convocatoria el pasado 25 de agosto durante su visita a Ceuta. El llamamiento es a concentrarse a las 20.00 en la puerta de los consistorios en ‘defensa de las fronteras de España en general y de la ciudad de Ceuta y de los ceutíes en particular’.
Génova ha movilizado al partido sin matices. El Partido Popular ha trasladado que todos los miembros de la Dirección Nacional participarán activamente. Feijóo estará al frente en Madrid y, en palabras de fuentes populares, la formación va a apoyar la protesta ‘con toda intensidad’. Toda la cúpula popular, a la calle.
La movilización llega tras la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos registrada a finales de julio y de las posteriores reivindicaciones del país vecino sobre las ciudades autónomas. Ceuta vuelve a ser, por tanto, el punto de tensión de una agenda territorial que no se resuelve con matices.
En clave popular, la concentración se enmarca como una defensa de la política de Estado: integridad territorial, respaldo a las fuerzas de seguridad y apoyo a los ceutíes. Es, además, la antesala del choque político del día siguiente: Feijóo y Sánchez se verán en el Congreso el 3 de septiembre.
La concentración no es solo una foto de respaldo a Ceuta: es el ensayo del discurso que Génova quiere llevar al Congreso al día siguiente.
Vox se ha movido en paralelo. Bajo el lema ‘No a la invasión. Defiende Ceuta. Defiende España’, el partido de Santiago Abascal anima a sus simpatizantes a acudir a las 20.00 frente a los ayuntamientos. Abascal republicó el mensaje este pasado jueves, según recoge la convocatoria de su formación.
Ceuta, Sánchez y el tablero del día siguiente
La coincidencia con la sesión de control del Congreso del 3 de septiembre no es casual. El Partido Popular quiere llegar al careo con Pedro Sánchez con la calle ya movilizada. El relato es claro: frente a un Gobierno al que acusan de debilidad ante Marruecos, el PP ofrece una alternativa de firmeza constitucional.
La presión migratoria sobre Ceuta, con episodios de entradas masivas y reivindicaciones sobre la soberanía, ha devuelto el debate fronterizo al centro de la legislatura. En el PP recuerdan que otras convocatorias similares lograron fragmentar el bloque de socios del Gobierno en temas de seguridad.
El Eje del Poder Popular
Lo que observamos en esta movilización es una alineación poco habitual entre la dirección nacional, el poder municipal y una parte del espectro conservador. La FEMP, presidida por una dirigente popular, sirve de correa institucional; el GPP, con Feijóo al frente, sitúa el foco en Madrid; y Vox intenta disputar la bandera de la firmeza.
Para Génova, el reto no es pequeño: integrar tres elementos —fiscal, migratoria y territorial, en un mismo discurso— sin que la movilización se convierta en un pulso exclusivamente identitario. Los barones territoriales guardan silencio público, pero la presencia en los ayuntamientos servirá también para medir la capacidad de movilización en cada plaza.
El precedente más próximo está en la respuesta del PP a anteriores crisis en Ceuta y Melilla, cuando las concentraciones articuladas desde los municipios permitieron al partido recuperar la iniciativa frente a un Gobierno fragmentado. La diferencia ahora es la proximidad del Pleno del Congreso y el cara a cara directo entre Feijóo y Sánchez. Ahí se calibrará la eficacia real de la movilización.
Nadie en Génova da por ganada la batalla narrativa. Eso sí, la secuencia está fijada: el 2 de septiembre, la calle; el 3 de septiembre, el Parlamento. El partido confía en que ambos planos refuercen el mismo mensaje.
🏛️ El Apunte de Génova
Mensaje fuerza: Defensa de la integridad territorial y de las fronteras frente al Gobierno de Sánchez.
Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del Partido Popular).
Próximo hito: Concentración del 2 de septiembre a las 20.00 en Madrid y sesión de control del Congreso al día siguiente.
La inteligencia ucraniana sostiene que Rusia ha decidido movilizar 300.000 soldados este año y otros 300.000 en 2027, según publica Euronews este 28 de agosto. Kiev basa su aviso en el colapso del reclutamiento voluntario y espera el anuncio oficial tras las elecciones legislativas de septiembre.
La decisión que Kiev atribuye a Moscú
Los servicios de inteligencia de Ucrania —la Dirección Principal de Inteligencia y el Servicio de Inteligencia Exterior— sostienen que el Kremlin ya ha aprobado llamar a filas a 300.000 personas este año y a otras 300.000 en 2027. La suma alcanzaría los 600.000 militares adicionales en apenas dos años, dentro de lo que Kiev presenta como una segunda oleada formal de reclutamiento.
Según el relato ucraniano, Moscú no ha adoptado la decisión por fortaleza militar, sino por tres factores acumulados: pérdidas graves en el frente, pérdida de iniciativa operativa y una caída brusca de los contratos voluntarios. La inteligencia ucraniana atribuye a Rusia unas 240.000 bajas solo en el primer semestre de 2026, de las que 140.000 habrían sido muertos o heridos graves.
El Estado Mayor ucraniano eleva el total de bajas rusas desde febrero de 2022 por encima de 1,4 millones entre muertos y heridos. No es una cifra confirmada por Rusia. En julio, el director de la CIA, John Ratcliffe, situó la vida útil de un recluta ruso en el frente entre 20 y 30 minutos tras su llegada.
En paralelo, 232.000 personas firmaron contratos con las fuerzas armadas rusas durante el primer semestre, según Kiev. La cifra no basta para cubrir el desgaste.
Menos voluntarios y un marco legal ampliado
El reclutamiento voluntario se ha desplomado. La inteligencia ucraniana calcula que el colectivo tradicional de nuevos soldados —deudores, presos, migrantes y otros grupos— se ha reducido entre un 30 y un 40 por ciento en varias regiones rusas respecto a 2025.
Kiev no presenta la movilización como una hipótesis: la da por decidida y espera el anuncio oficial después de las elecciones legislativas rusas de septiembre.
En la región de Kurgán, los objetivos mensuales de captación solo se cumplen entre el 57 y el 69 por ciento desde enero. En Volgogrado, el número de posibles reclutas ha caído un 40 por ciento interanual. Las peores cifras se registran en las provincias de Oriol y Vladímir, en el oeste del país y cerca de Moscú, y en Daguestán.
Documentos internos rusos citados por la inteligencia ucraniana vinculan la nueva movilización al descontento social con la guerra que alcanzaría el 69 por ciento en algunas regiones. Los intentos de reclutar estudiantes tampoco han funcionado, según las mismas fuentes.
Para preparar el terreno, Moscú ha ampliado la elegibilidad: personas con condenas sin cancelar por once artículos adicionales del Código Penal ya pueden ser llamadas a filas, incluidos condenados por contrabando de armas, drogas o material radiactivo, bandidaje y organización de inmigración ilegal. Las autoridades rusas también estudian reclutar a ciertas categorías de mujeres condenadas.
El sistema de citaciones electrónicas ya está operativo y, una vez inscrita una persona en el registro, se le prohíbe salir del país, pedir préstamos, comprar o vender propiedades, usar el carné de conducir o darse de alta como autónomo. A finales de julio ya había más de 2.500 vacantes relacionadas con actividades de movilización en plataformas de empleo rusas, según Kiev.
El calendario electoral y el impacto en la seguridad europea
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, prevé que el anuncio llegue tras las elecciones a la Duma Estatal (la cámara baja del Parlamento ruso) convocadas entre el 18 y el 20 de septiembre. Zelenski espera una movilización periférica, centrada en las regiones y no en Moscú ni en las grandes ciudades.
Rusia anunció una movilización parcial el 21 de septiembre de 2022. Nunca emitió un decreto oficial que la pusiera fin, por lo que el marco jurídico del reclutamiento sigue técnicamente vigente desde hace cuatro años.
La posible incorporación de 600.000 soldados rusos adicionales abre un escenario de mayor presión sobre Ucrania y obliga a los aliados europeos a recalcular sus capacidades de disuasión y apoyo sostenido. Aunque la fuente original no detalla el impacto para España, la ampliación del esfuerzo militar ruso afecta al conjunto de la seguridad europea y condiciona los debates de la OTAN sobre refuerzos en el flanco este.
Si se confirma, no sería una simple operación de propaganda: el reclutamiento masivo de una población ya castigada por la guerra mediría la capacidad real de Moscú para sostener un conflicto de desgaste en 2027.
Lo esencial
📌 ¿Qué ha ocurrido? La inteligencia ucraniana asegura que Rusia movilizará 600.000 soldados entre 2026 y 2027, según Euronews.
👤 ¿Quiénes están implicados? El Kremlin, los servicios de inteligencia de Ucrania y el presidente Zelenski, que prevé el anuncio electoral.
⏭️ ¿Qué pasa ahora? El anuncio oficial se espera tras las elecciones a la Duma rusa del 18 al 20 de septiembre de 2026.
¿Qué ha pasado? El Gobierno de Aragón y los promotores de centros de datos preparan alegaciones contra el real decreto estatal antes del final de su consulta pública.
¿Quién está detrás? El presidente Jorge Azcón y la directora general de Energía, Yolanda Vallés, encabezan la oposición autonómica.
¿Qué impacto tiene? La exigencia de un 80% de renovables de nueva implantación y un plazo de seis meses pueden frenar inversiones ya tramitadas y futuras.
El Gobierno de Aragón prepara alegaciones contra el real decreto estatal que regula los centros de datos y cuya consulta pública concluye el próximo 4 de septiembre. La norma impone obligaciones de soberanía digital, exige que el 80% del consumo proceda de energía renovable de nueva implantación y fija un plazo de seis meses de adaptación para los proyectos en tramitación.
Qué exige el real decreto y por qué lo rechaza Aragón
En declaraciones a COPE, la directora general de Energía, Yolanda Vallés, ha criticado con dureza la regulación estatal: ‘cambia las reglas de juego una vez que se han iniciado ya los trámites de autorización de dichos proyectos’. La responsable autonómica sostiene que afecta tanto a futuras solicitudes como a quienes ya disponen de potencia concedida.
La acumulación de requisitos técnicos y ambientales complica el despliegue de las infraestructuras dada la capacidad actual de las redes. Vallés resumió el efecto: ‘técnicamente, si tú sumas todas las condiciones, lo hacen casi inviable la instalación de cualquier centro de dato’. La causa, según su análisis, es ‘un intento de tapar la falta de inversión estatal en en la red eléctrica.
La respuesta de la Delegación y el choque de criterios
Frente a esta postura, la Delegación del Gobierno en Aragón, con Fernando Beltrán al frente, defiende la norma para garantizar controles sobre los recursos y evitar un encarecimiento en la factura de la luz. El Ejecutivo autonómico responde con un diagnóstico opuesto.
Vallés ha calificado de ‘falsa alarma’ las advertencias sobre el incremento del precio de la electricidad y ha defendido que una mayor demanda favorece la rentabilidad del sistema. ‘Contra más energía se vende, se reducen los costes fijos y, por tanto, el beneficio eléctrico es mayor’, argumentó.
La norma no frena únicamente a los futuros proyectos: convierte en inviables infraestructuras que ya tenían autorización y avance administrativo.
La directora general recuerda que Aragón y España compiten en un mercado internacional frente a países como Francia o Italia y advierte contra el riesgo de autoimponerse trabas. ‘Han llegado tarde con la regulación, tarde con la inversión y tarde con la planificación’, reprochó a la administración central.
También ha incidido en los problemas de exigir un 80% renovable de carácter horario y procedente de nuevas instalaciones: dificultades de suministro nocturno para la fotovoltaica y necesidad de grandes campas de almacenamiento. Poner trabas a estos proyectos, concluye, perjudica la atracción económica, la digitalización de las empresas y la soberanía en inteligencia artificial y datos.
El Eje del Poder Popular
El choque sigue un patrón conocido: cada vez que el Gobierno central regula ex post una actividad que las comunidades ya habían impulsado, los ejecutivos populares lo interpretan como una invasión competencial y un freno a su autonomía. Ocurrió con la fiscalidad energética y con la planificación de las redes. Ahora se repite con los centros de datos.
Para el PP aragonés, la energía no es una cuestión técnica menor: es el factor que permite a Aragón competir por inversiones tecnológicas de alto valor añadido. Las exigencias de renovables de nueva implantación y el plazo de adaptación de seis meses chocan con proyectos que ya tenían autorización y con una red cuya capacidad, admite la propia responsable autonómica, sigue pendiente de inversión estatal.
La posición de Jorge Azcón, por tanto, se juega en dos frentes: ante Moncloa, defendiendo el margen autonómico y la seguridad jurídica de los inversores; y ante los promotores, mostrando que el Ejecutivo aragonés no asume sin más una regulación que pone en riesgo su cartera. Si el real decreto sale adelante sin cambios, el riesgo es doble: los proyectos ya tramitados entran en una incertidumbre regulatoria grave y los futuros podrían emigrar a otras regiones europeas con plazos más previsibles.
La ventana crítica es corta. El plazo de consulta pública concluye el 4 de septiembre; hasta entonces, el Gobierno de Aragón y los promotores preparan sus alegaciones. Ese es el hito inmediato al que mirar antes del próximo Comité de Dirección nacional y de las reuniones sectoriales de energía.
🏛️ El Apunte de Génova
Mensaje fuerza: Defensa de la autonomía energética y rechazo a una regulación tardía que frena la inversión en los territorios populares.
Protagonista: Jorge Azcón (presidente del Gobierno de Aragón).
Próximo hito: Fin de la consulta pública del real decreto el 4 de septiembre.
