La confianza de los inversores en Colombia regresa: nuevas oportunidades para empresas españolas

Cuando el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, salió de su reunión con el Banco Mundial en Washington, no traía un acuerdo cerrado, pero sí una señal que vale millones. La confianza internacional «está regresando», dijo, y con ella una ventana de oportunidad para las empresas españolas que llevan décadas apostando por el país andino.

Indignómetro

Nivel de impacto para España: 8/10. La reactivación de la confianza inversora en Colombia afecta directamente a los intereses de las compañías españolas con fuerte presencia en sectores estratégicos, que emplean a miles de trabajadores y sostienen una parte relevante de los flujos bilaterales.

1. La cita con el Banco Mundial, un espaldarazo a la estabilidad colombiana

El Grupo Banco Mundial recibió el pasado lunes a Restrepo junto a los futuros ministros de Hacienda, Miguel Gómez, y de Comercio, Mauricio Gómez Amín. Sobre la mesa, la estructuración de un paquete integral de cooperación e inversión que se presentará próximamente en Barranquilla, con el respaldo expreso del presidente del organismo, Ajay Banga. «.

Esa frase no es solo un gesto diplomático. Para un país cuyos riesgo país llegó a niveles preocupantes, el respaldo multilateral actúa como un sello de calidad que tranquiliza a los mercados y rebaja el coste de la deuda externa.

2. Qué significa para las empresas españolas: infraestructura y energía en el punto de mira

Las prioridades económicas trasladadas al Banco Mundial —salud, apoyo rural, turismo, manufactura y formación— no agotan el menú de inversión. En sectores maduros como la infraestructura y la energía, donde las multinacionales españolas llevan dos décadas de ventaja, la señal de confianza abre la puerta a nuevas licitaciones, refinanciaciones y alianzas público-privadas. Compañías con raíces en Madrid, Bilbao o Barcelona pueden encontrar ahora un entorno de previsibilidad que no existía hace apenas doce meses.

La presencia de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) en la misma reunión añade una capa adicional de seguridad: garantías contra riesgos políticos y mecanismos de financiación que reducen el umbral de entrada para los proyectos españoles. No es casualidad que el encuentro coincida con un cambio de tono en los análisis de las agencias de calificación.

La señal del Banco Mundial devuelve a Colombia al mapa de los destinos preferentes para el capital español.

Conviene recordar que España es el segundo inversor europeo en Colombia y el tercero a nivel mundial, con un stock acumulado superior a los 6.000 millones de euros, según datos del ICEX. Cifras que se concentran en telecomunicaciones, banca, energía y construcción, precisamente los sectores más sensibles a la estabilidad regulatoria.

El equipo del presidente electo Abelardo De La Espriella continuará su ofensiva diplomática este semana con un conversatorio en el Atlantic Council, uno de los centros de pensamiento más influyentes de Washington. Allí expondrá la visión del nuevo gobierno, pero sobre todo mandará un mensaje a los inversores: las reglas del juego no van a cambiar a mitad de partida.

3. Un precedente alentador: cuando la confianza trajo inversión real

No es la primera vez que una señal política desencadena un ciclo inversor español en América Latina. A comienzos de siglo, la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la posterior entrada en vigor llevaron a muchas empresas españolas a redoblar su apuesta colombiana. El resultado fueron proyectos emblemáticos como la ampliación del aeropuerto El Dorado o las primeras concesiones de autopistas 4G. La diferencia ahora es que la confianza no se construye sobre un solo acuerdo comercial, sino sobre el aval de las instituciones multilaterales, lo que suele ser más sólido a largo plazo.

Los próximos pasos serán decisivos. La presentación del paquete de inversión en Barranquilla servirá para medir el apetito real de los mercados y, sobre todo, para comprobar si el dinero fresco fluye hacia los sectores donde las empresas españolas tienen ventaja competitiva. Mientras tanto, la agenda internacional del vicepresidente electo seguirá marcando el compás. Queda por ver si las palabras se traducen en contratos.

Si la historia sirve de guía, los inversores españoles no suelen llegar tarde a este tipo de citas. La pregunta es si las condiciones fiscales y regulatorias que ofrezca el nuevo ejecutivo colombiano estarán a la altura de las expectativas generadas en Washington. El primer examen, en pocas semanas.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El vicepresidente electo de Colombia se reúne con el Banco Mundial para recuperar la confianza inversora internacional, con foco en reformas económicas.
  • Datos importantes: España es el tercer inversor mundial en Colombia con más de 6.000 millones de euros en stock; sectores clave: infraestructura y energía.
  • Resumen: El giro de percepción facilita el regreso de las empresas españolas a un mercado que vuelve a ofrecer previsibilidad y respaldo multilateral.

Juez federal bloquea el fondo anti-armamentización de Trump y lo califica de autoservicio ilegal

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La jueza federal Kathleen Williams bloqueó este lunes el fondo anti-armamentización de 1.776 millones de dólares que Donald Trump creó para compensar a sus aliados, al considerar que el acuerdo con el IRS fue un ‘autoservicio’ sin base legal.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La jueza federal Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, anuló el acuerdo que creaba un fondo de 1.776 millones de dólares para supuestas víctimas de filtraciones del IRS.
  • ¿Quién está detrás? El Departamento de Justicia (DOJ) y la Casa Blanca pactaron el fondo en mayo de 2026 tras retirar Trump una demanda de 10.000 millones contra el IRS.
  • ¿Qué impacto tiene? La decisión pone en jaque la confirmación del fiscal general Todd Blanche en el Senado y cuestiona la independencia del DOJ.

El fallo que desmonta el ‘autoservicio’ de Trump

En una resolución de 56 páginas, la jueza Kathleen Williams —nombrada por Barack Obama— declaró que «nunca hubo un caso real ni controversia» entre Donald Trump y la agencia tributaria. El litigio original, iniciado por el presidente contra el IRS por la filtración de sus declaraciones fiscales, se convirtió en un pacto que «buscaba dar apariencia de legitimidad judicial a un acuerdo sin base legal o fáctica», según el fallo.

La magistrada también censuró al Departamento de Justicia por «abdicar de su responsabilidad de defender los intereses de Estados Unidos». Además, subrayó que la cifra de 1.776 millones —un guiño al año de la independencia— demostraba que el acuerdo obedecía más a la marca política que a un cálculo serio de daños.

Consecuencias: la confirmación de Todd Blanche tiembla

El fallo llega en el peor momento para la agenda legislativa de la Casa Blanca. Todd Blanche, el candidato a fiscal general, tiene previsto comparecer este jueves en el Senado para su audiencia de confirmación. La oposición demócrata ya ha señalado que la sentencia demuestra «un patrón de abuso del poder judicial para fines personales» y podría bloquear el nombramiento.

Fuentes republicanas citadas por la prensa local admiten que varios senadores conservadores están nerviosos. La pérdida del fondo anti-armamentización, que Trump defendía como una herramienta para proteger a sus seguidores, deja al descubierto la fragilidad del equipo legal del presidente.

Nunca hubo un caso real, solo un acuerdo diseñado para usar fondos públicos con fines políticos.

La lógica de Washington

Detrás de esta batalla judicial se esconde una pugna mucho más profunda por el control del sistema de justicia federal. Trump y sus aliados llevan años denunciando que el IRS y el FBI han sido instrumentalizados contra los conservadores. El fondo de 1.776 millones no era otra cosa que un intento de financiar a las presuntas víctimas de esa persección, creando una red clientelar paralela.

La maniobra recuerda al caso de Richard Nixon y el ‘Saturday Night Massacre’, cuando el presidente despidió a fiscales que se negaron a obedecer sus órdenes. La jueza Williams ha aplicado el principio constitucional más básico: los tribunales federales no emiten opiniones consultivas ni sellan acuerdos políticos sin un conflicto real entre las partes.

Para España, el impacto es indirecto pero significativo. Un Departamento de Justicia debilitado por escándalos de autoservicio podría ralentizar la cooperación en casos de extradición o en las negociaciones comerciales bilaterales. Empresas como Iberdrola o Santander, con intereses en Estados Unidos, siguen de cerca cualquier atisbo de inestabilidad institucional que afecte a la seguridad jurídica.

Ficha del Caso

  • El caso: Acuerdo extrajudicial entre Donald Trump y el IRS que creaba un fondo de 1.776 millones para resarcir a víctimas de filtraciones, anulado por un tribunal federal.
  • Datos clave: El pacto surgió tras retirar Trump una demanda de 10.000 millones; la jueza Kathleen Williams lo calificó de autoservicio sin base legal; la audiencia de Todd Blanche es el jueves 16 de julio de 2026.
  • Para España: La crisis en el DOJ podría entorpecer la cooperación judicial y añadir incertidumbre a las relaciones bilaterales, aunque el impacto económico directo es limitado.

Despoblación en Asturias y la vivienda copan las preocupaciones de los asturianos, según la Universidad de Oviedo

La vivienda y la despoblación se han convertido en las dos grandes angustias de la sociedad asturiana, según la primera encuesta de la Cátedra de Demografía de la Universidad de Oviedo.

El estudio ASTURDEMO25, elaborado con 800 entrevistas telefónicas entre diciembre de 2025 y enero de 2026, revela que el 90,4% de los asturianos conoce el reto demográfico y lo ve grave. Se trata del primer trabajo de la Cátedra de Demografía de la Universidad de Oviedo, creada en 2025, que proyecta realizar este estudio anualmente durante los próximos cuatro años. El 45,7% cree, además, que la situación en Asturias es peor que en otros territorios, una percepción especialmente acusada en, el occidente y el oriente, donde la población ha caído más de un 30% desde 2000.

Vivienda y despoblación: las dos caras de una misma crisis

La encuesta sitúa el acceso a la vivienda como la primera preocupación, por delante del desempleo, un resultado llamativo en una comunidad con una tasa de paro tradicionalmente elevada. El problema de vivienda no es nuevo: Asturias arrastra un parque inmobiliario envejecido y una escasa oferta de alquiler asequible, tanto en las ciudades como en los pueblos.

La ciudadanía identifica como causas de la baja natalidad las dificultades para acceder a una vivienda, la precariedad laboral y el coste de criar hijos. Frente a ello, las políticas que reciben más apoyos son la construcción de vivienda, la estabilidad en el empleo juvenil y el mantenimiento de servicios en el medio rural. Un consenso que cruza ideologías y que pocas veces se ve en otras materias.

El declive demográfico asturiano no es nuevo: la región ha perdido casi 200.000 habitantes desde su máximo en la década de 1980, un goteo que se aceleró con la crisis industrial y la emigración de los jóvenes. La encuesta refleja que esa herida sigue abierta en la conciencia colectiva.

El trabajo también detecta una brecha entre el respaldo a las medidas contra la despoblación y el escaso conocimiento ciudadano de las iniciativas impulsadas por el Principado. Un dato que lleva a la Cátedra a recomendar reforzar la comunicación institucional y evaluar el impacto real de esas actuaciones.

La despoblación no es solo una estadística; es la suma de los proyectos de vida que no pueden echar raíces por la falta de vivienda accesible.

La inmigración: entusiasmo y recelo ante un fenómeno clave

El capítulo migratorio dibuja una sociedad dividida. El 53,7% de los encuestados valora positivamente la inmigración y el 45,4% considera adecuado el volumen actual. Sin embargo, persisten sombras: un 65,2% cree que los inmigrantes reciben más ventajas en los programas sociales, un 49,2% los vincula a problemas de integración y un 43,5% los asocia con la inseguridad. Pese a las reticencias, casi la mitad de los asturianos cree que la población extranjera es necesaria para sostener los servicios y la economía, una paradoja que los investigadores instan a tratar con pedagogía.

Óscar Rodríguez Buznego, director de la Cátedra de Demografía, subraya que la encuesta aporta datos representativos para un debate que a menudo se alimenta de percepciones. El informe aspira a orientar las políticas públicas y cubrir un vacío de conocimiento sobre la opinión ciudadana.

El Pulso Territorial

El Gobierno de Asturias, presidido por Adrián Barbón (PSOE) y apoyado en la Junta General del Principado por IU y Podemos, afronta el tramo final de legislatura con la despoblación y la vivienda como dos de los retos que marcarán la carrera hacia las elecciones autonómicas de 2027. Aunque el ejecutivo ha lanzado en los últimos años programas de retorno joven y ayudas al alquiler rural, el estudio constata un desconocimiento generalizado de esas medidas, lo que obliga a replantear la comunicación.

En comparación con otras comunidades como Castilla y León o Extremadura, Asturias comparte el problema de la despoblación pero suma el agravante de un envejecimiento más pronunciado: la tasa de natalidad es de las más bajas del país. El reto, sostienen los expertos, no es solo demográfico: es social y económico. La futura ley estatal de vivienda, que busca incentivar el alquiler asequible, podría ser una palanca para aliviar el problema en Asturias, aunque los expertos piden medidas complementarias de ámbito local. Con las próximas elecciones a la vista, el debate sobre cómo atraer población joven y garantizar el acceso a una vivienda digna se intensificará en los próximos meses, mientras la Universidad de Oviedo prepara ya la segunda edición de la encuesta ASTURDEMO para 2027.

Ficha Autonómica

  • El caso: La encuesta ASTURDEMO25 de la Universidad de Oviedo revela que la vivienda y la despoblación son las principales preocupaciones de los asturianos, por encima del desempleo.
  • Datos importantes: El 90,4% conoce el reto demográfico y lo ve grave; el 45,7% cree que Asturias está peor que otras regiones; el 53,7% valora positivamente la inmigración. El estudio se basa en 800 entrevistas.
  • Resumen: La Cátedra de Demografía recomienda reforzar la comunicación institucional y evaluar el impacto de las políticas existentes, en un contexto de amplio consenso social sobre las soluciones.

Galicia inyecta 40 millones en compra pública precomercial para captar gigantes de defensa y aeroespacio

La Xunta ha autorizado este lunes la licitación de una compra pública precomercial dotada con 40 millones de euros para atraer a Galicia grandes proyectos de los sectores de defensa, seguridad y aeroespacio.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Consello de la Xunta ha dado luz verde a una licitación pionera de 40 millones.
  • ¿Quién está detrás? El Gobierno gallego, presidido por Alfonso Rueda, a través de la Consellería de Economía e Industria.
  • ¿Qué impacto tiene? Busca movilizar 900 millones en inversión y generar más de 500 empleos cualificados, además de integrar a empresas gallegas en cadenas de suministro globales.

Una compra pública precomercial de 40 millones para tecnologías duales

La autorización del Consello de la Xunta activa la primera gran pieza de la Iniciativa Estratégica en Seguridad, Defensa y Aeroespazo 2025-2030, el plan con el que el Ejecutivo autonómico quiere posicionar a la comunidad en el mapa industrial de alto valor añadido. La licitación está concebida como una compra pública precomercial, un procedimiento que permite a las empresas contrastar y perfeccionar sus propuestas antes de presentar ofertas definitivas.

Los proyectos seleccionados deberán desarrollar tecnologías duales, aquellas con aplicaciones tanto civiles como militares o de seguridad. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha subrayado que los productos y servicios han de ser innovadores y no estar todavía disponibles en el mercado.

Las temáticas elegibles cubren un abanico muy amplio: desde la protección civil, la búsqueda y el rescate o la vigilancia del litoral, hasta la ciberseguridad, las comunicaciones resilientes o la atención sociosanitaria en zonas rurales. La lista tecnológica incluye plataformas no tripuladas, sistemas espaciales, microelectrónica, semiconductores y sistemas de vigilancia marítima.

Para optar a esta convocatoria, los licitadores deben acreditar un volumen de negocio medio de al menos cinco millones de euros anuales en los tres últimos ejercicios dentro de los sectores de defensa, seguridad o aeroespacio. También se requiere experiencia demostrada en proyectos de I+D o en iniciativas comerciales de alta tecnología. El proceso arranca con un plazo de solicitudes que se mantendrá abierto hasta el 30 de septiembre.

Después, la Xunta analizará las candidaturas e invitará a entre dos y quince consorcios a presentar una nueva propuesta más elaborada. La adjudicación definitiva está prevista para el primer semestre de 2027. La fabricación en territorio gallego y el impacto económico y social serán criterios clave en la selección.

Galicia ya ha recorrido este camino: dos licitaciones previas de compra pública precomercial cerraron acuerdos con Airbus, Boeing, Indra, Aertec, Tecnobit, Telespazio y Avincis.

Objetivo: movilizar 900 millones y crear 500 empleos cualificados

La licitación de 40 millones es el pistoletazo de salida del Programa Ecosistema, que en su conjunto prevé una inversión total de 621 millones de euros, de los que 84 millones procederán de las arcas autonómicas. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido que el plan aspira a movilizar unos 900 millones y a generar más de 500 empleos directos de alta cualificación hasta 2030.

La estrategia también contempla la creación de consorcios gallegos capaces de competir en programas nacionales y europeos, reforzando la soberanía tecnológica y la capacidad productiva de la comunidad. “Queremos que Galicia no sea solo un territorio de paso sino un lugar donde se fabrique, se innove y se quede el talento”, ha insistido Rueda.

Las prioridades industriales recogidas en la iniciativa se alinean con las oportunidades abiertas por el nuevo contexto geopolítico y el aumento del gasto en defensa a escala comunitaria. La Xunta busca así aprovechar el efecto tractor de los grandes contratistas para que las pymes gallegas se incorporen a sus cadenas de suministro.

El Laboratorio Gallego

La apuesta por la compra pública precomercial es, en sí misma, un ensayo de política industrial de nuevo cuño que puede tener eco en otras comunidades. Galicia suma ya casi una década de experiencia con este instrumento: desde 2015 ha cerrado colaboraciones con Airbus, Boeing e Indra, entre otros gigantes, demostrando que una administración autonómica puede actuar como plataforma de aterrizaje para grandes proyectos tecnológicos.

El PPdeG, con mayoría absoluta, ha hecho de la reindustrialización uno de sus ejes de legislatura, en sintonía con las prioridades que Alberto Núñez Feijóo marcó en su día y que ahora se replican en el discurso económico del PP nacional. Aunque en esta ocasión no hay un guiño explícito a Madrid, el modelo gallego de colaboración público-privada y tracción desde la Xunta es observado con atención por otras autonomías que buscan atraer inversión cualificada.

El calendario inmediato sitúa el cierre de solicitudes en septiembre y la adjudicación en 2027, mientras Bruselas sigue afinando los instrumentos del Fondo Europeo de Defensa. Galicia quiere llegar a esa cita con proyectos maduros y con la capacidad de fabricación ya arraigada en su territorio.

Ficha del Caso

  • El caso: La Xunta autoriza una compra pública precomercial de 40 millones para que empresas de defensa y aeroespacio desarrollen tecnología dual en suelo gallego.
  • Datos importantes: Inversión total público-privada prevista: 621 millones; empleo esperado: más de 500 puestos cualificados; plazo de solicitudes hasta el 30 de septiembre; adjudicación en el primer semestre de 2027.
  • Resumen: Galicia apuesta por un instrumento de contratación pública pionero para atraer grandes consorcios, integrar tejido industrial local y posicionarse en el mapa europeo de la seguridad y la defensa.

El Gobierno canario de Clavijo aprueba vivienda asequible con licencias urbanísticas exprés y alquiler topado solo siete años

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Parlamento de Canarias ha aprobado las enmiendas al proyecto de ley que crea la vivienda asequible incentivada, una figura que permite a los promotores saltarse el planeamiento urbanístico a cambio de limitar el alquiler durante solo siete años.
  • ¿Quién está detrás? El Gobierno de Fernando Clavijo (Coalición Canaria), con el apoyo del PP, ASG y AHÍ. La oposición del PSOE denuncia un trato de favor a los constructores.
  • ¿Qué impacto tiene? Se podrán levantar hasta dos plantas más, sustituir cesiones de suelo para dotaciones públicas por pagos económicos y construir sin cocinas individuales. El alquiler será asequible solo siete años, después será libre.

El proyecto de ley de vivienda asequible incentivada impulsado por el Gobierno de Canarias ha superado el trámite de enmiendas en el Parlamento autonómico con el apoyo de los grupos que sostienen al ejecutivo: Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y Ahora Independientes. La nueva figura legal abre la puerta a que los promotores privados puedan saltarse el planeamiento urbanístico a cambio de limitar el precio del alquiler durante un periodo de apenas siete años, apenas dos más que el mínimo que ya marca la ley para contratos de arrendamiento entre particulares.

El texto original del anteproyecto establecía una duración de diez años para el régimen de protección, pero una enmienda de los partidos que sustentan al ejecutivo rebajó ese plazo a siete en la tramitación parlamentaria. La diputada socialista Patricia Hernández ha sido la voz más crítica: “Están aprovechando la vulnerabilidad y la necesidad de la gente para hacer negocio”, afirmó en la sesión donde se debatieron las enmiendas.

Una vivienda asequible… solo siete años

La vivienda asequible incentivada se convierte en una modalidad que premia a los constructores con importantes ventajas urbanísticas. En suelo público, podrán levantar edificios de hasta dos plantas más de lo previsto por el planeamiento municipal en en suelo público, sin necesidad de modificar el plan general. Además, en suelo urbano no consolidado, las cesiones obligatorias de terrenos para parques, colegios o centros de salud se podrán sustituir por compensaciones económicas, permitiendo destinar toda la parcela a vivienda.

El proyecto de ley también flexibiliza los requisitos de habitabilidad. Los alojamientos con espacios comunes complementarios —conocidos como coliving o cohousing— podrán ser calificados como vivienda protegida o asequible incentivada aunque carezcan de cocina individual, un requisito hasta ahora innegociable. La vivienda podrá ser construida por el promotor sin cocina, denunció Hernández, lo que reduce los estándares mínimos.

El PSOE carga contra el “negocio” urbanístico

Para la oposición socialista, la norma supone abrir la puerta a la especulación con un plazo de protección ridículo. “Alquiler asequible incentivado y siete años después, libres”, resumió la diputada. Subrayó además que el 60% de la edificabilidad de las parcelas que se recalifiquen de uso industrial o comercial a residencial podrá destinarse a esta nueva figura, mientras solo el 40% irá a vivienda protegida convencional, que sí mantiene treinta años de protección. La proporción privilegia el negocio a corto plazo, según los socialistas.

La norma incluye además la posibilidad de acogerse a los beneficios fiscales de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), un incentivo pensado para la inversión productiva. “Seguro que hay alguno que utiliza la RIC para esto”, ironizó Hernández, en alusión a que los promotores podrán desgravar fiscalmente sus inversiones mientras eluden las cesiones de suelo.

El modelo de Clavijo apuesta por dar alas a los promotores para que construyan más y más rápido, aunque el coste en equipamientos públicos y en protección a largo plazo sea un enigma.

El Pulso Territorial

Canarias arrastra un grave déficit de vivienda asequible, agravado por la presión del alquiler vacacional y la compra por parte de no residentes. El Gobierno de Fernando Clavijo, en coalición con el PP y los partidos de las islas menores, ha hecho de la emergencia habitacional su bandera, pero el camino elegido genera tensiones. La clave del archipiélago está en el equilibrio entre construir rápido y no desmantelar la planificación urbana, un debate que se repite en otras comunidades turísticas como Baleares, donde las medidas de control de precios chocan con los intereses del sector.

En Canarias, con más de 2,2 millones de habitantes y una alta demanda de vivienda por parte de trabajadores del sector servicios, la oferta de alquiler se ha desplomado. Sin embargo, la fórmula de incentivos privados con tan corto periodo de protección genera dudas: ¿se convertirán los inmuebles en libres en siete años, alimentando de nuevo la burbuja? Los sindicatos de inquilinos y el PSOE auguran un efecto llamada para la inversión especulativa, mientras el ejecutivo confía en que el incremento de la oferta tire los precios a medio plazo. La ley deberá ser aprobada definitivamente en las próximas semanas, antes del verano de 2026, y su aplicación dependerá de la agilidad de los ayuntamientos para adaptar sus ordenanzas.

Ficha Autonómica

  • El caso: El Gobierno canario impulsa una ley para crear la figura de vivienda asequible incentivada, que otorga ventajas urbanísticas a los promotores a cambio de limitar el alquiler durante siete años. La oposición ve un traje a medida para el negocio inmobiliario.
  • Datos importantes: Posibilidad de dos plantas extra en suelo público, compensaciones económicas en lugar de cesiones de suelo para dotaciones, alquiler máximo equivalente al de la vivienda protegida de promoción privada (o un 20% más), exención de requisitos como cocina individual, y prioridad en recalificaciones de suelo. La RIC puede ser utilizada para estas promociones.
  • Resumen: Las enmiendas han sido aprobadas en comisión con los votos de CC, PP, ASG y AHI. Si el texto se aprueba definitivamente, los ayuntamientos tendrán que aplicarlo mediante ordenanzas. El PSOE mantiene una oposición frontal y advierte del riesgo de especulación.

La jueza de la DANA eleva a 231 las víctimas mortales al incluir un infarto por estrés en Benetússer

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La jueza de Catarroja ha añadido una nueva víctima a la causa de la DANA. Se trata de un vecino de Benetússer que falleció de un infarto de miocardio en la noche del 29 de octubre de 2024. El total oficial alcanza los 231 fallecidos.
  • ¿Quién está detrás? La magistrada instructora, con el visto bueno de la Fiscalía y un informe forense que reconoce el estrés agudo como concausa.
  • ¿Qué impacto tiene? La decisión amplía la investigación por homicidios y lesiones imprudentes y eleva la presión sobre los responsables de la gestión de la emergencia.

La jueza de Catarroja ha sumado un fallecido más a la lista oficial de víctimas de la DANA, que alcanza las 231. El auto, dictado este lunes, reconoce el infarto agudo de miocardio sufrido por un vecino de Benetússer como una concausa contemporánea al episodio de estrés extremo que vivió aquella noche.

Un infarto ligado al horror de la barrancada

La víctima, un hombre de avanzada edad, se encontraba en su domicilio de Benetússer cuando la riada desbordó el barranco del Poyo. Según el auto, «las circunstancias estresantes de tal magnitud como lo sucedido en la dana, que partían de un estado patológico previo, derivaron en el fallecimiento». El forense no pudo establecer un nexo de causalidad directo, pero sí admitió que el estrés fue una concausa contemporánea al infarto.

Aquel 29 de octubre de 2024, la provincia de Valencia vivió la peor catástrofe natural en décadas. La DANA dejó tras de sí más de 200 muertos confirmados en apenas unas horas, pero la cifra ha ido creciendo a medida que los tribunales y la administración sumaban víctimas indirectas o fallecidas tiempo después. Ahora, con 231 víctimas, la jueza de Catarroja consolida una de las cifras más altas de la historia reciente de España.

Una causa que apunta a los responsables de la emergencia

La instructora ha acordado unir este fallecimiento a la causa principal, donde se investigan presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia. El informe de la Fiscalía apoyó la inclusión, pese a que en su día se había archivado provisionalmente esta defunción en otras diligencias. La decisión reabre el debate sobre cuántas muertes pudieron evitarse y quién debe responder por ellas.

El caso judicial de la DANA no es ajeno a la política. Aunque el auto no menciona cargos concretos, la investigación alcanza a responsables de la Generalitat Valenciana que gestionaron la emergencia aquella noche, entre ellos el expresident Carlos Mazón, diputado en las Corts desde que dimitió por su gestión. La causa ha sido un terremoto para el Partido Popular, que aún gobierna la Comunitat con el apoyo de Vox.

La DANA ya no es solo una herida en el territorio: es una causa judicial que persigue dilucidar si hubo negligencia en la cadena de mando.

El escenario de la reconstrucción

La cifra de 231 víctimas refuerza la necesidad de esclarecer responsabilidades. Para la Comunitat Valenciana, la catástrofe sigue siendo un proceso abierto: la reconstrucción avanza a trompicones, con fondos del Gobierno central y de la Unión Europea que aún no han llegado a todos los afectados. Mientras tanto, el Consell de Juanfran Pérez Llorca mantiene la estrategia de responsabilizar al Estado de la gestión de las ayudas, y la oposición, con PSPV y Compromís al frente, exige transparencia y dimisiones.

En el ámbito nacional, la gestión de la DANA ha marcado la agenda entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat. El Ejecutivo central ha transferido millones en ayudas directas, pero el grado de ejecución sigue siendo bajo, según datos del Plan RERD. La investigación judicial podría salpicar a altos cargos de la administración autonómica y forzar un nuevo capítulo en la relación entre el Estado y las comunidades autónomas en la respuesta a emergencias. Mientras la jueza instruye, el relato de aquella noche se escribe con nombres y con 231 víctimas que ya no podrán contarlo.

Ficha del Caso

  • El caso: La magistrada de Catarroja ha incorporado un fallecimiento por infarto a la causa de la DANA, elevando a 231 el número de víctimas reconocidas judicialmente. La víctima es un hombre de Benetússer que sufrió un estrés agudo al presenciar la riada del 29 de octubre de 2024.
  • Datos importantes: La cifra oficial de muertos asciende a 231. La causa investiga homicidios y lesiones imprudentes. El auto se basa en un informe forense y fiscal que califica el estrés como concausa del infarto. La investigación puede afectar a responsables políticos como el expresident Mazón.
  • Resumen: La DANA, más de 20 meses después, sigue sumando víctimas y alimenta un proceso judicial que podría determinar si la gestión de la emergencia fue negligente, con repercusiones políticas a nivel autonómico y nacional.

Felipe VI Mundial 2026: Rey confirma asistencia a final si España se clasifica

Felipe VI ha comunicado a la Real Federación Española de Fútbol su intención de viajar a Nueva Jersey para presenciar la final del Mundial 2026 si la selección española supera la semifinal de esta noche ante Francia. La confirmación la ha hecho pública el presidente de la RFEF, Rafa Louzán, en una entrevista concedida al programa ‘El Larguero’ de la Cadena SER desde la Casa de España en Dallas, donde se celebra el encuentro previo a la gran cita.

«Estará en la final, de ser así. No me ha dicho si viene con la Reina también», afirmó Louzán tras una breve conversación con el monarca sobre este desplazamiento representativo. La expresión condicional del presidente federativo refleja el cauteloso optimismo que envuelve al fútbol español en vísperas de un partido que podría devolver a la Roja a una final mundialista, diez años después de la última cita internacional de este calibre.

La confirmación radiofónica de Rafa Louzán: «Estará en la final, de ser así»

La entrevista, emitida en la madrugada del lunes, desveló una gestión que hasta ahora se mantenía en el ámbito privado. Según las palabras de Louzán, el Rey expresó su disposición a desplazarse al MetLife Stadium de East Rutherford el próximo 19 de julio, siempre que el combinado nacional se imponga a la selección gala. La conversación, breve pero reveladora, deja abierta la posibilidad de que la Reina Letizia no esté presente, un detalle que el presidente no pudo confirmar.

La agenda de la Casa Real, consultada por esta redacción, no incluye por el momento ningún acto en Estados Unidos durante la semana de la final. Como es habitual en los desplazamientos condicionados por una clasificación deportiva, Zarzuela mantendrá el viaje en reserva hasta que se produzca la hipotética presencia de España en el partido definitivo. El protocolo, en estos casos, se adapta a la incertidumbre del resultado.

Un viaje aún sin confirmación oficial y con la incógnita de la Reina

Rey España Mundial

Que la Reina no acompañara al Rey en un evento de esta magnitud rompería la imagen de apoyo conjunto que la Corona ha proyectado en las grandes citas deportivas desde el reinado de Juan Carlos I. Sin embargo, fuentes cercanas al palacio apuntan a que la decisión final dependerá de la agenda de doña Letizia, que este mismo martes participa en la entrega de los Premios Princesa de Girona en Barcelona junto al resto de la familia real. Si la selección alcanza la final, la logística obligará a ajustar compromisos de manera inmediata.

El gesto del Rey, en todo caso, refuerza el papel de la monarquía como símbolo de unidad nacional en los momentos de mayor proyección internacional. Que Felipe VI se siente en el palco del estadio tras un desgaste diplomático previo —viajó a México para el España-Uruguay de la fase de grupos— evidencia el interés de Zarzuela por asociar la imagen de la Corona a los éxitos del deporte español.

Una final mundialista con España en el campo ofrece una plataforma de representación global que ninguna visita de Estado puede igualar.

De Sudáfrica 2010 a Nueva Jersey 2026: la Corona como testigo de los hitos del deporte español

La presencia de la familia real en las grandes citas futbolísticas no es nueva. En el Mundial de Sudáfrica de 2010, el entonces Príncipe de Asturias —hoy Felipe VI— asistió a la final en Johannesburgo junto a la reina Sofía y la reina Letizia, en un gesto que marcó la imagen de unidad de la monarquía. Aquella victoria culminó con el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes concedido a la selección, una distinción que entrelazó el éxito deportivo con el reconocimiento institucional.

Ahora, la posibilidad de repetir esa fotografía sin la presencia de otras monarquías —Máxima y Guillermo de los Países Bajos estuvieron en 2010 por la final entre España y Países Bajos— otorgaría a la Corona española un protagonismo absoluto. Sería, de hecho, la segunda visita de Felipe VI a este Mundial, tras el viaje oficial a México para el España-Uruguay, donde reforzó las relaciones bilaterales con la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Jalisco.

El contexto diplomático no es menor: un desplazamiento a Estados Unidos en pleno fervor deportivo permite a la diplomacia real proyectar una imagen de cercanía y modernidad que los canales tradicionales difícilmente alcanzan. La final de East Rutherford, con capacidad para más de 82.000 espectadores, se convertiría en un escenario global donde un gesto del monarca o un plano televisivo bastarían para emitir un mensaje de apoyo institucional que viaja en directo a millones de hogares.

Sin embargo, la coincidencia de la semifinal de esta noche con los Premios Princesa de Girona —la gala se celebra dos horas antes del pitido inicial en Dallas— subraya la complejidad de la agenda real durante este mes de julio. La familia al completo, incluida la princesa Leonor y la infanta Sofía, estará en Barcelona entregando los galardones, un acto que no admite ausencias. Si España pasa a la final, la Zarzuela deberá reconfigurar sus prioridades en un plazo récord, demostrando que el apoyo institucional al deporte puede exigir sacrificios de protocolo que, en el fondo, son también oportunidades de comunicación.

Claves del Protocolo y Estado

  • Contexto del acto: La confirmación condicionada del Rey refuerza el vínculo entre la Corona y los grandes momentos del deporte español, una relación que se remonta a los éxitos de la selección en la última década.
  • El detalle de protocolo: La decisión no figura aún en la agenda oficial de la Casa del Rey; se trata de un desplazamiento de máxima flexibilidad que se activará solo si España se clasifica, y que podría incluir o no a la Reina Letizia.
  • Próximos pasos: Si España supera la semifinal de esta noche, la Casa Real debería confirmar en las próximas horas si el monarca viaja solo o acompañado, y ajustar los compromisos previstos —entre ellos, la posible entrega de los Premios Princesa de Girona si coincide en fechas—.

Infrafinanciación de Alicante: 500 millones acumulados y un 22% menos de inversión autonómica desde 2011

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Instituto de Estudios Económicos de Alicante (INECA) ha denunciado que la provincia ha acumulado un déficit de inversión autonómica de casi 500 millones de euros desde 2011.
  • ¿Quién está detrás? El estudio del INECA, una institución de referencia para la Generalitat Valenciana, que colabora en la comisión de seguimiento presupuestario del Consell.
  • ¿Qué impacto tiene? La discriminación se agravó en 2024 y 2025, los dos peores ejercicios, lo que presiona al actual Consell de Pérez Llorca para corregir la brecha.

Alicante ha recibido un 22% menos de inversión autonómica de la que le correspondería por población desde 2011. El dato, revelado este 13 de julio por el Instituto de Estudios Económicos de Alicante (INECA), pone cifras a una discriminación que los alicantinos sufren desde hace tres lustros: un déficit acumulado que roza los 500 millones de euros.

Según el informe sobre el borrador de presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026, la provincia solo ha captado el 28,9% del gasto territorializado por el gobierno autonómico, pese a concentrar el 37,2% de la población. En otras palabras, Alicante recibe apenas 78 céntimos por cada euro que debiera ingresar si el reparto fuera proporcional. La brecha es sistémica y se ha cronificado bajo gobiernos de distinto signo, pero el INECA subraya que los dos últimos ejercicios cerrados —2024 y 2025— fueron los peores de la serie.

La brecha inversora que el INECA ha puesto en cifras

Durante la presentación del estudio, el director general de Estudios del INECA, Santiago Carbó, fue rotundo: “Alicante ha sido sistemáticamente infrafinanciada” en el periodo 2011-2025, y lo ha sido “por gobiernos de distinto signo”. De hecho, los años más duros coinciden con la etapa del anterior Consell de Carlos Mazón, cuando la provincia recibió aún menos recursos que en ejercicios previos. Carbó admitió que el dato de 2025 se explica en parte por el impacto de la DANA, “pero eso no justifica el dato de 2024, porque cuando ocurrió ya estaban todas las inversiones comprometidas”.

El director de Estudios, Francisco Llopis, añadió un matiz relevante: el proyecto de 2026 “presenta cifras más favorables sobre el papel”, aunque con una salvedad importante. Al estar el presupuesto aún en tramitación, este año se dispondrá de siete meses menos para ejecutar las inversiones. Uno de cada cinco euros presupuestados se queda sin ejecutar, un lastre que se agrava en las partidas de Servicios Sociales y Vivienda, donde en el último ejercicio un tercio de los fondos aprobados jamás llegó a su destino.

Los dos peores años para la inversión en Alicante fueron 2024 y 2025, justo bajo el anterior gobierno del PP que prometió corregir la discriminación.

Un déficit que se hereda y se agrava

El informe del INECA no solo mide el dinero que falta: pone el foco en la inercia administrativa que perpetúa la desigualdad. Cada año, la Generalitat Valenciana destina a la provincia menos de lo prometido y, además, ejecuta peor lo presupuestado. En Vivienda, la tasa de no ejecución alcanzó el 33%, una cifra que contrasta con las listas de espera de miles de alicantinos para acceder a una vivienda social o a una ayuda al alquiler. “El déficit acumulado ya está cerca de los 500 millones”, recordó Llopis, y la inercia presupuestaria amenaza con ensancharlo.

La paradoja es que el anterior Consell, presidido entonces por Carlos Mazón, había convertido la corrección de los desequilibrios territoriales en una de sus banderas. Sin embargo, los números del INECA demuestran que durante su mandato la discriminación no solo no se redujo, sino que se intensificó. El actual gobierno de Juanfran Pérez Llorca hereda un problema enquistado y un borrador de cuentas para 2026 que, aunque mejora ligeramente la partida destinada a Alicante, sigue lejos de compensar quince años de infrafinanciación.

El Escenario Valenciano

El informe del INECA coloca al Consell de Pérez Llorca ante una doble presión: corregir un agravio territorial que ya dura tres legislaturas y, al mismo tiempo, no alimentar las tensiones con Vox, socio de gobierno que tiene en la provincia de Alicante uno de sus principales caladeros de voto. La oposición —PSPV y Compromís— ha encontrado en este estudio un argumento para reforzar su discurso sobre la falta de equidad en las cuentas autonómicas. A nivel nacional, la infrafinanciación de las provincias periféricas no es exclusiva de la Comunitat Valenciana: Castellón o las zonas despobladas del interior comparten un patrón similar, lo que alimenta el debate sobre la necesidad de una reforma del sistema de financiación que garantice una distribución más justa de la inversión territorial. De momento, el primer test para el ejecutivo autonómico llegará cuando las Corts Valencianes debatan el presupuesto de 2026. Alicante, con casi dos millones de habitantes, espera que esta vez las promesas se traduzcan en euros.

Ficha del Caso

  • El caso: Desde 2011, Alicante recibe sistemáticamente menos inversión autonómica de la que le correspondería por población. El INECA ha cuantificado ese déficit acumulado en cerca de 500 millones de euros.
  • Datos importantes: La provincia solo capta el 28,9% del gasto territorializado cuando reúne al 37,2% de los valencianos. Los ejercicios 2024 y 2025 fueron los peores, con una tasa de ejecución presupuestaria que empeora en Vivienda (33% de fondos no ejecutados).
  • Resumen: El actual Consell de Juanfran Pérez Llorca hereda una brecha estructural que se agravó bajo el anterior mandato del PP. La presión para que los presupuestos de 2026 reviertan esta tendencia es máxima.

La muerte del jeque Hamad: el futuro del gas Qatar España en riesgo

Una llamada desde Doha enciende las alarmas en el sector energético español. El jeque Hamad Bin Khalifa Al Thani, el hombre que convirtió a Qatar en el mayor exportador de gas natural licuado del mundo, ha fallecido a los 74 años. La noticia, confirmada el 12 de julio, ha puesto en guardia a las empresas y al Gobierno: Qatar es un socio esencial para la seguridad de suministor de gas en España, y la sucesión en el emirato podría alterar los contratos a largo plazo.

Hamad murió la mañana del 12 de julio, según el comunicado del Diwan Amiri. Su trayectoria, que comenzó con un golpe de Estado contra su propio padre en 1995, transformó un pequeño emirato del Golfo en una potencia energética global. En apenas 18 años de reinado, Qatar pasó de exportar su primer cargamento de GNL en 1996 a dominar el mercado mundial, elevando su PIB hasta los 199.000 millones de dólares en 2013, según el Banco Mundial. Y España, que desde principios de siglo apostó por diversificar sus fuentes de gas, se convirtió en cliente preferente.

Un legado energético que llegó a España

Qatar es, junto a Argelia y Estados Unidos, uno de los tres principales proveedores de gas natural licuado (GNL) a España. Las empresas españolas, con Naturgy a la cabeza, mantienen contratos de suministro a largo plazo con QatarEnergy, la compañía estatal que Hamad reestructuró. En los últimos cinco años, el emirato ha aportado un volumen estable de GNL que cubre una parte sustancial de la demanda nacional, especialmente en los picos de invierno.

Conviene recordar que Hamad creó la Autoridad de Inversiones de Qatar (QIA) en 2005 para reinvertir los ingresos del gas. Su influencia no se limitó al comercio energético: el fondo soberano qatarí ha adquirido participaciones en algunas de las mayores empresas del mundo, y el propio jeque tejió una red de alianzas con Occidente, incluida la instalación de la mayor base aérea estadounidense en la región. Esa doble condición de socio comercial y aliado geopolítico ha dado estabilidad a los flujos de gas hacia Europa.

La incógnita de la sucesión y los contratos de gas

Aunque Hamad abdicó pacíficamente en 2013 a favor de su hijo, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, su muerte cierra una época y abre interrogantes. Todos los contratos de suministro de GNL con QatarEnergy están a nombre del Estado, no de una persona, pero la política energética qatarí la marcan el emir y su círculo más próximo. Cualquier renegociación, incluso para ampliar los envíos a Asia —mercado priorizado por Doha—, podría encarecer el gas que llega a las costas españolas.

El fallecimiento del antiguo emir se produce en un momento delicado para la industria gasista europea. La guerra de Ucrania redibujó el mapa energético y forzó a la UE a buscar alternativas al gas ruso, reforzando la dependencia del GNL qatarí y estadounidense. En ese contexto, España se encuentra en una posición de relativa fortaleza: dispone de seis plantas regasificadoras que le permiten importar gas desde múltiples orígenes. Sin embargo, la estabilidad de los precios depende, en buena medida, de que los contratos vigentes se mantengan sin cambios bruscos.

Vamos por partes. El jeque Hamad fue el artífice del poder gasístico, pero su hijo Tamim heredó una economía ya consolidada y ha seguido una línea similar, aunque con un mayor acento en las inversiones financieras y la diplomacia deportiva. El verdadero riesgo para España no es un giro radical inmediato, sino una lenta reorientación hacia Asia que eleve la competencia por cada metro cúbico de GNL.

Los contratos de gas con Qatar no están en riesgo inminente, pero el fallecimiento del antiguo emir recuerda la fragilidad de la dependencia energética exterior.

El detalle que casi nadie cuenta es que Hamad siempre mantuvo una relación personal con líderes europeos, incluidos varios presidentes del Gobierno español, que facilitó la firma de acuerdos estratégicos. Su desaparición elimina ese canal directo de confianza, aunque la diplomacia oficial seguirá funcionando. Las próximas revisiones de precios de los contratos a largo plazo, previstas para 2028 según fuentes del sector, serán la prueba de fuego.

Lecciones de otras crisis: por qué España debe diversificar

La historia reciente deja una lección clara: la seguridad de suministro no se puede dejar al albur de un solo país o región. Cuando en 2017 Arabia Saudita y sus aliados impusieron un bloqueo diplomático a Qatar, el flujo de gas hacia España no se interrumpió, pero las tensiones evidenciaron la vulnerabilidad de las cadenas globales. España, que entonces buscaba acelerar las interconexiones gasistas con Francia, aprendió la importancia de contar con múltiples proveedores.

Retrocedamos un momento. La crisis energética de 2022-2023, con precios disparados y cortes de suministro ruso, obligó a la UE a multiplicar las importaciones de GNL. En ese escenario, Qatar se convirtió en un actor aún más codiciado, y los contratos que España mantenía desde 2005 actuaron como un salvavidas. Ahora, con el horizonte de la descarbonización y la apuesta por el hidrógeno verde, Doha podría querer blindar sus reservas a largo plazo con clientes asiáticos dispuestos a atar contratos de veinte años.

Traducido: la muerte de Hamad no cambia el mercado de la noche a la mañana, pero sí acelera la necesidad de que España redoble su apuesta por las renovables y por la diversificación de suministradores. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) ya contempla una reducción progresiva del peso del gas, pero la transición llevará años. Hasta entonces, conviene vigilar de cerca cualquier movimiento en la corte de Doha.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: La muerte del antiguo emir de Qatar, Hamad Bin Khalifa Al Thani, reabre el debate sobre la dependencia energética española del gas natural licuado qatarí y la posible reconfiguración de los contratos actuales.
  • Datos importantes: Qatar se convirtió en el mayor exportador de GNL bajo su mandato; España importa de Qatar una parte sustancial de su gas; los contratos a largo plazo con QatarEnergy vencen a finales de esta década.
  • Resumen: La seguridad energética de España requiere diversificar fuentes y acelerar las renovables para reducir la exposición a acontecimientos geopolíticos en el Golfo.

España, segundo país de Europa donde más subirá el precio de la vivienda en 2026: un 9,1%, según S&P

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? S&P Global Ratings ha publicado este lunes sus previsiones para el mercado inmobiliario europeo. España registrará un alza del 9,1% en 2026, la segunda mayor de Europa.
  • ¿Quién está detrás? La agencia de calificación S&P, que analiza doce países europeos, vincula el repunte a la fortaleza del empleo, los salarios y la inmigración, frente a una oferta muy insuficiente.
  • ¿Qué impacto tiene? Para las familias españolas supone un encarecimiento que duplica la media comunitaria y que se extenderá hasta al menos 2029, con España liderando el crecimiento en cada ejercicio. La rebaja de tipos del BCE potencia ese escenario.

La vivienda en España será la segunda que más se encarezca de Europa este año, con un avance estimado del 9,1% según las proyecciones que S&P Global Ratings ha difundido hoy, lunes 13 de julio de 2026. Solo Portugal, con un 10%, supera ese ritmo entre los doce mercados analizados. La agencia anticipa además que España mantendrá la primera posición en el ranking europeo entre 2027 y 2029.

Un crecimiento que duplica la media de la UE

El dato contrasta con la tónica general del continente. S&P sitúa el incremento medio de los precios residenciales en Europa en torno al 4% en 2026, y prevé que se modere al 3% en 2027. Frente a esa desaceleración, la inercia del mercado español no cede: las proyecciones apuntan a subidas del 7,4% en 2027, del 6,2% en 2028 y del 5,4% en 2029, lo que deja a España a la cabeza del grupo de doce países examinado durante todo el periodo, por delante de Polonia y Portugal.

S&P Global Ratings, ha rebajado en dos décimas su previsión para España respecto a la que emitió en febrero, pero el tono sigue siendo claramente alcista. En sentido opuesto, la agencia ha revisado al alza en tres puntos su estimación para Portugal, que pasa a encabezar la tabla en 2026.

La oferta, el cuello de botella del mercado español

El informe explica el desacople español por un desequilibrio persistente entre demanda y oferta. La creación de empleo, el aumento de los salarios y la llegada de inmigrantes han reforzado la capacidad de compra, mientras que la construcción de obra nueva no logra seguir el ritmo. A ello se suman las barreras administrativas que, según S&P, ralentizan la aprobación de nuevos desarrollos y retrasan años cualquier respuesta del sector.

La agencia recuerda que varios países europeos —incluida España— han lanzado iniciativas políticas para ampliar el parque de vivienda, pero advierte de que sus efectos tardarán en percibirse. «Mientras tanto, persistirá la escasez de producto», señala el documento.

El contexto monetario añade presión. El Banco Central Europeo ha recortado los tipos en tres ocasiones desde enero de 2026, situando la facilidad de depósito en el 2,25%, y el mercado descuenta al menos otra bajada en otoño. Ese alivio hipotecario sigue alimentando la demanda en toda la Eurozona, aunque con disparidades notables entre países. En España, donde el crédito vuelve a fluir con fuerza, la combinación de financiación barata y oferta escasa es un cóctel explosivo para los precios.

La escasez de obra nueva es el factor diferencial que hace que España escale posiciones en el ranking sin remedio.

El Eje del Poder Europeo

La fotografía que dibuja S&P es la de una Europa a dos velocidades en materia de vivienda. Mientras el núcleo continental tiende a estabilizarse, los países del sur y del este concentran las mayores tensiones de precios. Detrás de esa divergencia no solo hay demografía o políticas nacionales: también actúa una política monetaria que el BCE aplica para el conjunto de la Eurozona, pero cuyos efectos son profundamente asimétricos.

Para España, el momento no es trivial. El encarecimiento sostenido de la vivienda compromete la capacidad de ahorro de las familias, eleva la ratio de esfuerzo financiero y puede recalentar el crédito en un sistema financiero que apenas está digiriendo la subida de tipos de 2022-2025. La rebaja actual del precio del dinero, aunque necesaria para sostener el crecimiento europeo, puede estar añadiendo leña a un fuego que en España ya ardía por sí solo.

Observamos en este desequilibrio un recordatorio de los riesgos de la unión monetaria heterogénea. El mismo tipo de interés que ayuda a Alemania a atravesar su estancamiento industrial es excesivamente expansivo para un mercado inmobiliario español que no logra contener los precios con oferta. La Comisión Europea ha empezado a incluir los desequilibrios de la vivienda en sus informes del Semestre Europeo, pero las competencias son nacionales y los tiempos de la inversión en obra nueva se miden en lustros.

A corto plazo, el pronóstico de S&P refuerza la imagen de una España que lidera el crecimiento económico de la Eurozona a costa de un problema de accesibilidad residencial que no deja de agravarse. El reto inmobiliario ya no es solo una cuestión doméstica: empieza a ser una variable que Bruselas y Fráncfort miran con creciente atención.

Identificados seis de los trece fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería)

El Tribunal de Instancia de Vera ha confirmado este lunes la identificación de seis de las trece personas fallecidas en el incendio forestal de Los Gallardos, en Almería. Cinco de las víctimas son de nacionalidad extranjera y una es española, según fuentes de la investigación citadas por Europa Press.

Quiénes son las víctimas identificadas

Entre los fallecidos identificados hay una mujer francesa, un hombre y una mujer británicos, un varón belga y una mujer británica que estaba casada con un ciudadano español, quien también perdió la vida. Estas seis identificaciones son las primeras que maneja la Sección Civil y de Instrucción número 3 de Vera, dentro de un balance total de 13 muertos.

Además, las autoridades judiciales han recibido los datos de un séptimo fallecido cuya plena identificación requiere aún pruebas complementarias, y está previsto contar con otras tres identidades en las próximas horas. Junto a estas cifras se encuentra una mujer británica de 93 años que falleció este domingo en el Hospital Universitario Torrecárdenas al no superar las quemaduras que afectaban al 20% de su cuerpo.

La genética, única vía para poner nombre a las víctimas

El departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ya ha obtenido el perfil genético de los 12 cuerpos hallados en la zona del incendio, más el de la mujer fallecida en el hospital. El análisis de ADN es el único método primario viable que se está utilizando en este suceso, según el Centro Integrado de Datos (CID) activado para la emergencia.

Las autoridades consulares de Bélgica, Reino Unido y Francia están colaborando para recabar muestras biológicas de los familiares, paso imprescindible para completar el cotejo. La Guardia Civil ha comenzado ya las comunicaciones presenciales a los allegados, en las que un psicólogo acompaña a los agentes de uniforme. El CID, que se puso en marcha el pasado viernes a las 9:30 de la mañana, es el órgano técnico encargado de coordinar las identificaciones conforme al Real Decreto 32/2009 sobre actuación médico-forense en sucesos con múltiples víctimas.

La identificación de los fallecidos por el incendio forestal solo ha sido posible mediante análisis genético, según la Guardia Civil.

El incendio, estabilizado, y las tareas pendientes

El fuego se dio por estabilizado tras arrasar más de 500 hectáreas y obligar al desalojo de alrededor de un millar de personas. Mientras los equipos de emergencia trabajan en la zona, la prioridad ahora es completar la identificación de los seis cuerpos que aún faltan. Diez denuncias por desaparición de allegados siguen activas, y los investigadores confían en que la llegada de los perfiles genéticos de los familiares acelere el proceso en los próximos días.

El Tribunal de Instancia de Vera mantiene abierta la instrucción para esclarecer todas las circunstancias del siniestro, aunque por ahora no se ha facilitado ninguna hipótesis oficial sobre el origen del fuego. La colaboración internacional está permitiendo avanzar con rapidez en un episodio que ha causado una de las mayores tragedias por incendio en la provincia de Almería en la última década.

La primera planta solar marina de España llega al Puerto de Valencia para iniciar las pruebas de flotación

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Puerto de Valencia ha recibido la primera plataforma solar fotovoltaica flotante en mar abierto de España, llamada Paiporta, para iniciar su fase de pruebas.
  • ¿Quién está detrás? La startup BlueNewables, con el apoyo de Naturgy y la Autoridad Portuaria de València (APV), y financiación del IDAE.
  • ¿Qué impacto tiene? Abre la puerta a una nueva fuente de energía renovable en espacios portuarios, clave para la descarbonización total de Valenciaport prevista para 2035.

Puerto de Valencia ha recibido este lunes la primera plataforma solar fotovoltaica flotante en mar abierto de España, un proyecto pionero que aspira a generar 1 MW de potencia con dos unidades y que lleva el nombre de Paiporta como homenaje a la localidad arrasada por la DANA de 2024. La estructura, desarrollada por la empresa BlueNewables con el respaldo de Naturgy, se ubicará en el exterior del contradique sur para iniciar una fase de pruebas que marcará el futuro de la energía solar marina en entornos portuarios.

Una plataforma de ensayos para la descarbonización del puerto

La Autoridad Portuaria de València (APV) ha explicado que esta primera unidad forma parte de un proyecto más amplio que contempla dos plataformas de 500 kW cada una, alcanzando una potencia total de 1 MW. La segunda unidad llegará a finales del verano de 2026, completando así la instalación precomercial más ambiciosa de energía solar flotante en aguas españolas.

La iniciativa cuenta con una subvención del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dentro del programa Renmarinas Valenciaport, y su objetivo no es solo generar electricidad limpia: se trata de crear una verdadera plataforma de ensayos para conexión, test y vertido a la red. Esta infraestructura quedará disponible para futuros demostradores de generación renovable marina, tanto en el puerto de Valencia como en el de Sagunto.

De hecho, la APV ya colabora con EnerMarPort para instalar energía undimotriz en Sagunto, y la conexión eléctrica que se despliegue ahora servirá también para ese proyecto. La idea es convertir los muelles valencianos en un laboratorio vivo de la transición energética, en línea con el plan de Valenciaport de alcanzar la neutralidad de emisiones en 2035.

Tecnología catamarán, paneles bifaciales y colaboración público-privada

La startup BlueNewables ha diseñado una plataforma tipo catamarán optimizada para entornos oceánicos, que sitúa los paneles solares a mayor altura sobre el nivel del mar, mejorando su rendimiento y facilitando el mantenimiento. Además, incorpora paneles solares bifaciales, capaces de captar tanto la radiación directa como la luz reflejada en la superficie marina, lo que incrementa la eficiencia del sistema.

Naturgy y BlueNewables colaborarán durante dos años en el intercambio de información técnica, operativa y estratégica que surja del proyecto, tanto en la fase de pruebas como en la monitorización posterior. Es la primera vez que una instalación de energía solar flotante en el mar alcanza la escala precomercial en España, un país que cuenta con un amplio litoral y una demanda energética concentrada en sus puertos.

Las pruebas en el contradique sur permitirán evaluar el comportamiento de la estructura frente al oleaje, la corrosión salina y las variaciones de marea, aspectos críticos para validar la tecnología antes de una eventual expansión a otros recintos portuarios del Mediterráneo. Los resultados marcarán la hoja de ruta de la energía solar marina en España y, posiblemente, en toda Europa.

La energía solar flotante en el mar pasa del laboratorio al puerto comercial más activo del Mediterráneo español.

El Escenario Valenciano

La llegada de la plataforma Paiporta no es un hecho aislado: se inscribe en la estrategia de Valenciaport para convertirse en un referente de puerto verde, alineada con los objetivos de descarbonización del Gobierno de España y de la Unión Europea. La subvención del IDAE y el desarrollo de las Renmarinas demuestran que la apuesta no es solo privada; el sector público está financiando las pruebas porque ve potencial para replicar el modelo en otros puertos estatales.

La Comunitat Valenciana, que ya alberga la mayor planta fotovoltaica flotante de agua dulce de Europa en la presa de Buñol, añade ahora un nuevo hito en el mar. Si las pruebas superan los retos técnicos, el camino hacia los 100 MW de potencia solar flotante en puertos españoles que algunos informes proyectan para 2030 daría un paso de gigante. Mientras, la segunda unidad de este proyecto se espera para los últimos compases del verano, y con ella, la confirmación de que el sol también puede brillar entre olas.

Ficha del Caso

  • El caso: El Puerto de Valencia ha puesto en marcha la fase de pruebas de la primera plataforma solar fotovoltaica flotante en mar abierto de España, bautizada como Paiporta en recuerdo de la DANA.
  • Datos importantes: Dos unidades de 500 kW cada una (1 MW total), diseño catamarán con paneles bifaciales, subvencionada por el IDAE. La segunda plataforma llegará a finales del verano de 2026.
  • Resumen: La iniciativa, liderada por BlueNewables y Naturgy, supone un hito en la energía solar marina y refuerza el plan de descarbonización total de Valenciaport para 2035, con vocación de extenderse a otros puertos españoles.