El DOJ investiga a ABC, CBS, CNN, NBC y Fox por boicotear el pool de prensa de la Casa Blanca bajo la Sherman Act

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EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Departamento de Justicia ha confirmado una investigación criminal contra cinco grandes cadenas de televisión por boicotear el pool de prensa de la Casa Blanca.
  • ¿Quién está detrás? La División Antimonopolio del DOJ, que aplica la Sección 1 de la Sherman Act, la ley de 1890 que prohíbe los pactos entre competidores para restringir el comercio.
  • ¿Qué impacto tiene? El acceso directo a la información de la Casa Blanca —aranceles, defensa, política exterior— queda en el aire para las corresponsalías españolas acreditadas en Washington.

El Departamento de Justicia confirma una investigación criminal contra cinco grandes cadenas por boicotear el pool de prensa de la Casa Blanca.

Cinco cadenas, un comunicado conjunto y la sombra de la Sherman Act

Las afectadas son ABC, CBS, CNN, NBC y Fox News. Las cinco anunciaron en septiembre, en un comunicado conjunto, que no retomarían sus turnos de cobertura en el pool, el grupo reducido de periodistas que acompaña al presidente y comparte después su relato común con con el resto de la prensa acreditada. El detonante fue el veto de Donald Trump a tres medios por lo que la Casa Blanca calificó de información falsa.

La confirmación llegó de un portavoz del Departamento de Justicia: ‘Los miembros del pool de prensa televisiva han boicoteado la cobertura de actos de la Casa Blanca. Los boicots de grupo entre competidores comerciales pueden vulnerar la Sherman Act’. ‘La División Antimonopolio se limita a investigar si estas organizaciones informativas han infringido las leyes de competencia’, añadió. El expediente lo avanzó en primer lugar el medio estadounidense Blaze Media y no hay, por ahora, cargos presentados.

El soporte legal es la Sección 1 de la Sherman Act, la norma de 1890 que prohíbe todo contrato, combinación o conspiración para restringir el comercio. La doctrina del group boycott —el boicot conjunto de varios competidores— es una de las figuras clásicas del derecho antimonopolio americano, y los tribunales la han mirado con lupa cuando el acuerdo entre rivales sirve para negar a alguien un insumo esencial.

La Casa Blanca sostiene otra lógica. Los abogados del presidente argumentaron en un escrito que los tres medios vetados no cumplían los estándares de profesionalidad y decoro exigidos a quienes tienen acceso al complejo presidencial. ‘No los quiero en mi despacho. No los quiero aquí’, dijo Trump. ‘El veto es porque son noticias falsas, no pueden escribir la verdad.’

El pulso entre la Casa Blanca y las cadenas ya no es una disputa de acceso: es un expediente antimonopolio con la Sherman Act como argumento.

Hay un detalle que conviene retener: entre las cinco investigadas está Fox News, la cadena de referencia del electorado conservador. El expediente no distingue línea editorial. Alcanza a todas las firmantes del comunicado de septiembre.

Lo que el pulso del pool le cuesta a la corresponsalía española

antimonopolio medios

Para el lector español, la pregunta no es quién gana en Washington, sino qué se deja de saber mientras dura el conflicto. El pool existe precisamente para eso: cuando el presidente habla en el Despacho Oval, o en el Air Force One, el grupo reducido que entra comparte después un relato común con el resto de la prensa acreditada. Las corresponsalías españolas —de EFE a TVE— dependen de ese canal para cubrir asuntos que llegan a Madrid con nombre y apellidos: aranceles, defensa, OTAN.

Si el mecanismo se rompe o se convierte en moneda de cambio política, el coste no lo paga solo la prensa americana. Lo paga la información que recibe el contribuyente español sobre decisiones que tocan su factura energética o el precio de un coche.

En paralelo, el caso tiene una derivada europea. La Ley de Defensa de la Competencia española y el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE castigan la misma conducta: pactos entre operadores que restrinjan la competencia. La diferencia es de método. En Europa, un boicot colectivo se resuelve con expediente administrativo y multa; en Estados Unidos, la Sherman Act abre la puerta a responsabilidad penal.

La Lógica de Washington

¿Por qué el Departamento de Justicia entra en un conflicto que, en apariencia, es una pelea de acceso y no de mercado? La respuesta corta es que la Sherman Act lleva más de un siglo sirviendo para todo lo que se parezca a un pacto entre rivales: cinco cadenas que deciden de forma conjunta no cubrir al presidente encajan en esa definición. La respuesta larga tiene que ver con la historia, y el precedente más cercano no es un caso de aranceles ni de tecnológicas, sino el del propio Associated Press en 1945.

Aquel año, el Tribunal Supremo americano dictaminó que las reglas internas de la agencia —que impedían vender información a emisoras competidoras— vulneraban la Sherman Act. Y dejó un criterio que hoy vuelve a estar de actualidad: la Primera Enmienda no inmuniza a la prensa frente a la ley de la competencia. Desde entonces, el derecho antimonopolio ha estado disponible para cualquier administración, republicana o demócrata, cuando ha querido meter mano en el negocio informativo.

La teoría jurídica, sin embargo, tiene una grieta. Un boicot clásico busca negar un producto a un rival dentro de un mercado. Aquí, lo que se niega es la participación en un acuerdo logístico con la propia Administración. Definir el mercado afectado y quién resulta perjudicado no es sencillo, y por eso el expediente puede quedarse en diligencias previas o desembocar en un pulso constitucional de años.

En esta redacción entendemos que Washington ha convertido una disputa de pasillo en un asunto de expediente. Los Comités Judiciales del Congreso pueden reclamar audiencias, las cadenas pueden defenderse con argumentos de Primera Enmienda y el calendario judicial se extenderá más allá del actual mandato presidencial. Mientras tanto, cada rueda de prensa sin pool es información que llega tarde y peor a Madrid.

Ficha del Caso

  • El caso: El Departamento de Justicia investiga penalmente a ABC, CBS, CNN, NBC y Fox News por negarse en bloque a cubrir el pool de prensa de la Casa Blanca tras el veto presidencial a tres medios.
  • Datos clave: Cinco cadenas investigadas; base legal, la Sección 1 de la Sherman Act; el plante se anunció en un comunicado conjunto en septiembre. La División Antimonopolio no ha presentado cargos ni ha detallado el alcance del expediente.
  • Para España: El pool es la vía por la que las corresponsalías españolas acceden a la información directa de la Casa Blanca sobre aranceles, defensa y política exterior.

El BOE fija el riesgo volcánico de Canarias: La Palma delimitará zonas de peligro y revisará sus planes

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El BOE ha publicado la Orden INT/1071/2026, de 7 de octubre, que sustituye la directriz estatal vigente desde 1996 y obliga a Canarias a revisar sus planes de emergencia volcánica.
  • ¿Quién está detrás? La norma la impulsa el Gobierno de España; su aplicación recae en el Gobierno de Canarias y en el Cabildo de La Palma.
  • ¿Qué impacto tiene? La isla deberá delimitar por primera vez las zonas de peligro volcánico y decidir dónde pueden levantarse hospitales, carreteras o puertos.

El BOE fija en un 77,69% la probabilidad de una nueva erupción volcánica en Canarias durante los próximos 50 años.

La Orden INT/1071/2026, de 7 de octubre, sustituye la directriz estatal vigente desde 1996 y concede cuatro años —hasta octubre de 2030— para adaptar los planes de protección civil. El texto aterriza con crudeza en La Palma, donde la erupción del volcán Tajogaite, en 2021, dejó al descubierto que el territorio seguía sin una zonificación preventiva de carácter general. La directriz obliga a decidir por escrito dónde no se construye.

Una probabilidad del 77,69% y un plazo de cuatro años

El documento recoge una probabilidad del 77,69% de que se produzca al menos una erupción en el archipiélago en medio siglo, una estimación basada en la actividad histórica de las islas que equivale a un periodo medio de recurrencia de 33 años. Ese porcentaje se refiere al conjunto de Canarias y no permite determinar dónde ni cuándo será la próxima erupción. Por eso la directriz exige incorporar mapas de susceptibilidad y peligrosidad volcánica, identificar las áreas más expuestas y evaluar las consecuencias sobre la población, las edificaciones y las infraestructuras estratégicas.

La normativa dispone que los análisis de peligrosidad incluidos en los planes de protección civil deberán ser considerados por las administraciones competentes en el planeamiento, y la ordenación de los usos del suelo. Afecta a la ubicación de hospitales, carreteras principales, puertos y redes de abastecimiento. No prohíbe por sí misma ninguna construcción: entrega el marco para que esas limitaciones entren en los instrumentos de ordenación. Sin zonificación, la norma se queda en una declaración de intenciones.

En La Palma esa tarea sigue pendiente. Existen estudios y cartografía que identifican niveles de peligrosidad, pero la isla nunca ha llegado a establecer en en su planeamiento una delimitación general y vinculante de dónde no deben levantarse nuevas infraestructuras esenciales. El Cabildo ha empezado a abordarlo con la modificación del PIOLP (el Plan Insular de Ordenación, el instrumento que regula el uso del suelo en toda la isla), cuyo borrador plantea orientar las nuevas construcciones hacia zonas de menor peligrosidad.

En La Palma no falta ciencia sobre el volcán: falta el mapa que decida qué no se construye y dónde.

El Cabildo también debe elaborar y tramitar su Plan de Actuación frente al Riesgo Volcánico, que se integrará en el PEVOLCA (el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias, cuya actualización corresponde al Ejecutivo autonómico). El documento insular pasó por información pública hasta el pasado 25 de marzo. Su aprobación definitiva sigue sin llegar.

Gases, desprendimientos y los vecinos que aún no han vuelto

La nueva normativa incorpora una mayor atención a los gases volcánicos, las deformaciones del terreno y los desprendimientos, peligros que pueden persistir después de una erupción. La experiencia de Puerto Naos y La Bombilla, donde la presencia de dióxido de carbono prolongó las restricciones de acceso una vez terminada la actividad eruptiva, explica por qué estos escenarios entran ahora en la planificación.

El cambio se mide en decisiones concretas: dónde se ubica un centro de salud, por dónde discurre una carretera o qué barrios se consideran seguros. Dónde se ubica un hospital ya no es una decisión neutral. El nuevo marco concede hasta octubre de 2030 para adaptar los planes, un calendario que coincide con la necesidad de cerrar la planificación insular de emergencias.

El Pulso Territorial

Canarias gobierna en coalición desde 2023, con Fernando Clavijo al frente del Ejecutivo autonómico y el PP como socio. La erupción de 2021 dejó una lección incómoda: la respuesta fue rápida, pero la prevención había sido tardía. El volcán Tajogaite obligó a evacuar a miles de vecinos y sepultó cientos de viviendas y explotaciones agrícolas.

Entre las comunidades que cubrimos, Canarias es la única con riesgo volcánico, pero la lección trasciende el archipiélago: en Murcia, la normativa sísmica se reforzó después del terremoto de Lorca, de 2011. La pauta se repite: la planificación llega detrás del desastre. La diferencia, esta vez, es que hay un calendario. La adaptación no estará lista antes de las elecciones autonómicas de 2027. El principal riesgo es que la zonificación se quede en papel: la directriz no prohíbe construir, solo obliga a considerar los análisis de riesgo.

Ficha Autonómica

  • El caso: El BOE publica una nueva directriz de riesgo volcánico que obliga a Canarias a revisar sus planes de emergencia y a La Palma a delimitar, por primera vez, las zonas de peligro.
  • Datos importantes: 77,69% de probabilidad de erupción en 50 años; recurrencia media de 33 años; Orden INT/1071/2026, de 7 de octubre; plazo de adaptación hasta octubre de 2030.
  • Resumen: Canarias y el Cabildo de La Palma tienen cuatro años para actualizar el PEVOLCA y el plan insular. La zonificación vinculante del suelo sigue pendiente.

La Guardia Civil rastrea móviles económicos en los incendios forestales de Ourense: 20 investigaciones abiertas

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La Guardia Civil de Ourense rastrea móviles económicos en varios incendios forestales y acumula ya más de 20 investigaciones abiertas.

Ourense acumula 20 investigaciones y 16 fuegos esclarecidos desde agosto de 2025

Las pesquisas arrancan en agosto de 2025, cuando la provincia vivió los peores incendios de su historia. Desde entonces, el Instituto Armado ha esclarecido 16 fuegos y ha puesto a 11 personas a disposición judicial, dos de ellas en prisión provisional. La Comandancia de Ourense mantiene abiertas las diligencias bajo un hermetismo absoluto.

El abanico de causas es amplio: imprudencias, venganzas vecinales y piromanía. Sin embargo, los investigadores han detectado indicios que apuntan en otra dirección. Detrás de algunos de estos siniestros podrían esconderse motivaciones económicas, una hipótesis que la Guardia Civil maneja sin haber desvelado todavía su naturaleza exacta.

El teniente coronel Rafael Berguillo, jefe de la Guardia Civil en la provincia, describió este escenario como un cambio de paradigma durante los actos del Día del Pilar, celebrados este lunes en Ourense. Berguillo instó al resto de instituciones implicadas en la lucha contra el fuego a colaborar de forma estrecha con el Instituto Armado. La Comandancia trabaja, además, en una operación coordinada a nivel internacional de la que no han trascendido detalles.

La vigencia de las investigaciones sobre los fuegos de 2025 quedó patente el pasado 28 de julio. Ese día, la Guardia Civil detuvo a un vecino de Monterrei de 63 años como presunto autor de un incendio en la parroquia de Vilar de Cervos, en Vilardevós. El fuego se originó el 13 de agosto de 2025 y obligó a confinar dos poblaciones antes de calcinar 1.800 hectáreas. Los motivos que habrían llevado al detenido a provocarlo siguen sin conocerse.

Los incendios de Ourense ya no se investigan solo como imprudencias o venganzas: la Guardia Civil persigue una trama de intereses económicos que aún no ha desvelado.

La pesquisa se cruza con el debate sobre el modelo forestal gallego

Galicia es una de las comunidades con mayor siniestralidad de España, y Ourense concentra buena parte de los fuegos de interior. El minifundio, la dispersión de las aldeas y una masa forestal sin gestión ordenada explican esa vulnerabilidad. La investigación es la última fase del ciclo: antes están la prevención y la extinción, que cada verano moviliza a cientos de efectivos. La Xunta de Galicia coordina ambos frentes a través de la Consellería do Medio Rural.

El cambio de paradigma que describe Berguillo tiene que ver con eso. Si detrás de los fuegos hay un móvil económico, el incendio deja de ser un accidente o un delito aislado y se convierte en un negocio. Eso cambia el enfoque policial y, de paso, el político. La operación internacional que coordina la Comandancia apunta en esa dirección, aunque la Guardia Civil no ha ofrecido más información.

móviles económicos incendios

El PPdeG sostiene que el sistema gallego de extinción, profesionalizado y con medios aéreos propios, es uno de los más eficaces del país. El PSdeG reclama, en cambio, más inversión en prevención y en ordenación del territorio, y advierte de que sin gestión de la biomasa los fuegos seguirán repitiéndose. El debate, recurrente cada verano, vuelve ahora con un ingrediente nuevo: la sospecha de que alguien pueda estar lucrándose con el fuego.

El Laboratorio Gallego

El caso de Ourense ilustra algo que en Galicia se conoce bien: los incendios son, además de una catástrofe, un asunto político de primer orden. La Xunta, gobernada por el PPdeG con mayoría absoluta desde 2009, ha hecho de la gestión de emergencias una seña de identidad. El BNG, primera fuerza de la oposición, y el PSdeG llevan años reclamando un cambio de modelo que priorice la prevención sobre la extinción.

La dimensión nacional es evidente. El PP ha presentado el modelo gallego de gestión de incendios como referencia para otras comunidades, y el resultado de estas investigaciones puede convertirse en un argumento de doble filo. Si se confirma que hay tramas económicas detrás de los fuegos, la pregunta ya no será solo cómo se apaga el fuego, sino quién se beneficia de que empiece.

La proyección es clara. La Comandancia de Ourense seguirá con sus pesquisas bajo secreto, y la operación internacional podría deparar novedades en las próximas semanas. Mientras tanto, el Parlamento de Galicia afrontará un otoño en el que la política forestal volverá a estar sobre la mesa. En Galicia, el fuego nunca es solo fuego.

Ficha del Caso

  • El caso: La Guardia Civil de Ourense investiga más de una veintena de incendios forestales y rastrea posibles móviles económicos detrás de algunos de ellos.
  • Datos importantes: Más de 20 investigaciones desde agosto de 2025, 16 fuegos esclarecidos, 11 personas a disposición judicial y dos en prisión provisional. El 28 de julio de 2026 fue detenido un vecino de Monterrei por un fuego de 1.800 hectáreas originado el 13 de agosto de 2025.
  • Resumen: La sospecha de intereses económicos reabre el debate sobre el modelo forestal gallego y su proyección en la política nacional.

La Comisión Europea avisa a PP y Vox: la prioridad nacional en vivienda vulnera el derecho comunitario

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Comisión Europea responde al eurodiputado de Compromís Vicent Marzà que la «prioridad nacional» en vivienda y prestaciones sociales vulnera el derecho comunitario.
  • ¿Quién está detrás? El comisario Magnus Brunner firma la respuesta; en España son los gobiernos de PP y Vox quienes impulsan las cláusulas de arraigo.
  • ¿Qué impacto tiene? Bruselas fija un límite de cinco años de residencia para acceder a ayudas y vivienda pública, y se reserva vigilar la tramitación de las leyes autonómicas.

La «prioridad nacional» en vivienda que impulsan PP y Vox incumple el derecho europeo, advierte Bruselas.

La respuesta llegó por escrito y con la firma del comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner. A una pregunta del eurodiputado de Compromís Vicent Marzà, el Ejecutivo comunitario deja claro que reservar vivienda pública y ayudas sociales a quienes acrediten arraigo prolongado tropieza con la normativa europea. La Comisión Europea no habla de opiniones: habla de directivas y de jurisprudencia.

El texto oficial recuerda que la Directiva 2003/109/CE, la norma que regula el estatus de los residentes de larga duración, garantiza la igualdad de trato en «las prestaciones de la seguridad social, de la asistencia social, y de la protección social, y los procedimientos para acceder a la vivienda». Los Estados no pueden imponer un requisito de residencia superior a cinco años, subraya la contestación. Ni los gobiernos centrales ni las comunidades autónomas disponen de margen para endurecer esas condiciones.

La doctrina que cierra la puerta a las cláusulas de arraigo

La Comisión Europea apela al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para desactivar cualquier fórmula que, bajo apariencia neutra, perjudique a los extranjeros. «A menos que esté justificada y sea proporcionada, una disposición de Derecho nacional es indirectamente discriminatoria si afecta intrínsecamente a los nacionales de otros Estados miembros o a los nacionales de terceros países más que a los nacionales del Estado de acogida», recoge la respuesta de Brunner. La Directiva 2000/43/CE no cubre las diferencias por nacionalidad, pero la doctrina consolidada del tribunal sí bloquea los criterios que generan un perjuicio desproporcionado.

En su consulta al Parlamento Europeo, Marzà citaba la incorporación de estas cláusulas en acuerdos de gobierno recientes en España, con el caso de Aragón como ejemplo expreso, y preguntaba si chocan con los artículos 20 y 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Bruselas eludió pronunciarse sobre la ley aragonesa, aún no adoptada, pero confirmó su vigilancia: «La Comisión continuará siguiendo la evolución de la situación para velar por el cumplimiento del Derecho de la UE».

El derecho europeo no admite atajos: la residencia no puede convertirse en un peaje para acceder a una vivienda pública.

De Aragón a la Comunitat Valenciana: el aviso ya tiene destinatarios

El aviso de Bruselas no cae en un vacío. La «prioridad nacional» forma parte del ideario con el que Vox ha condicionado sus pactos de gobierno con el PP en varias comunidades, y la Comunitat Valenciana es uno de los territorios donde esa coalición sostiene el ejecutivo. El Consell de Juanfran Pérez Llorca, el president de la Generalitat desde diciembre de 2025 tras la dimisión de Carlos Mazón por la gestión de la DANA, no ha anunciado por ahora ninguna cláusula de arraigo para la vivienda pública. El debate, sin embargo, ya circula por la agenda autonómica.

El eurodiputado de Compromís ha llevado a Bruselas una discusión que hasta ahora se libraba en los parlamentos autonómicos, y lo ha hecho con una pregunta que obliga a la Comisión a fijar posición por escrito. La formación valencianista mantiene una presencia activa en las instituciones europeas y ha convertido la sede comunitaria en altavoz de los asuntos de la Comunitat. La respuesta de Brunner le da munición argumental.

La advertencia llega en plena pugna por las políticas de vivienda. Varios ejecutivos autonómicos de PP y Vox han situado el acceso a la vivienda pública y a las ayudas entre sus prioridades, y algunas de esas medidas han quedado bajo la lupa de Bruselas.

Comisión Europea vivienda

El Escenario Valenciano

En la Comunitat Valenciana, el pacto de PP y Vox sostiene al Consell que preside Juanfran Pérez Llorca desde el 2 de diciembre de 2025. La coalición mantiene su mayoría pese al desgaste arrastrado por la gestión de la DANA, y el expresident Carlos Mazón, que conserva su acta de diputado en las Corts Valencianes, sigue siendo figura central del proceso judicial abierto por la catástrofe. Compromís, la formación que ha llevado el asunto a Bruselas, tiene ahora un argumento formal con el que presionar al ejecutivo autonómico.

La dimensión nacional no es menor. La «prioridad nacional» vertebra buena parte del discurso territorial del PP y de Vox, y su choque con el derecho europeo coloca a los populares ante una contradicción incómoda: defender en las autonomías lo que Bruselas considera discriminatorio. El Gobierno de Pedro Sánchez puede apoyarse en la respuesta de la Comisión para reforzar su posición en el Congreso, donde la vivienda se ha convertido en uno de los ejes del pulso entre los dos grandes partidos.

Cualquier iniciativa de prioridad nacional que el Consell quisiera impulsar tendría que pasar por las Corts Valencianes, y tendría enfrente el filtro europeo que Bruselas acaba de recordar. El precedente de Aragón, una ley aún en tramitación, marca el camino que la Comisión observa con lupa. En Valencia, la pelota está en el tejado del Consell.

Ficha del Caso

  • El caso: La Comisión Europea recuerda a España que la prioridad nacional en vivienda y ayudas sociales choca con el derecho comunitario.
  • Datos importantes: La Directiva 2003/109/CE garantiza la igualdad de trato en prestaciones y vivienda; los Estados no pueden exigir más de cinco años de residencia. La Comisión vigilará la tramitación de las leyes autonómicas.
  • Resumen: Bruselas fija un tope legal a las cláusulas de arraigo que impulsan los gobiernos de PP y Vox y abre un frente político en la Comunitat Valenciana y en España.

Ourense rompe la tendencia: la creación de empresas cae un 28% en agosto frente al auge de Galicia y España

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Ourense constituyó 23 sociedades mercantiles en agosto, un 28,1% menos que un año antes, mientras Galicia y España crecían.

Ourense pincha en agosto: 23 sociedades y un 28,1% menos

El dato procede del INE (el Instituto Nacional de Estadística) y lo recoge la prensa provincial. Frente a las 32 empresas creadas en agosto de 2025, este año han sido nueve menos. Es el segundo peor agosto ourensano de los últimos cinco años, solo por encima de las 17 sociedades de 2024. En un mes flojo por definición para constituir empresas, la provincia ha vuelto a pinchar justo cuando el resto del país aceleraba.

La serie histórica ayuda a calibrar el golpe. Ourense tocó techo en agosto de 2017, con 33 sociedades, y repitió 32 en 2016 y en 2025. En el otro extremo, agosto de 2019 dejó el mínimo de los últimos trece años con apenas 13 constituciones. La cifra de este año se instala en la zona baja de esa horquilla, que lleva una década moviéndose entre trece y treinta y tres empresas por agosto. Veintitrés sociedades no son una anomalía puntual. Son la confirmación de un suelo.

Hay un segundo dato que explica mejor que el primero lo que ocurre. Las 23 sociedades ourensanas representan el 7,9% de las constituidas en Galicia, cuando un año antes suponían el 11,7%. La provincia pierde cuota dentro de su propia comunidad mientras el conjunto autonómico gana empresas. La brecha no se abre contra España; se abre dentro de Galicia, entre el eje atlántico y una Ourense que se descuelga.

Ahí está el nudo. Ourense es la provincia más envejecida de Galicia y una de las más envejecidas de España, y arrastra un problema de base demográfica que ningún dato trimestral corrige. Emprender exige relevo generacional, tejido industrial y músculo financiero, y las tres cosas se concentran hoy en el eje atlántico. La estadística de sociedades mide justamente eso: quién tiene relevo y quién no.

El desplome de Ourense no es tanto un problema de emprendedores como de base demográfica sobre la que emprender.

Galicia sube un 5,8% y España firma su mejor agosto en trece años

sociedades mercantiles Ourense

El contraste se mide en el agregado. Galicia cerró agosto con 290 nuevas sociedades mercantiles, un 5,8% más que las 274 de agosto de 2025. Es el tercer mejor agosto gallego desde 2014, solo por detrás de las 303 de 2016 y las 299 de 2017. La comunidad encadena así una evolución positiva después de los 274 registros de 2024 y de 2025.

España va en la misma dirección y con algo más de fuerza. El país constituyó 7.526 sociedades mercantiles, un 5,7% más que las 7.119 del año anterior. Es el mejor agosto de toda la serie estadística, que arranca en 2014, por encima incluso de las 6.886 de 2024, y de las 6.614 de 2023. Desde agosto de 2022, cuando se contabilizaron 5.910, la cifra acumula un crecimiento del 27,3%. Los datos provinciales pueden consultarse en la web del Instituto Nacional de Estadística.

El promedio engaña. El dato gallego mejora, sí, pero lo sostienen las provincias atlánticas mientras Ourense se hunde un 28,1%. Galicia crece por lo que crecen Vigo y A Coruña, no por lo que crece el conjunto. La misma fotografía que el INE repite mes a mes en el empleo o en la natalidad aparece ahora en la constitución de empresas, y conviene mirarla provincia a provincia antes de sacar conclusiones de bloque.

El Laboratorio Gallego

Trasladar una caída provincial al debate nacional exige, primero, situar el tablero. La Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela) está en manos del PPdeG, que encadena mayorías absolutas desde 2009 y gobierna con Alfonso Rueda al frente. En el Parlamento de Galicia, la cámara legislativa unicameral de 75 deputados, el BNG de Ana Pontón ejerce como primera fuerza de la oposición y el PSdeG ocupa la tercera posición. Los tres partidos leen los datos económicos como termómetro de gestión: el PPdeG como aval, el BNG y el PSdeG como recordatorio de que la media autonómica tapa fracturas territoriales. El calendario de la cámara puede seguirse en parlamentodegalicia.es.

La dimensión nacional también está servida. Alberto Núñez Feijóo ha citado en varias ocasiones la evolución económica gallega como aval de su gestión, y estos datos se lo permiten en el agregado: Galicia crece un 5,8%, ligeramente por encima del 5,7% español. La foto provincial, sin embargo, matiza el argumento, y ninguna declaración conocida del líder del PP se ha detenido en el caso ourensano. Es la paradoja habitual del modelo gallego como escaparate: aguanta en la media, se agrieta en los márgenes.

La proyección es concreta. La próxima entrega mensual del INE, con los datos de septiembre, dirá si agosto fue un bache o el arranque de una tendencia. El debate presupuestario de la Xunta para 2027, que se tramita en el Parlamento de Galicia este otoño, será la primera oportunidad política de medir qué respuestas se ofrecen al interior. Y la incógnita no cambia: si Galicia presume de crecimiento, tendrá que explicar por qué el 7,9% de sus empresas nuevas nacen en la provincia que pierde población.

Ficha del Caso

  • El caso: Ourense constituyó 23 sociedades mercantiles en agosto de 2026, nueve menos que en agosto de 2025, mientras Galicia y España aumentaban sus registros.
  • Datos importantes: Caída del 28,1% en Ourense; Galicia sube un 5,8% hasta 290 sociedades; España crece un 5,7% hasta 7.526, su mejor agosto desde 2014. Ourense pasa del 11,7% al 7,9% del total gallego.
  • Resumen: El promedio autonómico mejora, pero la brecha territorial se agranda. La lectura nacional pasa por saber si el modelo gallego que el PP cita como aval resiste cuando se mira provincia a provincia.

El Ayuntamiento de València (PP y Vox) mantiene 10 meses sin pagar las ayudas al alquiler a 550 familias

550 familias de València siguen sin cobrar las ayudas al alquiler que el Ayuntamiento les prometió en enero. Diez meses después, el gobierno municipal de PP y Vox todavía no ha ejecutado la ampliación de crédito que anunció para atender a todos los solicitantes que cumplían los requisitos. Las cifras no cierran.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Ayuntamiento de València comprometió en enero ampliar el crédito para pagar las ayudas al alquiler, pero 550 familias que cumplían los requisitos siguen sin cobrar diez meses después.
  • ¿Quién está detrás? El equipo de gobierno de PP y Vox, con la Concejalía de Urbanismo y Vivienda al frente; Compromís denuncia la parálisis.
  • ¿Qué impacto tiene? Familias en emergencia habitacional se quedan sin un apoyo clave mientras los precios del alquiler suben un 43% desde mayo de 2023.

Diez meses de espera y una ampliación de crédito que nunca llega

A principios de año, el Ayuntamiento de València adjudicó, a través de la Comisión de Valoración de la Delegación de Vivienda, las ayudas municipales al alquiler. Se beneficiaron 1.565 solicitantes. En total, más de 3,17 millones de euros, un 33% más que en 2022, según detalló el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner.

El problema llegó después. 550 solicitantes que cumplían todos los requisitos se quedaron fuera al agotarse el crédito. Eran más del doble de los 262 excluidos en la convocatoria anterior. Detrás de cada expediente hay una familia, un contrato de alquiler, y una espera que no termina.

En el pleno del 27 de enero, Compromís presentó una moción con propuestas para mejorar la atención a los beneficiarios. El concejal valencianista Ferran Puchades denunció que el Ayuntamiento había reducido la dotación presupuestaria y que había convocado las ayudas con carácter bianual.

El Gobierno municipal respondió con una moción alternativa, aprobada en el mismo pleno. En ella se comprometía a «continuar impulsando las actuaciones necesarias desde el Servicio de Vivienda» para otorgar la condición de beneficiarias a quienes quedaron excluidas por agotamiento de crédito.

Comprometido no es sinónimo de pagado: en València, entre una moción plenaria y una transferencia bancaria se han perdido diez meses.

La respuesta municipal: «en tramitación» mientras el ejercicio se agota

En abril de 2026, Puchades volvió a preguntar al regidor de Urbanismo. La respuesta llegó por escrito: «se ha iniciado por parte del Servicio de Vivienda, estando actualmente en tramitación». Con el curso presupuestario ya avanzado, el pago seguía sin producirse.

Fuentes municipales explican que los servicios están comprobando que los 550 solicitantes no han sido adjudicatarios de ayudas de la Generalitat Valenciana, incompatibles con las municipales, y que se han pedido informes a Servicios Sociales para analizar cada caso. La previsión oficial es hacer efectivos los pagos antes de final de año.

Compromís no comparte ese calendario. La formación sostiene que el equipo de gobierno ha movido «centenares de millones de euros en modificaciones presupuestarias» y que, sin embargo, no ha ejecutado la ayuda prometida.

El contexto no ayuda. Los alquileres en València han subido hasta un 43% desde mayo de 2023, según los datos que maneja el grupo municipal. La media mensual supera ya los 1.700 euros. La oferta en régimen de arrendamiento se ha reducido un 30%.

El Escenario Valenciano

En clave valenciana, el caso ilustra una tensión que recorre toda la Comunitat: la vivienda. El Ayuntamiento de València está gobernado por PP y Vox, y la Generalitat, por el mismo pacto. Compromís ha convertido la ejecución de estas ayudas en un termómetro del acuerdo, y el PSPV observa y reclama transparencia.

La dimensión nacional es evidente. La declaración de zona tensionada, recogida en la Ley estatal de Vivienda de 2023, permite limitar los precios del alquiler en los mercados más tensionados. Según el propio debate municipal, la alcaldesa María José Catalá podría haber frenado subidas de hasta 570 euros si hubiera aplicado esa figura en 2023. No lo hizo. El pulso entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los ayuntamientos del PP por la aplicación de la ley es hoy uno de los grandes ejes de la política española.

Queda la proyección: el Ayuntamiento sostiene que pagará antes de que acabe 2026 y la oposición exigirá explicaciones en el próximo pleno. Sobre la mesa sigue pendiente la siguiente convocatoria de ayudas, que determinará si vuelve a haber familias que cumplen los requisitos y se quedan fuera. Diez meses y contando.

Ficha del Caso

  • El caso: El Ayuntamiento de València, de PP y Vox, comprometió en enero ampliar el crédito de las ayudas al alquiler para llegar a 550 solicitantes que cumplían los requisitos. Diez meses después, siguen sin cobrar.
  • Datos importantes: 1.565 beneficiarios adjudicados; más de 3,17 millones de euros en ayudas, un 33% más que en 2022; 550 excluidos, más del doble que en la convocatoria anterior; alquileres un 43% más caros desde mayo de 2023.
  • Resumen: La parálisis municipal choca con una emergencia habitacional creciente y reabre el debate sobre la aplicación de la ley estatal de vivienda y la figura de la zona tensionada.

Abascal sitúa Ceuta como frontera sur de Europa y llama a la alianza con Le Pen

Santiago Abascal sitúa Ceuta como la frontera sur de Europa y llama a una alianza con la Francia de Le Pen. El presidente de Vox ha presentado este martes a Jordan Bardella en Nueva Economía Fórum y ha enmarcado la presión migratoria como una amenaza compartida por todo el continente.

El argumento de Vox: Ceuta no es solo un asunto español

Durante su intervención, recogida por La Gaceta, Abascal ha subrayado que millones de franceses se han reconocido en Bardella y en el proyecto de Marine Le Pen ‘por decir en voz alta, desde muy joven, lo que muchísimos franceses pensaban, probablemente todavía en voz baja’. El acto ha escenificado la sintonía entre Vox y Agrupación Nacional, socios ambos en el grupo Patriotas por Europa.

El líder de Vox ha recordado su visita conjunta a Ceuta el pasado 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional. Allí, sostiene, Jordan Bardella ‘pudo comprobar de primera mano lo que muchos europeos conocen solo por la televisión’. Pudo ver una ciudad española que desde el 30 de julio sigue esperando a que su Gobierno la defienda’, ha añadido.

De ahí su tesis central: la situación en El Tarajal, el paso fronterizo que separa a la ciudad autónoma de Ceuta de Marruecos, no es un asunto exclusivamente español. Abascal lo ha descrito como un problema ‘clarísimamente europeo’, igual que las regularizaciones masivas que atribuye al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Según el argumentario desplegado en el foro, esas regularizaciones habrían traído ‘un terrible efecto llamada’ que perjudica también a los ciudadanos europeos. El presidente de Vox ha defendido que España y Francia comparten, junto a millones de europeos, ‘una misma amenaza’ y que cada vez más países ‘apuestan por las mismas soluciones’.

Vox traslada el debate migratorio de lo nacional a lo europeo: si Ceuta es frontera de Francia, el problema deja de ser solo español.

‘Hemos hecho de nuestra biografía política una defensa diaria de la soberanía nacional, de la identidad nacional y de los intereses nacionales’, ha concluido Abascal ante Bardella.

El impacto: una denuncia que interpela a Bruselas y al Partido Popular

Vox no registra esta vez ninguna iniciativa parlamentaria. Su movimiento es de encuadre: llevar el pulso migratorio de Ceuta al terreno comunitario y forzar a las instituciones europeas a pronunciarse sobre una frontera que, sostiene, también es suya. La delegación de Vox en el Parlamento Europeo, integrada en el grupo Patriotas por Europa, sostiene ese relato.

El encuadre europeo presiona además al Partido Popular. La formación de Alberto Núñez Feijóo queda emplazada a decidir si acompaña el marco comunitario que reclama Vox o mantiene su propio discurso en inmigración. Es una presión por la derecha que ya ha marcado la relación entre las dos formaciones desde la ruptura de los gobiernos de coalición autonómicos.

En paralelo, el mensaje busca instalar que las políticas migratorias del Gobierno tienen consecuencias que exceden las fronteras españolas. Según el diagnóstico que Abascal trasladó en el foro, las regularizaciones masivas han traído colapso a la vivienda y a la sanidad, y alimentan un efecto llamada que, afirma, todavía hoy persiste.

La lectura estratégica: Patriotas por Europa y el pulso por marcar perfil

La elección del escenario no es casual. Nueva Economía Fórum ha servido a Vox para escenificar su alianza con la Francia de Marine Le Pen un día después de la Fiesta Nacional, con la visita a Ceuta como precedente inmediato. La secuencia —12 de octubre en la ciudad autónoma, 13 de octubre en Madrid junto a Bardella— construye un relato de proyección internacional.

El precedente es relevante. Vox lleva tiempo reivindicando que los problemas de soberanía no se resuelven solo en Madrid y ha convertido la cooperación con sus socios europeos en una seña de identidad. Bardella, presidente de Agrupación Nacional y del grupo Patriotas en la Eurocámara, encarna ese eje continental que la dirección de Vox sitúa en el centro de su estrategia.

Queda ahora por medir si ese marco compartido con la Francia de Le Pen se traduce en iniciativas conjuntas en la Eurocámara, el terreno donde Vox quiere librar la batalla migratoria. Mientras, el partido mantiene su diagnóstico: la frontera sur de España es, también, la frontera sur de Europa.

Qué es la LOMLOE y en qué cambia respecto a la LOE: currículo, calendario y conflictos entre el Ministerio y las CC.AA.

La LOMLOE ordena el sistema educativo español desde 2021: modificó la LOE de 2006 y revirtió el modelo de la LOMCE.

Qué es la LOMLOE y qué cambia respecto a la LOE

La LOMLOE es la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, conocida como LOE. Se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 30 de diciembre de 2020 y entró en vigor veinte días después, en enero de 2021.

La norma no sustituye la LOE: la modifica. Conserva la estructura de la ley de 2006 y reescribe sus artículos para revertir los cambios que introdujo la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa). El preámbulo de la LOMLOE sostiene que aquella reforma rompió el equilibrio entre visiones educativas y redujo la participación de la comunidad educativa en el gobierno de los centros. El BOE del 23 de febrero de 2021 publicó una corrección de errores del texto.

Entre los cambios principales, desaparecen los itinerarios de la ESO, las vías de distinto valor educativo que separaban al alumnado, junto con las evaluaciones externas de fin de etapa asociadas a esa diversificación, que nunca llegaron a aplicarse. También se abandona el modelo de materias troncales, específicas y de libre configuración y los estándares de aprendizaje, y los consejos escolares recuperan competencias en la organización de los centros. La ley apela a una escolarización equitativa del alumnado y a los objetivos educativos de la Unión Europea y la UNESCO para la década 2020-2030.

El currículo, el calendario y el reparto de competencias

El currículo es el conjunto de objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación de cada etapa. Lo definen dos administraciones: el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes fija las enseñanzas mínimas y las comunidades autónomas las desarrollan y completan. La LOMLOE recoje el reparto anterior a 2013, que atribuía a la Administración central el 55 % de las competencias curriculares en las comunidades con lengua cooficial y el 65 % en el resto.

Ese equilibrio está en el centro del conflicto político. La ley devuelve a las autonomías capacidad de decisión sobre metodologías, evaluación y ordenación de las enseñanzas que la LOMCE había centralizado, y varias comunidades han anunciado recursos y han trasladado su discrepancia a la Conferencia Sectorial de Educación. Frente a esa lectura, el ministerio defiende que la norma se limita a fijar las enseñanzas mínimas que la Constitución reserva al Estado, en un pulso que gira en torno a el reparto de competencias curriculares.

La LOMLOE devuelve al Estado el 55 % de las competencias curriculares en las comunidades con lengua cooficial y el 65 % en el resto.

El calendario de aplicación también fue escalonado. Los currículos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato no llegaron a la vez: se aprobaron por decreto y cada comunidad los adaptó después a su territorio, de modo que la implantación se completó curso a curso. El despliegue normativo continúa abierto: cualquier nuevo decreto de currículo, evaluación u ordenación académica debe encajarse en el marco de la LOMLOE y se negocia en la Conferencia Sectorial de Educación.

LOMLOE cambios

El Marco Educativo

El soporte jurídico de la LOMLOE es el artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva sobre las normas básicas para el desarrollo del derecho a la educación, junto con la Ley Orgánica 3/2020, que modifica la LOE de 2006. Sobre esa base, el Estado fija las enseñanzas mínimas y las comunidades desarrollan los currículos. El preámbulo de la ley cifra en un 55 % y un 65 % el reparto competencial que la LOMCE había alterado y sitúa ahí el origen del pulso entre administraciones.

El texto afecta al alumnado no universitario, a las familias, al profesorado y a las consejerías de Educación. El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes defiende que la norma garantiza un currículo común y refuerza la equidad, mientras las comunidades gobernadas por el Partido Popular y por Vox reclaman más margen para fijar horarios y contenidos.

Los grupos que respaldaron la tramitación parlamentaria, entre ellos el PSOE y Sumar, sostienen que la ley refuerza la escuela pública y la participación de las familias y el profesorado. Los sindicatos docentes y las asociaciones de familias sitúan la financiación del despliegue, con materiales, refuerzos y horas de coordinación, entre sus principales demandas a las administraciones.

La ley no tiene fecha de caducidad. Mientras siga vigente, los cambios en currículo, evaluación u ordenación de enseñanzas se canalizarán por decreto y por acuerdos en la Conferencia Sectorial de Educación, y cualquier modificación de fondo dependerá de la mayoría parlamentaria. Los conflictos competenciales que siguen abiertos se resolverán, en su caso, ante el Tribunal Constitucional o en la negociación bilateral entre el ministerio y cada comunidad.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: La LOMLOE es la ley orgánica que modifica la LOE de 2006 y revierte los cambios de la LOMCE, vigente desde enero de 2021.
  • Por qué importa: Fija el reparto de competencias curriculares entre el Estado y las comunidades autónomas y ordena el currículo de todas las etapas no universitarias.
  • A quién le importa: A las familias, al alumnado de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP, al profesorado y a las consejerías de Educación.

Los accidentes del puente del Pilar dejan 10 fallecidos en carretera, seis de ellos motoristas

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha cerrado el puente del Pilar con diez fallecidos en las carreteras, seis motoristas y un ciclista. El balance oficial difundido este martes 13 de octubre reparte los diez siniestros mortales entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre.

El puente del Pilar se articula en torno al festivo nacional del 12 de octubre, que este año cayó en lunes. La operación especial abarcó cuatro jornadas, del viernes 9 al lunes 12, y se cerró con diez siniestros mortales, una media de 2,5 por jornada.

El balance recoge los siniestros mortales registrados en las carreteras durante el periodo festivo, según los datos que el organismo publica al término de cada operación especial.

Cómo se reparten los diez fallecidos por jornadas

  • Viernes 9: una víctima mortal.
  • Sábado 10: cuatro fallecidos.
  • Domingo 11: una víctima mortal.
  • Lunes 12: cuatro fallecidos, en la jornada de regreso del puente.

El lunes coincidió con el dispositivo que la DGT activa para ordenar el retorno de los vehículos hacia sus lugares de origen. Fue, junto al sábado, la jornada con más víctimas mortales.

El puente del Pilar cierra con diez víctimas mortales repartidas entre cuatro jornadas, todas ellas entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre.

Dónde se han producido los diez siniestros mortales

Los accidentes han tenido lugar en Vinaròs (Castellón), Puente Genil (Córdoba), Cabezas Rubias (Huelva), Navas del Rey (Madrid), Cartagena (Murcia), Dozón (Pontevedra), Osuna (Sevilla), el Gironès y Castelló d’Empúries (Girona) y la Conca de Barberà (Tarragona), según la relación facilitada por la DGT. Son diez siniestros repartidos por nueve provincias, entre el litoral mediterráneo, el interior peninsular y el noroeste.

Por tipología, el recuento oficial recoge cuatro salidas de la vía (cuando el vehículo abandona la calzada) y tres colisiones. Siete de los accidentes mortales se produjeron en vías convencionales y, tres en autopista o autovía.

Seis motoristas y un ciclista entre las diez víctimas

Del total de fallecidos, seis viajaban en motocicleta y uno lo hacía en bicicleta, según el balance del organismo. Los tres restantes no aparecen desglosados por tipo de vehículo.

El colectivo de motoristas concentra así la mayoría de las víctimas del puente, con seis de los diez fallecidos.

La DGT no detalla tampoco las circunstancias concretas de cada uno de los diez siniestros, ni las causas de los accidentes, ni la edad o la procedencia de las víctimas. El balance se limita a los siniestros mortales: no incluye el número de heridos ni el total de accidentes registrados en estas cuatro jornadas.

El acumulado anual sube a 848 fallecidos

Con estas diez víctimas, el cómputo anual de la DGT se eleva a 848 fallecidos en accidentes de circulación en lo que va de año. El dato procede de los registros publicados por el organismo, que se actualizan con cada siniestro mortal.

Para este puente festivo, la DGT había estimado 5.760.000 movimientos de largo recorrido por carretera, con una media de 1.440.000 desplazamientos al día. Los destinos principales eran las zonas de costa y de montaña.

El puente del Pilar es una de las operaciones especiales de tráfico que la DGT despliega cada año, junto con las de Semana Santa, verano y Navidad.

La operación especial ya está cerrada.

El dispositivo quedó clausurado con el regreso del lunes. Los datos acumulados del año siguen abiertos y se actualizarán con los próximos siniestros mortales que se registren en las carreteras españolas.

Más de 40 afectados por un brote de intoxicación alimentaria tras una boda en Benalmádena

La Delegación de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía investiga un brote de intoxicación alimentaria con más de 40 afectados tras el banquete de una boda celebrada el pasado sábado 10 de octubre en un hotel de Benalmádena (Málaga). Fuentes oficiales del organismo han confirmado la sospecha de un brote por toxiinfección alimentaria (la enfermedad provocada por el consumo de alimentos contaminados) después del menú servido en el enlace.

El cuadro clínico que presentaron los afectados incluye diarrea, dolor abdominal, náuseas, y vómitos, y en algunos casos también fiebre, según la información facilitada por la Delegación. Los servicios sanitarios han atendido a estas personas sin que, por el momento, se haya registrado ningún ingreso hospitalario.

Ninguno de los más de 40 afectados ha requerido hospitalización, de acuerdo con la misma fuente. Se trata de una sospecha de brote por toxiinfección, un diagnóstico que la autoridad sanitaria mantiene bajo estudio y que no ha sido confirmado de forma definitiva.

  • Diarrea.
  • Dolor abdominal.
  • Náuseas y vómitos.
  • Fiebre en algunos de los casos.

El enlace se celebró en un hotel del municipio malagueño y el menú del banquete es el punto sobre el que se centran las primeras comprobaciones. La Delegación no ha detallado, por ahora, el nombre del establecimiento ni los platos concretos que se sirvieron a los invitados.

Las actuaciones de inspección de la Unidad de Protección de la Salud

La Unidad de Protección de la Salud de la Junta de Andalucía está llevando a cabo las actuaciones de inspección relacionadas con esta posible intoxicación alimentaria, según la Delegación de Salud y Consumo.

Las actuaciones de inspección continúan sobre el menú del enlace, sin que la autoridad sanitaria haya determinado por ahora qué alimento originó los síntomas.

Las diligencias se centran en revisar la trazabilidad de los alimentos, las condiciones de manipulación y la conservación de los productos servidos durante el banquete. Este tipo de comprobaciones incluyen también la revisión de la documentación del servicio y de las condiciones en las que se elaboraron los platos.

La investigación se encuentra en una fase inicial y la inspección sigue en marcha. Los síntomas de una toxiinfección alimentaria aparecen habitualmente entre unas horas y un día después de la ingesta del alimento contaminado, y suelen remitir en pocos días sin más tratamiento que la rehidratación.

En qué punto está la investigación del brote

Por el momento, la Delegación de Salud y Consumo no ha precisado qué alimento concreto habría originado los síntomas ni cuál sería el agente causante. Tampoco ha concretado el número exacto de personas atendidas, más allá de situar la cifra por encima de las 40.

Los brotes de toxiinfección alimentaria se investigan habitualmente mediante la toma de muestras a los afectados, el análisis de los productos sospechosos y entrevistas epidemiológicas para reconstruir qué consumió cada persona. El objetivo es identificar el alimento y el punto de la cadena en el que se habría producido la contaminación.

Benalmádena es un municipio de la provincia de Málaga, en la costa occidental andaluza, con una actividad hostelera y turística intensa. Los episodios de este tipo se notifican a la autoridad sanitaria autonómica, que activa el protocolo de vigilancia de brotes.

La investigación continúa abierta. La Delegación de Salud y Consumo no ha facilitado por ahora un balance definitivo del número de afectados ni conclusiones sobre el origen del brote surgido tras la boda.

El Consejo de Ministros del 13 de octubre de 2026: rueda de prensa de La Moncloa y los acuerdos educativos del Gobierno

El Consejo de Ministros ha publicado su rueda de prensa del 13 de octubre de 2026, el canal oficial a través del cual el Gobierno informa de los decretos y las órdenes que después se publican en el Boletín Oficial del Estado.

La comparecencia posterior a la reunión del Ejecutivo ha corrido a cargo de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Los tres han explicado los acuerdos adoptados en la sesión, según la información difundida por La Moncloa, que ha habilitado además la emisión en directo.

Qué es la rueda de prensa del Consejo de Ministros y cómo se convierte en normativa educativa

El Consejo de Ministros es el órgano colegiado que dirige la acción del Ejecutivo, de acuerdo con la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Entre sus funciones está aprobar los reglamentos que desarrollan las leyes aprobadas por las Cortes Generales.

En materia educativa, ese trámite afecta al despliegue de la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, que ordena el sistema educativo no universitario) y de la LOSU (Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario). Los reales decretos que salen de la reunión semanal se publican después en el BOE y solo entonces son exigibles.

Ese recorrido es el habitual de las normas que fijan el currículo de cada etapa, las condiciones de las becas MEC (las ayudas al estudio que concede el Ministerio de Educación cada curso académico) o el calendario de la EBAU, la evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad. La rueda de prensa es el paso previo a la publicación oficial de cada norma.

Los reales decretos que fijan la normativa educativa se aprueban en el Consejo de Ministros y entran en vigor con su publicación en el BOE.

Quiénes comparecen y qué papel tiene cada cartera en los acuerdos del Gobierno

Quien ocupa la portavocía es la encargada de trasladar los acuerdos de cada sesión. Elma Saiz compatibiliza esa función con la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Arcadi España, al frente de Hacienda, comparece cuando los acuerdos tienen incidencia presupuestaria, un terreno que condiciona el volumen de las becas y la financiación del sistema universitario.

Sira Rego encabeza Juventud e Infancia, un departamento cuyas políticas se cruzan con las etapas educativas no universitarias. El Ministerio competente en la materia es el de Educación, Formación Profesional y Deporte, que impulsa los textos normativos de este ámbito y los eleva a la reunión semanal del Ejecutivo.

El resumen oficial de cada cita recoge la relación de acuerdos y el vídeo de la comparecencia. Las normas educativas que superan ese trámite aparecen después en el Boletín Oficial del Estado con su fecha de entrada en vigor, que el propio texto detalla.

El Marco Educativo

La educación es una competencia compartida. El artículo 149.1.30 de la Constitución reserva al Estado las normas básicas para el desarrollo del derecho a la educación y la regulación de las condiciones de obtención y homologación de los títulos académicos, mientras que las comunidades autónomas asumen el desarrollo legislativo y la ejecución a través de sus estatutos de autonomía.

Cualquier decreto educativo que apruebe el Consejo de Ministros afecta a varios colectivos. Los sindicatos docentes y las asociaciones de familias se pronuncian sobre los desarrollos curriculares, mientras que la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) y la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) lo hacen sobre las normas universitarias. La Conferencia Sectorial de Educación es el foro donde el Ministerio y las consejerías autonómicas pactan los criterios comunes y el reparto de fondos.

En el calendario inmediato, las normas que se aprueben en las próximas reuniones del Consejo de Ministros seguirán el mismo recorrido: referencia del Ejecutivo, publicación en el BOE y entrada en vigor en la fecha que fije cada texto. Los desarrollos con impacto en el curso académico se coordinan después con las comunidades autónomas, y las convocatorias de becas y el calendario de la EBAU se actualizan cada año por esa vía.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: El Consejo de Ministros ha difundido la rueda de prensa del 13 de octubre de 2026, el canal oficial por el que el Gobierno informa de los decretos y las órdenes que después se publican en el BOE.
  • Por qué importa: Las normas educativas, desde el currículo hasta las becas o las pruebas de acceso, solo son exigibles una vez aprobadas por el Ejecutivo y publicadas en el Boletín Oficial del Estado.
  • A quién le importa: A estudiantes, familias y docentes que necesitan saber cuándo entra en vigor cada cambio, y a las comunidades autónomas, que desarrollan y ejecutan la normativa educativa.

El INCIBE-CERT alerta de vulnerabilidades de severidad alta en RTU SAGE y pantallas Pro-face de Schneider Electric

El INCIBE-CERT ha publicado este martes 13 de octubre de 2026 un aviso de severidad alta por dos vulnerabilidades en productos de Schneider Electric.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? El INCIBE-CERT, el equipo de respuesta ante incidentes del Instituto Nacional de Ciberseguridad, ha emitido un aviso de severidad alta por dos vulnerabilidades en equipos industriales de Schneider Electric.
  • ¿Dónde y cuándo? Aviso publicado el martes 13 de octubre de 2026 a las 09:38 horas, con el identificador INCIBE-2026-729.
  • ¿Qué resultado? Afectados los modelos SAGE RTU en versiones anteriores a C3414-500-S02L0 y los paneles Pro-face STW6000 y Harmony STW6 en todas sus versiones. No consta explotación.

El aviso se publica en la categoría de sistemas de control industrial del INCIBE-CERT, el equipo de respuesta ante incidentes de ciberseguridad que el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) pone al servicio de empresas y ciudadanos. Identificado como INCIBE-2026-729, el documento se emitió a las 09:38 horas y afecta a las unidades terminales remotas (RTU) SAGE y a los paneles HMI Pro-face STW6000 y Harmony STW6.

Ambas vulnerabilidades están clasificadas en el nivel 4 de severidad alta y, en caso de ser explotadas, permitirían controlar los dispositivos sin autorización, provocar fallos operativos o instalar firmware manipulado para modificar el comportamiendo de los equipos. El listado de recursos afectados incluye las SAGE RTU 1410, 1430, 1450, 2400, 3030 Magnum y 4400 en versiones anteriores a C3414-500-S02L0, así como los paneles Pro-face STW6000 y Harmony STW6 en todas sus versiones.

La primera de las vulnerabilidades, registrada como CVE-2026-96434, tiene su origen en el uso de componentes de terceros sin mantenimiento en los paneles HMI. Según el detalle técnico del aviso, un atacante podría aprovecharla cuando un usuario accede a páginas web maliciosas desde el navegador del propio dispositivo, lo que le permitiría obtener control no autorizado del equipo y provocar fallos operativos en la instalación.

La segunda, CVE-2026-102250, es un fallo de verificación insuficiente de la autenticidad del firmware en los productos SAGE RTU. Un usuario con privilegios de administrador podría cargar firmware modificado durante una actualización y alterar el funcionamiento del dispositivo.

Ninguna de las dos vulnerabilidades ha sido explotada hasta la fecha, según el aviso del INCIBE-CERT, que ya ha publicado las medidas de mitigación indicadas por el fabricante.

Dos vulnerabilidades que permiten tomar el control de los equipos industriales

Los fallos han sido detectados por investigadores del programa CyTRICS del Departamento de Energía de Estados Unidos y del Lawrence Livermore National Laboratory, junto a Sandia National Laboratories, mientras que la otra vulnerabilidad fue identificada internamente por Schneider Electric. El aviso no detalla el número de dispositivos afectados ni la cifra de instalaciones que podrían estar expuestas, aunque el fabricante sí concreta con precisión los modelos y las versiones comprometidas.

Las RTU y los paneles HMI son los componentes que enlazan el software de supervisión con la maquinaria física: gobiernan válvulas, bombas, motores y sistemas de medida en redes eléctricas, plantas de tratamiento de agua, instalaciones de gas o líneas de producción. Por ese motivo, una vulnerabilidad explotable en estos equipos no se mide en datos robados, sino en la capacidad de detener o alterar un proceso industrial completo.

Actualización de firmware en las RTU SAGE y contención en los paneles Pro-face

Para los productos SAGE RTU, Schneider Electric ha publicado el firmware correctivo C3414-500-S02L0. El aviso del INCIBE-CERT precisa que, tras la actualización, es necesario reiniciar el dispositivo y comprobar la versión instalada desde la página de configuración de la CPU.

En el caso de Pro-face STW6000 y Harmony STW6 no existe todavía una actualización. El fabricante recomienda utilizar los paneles HMI únicamente en entornos protegidos y sin acceso desde internet o desde redes no confiables, configurar solo sitios web locales de confianza para la navegación desde el dispositivo, segmentar la red e instalar un cortafuegos que bloquee los accesos no autorizados, restringir el uso de dispositivos de almacenamiento portátiles no verificados y limitar la configuración a administradores de confianza y usuarios autenticados.

vulnerabilidades Schneider Electric

El panorama de la ciberseguridad

La ciberseguridad industrial es hoy uno de los frentes de mayor exigencia técnica, porque estos equipos combinan ciclos de vida muy largos, actualizaciones poco frecuentes y una exposición creciente a redes corporativas e internet. Por ese motivo, el INCIBE-CERT mantiene una categoría específica de avisos para sistemas de control industrial (SCI), en la que se encuadra este comunicado.

El aviso se ha elaborado con la información de dos laboratorios nacionales de Estados Unidos y del propio fabricante, y se apoya en las referencias técnicas SEVD-2026-286-01 y SEVD-2026-286-02 publicadas por Schneider Electric. El INCIBE-CERT mantiene así la trazabilidad completa del incidente: identificadores CVE, productos y versiones afectadas y medidas de mitigación verificables.

En el ámbito de las administraciones públicas y las infraestructuras críticas, la coordinación frente a este tipo de amenazas corresponde al CCN-CERT, el equipo de respuesta ante incidentes del Centro Criptológico Nacional. Ninguna de las dos vulnerabilidades consta como explotada hasta la fecha, y el fabricante trabaja en una actualización para los paneles HMI afectados.

Mientras esa actualización llega, la recomendación oficial pasa por la segmentación de red y la restricción de accesos: medidas que reducen la superficie expuesta y que, en los entornos industriales, resultan tan determinantes como el propio parche. El aviso del INCIBE-CERT permanece publicado con todos sus identificadores y con la ficha técnica de cada fallo, disponible para empresas y operadores de infraestructuras a través del portal del Instituto Nacional de Ciberseguridad.