Cada día, las cajas de los supermercados en España han incorporado una nueva práctica que se ha normalizado casi sin darnos cuenta: las campañas de donación solidaria por redondeo de céntimos o aportaciones espontáneas en el momento de pagar. En medio de la rutina de la compra, la OCU, la reconocida organización de consumidores, ha puesto el foco sobre este tipo de iniciativas que, bajo el pretexto de la solidaridad, podrían estar escondiendo prácticas poco transparentes y, en muchos casos, ventajosas para las propias empresas. Lo que parece una sencilla invitación a apoyar una causa noble puede transformarse en una trampa perfectamente legal pero, a la vez, muy lejos de la transparencia que cabría esperar de quienes gestionan nuestro dinero.
La realidad es que, en el fragor del día a día, pocos se paran a analizar qué ocurre realmente con esos céntimos donados o si el beneficio recae íntegramente donde se nos promete. Lo más preocupante es que, según la OCU, muchas de estas campañas encubren una falta de claridad para el consumidor y, sobre todo, escasos controles sobre el destino final del dinero recaudado. Mientras tanto, las grandes superficies aprovechan el gesto solidario para mejorar su imagen y, en algunos casos, incluso obtener beneficios fiscales, todo ello sin que dicha información se comparta abiertamente con el cliente.
LA TRAMPA DEL REDONDEO: CUANDO NADA ES LO QUE PARECE
En los últimos años, el famoso «¿quieres donar el redondeo de tu compra a una causa solidaria?» se ha hecho tan cotidiano que pocas veces se cuestiona su verdadera naturaleza. Lo que la OCU advierte es que, aunque la propuesta suene altruista y solidaria, existen flecos importantes en cuanto a la información que se da al cliente. Muchas veces, los consumidores no tienen acceso a detalles claros y precisos sobre el destino de ese dinero, ni sobre los porcentajes realmente destinados a los fines benéficos anunciados.
El procedimiento es sencillo: al pagar, se pregunta si se quiere redondear el importe final, normalmente al euro más cercano, para donar esos céntimos a una supuesta causa solidaria. Se asume de forma tácita que, al aceptar, se está colaborando directamente y de manera íntegra, pero según la OCU, este mecanismo puede esconder irregularidades perfectamente legales. El principal problema radica en la falta de transparencia, ya que el consumidor desconoce, en la mayoría de los casos, la trazabilidad de esa donación.
BENEFICIOS FISCALES Y FALTA DE TRANSPARENCIA: EL DOBLE JUEGO
Lo que pocas personas saben es que muchas de estas campañas, además de recaudar fondos con la complicidad del cliente, generan jugosos beneficios fiscales a las empresas. La OCU señala que algunas cadenas se benefician no solo de la buena imagen proyectada por su «responsabilidad social», sino también de deducciones que la ley prevé para donaciones a entidades solidarias. Sin embargo, ese incentivo rara vez se comparte con quienes han sido los verdaderos donantes: los propios clientes.
El detalle importante es que, muchas veces, el consumidor dona pensando que su aportación va directamente a la causa y desconoce que la empresa presentará todo el importe recaudado como si fuese una donación propia. Esto comporta que, según la OCU, quien realmente obtiene dicho beneficio fiscal es la empresa intermediaria, mientras el cliente, que ha sido el auténtico donante, queda excluido de cualquier deducción fiscal o reconocimiento. Sin esa información clara, el sistema se convierte en un «gancho» que no siempre cumple con la ética ni con la transparencia esperadas.
OCU Y SU LUCHA CONTRA LAS “ESTAFAS LEGALES”
La OCU lleva años advirtiendo de estas prácticas, subrayando que una estafa legal no deja de ser una acción engañosa aunque se ampare en la normativa vigente. El gran problema, tal como advierte la OCU, es la escasez de controles y auditorías públicas que garanticen al consumidor que el dinero recaudado llega realmente a los destinatarios anunciados. En ocasiones, las campañas no ofrecen información clara sobre las cantidades donadas, ni sobre los proyectos que respaldan ni, mucho menos, sobre los plazos y porcentajes de ejecución.
Mientras estas iniciativas consiguen asociar la marca a valores solidarios, los controles son laxos y las auditorías, casi inexistentes. La OCU insiste en la necesidad de una regulación más estricta que obligue a los supermercados y grandes cadenas a informar con claridad y a detallar el destino de cada euro donado bajo este sistema de redondeo. Esta exigencia no solo responde a una cuestión ética, sino también a la defensa del consumidor y a la transparencia que debería imperar en estas campañas solidarias.
LA INFORMACIÓN QUE NO LLEGA AL CONSUMIDOR
Muchos de los clientes que, movidos por un impulso solidario, aceptan donar esos céntimos desconocen el devenir de su pequeña ayuda. La OCU recalca que la falta de datos concretos y el hermetismo en torno al proceso hacen que el consumidor no tenga certezas sobre la aplicación real de su dinero. Según la experiencia de la organización, en numerosas ocasiones ni siquiera se puede conocer la cantidad total recaudada, ni comprobar que el destino sea el prometido por la campaña.
Además, existe otro fenómeno: la «opacidad automatizada», que se da cuando la donación se realiza de forma automática y ni siquiera se informa en el ticket final. Esto provoca, argumenta la OCU, que mucha gente ni siquiera sea consciente de que ha donado, dificultando aún más la trazabilidad y la confianza en el sistema. La transparencia, según la OCU, es un derecho básico del consumidor que está siendo vulnerado en muchas de estas campañas de donación en caja.
¿SOLIDARIDAD O MARKETING? UNA DISTINCIÓN NECESARIA
Las campañas de donación en caja combinan dos ingredientes muy potentes: el impulso emocional del consumidor y la habilidad de las empresas para capitalizar ese gesto en beneficio propio. Según la OCU, el límite entre la solidaridad genuina y el marketing encubierto es cada vez más difuso, y esa es la verdadera raíz del problema dentro del mercado español. El consumidor español, además de solidario, demanda transparencia y honestidad en las acciones responsables impulsadas por los comercios.
No se trata de rechazar la solidaridad ni de poner en duda el espíritu altruista del consumidor, sino de exigir que, si se canaliza a través de empresas, estas deben garantizar transparencia, información y ausencia de engaños. La OCU insta a que se legisle para que las cadenas que promueven estas donaciones informen claramente sobre la cantidad recaudada, el destino concreto y los posibles beneficios fiscales derivados de la recaudación. Solo así, la verdadera solidaridad dejará de estar bajo sospecha y quien dona podrá confiar, de nuevo, en que su gesto llega íntegramente a aquellos que lo necesitan.
