MoncloaPolítica Española

La flota gallega cierra la campaña de Malvinas con 47.000 toneladas, la mitad que en los mejores años del caladero.

Un cierre anticipado en el Atlántico Sur deja el balance anual en 47.000 toneladas

Los dieciséis arrastreros de las sociedades mixtas con capital vigués ya están amarrados en los muelles de Beiramar, en Vigo. Acaban de cerrar la segunda campaña del año en el caladero de Malvinas con apenas unas 5.000 toneladas de calamar patagónico. En la primera marea habían capturado 42.000. El Gobierno de las islas Falklands, su denominación británica, ordenó el cierre anticipado de la pesquería ante la baja biomasa del recurso.

La suma de las dos campañas deja un balance anual de 47.000 toneladas. Es cerca de la mitad de lo que se alcanza en los buenos años de un caladero clave para la flota de altura española. No es un mal año: es el segundo consecutivo con la segunda marea del ejercicio muy corta.

Las empresas insisten en la vía científica. Mantienen la colaboración con los investigadores y con el propio Gobierno de las islas para esclarecer las causas de esta sucesión de campañas deficientes. Lo resumen con una frase: la ciencia es la única solución. El sector reclama además una respuesta institucional sostenida, porque el problema se repite ya en las segundas mareas de cada año.

El caladero que sostiene a Vigo, entre el clima y las cuentas

Las compañías apuntan a factores bioclimáticos. Sostienen que hay cambios que no afectan solo a estas aguas, sino a escala mundial, y que las zonas próximas a los polos son las primeras en notar los embates del cambio climático. A eso se suma el fenómeno de El Niño, que altera temperaturas y corrientes. La incógnita es si la caída es cíclica o si responde a un desplazamiento estructural del recurso.

Las licencias garantizan a la flota faenar en Malvinas hasta 2047, pero el pago se mantiene incluso cuando el calamar desaparece.

Porque el otro frente es financiero. El último acuerdo de licencias para la pesca del calamar loligo, firmado en 2022 por 25 años, asegura a las sociedades mixtas la explotación del caladero hasta 2047. Ese marco de estabilidad favoreció la renovación de la flota: algunas compañías han destinado hasta 50 millones de euros en los últimos años a modernizar buques. Pero también elevó su exposición financiera.

Las licencias aportan más de 36 millones de libras anuales al Gobierno de Malvinas, prácticamente la totalidad de sus ingresos públicos procedentes de la pesca. El pago no se suspende cuando se decreta el cierre para proteger el recurso, como ocurrió en esta segunda campaña. Menos capturas, mismos costes fijos. La baja biomasa, el cierre anticipado, y el pago comprometido de las licencias forman un cóctel que presiona unas cuentas ya cargadas de inversión.

La flota vinculada a Vigo necesita continuidad operativa para rentabilizar esos barcos nuevos. Sin capturas suficientes, la ecuación se estrecha. Y el calendario no da tregua: la próxima marea, la primera de 2027, arrancará previsiblemente a comienzos de año, con la expectativa de comprobar si el recurso se recupera.

El Laboratorio Gallego

En Galicia, la pesca no es un sector económico más: es una de las pocas materias donde el debate autonómico y el nacional se solapan casi por completo. El PPdeG gobierna la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico, con sede en Santiago de Compostela) con mayorías absolutas desde 2009. El BNG es hoy la primera fuerza de la oposición y el PSdeG mantiene su papel de alternativa socialista. Sobre esa geometría estable, la defensa de la flota de altura funciona como eje transversal: la Consellería do Mar (el equivalente autonómico de un ministerio de Pesca) tiene en el sector uno de sus terrenos más visibles, y el Parlamento de Galicia (la cámara legislativa unicameral gallega, con 75 deputados) lo trata con regularidad.

La lectura nacional es directa. Galicia concentra buena parte de la capacidad de la flota de altura española, y los datos oficiales que publica el IGE sirven de referencia para medir el pulso del sector en todo el país. Cuando un caladero como el de Malvinas se apaga, el golpe se siente en Vigo, pero la conversación posterior aterriza en Madrid y en Bruselas, donde se decide el marco de acceso a aguas de terceros países. La pesca es una de las vías por las que Galicia se proyecta fuera de sus fronteras.

La proyección inmediata pasa por tres fechas. La primera campaña de 2027 dirá si el recurso se recupera; el horizonte del contrato de licencias, hasta 2047, marcará la estrategia inversora de las armadoras; y el debate sobre el cambio climático en los caladeros del Atlántico Sur seguirá sobre la mesa de la comunidad científica y del Gobierno de las islas. La incógnita de fondo es incómoda: si la segunda marea del año se ha vuelto estructuralmente inviable, la flota tendrá que decidir si sostiene el coste de un caladero que ya no rinde como antes.

Ficha del Caso

• El caso: Los 16 arrastreros de sociedades mixtas con capital vigués amarran en Beiramar tras una segunda campaña en Malvinas en mínimos, después de que el Gobierno de las islas ordenara el cierre anticipado por la baja biomasa de calamar patagónico.
• Datos importantes: 47.000 toneladas de balance anual, frente a las 42.000 de la primera campaña y las apenas 5.000 de la segunda. Licencias firmadas en 2022 por 25 años, hasta 2047, con 36 millones de libras anuales de pago. Inversiones de hasta 50 millones de euros en renovación de buques.
• Resumen: La caída de capturas amenaza la rentabilidad de una flota decisiva para Vigo y abre un debate sobre el cambio climático y la gestión de los caladeros del Atlántico Sur, con eco directo en Madrid y Bruselas.

La Guardia Civil de Ourense rastrea móviles económicos en varios incendios forestales y acumula ya más de 20 investigaciones abiertas.

Ourense acumula 20 investigaciones y 16 fuegos esclarecidos desde agosto de 2025

Las pesquisas arrancan en agosto de 2025, cuando la provincia vivió los peores incendios de su historia. Desde entonces, el Instituto Armado ha esclarecido 16 fuegos y ha puesto a 11 personas a disposición judicial, dos de ellas en prisión provisional. La Comandancia de Ourense mantiene abiertas las diligencias bajo un hermetismo absoluto.

El abanico de causas es amplio: imprudencias, venganzas vecinales y piromanía. Sin embargo, los investigadores han detectado indicios que apuntan en otra dirección. Detrás de algunos de estos siniestros podrían esconderse motivaciones económicas, una hipótesis que la Guardia Civil maneja sin haber desvelado todavía su naturaleza exacta.

El teniente coronel Rafael Berguillo, jefe de la Guardia Civil en la provincia, describió este escenario como un cambio de paradigma durante los actos del Día del Pilar, celebrados este lunes en Ourense. Berguillo instó al resto de instituciones implicadas en la lucha contra el fuego a colaborar de forma estrecha con el Instituto Armado. La Comandancia trabaja, además, en una operación coordinada a nivel internacional de la que no han trascendido detalles.

La vigencia de las investigaciones sobre los fuegos de 2025 quedó patente el pasado 28 de julio. Ese día, la Guardia Civil detuvo a un vecino de Monterrei de 63 años como presunto autor de un incendio en la parroquia de Vilar de Cervos, en Vilardevós. El fuego se originó el 13 de agosto de 2025 y obligó a confinar dos poblaciones antes de calcinar 1.800 hectáreas. Los motivos que habrían llevado al detenido a provocarlo siguen sin conocerse.

Los incendios de Ourense ya no se investigan solo como imprudencias o venganzas: la Guardia Civil persigue una trama de intereses económicos que aún no ha desvelado.

La pesquisa se cruza con el debate sobre el modelo forestal gallego

Galicia es una de las comunidades con mayor siniestralidad de España, y Ourense concentra buena parte de los fuegos de interior. El minifundio, la dispersión de las aldeas y una masa forestal sin gestión ordenada explican esa vulnerabilidad. La investigación es la última fase del ciclo: antes están la prevención y la extinción, que cada verano moviliza a cientos de efectivos. La Xunta de Galicia coordina ambos frentes a través de la Consellería do Medio Rural.

El cambio de paradigma que describe Berguillo tiene que ver con eso. Si detrás de los fuegos hay un móvil económico, el incendio deja de ser un accidente o un delito aislado y se convierte en un negocio. Eso cambia el enfoque policial y, de paso, el político. La operación internacional que coordina la Comandancia apunta en esa dirección, aunque la Guardia Civil no ha ofrecido más información.

El PPdeG sostiene que el sistema gallego de extinción, profesionalizado y con medios aéreos propios, es uno de los más eficaces del país. El PSdeG reclama, en cambio, más inversión en prevención y en ordenación del territorio, y advierte de que sin gestión de la biomasa los fuegos seguirán repitiéndose. El debate, recurrente cada verano, vuelve ahora con un ingrediente nuevo: la sospecha de que alguien pueda estar lucrándose con el fuego.

El Laboratorio Gallego

El caso de Ourense ilustra algo que en Galicia se conoce bien: los incendios son, además de una catástrofe, un asunto político de primer orden. La Xunta, gobernada por el PPdeG con mayoría absoluta desde 2009, ha hecho de la gestión de emergencias una seña de identidad. El BNG, primera fuerza de la oposición, y el PSdeG llevan años reclamando un cambio de modelo que priorice la prevención sobre la extinción.

La dimensión nacional es evidente. El PP ha presentado el modelo gallego de gestión de incendios como referencia para otras comunidades, y el resultado de estas investigaciones puede convertirse en un argumento de doble filo. Si se confirma que hay tramas económicas detrás de los fuegos, la pregunta ya no será solo cómo se apaga el fuego, sino quién se beneficia de que empiece.

La proyección es clara. La Comandancia de Ourense seguirá con sus pesquisas bajo secreto, y la operación internacional podría deparar novedades en las próximas semanas. Mientras tanto, el Parlamento de Galicia afrontará un otoño en el que la política forestal volverá a estar sobre la mesa. En Galicia, el fuego nunca es solo fuego.

Ficha del Caso

• El caso: La Guardia Civil de Ourense investiga más de una veintena de incendios forestales y rastrea posibles móviles económicos detrás de algunos de ellos.
• Datos importantes: Más de 20 investigaciones desde agosto de 2025, 16 fuegos esclarecidos, 11 personas a disposición judicial y dos en prisión provisional. El 28 de julio de 2026 fue detenido un vecino de Monterrei por un fuego de 1.800 hectáreas originado el 13 de agosto de 2025.
• Resumen: La sospecha de intereses económicos reabre el debate sobre el modelo forestal gallego y su proyección en la política nacional.

Ourense constituyó 23 sociedades mercantiles en agosto, un 28,1% menos que un año antes, mientras Galicia y España crecían.

Ourense pincha en agosto: 23 sociedades y un 28,1% menos

El dato procede del INE (el Instituto Nacional de Estadística) y lo recoge la prensa provincial. Frente a las 32 empresas creadas en agosto de 2025, este año han sido nueve menos. Es el segundo peor agosto ourensano de los últimos cinco años, solo por encima de las 17 sociedades de 2024. En un mes flojo por definición para constituir empresas, la provincia ha vuelto a pinchar justo cuando el resto del país aceleraba.

La serie histórica ayuda a calibrar el golpe. Ourense tocó techo en agosto de 2017, con 33 sociedades, y repitió 32 en 2016 y en 2025. En el otro extremo, agosto de 2019 dejó el mínimo de los últimos trece años con apenas 13 constituciones. La cifra de este año se instala en la zona baja de esa horquilla, que lleva una década moviéndose entre trece y treinta y tres empresas por agosto. Veintitrés sociedades no son una anomalía puntual. Son la confirmación de un suelo.

Hay un segundo dato que explica mejor que el primero lo que ocurre. Las 23 sociedades ourensanas representan el 7,9% de las constituidas en Galicia, cuando un año antes suponían el 11,7%. La provincia pierde cuota dentro de su propia comunidad mientras el conjunto autonómico gana empresas. La brecha no se abre contra España; se abre dentro de Galicia, entre el eje atlántico y una Ourense que se descuelga.

Ahí está el nudo. Ourense es la provincia más envejecida de Galicia y una de las más envejecidas de España, y arrastra un problema de base demográfica que ningún dato trimestral corrige. Emprender exige relevo generacional, tejido industrial y músculo financiero, y las tres cosas se concentran hoy en el eje atlántico. La estadística de sociedades mide justamente eso: quién tiene relevo y quién no.

El desplome de Ourense no es tanto un problema de emprendedores como de base demográfica sobre la que emprender.

Galicia sube un 5,8% y España firma su mejor agosto en trece años

El contraste se mide en el agregado. Galicia cerró agosto con 290 nuevas sociedades mercantiles, un 5,8% más que las 274 de agosto de 2025. Es el tercer mejor agosto gallego desde 2014, solo por detrás de las 303 de 2016 y las 299 de 2017. La comunidad encadena así una evolución positiva después de los 274 registros de 2024 y de 2025.

España va en la misma dirección y con algo más de fuerza. El país constituyó 7.526 sociedades mercantiles, un 5,7% más que las 7.119 del año anterior. Es el mejor agosto de toda la serie estadística, que arranca en 2014, por encima incluso de las 6.886 de 2024, y de las 6.614 de 2023. Desde agosto de 2022, cuando se contabilizaron 5.910, la cifra acumula un crecimiento del 27,3%. Los datos provinciales pueden consultarse en la web del Instituto Nacional de Estadística.

El promedio engaña. El dato gallego mejora, sí, pero lo sostienen las provincias atlánticas mientras Ourense se hunde un 28,1%. Galicia crece por lo que crecen Vigo y A Coruña, no por lo que crece el conjunto. La misma fotografía que el INE repite mes a mes en el empleo o en la natalidad aparece ahora en la constitución de empresas, y conviene mirarla provincia a provincia antes de sacar conclusiones de bloque.

El Laboratorio Gallego

Trasladar una caída provincial al debate nacional exige, primero, situar el tablero. La Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela) está en manos del PPdeG, que encadena mayorías absolutas desde 2009 y gobierna con Alfonso Rueda al frente. En el Parlamento de Galicia, la cámara legislativa unicameral de 75 deputados, el BNG de Ana Pontón ejerce como primera fuerza de la oposición y el PSdeG ocupa la tercera posición. Los tres partidos leen los datos económicos como termómetro de gestión: el PPdeG como aval, el BNG y el PSdeG como recordatorio de que la media autonómica tapa fracturas territoriales. El calendario de la cámara puede seguirse en parlamentodegalicia.es.

La dimensión nacional también está servida. Alberto Núñez Feijóo ha citado en varias ocasiones la evolución económica gallega como aval de su gestión, y estos datos se lo permiten en el agregado: Galicia crece un 5,8%, ligeramente por encima del 5,7% español. La foto provincial, sin embargo, matiza el argumento, y ninguna declaración conocida del líder del PP se ha detenido en el caso ourensano. Es la paradoja habitual del modelo gallego como escaparate: aguanta en la media, se agrieta en los márgenes.

La proyección es concreta. La próxima entrega mensual del INE, con los datos de septiembre, dirá si agosto fue un bache o el arranque de una tendencia. El debate presupuestario de la Xunta para 2027, que se tramita en el Parlamento de Galicia este otoño, será la primera oportunidad política de medir qué respuestas se ofrecen al interior. Y la incógnita no cambia: si Galicia presume de crecimiento, tendrá que explicar por qué el 7,9% de sus empresas nuevas nacen en la provincia que pierde población.

Ficha del Caso

• El caso: Ourense constituyó 23 sociedades mercantiles en agosto de 2026, nueve menos que en agosto de 2025, mientras Galicia y España aumentaban sus registros.
• Datos importantes: Caída del 28,1% en Ourense; Galicia sube un 5,8% hasta 290 sociedades; España crece un 5,7% hasta 7.526, su mejor agosto desde 2014. Ourense pasa del 11,7% al 7,9% del total gallego.
• Resumen: El promedio autonómico mejora, pero la brecha territorial se agranda. La lectura nacional pasa por saber si el modelo gallego que el PP cita como aval resiste cuando se mira provincia a provincia.