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La Xunta de Galicia ha desbloqueado este lunes la licitación del último tramo de la Ronda Este de Ourense, una obra estratégica que conectará la carretera N-525 con la autovía A-52 y que cuenta con un presupuesto de 12,7 millones de euros.

EN 30 SEGUNDOS

• ¿Qué ha pasado? La Xunta ha autorizado la licitación del último tramo de la Ronda Este de Ourense por un importe de 12,7 millones de euros.
• ¿Quién está detrás? El presidente Alfonso Rueda anunció el desbloqueo de este proyecto histórico, que el gobierno autonómico del PPdeG espera adjudicar antes de fin de año.
• ¿Qué impacto tiene? Las obras, que empezarán en 2027, reducirán el tiempo de trayecto entre la OU-105 y la A-52 de siete minutos a poco más de uno, descongestionando el centro urbano y mejorando la conexión con el área industrial de San Cibrao das Viñas.

Así es el nuevo tramo de la Ronda Este de Ourense

El proyecto, autorizado por el Consello da Xunta, supondrá la construcción de un nuevo vial de 1,5 kilómetros que discurre entre los municipios de Ourense y San Cibrao das Viñas. El trazado arranca en la rotonda de Benposta —confluencia de la OU-105 con la OU-510— y avanza en sentido suroeste hasta entroncar con la N-525, a la altura de la conocida como rotonda de Expourense.

La obra incluye estructuras singulares que salvan las complicaciones del terreno: tras un primer tramo en terraplén de 400 metros, se ejecutará un paso inferior para cruzar la línea ferroviaria actual, un viaducto de 80 metros sobre el río Barbaña y un paso superior para dar servicio a la depuradora de San Cibrao. La calzada dispondrá de un carril por sentido de 3,5 metros y arcenes de 1,5 metros, con un carril adicional en los segmentos de mayor pendiente.

Impacto en la movilidad y calendario de ejecución

La nueva infraestructura reduce un desplazamiento que hoy exige recorrer 4,6 kilómetros en aproximadamente siete minutos a apenas 1,7 kilómetros y algo más de un minuto. El objetivo es doble: descongestionar arterias urbanas como la avenida de Marcelo Macías o la avenida de Zamora y mejorar la conexión con el sur de la provincia y el polígono industrial de San Cibrao, por donde circulan a diario decenas de miles de vehículos.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, detalló que el contrato se licitará a lo largo de este mes de julio y confía en adjudicarlo antes de que termine 2026. Las obras cuentan con un plazo de ejecución de 30 meses, por lo que los primeros movimientos de tierra están previstos para el primer trimestre de 2027. “Va básicamente por el ayuntamiento de Ourense, también tocará San Cibrao das Viñas, beneficiando a muchas decenas de miles de vecinos”, señaló Rueda.

Culminar la Ronda Este, tras más de 30 años de espera, es una señal de que la planificación autonómica bien dotada puede cerrar brechas históricas en la movilidad de las ciudades gallegas.

El Laboratorio Gallego

Galicia ha convertido la gestión de infraestructuras viarias en una de las marcas del PPdeG desde que el partido recuperó la Xunta en 2009. La Ronda Este de Ourense es, en muchos sentidos, un ejemplo de cómo las mayorías absolutas permiten mantener proyectos de largo aliento sin sobresaltos electorales. Los tramos anteriores se inauguraron en 2003, 2006 y 2012, y ahora el gobierno de Rueda cierra el círculo. El respaldo político ha sido transversal: tanto BNG como PSdeG han reclamado históricamente mejoras en la movilidad metropolitana de Ourense, aunque la ejecución final corresponde al ejecutivo autonómico.

La lectura nacional no es forzada: el expresidente Alberto Núñez Feijóo defendió en múltiples ocasiones que la planificación de carreteras gallegas demostraba que es posible conjugar equilibrio presupuestario con inversión en cohesión territorial. Aunque la situación fiscal de la Xunta es más holgada que la del Estado, el modelo gallego de priorización de proyectos que alivian colapsos crónicos —como el acceso a polígonos industriales— sigue siendo una referencia que desde el PP nacional se observa con interés. La clave, como ocurre en tantas políticas ensayadas en Santiago de Compostela, está en la paciencia: el último tramo se licita ahora, pero el diseño lleva maduro años sobre la mesa.

Más allá de las cifras, la obra pone de relieve la importancia de mantener un canal estable de financiación autonómica para infraestructuras que, aunque modestas en extensión, transforman la vida cotidiana. El Parlamento de Galicia ya ha empezado a debatir los presupuestos de 2027, en los que la Consellería de Infraestruturas pedirá una partida adicional para agilizar los trabajos. Mientras tanto, el Consello da Xunta seguirá autorizando licitaciones cada verano, con la vista puesta en que el próximo gran proyecto —quizás la conexión con la autovía A-75 en el sur de la provincia— no tarde otras tres décadas en ver la luz.

Ficha del Caso

• El caso: La Xunta licita el último tramo de la Ronda Este de Ourense, una obra que completa el anillo de circunvalación sureste de la ciudad tras más de 30 años de espera.
• Datos importantes: Presupuesto: 12,7 millones de euros. Longitud: 1,5 km. Plazo: 30 meses. Inicio previsto: primer trimestre de 2027. Conexiones: OU-105/OU-510 con N-525 y A-52.
• Resumen: La inversión reducirá los tiempos de viaje y descongestionará el centro de Ourense, beneficiando también al área industrial de San Cibrao das Viñas.

La localidad pontevedresa de Sanxenxo se prepara para un desafío que, de conseguirse, quedará para siempre en la memoria gastronómica de Galicia. El próximo 5 de septiembre, coincidiendo con la celebración de la Feira da Cebola e Santa Rosalía, se intentará cocinar la tortilla de patatas más grande del mundo. Las cifras que maneja la organización ya anticipan la magnitud del reto: más de 17.000 huevos, 2.000 kilos de patatas, 300 litros de aceite y 30 kilos de sal darán forma a una tortilla de seis metros de diámetro y alrededor de 10.000 kilos de peso.

El Concello de Sanxenxo (el ayuntamiento pontevedrés) ha alcanzado un acuerdo con la empresa gallega El Huevo de la Abuela para trasladar este evento a la villa turística tras el éxito de dos ediciones previas. La elaboración arrancará a las 10.30 horas y contará con un equipo compuesto por unas 70 personas, entre cocineros y voluntarios. La organización aún debe cerrar las cifras definitivas, pero la logística ya está muy avanzada.

Uno de los momentos más esperados será el volteo de la gigantesca tortilla. Para ello se empleará una grúa de 75 toneladas, la única manera de dar la vuelta a una masa que pesa tanto como un camión cargado. La imagen, con el público congregado en torno a la sartén gigante, promete convertirse en una de las postales de la temporada estival gallega.

La tortilla, además, zanjará, al menos por un día, el eterno debate gastronómico. La superficie estará dividida en dos mitades: una se cocinará con cebolla y la otra sin ella, de modo que todos los asistentes puedan degustar su versión favorita. Todo lo recaudado con la venta de las raciones de tortilla, cuyo precio todavía está por determinar, se destinará a comedores sociales y entidades benéficas. La solidaridad y la gastronomía se dan la mano en una cita que aspira a entrar en el Libro Guinness de los Récords.

Una tortilla de 10.000 kilos no es solo un récord: es la demostración de que la gastronomía popular puede movilizar a un pueblo entero y llenar los platos de quienes más lo necesitan.

Sanxenxo, uno de los destinos turísticos más consolidados de las Rías Baixas, suma este evento a su oferta estival. La Feira da Cebola, que se celebra en honor a la patrona Santa Rosalía, es ya una cita tradicional en la comarca. Ahora, el intento de récord mundial le añade un altavoz nacional e incluso internacional. La organización promete, además, diversas actividades complementarias y sorpresas a lo largo de la jornada.

El evento se enmarca en una estrategia más amplia de promoción turística basada en la gastronomía. En los últimos años, Galicia ha sabido convertir platos como el pulpo á feira, la empanada o el marisco en imanes turísticos. Ahora, la tortilla de patatas, el plato más transversal de la cocina española, se incorpora a esa corriente. La apuesta por lo espectacular —récords, grandes dimensiones, grúas— conecta con la manera actual de consumir experiencias y compartirlas en redes.

El Laboratorio Gallego

A menudo se habla de Galicia como laboratorio político, pero también lo es en el terreno gastronómico y turístico. La comunidad gallega ha logrado en la última década que su gastronomía deje de ser una nota al pie para convertirse en el eje de una parte importante de su estrategia económica. Eventos como la Festa do Marisco de O Grove, la Feira do Cocido de Lalín o la propia Feira da Cebola de Sanxenxo demuestran cada año que la mesa gallega es un motor de atracción turística. El intento de récord Guinness con la tortilla gigante es la última vuelta de tuerca de esa apuesta: llevar lo local a lo global, mezclando tradición y espectáculo, beneficencia y notoriedad. El modelo, con sus virtudes y excesos, mira ya a otras comunidades que buscan en sus productos estrella el mismo tirón mediático. En un país que debate incansablemente sobre si la tortilla lleva o no cebolla, Sanxenxo ofrece una respuesta salomónica y un récord mundial en el mismo plato.

Ficha del Caso

• El caso: Sanxenxo acoge el 5 de septiembre de 2026 un intento de récord mundial de la tortilla de patatas más grande del mundo, con una previsión de 10.000 kilos y 6 metros de diámetro, dentro de la Feira da Cebola e Santa Rosalía.
• Datos importantes: Más de 17.000 huevos, 2.000 kg de patatas, 300 litros de aceite, 30 kg de sal, 70 cocineros, una grúa de 75 toneladas para voltearla, y una tortilla mitad con y sin cebolla. Recaudación benéfica para comedores sociales.
• Resumen: El evento combina récord Guinness, tradición gastronómica y solidaridad, reforzando la imagen de Galicia como destino turístico que sabe rentabilizar su cocina.

Ourense encara los meses de julio y agosto sin programación cultural pública, con los principales escenarios cerrados y una oferta privada reducida a la mínima expresión. La inacción del Concello de Ourense y el repliegue de los promotores independientes dejan a la capital de provincia sin músculo para atraer visitantes, mientras la hostelería reduce horarios o cierra.

EN 30 SEGUNDOS

• ¿Qué ha pasado? El Concello de Ourense no ha organizado conciertos ni teatro para el verano, y la iniciativa privada apenas cubre el vacío.
• ¿Quién está detrás? El gobierno municipal y la falta de inversión privada en grandes eventos.
• ¿Qué impacto tiene? La hostelería que no dispone de terraza se ve obligada a cerrar o reducir personal, y la ciudad pierde atractivo turístico.

Un verano sin música ni escenarios abiertos

El Auditorio Municipal tiene actividad anunciada hasta finales de septiembre, pero el Teatro Principal no ofrece espectáculos durante julio y agosto. A esa ausencia escénica se suma la falta de programación estival en el Cineclube Padre Feijóo y una oferta cinematográfica limitada a las salas comerciales del Ponte Vella. La ciudad afronta así los meses más calurosos con sus principales espacios apagados y sin alternativas culturales de peso.

El Concello no ha impulsado ningún concierto, ciclo o propuesta cultural propia para este verano. Su agenda se limita a recopilar actividades promovidas por terceros y a las fiestas de A Ponte y Velle, con orquestas y actuaciones populares. Estas celebraciones alegran unos días, pero no constituyen una programación estable para toda la ciudad. La última cita musical de cierta envergadura municipal fueron las Fiestas de Ourense, en junio, con menor asistencia de la esperada.

La iniciativa privada tampoco alcanza a llenar el hueco. El Torgal permanecerá cerrado hasta septiembre y en el Café Auriense hay eventos anunciados hasta finales de octubre. Ambos locales dinamizan la escena independiente, pero sus aforos impiden atraer grandes giras o asumir la oferta habitual de una capital de provincia.

Los festivales no corrigen el panorama. El Ouren Sound Fest se celebró antes del verano y fuera de la capital, en San Cibrao das Viñas mientras el Ou Yeah! no regresará a la ciudad hasta octubre. Por su parte, la Xunta de Galicia ha programado pequeños conciertos al amparo del Xacobeo, pero la capital ourensana se queda sin una oferta pública reconocible durante el estío.

Sin conciertos ni agenda cultural, Ourense se vacía y los negocios que no están en el casco viejo o carecen de terraza se vuelven insostenibles. Con menos público, los cierres se multiplican.

La hostelería, al borde del cierre

La ausencia de actividad cultural golpea a una hostelería que necesita el movimiento generado por conciertos y festivales. Sin citas que lleven gente a la calle, la ciudad pierde tránsito y numerosos negocios optan por reducir horarios o bajar la persiana en julio y agosto. El problema es especialmente duro para los establecimientos sin espacio exterior.

“La pauta desde hace varios años es que, a partir de junio, los negocios de hostelería que no están en el casco viejo o no tienen terraza son insostenibles en verano”, explica Isaac Pedrouzo, responsable del Torgal. A su juicio, desde la pandemia se ha consolidado esta dinámica de consumo que deja en una posición muy débil a numerosos locales.

Se crea así un círculo vicioso. Sin conciertos ni iniciativas culturales, Ourense se vacía y cae la clientela. Con menos público, los negocios suspenden actividades, reducen personal o cierran hasta septiembre. El parón no solo afecta a las salas que programan música, sino también a restaurantes y bares que podrían beneficiarse del público atraído por una agenda cultural estable. Mientras otras ciudades emplean el verano para generar actividad y consumo, Ourense deja escapar ese impacto económico y empuja a parte de su hostelería al cierre.

El Laboratorio Gallego

La situación de Ourense contrasta con la de otras ciudades gallegas que han hecho de la cultura un motor de atracción turística y dinamización económica durante el verano. A Coruña, Vigo o Santiago de Compostela despliegan programaciones estables con conciertos, teatro y festivales, a menudo cofinanciados por sus ayuntamientos y, en ocasiones, por la Xunta. La capital ourensana, en cambio, carece de una estrategia cultural de temporada, lo que la convierte en un caso de estudio sobre los riesgos de abandonar la política cultural local.

El vacío ourensano también pone el foco sobre el papel de la Xunta de Galicia. El programa Xacobeo, aunque aporta pequeños conciertos, no está diseñado para suplir la inacción de un ayuntamiento. La falta de coordinación entre administraciones agrava el desequilibrio territorial y deja a la tercera capital de provincia en una posición de desventaja frente al resto de Galicia. Este escenario podría replicarse en otros municipios del interior si no se refuerzan las políticas culturales autonómicas.

A nivel nacional, el caso ourensano sirve de aviso: en un país donde el turismo cultural y de interior gana peso, la desinversión en programación pública puede restar competitividad a ciudades medias. La hostelería, principal beneficiaria de esa actividad, es la primera en notar el golpe, y los cierres estivales que se repiten año tras año pueden convertirse en definitivos. La proyección del problema obliga a mirar hacia el próximo Consello de Goberno y a las futuras convocatorias de ayudas al sector cultural.

Ficha del Caso

• El caso: Ourense vive un verano sin programación cultural pública y con una ínfima oferta privada, lo que reduce el tránsito urbano y perjudica gravemente a la hostelería, especialmente a los locales sin terraza.
• Datos importantes: El Concello no organiza conciertos ni teatro en julio y agosto. El Torgal cierra hasta septiembre. Festivales como Ouren Sound Fest y Ou Yeah! se trasladan fuera de la ciudad o se posponen a octubre. La Xunta solo ofrece pequeños conciertos del Xacobeo. La hostelería que no está en el casco viejo o carece de terraza se vuelve insostenible.
• Resumen: La falta de inversión cultural pública y privada en Ourense agrava la crisis del sector hostelero y pone en riesgo la capacidad de la ciudad para competir con otras capitales gallegas y atraer visitantes. La situación reclama una estrategia cultural más ambiciosa tanto desde el ámbito local como autonómico.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha defendido este lunes el voto en contra del Partido Popular en el Congreso a la proposición que obliga al Gobierno central a financiar el 50 % del gasto en dependencia, una reclamación que el propio PP ha mantenido durante años y que ahora rechaza por falta de «concreción». La decisión ha desatado una tormenta política en Galicia, donde la oposición acusa al PPdeG de incoherencia.

«No hay ninguna incoherencia», ha asegurado Rueda en la rueda de prensa posterior al Consello de Goberno, el órgano colegiado de gobierno de la Xunta que se reúne cada semana en Santiago de Compostela. El presidente gallego ha condicionado cualquier apoyo futuro a que el Ejecutivo central concrete cómo piensa articular esa financiación y, sobre todo, a que salde lo que él cifra en 2.500 millones de euros de deuda acumulada con Galicia desde que la Ley de Dependencia entró en vigor.

Una votación que contradice años de exigencias del PP

La Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados votó la semana pasada una iniciativa para que el Estado asumiera la mitad del coste de la dependencia, una medida que el PP ha reclamado sistemáticamente desde hace más de una década tanto en Galicia como en el resto de comunidades autónomas. El voto en contra de los populares, sumado al de Vox, no impidió que la proposición siguiera su tramitación parlamentaria, pero sí dejó al descubierto un giro difícil de explicar para el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo en el ámbito nacional.

«Ojalá que el Gobierno aporte ese 50 %, porque eso es lo que llevamos pidiendo muchísimo tiempo», ha matizado Rueda, para añadir acto seguido que la exigencia va más allá: el Ejecutivo central debe pagar primero los 2.500 millones que, según la Xunta, adeuda a Galicia por no haber cumplido con su obligación legal de cofinanciar la dependencia durante años.

El presidente gallego ha cargado contra un Gobierno que, en sus palabras, «ni siquiera tiene presupuestos» y que, sin embargo, «ahora resulta que puede pagar todo lo que no fue capaz de pagar estos años». La referencia alude a la prórroga presupuestaria con la que el Ejecutivo central arrastra dificultades para aprobar nuevas cuentas públicas. Rueda insiste en que la Xunta ya aprobó un plan de choque para agilizar la dependencia que el propio Gobierno central mantiene paralizado con un recurso ante el Tribunal Constitucional.

La dependencia es, desde hace una década, el campo de batalla donde la Xunta y el Gobierno central ajustan cuentas que van mucho más allá de los servicios sociales.

La deuda de 2.500 millones, el nuevo argumento de la Xunta

La cifra de 2.500 millones de euros no es nueva en el discurso del Gobierno gallego. La Consellería de Política Social e Igualdade —el departamento autonómico equivalente a una consejería ministerial de servicios sociales— lleva años denunciando que el Estado incumple el principio de cofinanciación al 50 % que establece la propia Ley de Dependencia. Según fuentes de la Xunta consultadas por Moncloa.com, el cálculo se basa en los presupuestos ejecutados por la comunidad autónoma desde 2007, comparados con las transferencias reales recibidas del Imserso.

El argumento tiene recorrido político, pero no ha conseguido prosperar en los tribunales ni en las negociaciones bilaterales con el Ministerio de Derechos Sociales. Rueda ha recordado que desde ese departamento «ya se dijo muchas veces» que se aportaría la mitad del coste, pero «en cuanto empiezas a discutir con los ministerios afectados, te dan unas cuentas que no son ciertas». La desconfianza hacia los números del Gobierno central es un eje del discurso del PPdeG en esta materia.

Mientras tanto, el BNG (el Bloque Nacionalista Galego, principal fuerza de la oposición en el Parlamento de Galicia) ha calificado la postura del PP de «tomadura de pelo» a las familias gallegas que esperan por una prestación. Por su parte, el PSdeG (la federación gallega del PSOE) ha acusado a Rueda de anteponer los intereses partidistas de Feijóo a las necesidades de los dependientes. La votación en el Congreso se ha convertido, en apenas unos días, en munición para una oposición que ve en la dependencia una de las grietas del sólido edificio político del PPdeG.

El Laboratorio Gallego

Lo que ha ocurrido en el Congreso con el voto del PP y la posterior defensa de Alfonso Rueda desde Santiago de Compostela no es un episodio aislado: responde a una estrategia más amplia del PPdeG que Feijóo ha exportado a la política nacional. Galicia lleva años utilizando la financiación autonómica como palanca de presión frente al Gobierno central, con la dependencia como punta de lanza. La reclamación de los 2.500 millones no es solo una cifra: es un relato que permite al PPdeG presentarse como víctima de un maltrato financiero del Estado.

En clave nacional, la jugada es reconocible. Feijóo ha insistido en numerosas ocasiones en que el modelo de gestión gallego —estabilidad presupuestaria, bajadas fiscales selectivas y contención del gasto— es el espejo en el que debería mirarse el conjunto de España. Pero, como se ha visto con el voto sobre dependencia, ese espejo a veces empaña cuando las exigencias históricas chocan con los cálculos de la coyuntura parlamentaria en Madrid. La pregunta que flota en el ambiente es si el PP nacional puede permitirse apoyar medidas que incrementen el gasto del Estado cuando aspira a regresar a La Moncloa con un discurso de austeridad.

El próximo movimiento en este tablero tendrá lugar cuando la proposición complete su tramitación en el Congreso y, si prospera, aterrice en el Senado. Para entonces, la Xunta habrá tenido que decidir si mantiene el pulso o busca una salida negociada. Con un calendario electoral autonómico que apunta a 2028, el PPdeG dispone de margen para gestionar los tiempos, pero no para eludir un debate que afecta a más de 60.000 dependientes gallegos que esperan una prestación o una mejora de la que ya reciben.

Ficha del Caso

• El caso: El PP votó en contra en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de una proposición para que el Gobierno central financie el 50 % del gasto en dependencia, una reclamación histórica que el propio partido ha defendido durante años tanto en Galicia como en el resto de España.
• Datos importantes: Alfonso Rueda cifra en 2.500 millones de euros la deuda acumulada del Estado con Galicia en materia de dependencia. La Xunta aprobó un plan de choque para agilizar el sistema, actualmente recurrido por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.
• Resumen: La votación expone una contradicción entre el discurso histórico del PP sobre dependencia y sus decisiones parlamentarias actuales. Galicia eleva el pulso con el argumento de la deuda acumulada, en una dinámica que Feijóo replica a escala nacional como parte de su estrategia de oposición al Gobierno central.