Ourense rompe la tendencia: la creación de empresas cae un 28% en agosto frente al auge de Galicia y España

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Ourense constituyó 23 sociedades mercantiles en agosto, un 28,1% menos que un año antes, mientras Galicia y España crecían.

Ourense pincha en agosto: 23 sociedades y un 28,1% menos

El dato procede del INE (el Instituto Nacional de Estadística) y lo recoge la prensa provincial. Frente a las 32 empresas creadas en agosto de 2025, este año han sido nueve menos. Es el segundo peor agosto ourensano de los últimos cinco años, solo por encima de las 17 sociedades de 2024. En un mes flojo por definición para constituir empresas, la provincia ha vuelto a pinchar justo cuando el resto del país aceleraba.

La serie histórica ayuda a calibrar el golpe. Ourense tocó techo en agosto de 2017, con 33 sociedades, y repitió 32 en 2016 y en 2025. En el otro extremo, agosto de 2019 dejó el mínimo de los últimos trece años con apenas 13 constituciones. La cifra de este año se instala en la zona baja de esa horquilla, que lleva una década moviéndose entre trece y treinta y tres empresas por agosto. Veintitrés sociedades no son una anomalía puntual. Son la confirmación de un suelo.

Hay un segundo dato que explica mejor que el primero lo que ocurre. Las 23 sociedades ourensanas representan el 7,9% de las constituidas en Galicia, cuando un año antes suponían el 11,7%. La provincia pierde cuota dentro de su propia comunidad mientras el conjunto autonómico gana empresas. La brecha no se abre contra España; se abre dentro de Galicia, entre el eje atlántico y una Ourense que se descuelga.

Ahí está el nudo. Ourense es la provincia más envejecida de Galicia y una de las más envejecidas de España, y arrastra un problema de base demográfica que ningún dato trimestral corrige. Emprender exige relevo generacional, tejido industrial y músculo financiero, y las tres cosas se concentran hoy en el eje atlántico. La estadística de sociedades mide justamente eso: quién tiene relevo y quién no.

El desplome de Ourense no es tanto un problema de emprendedores como de base demográfica sobre la que emprender.

Galicia sube un 5,8% y España firma su mejor agosto en trece años

sociedades mercantiles Ourense

El contraste se mide en el agregado. Galicia cerró agosto con 290 nuevas sociedades mercantiles, un 5,8% más que las 274 de agosto de 2025. Es el tercer mejor agosto gallego desde 2014, solo por detrás de las 303 de 2016 y las 299 de 2017. La comunidad encadena así una evolución positiva después de los 274 registros de 2024 y de 2025.

España va en la misma dirección y con algo más de fuerza. El país constituyó 7.526 sociedades mercantiles, un 5,7% más que las 7.119 del año anterior. Es el mejor agosto de toda la serie estadística, que arranca en 2014, por encima incluso de las 6.886 de 2024, y de las 6.614 de 2023. Desde agosto de 2022, cuando se contabilizaron 5.910, la cifra acumula un crecimiento del 27,3%. Los datos provinciales pueden consultarse en la web del Instituto Nacional de Estadística.

El promedio engaña. El dato gallego mejora, sí, pero lo sostienen las provincias atlánticas mientras Ourense se hunde un 28,1%. Galicia crece por lo que crecen Vigo y A Coruña, no por lo que crece el conjunto. La misma fotografía que el INE repite mes a mes en el empleo o en la natalidad aparece ahora en la constitución de empresas, y conviene mirarla provincia a provincia antes de sacar conclusiones de bloque.

El Laboratorio Gallego

Trasladar una caída provincial al debate nacional exige, primero, situar el tablero. La Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela) está en manos del PPdeG, que encadena mayorías absolutas desde 2009 y gobierna con Alfonso Rueda al frente. En el Parlamento de Galicia, la cámara legislativa unicameral de 75 deputados, el BNG de Ana Pontón ejerce como primera fuerza de la oposición y el PSdeG ocupa la tercera posición. Los tres partidos leen los datos económicos como termómetro de gestión: el PPdeG como aval, el BNG y el PSdeG como recordatorio de que la media autonómica tapa fracturas territoriales. El calendario de la cámara puede seguirse en parlamentodegalicia.es.

La dimensión nacional también está servida. Alberto Núñez Feijóo ha citado en varias ocasiones la evolución económica gallega como aval de su gestión, y estos datos se lo permiten en el agregado: Galicia crece un 5,8%, ligeramente por encima del 5,7% español. La foto provincial, sin embargo, matiza el argumento, y ninguna declaración conocida del líder del PP se ha detenido en el caso ourensano. Es la paradoja habitual del modelo gallego como escaparate: aguanta en la media, se agrieta en los márgenes.

La proyección es concreta. La próxima entrega mensual del INE, con los datos de septiembre, dirá si agosto fue un bache o el arranque de una tendencia. El debate presupuestario de la Xunta para 2027, que se tramita en el Parlamento de Galicia este otoño, será la primera oportunidad política de medir qué respuestas se ofrecen al interior. Y la incógnita no cambia: si Galicia presume de crecimiento, tendrá que explicar por qué el 7,9% de sus empresas nuevas nacen en la provincia que pierde población.

Ficha del Caso

  • El caso: Ourense constituyó 23 sociedades mercantiles en agosto de 2026, nueve menos que en agosto de 2025, mientras Galicia y España aumentaban sus registros.
  • Datos importantes: Caída del 28,1% en Ourense; Galicia sube un 5,8% hasta 290 sociedades; España crece un 5,7% hasta 7.526, su mejor agosto desde 2014. Ourense pasa del 11,7% al 7,9% del total gallego.
  • Resumen: El promedio autonómico mejora, pero la brecha territorial se agranda. La lectura nacional pasa por saber si el modelo gallego que el PP cita como aval resiste cuando se mira provincia a provincia.

El Ayuntamiento de València (PP y Vox) mantiene 10 meses sin pagar las ayudas al alquiler a 550 familias

550 familias de València siguen sin cobrar las ayudas al alquiler que el Ayuntamiento les prometió en enero. Diez meses después, el gobierno municipal de PP y Vox todavía no ha ejecutado la ampliación de crédito que anunció para atender a todos los solicitantes que cumplían los requisitos. Las cifras no cierran.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Ayuntamiento de València comprometió en enero ampliar el crédito para pagar las ayudas al alquiler, pero 550 familias que cumplían los requisitos siguen sin cobrar diez meses después.
  • ¿Quién está detrás? El equipo de gobierno de PP y Vox, con la Concejalía de Urbanismo y Vivienda al frente; Compromís denuncia la parálisis.
  • ¿Qué impacto tiene? Familias en emergencia habitacional se quedan sin un apoyo clave mientras los precios del alquiler suben un 43% desde mayo de 2023.

Diez meses de espera y una ampliación de crédito que nunca llega

A principios de año, el Ayuntamiento de València adjudicó, a través de la Comisión de Valoración de la Delegación de Vivienda, las ayudas municipales al alquiler. Se beneficiaron 1.565 solicitantes. En total, más de 3,17 millones de euros, un 33% más que en 2022, según detalló el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner.

El problema llegó después. 550 solicitantes que cumplían todos los requisitos se quedaron fuera al agotarse el crédito. Eran más del doble de los 262 excluidos en la convocatoria anterior. Detrás de cada expediente hay una familia, un contrato de alquiler, y una espera que no termina.

En el pleno del 27 de enero, Compromís presentó una moción con propuestas para mejorar la atención a los beneficiarios. El concejal valencianista Ferran Puchades denunció que el Ayuntamiento había reducido la dotación presupuestaria y que había convocado las ayudas con carácter bianual.

El Gobierno municipal respondió con una moción alternativa, aprobada en el mismo pleno. En ella se comprometía a «continuar impulsando las actuaciones necesarias desde el Servicio de Vivienda» para otorgar la condición de beneficiarias a quienes quedaron excluidas por agotamiento de crédito.

Comprometido no es sinónimo de pagado: en València, entre una moción plenaria y una transferencia bancaria se han perdido diez meses.

La respuesta municipal: «en tramitación» mientras el ejercicio se agota

En abril de 2026, Puchades volvió a preguntar al regidor de Urbanismo. La respuesta llegó por escrito: «se ha iniciado por parte del Servicio de Vivienda, estando actualmente en tramitación». Con el curso presupuestario ya avanzado, el pago seguía sin producirse.

Fuentes municipales explican que los servicios están comprobando que los 550 solicitantes no han sido adjudicatarios de ayudas de la Generalitat Valenciana, incompatibles con las municipales, y que se han pedido informes a Servicios Sociales para analizar cada caso. La previsión oficial es hacer efectivos los pagos antes de final de año.

Compromís no comparte ese calendario. La formación sostiene que el equipo de gobierno ha movido «centenares de millones de euros en modificaciones presupuestarias» y que, sin embargo, no ha ejecutado la ayuda prometida.

El contexto no ayuda. Los alquileres en València han subido hasta un 43% desde mayo de 2023, según los datos que maneja el grupo municipal. La media mensual supera ya los 1.700 euros. La oferta en régimen de arrendamiento se ha reducido un 30%.

El Escenario Valenciano

En clave valenciana, el caso ilustra una tensión que recorre toda la Comunitat: la vivienda. El Ayuntamiento de València está gobernado por PP y Vox, y la Generalitat, por el mismo pacto. Compromís ha convertido la ejecución de estas ayudas en un termómetro del acuerdo, y el PSPV observa y reclama transparencia.

La dimensión nacional es evidente. La declaración de zona tensionada, recogida en la Ley estatal de Vivienda de 2023, permite limitar los precios del alquiler en los mercados más tensionados. Según el propio debate municipal, la alcaldesa María José Catalá podría haber frenado subidas de hasta 570 euros si hubiera aplicado esa figura en 2023. No lo hizo. El pulso entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los ayuntamientos del PP por la aplicación de la ley es hoy uno de los grandes ejes de la política española.

Queda la proyección: el Ayuntamiento sostiene que pagará antes de que acabe 2026 y la oposición exigirá explicaciones en el próximo pleno. Sobre la mesa sigue pendiente la siguiente convocatoria de ayudas, que determinará si vuelve a haber familias que cumplen los requisitos y se quedan fuera. Diez meses y contando.

Ficha del Caso

  • El caso: El Ayuntamiento de València, de PP y Vox, comprometió en enero ampliar el crédito de las ayudas al alquiler para llegar a 550 solicitantes que cumplían los requisitos. Diez meses después, siguen sin cobrar.
  • Datos importantes: 1.565 beneficiarios adjudicados; más de 3,17 millones de euros en ayudas, un 33% más que en 2022; 550 excluidos, más del doble que en la convocatoria anterior; alquileres un 43% más caros desde mayo de 2023.
  • Resumen: La parálisis municipal choca con una emergencia habitacional creciente y reabre el debate sobre la aplicación de la ley estatal de vivienda y la figura de la zona tensionada.

Abascal sitúa Ceuta como frontera sur de Europa y llama a la alianza con Le Pen

Santiago Abascal sitúa Ceuta como la frontera sur de Europa y llama a una alianza con la Francia de Le Pen. El presidente de Vox ha presentado este martes a Jordan Bardella en Nueva Economía Fórum y ha enmarcado la presión migratoria como una amenaza compartida por todo el continente.

El argumento de Vox: Ceuta no es solo un asunto español

Durante su intervención, recogida por La Gaceta, Abascal ha subrayado que millones de franceses se han reconocido en Bardella y en el proyecto de Marine Le Pen ‘por decir en voz alta, desde muy joven, lo que muchísimos franceses pensaban, probablemente todavía en voz baja’. El acto ha escenificado la sintonía entre Vox y Agrupación Nacional, socios ambos en el grupo Patriotas por Europa.

El líder de Vox ha recordado su visita conjunta a Ceuta el pasado 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional. Allí, sostiene, Jordan Bardella ‘pudo comprobar de primera mano lo que muchos europeos conocen solo por la televisión’. Pudo ver una ciudad española que desde el 30 de julio sigue esperando a que su Gobierno la defienda’, ha añadido.

De ahí su tesis central: la situación en El Tarajal, el paso fronterizo que separa a la ciudad autónoma de Ceuta de Marruecos, no es un asunto exclusivamente español. Abascal lo ha descrito como un problema ‘clarísimamente europeo’, igual que las regularizaciones masivas que atribuye al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Según el argumentario desplegado en el foro, esas regularizaciones habrían traído ‘un terrible efecto llamada’ que perjudica también a los ciudadanos europeos. El presidente de Vox ha defendido que España y Francia comparten, junto a millones de europeos, ‘una misma amenaza’ y que cada vez más países ‘apuestan por las mismas soluciones’.

Vox traslada el debate migratorio de lo nacional a lo europeo: si Ceuta es frontera de Francia, el problema deja de ser solo español.

‘Hemos hecho de nuestra biografía política una defensa diaria de la soberanía nacional, de la identidad nacional y de los intereses nacionales’, ha concluido Abascal ante Bardella.

El impacto: una denuncia que interpela a Bruselas y al Partido Popular

Vox no registra esta vez ninguna iniciativa parlamentaria. Su movimiento es de encuadre: llevar el pulso migratorio de Ceuta al terreno comunitario y forzar a las instituciones europeas a pronunciarse sobre una frontera que, sostiene, también es suya. La delegación de Vox en el Parlamento Europeo, integrada en el grupo Patriotas por Europa, sostiene ese relato.

El encuadre europeo presiona además al Partido Popular. La formación de Alberto Núñez Feijóo queda emplazada a decidir si acompaña el marco comunitario que reclama Vox o mantiene su propio discurso en inmigración. Es una presión por la derecha que ya ha marcado la relación entre las dos formaciones desde la ruptura de los gobiernos de coalición autonómicos.

En paralelo, el mensaje busca instalar que las políticas migratorias del Gobierno tienen consecuencias que exceden las fronteras españolas. Según el diagnóstico que Abascal trasladó en el foro, las regularizaciones masivas han traído colapso a la vivienda y a la sanidad, y alimentan un efecto llamada que, afirma, todavía hoy persiste.

La lectura estratégica: Patriotas por Europa y el pulso por marcar perfil

La elección del escenario no es casual. Nueva Economía Fórum ha servido a Vox para escenificar su alianza con la Francia de Marine Le Pen un día después de la Fiesta Nacional, con la visita a Ceuta como precedente inmediato. La secuencia —12 de octubre en la ciudad autónoma, 13 de octubre en Madrid junto a Bardella— construye un relato de proyección internacional.

El precedente es relevante. Vox lleva tiempo reivindicando que los problemas de soberanía no se resuelven solo en Madrid y ha convertido la cooperación con sus socios europeos en una seña de identidad. Bardella, presidente de Agrupación Nacional y del grupo Patriotas en la Eurocámara, encarna ese eje continental que la dirección de Vox sitúa en el centro de su estrategia.

Queda ahora por medir si ese marco compartido con la Francia de Le Pen se traduce en iniciativas conjuntas en la Eurocámara, el terreno donde Vox quiere librar la batalla migratoria. Mientras, el partido mantiene su diagnóstico: la frontera sur de España es, también, la frontera sur de Europa.

Qué es la LOMLOE y en qué cambia respecto a la LOE: currículo, calendario y conflictos entre el Ministerio y las CC.AA.

La LOMLOE ordena el sistema educativo español desde 2021: modificó la LOE de 2006 y revirtió el modelo de la LOMCE.

Qué es la LOMLOE y qué cambia respecto a la LOE

La LOMLOE es la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, conocida como LOE. Se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 30 de diciembre de 2020 y entró en vigor veinte días después, en enero de 2021.

La norma no sustituye la LOE: la modifica. Conserva la estructura de la ley de 2006 y reescribe sus artículos para revertir los cambios que introdujo la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa). El preámbulo de la LOMLOE sostiene que aquella reforma rompió el equilibrio entre visiones educativas y redujo la participación de la comunidad educativa en el gobierno de los centros. El BOE del 23 de febrero de 2021 publicó una corrección de errores del texto.

Entre los cambios principales, desaparecen los itinerarios de la ESO, las vías de distinto valor educativo que separaban al alumnado, junto con las evaluaciones externas de fin de etapa asociadas a esa diversificación, que nunca llegaron a aplicarse. También se abandona el modelo de materias troncales, específicas y de libre configuración y los estándares de aprendizaje, y los consejos escolares recuperan competencias en la organización de los centros. La ley apela a una escolarización equitativa del alumnado y a los objetivos educativos de la Unión Europea y la UNESCO para la década 2020-2030.

El currículo, el calendario y el reparto de competencias

El currículo es el conjunto de objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación de cada etapa. Lo definen dos administraciones: el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes fija las enseñanzas mínimas y las comunidades autónomas las desarrollan y completan. La LOMLOE recoje el reparto anterior a 2013, que atribuía a la Administración central el 55 % de las competencias curriculares en las comunidades con lengua cooficial y el 65 % en el resto.

Ese equilibrio está en el centro del conflicto político. La ley devuelve a las autonomías capacidad de decisión sobre metodologías, evaluación y ordenación de las enseñanzas que la LOMCE había centralizado, y varias comunidades han anunciado recursos y han trasladado su discrepancia a la Conferencia Sectorial de Educación. Frente a esa lectura, el ministerio defiende que la norma se limita a fijar las enseñanzas mínimas que la Constitución reserva al Estado, en un pulso que gira en torno a el reparto de competencias curriculares.

La LOMLOE devuelve al Estado el 55 % de las competencias curriculares en las comunidades con lengua cooficial y el 65 % en el resto.

El calendario de aplicación también fue escalonado. Los currículos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato no llegaron a la vez: se aprobaron por decreto y cada comunidad los adaptó después a su territorio, de modo que la implantación se completó curso a curso. El despliegue normativo continúa abierto: cualquier nuevo decreto de currículo, evaluación u ordenación académica debe encajarse en el marco de la LOMLOE y se negocia en la Conferencia Sectorial de Educación.

LOMLOE cambios

El Marco Educativo

El soporte jurídico de la LOMLOE es el artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva sobre las normas básicas para el desarrollo del derecho a la educación, junto con la Ley Orgánica 3/2020, que modifica la LOE de 2006. Sobre esa base, el Estado fija las enseñanzas mínimas y las comunidades desarrollan los currículos. El preámbulo de la ley cifra en un 55 % y un 65 % el reparto competencial que la LOMCE había alterado y sitúa ahí el origen del pulso entre administraciones.

El texto afecta al alumnado no universitario, a las familias, al profesorado y a las consejerías de Educación. El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes defiende que la norma garantiza un currículo común y refuerza la equidad, mientras las comunidades gobernadas por el Partido Popular y por Vox reclaman más margen para fijar horarios y contenidos.

Los grupos que respaldaron la tramitación parlamentaria, entre ellos el PSOE y Sumar, sostienen que la ley refuerza la escuela pública y la participación de las familias y el profesorado. Los sindicatos docentes y las asociaciones de familias sitúan la financiación del despliegue, con materiales, refuerzos y horas de coordinación, entre sus principales demandas a las administraciones.

La ley no tiene fecha de caducidad. Mientras siga vigente, los cambios en currículo, evaluación u ordenación de enseñanzas se canalizarán por decreto y por acuerdos en la Conferencia Sectorial de Educación, y cualquier modificación de fondo dependerá de la mayoría parlamentaria. Los conflictos competenciales que siguen abiertos se resolverán, en su caso, ante el Tribunal Constitucional o en la negociación bilateral entre el ministerio y cada comunidad.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: La LOMLOE es la ley orgánica que modifica la LOE de 2006 y revierte los cambios de la LOMCE, vigente desde enero de 2021.
  • Por qué importa: Fija el reparto de competencias curriculares entre el Estado y las comunidades autónomas y ordena el currículo de todas las etapas no universitarias.
  • A quién le importa: A las familias, al alumnado de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP, al profesorado y a las consejerías de Educación.

Los accidentes del puente del Pilar dejan 10 fallecidos en carretera, seis de ellos motoristas

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha cerrado el puente del Pilar con diez fallecidos en las carreteras, seis motoristas y un ciclista. El balance oficial difundido este martes 13 de octubre reparte los diez siniestros mortales entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre.

El puente del Pilar se articula en torno al festivo nacional del 12 de octubre, que este año cayó en lunes. La operación especial abarcó cuatro jornadas, del viernes 9 al lunes 12, y se cerró con diez siniestros mortales, una media de 2,5 por jornada.

El balance recoge los siniestros mortales registrados en las carreteras durante el periodo festivo, según los datos que el organismo publica al término de cada operación especial.

Cómo se reparten los diez fallecidos por jornadas

  • Viernes 9: una víctima mortal.
  • Sábado 10: cuatro fallecidos.
  • Domingo 11: una víctima mortal.
  • Lunes 12: cuatro fallecidos, en la jornada de regreso del puente.

El lunes coincidió con el dispositivo que la DGT activa para ordenar el retorno de los vehículos hacia sus lugares de origen. Fue, junto al sábado, la jornada con más víctimas mortales.

El puente del Pilar cierra con diez víctimas mortales repartidas entre cuatro jornadas, todas ellas entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre.

Dónde se han producido los diez siniestros mortales

Los accidentes han tenido lugar en Vinaròs (Castellón), Puente Genil (Córdoba), Cabezas Rubias (Huelva), Navas del Rey (Madrid), Cartagena (Murcia), Dozón (Pontevedra), Osuna (Sevilla), el Gironès y Castelló d’Empúries (Girona) y la Conca de Barberà (Tarragona), según la relación facilitada por la DGT. Son diez siniestros repartidos por nueve provincias, entre el litoral mediterráneo, el interior peninsular y el noroeste.

Por tipología, el recuento oficial recoge cuatro salidas de la vía (cuando el vehículo abandona la calzada) y tres colisiones. Siete de los accidentes mortales se produjeron en vías convencionales y, tres en autopista o autovía.

Seis motoristas y un ciclista entre las diez víctimas

Del total de fallecidos, seis viajaban en motocicleta y uno lo hacía en bicicleta, según el balance del organismo. Los tres restantes no aparecen desglosados por tipo de vehículo.

El colectivo de motoristas concentra así la mayoría de las víctimas del puente, con seis de los diez fallecidos.

La DGT no detalla tampoco las circunstancias concretas de cada uno de los diez siniestros, ni las causas de los accidentes, ni la edad o la procedencia de las víctimas. El balance se limita a los siniestros mortales: no incluye el número de heridos ni el total de accidentes registrados en estas cuatro jornadas.

El acumulado anual sube a 848 fallecidos

Con estas diez víctimas, el cómputo anual de la DGT se eleva a 848 fallecidos en accidentes de circulación en lo que va de año. El dato procede de los registros publicados por el organismo, que se actualizan con cada siniestro mortal.

Para este puente festivo, la DGT había estimado 5.760.000 movimientos de largo recorrido por carretera, con una media de 1.440.000 desplazamientos al día. Los destinos principales eran las zonas de costa y de montaña.

El puente del Pilar es una de las operaciones especiales de tráfico que la DGT despliega cada año, junto con las de Semana Santa, verano y Navidad.

La operación especial ya está cerrada.

El dispositivo quedó clausurado con el regreso del lunes. Los datos acumulados del año siguen abiertos y se actualizarán con los próximos siniestros mortales que se registren en las carreteras españolas.

Más de 40 afectados por un brote de intoxicación alimentaria tras una boda en Benalmádena

La Delegación de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía investiga un brote de intoxicación alimentaria con más de 40 afectados tras el banquete de una boda celebrada el pasado sábado 10 de octubre en un hotel de Benalmádena (Málaga). Fuentes oficiales del organismo han confirmado la sospecha de un brote por toxiinfección alimentaria (la enfermedad provocada por el consumo de alimentos contaminados) después del menú servido en el enlace.

El cuadro clínico que presentaron los afectados incluye diarrea, dolor abdominal, náuseas, y vómitos, y en algunos casos también fiebre, según la información facilitada por la Delegación. Los servicios sanitarios han atendido a estas personas sin que, por el momento, se haya registrado ningún ingreso hospitalario.

Ninguno de los más de 40 afectados ha requerido hospitalización, de acuerdo con la misma fuente. Se trata de una sospecha de brote por toxiinfección, un diagnóstico que la autoridad sanitaria mantiene bajo estudio y que no ha sido confirmado de forma definitiva.

  • Diarrea.
  • Dolor abdominal.
  • Náuseas y vómitos.
  • Fiebre en algunos de los casos.

El enlace se celebró en un hotel del municipio malagueño y el menú del banquete es el punto sobre el que se centran las primeras comprobaciones. La Delegación no ha detallado, por ahora, el nombre del establecimiento ni los platos concretos que se sirvieron a los invitados.

Las actuaciones de inspección de la Unidad de Protección de la Salud

La Unidad de Protección de la Salud de la Junta de Andalucía está llevando a cabo las actuaciones de inspección relacionadas con esta posible intoxicación alimentaria, según la Delegación de Salud y Consumo.

Las actuaciones de inspección continúan sobre el menú del enlace, sin que la autoridad sanitaria haya determinado por ahora qué alimento originó los síntomas.

Las diligencias se centran en revisar la trazabilidad de los alimentos, las condiciones de manipulación y la conservación de los productos servidos durante el banquete. Este tipo de comprobaciones incluyen también la revisión de la documentación del servicio y de las condiciones en las que se elaboraron los platos.

La investigación se encuentra en una fase inicial y la inspección sigue en marcha. Los síntomas de una toxiinfección alimentaria aparecen habitualmente entre unas horas y un día después de la ingesta del alimento contaminado, y suelen remitir en pocos días sin más tratamiento que la rehidratación.

En qué punto está la investigación del brote

Por el momento, la Delegación de Salud y Consumo no ha precisado qué alimento concreto habría originado los síntomas ni cuál sería el agente causante. Tampoco ha concretado el número exacto de personas atendidas, más allá de situar la cifra por encima de las 40.

Los brotes de toxiinfección alimentaria se investigan habitualmente mediante la toma de muestras a los afectados, el análisis de los productos sospechosos y entrevistas epidemiológicas para reconstruir qué consumió cada persona. El objetivo es identificar el alimento y el punto de la cadena en el que se habría producido la contaminación.

Benalmádena es un municipio de la provincia de Málaga, en la costa occidental andaluza, con una actividad hostelera y turística intensa. Los episodios de este tipo se notifican a la autoridad sanitaria autonómica, que activa el protocolo de vigilancia de brotes.

La investigación continúa abierta. La Delegación de Salud y Consumo no ha facilitado por ahora un balance definitivo del número de afectados ni conclusiones sobre el origen del brote surgido tras la boda.

El Consejo de Ministros del 13 de octubre de 2026: rueda de prensa de La Moncloa y los acuerdos educativos del Gobierno

El Consejo de Ministros ha publicado su rueda de prensa del 13 de octubre de 2026, el canal oficial a través del cual el Gobierno informa de los decretos y las órdenes que después se publican en el Boletín Oficial del Estado.

La comparecencia posterior a la reunión del Ejecutivo ha corrido a cargo de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Los tres han explicado los acuerdos adoptados en la sesión, según la información difundida por La Moncloa, que ha habilitado además la emisión en directo.

Qué es la rueda de prensa del Consejo de Ministros y cómo se convierte en normativa educativa

El Consejo de Ministros es el órgano colegiado que dirige la acción del Ejecutivo, de acuerdo con la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Entre sus funciones está aprobar los reglamentos que desarrollan las leyes aprobadas por las Cortes Generales.

En materia educativa, ese trámite afecta al despliegue de la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, que ordena el sistema educativo no universitario) y de la LOSU (Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario). Los reales decretos que salen de la reunión semanal se publican después en el BOE y solo entonces son exigibles.

Ese recorrido es el habitual de las normas que fijan el currículo de cada etapa, las condiciones de las becas MEC (las ayudas al estudio que concede el Ministerio de Educación cada curso académico) o el calendario de la EBAU, la evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad. La rueda de prensa es el paso previo a la publicación oficial de cada norma.

Los reales decretos que fijan la normativa educativa se aprueban en el Consejo de Ministros y entran en vigor con su publicación en el BOE.

Quiénes comparecen y qué papel tiene cada cartera en los acuerdos del Gobierno

Quien ocupa la portavocía es la encargada de trasladar los acuerdos de cada sesión. Elma Saiz compatibiliza esa función con la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Arcadi España, al frente de Hacienda, comparece cuando los acuerdos tienen incidencia presupuestaria, un terreno que condiciona el volumen de las becas y la financiación del sistema universitario.

Sira Rego encabeza Juventud e Infancia, un departamento cuyas políticas se cruzan con las etapas educativas no universitarias. El Ministerio competente en la materia es el de Educación, Formación Profesional y Deporte, que impulsa los textos normativos de este ámbito y los eleva a la reunión semanal del Ejecutivo.

El resumen oficial de cada cita recoge la relación de acuerdos y el vídeo de la comparecencia. Las normas educativas que superan ese trámite aparecen después en el Boletín Oficial del Estado con su fecha de entrada en vigor, que el propio texto detalla.

El Marco Educativo

La educación es una competencia compartida. El artículo 149.1.30 de la Constitución reserva al Estado las normas básicas para el desarrollo del derecho a la educación y la regulación de las condiciones de obtención y homologación de los títulos académicos, mientras que las comunidades autónomas asumen el desarrollo legislativo y la ejecución a través de sus estatutos de autonomía.

Cualquier decreto educativo que apruebe el Consejo de Ministros afecta a varios colectivos. Los sindicatos docentes y las asociaciones de familias se pronuncian sobre los desarrollos curriculares, mientras que la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) y la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) lo hacen sobre las normas universitarias. La Conferencia Sectorial de Educación es el foro donde el Ministerio y las consejerías autonómicas pactan los criterios comunes y el reparto de fondos.

En el calendario inmediato, las normas que se aprueben en las próximas reuniones del Consejo de Ministros seguirán el mismo recorrido: referencia del Ejecutivo, publicación en el BOE y entrada en vigor en la fecha que fije cada texto. Los desarrollos con impacto en el curso académico se coordinan después con las comunidades autónomas, y las convocatorias de becas y el calendario de la EBAU se actualizan cada año por esa vía.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: El Consejo de Ministros ha difundido la rueda de prensa del 13 de octubre de 2026, el canal oficial por el que el Gobierno informa de los decretos y las órdenes que después se publican en el BOE.
  • Por qué importa: Las normas educativas, desde el currículo hasta las becas o las pruebas de acceso, solo son exigibles una vez aprobadas por el Ejecutivo y publicadas en el Boletín Oficial del Estado.
  • A quién le importa: A estudiantes, familias y docentes que necesitan saber cuándo entra en vigor cada cambio, y a las comunidades autónomas, que desarrollan y ejecutan la normativa educativa.

El INCIBE-CERT alerta de vulnerabilidades de severidad alta en RTU SAGE y pantallas Pro-face de Schneider Electric

El INCIBE-CERT ha publicado este martes 13 de octubre de 2026 un aviso de severidad alta por dos vulnerabilidades en productos de Schneider Electric.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? El INCIBE-CERT, el equipo de respuesta ante incidentes del Instituto Nacional de Ciberseguridad, ha emitido un aviso de severidad alta por dos vulnerabilidades en equipos industriales de Schneider Electric.
  • ¿Dónde y cuándo? Aviso publicado el martes 13 de octubre de 2026 a las 09:38 horas, con el identificador INCIBE-2026-729.
  • ¿Qué resultado? Afectados los modelos SAGE RTU en versiones anteriores a C3414-500-S02L0 y los paneles Pro-face STW6000 y Harmony STW6 en todas sus versiones. No consta explotación.

El aviso se publica en la categoría de sistemas de control industrial del INCIBE-CERT, el equipo de respuesta ante incidentes de ciberseguridad que el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) pone al servicio de empresas y ciudadanos. Identificado como INCIBE-2026-729, el documento se emitió a las 09:38 horas y afecta a las unidades terminales remotas (RTU) SAGE y a los paneles HMI Pro-face STW6000 y Harmony STW6.

Ambas vulnerabilidades están clasificadas en el nivel 4 de severidad alta y, en caso de ser explotadas, permitirían controlar los dispositivos sin autorización, provocar fallos operativos o instalar firmware manipulado para modificar el comportamiendo de los equipos. El listado de recursos afectados incluye las SAGE RTU 1410, 1430, 1450, 2400, 3030 Magnum y 4400 en versiones anteriores a C3414-500-S02L0, así como los paneles Pro-face STW6000 y Harmony STW6 en todas sus versiones.

La primera de las vulnerabilidades, registrada como CVE-2026-96434, tiene su origen en el uso de componentes de terceros sin mantenimiento en los paneles HMI. Según el detalle técnico del aviso, un atacante podría aprovecharla cuando un usuario accede a páginas web maliciosas desde el navegador del propio dispositivo, lo que le permitiría obtener control no autorizado del equipo y provocar fallos operativos en la instalación.

La segunda, CVE-2026-102250, es un fallo de verificación insuficiente de la autenticidad del firmware en los productos SAGE RTU. Un usuario con privilegios de administrador podría cargar firmware modificado durante una actualización y alterar el funcionamiento del dispositivo.

Ninguna de las dos vulnerabilidades ha sido explotada hasta la fecha, según el aviso del INCIBE-CERT, que ya ha publicado las medidas de mitigación indicadas por el fabricante.

Dos vulnerabilidades que permiten tomar el control de los equipos industriales

Los fallos han sido detectados por investigadores del programa CyTRICS del Departamento de Energía de Estados Unidos y del Lawrence Livermore National Laboratory, junto a Sandia National Laboratories, mientras que la otra vulnerabilidad fue identificada internamente por Schneider Electric. El aviso no detalla el número de dispositivos afectados ni la cifra de instalaciones que podrían estar expuestas, aunque el fabricante sí concreta con precisión los modelos y las versiones comprometidas.

Las RTU y los paneles HMI son los componentes que enlazan el software de supervisión con la maquinaria física: gobiernan válvulas, bombas, motores y sistemas de medida en redes eléctricas, plantas de tratamiento de agua, instalaciones de gas o líneas de producción. Por ese motivo, una vulnerabilidad explotable en estos equipos no se mide en datos robados, sino en la capacidad de detener o alterar un proceso industrial completo.

Actualización de firmware en las RTU SAGE y contención en los paneles Pro-face

Para los productos SAGE RTU, Schneider Electric ha publicado el firmware correctivo C3414-500-S02L0. El aviso del INCIBE-CERT precisa que, tras la actualización, es necesario reiniciar el dispositivo y comprobar la versión instalada desde la página de configuración de la CPU.

En el caso de Pro-face STW6000 y Harmony STW6 no existe todavía una actualización. El fabricante recomienda utilizar los paneles HMI únicamente en entornos protegidos y sin acceso desde internet o desde redes no confiables, configurar solo sitios web locales de confianza para la navegación desde el dispositivo, segmentar la red e instalar un cortafuegos que bloquee los accesos no autorizados, restringir el uso de dispositivos de almacenamiento portátiles no verificados y limitar la configuración a administradores de confianza y usuarios autenticados.

vulnerabilidades Schneider Electric

El panorama de la ciberseguridad

La ciberseguridad industrial es hoy uno de los frentes de mayor exigencia técnica, porque estos equipos combinan ciclos de vida muy largos, actualizaciones poco frecuentes y una exposición creciente a redes corporativas e internet. Por ese motivo, el INCIBE-CERT mantiene una categoría específica de avisos para sistemas de control industrial (SCI), en la que se encuadra este comunicado.

El aviso se ha elaborado con la información de dos laboratorios nacionales de Estados Unidos y del propio fabricante, y se apoya en las referencias técnicas SEVD-2026-286-01 y SEVD-2026-286-02 publicadas por Schneider Electric. El INCIBE-CERT mantiene así la trazabilidad completa del incidente: identificadores CVE, productos y versiones afectadas y medidas de mitigación verificables.

En el ámbito de las administraciones públicas y las infraestructuras críticas, la coordinación frente a este tipo de amenazas corresponde al CCN-CERT, el equipo de respuesta ante incidentes del Centro Criptológico Nacional. Ninguna de las dos vulnerabilidades consta como explotada hasta la fecha, y el fabricante trabaja en una actualización para los paneles HMI afectados.

Mientras esa actualización llega, la recomendación oficial pasa por la segmentación de red y la restricción de accesos: medidas que reducen la superficie expuesta y que, en los entornos industriales, resultan tan determinantes como el propio parche. El aviso del INCIBE-CERT permanece publicado con todos sus identificadores y con la ficha técnica de cada fallo, disponible para empresas y operadores de infraestructuras a través del portal del Instituto Nacional de Ciberseguridad.

Los 5 vuelos en Falcon más polémicos de la legislatura y que Moncloa clasifica como secretos

El Falcon del Grupo 45 del Ejército del Aire se ha convertido en uno de los símbolos más incómodos del Gobierno de Pedro Sánchez. Sus vuelos han alimentado desde 2018 un goteo de polémicas por el uso de aeronaves oficiales en desplazamientos que mezclan agenda institucional y actividad de partido. Solo entre 2023 y 2024 se contabilizan 122 vuelos del presidente, y Moncloa nunca ha detallado quién sube a ellos ni cuánto cuestan. El PP ha registrado preguntas en el Congreso y el Senado por estos usos.

El criterio de la lista combina dos elementos: que el motivo oficial del vuelo resulte difícil de sostener y que el Ejecutivo haya preferido blindar la información —en vía administrativa o ante los tribunales— antes que desvelarla. Abre el viaje al FIB de Benicàssim en julio de 2018 para ver a The Killers, el episodio fundacional, y cierra la relación de pasajeros que Presidencia nunca entrega. No están todos los desplazamientos discutidos, solo los cinco que mejor ilustran ese patrón.

El vuelo cuyo motivo Moncloa blindó en los tribunales antes que desvelarlo

Aviones militares españoles acercándose a la Base Aérea de Los Llanos, Albacete, España.
Foto de Rafael Minguet Delgado en Pexels

El viaje al Festival Internacional de Benicàssim (FIB) de julio de 2018, para ver a The Killers, es el episodio que da sentido a este punto de la lista. Pedro Sánchez usó un Falcon del Grupo 45 del Ejército del Aire, acompañado de su esposa, Begoña Gómez, en una jornada en la que la reunión con Ximo Puig y la visita al Ayuntamiento de Castellón sí figuraban en la agenda oficial, pero el concierto no. El Ministerio de Presidencia llegó a tratar ese desplazamiento como «secreto oficial» y sostuvo que no podía revelarse información por ser «clasificada». Ya en los tribunales, la Abogacía del Estado defendió que la Vicesecretaría General de Presidencia no disponía de «archivo, base de datos o sistema de información» sobre los transportes empleados por el presidente, según un informe fechado el 4 de junio de 2020. El Consejo de Transparencia ya había fallado en contra de ese silencio en octubre de 2019.

La estrategia se mantuvo hasta que la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en sentencia de 6 de septiembre de 2021, ordenó a Presidencia entregar la documentación en diez días y le impuso las costas; el tribunal consideró difícil de entender que el Ejecutivo careciera de datos sobre los desplazamientos privados de su presidente. Moncloa renunció a recurrir y acabó publicando un listado en el que admitía 51 viajes privados en coche oficial y ninguno en avión o helicóptero, mientras al menos una treintena de excursiones en Falcon o Puma sin acto oficial pasaban a considerarse oficiales, con el argumento de que el presidente lo es «de forma continua e íntegra» (Real Decreto 634/2021). El coste de aquel fin de semana se estimó entre 20.000 y 24.000 euros, con unos 5.600 euros por hora de vuelo y cuatro trayectos en menos de 24 horas.

El Falcon a la Fiesta de la Rosa del PSOE en Dos Hermanas

A group of women standing next to each other
Foto de Gabriel Martin en Unsplash

El desplazamiento del presidente del Gobierno en un Falcon del Ejército del Aire hasta Dos Hermanas (Sevilla) para intervenir en la Fiesta de la Rosa del PSOE es uno de los episodios que mejor resume el patrón que la oposición lleva años denunciando: un acto estrictamente orgánico al que se llega en una aeronave militar y que, para justificar el vuelo, se envuelve con alguna visita protocolaria previa como jefe del Ejecutivo. La moción que el PP defendió en el Senado en mayo de 2024 describía esa mecánica —hacer primero «una breve visita protocolaria o institucional a alguna entidad» para después acudir a «mítines o eventos del PSOE»— y reclamaba que, cuando coincidan ambas agendas, sea el partido quien asuma el coste del desplazamiento. Dos Hermanas, feudo socialista del área metropolitana de Sevilla, acoge una de las citas más señaladas del calendario del PSOE, y llegar a ella en avión oficial convierte el trayecto en un gasto de naturaleza partidista sufragado con cargo al presupuesto de Defensa que pagan todos los contribuyentes.

Lo que hace especialmente polémico este vuelo es, precisamente, lo que no se explica. El motivo del desplazamiento figura entre la información que Presidencia se niega a detallar, amparándose en la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y en genéricas razones de seguridad, para no facilitar destinos, pasajeros ni costes. Los datos remitidos al Senado contabilizan 1.288 vuelos de las aeronaves de transporte de autoridades entre 2018 y 2025, pero el Ministerio de Defensa sostiene que es «inviable» disociar el gasto de cada trayecto concreto. El Consejo de Transparencia ha resuelto en varias ocasiones contra Moncloa —también por los vuelos de familiares del presidente— sin capacidad para imponer sanciones, mientras el Gobierno desclasificaba los papeles del 23-F y mantenía bajo llave sus propios desplazamientos. A ello se suma el cálculo difundido por el PP: en torno a 5.600 euros por cada hora de vuelo en Falcon, con un consumo de 1.041 litros de queroseno a la hora.

El Falcon a los mítines de campaña: del 23-J al 9-J

Pedro Sánchez y la sombra del bloqueo acechan al PSOE y a García-Page
Pedro Sánchez y la sombra del bloqueo acechan al PSOE y a García-Page

El patrón se repite cada vez que hay urnas. Pedro Sánchez fija una visita de agenda oficial en la ciudad que ese mismo día acoge un mitin del PSOE y utiliza el Falcon para cubrir el desplazamiento, de modo que el avión del Ala 45 acaba llevando al presidente a un acto de partido. La mecánica se documentó tanto en la campaña del 23-J como en la del 9-J, en las que el jefe del Ejecutivo encadenó paradas institucionales y mítines. El caso más citado es el del 18 de mayo de 2024: por la mañana visitó el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona y a mediodía intervino en un mitin de las europeas en el Palacio de Congresos de la ciudad, donde había llegado en Falcon tras despegar de Madrid esa misma mañana.

Lo que sitúa este episodio en la lista es la sospecha de que esas visitas funcionan como coartada formal de un uso partidista de recursos públicos. El PP lo llevó al Senado en mayo de 2024 con una moción que exigía el reintegro de los gastos de los desplazamientos en Falcon y Super Puma a actos de partido o de la vida privada, además de un registro público de la flotilla VIP, límites a los viajes institucionales en campaña y que los costes los asumiera la formación que organiza el acto. Los populares cifran en 5.000 euros la hora de vuelo del Falcon y en más de 200.000 euros el cáterin de 2024, frente a los 80.000 de la etapa de Mariano Rajoy. Moncloa nunca ha detallado esos trayectos y alega razones de seguridad para no revelar pasajeros ni motivos.

Los ministros que también usan avión oficial para actos de partido

blue and red passenger plane
Foto de Juan Pablo Mascanfroni en Unsplash

El Falcon no es solo cosa del presidente. El PP ha registrado preguntas en el Congreso y el Senado sobre los vuelos en aeronaves oficiales de la ministra portavoz y secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, a la que atribuye al menos cinco desplazamientos en Falcon desde julio de 2021: varios a París, otros a Faro (Portugal) y uno el 1 de julio en un Airbus A310 entre Zaragoza y Madrid. Los populares reprochan que se optara por avión militar en trayectos con oferta comercial de sobra y que no se haya aclarado el coste para el contribuyente. Alegría se defiende asegurando que «no tiene Falcon» y que cuando lo ha usado fue siempre acompañando al Rey, a la Reina o al presidente del Gobierno, y ha replicado exhibiendo billetes de vuelos regulares para los trayectos que atribuye a su propia agenda.

El fondo del asunto es cómo se justifica el vuelo. La Secretaría General de la Presidencia ha sostenido ante el Consejo de Transparencia que la condición de presidente se ejerce «de forma continua y completa» entre el nombramiento y el cese, sin tramos en los que no ostente el cargo, lo que convierte en actos presidenciales desplazamientos que la oposición vincula a mítines o a la esfera privada y que se extienden a los ministros que comparten aeronave. En mayo de 2024 el PP llevó al Senado una moción para exigir el reintegro de los gastos de Falcon y Super Puma —el helicóptero que enlaza Moncloa con la base de Torrejón ronda los 5.000 euros por hora de vuelo— empleados en actos de partido, y para que sea la formación política quien pague cuando coincidan agenda institucional y mitin. El Gobierno ha esquivado las respuestas parlamentarias y de Transparencia invocando seguridad y la ley de secretos de 1968, y en julio de 2025 aprobó una nueva Ley de Información Clasificada que permitiría blindar destinos y acompañantes.

Los pasajeros del Falcon: la lista que nunca se entrega

Rufián Podemos

Moncloa nunca ha entregado la lista de quién sube al Falcon. Ante la petición del listado de pasajeros de los 122 vuelos oficiales de Pedro Sánchez entre 2023 y 2024, Presidencia se limitó a remitir un elenco de destinos —Marruecos, Bruselas, Egipto, Estados Unidos o República Dominicana— sin los motivos, sin los importes abonados a Defensa y sin la relación de acompañantes, y a señalar que no paga nada al Ministerio por usar las aeronaves. Llegó a calificar de «abusivo» que se le preguntara por ello. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno le ordenó en la resolución 2025-0765, de 20 de junio, identificar a esos ocupantes —excluido el dispositivo de seguridad— por contribuir al «control de la actividad pública y la gestión de los recursos». El Gobierno no la ejecutó: el TSJM admitió a trámite una demanda el 16 de febrero y reclamó a Presidencia el expediente completo. El blindaje se apoya en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1986 y en la Ley de Secretos Oficiales de 1968, invocando «materia clasificada».

La lista que nunca llega tiene además un rastro documental propio. En las «General Declaration» de al menos 23 trayectos oficiales entre 2022 y 2024, casi el 80% con República Dominicana como origen o escala, consta la tripulación militar pero el apartado «Passenger Manifest» aparece vacío o tachado. En los registros de autorizaciones aeronáuticas de la Fuerza Aérea dominicana, 27 de los 35 permisos concedidos a aeronaves españolas entre 2021 y 2025 no consignan número de pasajeros —figura como «TBD»— y en 18 la misión se clasifica solo como «transporte VIP». Un Falcon 900 voló el 12 de junio de 2023 de Santo Domingo a Cúcuta, a 20 kilómetros de la frontera venezolana, sin lista de pasajeros y sin aparecer en los rastreadores civiles. En el Senado, el Gobierno sostuvo que los desplazamientos de Begoña Gómez eran materia reservada; por escrito, el 22 de diciembre, admitió que ese acuerdo nunca existió.

La Comunidad de Madrid pide al Ministerio del Interior revisar el sistema VioGén por fallos en la valoración del riesgo

La Comunidad de Madrid ha pedido al Ministerio del Interior revisar el sistema VioGén por posibles fallos en la valoración del riesgo.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? La Comunidad de Madrid ha pedido al Ministerio del Interior una revisión en profundidad del sistema VioGén y ha alertado de posibles fallos en las pulseras antimaltrato.
  • ¿Dónde y cuándo? En la última reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género, celebrada en Madrid.
  • ¿Qué resultado? 12.851 casos activos en la región, de los que solo 132 (el 1%) figuran como riesgo alto o extremo; cuatro de las ocho mujeres asesinadas en el último año estaban clasificadas con riesgo bajo.

La petición se abordó durante la reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género, presidida por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y en la que participó la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila. El Gobierno autonómico fundamenta su reclamación en un dato que considera determinante para la protección de las víctimas.

Una revisión de los cuestionarios y de los algoritmos de valoración

Cuatro de las ocho mujeres asesinadas en el último año en la región estaban clasificadas en el sistema VioGén (el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género, dependiente del Ministerio del Interior) con un nivel de riesgo bajo. De los 12.851 casos activos, únicamente 132 —el 1%— figuran como de riesgo alto o extremo, los dos niveles en los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aplican medidas de vigilancia frecuente, aleatoria o permanente.

García Martín ha defendido la necesidad de analizar tanto los cuestionarios empleados para valorar el riesgo como los algoritmos que sostienen el sistema. Dávila ha señalado que los cuestionarios «aún no se han actualizado» y ha reclamado una revisión en profundidad de los mecanismos sobre los que se construye la valoración de cada caso.

A esa petición se suma, según la consejera, un problema de medios personales. La nota remitida por el Gobierno regional señala que en España existe una media de un agente por cada 100 expedientes relacionados con la atención y la protección de las víctimas. La reclamación autonómica se plantea, por tanto, en dos direcciones: revisar los instrumentos de valoración y reforzar el número de efectivos destinados a la protección de las mujeres incluidas en el sistema.

El sistema VioGén coordina a la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales en el seguimiento de miles de casos con protocolos diferenciados según el riesgo.

Las pulseras antimaltrato y las 80 personaciones judiciales

El Observatorio tambien ha puesto el foco en las conocidas como pulseras antimaltrato. Según los datos recogidos en el documento, durante el año pasado se identificaron en la Comunidad de Madrid 40 posibles fallos relacionados con estos dispositivos. Desde entonces, el Observatorio ha remitido cinco peticiones dirigidas a distintos departamentos del Gobierno central.

Dos de esas comunicaciones se dirigieron al Ministerio del Interior, otras dos al Ministerio de Igualdad y una al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Cuatro de las cinco permanecen todavía sin respuesta, según la Comunidad de Madrid. Las comunicaciones reclamaban la sustitución de los aparatos, advertían del colapso de los órganos judiciales especializados en violencia contra la mujer y solicitaban revisar los protocolos de valoración del riesgo.

El documento incorpora además un elemento estrictamente judicial. La Abogacía General de la Comunidad de Madrid se ha personado hasta ahora en 80 procedimientos relacionados con mujeres madrileñas asesinadas por sus parejas o exparejas. El Gobierno autonómico señala, al mismo tiempo, que el Ejecutivo central ha presentado un recurso de inconstitucionalidad para impedir que la Comunidad pueda ejercer la acción popular prevista en el artículo 125 de la Constitución.

El contexto institucional

La violencia de género constituye una de las prioridades permanentes de la política de seguridad interior en España. El sistema VioGén es la herramienta central sobre la que se articula el seguimiento de las víctimas: integra a la Policía Nacional, la Guardia Civil, las policías locales y los servicios sociales, y determina el nivel de protección asignado a cada caso. Sobre esa clasificación se despliegan las medidas de vigilancia y las órdenes de alejamiento que ejecutan diariamente los cuerpos policiales.

En la Comunidad de Madrid, según los datos del Observatorio Regional, esas medidas alcanzan a la práctica totalidad de los 12.851 casos activos, con seguimiento específico para los 132 clasificados como de riesgo alto o extremo. El modelo combina la valoración policial del riesgo con la vigilancia permanente y el control telemático mediante dispositivos de localización, un sistema que sitúa a España entre los marcos de protección más desarrollados de Europa para las víctimas de violencia de género.

La revisión reclamada por el Observatorio Regional se dirige tanto a los cuestionarios como a los algoritmos del sistema, así como al refuerzo de las plantillas. El Ministerio del Interior no se ha pronunciado por el momento sobre las cinco comunicaciones remitidas desde la Comunidad de Madrid, cuatro de ellas aún sin respuesta. La evolución de este expediente marcará el próximo paso de una colaboración entre administraciones que tiene como objetivo común la protección efectiva de las mujeres incluidas en el sistema.

La Guardia Civil mantiene la vigilancia marítima en Murcia ante la llegada continuada de pateras al litoral

La Guardia Civil mantiene la vigilancia marítima en el litoral de Murcia ante la llegada continuada de pateras y taxi-pateras. Las patrullas del Servicio Marítimo continúan interceptando embarcaciones cada uno o dos días, en una secuencia que no ha cesado desde el pasado verano.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ocurre? La Guardia Civil mantiene la vigilancia marítima en el litoral de Murcia ante la llegada continuada de pateras y taxi-pateras.
  • ¿Dónde y cuándo? En el litoral de Cartagena, Águilas, Mazarrón y La Unión, con intercepciones registradas durante septiembre y octubre de 2026.
  • ¿Qué resultado? Más de 230 personas interceptadas y rescatadas en las últimas semanas y un fallecido confirmado el 23 de septiembre.

Intercepciones cada uno o dos días en el litoral de Cartagena

La última llegada registrada, según la Delegación del Gobierno, se produjo el pasado lunes en el punto de desembarco de El Gorguel, en Cartagena, donde las patrullas comisionadas a Portmán y La Unión interceptaron dos embarcaciones con 43 y 44 personas a bordo.

En total, fueron trasladadas hasta Cartagena 73 hombres, 2 mujeres y 12 menores, atendidos por la Cruz Roja y entregados a la Policía Nacional para iniciar los trámites de devolución. Cuatro días antes, las patrullas de El Algar y Cabo de Palos interceptaron otras dos embarcaciones con 38 y 45 personas.

El 26 de septiembre, la Guardia Civil interceptó, rescató y auxilió a 52 inmigrantes que habían llegado en condiciones precarias a las costas de Águilas, Mazarrón y Cartagena en seis embarcaciones diferentes. Tres días antes, el 23 de septiembre, el aviso de un crucero permitió rescatar a 16 personas y confirmar el fallecimiento de uno de los ocupantes.

El refuerzo de medios y el debate sobre la frontera marítima

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha defendido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuentan con los medios necesarios y ha anunciado la incorporación de la patrullera Río Ulla para reforzar a la Guardia Civil. Las asociaciones profesionales del instituto armado sostienen, en cambio, que ese refuerzo todavía no se traduce en el terreno.

La asociación Jucil ha advertido de que la costa de Cartagena se está convirtiendo en la «nueva costa andaluza» para organizaciones presuntamente dedicadas al tráfico de drogas y de seres humanos, que operan con taxi-pateras. El sindicato califica de «ficción institucional» las palabras del delegado, mientras que la AUGC apunta a un agotamiento entre las patrullas encargadas de las intercepciones, los traslados y las revisiones médicas de los ocupantes.

Las patrullas del Servicio Marítimo de la Guardia Civil han interceptado y rescatado a más de 230 personas en aguas de Murcia en apenas tres semanas.

Jucil tambien ha cuestionado la gestión de la flota marítima y ha señalado que, en lugar de incorporar embarcaciones adaptadas a la agresividad de las redes, se han trasladado patrullas de otras provincias, como Cádiz y Barcelona, y se ha reparado a toda prisa la embarcación S-40 tras dejar a la Región con la mitad de su flota averiada en pleno agosto.

En el terreno político, el pleno del Ayuntamiento de Cartagena aprobó por unanimidad el pasado 10 de septiembre una moción que instaba al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno a dotar con más medios humanos, marítimos y tecnológicos a la Guardia Civil y a la Policía Nacional del municipio. El delegado del Gobierno ha rechazado acudir a la comparecencia que el Partido Popular logró aprobar en comisión parlamentaria de la Asamblea Regional.

El Contexto Operativo

El último barómetro del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP) situó la inmigración como la principal preocupación de los murcianos, con 16,3 puntos, por delante de la vivienda (15,9). El dato mide la presión que soporta la frontera marítima de la Región y el volumen de trabajo que asume cada día el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, encargado de interceptar las embarcaciones y de rescatar a sus ocupantes.

En lo que va de otoño, las patrullas del instituto armado han interceptado y rescatado a más de 230 personas en aguas murcianas, una labor que se mantiene pese al desgaste de medios denunciado por las asociaciones profesionales.

Según el secretario provincial de la AUGC en Murcia, Juan García, las llegadas se han duplicado respecto al año anterior y se repiten a un ritmo de dos pateras diarias, con una mezcla creciente de taxi-pateras y cayucos. Las embarcaciones empleadas por las redes alcanzan una potencia superior a la de las planeadoras disponibles, lo que obliga a coordinar el helicóptero con las lanchas para poder detenerlas con seguridad.

Las redes que operan en la zona han mostrado capacidad para adaptar sus rutas y sus puntos de desembarco, rotando entre El Gorguel, Cala Reona, Portmán y La Unión, según los episodios registrados en las últimas semanas. Esa movilidad obliga a las patrullas a repartir sus medios a lo largo de un litoral extenso y a mantener una coordinación constante entre las unidades terrestres y el Servicio Marítimo. La Delegación del Gobierno sostiene que el dispositivo es suficiente y mantiene activa la vigilancia marítima sobre el litoral.

Visita de los Reyes a Ceuta: el precedente de 2007 y el pulso con Marruecos que marcan el viaje

El rey Felipe VI y la reina Letizia visitan Ceuta este martes, la primera visita de unos reyes españoles a la ciudad desde noviembre de 2007. El viaje, anunciado el 1 de octubre, llega dos meses y medio después de que más de 80.000 personas cruzaran la frontera desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. Se produce además tras las incursiones de buques de guerra marroquíes en aguas que España considera bajo su soberanía.

Qué significa la visita de los Reyes para Ceuta y para Rabat

Para Rabat, la presencia del monarca español va más allá de lo protocolario. Desde su independencia en 1956, Marruecos reivindica Ceuta y Melilla como parte de su territorio nacional. España rechaza cualquier cuestionamiento de su soberanía y recuerda que ambas ciudades forman parte de su territorio y de la Unión Europea. Es la primera visita de Felipe VI desde su proclamación en 2014, según los hechos publicados por elDiario.es.

El precedente de 2007: cuando Juan Carlos I desató la crisis diplomática

Los días 5 y 6 de noviembre de 2007, Juan Carlos I y Sofía realizaron una visita oficial a Ceuta y Melilla que desató una de las mayores tensiones diplomáticas entre ambos países de aquella década. La reacción marroquí llegó incluso antes del desplazamiento.

El 2 de noviembre, Mohamed VI ordenó llamar a consultas a su embajador en Madrid, Omar Azziman, por tiempo indeterminado. El Ministerio de Exteriores marroquí calificó entonces la visita de ‘lamentable’ y recuperó la expresión ‘ciudades ocupadas’ para referirse a ambos territorios. El 7 de noviembre, el propio Mohamed VI condenó públicamente el viaje y le atribuyó posibles consecuencias para las relaciones entre Madrid y Rabat.

Desde entonces, Rabat reclamó abrir un diálogo sobre el futuro de las ciudades autónomas, recuperando una propuesta que Hasán II, padre del actual monarca, ya había planteado en los años ochenta. España rechazó negociar su soberanía y la crisis se prolongó dos meses, hasta que el embajador marroquí regresó a Madrid en enero de 2008.

La crisis de julio y el pulso naval en aguas de Ceuta

A diferencia de 2007, el viaje de Felipe VI llega después de una crisis que también ha afectado a la seguridad fronteriza y marítima. A las entradas masivas de julio se suman las incursiones de una fragata y varias patrulleras de la Marina Real marroquí en aguas que España considera bajo su soberanía. La Armada española desplegó fragatas en julio y agosto. El 12 de octubre, Pedro Sánchez confirmó los incidentes, aunque aseguró que se resolvieron mediante la interlocución entre ambos países.

No es la primera vez que Rabat responde a un gesto español en Ceuta: en 2007 retiró a su embajador en Madrid durante dos meses.

En paralelo, distintos responsables marroquíes han vuelto a situar Ceuta y Melilla en el debate político. El 21 de agosto, el entonces ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, defendió en la televisión pública 2M los supuestos ‘derechos históricos y geográficos’ de Marruecos sobre ambas ciudades. El 25 de agosto, el ministro de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, evocó la ‘lucha sagrada’ para liberar las ‘ciudades ocupadas’.

Las reivindicaciones marcaron también la campaña de las elecciones legislativas de septiembre. Nizar Baraka, ministro de Equipamiento y Agua y secretario general del Istiqlal, aseguró que Marruecos no retrocedería ni un solo palmo de su territorio. El 5 de septiembre, Nabil Benabdellah, secretario general del Partido del Progreso y del Socialismo, calificó Ceuta y Melilla de ‘dos ciudades marroquíes ocupadas’.

Estas críticas no equivalen, sin embargo, a una posición oficial del Palacio Real. El mensaje más relevante llegó el 9 de octubre, cuando Mohamed VI advirtió, en el arranque parlamentario, de que la cooperación bilateral —que calificó de decisión soberana— no podía quedar sometida a ‘ninguna presión o amenaza, ni a ningún chantaje’. No condenó expresamente el viaje ni reivindicó de forma directa las dos ciudades, a diferencia de 2007.

El impacto para España y para el tablero europeo

El contexto bilateral ha cambiado en los últimos veinte años. Desde que España respaldó en 2022 el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, ambos países han reforzado su cooperación migratoria, económica y de seguridad, y comparten proyectos como la organización del Mundial de 2030 junto a Portugal. Una escalada diplomática podría comprometer intereses compartidos en un momento en el que España depende de la cooperación de Rabat en materia fronteriza, migratoria y antiterrorista.

Entre las posibles respuestas marroquíes figuran mantener las críticas a través de medios y dirigentes políticos, presentar una propuesta diplomática formal o recuperar medidas similares a las de 2007. Hasta el momento, ninguna de esas medidas ha sido anunciada ni ejecutada por Rabat, según elDiario.es.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? Felipe VI y Letizia visitan Ceuta este martes, la primera visita de unos reyes españoles desde noviembre de 2007.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? La Casa Real, el Gobierno de Pedro Sánchez y Marruecos, que reivindica la soberanía de las ciudades.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Rabat no ha anunciado represalias; una escalada podría afectar la cooperación migratoria y la candidatura al Mundial 2030.