Juan Carlos vuelve a Sanxenxo para disputar la penúltima regata del año

Juan Carlos I vuelve a Sanxenxo. El rey emérito regresa a la ría de Pontevedra este fin de semana para disputar la sexta serie del octavo Circuito Liga Española 2026 de la clase 6M, la penúltima regata del calendario y una de las citas en las que su Bribón se juega el título de España.

Las mangas se disputarán en la entrada de la ría, entre Sanxenxo y la isla de Ons, los días 17 y 18 de octubre, según el calendario del Real Club Náutico de Sanxenxo, organizador de la competición. Quedará por delante una última cita, prevista para el 14 y 15 de noviembre, que cerrará un año en el que la ría ha acogido regatas de esta liga todos los meses desde marzo, con las únicas excepciones de julio y agosto.

Un fin de semana de mangas entre Sanxenxo y Ons

El emérito afronta la prueba con un reto deportivo concreto: que el Bribón remonte posiciones en una liga que ahora mismo lidera el Stardust, cuyo patrón es Santiago Campos. No es un detalle menor para quien ha convertido la vela en su principal actividad pública desde que fijara su residencia en Abu Dabi. La embarcación compite bajo el paraguas del club pontevedrés y lo hace con la misma lógica de siempre: pocas declaraciones, mucha agua y una agenda que se limita a lo estrictamente náutico.

Está previsto que Juan Carlos I llegue este jueves a Vigo. A partir de ahí, todo entra en el terreno de lo privado. Al tratarse de una visita sin carácter oficial, el monarca emérito no tiene agenda pública y no se ha confirmado si irá desde el aeropuerto directamente a Nanín, la casa de su amigo Pedro Campos en la que suele alojarse cuando visita la comarca. Tampoco está cerrado si participará en los adiestramientos del viernes, ya que acostumbra a descansar el día siguiente al de su llegada.

Lo que sí ha sido una constante en los últimos meses es su presencia en el puerto deportivo. En algunas jornadas se ha subido al propio Bribón; en otras ha seguido la evolución de los veleros desde la lancha auxiliar Cristina, una fórmula discreta que le permite estar en el agua sin exponerse a los focos.

El emérito ha encontrado en la vela un espacio donde su presencia pública no necesita explicarse ni justificarse ante nadie.

Visita privada, sin agenda pública y lejos de todo protocolo

La cita de Sanxenxo tiene una particularidad que la distingue de cualquier otro desplazamiento del emérito: no pasa por Zarzuela ni requiere coordinación con la Casa del Rey. Es una visita estrictamente privada, sin acto oficial, sin recepción institucional y sin protocolo que cumplir más allá de las reglas del club que lo acoge.

rey emérito

Esa condición explica en buena medida por qué la relación con el entorno de Sanxenxo se ha mantenido estable. El Concello lo recibe cada temporada y él corresponde con una presencia que ya forma parte del paisaje deportivo de las Rías Baixas. Puede darse el caso, como ocurrió en septiembre, de que opte primero por comer en un restaurante antes de seguir ruta hacia Sanxenxo, un guiño que se ha convertido en parte del ritual de cada visita.

La normalización de una agenda que no cesa

Hay una lectura institucional que conviene no perder de vista. La actividad del rey emérito en Galicia se ha ido normalizando con el paso de los años hasta convertirse en una rutina deportiva que ya nadie discute. Sus visitas se repiten cada temporada y el trato que recibe es el de un aficionado más, con el valor añadido de su condición histórica. Eso no borra lo demás: el emérito sigue residiendo en Abu Dabi, mantiene su actividad al margen de la agenda oficial de la Corona y su figura continúa siendo un asunto delicado para Zarzuela, que ha optado por la distancia institucional como criterio estable.

Me parece relevante subrayar esa separación. La Casa de S.M. el Rey no organiza, no patrocina y no comunica estas visitas. Son del ámbito privado del anterior jefe del Estado, y así lo recogen los propios organizadores. Esa frontera clara entre lo privado y lo institucional ha sido la fórmula que ha permitido mantener la actividad del emérito sin abrir debates sobre su papel dentro de la institución, algo que en el caso de Juan Carlos I de Borbón ha exigido años de ajuste.

El riesgo, si lo hay, es el de la lectura interesada. Cada aparición del emérito genera titulares y alimenta una expectativa que no siempre se corresponde con lo que ocurre sobre el agua. La realidad es mucho más modesta: un velero, una liga amateur, de alto nivel y un hombre de 88 años que sigue compitiendo porque puede y porque le gusta. El reto pendiente del Bribón por arrebatarle el liderato al Stardust es, en términos deportivos, lo único que importa este fin de semana.

El calendario marca los tiempos. Tras la cita de los días 17 y 18, quedará la última prueba del circuito, el 14 y 15 de noviembre, también en la ría. Antes, este fin de semana, Sanxenxo volverá a mirar al mar.

Claves del Protocolo y Estado

  • Contexto del acto: visita estrictamente privada del rey emérito para disputar la penúltima regata del Circuito Liga Española 2026 de la clase 6M, sin agenda oficial ni participación de la Casa del Rey.
  • El detalle de protocolo: al no tratarse de un acto de Estado, no hay recepción institucional; la única liturgia es la del Real Club Náutico de Sanxenxo, que acoge la prueba.
  • Próximos pasos: la sexta serie se disputa los días 17 y 18 de octubre entre Sanxenxo y la isla de Ons; la última cita del circuito está prevista para el 14 y 15 de noviembre.

El discurso del Rey en Ceuta reivindica la soberanía española y pide el retorno de los migrantes

El Rey Felipe VI cerró su primera visita a Ceuta como jefe del Estado con un discurso en el que la Corona fijó su posición sobre la crisis fronteriza del pasado verano. Agradecido por el recibimiento y arropado por la Reina, el monarca sentenció que la soberanía y la integridad territorial de España no son negociables y reclamó el retorno de quienes entraron de forma irregular.

Las dos ideas centrales del discurso en Ceuta

La jornada combinó el acto institucional con una carga emocional difícil de disimular. ‘Estar hoy en Ceuta no es cualquier cosa’, reconoció el Rey, que recordó que la visita llevaba años pendiente. La Reina y él, dijo, habían deseado hacerla desde aquel 19 de junio de 2014, una deuda que la agenda había ido aplazando.

El discurso situó en el centro de la escena los sucesos de los días 30 y 31 de julio, cuando, según el relato del propio monarca recogido por la Casa de S.M. el Rey, una inmensa multitud violó la frontera de la ciudad autónoma. El Rey describió aquello como un shock que aún pesa en la vida social, política y económica de Ceuta y que, recordó, sigue teniendo impacto en el conjunto de España.

El jefe del Estado reconoció que la mayoría de las personas que entraron han retornado ya y que otras han sido internadas en centros de acogida. Sobre quienes permanecen, fijó una regla de principio: deben ser tratadas con dignidad y humanidad y con todas las garantías que prevén las leyes, pero también se les exigirá un respeto escrupuloso de las normas de convivencia y de los derechos de los ceutíes.

La cita tuvo además un capítulo de reconocimiento. Felipe VI agradeció expresamente el trabajo de policías nacionales y municipales, guardias civiles, soldados, responsables de protección civil, y sanitarios, y del conjunto de los servidores públicos y voluntarios que, prácticamente sin descanso, sostuvieron la respuesta. El Rey y la Reina visitaron además un centro escolar de la ciudad.

La Corona no improvisa este tipo de intervenciones: cada palabra sobre la integridad territorial se mide para que no admita lectura ambigua.

Una frontera que España sitúa en el corazón de Europa

El mensaje central llegó en el tramo final. Felipe VI afirmó que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política y nacional que es España, y elevó el tono: la soberanía y la integridad territorial del país no son negociables, son indiscutibles. La frase, pronunciada ante las autoridades locales, condensó la doctrina que la Corona quiere dejar fijada.

El Rey llevó el asunto al terreno europeo. Ceuta es España y Ceuta es Europa‘, proclamó, para subrayar que su frontera es también la frontera exterior de la Unión Europea. Cualquier amenaza contra ella, añadió, es una amenaza al conjunto de los Veintisiete, un principio que dijo haber tratado días atrás con los presidentes de Francia y Finlandia.

Sobre la relación con Rabat, el monarca tendió la mano sin renunciar al marco de principios. España mantiene, dijo, la voluntad de sostener una buena relación de vecindad con el Reino de Marruecos, provechosa para ambos lados de la frontera, pero siempre sobre la base de la confianza y el respeto mutuos. ‘Hacerlo posible exige buena fe por ambas partes’, advirtió.

El cálculo institucional de una visita largamente aplazada

Hay una decisión estratégica detrás de cada palabra. Que el Rey eligiera Ceuta para fijar por primera vez, con esta nitidez, la doctrina de la Corona sobre la integridad territorial responde a una lógica: la institución necesita marcar posición donde el debate público es más intenso, y hacerlo de viva voz, no solo a través de comunicados. La visita cumple además una función de reparación simbólica: esa deuda pendiente desde 2014 se convierte en un gesto que la ciudadanía de Ceuta puede leer como reconocimiento del Estado.

El riesgo de esta clase de intervenciones es la lectura partidista. Cuando el jefe del Estado pronuncia palabras como ‘no negociables’ en plena tensión fronteriza, cualquier grupo político puede intentar apropiarse del mensaje. La Corona lo sabe, y por eso el discurso cuidó el equilibrio: firmeza en los principios, mano tendida a Marruecos y apelación expresa a la unidad institucional. El reto pendiente está en trasladar ese marco a medidas concretas.

La agenda marca Melilla como siguiente escala, con una secuencia de actos similar a la de Ceuta. Será la prueba de si el mensaje se mantiene idéntico o se ajusta a las particularidades de cada ciudad autónoma. La Corona ha fijado un marco; queda por ver cómo lo administra en los próximos meses.

Claves del Protocolo y Estado

  • Contexto del acto: primera visita de Felipe VI a Ceuta como Rey, doce años después de su proclamación y con la crisis fronteriza del verano como telón de fondo.
  • El detalle de protocolo: el discurso encadena la defensa de la soberanía con una referencia explícita a la Unión Europea y una mano tendida a Marruecos, sin salir del guion institucional.
  • Próximos pasos: Melilla como siguiente etapa de la visita, con una secuencia de actos similar a la de Ceuta, según la agenda de la Casa del Rey.

Las tormentas en México: cinco muertos, seis desaparecidos y alemanes evacuados en Baja California y Guerrero

Al menos cinco personas han muerto y seis permanecen desaparecidas por las tormentas que azotan Baja California y Guerrero, según el balance difundido este lunes por las autoridades estatales mexicanas. El huracán Simon golpea la costa del Pacífico con vientos sostenidos de hasta 155 kilómetros por hora y los avisos por inundaciones siguen vigentes.

El balance confirmado: cinco muertos, seis desaparecidos y 14.000 rescatistas desplegados

En Baja California, cuatro personas han fallecido por el paso del ciclón post-tropical Rachel, un sistema que conserva lluvias y vientos intensos aunque ha perdido las características propias de un huracán tropical. Las víctimas son una menor de 13 años, dos mujeres y un niño de cuatro años, según el recuento de las autoridades estatales.

La quinta muerte se ha registrado en Guerrero. Un hombre de 71 años falleció al derrumbarse un muro en Chilpancingo, la capital del estado, tal y como confirmó la gobernadora Evelyn Salgado. La búsqueda sigue abierta en Ensenada y San Felipe, donde permanecen desaparecidas seis personas: cuatro en la primera localidad y dos en la segunda.

El Ejército mexicano ha rescatado por vía aérea a 32 personas que habían quedado atrapadas en un rancho de Ensenada. Veintidós de los rescatados son ciudadanos extranjeros, entre ellos alemanes y estadounidenses, además de varios misioneros, según las autoridades.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ha cifrado en unos 14.000 efectivos federales y estatales desplegados para atender a los afectados y responder a la emergencia.

El huracán no ha tocado tierra, pero su paso ya deja cinco muertos, seis desaparecidos y varias comunidades incomunicadas por los deslizamientos.

De Ensenada a Acapulco: los puntos donde se concentra la emergencia

En Baja California, los equipos de rescate continúan rastreando la ciudad costera de Ensenada, donde las inundaciones se han llevado vehículos por delante y han dañado viviendas. Los deslizamientos de tierra y el desbordamiento de ríos han dejado incomunicadas a varias comunidades de la zona.

Más al sur, las inundaciones han bloqueado carreteras y anegado viviendas en Guerrero, incluido el puerto de Acapulco. Simon también ha derribado árboles y tendido eléctrico en varias localidades costeras del estado. La emergencia sigue abierta.

El huracán Simon y la alerta que sigue activa en el Pacífico

Simon es un huracán de categoría 2 —el segundo nivel de la escala Saffir-Simpson— y su ojo ha permanecido mar adentro, frente a Puerto Vallarta. Sus bandas exteriores han castigado a las comunidades situadas entre la Sierra Madre y el océano Pacífico.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advierte de que el sistema podría mantener su fuerza durante buena parte de la semana, con riesgo de inundaciones y deslizamientos potencialmente mortales antes de que toque tierra el próximo viernes.

En Puerto Vallarta, la tregua de las lluvias ha permitido reabrir algunos comercios, mientras el aeropuerto internacional suspendió sus operaciones y preveía reanudarlas a lo largo de este martes. Las autoridades mantienen la alerta ante la incertidumbre sobre la trayectoria del huracán.

En el suroeste de Estados Unidos, la mayoría de los avisos de inundación se han levantado después de las crecidas que provocaron el fin de semana los restos de la tormenta tropical Rachel en Las Vegas.

🚨 Datos de la operación

  • Tipo de suceso: Lluvias torrenciales, inundaciones y vientos huracanados asociados al ciclón post-tropical Rachel y al huracán Simon.
  • Fuente oficial: Gobernaciones de Baja California y Guerrero y Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
  • Víctimas confirmadas: Cinco muertos y seis desaparecidos, según el balance de las autoridades estatales.
  • Estado de la investigación: Búsqueda y rescate en curso en Ensenada y San Felipe, con alerta por nuevas inundaciones.
  • Próximos pasos: El huracán Simon podría tocar tierra el próximo viernes.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? Las lluvias de Rachel y Simon dejan cinco muertos y seis desaparecidos en Baja California y Guerrero, según las autoridades.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? Las gobernadoras Marina del Pilar Ávila y Evelyn Salgado coordinan el operativo, con 14.000 rescatistas y 32 evacuados por el Ejército.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? La búsqueda de los seis desaparecidos continúa y Simon podría tocar tierra el próximo viernes.

El decreto con el que el Gobierno cambia el IVA de RTVE sin pasar por el Congreso: las claves

El Gobierno trabaja en un nuevo real decreto sobre la financiación y los impuestos de RTVE que no tendrá que pasar por el Congreso, según ha informado Europa Press este martes 13 de octubre.

La norma es un real decreto ordinario que modifica las reglas de financiación de la corporación pública. No es un proyecto de ley ni un real decreto-ley (norma con rango de ley que el Gobierno aprueba por urgencia y que el Congreso debe convalidar): se aprueba en el Consejo de Ministros y entra en vigor tras su publicación en el BOE, sin votación previa en la Cámara Baja.

Fuentes sindicales consultadas por Europa Press han informado de que Radio Televisión Española trasladó a los trabajadores, en una reunión del Comité de Intercentros celebrada la semana pasada, que el proyecto ya ha sido aprobado por el Ministerio de Hacienda que dirige Arcadi España y que está pendiente de su paso por el Consejo de Ministros (el órgano colegiado del Ejecutivo que aprueba decretos y proyectos de ley).

Las claves del decreto: qué impuestos entran en el cálculo

El texto modifica el Real Decreto 1004/2010, de 5 de agosto, que desarrolla la Ley 8/2009 de financiación de la corporación. Su objetivo es precisar cómo se determina el coste neto del servicio público audiovisual. El trámite es reglamentario, no legislativo.

La redacción que propone el Gobierno es concreta: «formarán parte de los costes del servicio público los tributos efectivamente soportados por RTVE que no resulten deducibles, recuperables o compensables conforme a la normativa tributaria aplicable».

  • Los tributos que RTVE no pueda deducirse se computan como coste del servicio público audiovisual estatal.
  • El importe de esos tributos se integra en el cálculo del coste neto y se compensa según la ley de financiación.
  • La compensación no puede generar sobrecompensación: el excedente se ingresa en el Tesoro Público.

El proyecto añade un segundo supuesto. También formarán parte de los costes los importes de esos tributos cuando su existencia o su cuantía se determine con posterioridad al ejercicio al que se refieren, ya sea por un cambio normativo, por un criterio administrativo, o por un pronunciamiento judicial.

Los impuestos que RTVE no puede deducirse dejan de ser gasto perdido: el decreto los reconoce como coste del servicio público y los hace compensables.

El límite es expreso. La compensación no podrá dar lugar, en ningún caso, a una sobrecompensación de las obligaciones de servicio público de RTVE. El artículo 8 fija que el excedente de ingresos que supere ese tope se ingresará en el Tesoro Público.

Por qué no pasa por el Congreso y qué intentó antes el Gobierno

La clave está en la ley que el decreto desarrolla. La Ley 8/2009 habilita al Gobierno a regularla sin votación parlamentaria, al permitirle dictar las disposiciones necesarias para su ejecución. Por esa vía, la reforma se tramita como norma reglamentaria y no requiere aprobación del Congreso.

No es el primer intento. En julio, la Cámara Baja rechazó la convalidación (el visto bueno del Congreso a un decreto-ley ya vigente) del real decreto-ley de medidas para garantizar la prestación del servicio público encomendado a RTVE. Con aquel texto, el Ejecutivo modificaba la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal.

Los próximos pasos hasta el BOE

El texto fue sometido a información pública el pasado 2 de octubre, según el expediente al que ha tenido acceso Europa Press. Según las fuentes sindicales, el Ministerio de Hacienda ya ha dado su visto bueno y el proyecto espera ahora su turno en el Consejo de Ministros.

El calendario depende de ese trámite. Una vez aprobado, el decreto entrará en vigor con su publicación en el BOE. El Gobierno sostiene que la norma responde a los principios de necesidad y eficacia de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, y que contribuye a una aplicación uniforme del régimen de determinación del coste neto.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? El Gobierno prepara un real decreto sobre la financiación y los impuestos de RTVE sin pasar por el Congreso.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? El Ministerio de Hacienda, que dirige Arcadi España, y los ministerios de Transformación Digital y de la Presidencia, que impulsan la norma.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El texto espera su aprobación en el Consejo de Ministros y su publicación en el BOE tras pasar información pública.

El Gobierno aprueba el Plan de Juventud: las claves de los 59.191 millones y las 300 medidas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Acción de Juventud: 59.191 millones de euros y más de 300 medidas hasta 2030, según ha detallado la ministra del ramo, Sira Rego. El documento sale del órgano colegiado del Gobierno en su reunión ordinaria de este 13 de octubre y se enmarca en la Estrategia de Juventud 2023.

Las claves del Plan de Juventud: doce ejes y más de 300 medidas

El texto se articula en torno a doce ejes con más de 300 medidas concretas, tal y como recoge el documento aprobado por el Consejo de Ministros (el órgano colegiado del Gobierno, presidido por el presidente del Ejecutivo, que aprueba decretos y proyectos de ley). Cada eje incluye un diagnóstico de la situación, los objetivos, las actuaciones previstas, su financiación y los mecanismos de seguimiento.

Las materias afectadas son educación, empleo, vivienda, salud, igualdad y participación. La ejecución se extiende hasta 2030 e implica a una quincena de ministerios, que asumen compromisos de inversión concretos en materia de juventud, en el marco de la Estrategia de Juventud 2023. Puedes consultar el marco general en la web oficial de La Moncloa.

De dónde salen los 59.191 millones: un aumento del 79%

El segundo Plan de Acción movilizará un incremento del 79% respecto al anterior, que contemplaba 33.000 millones, según los datos aportados por el Ministerio de Juventud e Infancia. Son 26.191 millones más que en el plan precedente.

El mayor esfuerzo se concentra en educación y formación, con 3.152 millones adicionales, seguido del empleo (930 millones más) y la salud (626 millones más). El plan refuerza además la protección de la juventud en riesgo de exclusión o discriminación (201 millones más) y la juventud del ámbito rural (141 millones más).

El documento es el resultado de un proceso participativo de más de dos años, con encuentros territoriales y temáticos en los que han tomado parte más de 70 organizaciones, según el departamento que dirige Rego. Incorpora además demandas recogidas en el plan Horizonte Joven 2030.

No es una ley ni un decreto: el Plan de Acción de Juventud es un documento de compromisos que cada ministerio ejecuta con su propio presupuesto hasta 2030.

Vivienda: las demandas de los acampados de Sol que recoge el Plan

Rego ha tenido palabras de gratitud para las movilizaciones de los acampados en Sol. En su comparecencia tras el Consejo de Ministros ha señalado que estos jóvenes ‘han abierto un debate fundamental en España’ y ha situado la vivienda como el asunto más importante del país.

Entre las demandas juveniles que el plan incorpora figuran las siguientes:

  • Destinar el 30% de la nueva edificabilidad residencial a vivienda protegida en alquiler asequible.
  • Movilizar viviendas vacías y aplicar medidas fiscales contra la especulación.
  • Crear un observatorio estatal del derecho a la vivienda.
  • Reforzar el escudo social frente a los desahucios y garantizar los suministros básicos.
  • Facilitar el acceso a la vivienda con ayudas directas y promover la participación juvenil en la creación de vivienda social.

La ministra ha citado también otras medidas incluidas en el documento, como las becas y ayudas al estudio, los programas de empleo juvenil, el Bono Cultural Joven, el programa Verano Joven y las políticas de emancipación.

Qué pasa ahora: ejecución hasta 2030 y seguimiento por ministerios

El plan se ejecutará de forma progresiva hasta 2030, con ese ejercicio como horizonte final. Cada ministerio deberá responder de sus compromisos de inversión ante los mecanismos de seguimiento y evaluación previstos en el propio texto, según el Ministerio de Juventud e Infancia.

El plan no requiere tramitación parlamentaria. Rego ha aprovechado su intervención, que ha descrito como su última rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, para declararse responsable de los objetivos que no se han podido completar. Ha sostenido que ese trabajo está avanzado y que se cerrará más pronto que tarde, sin concretar plazos.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? El Consejo de Ministros aprueba el Plan de Acción de Juventud, con 59.191 millones y más de 300 medidas hasta 2030.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y una quincena de ministerios con compromisos de inversión.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El plan se ejecuta de forma progresiva hasta 2030, con seguimiento y evaluación de cada compromiso ministerial.

La visita de los Reyes a Melilla completa la gira institucional por las Ciudades Autónomas

La visita de los Reyes a Melilla cierra la gira institucional de la Corona por las Ciudades Autónomas. Felipe VI y doña Letizia se desplazarán este miércoles, 14 de octubre, a la ciudad norteafricana en una jornada que replica el esquema de la etapa anterior, Ceuta, y que se ordena en tres bloques: institucional, educativo y social. La agenda oficial de la Casa del Rey confirma un programa de bajo perfil escénico y alta carga simbólica. Sin grandes fastos. Sin discursos de alcance previstos.

En Ceuta, la primera etapa de la gira marcó el guion que ahora se repite casi punto por punto. Actos con las autoridades locales, visita a un centro educativo y un encuentro final con una representación amplia de la sociedad civil. El formato busca la proximidad y evita el mitin. Eso sí, cada detalle de la lista de invitados está medido para que la fotografía refleje la pluralidad del territorio.

La Asamblea de Melilla y la Llave de Oro para Felipe VI

El primer acto tendrá lugar en la Asamblea de la Ciudad Autónoma. El alcalde-presidente, Juan José Imbroda, recibirá a los Reyes y entregará a Don Felipe la Llave de Oro de la Ciudad, una distinción cargada de protocolo local. La ceremonia se celebrará en el Salón Dorado del Palacio de la Asamblea, un acto sencillo al que están invitadas unas sesenta personas.

La lista es larga y deliberada. Figuran el Gobierno de la Ciudad Autónoma, la Mesa de la Asamblea, viceconsejeros y diputados, los representantes de las entidades y empresas públicas autonómicas, los diputados y senadores de Melilla en las Cortes, el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal. También acudirán las comunidades religiosas —católica, islámica, israelita, hindú y gitana—, una representación de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la universidad, las organizaciones empresariales y la sociedad civil articulada en asociaciones y federaciones.

El colegio Pintor Eduardo Morillas, retrato de la Melilla diversa

El Colegio Público Pintor Eduardo Morillas, situado en un barrio residencial densamente poblado, será la segunda parada. El centro cuenta con más de 900 alumnos y 79 docentes, con doce grupos de educación infantil y 27 de primaria. Es bilingüe desde hace 25 años y su alumnado refleja la mezcla cultural de la ciudad. Los Reyes visitarán aulas de infantil, y de primaria y se detendrán después en un aula que desarrolla un proyecto de atención al alumnado con trastorno del espectro autista.

Cerrará la jornada un encuentro con cerca de 400 personas. Están llamados a participar representantes de la Asamblea y del Consejo de Gobierno, de la Delegación del Gobierno central en Melilla, de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad, de la autoridad portuaria, de las confesiones religiosas, de la universidad, de los colegios profesionales, del tejido empresarial, del deporte, la educación, los sindicatos, el movimiento vecinal, la acción social, la discapacidad, la cultura, las cofradías, la juventud y los medios de comunicación.

La Corona no mide estas jornadas en kilómetros recorridos, sino en la normalidad institucional que deja instalada en cada territorio.

Una gira por las Ciudades Autónomas con lectura de Estado

Conviene leer la secuencia completa. Melilla llega después de Ceuta y cierra un recorrido que Zarzuela venía diseñando desde hace meses. La elección de las dos Ciudades Autónomas no es casual: son los territorios donde la presencia de la Corona adquiere un valor de afirmación institucional más nítido, por su condición fronteriza y por la diversidad religiosa y cultural de su población. La composición de las listas de invitados no es un detalle administrativo. Es el mensaje.

El riesgo, como en toda gira territorial, es que el desplazamiento se lea como excepción y no como rutina. La Corona gana cuando sus visitas parecen ordinarias; pierde cuando necesitan justificarse. De ahí que el programa renuncie a discursos de fondo y se apoye en gestos verificables: una llave, un aula, un apretón de manos. Ese es el terreno donde la institución se siente cómoda y donde mejor resiste la comparación con otras jefaturas de Estado europeas, más volcadas en el acto simbólico que en el anuncio.

Hay además un componente educativo que la Casa del Rey ha convertido en seña de identidad de estas visitas. El paso por un colegio público permite mostrar a la Corona en un registro alejado del boato, con la comunidad educativa como interlocutora. Se trata de una estrategia discreta y sostenida: presencia en aulas, bibliotecas y centros de formación que rara vez genera titulares, pero que construye imagen a largo plazo.

Queda un elemento por confirmar. La Casa del Rey no ha detallado si este formato de gira corta se extenderá a otros territorios ni si habrá una tercera etapa. Lo que sí está en la agenda es la continuidad: los Reyes retomarán en los próximos días sus compromisos ordinarios, con la resaca del 12 de octubre aún reciente. La visita a Melilla se recordará menos por lo que se dijo que por lo que se vio. En protocolo, eso suele ser una buena señal.

Claves del Protocolo y Estado

  • Contexto del acto: Melilla es la segunda etapa de la gira de la Corona por las Ciudades Autónomas, tras Ceuta, en una jornada de perfil institucional y bajo contenido político.
  • El detalle de protocolo: la entrega de la Llave de Oro de la Ciudad a Felipe VI en el Salón Dorado de la Asamblea, con sesenta invitados y presencia de las cinco confesiones religiosas de la ciudad.
  • Próximos pasos: la Casa del Rey no ha confirmado si habrá una tercera etapa de la gira; los Reyes retoman su agenda ordinaria tras el 12 de octubre.

Pérez Llorca defiende la ‘prioridad nacional’ de Vox ante Bruselas: las Corts priorizan a los más empadronados

La ‘prioridad nacional’ pactada con Vox llega a las Corts mientras Bruselas avisa de su choque con el derecho europeo.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido con firmeza el principio que exigen sus socios de gobierno en vivienda y ayudas públicas, al tiempo que el PP ha aceptado en las Corts Valencianes —el parlamento unicameral valenciano, con 99 escaños— una enmienda de Vox para aplicarlo al reparto de recursos residenciales. La votación definitiva llega este miércoles, 14 de octubre.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El PP ha aceptado en las Corts una enmienda de Vox para asignar de forma prioritaria vivienda y recursos públicos a quienes mantengan un arraigo ‘real, duradero y verificable’ en la Comunitat Valenciana.
  • ¿Quién está detrás? El Consell (el gobierno de la Generalitat) de Pérez Llorca, el pleno de las Corts y la Comisión Europea, que advierte de que la ‘prioridad nacional’ en ayudas públicas vulnera el derecho comunitario.
  • ¿Qué impacto tiene? La votación definitiva será este miércoles, 14 de octubre, con PSPV y Compromís en contra y la jurisprudencia europea sobrevolando el resultado.

Qué han aprobado las Corts: el arraigo como puerta de entrada a la vivienda pública

El pleno de las Corts Valencianes ha convertido la ‘prioridad nacional’ en el eje de una sesión dedicada a vivienda e inmigración. El PP ha aceptado una enmienda de Vox, vinculada a una propuesta del grupo de José María Llanos, para procurar la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana.

Compromís ha denunciado que ese requisito, que en su lectura se traduce en diez años de empadronamiento, es incompatible con el Derecho de la Unión Europea y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. A ese frente se suma la advertencia de la Comisión Europea sobre el choque de la ‘prioridad nacional’ en ayudas públicas con el derecho comunitario.

El síndic del PP —el portavoz parlamentario de cada grupo en las Corts—, Fernando Pastor, ha contrapuesto la labor de su formación a una oposición que, a su juicio, ‘no ha dado nunca un palo al agua en materia de vivienda’. El portavoz de Vox, José María Llanos, ha justificado la medida por la presión migratoria y el ‘colapso de los servicios públicos’.

Enfrente, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha censurado que el pacto entre PP y Vox fomenta la especulación y favorece a los fondos buitre. El de Compromís, Joan Baldoví, ha criticado que la ultraderecha ‘intenta nuevamente inocular odio’ en lugar de aportar soluciones eficaces al principal problema de la ciudadanía.

El arraigo deja de ser un criterio técnico de vivienda y se convierte en el campo de batalla donde se cruzan Valencia, Madrid y Bruselas.

El pacto tiene los votos. El texto, sin embargo, tendrá que sostenerse también fuera del hemiciclo.

La respuesta de Pérez Llorca y el aviso que llega de Bruselas

Pérez Llorca

El jefe del Consell ha respondido con una comparación cotidiana. ‘Si se atiende a las ordenanzas municipales de la mayoría de los ayuntamientos, por ejemplo, en la Comunitat Valenciana, se dará cuenta de que siempre se establecen prioridades de aquellos vecinos que llevan más tiempo empadronados’, ha argumentado en Alicante, en un encuentro informativo posterior al sexto Foro Económico Español.

Para el president, la medida no genera ‘ningún problema’ y se aplica de forma generalizada en las administraciones, ‘sean del signo político que sean’. Sobre la polémica jurídica ha sido tajante: ‘Creo que se quiere intentar generar un debate que a veces, sinceramente, a mí me parece estéril’.

El jefe del Consell se ha reafirmado en el pacto de legislatura, al que atribuye estabilidad para la Comunitat, rebaja de la presión fiscal, y más vivienda protegida. ‘No me arrepiento de nada del pacto’, ha aseverado.

El aviso europeo, mientras, sigue sobre la mesa. La Comisión Europea ha advertido de que la ‘prioridad nacional’ en las ayudas públicas vulnera el derecho comunitario, y la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE admite exigencias de vínculo real con el territorio siempre que sean proporcionadas y no discriminatorias.

El Escenario Valenciano

El pacto entre PP y Vox sale del pleno reforzado en lo formal y expuesto en lo jurídico. La enmienda permite a los populares exhibir gestión en el asunto que más crece en las encuestas y a Vox, convertir su marco migratorio en norma. La oposición ha encontrado en Bruselas el argumento que no tiene en los números: la legalidad europea.

La dimensión nacional es evidente. Bruselas convierte un criterio de reparto autonómico en un asunto de legalidad europea que afecta al PP en toda España, obligado a sostener sus pactos con Vox en comunidades y ayuntamientos sin abrir un frente con la Comisión. El asunto puede acabar en el Congreso y, si termina ante la justicia europea, en una cuestión prejudicial que dilata años la resolución. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene ahí margen para reclamar ante Bruselas si considera que el texto invade competencias estatales.

El calendario manda. La votación definitiva llega este miércoles, 14 de octubre, y después quedará por concretar cuántos años de empadronamiento se exigen, qué recursos entran en el reparto y cómo lo interpretan los servicios jurídicos de la Generalitat. El pacto tiene por delante los presupuestos autonómicos, la próxima prueba de fuego.

Ficha del Caso

  • El caso: El PP valenciano acepta una enmienda de Vox para priorizar el reparto de vivienda pública y recursos residenciales entre residentes con arraigo duradero, un criterio que Bruselas cuestiona.
  • Datos importantes: Votación definitiva este miércoles, 14 de octubre, en las Corts. Compromís cifra en diez años el requisito de empadronamiento y la Comisión Europea advierte de un posible conflicto con el derecho comunitario.
  • Resumen: La ‘prioridad nacional’ pasa del pacto de gobierno al ordenamiento jurídico con una advertencia europea encima de la mesa y con el PP nacional pendiente de las consecuencias.

La Xunta respalda que el Supremo limite el voto de 160.000 nacionalizados por la ley de nietos antes del 29N

0

La Xunta avala al Supremo y pide “sanear” el censo: 160.000 nacionalizados por la ley de nietos esperan votar antes del 29N.

El aval del conselleiro de Presidencia a la doctrina del Supremo

Lo dijo este martes el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que presidió el Consello de la Xunta porque Alfonso Rueda se encuentra en Bruselas, donde participa en los actos del Comité Europeo de las Regiones. Preguntado por la resolución del alto tribunal, Calvo no se limitó a acatarla: reclamó depurar los listados y situó el marco de la discusión en la ley de nietos, la norma de memoria democrática que permite a los descendientes de exiliados optar a la nacionalidad española.

Su lectura de la resolución es literal. El Supremo “no impide votar a los residentes en el exterior que hayan demostrado que son descendientes de exiliados”, sostuvo. “Lo único que dice es que hay muchos casos en los que no es demostrable que se pueda aplicar esta ley”. Traducido: el problema no sería el derecho al sufragio, sino la acreditación de quién puede ejercerlo. Y la conclusión cabe en dos palabras: “conviene sanear” los listados antes de incorporar a los nacionalizados al censo.

El segundo argumento del conselleiro fue de índole política. Aseguró ver “nerviosismo” en el PSOE y sostuvo que ese nerviosismo “hace desconfiar a la persona más inocente de España de la verdadera intención del Gobierno”. Con esa frase, el PPdeG, el Partido Popular de Galicia que gobierna la comunidad con mayorías absolutas consecutivas desde 2009, traslada el foco del registro administrativo a la intención del Gobierno central que preside Pedro Sánchez.

Porque el reproche tiene recorrido. El partido ha construido durante décadas parte de su hegemonía viajando a América en busca del sufragio de los descendientes de emigrados. Los desplazamientos de Manuel Fraga y de Alberto Núñez Feijóo a Argentina, Uruguay, o Cuba forman parte de la memoria interna de la formación, y no siempre fueron gestos simbólicos: la mayoría absoluta de Galicia se ha jugado más de una vez en Buenos Aires.

El PPdeG lleva décadas reclamando en América el voto que ahora respalda depurar en el censo antes del 29N.

Calvo se anticipó a la paradoja y la desactivó con hemeroteca. Recordó que Feijóo, en su primer viaje a América Latina tras lograr su primera mayoría absoluta, en 2009, reivindicó “la equiparación de derechos de los emigrantes, tanto sociales, en el ámbito de la sanidad y los servicios sociales, como en la equiparación de derechos fundamentales, como es el derecho al voto”. Diecisiete años después, la Xunta que preside Rueda avala que el Supremo deje fuera del censo a quien no pueda acreditar que desciende de un exiliado.

El peso del voto exterior y la fecha del 29N

La discusión no es un detalle administrativo menor en Galicia. Es la comunidad con más electores inscritos fuera de España, y provincias como Ourense y Pontevedra tienen un porcentaje de residentes ausentes que condiciona cualquier cálculo electoral. La supresión del voto rogado, el trámite por el que los emigrantes debían solicitar expresamente poder votar, engordó esa bolsa.

Conviene precisar quién puede hacer qué. El censo electoral no lo gestiona la Xunta de Galicia, el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela: depende del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Oficina del Censo Electoral, adscrita a la Administración general del Estado. Galicia carece de competencia directa sobre los listados, así que el “saneamiento” que reclama el conselleiro es, en la práctica, una petición al Gobierno central. Eso sí, con el 29N en el calendario —la fecha límite que el PP invoca para cerrar esa incorporación—, cada declaración pesa.

El asunto llegará previsiblemente al Parlamento de Galicia, la cámara unicameral de 75 diputados en la que el PPdeG gobierna con mayoría absoluta y el BNG ejerce como primera fuerza de la oposición desde los comicios de 2024. El PSdeG, tercera fuerza de la cámara, comparte siglas con el Gobierno central al que el conselleiro dirige sus reproches.

El Laboratorio Gallego

Galicia encadena mayorías absolutas del PP desde 2009, primero con Feijóo y después con Rueda, y eso explica por qué lo que se decide en Santiago se lee siempre con atención en Madrid. El voto exterior ha sido una pieza de esa maquinaria: la comunidad es la que más depende del sufragio de la diáspora, un voto que tradicionalmente ha favorecido al partido. El PPdeG, que durante años reclamó en Buenos Aires y Montevideo la equiparación de derechos, avala ahora que el Supremo filtre quién entra en el censo.

La conexión nacional no es una hipótesis de analista: es la propia arquitectura del caso. Los argumentos los han hecho públicos dirigentes del PP más allá de Galicia, y el presidente estatal, Alberto Núñez Feijóo, es el mismo que en 2009 prometía en América la equiparación del derecho al voto. La dirección nacional presenta la polémica como una cuestión técnica de depuración censal; desde el PSOE se interpreta, según el propio Calvo al hablar de “nerviosismo”, como un intento de estrechar el cuerpo electoral antes de una cita decisiva. Las dos lecturas conviven y ninguna se puede demostrar con datos.

Queda por ver dónde se detiene el criterio del Supremo. Si la doctrina se consolida, alcanzará a todos los españoles nacionalizados al amparo de la ley de nietos, con especial incidencia en las comunidades de mayor tradición migratoria. La incógnita es si el asunto aterriza en el próximo Consello de la Xunta como propuesta formal o si la Xunta se limita a respaldar la resolución. Quien siga la política desde aquí sabe que estos debates rara vez son solo gallegos.

Ficha del Caso

  • El caso: El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, respalda la decisión del Tribunal Supremo de suspender el voto de más de 160.000 nacionalizados por la ley de nietos y pide depurar el censo antes del 29N.
  • Datos importantes: Más de 160.000 afectados; ley de nietos (memoria democrática); censo gestionado por el INE y la Oficina del Censo Electoral, no por la Xunta; Galicia es la comunidad con más electores residentes en el exterior.
  • Resumen: El PPdeG avala el filtro del Supremo tras décadas de campañas en América por el voto emigrante, una polémica que conecta la política gallega con la estrategia nacional del PP.

La Casa Blanca pide la dimisión de Kimberly Guilfoyle como embajadora en Grecia

0

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Casa Blanca ha pedido a la embajadora de EE. UU. en Grecia, Kimberly Guilfoyle, que dimita tras conocerse presiones a un donante, regalos indebidos y amenazas a cargos griegos.
  • ¿Quién está detrás? La nueva portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, lo confirmó en su primer briefing. Guilfoyle niega toda irregularidad a través de sus abogados.
  • ¿Qué impacto tiene? La marcha deja sin titular la embajada en un socio clave del flanco sur de la OTAN y proyecta dudas sobre los nombramientos políticos en Europa.

La Casa Blanca pide a Kimberly Guilfoyle que dimita como embajadora en Grecia entre acusaciones de presión a un donante.

Quien lo puso negro sobre blanco fue la nueva portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, en su primer encuentro con la prensa del Ala Oeste. ‘Hemos pedido a la embajadora Guilfoyle que dimita’, dijo. ‘Ha sido un activo maravilloso para el equipo y le deseamos lo mejor’. Cortesía en la despedida, silencio sobre el motivo. Y el motivo llevaba semanas en los titulares.

El expediente es denso. Según lo publicado, Guilfoyle presionó a un donante de la campaña de Donald Trump, Eric Deters, para que le cubriera una factura de su tarjeta American Express cercana a los 100.000 dólares. A eso se suman regalos y servicios indebidos —vuelos privados de ejecutivos del sector energético y de la construcción, con Davos como destino recurrente— y amenazas veladas a responsables griegos.

La defensa es firme. A través de sus abogados, David Schwartz y Jesse Binnall, sostiene que los 100.000 dólares pagaban servicios prestados —apariciones y conferencias— antes de su confirmación por el Senado, y no un favor a cambio de gestiones personales. Sobre los vuelos, asegura que siguió las directrices de de viajes del Departamento de Estado.

El episodio que más incomodó en Atenas es el trato. Según esas versiones, la embajadora llegó a decir a unos invitados que Estados Unidos podría perjudicar a Grecia si se lo propusiera, y criticó a cargos griegos tras no ser invitada al acto oficial del país en Davos. Guilfoyle no es diplomática de carrera: es ex presentadora de Fox News, fue prometida de Donald Trump Jr. y estuvo casada con Gavin Newsom. Pura embajadora política.

La salida de Guilfoyle no cuestiona el sistema de los embajadores políticos: muestra lo rápido que la Casa Blanca corta cuando un nombramiento deja de ser un activo.

Una salida que la Casa Blanca impone sin pasar por el Senado

La de embajador es una relación de confianza, no un contrato. El presidente de Estados Unidos nombra a sus embajadores con el visto bueno del Senado, pero puede retirarlos cuando quiera: sirven ‘a voluntad del presidente’ (at the pleasure of the president). Por eso la Casa Blanca no necesita abrir un expediente ni pedir permiso al Capitolio. Basta una llamada.

No hay sustituto confirmado. La embajada en Grecia quedará en manos de un encargado de negocios hasta que el Senado ratifique un nombre, un trámite que suele tardar meses. Ese hueco no es menor.

La lectura desde el flanco sur: qué mira España en el relevo de Atenas

La marcha no es una anécdota local. Grecia es miembro de la OTAN y de la Unión Europea, y ocupa una posición sensible entre el Egeo y el Mediterráneo oriental. El embajador estadounidense en Atenas es el canal por el que pasan la coordinación militar, la energía y la presión sobre el gasto en defensa que Washington reclama a sus aliados europeos.

Para España, la lectura es doble. Comparte con Grecia la condición de socio del flanco sur y sigue con atención cómo la administración gestiona sus representaciones en el Mediterráneo. Y el episodio ilustra un patrón conocido: buena parte de las embajadas europeas quedan en manos de perfiles políticos más que de diplomáticos de carrera. Cuando el nombramiento funciona, nadie lo nota. Cuando no, el coste se paga en credibilidad.

La Lógica de Washington

Conviene recordar de dónde viene este sistema. La costumbre de premiar a grandes donantes y leales con embajadas es casi tan antigua como la república, y ni demócratas ni republicanos han renunciado a ella: Franklin D. Roosevelt la usó a gran escala. La lógica interna es simple. Un embajador político aporta dinero, red y velocidad; un diplomático de carrera aporta oficio y continuidad. La Casa Blanca reserva los destinos más delicados —Pekín, Bruselas— para profesionales y deja capitales de peso medio para los afines.

Lo que explica la reacción del Partido Republicano no es el escándalo, sino el cálculo. Un embajador es un activo presidencial; cuando genera más ruido que beneficio, el reflejo es cortar cuanto antes. Es la misma lógica que ya se vio en el primer mandato de Donald Trump, cuando los relevos llegaban en cuanto el coste político superaba la ganancia. No hay drama institucional: hay gestión de riesgo. El riesgo no era Grecia; era la portada.

En el caso español, el calendario importa tanto como el fondo. Un puesto vacío durante meses debilita la interlocución justo cuando Washington presiona a los aliados por el reparto de la carga en defensa y por el encaje energético del Mediterráneo. Queda abierto si la administración elegirá otro perfil político o un diplomático de carrera para Atenas. La respuesta dirá mucho sobre cómo entiende la Casa Blanca su flanco sur. Eso sí, el ritmo lo marcará el Senado.

Ficha del Caso

  • El caso: La Casa Blanca ha pedido la dimisión de la embajadora Kimberly Guilfoyle en Grecia por presiones a un donante, regalos indebidos y amenazas a cargos griegos.
  • Datos clave: Una factura de tarjeta cercana a los 100.000 dólares, vuelos privados con Davos como destino y una baza decisiva: un embajador sirve a voluntad del presidente, sin expediente ni votación.
  • Para España: Atenas es socio de la OTAN y de la UE en el flanco sur; un puesto vacío debilita la interlocución de EE. UU. en el Mediterráneo y proyecta dudas sobre los nombramientos políticos en Europa.

Los cortes línea 6 metro Madrid: sin servicio este fin de semana por las pruebas de automatización

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? A los usuarios de la línea 6 en el arco noroeste: ocho estaciones intermedias entre Cuatro Caminos y Lucero se quedan sin tren.
  • ¿Cuándo ocurre? Sábado 17 y domingo 18 de octubre, y de nuevo el 24 y 25 del mismo mes, durante toda la jornada.
  • ¿Qué cambia hoy? Metro pone autobuses gratuitos de sustitución y mantiene Cuatro Caminos y Lucero como cabeceras provisionales; el resto de la Circular sigue funcionando.

Metro de Madrid cierra la línea 6 entre Cuatro Caminos y Lucero los dos próximos fines de semana. Las pruebas de seguridad para la futura automatización dejan sin tren a ocho estaciones intermedias y obligan a habilitar autobuses gratuitos en superficie.

El primer corte llega el sábado 17 y el domingo 18 de octubre. El segundo está fijado para el 24 y el 25 del mismo mes. En ambas fechas, Cuatro Caminos y Lucero permanecerán abiertas y actuarán como cabeceras provisionales del resto de la Circular, según la información difundida por Metro de Madrid.

Las ocho estaciones que se quedan sin tren y las dos que siguen abiertas

Queda cortado el arco noroeste de la Circular, el que enlaza Cuatro Caminos con Lucero pasando por Moncloa. Se quedan sin servicio las ocho estaciones intermedias, entre ellas Guzmán el Bueno, Argüelles, Moncloa y Príncipe Pío. Las dos cabeceras, en cambio, mantienen la actividad y sirven de enlace con el resto de la línea.

No todos los cierres serán idénticos. Metro advierte de que, según evolucionen los ensayos durante el primer fin de semana, las estaciones afectadas podrían variar de cara al 24 y 25 de octubre. Cualquier cambio se avisará por megafonía, teleindicadores, cartelería y redes sociales, y puede consultarse en la web de Metro de Madrid.

Cómo llegar a Moncloa, Argüelles o Príncipe Pío sin la Circular

línea 6 metro Madrid

Mientras dure la interrupción, un servicio especial y gratuito de autobuses cubrirá en superficie el recorrido cortado. Es la fórmula habitual en las grandes obras de Metro: se evita el coche, pero se suman tiempo de viaje y transbordos.

Quien necesite llegar a las estaciones cerradas conserva el acceso a través de las correspondencias. Cuatro Caminos conecta con la L1 y la L2; Argüelles, con la L3 y la L4; Moncloa, con la L3; Guzmán el Bueno, con la L7; y Príncipe Pío, con la L10 y el Ramal. La red no se parte: se rodea.

El cierre de dos fines de semana no es un accidente: es el precio que Madrid paga por meter trenes sin conductor en su línea más transitada.

Los cortes se han programado en sábado y domingo para reducir al mínimo las molestias. La elección tiene lógica, aunque la línea 6 no entiende de días laborables: mueve a estudiantes, sanitarios y turnos de fin de semana.

Por qué Madrid cierra la Circular ahora y qué gana cuando termine

La automatización de la línea 6 es uno de los mayores proyectos tecnológicos de la compañía metropolitana. Una vez completada, su capacidad pasará de 400.000 viajeros diarios a 730.000, suficiente para absorber el crecimiento previsto de la demanda en uno de los principales ejes de movilidad de la capital.

Antes hay que validar sistemas. Los ensayos se realizan con dos trenes automáticos, que circularán por el tramo cerrado a baja y a alta velocidad para comprobar cómo responden la señalización, la vía y el material móvil. Las ocho estaciones afectadas disponen ya de puertas de andén, probadas entre finales de septiembre y principios de octubre.

Esas puertas son la pieza menos visible y la más determinante. Crean una barrera física entre el andén y la zona de circulación, se abren y cierran sincronizadas con el convoy y dejan una distancia máxima de tres centímetros entre tren y andén. De ahí sale buena parte de la mejora en accesibilidad.

El precedente invita a la prudencia. Barcelona opera desde hace años líneas sin conductor, como la L9 y la L10, y París automatizó su línea 1 en 2012. Los resultados acompañan, pero los calendarios casi siempre se estiran más de lo anunciado. El proyecto que impulsa la Comunidad de Madrid se viene anunciando desde hace años sin fecha de cierre cerrada, y cada corte de fin de semana recuerda que el ritmo lo marcan las pruebas, no los despachos.

En el verano de 2022, la línea 1 permaneció cortada durante semanas con autobuses de sustitución en la calle. La mayoría de los usuarios afectados se quejaron de la información y de la frecuencia de los buses. Ahora la pelota está en el mismo tejado.

Hay dos hitos a la vista: el fin de semana del 17 y 18 y el del 24 y 25 de octubre. Después, Metro decidirá si necesita nuevas ventanas de cierre o si puede seguir probando sin tocar la circulación. Quien tenga que cruzar el noroeste de la ciudad esos días ya sabe lo que le espera: autobús gratuito, más tiempo y algo de paciencia.

El Tribunal Supremo revisa si el DOGE de Musk debe entregar sus registros públicos vía FOIA

0

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha aceptado revisar la demanda de la organización CREW, que reclama los registros internos del DOGE al amparo de la ley de libertad de información (FOIA). Todavía no hay fecha de vista oral.
  • ¿Quién está detrás? CREW sostiene que el DOGE es una agencia federal sujeta al FOIA; la Administración de Donald Trump defiende que es un órgano asesor del presidente y que, por tanto, está exento.
  • ¿Qué impacto tiene? La sentencia fijará el perímetro de transparencia de futuros órganos de la Casa Blanca y afectará a las empresas, también a las españolas, que contratan con el Gobierno federal.

El Tribunal Supremo ha aceptado revisar si el DOGE de Elon Musk debe entregar sus registros públicos a través del FOIA.

La admisión a trámite, sin fecha de vista aparejada, traslada al más alto tribunal de Washington un pulso abierto desde el arranque de la segunda Administración de Donald Trump: el que enfrenta a la organización de vigilancia ética CREW con el Gobierno por el acceso a los papeles internos del Departamento de Gobierno Eficiente.

El caso que llega al Tribunal Supremo: ¿agencia federal o consejo asesor?

El litigio se reduce a una pregunta de encaje legal. El FOIA —la ley de libertad de información de 1966, que obliga a las agencias federales a responder solicitudes de documentos— delimita su ámbito por lo que el texto denomina agency. CREW sostiene que el DOGE encaja ahí. La Casa Blanca responde lo contrario: es un organismo creado por orden ejecutiva dentro de la Oficina Ejecutiva del Presidente, y los órganos que solo asesoran al presidente quedan fuera de la ley.

No es la primera vez que el asunto llega al alto tribunal. En 2025, el Tribunal Supremo ya limitó una orden de un tribunal federal de distrito que obligaba al Gobierno a entregar a CREW documentación sobre las operaciones del DOGE, por considerarla excesivamente amplia. El caso regresó a instancias inferiores y ahora vuelve con la pregunta de fondo: si el DOGE debe o no responder al FOIA.

Lo que CREW reclama son papeles del arranque del segundo mandato: qué contratos se revisaron, con qué criterios se eligieron programas y quién dentro del organismo adoptó cada decisión. Ese material sigue cerrado. El núcleo del caso no es el contenido de los documentos, sino quién puede leerlos.

El Supremo no decidirá si el DOGE hizo bien su trabajo, sino si el público tiene derecho a leer los papeles con los que lo hizo.

La llave jurídica está en un fallo de 1980

registros DOGE

El argumento de la Casa Blanca no nace de la nada. Se apoya en el perímetro de asesoramiento presidencial, una doctrina que el Tribunal Supremo acuñó en 1980 en el caso Kissinger contra el Comité de Reporteros: la ley de información no alcanza a las unidades cuyo único cometido es asesorar al presidente, porque la publicidad de esos documentos enfriaría la franqueza del consejo. La doctrina se ha aplicado después en los tribunales federales de apelación.

La decisión no se limitará al DOGE. Lo que está en juego es si la Casa Blanca puede crear estructuras internas con capacidad real sobre el gasto federal sin rendir cuentas ante el público. Ese perímetro, hoy difuso, es el que el tribunal va a dibujar.

El perímetro importa.

La Lógica de Washington

Desde dentro de la Administración, el asunto se lee como un problema de gestión, no de secretos. El DOGE se diseñó para auditar el gasto federal a marchas forzadas: revisar contratos, detectar duplicidades y proponer recortes sin pasar por el procedimiento ordinario. Quien lo puso en marcha sostiene que ningún órgano de auditoría interna puede funcionar si cada borrador y cada criterio de selección acaba en en manos de quien litiga contra el Gobierno. La tesis no es nueva ni exclusivamente republicana.

El precedente de fondo es Watergate. El Congreso respondió a la caída de Richard Nixon aprobando la Presidential Records Act de 1978, que convirtió los documentos presidenciales en propiedad pública. Desde entonces, cada inquilino de la Casa Blanca ha intentado ensanchar la frontera de lo que considera consejo interno, y el Tribunal Supremo ha ido moviendo el borde.

Watergate sigue pesando.

¿Y qué tiene esto que ver con España? Más de lo que sugiere un pleito sobre archivos. Para las compañías españolas que contratan con el Gobierno federal —Ferrovial o Iberdrola, entre otras— la diferencia es operativa: si el DOGE es una agencia sujeta al FOIA, cualquiera puede solicitar los criterios con los que se revisaron contratos y programas; si el Supremo confirma la exención, esa información queda cerrada.

Estados Unidos es uno de los grandes destinos extracomunitarios de la exportación española, y la compra pública federal mueve presupuestos que tocan a filiales y proveedores establecidos allí. En paralelo, la transparencia española, regulada por la Ley 19/2013, parte de un perímetro más estrecho en varios flancos.

Todo depende del Supremo.

La próxima ventana está en el calendario del tribunal. No hay fecha de vista, y lo razonable es que los argumentos orales lleguen en el primer semestre de 2027 y la sentencia antes del verano de ese año. La incógnita real es otra: si el alto tribunal prefiere resolver con una fórmula estrecha, sin fijar regla general, el debate volverá al Congreso. Washington no pide permiso.

Ficha del Caso

  • El caso: El Tribunal Supremo revisa si el DOGE, el organismo de recorte del gasto creado por orden ejecutiva y liderado por Elon Musk, debe entregar sus registros a la organización CREW.
  • Datos clave: Sin fecha de vista fijada. En 2025 el Supremo ya limitó una orden de distrito por excesivamente amplia. La Administración invoca el perímetro de asesoramiento presidencial.
  • Para España: La sentencia definirá qué se puede consultar sobre los criterios de revisión de la contratación federal, terreno donde operan filiales de Ferrovial e Iberdrola.

El carné Joven Madrid: se podrá pedir desde los 12 años a partir del 14 de octubre

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? A los chavales de 12 y 13 años de la Comunidad de Madrid y a sus padres o tutores, que son quienes deben firmar la solicitud.
  • ¿Cuándo? Desde este miércoles 14 de octubre, sin plazo de cierre. Hasta ahora el mínimo estaba fijado en los 14 años.
  • ¿Qué cambia? El carné sigue siendo gratuito y abre la puerta a más de 1.000 descuentos en cines, parques de ocio, deporte y espectáculos, con seguro de viaje incluido y validez en 37 países europeos.

El Carné Joven de Madrid se podrá solicitar desde los 12 años a partir de este miércoles 14 de octubre. La Comunidad rebaja dos años un umbral que llevaba fijado en los 14 y mantiene la gratuidad del documento para todos los titulares.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, presentó la medida este martes desde el Colegio Santísimo Sacramento, en Usera, con 60 alumnos del centro como público. No fue un escenario improvisado: la foto de un aula con chavales de primero de la ESO pesa más que cualquier nota de prensa.

Los números que maneja la Consejería son dos. Hoy hay 740.000 jóvenes con el carné en la región y la ampliación incorporará a unos 130.000 chavales de 12 y 13 años, un crecimiento del 17,5% sobre la base actual. La franja del programa va de los 12 a los 30 años, de modo que el mismo documento acompañará al titular durante 18 años, del instituto a los primeros contratos.

Quién puede pedirlo y quién necesita la firma de un adulto

Para los menores de 14 años la solicitud no la pueden presentar ellos solos. Son los padres o los tutores legales quienes deben hacer el trámite. Ese detalle marca la diferencia práctica de la medida: un chaval de 12 años puede disfrutar del descuento, pero no puede activarlo sin un adulto detrás de la mesa.

Los canales son cuatro. En persona, en las oficinas de la calle de Fernando el Católico 88, General Díaz Porlier 35 y Carrera de San Jerónimo 13, además de las dependencias de los 68 municipios de la región que mantienen convenio con el programa. Por vía electrónica, a través de Tramita, la sede de Administración Electrónica de la Comunidad de Madrid, y mediante Cuenta Digital.

Qué descuentos entran y cuáles siguen fuera del catálogo

El listado supera el millar de ventajas. Cinesa, Kinépolis, el Parque de Atracciones, el Zoo, el Parque Warner, PortAventura, o el musical El Rey León figuran entre las más conocidas, junto a instalaciones deportivas y a la campaña de piscinas gratuitas del verano. El carné lleva asociado un seguro de viaje gratuito y funciona en 37 países europeos al amparo de la European Youth Card Association (EYCA). El catálogo actualizado se consulta en la web oficial del programa.

Bajar la edad del carné no le cuesta dinero al usuario. Le cuesta tiempo a unos padres que ahora deben hacer el trámite por sus hijos.

La letra pequeña: 68 ayuntamientos con convenio y 179 municipios

Aquí aparece el punto débil de la medida. La Comunidad tiene 179 municipios y solo 68 cuentan con oficina adherida al programa. Para una familia de una localidad sin convenio, el trámite se resuelve por internet, siempre que se maneje Cuenta Digital, o con un desplazamiento a una de las tres oficinas de la capital. Y ninguna de esas tres está en el sur de la ciudad: están en Chamberí, Salamanca y Centro.

¿Cuántas familias de Carabanchel, Villaverde o Vallecas tienen una oficina del carné a menos de media hora en transporte público? Ninguna. El trámite se puede cerrar desde el móvil, eso sí, pero exige que el adulto tenga activada la identificación digital y sepa manejarla sin ayuda.

El precedente más cercano está en el transporte. El Abono Joven cubre a los menores de 26 años en toda la región y su tramitación está mucho más rodada, con puntos de atención en cualquier intercambiador. El carné, en cambio, depende de una red de ventanillas que se concentra en el centro y en los ayuntamientos que firmaron convenio.

La comparación con otras comunidades se queda corta si solo miramos el umbral. Lo que mide de verdad la utilidad de un carné es cuántas veces se usa al año, y ese dato no aparece en la información difundida este martes.

Queda por ver, además, si el catálogo de ventajas crece al mismo ritmo que la base de usuarios. Una cosa es emitir 130.000 carnés nuevos y otra que las empresas adheridas mantengan los descuentos cuando el perfil del titular baja seis o siete años. La Consejería no ha detallado por ahora nuevos acuerdos ni una ampliación de la campaña de piscinas para el verano de 2027.

La medida entra en vigor este miércoles 14 de octubre y no tiene fecha de cierre. Seguiremos el número de carnés emitidos en los primeros meses para comprobar si el papel se traduce en uso real sobre el terreno.