La Comunidad de Madrid pide al Ministerio del Interior revisar el sistema VioGén por fallos en la valoración del riesgo

La Comunidad de Madrid ha pedido al Ministerio del Interior revisar el sistema VioGén por posibles fallos en la valoración del riesgo.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? La Comunidad de Madrid ha pedido al Ministerio del Interior una revisión en profundidad del sistema VioGén y ha alertado de posibles fallos en las pulseras antimaltrato.
  • ¿Dónde y cuándo? En la última reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género, celebrada en Madrid.
  • ¿Qué resultado? 12.851 casos activos en la región, de los que solo 132 (el 1%) figuran como riesgo alto o extremo; cuatro de las ocho mujeres asesinadas en el último año estaban clasificadas con riesgo bajo.

La petición se abordó durante la reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género, presidida por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y en la que participó la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila. El Gobierno autonómico fundamenta su reclamación en un dato que considera determinante para la protección de las víctimas.

Una revisión de los cuestionarios y de los algoritmos de valoración

Cuatro de las ocho mujeres asesinadas en el último año en la región estaban clasificadas en el sistema VioGén (el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género, dependiente del Ministerio del Interior) con un nivel de riesgo bajo. De los 12.851 casos activos, únicamente 132 —el 1%— figuran como de riesgo alto o extremo, los dos niveles en los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aplican medidas de vigilancia frecuente, aleatoria o permanente.

García Martín ha defendido la necesidad de analizar tanto los cuestionarios empleados para valorar el riesgo como los algoritmos que sostienen el sistema. Dávila ha señalado que los cuestionarios «aún no se han actualizado» y ha reclamado una revisión en profundidad de los mecanismos sobre los que se construye la valoración de cada caso.

A esa petición se suma, según la consejera, un problema de medios personales. La nota remitida por el Gobierno regional señala que en España existe una media de un agente por cada 100 expedientes relacionados con la atención y la protección de las víctimas. La reclamación autonómica se plantea, por tanto, en dos direcciones: revisar los instrumentos de valoración y reforzar el número de efectivos destinados a la protección de las mujeres incluidas en el sistema.

El sistema VioGén coordina a la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales en el seguimiento de miles de casos con protocolos diferenciados según el riesgo.

Las pulseras antimaltrato y las 80 personaciones judiciales

El Observatorio tambien ha puesto el foco en las conocidas como pulseras antimaltrato. Según los datos recogidos en el documento, durante el año pasado se identificaron en la Comunidad de Madrid 40 posibles fallos relacionados con estos dispositivos. Desde entonces, el Observatorio ha remitido cinco peticiones dirigidas a distintos departamentos del Gobierno central.

Dos de esas comunicaciones se dirigieron al Ministerio del Interior, otras dos al Ministerio de Igualdad y una al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Cuatro de las cinco permanecen todavía sin respuesta, según la Comunidad de Madrid. Las comunicaciones reclamaban la sustitución de los aparatos, advertían del colapso de los órganos judiciales especializados en violencia contra la mujer y solicitaban revisar los protocolos de valoración del riesgo.

El documento incorpora además un elemento estrictamente judicial. La Abogacía General de la Comunidad de Madrid se ha personado hasta ahora en 80 procedimientos relacionados con mujeres madrileñas asesinadas por sus parejas o exparejas. El Gobierno autonómico señala, al mismo tiempo, que el Ejecutivo central ha presentado un recurso de inconstitucionalidad para impedir que la Comunidad pueda ejercer la acción popular prevista en el artículo 125 de la Constitución.

El contexto institucional

La violencia de género constituye una de las prioridades permanentes de la política de seguridad interior en España. El sistema VioGén es la herramienta central sobre la que se articula el seguimiento de las víctimas: integra a la Policía Nacional, la Guardia Civil, las policías locales y los servicios sociales, y determina el nivel de protección asignado a cada caso. Sobre esa clasificación se despliegan las medidas de vigilancia y las órdenes de alejamiento que ejecutan diariamente los cuerpos policiales.

En la Comunidad de Madrid, según los datos del Observatorio Regional, esas medidas alcanzan a la práctica totalidad de los 12.851 casos activos, con seguimiento específico para los 132 clasificados como de riesgo alto o extremo. El modelo combina la valoración policial del riesgo con la vigilancia permanente y el control telemático mediante dispositivos de localización, un sistema que sitúa a España entre los marcos de protección más desarrollados de Europa para las víctimas de violencia de género.

La revisión reclamada por el Observatorio Regional se dirige tanto a los cuestionarios como a los algoritmos del sistema, así como al refuerzo de las plantillas. El Ministerio del Interior no se ha pronunciado por el momento sobre las cinco comunicaciones remitidas desde la Comunidad de Madrid, cuatro de ellas aún sin respuesta. La evolución de este expediente marcará el próximo paso de una colaboración entre administraciones que tiene como objetivo común la protección efectiva de las mujeres incluidas en el sistema.

La Guardia Civil mantiene la vigilancia marítima en Murcia ante la llegada continuada de pateras al litoral

La Guardia Civil mantiene la vigilancia marítima en el litoral de Murcia ante la llegada continuada de pateras y taxi-pateras. Las patrullas del Servicio Marítimo continúan interceptando embarcaciones cada uno o dos días, en una secuencia que no ha cesado desde el pasado verano.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ocurre? La Guardia Civil mantiene la vigilancia marítima en el litoral de Murcia ante la llegada continuada de pateras y taxi-pateras.
  • ¿Dónde y cuándo? En el litoral de Cartagena, Águilas, Mazarrón y La Unión, con intercepciones registradas durante septiembre y octubre de 2026.
  • ¿Qué resultado? Más de 230 personas interceptadas y rescatadas en las últimas semanas y un fallecido confirmado el 23 de septiembre.

Intercepciones cada uno o dos días en el litoral de Cartagena

La última llegada registrada, según la Delegación del Gobierno, se produjo el pasado lunes en el punto de desembarco de El Gorguel, en Cartagena, donde las patrullas comisionadas a Portmán y La Unión interceptaron dos embarcaciones con 43 y 44 personas a bordo.

En total, fueron trasladadas hasta Cartagena 73 hombres, 2 mujeres y 12 menores, atendidos por la Cruz Roja y entregados a la Policía Nacional para iniciar los trámites de devolución. Cuatro días antes, las patrullas de El Algar y Cabo de Palos interceptaron otras dos embarcaciones con 38 y 45 personas.

El 26 de septiembre, la Guardia Civil interceptó, rescató y auxilió a 52 inmigrantes que habían llegado en condiciones precarias a las costas de Águilas, Mazarrón y Cartagena en seis embarcaciones diferentes. Tres días antes, el 23 de septiembre, el aviso de un crucero permitió rescatar a 16 personas y confirmar el fallecimiento de uno de los ocupantes.

El refuerzo de medios y el debate sobre la frontera marítima

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha defendido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuentan con los medios necesarios y ha anunciado la incorporación de la patrullera Río Ulla para reforzar a la Guardia Civil. Las asociaciones profesionales del instituto armado sostienen, en cambio, que ese refuerzo todavía no se traduce en el terreno.

La asociación Jucil ha advertido de que la costa de Cartagena se está convirtiendo en la «nueva costa andaluza» para organizaciones presuntamente dedicadas al tráfico de drogas y de seres humanos, que operan con taxi-pateras. El sindicato califica de «ficción institucional» las palabras del delegado, mientras que la AUGC apunta a un agotamiento entre las patrullas encargadas de las intercepciones, los traslados y las revisiones médicas de los ocupantes.

Las patrullas del Servicio Marítimo de la Guardia Civil han interceptado y rescatado a más de 230 personas en aguas de Murcia en apenas tres semanas.

Jucil tambien ha cuestionado la gestión de la flota marítima y ha señalado que, en lugar de incorporar embarcaciones adaptadas a la agresividad de las redes, se han trasladado patrullas de otras provincias, como Cádiz y Barcelona, y se ha reparado a toda prisa la embarcación S-40 tras dejar a la Región con la mitad de su flota averiada en pleno agosto.

En el terreno político, el pleno del Ayuntamiento de Cartagena aprobó por unanimidad el pasado 10 de septiembre una moción que instaba al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno a dotar con más medios humanos, marítimos y tecnológicos a la Guardia Civil y a la Policía Nacional del municipio. El delegado del Gobierno ha rechazado acudir a la comparecencia que el Partido Popular logró aprobar en comisión parlamentaria de la Asamblea Regional.

El Contexto Operativo

El último barómetro del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP) situó la inmigración como la principal preocupación de los murcianos, con 16,3 puntos, por delante de la vivienda (15,9). El dato mide la presión que soporta la frontera marítima de la Región y el volumen de trabajo que asume cada día el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, encargado de interceptar las embarcaciones y de rescatar a sus ocupantes.

En lo que va de otoño, las patrullas del instituto armado han interceptado y rescatado a más de 230 personas en aguas murcianas, una labor que se mantiene pese al desgaste de medios denunciado por las asociaciones profesionales.

Según el secretario provincial de la AUGC en Murcia, Juan García, las llegadas se han duplicado respecto al año anterior y se repiten a un ritmo de dos pateras diarias, con una mezcla creciente de taxi-pateras y cayucos. Las embarcaciones empleadas por las redes alcanzan una potencia superior a la de las planeadoras disponibles, lo que obliga a coordinar el helicóptero con las lanchas para poder detenerlas con seguridad.

Las redes que operan en la zona han mostrado capacidad para adaptar sus rutas y sus puntos de desembarco, rotando entre El Gorguel, Cala Reona, Portmán y La Unión, según los episodios registrados en las últimas semanas. Esa movilidad obliga a las patrullas a repartir sus medios a lo largo de un litoral extenso y a mantener una coordinación constante entre las unidades terrestres y el Servicio Marítimo. La Delegación del Gobierno sostiene que el dispositivo es suficiente y mantiene activa la vigilancia marítima sobre el litoral.

Visita de los Reyes a Ceuta: el precedente de 2007 y el pulso con Marruecos que marcan el viaje

El rey Felipe VI y la reina Letizia visitan Ceuta este martes, la primera visita de unos reyes españoles a la ciudad desde noviembre de 2007. El viaje, anunciado el 1 de octubre, llega dos meses y medio después de que más de 80.000 personas cruzaran la frontera desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. Se produce además tras las incursiones de buques de guerra marroquíes en aguas que España considera bajo su soberanía.

Qué significa la visita de los Reyes para Ceuta y para Rabat

Para Rabat, la presencia del monarca español va más allá de lo protocolario. Desde su independencia en 1956, Marruecos reivindica Ceuta y Melilla como parte de su territorio nacional. España rechaza cualquier cuestionamiento de su soberanía y recuerda que ambas ciudades forman parte de su territorio y de la Unión Europea. Es la primera visita de Felipe VI desde su proclamación en 2014, según los hechos publicados por elDiario.es.

El precedente de 2007: cuando Juan Carlos I desató la crisis diplomática

Los días 5 y 6 de noviembre de 2007, Juan Carlos I y Sofía realizaron una visita oficial a Ceuta y Melilla que desató una de las mayores tensiones diplomáticas entre ambos países de aquella década. La reacción marroquí llegó incluso antes del desplazamiento.

El 2 de noviembre, Mohamed VI ordenó llamar a consultas a su embajador en Madrid, Omar Azziman, por tiempo indeterminado. El Ministerio de Exteriores marroquí calificó entonces la visita de ‘lamentable’ y recuperó la expresión ‘ciudades ocupadas’ para referirse a ambos territorios. El 7 de noviembre, el propio Mohamed VI condenó públicamente el viaje y le atribuyó posibles consecuencias para las relaciones entre Madrid y Rabat.

Desde entonces, Rabat reclamó abrir un diálogo sobre el futuro de las ciudades autónomas, recuperando una propuesta que Hasán II, padre del actual monarca, ya había planteado en los años ochenta. España rechazó negociar su soberanía y la crisis se prolongó dos meses, hasta que el embajador marroquí regresó a Madrid en enero de 2008.

La crisis de julio y el pulso naval en aguas de Ceuta

A diferencia de 2007, el viaje de Felipe VI llega después de una crisis que también ha afectado a la seguridad fronteriza y marítima. A las entradas masivas de julio se suman las incursiones de una fragata y varias patrulleras de la Marina Real marroquí en aguas que España considera bajo su soberanía. La Armada española desplegó fragatas en julio y agosto. El 12 de octubre, Pedro Sánchez confirmó los incidentes, aunque aseguró que se resolvieron mediante la interlocución entre ambos países.

No es la primera vez que Rabat responde a un gesto español en Ceuta: en 2007 retiró a su embajador en Madrid durante dos meses.

En paralelo, distintos responsables marroquíes han vuelto a situar Ceuta y Melilla en el debate político. El 21 de agosto, el entonces ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, defendió en la televisión pública 2M los supuestos ‘derechos históricos y geográficos’ de Marruecos sobre ambas ciudades. El 25 de agosto, el ministro de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, evocó la ‘lucha sagrada’ para liberar las ‘ciudades ocupadas’.

Las reivindicaciones marcaron también la campaña de las elecciones legislativas de septiembre. Nizar Baraka, ministro de Equipamiento y Agua y secretario general del Istiqlal, aseguró que Marruecos no retrocedería ni un solo palmo de su territorio. El 5 de septiembre, Nabil Benabdellah, secretario general del Partido del Progreso y del Socialismo, calificó Ceuta y Melilla de ‘dos ciudades marroquíes ocupadas’.

Estas críticas no equivalen, sin embargo, a una posición oficial del Palacio Real. El mensaje más relevante llegó el 9 de octubre, cuando Mohamed VI advirtió, en el arranque parlamentario, de que la cooperación bilateral —que calificó de decisión soberana— no podía quedar sometida a ‘ninguna presión o amenaza, ni a ningún chantaje’. No condenó expresamente el viaje ni reivindicó de forma directa las dos ciudades, a diferencia de 2007.

El impacto para España y para el tablero europeo

El contexto bilateral ha cambiado en los últimos veinte años. Desde que España respaldó en 2022 el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, ambos países han reforzado su cooperación migratoria, económica y de seguridad, y comparten proyectos como la organización del Mundial de 2030 junto a Portugal. Una escalada diplomática podría comprometer intereses compartidos en un momento en el que España depende de la cooperación de Rabat en materia fronteriza, migratoria y antiterrorista.

Entre las posibles respuestas marroquíes figuran mantener las críticas a través de medios y dirigentes políticos, presentar una propuesta diplomática formal o recuperar medidas similares a las de 2007. Hasta el momento, ninguna de esas medidas ha sido anunciada ni ejecutada por Rabat, según elDiario.es.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? Felipe VI y Letizia visitan Ceuta este martes, la primera visita de unos reyes españoles desde noviembre de 2007.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? La Casa Real, el Gobierno de Pedro Sánchez y Marruecos, que reivindica la soberanía de las ciudades.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Rabat no ha anunciado represalias; una escalada podría afectar la cooperación migratoria y la candidatura al Mundial 2030.

Las pruebas del accidente de Adamuz siguen sin analizar nueve meses después

El carril y la soldadura rotas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) siguen sin analizar nueve meses después, según las fuentes de la investigación citadas por ABC. Las dos piezas clave continúan almacenadas en dependencias del Ministerio de Transportes sin que se haya completado su traslado al laboratorio designado para su examen.

La investigación del siniestro, en el que murieron 46 personas, la dirigen los agentes de la Policía Judicial (la unidad de investigación de la Guardia Civil) de Córdoba y los expertos de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios.

Qué piezas siguen guardadas y por qué son decisivas

El carril y la soldadura que se partieron figuran entre los elementos materiales recuperados tras el siniestro. Ambos continúan guardados en un cajón del Ministerio de Transportes, a la espera de un examen que no termina de producirse. Las fuentes consultadas los describen como las pruebas clave para esclarecer qué motivó la tragedia y subrayan que, sin ellas, la investigación carece de una de sus piezas centrales.

La tragedia dejó centenares de heridos que aún se siguen recuperando de las secuelas. Desde principios de septiembre se traslada a las víctimas el mismo mensaje: el traslado de las piezas al laboratorio designado es «inminente». El anuncio no ha venido acompañado, por ahora, de ningún movimiento confirmado.

Las dos piezas siguen en el mismo cajón desde hace nueve meses, a la espera de un traslado que se promete inminente.

Cómo avanza la investigación del siniestro

Los agentes de la Policía Judicial de Córdoba y los expertos de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios, el órgano técnico que analiza las causas de este tipo de sucesos, avanzan a marcha corta, según las fuentes citadas. Ninguno de los dos equipos ha hecho públicos resultados parciales sobre lo ocurrido.

Ninguna autoridad ha confirmado oficialmente la causa del fallo ni se ha hecho público un informe preliminar con conclusiones. Las fuentes consultadas sostienen que el retraso en el análisis del caso condiciona el ritmo de la investigación y mantiene abiertas todas las explicaciones posibles sobre lo ocurrido.

El laboratorio designado es el único lugar donde pueden realizarse los análisis previstos sobre las dos piezas. Ese trabajo requiere disponer físicamente de los materiales, de modo que el retraso del traslado bloquea cualquier conclusión técnica.

  • El análisis del carril que se fracturó.
  • El examen de la soldadura que se rompió.
  • El traslado de ambas piezas al laboratorio designado.

Qué se comunica a las víctimas y cuál es el siguiente paso

Las víctimas y sus familias reciben desde septiembre el mismo mensaje, según la información disponible: el traslado al laboratorio designado es «inminente». Nueve meses después del siniestro, la operación sigue sin ejecutarse y sin una fecha concreta confirmada por ninguna autoridad.

La comunicación a las víctimas es, por ahora, el principal indicio público sobre el estado del caso. Mientras el traslado no se ejecute, no habrá resultados que analizar ni conclusiones que trasladar a las familias afectadas por la tragedia, que siguen a la espera de una respuesta.

El siguiente paso, según las fuentes, es el traslado de las dos piezas al laboratorio designado. Solo a partir de ahí podrán iniciarse los análisis previstos y sus resultados se incorporarán a la investigación.

Ambas piezas continúan en el lugar en el que quedaron depositados tras el siniestro, según la información recabada. No consta ningún cambio de ubicación ni un calendario oficial para el traslado, de manera que la situación se mantiene sin variaciones desde hace meses.

La investigación sigue abierta. Los agentes de la Policía Judicial de Córdoba y los expertos de la comisión de investigación continúan con sus diligencias a la espera de que las pruebas clave lleguen al laboratorio. Hasta entonces, la causa del siniestro que dejó 46 muertos permanecerá sin una explicación confirmada.

La Guardia Civil considera inviable la travesía en colchoneta de migrantes de Ceuta a la Península

La Guardia Civil considera inviable la travesía en colchoneta de cuatro migrantes de Ceuta a la Península el 23 de septiembre, según el instituto armado. Los cuatro hombres se echaron al agua con trajes de neopreno desde la playa de El Trampolín y no se ha vuelto a saber de ellos. Días después, un cadáver con neopreno apareció flotando frente a la costa de Estepona (Málaga).

La huida imposible de cuatro hombres desde la playa de El Trampolín

El fotoperiodista Marcos Moreno retrataba la vida diaria del asentamiento chabolista de El Trampolín, en Ceuta, cuando advirtió que cuatro hombres con trajes de neopreno se echaban al agua. Ocurrió sobre las 19:00 horas del 23 de septiembre. Se repartían la escasa superficie de una colchoneta semihundida y nadaban hacia alta mar, alejándose de la costa, según la reconstrucción publicada por CRÓNICA.

Moreno les hizo señas para que volvieran. Le miraron y siguieron alejándose hacia los mercantes del horizonte. Después se les perdió de vista. No hay más rastro.

Fuentes de la Guardia Civil sostienen que aquella fuga fue una fuga suicida. El instituto armado asegura que es imposible que, a nado y solo con un flotador compartido, se pueda salvar el Estrecho de Gibraltar. Ni siquiera con trajes de neopreno.

Las corrientes que arrastran hasta la costa de Málaga

El principal obstáculo no es la distancia. Entre Ceuta y la Península hay unos 14 kilómetros, pero las corrientes marinas arrastran hacia el litoral malagueño y alargan el recorrido hasta cien kilómetros. Un veterano piloto de Salvamento Marítimo confirma que la travesía no es posible. El neopreno, explica, solo garantiza que el cuerpo no se hunda y llegue en mejor estado, pero muerto.

Las corrientes del Estrecho arrastran hacia el litoral de Málaga y alargan el trayecto de catorce kilómetros hasta cien.

El cadáver con neopreno hallado frente a Estepona

Pasadas las 20:00 horas del 29 de septiembre, una embarcación de recreo que navegaba a once millas de la costa malagueña encontró un cuerpo flotando. El fallecido llevaba un traje de neopreno. La tripulación avisó al Centro Coordinador de Salvamento Marítimo en Tarifa, que activó el helicóptero Helimer 222. La embarcación Gadir acudió a la zona y rescató el cadáver, que fue trasladado al puerto de Estepona.

La Guardia Civil se hizo cargo del cuerpo y de la investigación, que abrió el juzgado de guardia (el que atiende las primeras diligencias de un suceso). La autopsia, practicada en el Instituto de Medicina Legal de Málaga, determinó que la causa de la muerte fue ahogamiento.

Los forenses no lograron identificar al hombre. El cadáver permanece a la espera de que se le declare oficialmente no identificado y sea enterrado. Le espera, con toda probabilidad, una fosa común y una lápida con un número.

Los cadáveres sin nombre y el estado de la investigación

Aquel hallazgo no fue un caso aislado. El 15 de septiembre se activó la alerta por un cuerpo en la costa occidental malagueña, recogido en Fuengirola. Al día siguiente apareció otro en Nerja, trasladado a Vélez-Málaga: llevaba aletas, flotador, varios teléfonos móviles, y dirhams, la moneda de Marruecos. El 26 de septiembre, una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil encontró un tercer cadáver en alta mar, en avanzado estado de descomposición.

La Guardia Civil no ha podido confirmar si el ahogado de Estepona es uno de los cuatro hombres que se echaron al agua en El Trampolín. En el instituto armado están convencidos de que el fallecido entró en Ceuta en la avalancha migratoria de finales de julio, cuando más de 80.000 personas cruzaron la frontera del Tarajal. El modus operandi es el normal, apostillan las fuentes consultadas.

Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), 19.363 migrantes han muerto o desaparecido en las rutas del Estrecho, Alborán y Canarias desde que empezó a llevar la cuenta, hace 38 años. En 2024 registró 1.869 desaparecidos y 596 fallecidos. Solo en Ceuta y Melilla fueron 55 los desaparecidos y 60 los fallecidos, la mayoría ahogados.

La entidad denuncia que la identificación de los cuerpos es casi imposible. No existe un protocolo común y las familias deben llamar uno a uno a cada instituto forense, muchas veces sin resultado. La mayoría de los cadáveres acaban en una fosa común con una lápida sin nombre.

Dos semanas después de que el fotoperiodista captara las imágenes, el asentamiento de El Trampolín ha sido desalojado y las retroexcavadoras han derribado las chabolas. No queda rastro físico de quienes compartieron campamento con los cuatro hombres. La investigación sigue abierta. El cuerpo continúa sin identificar.

Sánchez confirma buques marroquíes en aguas españolas durante la crisis de Ceuta

Los buques marroquíes que entraron en aguas españolas frente a Ceuta no eran un rumor. Una fragata y varias patrulleras de la Marina Real de Marruecos navegaron sin autorización por territorio español, y el propio Pedro Sánchez lo ha confirmado en público. La admisión reabre el pulso diplomático con Rabat y devuelve al primer plano la soberanía de Ceuta y Melilla.

Lo que Sánchez confirmó sobre los buques marroquíes

Sánchez habló claro, aunque con matices. El lunes, durante la Fiesta Nacional, admitió ante los periodistas que una fragata y varias patrulleras marroquíes se adentraron sin autorización en aguas españolas frente a Ceuta. Una fragata de la Armada tuvo que salir a su encuentro y expulsarlas, según la prensa nacional.

El presidente, sin embargo, quitó hierro al incidente. Lo describió como un episodio aislado y subrayó que la comunicación con Rabat fue fluida y que no ha vuelto a repetirse. La relación con Marruecos es clave para España: vecino geográfico, socio comercial y pieza imprescindible en el control migratorio del Estrecho.

Qué se juega España con la soberanía de Ceuta y Melilla

Y aquí está la clave de por qué este episodio importa tanto. Marruecos reclama formalmente la soberanía sobre Ceuta y Melilla, dos ciudades españolas en el norte de África. España sostiene que no hay nada que negociar, pero cada gesto cuenta: la visita de los reyes Felipe y Letizia al enclave, prevista para hoy y mañana, se interpreta en Rabat como una afirmación de soberanía.

El origen del episodio no es marítimo, sino terrestre. La avalancha fronteriza que desbordó el paso hacia Ceuta dejó una crisis que aún no se ha cerrado del todo, en plena fragilidad política y con elecciones anticipadas ya convocadas para el 29 de noviembre.

Frente a eso, España se juega tres cosas concretas: la integridad de su territorio, la credibilidad de su palabra y la estabilidad de una frontera por la que pasa buena parte de la presión migratoria hacia Europa. Ninguna de las tres admite improvisaciones.

Ceuta es española desde 1640 y Melilla desde 1497, y ese es el dato que ninguna presión naval puede reescribir.

Un pulso que viene de lejos: de Perejil al derecho del mar

Este no es el primer episodio así. En julio de 2002, un destacamento marroquí ocupó la isla de Perejil, un peñón deshabitado a tiro de piedra de Ceuta, y España respondió con una operación militar para recuperarlo. La crisis se cerró por vía diplomática, pero dejó una lección vigente: Marruecos usa los gestos de soberanía como moneda de cambio.

Conviene situar el marco jurídico para medir la gravedad. Las aguas territoriales —la franja de mar, hasta 12 millas náuticas, sobre la que un Estado ejerce soberanía plena— están reguladas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Que buques de guerra de otro país las crucen sin permiso es, jurídicamente, una vulneración de soberanía.

Hay un patrón que conviene observar. Desde 2021, Marruecos ha convertido la presión migratoria en herramienta de negociación, y España ha aprendido a leer cada movimiento como parte de un tablero más amplio que incluye la pesca, la energía y la seguridad del Estrecho. La respuesta española se juega en dos planos: firmeza en el territorio y prudencia en la vecindad.

Queda por ver cómo evoluciona la visita real a Ceuta y si Rabat mueve ficha en los próximos días. Lo que está claro es que España no renunciará a lo que es suyo por derecho histórico ni cederá un ápice en la defensa de su territorio.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El Gobierno ha confirmado que una fragata y varias patrulleras de la Marina marroquí entraron sin autorización en aguas españolas frente a Ceuta tras la avalancha migratoria sobre el enclave.
  • Datos importantes: Las aguas territoriales alcanzan 12 millas náuticas; la incursión se produjo tras la crisis fronteriza y hay elecciones anticipadas convocadas para el 29 de noviembre.
  • Resumen: El episodio reabre el pulso diplomático con Rabat y pone a prueba la defensa española de su soberanía en el norte de África.

Cómo funciona la EBAU (selectividad) paso a paso: fases, cálculo de la nota de acceso y convocatorias

La EBAU, la selectividad, pondera el bachillerato (60%) con los exámenes obligatorios (40%) y suma hasta cuatro puntos con la fase voluntaria.

Qué es la EBAU y cómo funciona la prueba

La EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad) es el examen que ordena la entrada a los estudios de grado. Cada comunidad mantiene su propia denominación —EvAU en Madrid y PAU en Cataluña—, pero la estructura es común en todo el territorio. El artículo 38 de la Ley Orgánica de Educación, en la redacción de la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre), fija las características básicas de la prueba.

Se presentan los estudiantes que han obtenido el título de Bachillerato y quienes, teniéndolo de cursos anteriores, quieren mejorar su nota de admisión. El acceso a la universidad admite otras vías: los titulados en FP (Formación Profesional) de grado superior acceden a través de sus propios procedimientos de admisión.

La fase obligatoria consta de cuatro ejercicios: Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II, Historia de España —o Historia de la Filosofía, según la comunidad— y la materia general de la modalidad cursada. Cada examen se corrige dos veces y, si la diferencia entre las dos notas alcanza los dos puntos, un tercer corrector fija la calificación definitiva.

La fase voluntaria permite examinarse de hasta cuatro materias de 2.º de Bachillerato, distintas de las elegidas en la fase obligatoria, pero cuentan solo las dos mejores calificaciones. Esas materias se ponderan con 0,1 o 0,2 puntos según su vinculación con el grado solicitado, y las universidades publican cada curso su tabla de ponderaciones.

Cómo se calcula la nota de acceso y de admisión

selectividad

La nota de acceso se obtiene con el 60% del expediente de Bachillerato y el 40% de la media de la fase obligatoria. La prueba se supera con 5 puntos o más, y esa calificación sobre 10 es la base sobre la que después se aplican las ponderaciones.

La nota de acceso pondera el expediente de Bachillerato (60%) y los exámenes obligatorios (40%), y las ponderaciones de la fase voluntaria elevan el máximo hasta 14 puntos.

La nota de admisión puede alcanzar hasta un máximo de 14 puntos: a la nota de acceso se suman las dos mejores calificaciones de la fase voluntaria multiplicadas por 0,1 o 0,2. Esas calificaciones mantienen su validez durante los dos cursos académicos siguientes.

La nota de corte no se fija de antemano: es la calificación del último estudiante admitido en cada grado, de modo que cambia cada curso según la oferta de plazas y la demanda. Una misma titulación puede tener cortes muy distintos en universidades distintas, y la nota de corte se conoce al cierre de cada admisión.

Cada curso se presentan a la prueba más de 300.000 estudiantes, según los datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte. La convocatoria ordinaria se celebra habitualmente en junio y la extraordinaria en julio o principios de septiembre, con diferencias entre comunidades autónomas. Los alumnos que cursan ahora 2.º de Bachillerato se examinarán en junio de 2027 y después participarán en la preinscripción de las universidades públicas, donde ordenan sus titulaciones por preferencia.

Tras la publicación de las calificaciones, el estudiante puede pedir la revisión de uno o varios exámenes en el plazo que fija su comunidad autónoma. La reclamación no implica repetir la prueba: se revisa la corrección y, si procede, se aplica la tercera corrección. Las notas definitivas se conocen antes del cierre del proceso de preinscripción.

El Marco Educativo

La prueba se enmarca en el artículo 38 de la Ley Orgánica de Educación, en la redacción que le dio la LOMLOE, que atribuye al Gobierno la fijación de las características básicas, previa consulta a las comunidades autónomas. Es una competencia compartida: el Estado define el marco común y cada comunidad organiza los examenes, nombra los tribunales y publica su calendario. Esa distribución explica las diferencias de fechas y de materias optativas entre territorios, y la normativa estatal se publica en el Boletín Oficial del Estado.

En el debate intervienen el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, los consejeros autonómicos reunidos en la Conferencia Sectorial de Educación, las universidades y los sindicatos docentes. La homogeneidad de la prueba entre comunidades es uno de los asuntos que han marcado el debate de los últimos cursos, y cualquier cambio de modelo exigiría un nuevo real decreto estatal con un periodo de adaptación para los centros. Las comunidades autónomas publican sus resoluciones con las fechas concretas a lo largo del curso, de modo que cada estudiante debe consultar la convocatoria de su territorio y la tabla de ponderaciones de la universidad en la que quiera matricularse.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: La EBAU se organiza en dos fases: la obligatoria, con cuatro exámenes, y la voluntaria, que permite sumar hasta cuatro puntos.
  • Por qué importa: Del cálculo de la nota de acceso (60% del bachillerato y 40% de los exámenes) y de las ponderaciones depende la nota de admisión, que llega hasta 14 puntos.
  • A quién le importa: A los más de 300.000 estudiantes que cada curso se presentan a la prueba y, en especial, a los de 2.º de Bachillerato que se examinarán en junio de 2027.

Cómo gestionar las ausencias docentes: planificar sustituciones y guardias sin afectar al aprendizaje

Las ausencias docentes son una realidad cotidiana en los centros: por enfermedad, permisos o formación, el aula necesita una respuesta planificada.

Un docente puede faltar por problemas de salud, por el cuidado de un menor, por un permiso de matrimonio o por una mudanza. También por motivos laborales: asistir a cursos y jornadas de formación o acompañar al alumnado a competiciones escolares. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público), regula los permisos y licencias del personal funcionario, la categoría en la que se encuadra el profesorado de la enseñanza pública.

El problema no es la ausencia, sino la improvisación. Sin protocolo, el grupo pierde horas de contenido, los profesores de guardia se sobrecargan y las familias perciben desorden. Con un plan definido, el impacto se reduce.

Qué es una ausencia docente y cómo se prepara el centro

La clave es anticipar. El plan de sustituciones debe estar listo antes de la primera baja, digitalizado y accesible para toda la plantilla, por ejemplo en una carpeta compartida en la nube. Cada docente deja ahí programadas sus actividades de contingencia, las tareas de guardia, y mantiene actualizada una ficha de relevo: horarios, aula, alumnado con necesidades específicas o pautas de medicación y la forma de acceder al material didáctico.

Los horarios son la otra pieza. Los equipos directivos deben garantizar que en cada franja horaria haya profesores de guardia suficientes y de distintas especialidades. Las guardias se equilibran por áreas —ciencias, letras, idiomas— para que la sustitución interna sea lo más cualificada posible: prioridad para el profesorado del mismo departamento y, a ser posible, para quien ya conoce al grupo.

Planificar las ausencias docentes no elimina las bajas, pero evita que cada falta de un profesor se convierta en una pérdida de horas de clase.

Qué ocurre el día de la ausencia: guardias, sustitutos y familias

sustituciones docentes

Si la ausencia es imprevista, el docente debe comunicarla por el canal estipulado antes de una hora de corte, que en muchos centros se fija en las 7:30 de la mañana. Ese margen permite al jefe de estudios reorganizar las guardias del día. Si la falta se comunica con antelación o se trata de una baja de larga duración, el centro tramita de inmediato la solicitud del sustituto.

Cuando la ausencia supera las dos semanas, el margen se estrecha: el sustituto puede tardar días en incorporarse. En ese supuesto, los centros recurren a un horario puente para no sobrecargar al profesorado de guardia y el jefe de estudios asume la tutela temporal de las asignaturas: comprueba en qué contenido se quedó el grupo y si hay exámenes fijados. Informar a las familias de que las clases siguen atendidas forma parte del protocolo, igual que avisar al resto del claustro para detectar vacíos de aprendizaje durante la transición.

La acogida del sustituto también condiciona el resultado. Un miembro del equipo directivo o del departamento le entrega las tarjetas de acceso y las claves de las plataformas digitales, y se le asigna un profesor referente para resolver las dudas cotidianas de funcionamiento del centro.

El último paso es el registro. El registro de sustituciones permite anticipar los patrones de ausencia y evaluar la carga de trabajo del profesorado de guardia. Además, sirve para justificar las horas de sustitución ante la inspección educativa si fuera necesario.

El Marco Educativo

La organización de las sustituciones es una competencia autonómica. El Estado fija las bases del sistema y las comunidades autónomas gestionan su propio profesorado: son ellas las que convocan plazas, elaboran bolsas de interinos y publican cada curso las instrucciones de inicio de curso que determinan cómo se cubren las bajas. El marco general lo establece la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica de Educación), mientras que el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre regula los permisos y licencias del personal funcionario.

Según señala el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, la gestión del profesorado está transferida a las comunidades autónomas, que abordan estos criterios en la Conferencia Sectorial de Educación. En el debate intervienen también los sindicatos docentes con representación en las mesas sectoriales, que reclaman criterios homogéneos para cubrir bajas y plazos más ágiles en la llegada de los interinos, según las posiciones que estas organizaciones trasladan durante la negociación. El Consejo Escolar del Estado, órgano consultivo del Ministerio, aborda en sus informes anuales la organización de los centros y las condiciones del profesorado.

En cifras, España cuenta con más de 750.000 docentes en enseñanzas no universitarias, según la Estadística de las Enseñanzas no universitarias del Ministerio de Educación. Las comunidades autónomas actualizan sus protocolos de sustitución cada curso mediante las instrucciones de inicio de curso, de modo que los centros revisan sus planes antes de septiembre. La próxima ventana de actualización llegará con el curso 2027-2028, cuando se publiquen las nuevas instrucciones.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: Un plan de sustituciones digitalizado, con fichas de relevo y guardias equilibradas por áreas, reduce el impacto de las ausencias docentes en el aula.
  • Por qué importa: La LOMLOE y el EBEP fijan el marco general, pero son las comunidades autónomas las que organizan las sustituciones y publican cada curso las instrucciones que las regulan.
  • A quién le importa: A los equipos directivos y jefes de estudios que cubren cada baja, al profesorado de guardia y a las familias del alumnado de enseñanzas no universitarias.

La Junta de Andalucía amplía los permisos de funcionarios con hijos enfermos: podrán compartir el 100% de la jornada

Los funcionarios de la Junta de Andalucía podrán repartirse el 100% de la jornada para cuidar a un hijo enfermo. La medida, nacida de una reforma estatal, aterriza ahora en el personal de la administración autonómica con sede en Sevilla y en las ocho provincias.

El cambio llega a través de la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, el marco legal estatal que fija los permisos de todos los funcionarios de España, y su traslado a la administración andaluza beneficia de forma directa a quienes trabajan para la Junta. Hasta ahora, ese permiso recaía casi siempre sobre un único progenitor, lo que empujaba a uno de los dos a apartarse de su carrera profesional. La corresponsabilidad deja de ser una excepción.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha cambiado? Los dos progenitores que trabajan para la Junta podrán reducir su jornada a la vez para cuidar a un hijo con enfermedad grave o gran dependencia, siempre que la suma de ambas reducciones no supere el 100%.
  • ¿A quién afecta? Al personal de la administración autonómica en las ocho provincias y en los servicios centrales de Sevilla, con independencia del estado civil de los progenitores.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Ningún padre o madre tendrá que elegir entre su empleo y la atención sanitaria de su hijo, y quienes perdieron el permiso solo por la edad del menor pueden pedir que se revise su expediente.

Qué cambia exactamente en los permisos de los funcionarios de la Junta

La novedad principal es que los dos progenitores podrán reducir su horario al mismo tiempo, siempre que la suma de lo que recorte cada uno no supere el 100% de la jornada habitual. El reparto es libre: un 50% y un 50%, un 60% y un 40%, o cualquier combinación que encaje con las necesidades reales de la familia. Hasta el 100% de la jornada compartida para atender consultas, ingresos hospitalarios o cuidados continuos.

El derecho se reconoce sin importar el estado civil: parejas casadas, parejas de hecho, divorciadas o en situación de separación pueden acogerse en igualdad de condiciones. El cuidado de un hijo enfermo no entiende de modelos familiares, y la norma lo asume. El personal de los hospitales de Málaga y Granada, el de los centros educativos de la comunidad o el de las oficinas administrativas dispondrá de la misma flexibilidad.

El segundo bloque de mejoras ataca el problema del reloj. La regulación fijaba topes de edad del hijo que dejaban sin cobertura a muchas familias cuando el menor crecía, aunque la necesidad de asistencia siguiera intacta. Ahora, si existe gran discapacidad o gran dependencia acreditada, el recorte de horas se mantiene aunque el hijo supere la edad límite. La enfermedad marca el calendario, no el DNI del menor.

Repartir el cuidado de un hijo enfermo sin que ninguno de los dos progenitores tenga que renunciar a su carrera: eso es lo que cambia esta norma en Andalucía.

Escolarización, expedientes antiguos y trámites más ágiles

permisos funcionarios Junta de Andalucía

Que el niño acuda al colegio unas horas ya no servirá como argumento para retirar o denegar el permiso. La escolarización parcial no equivale a que el menor deje de necesitar asistencia, y la reforma lo deja claro: los periodos lectivos no anulan el derecho de los padres a mantener sus horas libres. Ir a clase no es sinónimo de estar curado.

Quienes perdieron el derecho en su día únicamente por haber cumplido los años tope podrán pedir que su caso vuelva a examinarse. Es la vía abierta para familias que llevaban años con el expediente cerrado y que ahora pueden reclamar una situación que les correspondía. Expedientes que se reabren años después.

A eso se suma una agilización de los tramites para solicitar, prorrogar o mantener la reducción de jornada. La administración autonómica canaliza el procedimiento a través de sus servicios provinciales, y el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) será la referencia para el personal que quiera presentar su solicitud o pedir la revisión de un caso antiguo.

La Lectura Andaluza

La Junta de Andalucía es el mayor empleador público de la comunidad y sostiene servicios que no admiten pausas: hospitales, colegios, residencias, dependencia, oficinas de empleo. Cada turno que se cubre cuenta. Por eso una medida como esta tiene un efecto que va más allá del despacho del funcionario que firma la solicitud: toca la vida de miles de familias que llevan años haciendo encaje de bolillos entre la nómina y la habitación de un hospital.

El valor de proximidad es difícil de exagerar. Un enfermero de Sevilla que antes tenía que elegir entre su turno y las revisiones de su hijo; una maestra de Málaga que renunció a media jornada cuando su hija cumplió los dieciséis; una administrativa que cerró un expediente que ahora puede reabrir. Los tres escenarios responden a la misma lógica: el cuidado deja de ser una penalización profesional para quien lo asume.

Queda por ver el ritmo de aplicación. La Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de Andalucía es el foro donde se concretan este tipo de mejoras, y el sector sindical lleva tiempo reclamando que las medidas de conciliación lleguen también al personal sanitario y docente con turnos rotatorios. Además, la norma estatal abre un debate más amplio: si el modelo funciona para los funcionarios, el paso lógico es extenderlo al resto de trabajadores andaluces, donde la conciliación sigue siendo una carrera de obstáculos.

Andalucía ha demostrado que puede liderar en servicios públicos cuando se lo propone, y este es un terreno donde los resultados se miden en familias que no tendrán que elegir entre cuidar y trabajar. El siguiente paso está en los despachos: que el papel se convierta en horarios reales, en las ocho provincias y en los tres turnos. Ese es el examen.

Ryanair conecta Sevilla con Baviera: la nueva ruta directa despega en marzo

Ryanair volverá a unir Sevilla con Memmingen, en Baviera, desde el 29 de marzo de 2027 y con dos vuelos semanales.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Ryanair ha anunciado la recuperación de su ruta directa entre Sevilla y Memmingen, en Baviera, con dos frecuencias semanales desde el 29 de marzo de 2027.
  • ¿Dónde y quién? El enlace operará desde el aeropuerto de San Pablo, en Sevilla, con vuelos de unas tres horas y una programación abierta hasta el 28 de octubre.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Los billetes ya están a la venta en la web y la aplicación de la aerolínea, y el destino abre la puerta a Múnich, Innsbruck y Liechtenstein.

Ryanair recupera la ruta con Baviera que perdió en 2022

El aeropuerto de San Pablo encadena anuncios. Con la reciente llegada de Air Serbia, que conecta ya la capital hispalense con Belgrado, la instalación alcanza las 36 aerolíneas y consolida su crecimiento en el sur de España. A esa cifra se sumarán en las próximas semanas la ruta con La Coruña, prevista para noviembre, y la conexión con Cerdeña que se estrenó el pasado verano. Todo ello con la ampliación del aeródromo aparcada por decisión del Gobierno central, un freno administrativo que, por ahora, no ha recortado la oferta de vuelos.

La nueva conexión tendrá dos frecuencias semanales, los lunes y los jueves, y un tiempo de vuelo de unas tres horas. La programación arrancará el 29 de marzo de 2027 y se mantendrá hasta el 28 de octubre, cuando la compañía cierre su temporada de verano. Los billetes ya se pueden adquirir en la página web y en la aplicación móvil de la aerolínea, de modo que el viajero andaluz puede organizar desde ya una escapada a Baviera para la próxima primavera.

No se trata de un destino inédito. La aerolínea operó este mismo trayecto durante cinco años, hasta 2022, cuando dejó de ofrecerlo desde San Pablo. La vuelta de Memmingen forma parte de las 29 rutas que la compañía ha anunciado para el verano de 2027, una programación que confirma su apuesta por el aeropuerto sevillano.

Memmingen, la joya medieval que abre la puerta del sur de Alemania

Estamos ante algo más que un destino de aeropuerto. Conocida como la ciudad de las puertas, las torres y los tejados, Memmingen conserva un casco antiguo medieval en un estado de conservación envidiable, recorrible a pie en una sola jornada. Allí se redactaron en 1525 los Doce Artículos, uno de los primeros documentos de reivindicación de derechos humanos de Europa. La Marktplatz, su plaza del mercado, concentra edificios barrocos y rococós de fachadas coloridas, mientras el Stadtbach, un pequeño cauce que cruza el centro histórico, compone una estampa difícil de encontrar en otras ciudades alemanas.

El patrimonio defensivo es otro de sus grandes reclamos: alrededor de 1,4 kilómetros de muralla medieval, cinco torres y cinco puertas monumentales que recuerdan su pasado fortificado. Su ubicación invita, además, a ampliar el viaje. Múnich queda a poco más de 100 kilómetros, Liechtenstein a unos 120 e Innsbruck, ya en Austria, a unos 170. Para el viajero andaluz, la ruta no es solo un destino: es una base desde la que moverse por el centro de Europa.

Sevilla recupera una conexión que funcionó cinco años y que abre una puerta directa al sur de Alemania, uno de los mercados que más viajeros aporta a Andalucía.

nueva ruta Ryanair

La Lectura Andaluza

Alemania es uno de los principales mercados turísticos de Sevilla y de Andalucía, y las conexiones directas son la vía más eficaz para sostener esa corriente de visitantes. La Junta de Andalucía mantiene el mercado alemán entre las prioridades de su promoción exterior, y cada nueva ruta que entra en la programación de San Pablo trabaja en la misma dirección. La terminal acumula ya 36 aerolíneas, una cifra que hace una década habría sonado a utopía y que hoy explica por qué cada vez más andaluces organizan sus escapadas sin pasar por Madrid.

Para el ciudadano de a pie, el efecto es doble. Por un lado, un destino europeo más a tres horas de casa y sin escalas, con Múnich, los Alpes austriacos y Liechtenstein al alcance de un fin de semana. Por otro, más viajeros alemanes en los hoteles de Sevilla y su provincia, lo que se traduce en empleo en hostelería, comercio y transporte. A eso se suma el tejido exportador: el aceite de oliva y la aceituna de mesa andaluces tienen en Baviera un mercado natural, y una conexión directa siempre allana las relaciones comerciales.

La ruta arrancará el 29 de marzo de 2027 y se mantendrá operativa hasta el 28 de octubre, dentro de la temporada de verano de la aerolínea. Antes, en noviembre, San Pablo estrenará la conexión con La Coruña, y la programación de la compañía irlandesa para 2027 incluye ya 29 rutas. Lo que venga después dependerá de la demanda y de qué ocurra con la ampliación del aeródromo, una obra que sigue aparcada. Mientras tanto, cada enlace que se firma es un motivo menos para hacer escala en otro aeropuerto y un puesto de trabajo más en tierra.

La Junta activa un plan para que 20.222 jóvenes parados andaluces encuentren empleo

La Junta de Andalucía moviliza 92 millones de euros desde Sevilla para que 20.222 jóvenes parados andaluces encuentren empleo.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El BOJA publica la convocatoria del programa T-Acompañamos, con 92 millones del Servicio Andaluz de Empleo para atender a 20.222 desempleados menores de 31 años.
  • ¿Dónde y quién? Los proyectos los ejecutarán entidades de formación, asociaciones, empresas de inserción y ayuntamientos de toda Andalucía, con el plazo de solicitud abierto hasta el 15 de octubre.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Los jóvenes de 18 a 30 años inscritos como demandantes y en Garantía Juvenil accederán a orientación, formación y acompañamiento, con un incentivo de 528 euros al completar la atención.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado la convocatoria de esta línea de subvenciones, impulsada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). El plazo para presentar solicitudes sigue abierto, pero se cierra el 15 de octubre: apenas dos días para que las entidades interesadas de Granada, Sevilla, Málaga o cualquier otra provincia muevan ficha.

Podrán participar en los proyectos los jóvenes de entre 18 y 30 años que estén desempleados, inscritos como demandantes de empleo y dados de alta en el fichero del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Del otro lado, la convocatoria está abierta a entidades de formación, entidades sin ánimo de lucro, empresas de inserción, corporaciones locales y entidades locales autónomas, que deberán ejecutar cada proyecto en un plazo máximo de 18 meses.

Qué incluye el itinerario: diagnóstico, formación y acompañamiento al empleo

El programa no reparte solo dinero: diseña un itinerario personalizado para cada participante. Incluye un diagnóstico de empleabilidad, orientación laboral, formación para adquirir competencias técnicas y acciones de inserción que van desde la prospección del mercado hasta la captación de ofertas y la presentación de candidaturas. El objetivo es mejorar la cualificación de quienes llevan tiempo fuera del circuito laboral.

La subvención por persona atendida es de 3.500 euros, una cantidad que incorpora un incentivo de 528 euros que recibe el propio participante cuando completa la fase de atención. Los proyectos se financian con cargo al Programa FSE+ de Andalucía 2021-2027, la vía por la que llegan a la comunidad los fondos sociales europeos.

El programa pone 3.500 euros por joven sobre la mesa, pero lo que de verdad se mide es cuántos acaban con un contrato firmado.

El compromiso es exigente: al menos el 40% de los participantes debe lograr su inserción laboral, por cuenta propia o ajena, lo que equivale a 8.089 personas según las previsiones de la Consejería. Por cada joven colocado, la entidad percibirá 2.500 euros adicionales, siempre que haya recibido al menos 40 horas de orientación y mantenga el empleo un mínimo de cuatro meses, o tres si el trabajo es en el sector agrario.

80% por adelantado y hasta 320 proyectos: así se reparte el dinero

Las entidades beneficiarias recibirán el 80% de la subvención una vez emitida la resolución de concesión y el 20% restante al finalizar el proyecto. Para lograr un mayor impacto territorial, podrán solicitar hasta 100 proyectos si actúan en una sola provincia y hasta 320 si operan en dos o más. Una misma entidad podría llegar así a Huelva, Cádiz, Almería y Jaén con una sola solicitud.

Junta de Andalucía empleo

La Junta de Andalucía enmarca esta convocatoria en su estrategia de inserción laboral y de atención a los desempleados menores de 31 años, un colectivo al que el SAE dedica itinerarios diferenciados. Sobre el papel, el modelo combina tres piezas: formación técnica, acompañamiento prolongado y captación directa de ofertas por parte de las entidades. El empleo joven andaluz vuelve así al centro de la política autonómica, con el FSE+ como principal fuente de financiación hasta 2027.

La Lectura Andaluza

El paro juvenil en Andalucía es el indicador que más incomoda a cualquier gobierno autonómico, y esta convocatoria llega cuando el FSE+ 2021-2027 encara su tramo decisivo de ejecución. La comunidad canaliza buena parte de ese esfuerzo a través de la Garantía Juvenil, el mecanismo estatal que identifica a los menores de 30 años sin ocupación y sirve de puerta de entrada a los programas de inserción. La convocatoria publicada en el BOJA no es un anuncio aislado, sino una nueva edición de un modelo que ya se apoya en entidades repartidas por las ocho provincias.

Para el ciudadano de a pie, la letra pequeña importa. Un joven de Granada que lleve meses inscrito en Garantía Juvenil puede terminar el próximo año con un itinerario completo, formación específica y 528 euros en el bolsillo. En los pueblos y barrios donde apenas hay tejido empresarial, las entidades de formación y las empresas de inserción locales se convierten en la primera puerta a la que llamar. Y para los ayuntamientos, que también pueden solicitar, el programa es una vía para activar a los jóvenes de su municipio sin cargar sus propias cuentas.

La proyección es clara. Los proyectos que reciban la subvención tendrán 18 meses para ejecutarse, de modo que su actividad se prolongará hasta bien entrado 2028, ya con el nuevo marco financiero europeo en discusión. En el calendario más inmediato, todo se decide el 15 de octubre, y en el horizonte del SAE queda una pregunta: si el 40% de inserción obligatorio se cumple. No es un deseo, es el mínimo que la propia Consejería ha puesto por escrito.

Si las entidades responden al reto, 8.089 jóvenes andaluces dejarán de contar los meses en la cola del paro y empezarán a contar los del primer contrato. Ese es el examen que Andalucía se ha puesto a sí misma.

El Consell dispara las derivaciones a la sanidad privada: 267 pruebas de radiodiagnóstico al día en 2025

El Consell de Pérez Llorca derivó 97.431 pruebas de radiodiagnóstico a la sanidad privada en 2025, 267 al día. Es un 3% más que las 94.610 externalizadas en 2022, el último ejercicio completo del Botànic.

Los datos los ofreció el conseller de Sanidad, Marciano Gómez —el titular de una Conselleria, el equivalente autonómico de un ministerio—, en respuesta a las preguntas de la diputada del PSPV Yaissel Sánchez en Corts Valencianes, el parlamento unicameral de la Comunitat Valenciana. El grueso de las pruebas derivadas son ecografías y resonancias magnéticas.

Los números que crecen: un 3% más de derivaciones que en 2022

La serie no es lineal. En 2022 salieron a la privada 94.610 pruebas radiodiagnósticas; en 2023, 107.933; en 2024, 107.800; y en 2025, las mencionadas 97.431. Es decir, tras dos años al alza, el pasado ejercicio marcó un descenso que devolvió la cifra a niveles del Botànic. En lo que va de 2026, hasta el 17 de septiembre, se han derivado 66.962.

Por tipo de prueba, las ecografías son las que más han crecido. Pasaron de 4.150 en 2022 a 6.942, 9.055, y 17.636 en los tres años siguientes; en el ejercicio en curso, hasta el 17 de septiembre, se han derivado 8.510. Las resonancias, en cambio, bajaron: de las 85.205 de 2022 se pasó a 96.387 y 95.313, y en 2025 cayeron a 74.032, el mínimo del periodo.

El coste también tiene su cifra. En 2024 y 2025, las derivaciones de pruebas y de intervenciones quirúrgicas para aliviar las listas de espera dentro del plan de choque supusieron el pago de 270 millones de euros de las arcas públicas a distintos hospitales privados. El procedimiento está regulado por la Instrucción 2/2021, aprobada durante el Gobierno del Botànic, que atribuye a las gerencias de los departamentos de salud la propuesta, autorización y control de estas actuaciones.

Cada ecografía derivada a la privada es un recurso que no vuelve a la sanidad pública, aunque la factura la siga pagando el contribuyente.

El PSPV habla de privatización y el PP responde con la lista de espera

La portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE en las Corts, Yaissel Sánchez, denunció que el Consell ha disparado las ecografías derivadas un 325%, al pasar de 4.150 en 2022 a 17.636 en 2025. Para la diputada, el PP «deriva los recursos públicos que aportamos todos y todas con nuestros impuestos para alimentar el negocio privado”. “No se trata de un parche, sino de un modelo”, añadió.

Nieves Martínez, portavoz de Sanidad del grupo popular en las Corts, replicó que la derivación “es una práctica utilizada por gobiernos de distinto signo para garantizar la atención”. Martínez recordó que el procedimiento fue regulado por la Instrucción 2/2021, aprobada durante el Botànic, y subrayó que las resonancias derivadas cayeron de 85.000 a 74.000. Además, defendió que la lista de espera quirúrgica de prioridad 1 ha bajado de 61 a 17 días.

El Escenario Valenciano

La derivación de pruebas diagnósticas a la privada es un asunto viejo en la Comunitat Valenciana. Las resonancias y ecografías ya se externalizaron durante el Consell presidido por Eduardo Zaplana, hasta que el Botànic recuperó su gestión pública en diciembre de 2021. Lo que ha cambiado ahora no es la práctica, sino su volumen sobre las ecografías y la batalla política que la rodea.

En la oposición, PSPV y Compromís han convertido la sanidad en el eje de su discurso de desgaste contra el Consell de Pérez Llorca, conscientes de que es una de las materias que más moviliza al electorado valenciano. El PP, por su parte, defiende la derivación como una herramienta para reducir las listas de espera, un argumento que otros gobiernos autonómicos también han esgrimido para justificar el recurso a la privada.

La próxima estación del debate es presupuestaria. El Consell prepara las cuentas de 2027 con la sanidad como partida principal y con la amenaza de que PSPV y Compromís vuelvan a exigir un plan de reversión de las derivaciones. En juego no está solo una cifra: está el modelo de un sistema sanitario que atiende a algo más de cinco millones de valencianos.

Ficha del Caso

  • El caso: El Consell de Pérez Llorca derivó 97.431 pruebas de radiodiagnóstico a la sanidad privada en 2025, 267 al día, un 3% más que en 2022.
  • Datos importantes: 94.610 derivaciones en 2022; 107.933 en 2023; 107.800 en 2024 y 97.431 en 2025. Las ecografías pasaron de 4.150 a 17.636, un 325% más. Entre 2024 y 2025 se pagaron 270 millones de euros a hospitales privados.
  • Resumen: El PSPV denuncia un modelo de privatización mientras el PP defiende la derivación como una herramienta para reducir las listas de espera.