La Guardia Civil considera inviable la travesía en colchoneta de migrantes de Ceuta a la Península

La Guardia Civil considera inviable la travesía en colchoneta de cuatro migrantes de Ceuta a la Península el 23 de septiembre, según el instituto armado. Los cuatro hombres se echaron al agua con trajes de neopreno desde la playa de El Trampolín y no se ha vuelto a saber de ellos. Días después, un cadáver con neopreno apareció flotando frente a la costa de Estepona (Málaga).

La huida imposible de cuatro hombres desde la playa de El Trampolín

El fotoperiodista Marcos Moreno retrataba la vida diaria del asentamiento chabolista de El Trampolín, en Ceuta, cuando advirtió que cuatro hombres con trajes de neopreno se echaban al agua. Ocurrió sobre las 19:00 horas del 23 de septiembre. Se repartían la escasa superficie de una colchoneta semihundida y nadaban hacia alta mar, alejándose de la costa, según la reconstrucción publicada por CRÓNICA.

Moreno les hizo señas para que volvieran. Le miraron y siguieron alejándose hacia los mercantes del horizonte. Después se les perdió de vista. No hay más rastro.

Fuentes de la Guardia Civil sostienen que aquella fuga fue una fuga suicida. El instituto armado asegura que es imposible que, a nado y solo con un flotador compartido, se pueda salvar el Estrecho de Gibraltar. Ni siquiera con trajes de neopreno.

Las corrientes que arrastran hasta la costa de Málaga

El principal obstáculo no es la distancia. Entre Ceuta y la Península hay unos 14 kilómetros, pero las corrientes marinas arrastran hacia el litoral malagueño y alargan el recorrido hasta cien kilómetros. Un veterano piloto de Salvamento Marítimo confirma que la travesía no es posible. El neopreno, explica, solo garantiza que el cuerpo no se hunda y llegue en mejor estado, pero muerto.

Las corrientes del Estrecho arrastran hacia el litoral de Málaga y alargan el trayecto de catorce kilómetros hasta cien.

El cadáver con neopreno hallado frente a Estepona

Pasadas las 20:00 horas del 29 de septiembre, una embarcación de recreo que navegaba a once millas de la costa malagueña encontró un cuerpo flotando. El fallecido llevaba un traje de neopreno. La tripulación avisó al Centro Coordinador de Salvamento Marítimo en Tarifa, que activó el helicóptero Helimer 222. La embarcación Gadir acudió a la zona y rescató el cadáver, que fue trasladado al puerto de Estepona.

La Guardia Civil se hizo cargo del cuerpo y de la investigación, que abrió el juzgado de guardia (el que atiende las primeras diligencias de un suceso). La autopsia, practicada en el Instituto de Medicina Legal de Málaga, determinó que la causa de la muerte fue ahogamiento.

Los forenses no lograron identificar al hombre. El cadáver permanece a la espera de que se le declare oficialmente no identificado y sea enterrado. Le espera, con toda probabilidad, una fosa común y una lápida con un número.

Los cadáveres sin nombre y el estado de la investigación

Aquel hallazgo no fue un caso aislado. El 15 de septiembre se activó la alerta por un cuerpo en la costa occidental malagueña, recogido en Fuengirola. Al día siguiente apareció otro en Nerja, trasladado a Vélez-Málaga: llevaba aletas, flotador, varios teléfonos móviles, y dirhams, la moneda de Marruecos. El 26 de septiembre, una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil encontró un tercer cadáver en alta mar, en avanzado estado de descomposición.

La Guardia Civil no ha podido confirmar si el ahogado de Estepona es uno de los cuatro hombres que se echaron al agua en El Trampolín. En el instituto armado están convencidos de que el fallecido entró en Ceuta en la avalancha migratoria de finales de julio, cuando más de 80.000 personas cruzaron la frontera del Tarajal. El modus operandi es el normal, apostillan las fuentes consultadas.

Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), 19.363 migrantes han muerto o desaparecido en las rutas del Estrecho, Alborán y Canarias desde que empezó a llevar la cuenta, hace 38 años. En 2024 registró 1.869 desaparecidos y 596 fallecidos. Solo en Ceuta y Melilla fueron 55 los desaparecidos y 60 los fallecidos, la mayoría ahogados.

La entidad denuncia que la identificación de los cuerpos es casi imposible. No existe un protocolo común y las familias deben llamar uno a uno a cada instituto forense, muchas veces sin resultado. La mayoría de los cadáveres acaban en una fosa común con una lápida sin nombre.

Dos semanas después de que el fotoperiodista captara las imágenes, el asentamiento de El Trampolín ha sido desalojado y las retroexcavadoras han derribado las chabolas. No queda rastro físico de quienes compartieron campamento con los cuatro hombres. La investigación sigue abierta. El cuerpo continúa sin identificar.

Sánchez confirma buques marroquíes en aguas españolas durante la crisis de Ceuta

Los buques marroquíes que entraron en aguas españolas frente a Ceuta no eran un rumor. Una fragata y varias patrulleras de la Marina Real de Marruecos navegaron sin autorización por territorio español, y el propio Pedro Sánchez lo ha confirmado en público. La admisión reabre el pulso diplomático con Rabat y devuelve al primer plano la soberanía de Ceuta y Melilla.

Lo que Sánchez confirmó sobre los buques marroquíes

Sánchez habló claro, aunque con matices. El lunes, durante la Fiesta Nacional, admitió ante los periodistas que una fragata y varias patrulleras marroquíes se adentraron sin autorización en aguas españolas frente a Ceuta. Una fragata de la Armada tuvo que salir a su encuentro y expulsarlas, según la prensa nacional.

El presidente, sin embargo, quitó hierro al incidente. Lo describió como un episodio aislado y subrayó que la comunicación con Rabat fue fluida y que no ha vuelto a repetirse. La relación con Marruecos es clave para España: vecino geográfico, socio comercial y pieza imprescindible en el control migratorio del Estrecho.

Qué se juega España con la soberanía de Ceuta y Melilla

Y aquí está la clave de por qué este episodio importa tanto. Marruecos reclama formalmente la soberanía sobre Ceuta y Melilla, dos ciudades españolas en el norte de África. España sostiene que no hay nada que negociar, pero cada gesto cuenta: la visita de los reyes Felipe y Letizia al enclave, prevista para hoy y mañana, se interpreta en Rabat como una afirmación de soberanía.

El origen del episodio no es marítimo, sino terrestre. La avalancha fronteriza que desbordó el paso hacia Ceuta dejó una crisis que aún no se ha cerrado del todo, en plena fragilidad política y con elecciones anticipadas ya convocadas para el 29 de noviembre.

Frente a eso, España se juega tres cosas concretas: la integridad de su territorio, la credibilidad de su palabra y la estabilidad de una frontera por la que pasa buena parte de la presión migratoria hacia Europa. Ninguna de las tres admite improvisaciones.

Ceuta es española desde 1640 y Melilla desde 1497, y ese es el dato que ninguna presión naval puede reescribir.

Un pulso que viene de lejos: de Perejil al derecho del mar

Este no es el primer episodio así. En julio de 2002, un destacamento marroquí ocupó la isla de Perejil, un peñón deshabitado a tiro de piedra de Ceuta, y España respondió con una operación militar para recuperarlo. La crisis se cerró por vía diplomática, pero dejó una lección vigente: Marruecos usa los gestos de soberanía como moneda de cambio.

Conviene situar el marco jurídico para medir la gravedad. Las aguas territoriales —la franja de mar, hasta 12 millas náuticas, sobre la que un Estado ejerce soberanía plena— están reguladas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Que buques de guerra de otro país las crucen sin permiso es, jurídicamente, una vulneración de soberanía.

Hay un patrón que conviene observar. Desde 2021, Marruecos ha convertido la presión migratoria en herramienta de negociación, y España ha aprendido a leer cada movimiento como parte de un tablero más amplio que incluye la pesca, la energía y la seguridad del Estrecho. La respuesta española se juega en dos planos: firmeza en el territorio y prudencia en la vecindad.

Queda por ver cómo evoluciona la visita real a Ceuta y si Rabat mueve ficha en los próximos días. Lo que está claro es que España no renunciará a lo que es suyo por derecho histórico ni cederá un ápice en la defensa de su territorio.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El Gobierno ha confirmado que una fragata y varias patrulleras de la Marina marroquí entraron sin autorización en aguas españolas frente a Ceuta tras la avalancha migratoria sobre el enclave.
  • Datos importantes: Las aguas territoriales alcanzan 12 millas náuticas; la incursión se produjo tras la crisis fronteriza y hay elecciones anticipadas convocadas para el 29 de noviembre.
  • Resumen: El episodio reabre el pulso diplomático con Rabat y pone a prueba la defensa española de su soberanía en el norte de África.

Cómo funciona la EBAU (selectividad) paso a paso: fases, cálculo de la nota de acceso y convocatorias

La EBAU, la selectividad, pondera el bachillerato (60%) con los exámenes obligatorios (40%) y suma hasta cuatro puntos con la fase voluntaria.

Qué es la EBAU y cómo funciona la prueba

La EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad) es el examen que ordena la entrada a los estudios de grado. Cada comunidad mantiene su propia denominación —EvAU en Madrid y PAU en Cataluña—, pero la estructura es común en todo el territorio. El artículo 38 de la Ley Orgánica de Educación, en la redacción de la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre), fija las características básicas de la prueba.

Se presentan los estudiantes que han obtenido el título de Bachillerato y quienes, teniéndolo de cursos anteriores, quieren mejorar su nota de admisión. El acceso a la universidad admite otras vías: los titulados en FP (Formación Profesional) de grado superior acceden a través de sus propios procedimientos de admisión.

La fase obligatoria consta de cuatro ejercicios: Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II, Historia de España —o Historia de la Filosofía, según la comunidad— y la materia general de la modalidad cursada. Cada examen se corrige dos veces y, si la diferencia entre las dos notas alcanza los dos puntos, un tercer corrector fija la calificación definitiva.

La fase voluntaria permite examinarse de hasta cuatro materias de 2.º de Bachillerato, distintas de las elegidas en la fase obligatoria, pero cuentan solo las dos mejores calificaciones. Esas materias se ponderan con 0,1 o 0,2 puntos según su vinculación con el grado solicitado, y las universidades publican cada curso su tabla de ponderaciones.

Cómo se calcula la nota de acceso y de admisión

selectividad

La nota de acceso se obtiene con el 60% del expediente de Bachillerato y el 40% de la media de la fase obligatoria. La prueba se supera con 5 puntos o más, y esa calificación sobre 10 es la base sobre la que después se aplican las ponderaciones.

La nota de acceso pondera el expediente de Bachillerato (60%) y los exámenes obligatorios (40%), y las ponderaciones de la fase voluntaria elevan el máximo hasta 14 puntos.

La nota de admisión puede alcanzar hasta un máximo de 14 puntos: a la nota de acceso se suman las dos mejores calificaciones de la fase voluntaria multiplicadas por 0,1 o 0,2. Esas calificaciones mantienen su validez durante los dos cursos académicos siguientes.

La nota de corte no se fija de antemano: es la calificación del último estudiante admitido en cada grado, de modo que cambia cada curso según la oferta de plazas y la demanda. Una misma titulación puede tener cortes muy distintos en universidades distintas, y la nota de corte se conoce al cierre de cada admisión.

Cada curso se presentan a la prueba más de 300.000 estudiantes, según los datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte. La convocatoria ordinaria se celebra habitualmente en junio y la extraordinaria en julio o principios de septiembre, con diferencias entre comunidades autónomas. Los alumnos que cursan ahora 2.º de Bachillerato se examinarán en junio de 2027 y después participarán en la preinscripción de las universidades públicas, donde ordenan sus titulaciones por preferencia.

Tras la publicación de las calificaciones, el estudiante puede pedir la revisión de uno o varios exámenes en el plazo que fija su comunidad autónoma. La reclamación no implica repetir la prueba: se revisa la corrección y, si procede, se aplica la tercera corrección. Las notas definitivas se conocen antes del cierre del proceso de preinscripción.

El Marco Educativo

La prueba se enmarca en el artículo 38 de la Ley Orgánica de Educación, en la redacción que le dio la LOMLOE, que atribuye al Gobierno la fijación de las características básicas, previa consulta a las comunidades autónomas. Es una competencia compartida: el Estado define el marco común y cada comunidad organiza los examenes, nombra los tribunales y publica su calendario. Esa distribución explica las diferencias de fechas y de materias optativas entre territorios, y la normativa estatal se publica en el Boletín Oficial del Estado.

En el debate intervienen el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, los consejeros autonómicos reunidos en la Conferencia Sectorial de Educación, las universidades y los sindicatos docentes. La homogeneidad de la prueba entre comunidades es uno de los asuntos que han marcado el debate de los últimos cursos, y cualquier cambio de modelo exigiría un nuevo real decreto estatal con un periodo de adaptación para los centros. Las comunidades autónomas publican sus resoluciones con las fechas concretas a lo largo del curso, de modo que cada estudiante debe consultar la convocatoria de su territorio y la tabla de ponderaciones de la universidad en la que quiera matricularse.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: La EBAU se organiza en dos fases: la obligatoria, con cuatro exámenes, y la voluntaria, que permite sumar hasta cuatro puntos.
  • Por qué importa: Del cálculo de la nota de acceso (60% del bachillerato y 40% de los exámenes) y de las ponderaciones depende la nota de admisión, que llega hasta 14 puntos.
  • A quién le importa: A los más de 300.000 estudiantes que cada curso se presentan a la prueba y, en especial, a los de 2.º de Bachillerato que se examinarán en junio de 2027.

Cómo gestionar las ausencias docentes: planificar sustituciones y guardias sin afectar al aprendizaje

Las ausencias docentes son una realidad cotidiana en los centros: por enfermedad, permisos o formación, el aula necesita una respuesta planificada.

Un docente puede faltar por problemas de salud, por el cuidado de un menor, por un permiso de matrimonio o por una mudanza. También por motivos laborales: asistir a cursos y jornadas de formación o acompañar al alumnado a competiciones escolares. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público), regula los permisos y licencias del personal funcionario, la categoría en la que se encuadra el profesorado de la enseñanza pública.

El problema no es la ausencia, sino la improvisación. Sin protocolo, el grupo pierde horas de contenido, los profesores de guardia se sobrecargan y las familias perciben desorden. Con un plan definido, el impacto se reduce.

Qué es una ausencia docente y cómo se prepara el centro

La clave es anticipar. El plan de sustituciones debe estar listo antes de la primera baja, digitalizado y accesible para toda la plantilla, por ejemplo en una carpeta compartida en la nube. Cada docente deja ahí programadas sus actividades de contingencia, las tareas de guardia, y mantiene actualizada una ficha de relevo: horarios, aula, alumnado con necesidades específicas o pautas de medicación y la forma de acceder al material didáctico.

Los horarios son la otra pieza. Los equipos directivos deben garantizar que en cada franja horaria haya profesores de guardia suficientes y de distintas especialidades. Las guardias se equilibran por áreas —ciencias, letras, idiomas— para que la sustitución interna sea lo más cualificada posible: prioridad para el profesorado del mismo departamento y, a ser posible, para quien ya conoce al grupo.

Planificar las ausencias docentes no elimina las bajas, pero evita que cada falta de un profesor se convierta en una pérdida de horas de clase.

Qué ocurre el día de la ausencia: guardias, sustitutos y familias

sustituciones docentes

Si la ausencia es imprevista, el docente debe comunicarla por el canal estipulado antes de una hora de corte, que en muchos centros se fija en las 7:30 de la mañana. Ese margen permite al jefe de estudios reorganizar las guardias del día. Si la falta se comunica con antelación o se trata de una baja de larga duración, el centro tramita de inmediato la solicitud del sustituto.

Cuando la ausencia supera las dos semanas, el margen se estrecha: el sustituto puede tardar días en incorporarse. En ese supuesto, los centros recurren a un horario puente para no sobrecargar al profesorado de guardia y el jefe de estudios asume la tutela temporal de las asignaturas: comprueba en qué contenido se quedó el grupo y si hay exámenes fijados. Informar a las familias de que las clases siguen atendidas forma parte del protocolo, igual que avisar al resto del claustro para detectar vacíos de aprendizaje durante la transición.

La acogida del sustituto también condiciona el resultado. Un miembro del equipo directivo o del departamento le entrega las tarjetas de acceso y las claves de las plataformas digitales, y se le asigna un profesor referente para resolver las dudas cotidianas de funcionamiento del centro.

El último paso es el registro. El registro de sustituciones permite anticipar los patrones de ausencia y evaluar la carga de trabajo del profesorado de guardia. Además, sirve para justificar las horas de sustitución ante la inspección educativa si fuera necesario.

El Marco Educativo

La organización de las sustituciones es una competencia autonómica. El Estado fija las bases del sistema y las comunidades autónomas gestionan su propio profesorado: son ellas las que convocan plazas, elaboran bolsas de interinos y publican cada curso las instrucciones de inicio de curso que determinan cómo se cubren las bajas. El marco general lo establece la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica de Educación), mientras que el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre regula los permisos y licencias del personal funcionario.

Según señala el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, la gestión del profesorado está transferida a las comunidades autónomas, que abordan estos criterios en la Conferencia Sectorial de Educación. En el debate intervienen también los sindicatos docentes con representación en las mesas sectoriales, que reclaman criterios homogéneos para cubrir bajas y plazos más ágiles en la llegada de los interinos, según las posiciones que estas organizaciones trasladan durante la negociación. El Consejo Escolar del Estado, órgano consultivo del Ministerio, aborda en sus informes anuales la organización de los centros y las condiciones del profesorado.

En cifras, España cuenta con más de 750.000 docentes en enseñanzas no universitarias, según la Estadística de las Enseñanzas no universitarias del Ministerio de Educación. Las comunidades autónomas actualizan sus protocolos de sustitución cada curso mediante las instrucciones de inicio de curso, de modo que los centros revisan sus planes antes de septiembre. La próxima ventana de actualización llegará con el curso 2027-2028, cuando se publiquen las nuevas instrucciones.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: Un plan de sustituciones digitalizado, con fichas de relevo y guardias equilibradas por áreas, reduce el impacto de las ausencias docentes en el aula.
  • Por qué importa: La LOMLOE y el EBEP fijan el marco general, pero son las comunidades autónomas las que organizan las sustituciones y publican cada curso las instrucciones que las regulan.
  • A quién le importa: A los equipos directivos y jefes de estudios que cubren cada baja, al profesorado de guardia y a las familias del alumnado de enseñanzas no universitarias.

La Junta de Andalucía amplía los permisos de funcionarios con hijos enfermos: podrán compartir el 100% de la jornada

Los funcionarios de la Junta de Andalucía podrán repartirse el 100% de la jornada para cuidar a un hijo enfermo. La medida, nacida de una reforma estatal, aterriza ahora en el personal de la administración autonómica con sede en Sevilla y en las ocho provincias.

El cambio llega a través de la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, el marco legal estatal que fija los permisos de todos los funcionarios de España, y su traslado a la administración andaluza beneficia de forma directa a quienes trabajan para la Junta. Hasta ahora, ese permiso recaía casi siempre sobre un único progenitor, lo que empujaba a uno de los dos a apartarse de su carrera profesional. La corresponsabilidad deja de ser una excepción.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha cambiado? Los dos progenitores que trabajan para la Junta podrán reducir su jornada a la vez para cuidar a un hijo con enfermedad grave o gran dependencia, siempre que la suma de ambas reducciones no supere el 100%.
  • ¿A quién afecta? Al personal de la administración autonómica en las ocho provincias y en los servicios centrales de Sevilla, con independencia del estado civil de los progenitores.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Ningún padre o madre tendrá que elegir entre su empleo y la atención sanitaria de su hijo, y quienes perdieron el permiso solo por la edad del menor pueden pedir que se revise su expediente.

Qué cambia exactamente en los permisos de los funcionarios de la Junta

La novedad principal es que los dos progenitores podrán reducir su horario al mismo tiempo, siempre que la suma de lo que recorte cada uno no supere el 100% de la jornada habitual. El reparto es libre: un 50% y un 50%, un 60% y un 40%, o cualquier combinación que encaje con las necesidades reales de la familia. Hasta el 100% de la jornada compartida para atender consultas, ingresos hospitalarios o cuidados continuos.

El derecho se reconoce sin importar el estado civil: parejas casadas, parejas de hecho, divorciadas o en situación de separación pueden acogerse en igualdad de condiciones. El cuidado de un hijo enfermo no entiende de modelos familiares, y la norma lo asume. El personal de los hospitales de Málaga y Granada, el de los centros educativos de la comunidad o el de las oficinas administrativas dispondrá de la misma flexibilidad.

El segundo bloque de mejoras ataca el problema del reloj. La regulación fijaba topes de edad del hijo que dejaban sin cobertura a muchas familias cuando el menor crecía, aunque la necesidad de asistencia siguiera intacta. Ahora, si existe gran discapacidad o gran dependencia acreditada, el recorte de horas se mantiene aunque el hijo supere la edad límite. La enfermedad marca el calendario, no el DNI del menor.

Repartir el cuidado de un hijo enfermo sin que ninguno de los dos progenitores tenga que renunciar a su carrera: eso es lo que cambia esta norma en Andalucía.

Escolarización, expedientes antiguos y trámites más ágiles

permisos funcionarios Junta de Andalucía

Que el niño acuda al colegio unas horas ya no servirá como argumento para retirar o denegar el permiso. La escolarización parcial no equivale a que el menor deje de necesitar asistencia, y la reforma lo deja claro: los periodos lectivos no anulan el derecho de los padres a mantener sus horas libres. Ir a clase no es sinónimo de estar curado.

Quienes perdieron el derecho en su día únicamente por haber cumplido los años tope podrán pedir que su caso vuelva a examinarse. Es la vía abierta para familias que llevaban años con el expediente cerrado y que ahora pueden reclamar una situación que les correspondía. Expedientes que se reabren años después.

A eso se suma una agilización de los tramites para solicitar, prorrogar o mantener la reducción de jornada. La administración autonómica canaliza el procedimiento a través de sus servicios provinciales, y el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) será la referencia para el personal que quiera presentar su solicitud o pedir la revisión de un caso antiguo.

La Lectura Andaluza

La Junta de Andalucía es el mayor empleador público de la comunidad y sostiene servicios que no admiten pausas: hospitales, colegios, residencias, dependencia, oficinas de empleo. Cada turno que se cubre cuenta. Por eso una medida como esta tiene un efecto que va más allá del despacho del funcionario que firma la solicitud: toca la vida de miles de familias que llevan años haciendo encaje de bolillos entre la nómina y la habitación de un hospital.

El valor de proximidad es difícil de exagerar. Un enfermero de Sevilla que antes tenía que elegir entre su turno y las revisiones de su hijo; una maestra de Málaga que renunció a media jornada cuando su hija cumplió los dieciséis; una administrativa que cerró un expediente que ahora puede reabrir. Los tres escenarios responden a la misma lógica: el cuidado deja de ser una penalización profesional para quien lo asume.

Queda por ver el ritmo de aplicación. La Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de Andalucía es el foro donde se concretan este tipo de mejoras, y el sector sindical lleva tiempo reclamando que las medidas de conciliación lleguen también al personal sanitario y docente con turnos rotatorios. Además, la norma estatal abre un debate más amplio: si el modelo funciona para los funcionarios, el paso lógico es extenderlo al resto de trabajadores andaluces, donde la conciliación sigue siendo una carrera de obstáculos.

Andalucía ha demostrado que puede liderar en servicios públicos cuando se lo propone, y este es un terreno donde los resultados se miden en familias que no tendrán que elegir entre cuidar y trabajar. El siguiente paso está en los despachos: que el papel se convierta en horarios reales, en las ocho provincias y en los tres turnos. Ese es el examen.

Ryanair conecta Sevilla con Baviera: la nueva ruta directa despega en marzo

Ryanair volverá a unir Sevilla con Memmingen, en Baviera, desde el 29 de marzo de 2027 y con dos vuelos semanales.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Ryanair ha anunciado la recuperación de su ruta directa entre Sevilla y Memmingen, en Baviera, con dos frecuencias semanales desde el 29 de marzo de 2027.
  • ¿Dónde y quién? El enlace operará desde el aeropuerto de San Pablo, en Sevilla, con vuelos de unas tres horas y una programación abierta hasta el 28 de octubre.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Los billetes ya están a la venta en la web y la aplicación de la aerolínea, y el destino abre la puerta a Múnich, Innsbruck y Liechtenstein.

Ryanair recupera la ruta con Baviera que perdió en 2022

El aeropuerto de San Pablo encadena anuncios. Con la reciente llegada de Air Serbia, que conecta ya la capital hispalense con Belgrado, la instalación alcanza las 36 aerolíneas y consolida su crecimiento en el sur de España. A esa cifra se sumarán en las próximas semanas la ruta con La Coruña, prevista para noviembre, y la conexión con Cerdeña que se estrenó el pasado verano. Todo ello con la ampliación del aeródromo aparcada por decisión del Gobierno central, un freno administrativo que, por ahora, no ha recortado la oferta de vuelos.

La nueva conexión tendrá dos frecuencias semanales, los lunes y los jueves, y un tiempo de vuelo de unas tres horas. La programación arrancará el 29 de marzo de 2027 y se mantendrá hasta el 28 de octubre, cuando la compañía cierre su temporada de verano. Los billetes ya se pueden adquirir en la página web y en la aplicación móvil de la aerolínea, de modo que el viajero andaluz puede organizar desde ya una escapada a Baviera para la próxima primavera.

No se trata de un destino inédito. La aerolínea operó este mismo trayecto durante cinco años, hasta 2022, cuando dejó de ofrecerlo desde San Pablo. La vuelta de Memmingen forma parte de las 29 rutas que la compañía ha anunciado para el verano de 2027, una programación que confirma su apuesta por el aeropuerto sevillano.

Memmingen, la joya medieval que abre la puerta del sur de Alemania

Estamos ante algo más que un destino de aeropuerto. Conocida como la ciudad de las puertas, las torres y los tejados, Memmingen conserva un casco antiguo medieval en un estado de conservación envidiable, recorrible a pie en una sola jornada. Allí se redactaron en 1525 los Doce Artículos, uno de los primeros documentos de reivindicación de derechos humanos de Europa. La Marktplatz, su plaza del mercado, concentra edificios barrocos y rococós de fachadas coloridas, mientras el Stadtbach, un pequeño cauce que cruza el centro histórico, compone una estampa difícil de encontrar en otras ciudades alemanas.

El patrimonio defensivo es otro de sus grandes reclamos: alrededor de 1,4 kilómetros de muralla medieval, cinco torres y cinco puertas monumentales que recuerdan su pasado fortificado. Su ubicación invita, además, a ampliar el viaje. Múnich queda a poco más de 100 kilómetros, Liechtenstein a unos 120 e Innsbruck, ya en Austria, a unos 170. Para el viajero andaluz, la ruta no es solo un destino: es una base desde la que moverse por el centro de Europa.

Sevilla recupera una conexión que funcionó cinco años y que abre una puerta directa al sur de Alemania, uno de los mercados que más viajeros aporta a Andalucía.

nueva ruta Ryanair

La Lectura Andaluza

Alemania es uno de los principales mercados turísticos de Sevilla y de Andalucía, y las conexiones directas son la vía más eficaz para sostener esa corriente de visitantes. La Junta de Andalucía mantiene el mercado alemán entre las prioridades de su promoción exterior, y cada nueva ruta que entra en la programación de San Pablo trabaja en la misma dirección. La terminal acumula ya 36 aerolíneas, una cifra que hace una década habría sonado a utopía y que hoy explica por qué cada vez más andaluces organizan sus escapadas sin pasar por Madrid.

Para el ciudadano de a pie, el efecto es doble. Por un lado, un destino europeo más a tres horas de casa y sin escalas, con Múnich, los Alpes austriacos y Liechtenstein al alcance de un fin de semana. Por otro, más viajeros alemanes en los hoteles de Sevilla y su provincia, lo que se traduce en empleo en hostelería, comercio y transporte. A eso se suma el tejido exportador: el aceite de oliva y la aceituna de mesa andaluces tienen en Baviera un mercado natural, y una conexión directa siempre allana las relaciones comerciales.

La ruta arrancará el 29 de marzo de 2027 y se mantendrá operativa hasta el 28 de octubre, dentro de la temporada de verano de la aerolínea. Antes, en noviembre, San Pablo estrenará la conexión con La Coruña, y la programación de la compañía irlandesa para 2027 incluye ya 29 rutas. Lo que venga después dependerá de la demanda y de qué ocurra con la ampliación del aeródromo, una obra que sigue aparcada. Mientras tanto, cada enlace que se firma es un motivo menos para hacer escala en otro aeropuerto y un puesto de trabajo más en tierra.

La Junta activa un plan para que 20.222 jóvenes parados andaluces encuentren empleo

La Junta de Andalucía moviliza 92 millones de euros desde Sevilla para que 20.222 jóvenes parados andaluces encuentren empleo.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El BOJA publica la convocatoria del programa T-Acompañamos, con 92 millones del Servicio Andaluz de Empleo para atender a 20.222 desempleados menores de 31 años.
  • ¿Dónde y quién? Los proyectos los ejecutarán entidades de formación, asociaciones, empresas de inserción y ayuntamientos de toda Andalucía, con el plazo de solicitud abierto hasta el 15 de octubre.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Los jóvenes de 18 a 30 años inscritos como demandantes y en Garantía Juvenil accederán a orientación, formación y acompañamiento, con un incentivo de 528 euros al completar la atención.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado la convocatoria de esta línea de subvenciones, impulsada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). El plazo para presentar solicitudes sigue abierto, pero se cierra el 15 de octubre: apenas dos días para que las entidades interesadas de Granada, Sevilla, Málaga o cualquier otra provincia muevan ficha.

Podrán participar en los proyectos los jóvenes de entre 18 y 30 años que estén desempleados, inscritos como demandantes de empleo y dados de alta en el fichero del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Del otro lado, la convocatoria está abierta a entidades de formación, entidades sin ánimo de lucro, empresas de inserción, corporaciones locales y entidades locales autónomas, que deberán ejecutar cada proyecto en un plazo máximo de 18 meses.

Qué incluye el itinerario: diagnóstico, formación y acompañamiento al empleo

El programa no reparte solo dinero: diseña un itinerario personalizado para cada participante. Incluye un diagnóstico de empleabilidad, orientación laboral, formación para adquirir competencias técnicas y acciones de inserción que van desde la prospección del mercado hasta la captación de ofertas y la presentación de candidaturas. El objetivo es mejorar la cualificación de quienes llevan tiempo fuera del circuito laboral.

La subvención por persona atendida es de 3.500 euros, una cantidad que incorpora un incentivo de 528 euros que recibe el propio participante cuando completa la fase de atención. Los proyectos se financian con cargo al Programa FSE+ de Andalucía 2021-2027, la vía por la que llegan a la comunidad los fondos sociales europeos.

El programa pone 3.500 euros por joven sobre la mesa, pero lo que de verdad se mide es cuántos acaban con un contrato firmado.

El compromiso es exigente: al menos el 40% de los participantes debe lograr su inserción laboral, por cuenta propia o ajena, lo que equivale a 8.089 personas según las previsiones de la Consejería. Por cada joven colocado, la entidad percibirá 2.500 euros adicionales, siempre que haya recibido al menos 40 horas de orientación y mantenga el empleo un mínimo de cuatro meses, o tres si el trabajo es en el sector agrario.

80% por adelantado y hasta 320 proyectos: así se reparte el dinero

Las entidades beneficiarias recibirán el 80% de la subvención una vez emitida la resolución de concesión y el 20% restante al finalizar el proyecto. Para lograr un mayor impacto territorial, podrán solicitar hasta 100 proyectos si actúan en una sola provincia y hasta 320 si operan en dos o más. Una misma entidad podría llegar así a Huelva, Cádiz, Almería y Jaén con una sola solicitud.

Junta de Andalucía empleo

La Junta de Andalucía enmarca esta convocatoria en su estrategia de inserción laboral y de atención a los desempleados menores de 31 años, un colectivo al que el SAE dedica itinerarios diferenciados. Sobre el papel, el modelo combina tres piezas: formación técnica, acompañamiento prolongado y captación directa de ofertas por parte de las entidades. El empleo joven andaluz vuelve así al centro de la política autonómica, con el FSE+ como principal fuente de financiación hasta 2027.

La Lectura Andaluza

El paro juvenil en Andalucía es el indicador que más incomoda a cualquier gobierno autonómico, y esta convocatoria llega cuando el FSE+ 2021-2027 encara su tramo decisivo de ejecución. La comunidad canaliza buena parte de ese esfuerzo a través de la Garantía Juvenil, el mecanismo estatal que identifica a los menores de 30 años sin ocupación y sirve de puerta de entrada a los programas de inserción. La convocatoria publicada en el BOJA no es un anuncio aislado, sino una nueva edición de un modelo que ya se apoya en entidades repartidas por las ocho provincias.

Para el ciudadano de a pie, la letra pequeña importa. Un joven de Granada que lleve meses inscrito en Garantía Juvenil puede terminar el próximo año con un itinerario completo, formación específica y 528 euros en el bolsillo. En los pueblos y barrios donde apenas hay tejido empresarial, las entidades de formación y las empresas de inserción locales se convierten en la primera puerta a la que llamar. Y para los ayuntamientos, que también pueden solicitar, el programa es una vía para activar a los jóvenes de su municipio sin cargar sus propias cuentas.

La proyección es clara. Los proyectos que reciban la subvención tendrán 18 meses para ejecutarse, de modo que su actividad se prolongará hasta bien entrado 2028, ya con el nuevo marco financiero europeo en discusión. En el calendario más inmediato, todo se decide el 15 de octubre, y en el horizonte del SAE queda una pregunta: si el 40% de inserción obligatorio se cumple. No es un deseo, es el mínimo que la propia Consejería ha puesto por escrito.

Si las entidades responden al reto, 8.089 jóvenes andaluces dejarán de contar los meses en la cola del paro y empezarán a contar los del primer contrato. Ese es el examen que Andalucía se ha puesto a sí misma.

El Consell dispara las derivaciones a la sanidad privada: 267 pruebas de radiodiagnóstico al día en 2025

El Consell de Pérez Llorca derivó 97.431 pruebas de radiodiagnóstico a la sanidad privada en 2025, 267 al día. Es un 3% más que las 94.610 externalizadas en 2022, el último ejercicio completo del Botànic.

Los datos los ofreció el conseller de Sanidad, Marciano Gómez —el titular de una Conselleria, el equivalente autonómico de un ministerio—, en respuesta a las preguntas de la diputada del PSPV Yaissel Sánchez en Corts Valencianes, el parlamento unicameral de la Comunitat Valenciana. El grueso de las pruebas derivadas son ecografías y resonancias magnéticas.

Los números que crecen: un 3% más de derivaciones que en 2022

La serie no es lineal. En 2022 salieron a la privada 94.610 pruebas radiodiagnósticas; en 2023, 107.933; en 2024, 107.800; y en 2025, las mencionadas 97.431. Es decir, tras dos años al alza, el pasado ejercicio marcó un descenso que devolvió la cifra a niveles del Botànic. En lo que va de 2026, hasta el 17 de septiembre, se han derivado 66.962.

Por tipo de prueba, las ecografías son las que más han crecido. Pasaron de 4.150 en 2022 a 6.942, 9.055, y 17.636 en los tres años siguientes; en el ejercicio en curso, hasta el 17 de septiembre, se han derivado 8.510. Las resonancias, en cambio, bajaron: de las 85.205 de 2022 se pasó a 96.387 y 95.313, y en 2025 cayeron a 74.032, el mínimo del periodo.

El coste también tiene su cifra. En 2024 y 2025, las derivaciones de pruebas y de intervenciones quirúrgicas para aliviar las listas de espera dentro del plan de choque supusieron el pago de 270 millones de euros de las arcas públicas a distintos hospitales privados. El procedimiento está regulado por la Instrucción 2/2021, aprobada durante el Gobierno del Botànic, que atribuye a las gerencias de los departamentos de salud la propuesta, autorización y control de estas actuaciones.

Cada ecografía derivada a la privada es un recurso que no vuelve a la sanidad pública, aunque la factura la siga pagando el contribuyente.

El PSPV habla de privatización y el PP responde con la lista de espera

La portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE en las Corts, Yaissel Sánchez, denunció que el Consell ha disparado las ecografías derivadas un 325%, al pasar de 4.150 en 2022 a 17.636 en 2025. Para la diputada, el PP «deriva los recursos públicos que aportamos todos y todas con nuestros impuestos para alimentar el negocio privado”. “No se trata de un parche, sino de un modelo”, añadió.

Nieves Martínez, portavoz de Sanidad del grupo popular en las Corts, replicó que la derivación “es una práctica utilizada por gobiernos de distinto signo para garantizar la atención”. Martínez recordó que el procedimiento fue regulado por la Instrucción 2/2021, aprobada durante el Botànic, y subrayó que las resonancias derivadas cayeron de 85.000 a 74.000. Además, defendió que la lista de espera quirúrgica de prioridad 1 ha bajado de 61 a 17 días.

El Escenario Valenciano

La derivación de pruebas diagnósticas a la privada es un asunto viejo en la Comunitat Valenciana. Las resonancias y ecografías ya se externalizaron durante el Consell presidido por Eduardo Zaplana, hasta que el Botànic recuperó su gestión pública en diciembre de 2021. Lo que ha cambiado ahora no es la práctica, sino su volumen sobre las ecografías y la batalla política que la rodea.

En la oposición, PSPV y Compromís han convertido la sanidad en el eje de su discurso de desgaste contra el Consell de Pérez Llorca, conscientes de que es una de las materias que más moviliza al electorado valenciano. El PP, por su parte, defiende la derivación como una herramienta para reducir las listas de espera, un argumento que otros gobiernos autonómicos también han esgrimido para justificar el recurso a la privada.

La próxima estación del debate es presupuestaria. El Consell prepara las cuentas de 2027 con la sanidad como partida principal y con la amenaza de que PSPV y Compromís vuelvan a exigir un plan de reversión de las derivaciones. En juego no está solo una cifra: está el modelo de un sistema sanitario que atiende a algo más de cinco millones de valencianos.

Ficha del Caso

  • El caso: El Consell de Pérez Llorca derivó 97.431 pruebas de radiodiagnóstico a la sanidad privada en 2025, 267 al día, un 3% más que en 2022.
  • Datos importantes: 94.610 derivaciones en 2022; 107.933 en 2023; 107.800 en 2024 y 97.431 en 2025. Las ecografías pasaron de 4.150 a 17.636, un 325% más. Entre 2024 y 2025 se pagaron 270 millones de euros a hospitales privados.
  • Resumen: El PSPV denuncia un modelo de privatización mientras el PP defiende la derivación como una herramienta para reducir las listas de espera.

El Consell de Pérez Llorca tramita por urgencia la Ley del Suelo que revaloriza terrenos no urbanizables

El Consell de Juanfran Pérez Llorca aprueba por urgencia la Ley del Suelo valenciana y pide a las Corts Valencianes acortar el trámite.

Un suelo rústico que deja de valer solo como campo

La norma no retoca el sistema: lo sustituye entero. El Consell aprobó el proyecto el 25 de septiembre y deroga íntegramente la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (TRLOTUP), aprobada en junio de 2021 por el Gobierno del Botànic. Hasta ahora, en suelo no urbanizable solo cabía lo que el planeamiento municipal recogía de forma expresa. La regla se invierte: en el suelo no urbanizable común podrán autorizarse los usos previstos en la ley siempre que el plan no los prohíba expresamente. El documento sigue en fase de participación pública.

Los artículos 62 y 63 abren el catálogo: explotaciones agrícolas, transformación y comercialización de productos del campo, actividades terciarias, alojamiento turístico, restauración, usos deportivos, y ecoturismo, almacenamiento y determinadas instalaciones energéticas. Podrán implantarse con licencia municipal o con una declaración de interés comunitario (la DIC, la autorización autonómica que permite situar actividades en rústico al margen del planeamiento). El artículo 76 suma la reconstrucción de edificaciones de arquitectura tradicional rural sin delimitación previa del planeamiento. Puede generar una prima patrimonial considerable en propiedades hasta ahora dormidas.

El artículo 61 introduce la vivienda aislada y familiar en suelo no urbanizable común: parcelas de al menos 10.000 metros cuadrados —una hectárea—, ocupación máxima del 2% del total y un tope de dos plantas sobre el terreno natural. Deberá quedar fuera de los cursos naturales de escorrentías, respetar el arbolado y la topografía y no podrá formar núcleo de población, con 100 metros de distancia respecto a otras viviendas. Traducido: una parcela que solo admitía uso agrícola gana valor sin cambiar de clasificación.

Hay otro giro de calado: la DIC pasa de temporal —un máximo de 30 años— a permanente, algo que el Consell Jurídic Consultiu, el órgano que vela por la legalidad de las normas autonómicas, pidió justificar. La disposición transitoria decimocuarta mantiene las autorizaciones concedidas con la ley anterior y permite prorrogar las temporales o convertirlas en indefinidas. Para el promotor, eso es seguridad jurídica. El texto añade usos energéticos —biogás, biomasa, hidrógeno renovable y sus infraestructuras de evacuación—, aunque no cualquier rústico puede albergar una fotovoltaica: pesan la normativa sectorial, la capacidad de red o la protección agraria.

Una parcela que ayer solo valía como campo puede multiplicar su precio sin que cambie una sola letra de su clasificación urbanística.

El atajo de la urgencia: menos alegaciones, más valor en el mercado

suelo no urbanizable

El Consell no ha elegido el camino largo. Solicitó a las Corts la tramitación por vía de urgencia, lo que limita de forma significativa la participación ciudadana. Cabe recordar el precedente: la norma a la que sustituye acumuló 53 observaciones esenciales del Consell Jurídic Consultiu, disposiciones contrarias a derecho que un informe posterior de la dirección general de Urbanismo dio por solventadas.

¿Quién gana con esto? Los propietarios de rústico con expectativas. ¿Quién puede perder? La protección agraria y paisajística, porque el suelo no urbanizable común es el gran pulmón del territorio valenciano. Hay además un coste difuso: dispersar viviendas y actividades obliga a llevar servicios, accesos y redes donde hoy no llegan. Y una advertencia que el texto incorpora y que, tras la DANA del 29 de octubre de 2024, se lee con otra atención: la vivienda aislada queda fuera de los cursos naturales de escorrentías. La norma nace mirando al suelo, pero también al agua.

El Escenario Valenciano

Es la primera gran ley territorial del Consell de Pérez Llorca, con el pacto PP–Vox intacto desde la investidura de diciembre de 2025. El PP la presenta como palanca económica; Vox la acompaña sin fisuras visibles. La oposición de PSPV y Compromís tiene en el calendario su principal herramienta: la vía de urgencia acorta el trámite, no lo elimina, y el pleno de las Corts Valencianes será su escaparate. El expresident Carlos Mazón, hoy diputado autonómico tras su dimisión de noviembre de 2025, ya no firma textos como este.

La dimensión nacional no es menor. El urbanismo es competencia autonómica, pero el marco estatal —el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana— fija mínimos, y la vivienda es hoy el eje del enfrentamiento político en Madrid. Una parte del PP reivindica la desregulación del suelo como receta contra el precio de la vivienda; el Gobierno de Pedro Sánchez responde con política pública y control. El precedente valenciano de 2021 muestra dónde acaban estas normas cuando rozan el filo de la legalidad: en reparos del órgano consultivo y, a menudo, en los tribunales contencioso-administrativos. A eso se suma la reconstrucción post-DANA, donde la Generalitat canaliza fondos del Plan RERD y cada decisión sobre suelo y riesgo de inundación tiene lectura estatal. La proyección: tramitación parlamentaria urgente, alegaciones abiertas y un suelo rústico valenciano esperando a saber cuánto sube de precio.

Ficha del Caso

  • El caso: El Consell aprobó el 25 de septiembre el proyecto de Ley del Suelo valenciana y pidió a las Corts tramitarlo por urgencia. Deroga la TRLOTUP de 2021.
  • Datos importantes: Vivienda aislada en parcelas de 10.000 m², ocupación máxima del 2%, dos plantas como tope y 100 metros entre viviendas. La DIC pasa de 30 años a indefinida.
  • Resumen: Revaloriza el suelo rústico al ampliar los usos explotables, recorta plazos de alegaciones y abre un nuevo pulso político y jurídico en la Comunitat Valenciana.

6.150 firmas contra la planta de gas de Los Realejos: el PP local rechaza el proyecto de otra consejería del PP

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La plataforma contra la planta de gas propano de La Cruz Santa, en Los Realejos (Tenerife), ha reunido 6.150 firmas; el Gobierno de Canarias publicó el proyecto en el BOC el 2 de octubre.
  • ¿Quién está detrás? El Ayuntamiento de Los Realejos, gobernado por el PP, y todos los grupos locales (PP, PSOE y Coalición Canaria) rechazan la instalación; la impulsa la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno canario.
  • ¿Qué impacto tiene? Afecta a un valle de más de 110.000 habitantes, con el IES Cruz Santa y el CEIP Mencey Bentor a pocos metros de las ocho torres.

La plataforma vecinal contra la planta de gas de Los Realejos suma 6.150 firmas mientras el Gobierno de Canarias mantiene el proyecto.

Una autorización en el BOC que el pleno del municipio rechaza

El recuento no admite matices. La plataforma contraria a la planta de gas propano del barrio de La Cruz Santa, en Los Realejos, ha recogido 6.150 firmas, según el cómputo de su última reunión. La instalación, defienden, es peligrosa y contaminante.

Todo arrancó antes. La plataforma nació después de que Disa descartara ubicar la planta en otra zona del municipio, La Zamora, y el proyecto reapareciera en La Cruz Santa. El Gobierno de Canarias concedió la autorización y publicó el proyecto en el Boletín Oficial de Canarias (BOC, el diario oficial de la comunidad) el pasado 2 de octubre, con ocho anuncios que los vecinos leyeron como un golpe definitivo.

La paradoja del PP: una consejería concede y un vicepresidente invita a recurrir

El Ayuntamiento de Los Realejos, gobernado por el PP con mayoría absoluta, rechaza el proyecto con el respaldo de todos los grupos: los populares, el PSOE y Coalición Canaria (CC, la formación nacionalista que gobierna, las islas en coalición con el PP). Sin embargo, la autorización depende de una consejería del mismo partido, la de Transición Ecológica y Energía, dirigida por Mariano Hernández Zapata.

Manuel Domínguez, vicepresidente del Ejecutivo canario y exalcalde de Los Realejos, animó a los vecinos y al propio Ayuntamiento a recurrir las decisiones de su Gobierno. Lo dijo en una entrevista en Radio Realejos, la emisora municipal. La paradoja es difícil de sostener en público.

Una consejería del PP autoriza la planta, un ayuntamiento del PP la rechaza y un vicepresidente del PP invita a recurrirla. El laberinto lo pagan los vecinos.

Los residentes describen la instalación como una «megainstalación con ocho torres de diez metros de altura, alimentada por cientos de metros cúbicos de propano, un combustible fósil altamente inflamable». A eso suman las emisiones de óxidos de nitrógeno y su efecto en el Valle de La Orotava, donde la conocida panza de burro retiene el aire y la calima arrastra polvo desde África.

El Pulso Territorial

En Canarias gobierna una coalición entre Coalición Canaria y el PP, con Fernando Clavijo al frente de la Presidencia. La tensión que retrata La Cruz Santa es doméstica: un mismo partido sostiene dos posiciones opuestas sobre el mismo proyecto de gas propano. La comunidad presume de un potencial renovable enorme, pero su mix energético sigue más atado a los combustibles fósiles que el de las autonomías peninsulares; el aislamiento insular obliga a depender de centrales térmicas. Castilla y León, líder nacional en potencia eólica instalada, avanza a otro ritmo.

Las próximas elecciones autonómicas, salvo adelanto, están previstas para 2027, y hasta entonces difícilmente cambiará la composición del Ejecutivo. La vía que le queda a la plataforma es administrativa y judicial: los recursos que el propio vicepresidente les ha invitado a presentar. Nadie garantiza que prosperen. La incertidumbre seguirá instalada en el barrio.

Ficha Autonómica

  • El caso: Una plataforma vecinal de La Cruz Santa, en Los Realejos (Tenerife), rechaza una planta de gas propano que el Gobierno de Canarias ha autorizado y publicado en el BOC.
  • Datos importantes: 6.150 firmas recogidas; ocho anuncios en el BOC el 2 de octubre; ocho torres de diez metros; más de 110.000 habitantes en el Valle de La Orotava.
  • Resumen: El Ayuntamiento de Los Realejos y todos los grupos locales rechazan el proyecto; la Consejería de Transición Ecológica y Energía lo impulsa. Los vecinos seguirán recogiendo firmas y estudian recursos.

Vigo se suma a las acampadas por la vivienda con una concentración vecinal en la Alameda

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Vigo se suma a la ola de acampadas por la vivienda con una concentración vecinal que ha acabado ocupando la Alameda.

Una quincena de tiendas de campaña y un punto de partida: así ha llegado la protesta a la Alameda

La reivindicación arrancó este lunes en El Marco, en la céntrica calle Príncipe, donde un grupo de vecinos se concentró para exigir una vivienda digna y libre de especulación. La convocatoria no aspiraba a más. Terminó derivando en una acampada en toda regla.

Desde allí, los participantes se desplazaron hasta la Alameda de Vigo, la plaza más céntrica de la ciudad, donde ya se han levantado alrededor de una quincena de tiendas de campaña. De momento, no hay previsión de desalojo. La ocupación avanza sin prisa, sin portavoces oficiales y sin interlocución con el Ayuntamiento.

La chispa fue Maricarmen, una octogenaria desahuciada de su piso en Madrid que falleció la semana pasada en el hospital. Su caso ha convertido una protesta de barrio en un símbolo de alcance nacional y ha llevado el nombre de una sola persona a la pancarta de media España.

De Vigo a Madrid: una marea de protestas que interpela a la Xunta y al Gobierno central

Lo que ocurre en la Alameda de Vigo no es un hecho aislado. La ciudad se ha sumado a las acampadas que ya recorren varias capitales españolas, un fenómeno que traslada al espacio público el problema más candente del país. Ya no se discute en los despachos. Se discute en la calle.

La vivienda ha dejado de ser un debate de despacho para convertirse en una acampada a pie de calle, de Madrid a Vigo.

En Galicia, el asunto interpela directamente a la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela), titular de las competencias de vivienda a través de la Consellería de Vivenda. También al PSdeG (la federación gallega del PSOE) y al BNG (el Bloque Nacionalista Galego), que han colocado la política de vivienda en el centro de su oposición parlamentaria. Y, por supuesto, al conjunto del PP, que gobierna la comunidad y aspira a hacerlo en España.

El pulso no es nuevo. Vigo ya fue uno de los epicentros gallegos del movimiento antidesahucios durante la crisis de 2008, cuando la Plataforma de Afectados por la Hipoteca desplegó su actividad en la ciudad. La diferencia, quince años después, es el marco: entonces se protestaba contra los desahucios; ahora, también contra el precio del alquiler y de la compra. El Instituto Galego de Estatística convierte cada trimestre ese malestar en cifras que pocos discuten.

El Laboratorio Gallego

Galicia es, una vez más, un termómetro útil para leer lo que viene. El PPdeG gobierna la Xunta con mayorías absolutas consecutivas desde 2009, y la vivienda figura entre sus competencias más sensibles. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no se ha pronunciado por ahora sobre la acampada, según la información disponible. Cualquier respuesta que dé su gobierno marcará el tono de la derecha en un asunto que ya incomoda en toda España.

La dimensión nacional es evidente. La ola de acampadas presiona a la vez al Gobierno de Pedro Sánchez, responsable de la política estatal de vivienda, y al PP de Alberto Núñez Feijóo, que sigue el asunto desde Madrid con la vista puesta en el ciclo electoral. En Galicia, ese doble juego se mira con lupa: el PPdeG gestiona una comunidad donde el BNG y el PSdeG usan la vivienda para erosionar su mayoría. La contradicción es fina. Cada promesa nacional del PP se contrasta con lo que la Xunta hace o deja de hacer en su propio territorio.

La incógnita es si el movimiento mantiene el pulso cuando baje el ruido mediático y si la Xunta responde con medidas concretas o deja que la protesta se apague sola. De momento, una quincena de tiendas resiste en el centro de Vigo sin fecha de salida y sin interlocutores claros. El pulso queda abierto, a la espera de que las administraciones muevan ficha.

Ficha del Caso

  • El caso: Un grupo de vecinos inicia una acampada por la vivienda en la Alameda de Vigo, sumándose a las protestas que recorren España tras la muerte de Maricarmen, la octogenaria desahuciada en Madrid.
  • Datos importantes: Una quincena de tiendas de campaña en la Alameda; la protesta arrancó en El Marco, en la calle Príncipe; sin previsión de desalojo por el momento.
  • Resumen: Vigo se suma a una ola nacional de acampadas por la vivienda que presiona a las administraciones, con la Xunta como titular de las competencias autonómicas y el PPdeG como fuerza gobernante.

Trump mantiene congelados 20.000 millones del fondo verde y recurrirá al Supremo

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EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Administración Trump mantiene congelados 20.000 millones de dólares del fondo verde de la era Biden y prepara su recurso ante el Tribunal Supremo.
  • ¿Quién está detrás? La EPA de Lee Zeldin, que canceló las ayudas en marzo de 2025, frente a los beneficiarios del programa, con Climate United como mayor receptor.
  • ¿Qué impacto tiene? Bloquea proyectos de energía limpia y movilidad eléctrica en EE. UU. y reordena, de rebote, el tablero de la inversión climática transatlántica.

La Administración Trump mantiene congelados 20.000 millones del fondo verde de Biden y prepara su recurso ante el Tribunal Supremo.

El pulso judicial que lleva dos meses sin resolverse

El dinero lleva dos meses sin moverse. La Corte de Apelaciones del Circuito de Washington D.C. —el tribunal federal de apelación con sede en la capital, un escalón por debajo del Tribunal Supremo— votó 6 a 4 el pasado 4 de agosto para impedir que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) cancelara los desembolsos del Greenhouse Gas Reduction Fund, el fondo verde nacido al amparo de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, el gran paquete climático de la era Biden). El fallo dio la razón a los beneficiarios.

Días después, el mismo tribunal aceptó la petición de la Casa Blanca de mantener el dinero bloqueado mientras prepara el salto al Supremo. La suspensión pausa la parte de la orden que obligaba a pagar hasta el 9 de noviembre, según el Sabin Center for Climate Change Law de la Facultad de Derecho de Columbia. Si el Ejecutivo presenta su recurso, la pausa se prolongará hasta que el Supremo se pronuncie. Los receptores de las ayudas no se opusieron.

La EPA, dirigida por Lee Zeldin, canceló las subvenciones en marzo de 2025 alegando «preocupaciones bien documentadas sobre el autobeneficio y los conflictos de interés». Climate United, el mayor beneficiario, había recibido unos 7.000 millones. Los tribunales federales ya han fallado en contra de la agencia en varios frentes: en septiembre, dos juzgados de distrito anularon también la cancelación de Solar for All, un programa de 7.000 millones dentro del mismo fondo.

Qué se juega España en la batalla por el fondo verde

El fondo verde es un programa estadounidense y su dinero no cruza fronteras. Lo que se dirime es algo mayor: si el Congreso puede atar las manos del Ejecutivo cuando aprueba un gasto obligatorio. Ese principio viaja lejos. Las energéticas españolas con inversiones en EE. UU. —Iberdrola, Acciona, Repsol— construyen su estrategia americana sobre sobre la premisa de que las reglas federales no cambian de un año para otro. Cuando esa premisa se tambalea, el capital se lo piensa dos veces.

El fondo verde no es solo una partida climática: es el terreno donde se decide si un presidente puede negarse a ejecutar el gasto que firmó el Congreso.

Para la inversión climática transatlántica, la señal es incómoda. El fondo canalizaba capital hacia bancos verdes y proyectos de eficiencia energética, vehículos eléctricos y préstamos a comunidades indígenas. La coalición US Green Bank 50 asegura que esas entidades financiaron 12.400 millones en proyectos en 2024 y 2025, unos 11.000 de inversores privados. El efecto palanca importa: un análisis de Energy Innovation cifraba en 65.500 millones la inversión total movilizada y en 52.000 millones el ahorro para los consumidores en 20 años.

La Lógica de Washington

La Casa Blanca no actúa por capricho. Hay una lógica. La tesis del Ejecutivo es que la Administración Biden aceleró 20.000 millones hacia organizaciones políticamente conectadas y que la EPA tiene derecho a auditar y frenar subvenciones marcadas por conflictos de interés. La cuestión legal de fondo es otra: si un presidente puede detener un gasto que el Congreso aprobó y firmó su predecesor.

Si el Supremo le da la razón, reabrirá una pregunta que se remonta a los años setenta. El precedente más citado es el pulso de Nixon con el Congreso tras la ley de control presupuestario de 1974, que nació precisamente para limitar el embargo de fondos por parte de la Casa Blanca. La coalición republicana que sostiene esta ofensiva es la misma que ha convertido la revisión del gasto federal en su bandera: menos subvenciones, más permisos y menos dinero público en manos de intermediarios.

El Partido Demócrata lo lee al revés. Los senadores Ed Markey, Chris Van Hollen y Sheldon Whitehouse, junto a la congresista Debbie Dingell, celebraron en agosto que los tribunales frenaran lo que describieron como un intento de incautar los fondos. La proyección pasa por el Supremo: si acepta el caso, la resolución podría llegar bien entrado 2027. Hasta entonces, los 20.000 millones seguirán quietos. Washington no tiene prisa.

Ficha del Caso

  • El caso: La Administración Trump mantiene congelados 20.000 millones del fondo verde de la era Biden pese al fallo del D.C. Circuit y prepara su recurso ante el Tribunal Supremo.
  • Datos clave: Votación 6-4 el 4 de agosto; pausa de pagos hasta el 9 de noviembre; 7.000 millones adjudicados a Climate United; 12.400 millones financiados por los bancos verdes en 2024-2025.
  • Para España: El pulso pone a prueba la estabilidad regulatoria de EE. UU. que sostiene las inversiones de Iberdrola, Acciona o Repsol en energía limpia y marca el tono de la inversión climática transatlántica.