Denuncian ante la Junta Electoral la identificación digital para votar

Luis Miguel Montero
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Denuncian ante la Junta Electoral la identificación digital para votar

El partido político Iustitia Europa (IE) ha llevado ante la Junta Electoral Central (JEC) la identificación digital, el censo de residentes ausentes y el control del Número de Identificación Consular Central (NICC), todas herramientas para ejercer el voto en las próximas elecciones generales de 2027.

Las claves son muchas y las preguntas de IE también: pide a la JEC que aclare qué controles exigirá para el uso de MiDNI y MiDGT en los procesos electorales. Respecto al DNI expedido en consulado IE quiere saber en qué oficinas se emiten, cuántos se han expedido y qué controles de identidad se aplican. ¿Se puede votar con un certificado electrónico cualificado sin el DNI en vigor? Iustitia Europa exige conocer cómo se acredita la identidad y qué garantías existen antes de su expedición, además IE pide saber si se han elaborado el informe y la instrucción sobre la adscripción electoral de los residentes en el exterior.

Otras preguntas, de momento sin respuesta, son ¿qué ocurre con la documentación electoral devuelta por fallecimiento o destinatario conocido? IE pide saber si esas incidencias se registran y se utilizan para revisar y depurar el CERA.

Por todo ello Iustitia Europa alerta del riesgo de errores, duplicidades o problemas de identificación y pide a la JEC que intervenga, supervise el sistema y fije criterios claros antes de que afecten al proceso electoral. Este partido ha presentado ante la Junta Electoral Central un contundente escrito de 29 páginas y 15 peticiones concretas para que abra actuaciones de supervisión e información sobre la identificación de los electores, las altas consulares y la formación, actualización y control del Censo Electoral de Residentes Ausentes, CERA.

La iniciativa pone en conocimiento de la JEC los posibles problemas que pueden producirse si fallan los controles de identidad, las altas consulares, la adscripción electoral o la depuración del censo, y pide que intervenga ahora, recabe la información necesaria y fije criterios claros antes de que esas incidencias puedan trasladarse a un proceso electoral. Para ello, Iustitia Europa solicita información a la JEC para que requiera a la Oficina del Censo Electoral, Ministerio del Interior, Ministerio de Asuntos Exteriores, Policía, Dirección General de Tráfico y demás organismos implicados.

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Luis María Pardo, de Iustitia Europa. AGENCIAS

El objetivo es conocer de forma completa cómo se identifica a una persona, cómo se inscribe como residente en el extranjero, cómo llega al PERE (Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero) y al CERA (Censo de Españoles Residentes Ausentes), qué municipio y circunscripción electoral se le asignan y qué controles existen durante todo el proceso. Desde Iustitia Europa se alerta a la JEC de los puntos débiles que pueden afectar a la identificación y al censo electoral y le pide que actúe antes de que el problema llegue a las urnas.

Luis María Pardo, representante de la formación ha explicado que «queremos que la Junta Electoral Central compruebe toda la cadena: cómo se acredita una identidad, cómo se produce una inscripción consular, cómo se llega al CERA, dónde queda adscrito el elector y qué controles existen. Pedimos documentos, datos y respuestas concretas».

Certificados electrónicos sin DNI en vigor

Uno de los puntos más relevantes del escrito se refiere a la Autoridad de Certificación Consular prevista en el Real Decreto 991/2024. La normativa contempla la expedición de certificados electrónicos cualificados a españoles residentes en el exterior que carezcan de DNI en vigor. La formación quiere conocer qué garantías se aplican antes de expedir un certificado electrónico cualificado a una persona que no dispone de DNI en vigor.

NICC temporal y permanente

El escrito analiza también el Número de Identificación Consular Central, NICC. Iustitia Europa solicita información sobre cuántos NICC se han asignado y por qué se asignan.

DNI expedidos por embajadas y consulados

La normativa aprobada en 2025 permite expedir DNI en determinadas embajadas y consulados españoles. Iustitia Europa pide saber en qué consulados está implantado el sistema y qué acuerdo existe entre Interior y Exteriores para su implantación. También se pide a Interior que aclare si este nuevo sistema fue tenido en cuenta en el informe remitido a la Junta Electoral Central en septiembre de 2025 sobre identificación electoral.

MiDGT y MiDNI

Iustitia Europa reclama los antecedentes e informes técnicos relacionados con MiDGT y MiDNI. En 2023 la Junta Electoral Central admitió el permiso de conducir mostrado mediante miDGT como medio de identificación del votante. En marzo de 2026 suspendió la eficacia de varios acuerdos relacionados con MiDGT y MiDNI hasta que los mecanismos de verificación de identidad fueran suficientemente seguros.

Control del CERA

También se solicitan datos sobre las personas que han adquirido la nacionalidad española al amparo de la Ley 20/2022 y que posteriormente hayan causado alta en el CERA. Iustitia Europa quiere conocer cuántas se han incorporado al censo electoral, dónde han sido inscritas y qué criterio se ha utilizado para asignarles municipio electoral cuando la adscripción no procede directamente de una última residencia en España.

Depuración del censo

La iniciativa también pregunta qué ocurre cuando la documentación electoral enviada al extranjero es devuelta por fallecimiento, dirección inexistente o destinatario desconocido.

Vista en el Supremo

De forma separada a esta nueva iniciativa ante la Junta Electoral Central, Iustitia Europa mantiene abierto ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso contencioso-administrativo 1013/2026, relacionado con actuaciones anteriores sobre el CERA y con el Acuerdo 204/2026. Dentro de ese procedimiento se abrió una pieza de medidas cautelares. La Sección Cuarta del Tribunal Supremo ha señalado vista oral y pública para el próximo 7 de septiembre de 2026, a las 10:00 horas.

La iniciativa presentada ahora ante la JEC es un procedimiento independiente, con nuevas peticiones de información, supervisión y control. Entre ellas figura conocer qué grado de cumplimiento ha tenido el Acuerdo 204/2026 y qué actuaciones ha desarrollado la Oficina del Censo Electoral desde su aprobación.

    Ayudas para recién nacidos en Madrid: se amplían en 13 millones los fondos de 500 euros al mes

    Antonio Alonso
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    Ayudas para recién nacidos en Madrid: se amplían en 13 millones los fondos de 500 euros al mes

    EN 30 SEGUNDOS

    • ¿A quién afecta? Familias residentes en la Comunidad de Madrid con hijos por nacimiento, adopción o acogimiento desde 2022.
    • ¿Cuándo ocurre? La ayuda puede solicitarse desde la semana 21 de gestación y se cobra durante 29 meses.
    • ¿Qué cambia hoy? La Comunidad amplía en casi 13 millones el presupuesto, hasta 141,6 millones en 2026, para que ninguna solicitud que cumpla los requisitos quede sin fondos.

    La ayuda nacimiento Madrid recibe casi 13 millones más para cubrir la demanda de los 500 euros mensuales por hijo.

    Qué supone la ampliación de 13 millones en la práctica

    El Consejo de Gobierno aprobó la modificación presupuestaria que eleva el fondo global a 141,6 millones de euros en 2026. La ampliación, de casi 13 millones de euros, busca que ninguna solicitud que cumpla los requisitos se quede sin cobertura financiera durante el presente ejercicio, según la documentación de la Comunidad de Madrid.

    No es una prestación nueva. Desde que arrancó a principios de 2022, un total de 31.157 solicitudes han sido aprobadas , movilizando un volumen global superior a los 363 millones de euros. La dotación extra responde a la necesidad de mantener la cobertura regular ante la alta demanda.

    El perfil de las beneficiarias es variado. Unas 1.500 madres menores de 19 años se han acogido a la ayuda. La franja de 20 a 25 años suma cerca de 8.500 beneficiarias, mientras que el grupo de 26 a 30 años concentra más de 20.500 ayudas concedidas.

    En términos prácticos, la ampliación no altera la cuantía ni el calendario de cobro. Lo que cambia es la garantía presupuestaria: la Comunidad blinda la partida para que no se agote antes de fin de año.

    Cómo se cobran los 500 euros: anticipo, plazos y cuantía total

    La ayuda consiste en un pago recurrente de 500 euros mensuales por hijo. El cobro comienza antes del parto: a partir de la semana 21 de gestación y se mantiene durante los dos primeros años de vida del menor.

    Cobrar 500 euros al mes desde la semana 21 de gestación convierte la ayuda en un colchón de liquidez que muchas familias madrileñas ya no quieren perder.

    En total, el periodo de cobro se prolonga durante 29 meses continuados, lo que equivale a 14.500 euros por cada niño. El mismo esquema se aplica a los expedientes tramitados por adopción. El objetivo es aliviar la presión financiera que supone la llegada de un hijo, cubriendo gastos corrientes de crianza, alimentación y atención sanitaria básica.

    El impacto sobre la natalidad madrileña y la letra pequeña

    La prestación forma parte de un plan más amplio: 80 acciones de conciliación y protección familiar previstas para el periodo 2022/26, con una asignación global de 4.800 millones de euros. La Comunidad atribuye a esta hoja de ruta parte del mayor incremento de nacimientos de España en 2025.

    Según el Instituto Nacional de Estadística, la región anotó una subida del 3,3% en la tasa de natalidad en 2025. El dato no es menor: Madrid encabezó el crecimiento en un contexto nacional de estancamiento demográfico. Sin embargo, vincular directamente la ayuda a la subida exige matices. La evolución demográfica depende de vivienda, renta disponible y acceso a cuidados, no solo de una transferencia mensual.

    El refuerzo presupuestario no es una anomalía. La Comunidad ha apostado por esta transferencia desde 2022 como punta de lanza de su política de natalidad, frente a otras regiones que prefieren bonificaciones fiscales o ayudas puntuales. La periodicidad es la clave. Frente a una deducción en la declaración de la renta, que se cobra un año después, la transferencia mensual permite planificar gastos corrientes.

    En esta redacción entendemos que la ampliación es una buena noticia para miles de familias que ya cuentan con ese ingreso recurrente. Pero la letra pequeña importa. El extracto consultado no detalla umbrales de renta ni requisitos de empadronamiento o de convivencia, lo que obliga a leer con lupa la orden que se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Habrá que vigilar si los 13 millones bastan para cerrar 2026 sin tensiones de crédito.

    Los alcaldes del Campo de Gibraltar reclaman reactivar el OCON-Sur contra el narcotráfico

    Luis Miguel Montero
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    Los alcaldes del Campo de Gibraltar reclaman reactivar el OCON-Sur contra el narcotráfico

    El alcalde de Algeciras y senador por Cádiz, José Ignacio Landaluce, del PP, ha sido el primero en pronunciarse a favor de que vuelva el grupo especializado de la Guardia Civil OCON Sur para luchar contra el narcotráfico. Para el regidor municipal, no se trata de «una cuestión partidista», sino de una necesidad que viene avalada por la realidad que se vive en Andalucía. El alcalde recordó este jueves que la reclamación no es nueva, y la ha calificado de «absolutamente necesaria y urgente».

    De esta manera, los alcaldes de Algeciras y La Línea de la Concepción, Juan Franco, se han sumado a la petición de la Junta de Andalucía para reactivar el OCON-Sur. El regreso de este equipo supondría un freno para las mafias, que captan a jóvenes y generan violencia e inseguridad.

    En un audio difundido por el Ayuntamiento de Algeciras, el regidor ha mostrado su respaldo a la petición de la Junta de Andalucía y de su presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla.

    Los sucesos registrados en Huelva hace unos días son la prueba del repunte de la actividad criminal. Algeciras es descrita como un «punto caliente» del narcotráfico por su cercanía con África. «El OCON-Sur funcionó y dio resultados», ha aseverado. Además, ha advertido de las consecuencias sociales y económicas en los entornos vulnerables. La reclamacion, dice, va en esa dirección.

    El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco (La Línea 100X100), se ha unido a la reclamación con matices. Considera que la petición es «acertada». Aboga por crear una comisión para atender la realidad social que sirva de «caldo de cultivo». Juan Franco defiende que «la raíz del problema también es un problema social». Aunque en su ciudad se vive un momento de «cierta placidez», es «una amenaza que siempre está ahí».

    Esta dimensión social aparece recogida en la petición de Juanma Moreno. Los regidores esperan que el Gobierno «escuche esta petición y actúe. Para ellos, «nunca es tarde para rectificar una decisión equivocada».

    Las localidades del Campo de Gibraltar han sido históricamente el principal punto de presión del narcotráfico en Europa y el Puerto de Algeciras es el motor económico de la comarca. Las mafias no solo disparan a los guardias civiles, también reclutan en los barrios donde el desempleo juvenil duele más.

    La petición de la Junta de Andalucía y de los alcaldes de la zona está enmarcada en la exigencia de más medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El valor de proximidad es claro: sin una unidad especializada, los clanes ganan terreno. La captación de jóvenes y la protección del empleo logístico dependen de devolver las herramientas que un día tuvo la comarca.

    El tiempo dirá si el Gobierno de España reacciona. Los próximos plenos municipales y la agenda parlamentaria serán la vara de medir. Lo que no admite espera es la seguridad de Algeciras y La Línea. En el sur de España, la lucha contra el narcotráfico se siente a pie de calle cada día.

    20 patrulleras contra 600 narcolanchas del narcotráfico

    Mientras tanto, los guardias civiles denuncian a través de una de sus asociaciones profesionales, la AUGC, que en el área del Estrecho, unas 20 patrulleras (muchas anticuadas o en mal estado) se enfrentan a cerca de 600 narcolanchas, en su mayoría mucho más potentes que las embarcaciones de la Benemérita.

    Las provincias Cádiz, Huelva, Málaga, Almería, Granada y Sevilla reúnen 13.448 efectivos (solo el 17,8% de la plantilla de toda España), pero soportan el 61,7% de toda la droga aprehendida en el territorio nacional. Huelva registra 216,7 kg de droga por detención (casi 13 veces la media) con la mitad de plantilla que Cádiz. Las detenciones por narcotráfico han bajado un 15% en Andalucía, mientras suben más de un 5% en el resto de España.

    Todo esto ocurre, asegura la AUGC, desde que «Marlaska decidiera en 2022, en contra del criterio de Fiscalía, suprimir la unidad de élite OCON Sur, que en 4 años logró más de 12.000 detenciones y casi 1.400 toneladas de droga incautadas».

    El estallido social llega a Ceuta: el polvorín a punto de explotar

    Luis Miguel Montero
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    El estallido social llega a Ceuta: el polvorín a punto de explotar

    Era cuestión de tiempo. Tal y como publicó MONCLOA el pasado domingo Ceuta es un polvorín cuyo estallido va a ser difícil de contener. El problema no son solo los ceutíes, hartos de ver cómo su ciudad y su vida se degrada tras soportar más de tres semanas de invasión, sino los propios asaltantes magrebíes y subsaharianos -aunque estos segundos no han dado problemas todavía-, a quienes les prometieron una vida mejor en Europa y se han encontrado estancados en una ciudad de 19 kilómetros cuadrados con 80 mil habitantes que no los quieren allí. En la madrugada del jueves cuatro soldados fueron apedreados por una turba de 30 migrantes de origen marroquí. La Policía detuvo a 12 de ellos, todos marroquíes de entre 35 y 40 años de edad. Unas horas antes los españoles habían intentado acercase a los campamentos de los magrebíes y fueron disueltos por la Policía.

    Los incidentes son solo el preludio de lo que puede ocurrir el próximo 2 de septiembre, cuando hay convocadas manifestaciones en toda España en favor de los ceutíes. La de Ceuta arrancará de la Plaza de los Reyes y si de aquí al próximo miércoles no hay avances significativos en la gestión de la crisis existe una alta probabilidad de que la manifestación derive en algún incidente.

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    La manifestación de este último miércoles por la tarde, convocada por organizaciones civiles de Ceuta, derivó por la noche en varios incidentes. Mientras un grupo de manifestantes se dirigía a la playa del Trampolín para desmontar por las malas el campamento de migrantes allí instalado, otro grupo mucho más numeroso se dirigió a las zonas donde están alojados los magrebíes. La Policía Nacional tuvo que dispersarlos empleando la fuerza disuasoria. Pero volverán antes o después.

    Hay que entender que Ceuta se ha convertido en una ciudad donde si eres mujer es difícil pasear o salir para ir al trabajo. Muchas familias, las que han podido, han mandado a sus hijos a la península y se han quedado cuidando de sus casas para que no entren en ellas.

    La madrugada de este jueves ese polvorín estalló, de manera controlada sí, pero estalló. Además, para añadir más leña al fuego un grupo de 30 migrantes atacó a las 5.30 horas de la madrugada a cuatro militares en la zona de Benzú. Los soldados tuvieron que dejar el coche, sin blindaje, y correr a pie hasta el acuartelamiento, ya que las patrullas de Ceuta van desarmadas y apenas les dejan una porra o defensa cada cuatro personas.

    Antes de correr en dirección a Calamocarro los soldados llamaron al 112. Varias patrullas de Policía y Guardia Civil persiguieron a los migrantes, que incluso intentaron escapar arrojándose al agua donde fueron capturados por la Guardia Civil. En total, doce migrantes fueron detenidos mientras la Policía ha abierto diligencias y los soldados fueron atendidos de heridas por las piedras en el hospital de Ceuta.

    La manifestación vecinal acabó en la delegación del Gobierno ceutí, pero el punto de reunión fue Puertas del Campo. Los participantes portaban banderas de España, camisetas con lemas alusivos a la situación y en contra del gobierno central.

    Parece evidente aunque los responsables no lo quieran admitir. Ceuta va camino de ser una ciudad «puerta de Europa» a convertirse en una localidad del tercer mundo que perteneciera a un Estado fallido. Un mes después de que miles de marroquíes y subsaharianos asaltaran la frontera de manera coordinada el gobierno central no sabe todavía la cifra exacta de migrantes que entraron de manera ilegal ni los tiene censados a todos.

    La tensión va a derivar inevitablemente en nuevos brotes de violencia debido a la tensión que vive la ciudad, ante el colapso de los servicios básicos para los ceutíes, que no pueden hacer una vida normal como salir las mujeres solas a la calle, bajar a jugar los niños en el parque o hacer la compra tranquilo en un supermercado.

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    Se calcula que un millar de migrantes están repartidos por la barriada del Príncipe, un lugar ya de por sí conflictivo donde sería fácil que se produjesen roces entre habitantes y extraños. Otro de los puntos «calientes» sería el monte Hacho, donde se esconden cientos de migrantes cuya filiación y origen desconoce por completo la Policía. El tercer punto «caliente» de la ciudad es el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y sus aledaños, El CETI se desbordó el primer día. Su capacidad es de 512 plazas que ya están ampliamente superadas.

    El Ministerio del Interior reforzó la presencia de policías a las afueras del CETI para tratar de imponer orden allí y en resto de la ciudad con 500 agentes más. Entre guardias civiles y policías nacionales hay ya unos 1.300 efectivos y aun así, serían insuficientes en el caso de que hubiese un brote serio de violencia por toda la ciudad. Según la ministra de Defensa, Margarita Robles, hay 3.000 militares destacados en Ceuta, pero patrullan sin armas. En caso de problemas graves tendrían que regresar a sus cuarteles para armarse.

    Al menos, la Policía Nacional confirmó que ya han identificado ya a 2.168 menores o que ellos dicen ser menores. Sin embargo, los números del gobierno de Ceuta hablan de 9.000 migrantes en la ciudad y la prensa marroquí ofrece datos de hasta 15 mil personas.

    Los militares en Ceuta indignados

    Las asociaciones profesionales de militares están indignadas tras las agresiones del jueves a soldados. La Unión de Militares de Tropa (UMT) «manifiesta su más enérgica repulsa e indignación ante la emboscada sufrida por personal militar desplegado en Ceuta, quienes han sido apedreados y agredidos violentamente durante el cumplimiento de su misión. Resulta inadmisible la situación de indefensión operativa y jurídica a la que se somete a los miembros de las Fuerzas Armadas. Nuestros compañeros carecen de un marco normativo claro y de reglas de enfrentamiento que garanticen su seguridad física y les otorguen capacidad de respuesta proporcional ante agresiones de esta gravedad», aseguran en un comunicado.

    Y recuerdan que «hace más de diez días, desde la UMT advertimos formalmente sobre el riesgo real al que se exponía a las dotaciones destacadas en la zona. Lamentablemente, la inacción del Ministerio de Defensa y la falta de previsión han desembocado en un suceso que pudo y debió evitarse. No es admisible exigir a los Militares allí desplegados la custodia de la seguridad nacional mientras se les niegan los medios de autoprotección y la cobertura jurídica necesaria para actuar».

    John Ratcliffe, director de la CIA, viaja en secreto a Moscú para advertir a Rusia

    Alejandro Suárez
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    John Ratcliffe, director de la CIA, viaja en secreto a Moscú para advertir a Rusia

    El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viajado en secreto a Moscú para advertir a Rusia que no ataque a la OTAN. La visita no figuraba en ningún comunicado previo y se destapó gracias a los datos públicos de seguimiento aéreo y a vídeos de un convoy diplomático estadounidense en el centro de la capital rusa.

    Así cayó el secreto: pura OSINT contra el director de la CIA

    El viaje era todo menos rutinario, aunque el presidente Donald Trump lo haya tildado de ‘semi-rutinario’ para quitarle hierro. El Washington Post no necesitó fuentes privilegiadas para descubrirlo: cruzó los registros de seguimiento de vuelos con vídeos geolocalizados en redes sociales que mostraban una caravana de vehículos diplomáticos estadounidenses en Moscú. Inteligencia de fuentes abiertas (OSINT, por sus siglas en inglés), el viejo oficio de sacar conclusiones con lo que cualquiera puede ver.

    El Kremlin confirmó el miércoles que Ratcliffe mantuvo conversaciones con mandos de sus servicios hermanos rusos. El portavoz Dmitri Peskov evitó dar detalles sobre el contenido, pero subrayó que el presidente Vladímir Putin ‘es informado inmediatamente de todo’. La reunión no llegó a producirse con Putin al más alto nivel. No hubo foto conjunta.

    El detalle no es menor. Un desplazamiento del máximo responsable de la Agencia a territorio hostil se considera tradicionalmente una operación de riesgo medio-alto. Si Washington quería discreción, ha quedado claro que en 2026 los datos públicos son más eficaces que cualquier fuente humana. Basta con seguir la estela de un avión gubernamental en plataformas públicas de seguimiento aéreo. Cruzando ese dato con la geolocalización de los vídeos publicados en redes, cualquier analista con paciencia puede reconstruir el movimiento de una delegación oficial.

    La advertencia sobre la OTAN y la presión sobre Irán

    Ratcliffe Moscú

    Le pongo en contexto. El propósito principal del viaje, según fuentes citadas por The Wall Street Journal y Politico, era transmitir una advertencia directa a a Rusia de que no ponga a prueba la determinación de la OTAN con un ataque limitado contra un país aliado. Las evaluaciones de inteligencia estadounidense apuntan a que Putin podría intentarlo en los próximos años.

    Politico fue más concreto: Ratcliffe habría advertido a los responsables rusos de que no escalen el conflicto contra Estonia, Letonia y Lituania, precisamente los tres socios bálticos que más inquietan a la Alianza. Además, el director de la CIA habría presionado para que Moscú recorte su apoyo militar y económico a Irán, incluida la inteligencia satelital que Rusia estaría facilitando a Teherán.

    La decisión de Putin de no recibir a Ratcliffe es en sí misma un mensaje: el Kremlin no necesita traducir advertencias porque el canal directo con Trump ya le basta.

    Aquí aparece el detalle de oficio. El grupo opositor ruso VChK-OGPU identificó a los dos interlocutores del FSB: Iván Tkáchev, jefe del Tercer Servicio (contrainteligencia militar), y Alexéi Komkov, jefe del Quinto Servicio. Ambos están directamente implicados en la guerra de Ucrania. El Tercer Servicio supervisa la contrainteligencia militar y el Quinto coordina operaciones en el antiguo espacio postsoviético. Elegir a estos dos jefes no fue casualidad: son los que ejecutan la estrategia rusa sobre el terreno. La lectura es obvia.

    Garry Kaspárov, excampeón mundial de ajedrez y opositor a Putin en el exilio, ironizó en X sobre la negativa de Putin a recibir a Ratcliffe: demuestra lo poco que el Kremlin cree en las advertencias, presiones o promesas de Washington.

    En paralelo, el viaje a Moscú tiene una segunda pata: la presión para que Rusia recorte su apoyo a Irán. Washington sospecha que Moscú está alimentando la puntería de los misiles iraníes con inteligencia satelital en Oriente Próximo. Cortar ese flujo es tan prioritario como disuadir en el Báltico.

    Puede que sobre esta visita se esté haciendo más ruido del que merece. John Sipher, ex alto mando de la CIA y especialista en Rusia, lo resume con dureza: ‘Siempre mantenemos canales de enlace con actores hostiles como los rusos. Ratcliffe incluso voló a Cuba hace poco.’ La sospecha de que tras el viaje hay una agenda distinta a la oficial flota desde el verano de 2018, cuando Trump dio la razón a Putin en Helsinki frente a los servicios de inteligencia estadounidenses.

    Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra

    Aquí conviene poner la lupa sobre lo que de verdad importa. No es un simple viaje de cortesía entre agencias. Es un intento de establecer un canal de contrainteligencia en el momento más peligroso entre Rusia y la OTAN desde la invasión de Ucrania.

    El vector de amenaza es HUMINT diplomático, con una vuelta de tuerca de OSINT: un desplazamiento secreto que se descompone en tiempo real por los datos públicos. Las agencias implicadas son la CIA como emisora de la advertencia, el FSB como receptor con sus dos servicios más beligerantes, y la OTAN como tercer actor que observa y espera saber si la advertencia sirvió de algo.

    El nivel de clasificación estimado de lo discutido es, a juzgar por la materia, Top Secret. No se ha filtrado ni una nota oficial sobre el contenido. Las informaciones del WSJ y Politico provienen de personas informadas en Washington, no de actas desclasificadas.

    El precedente que más duele lo escribió Bill Burns en noviembre de 2021, cuando viajó a Moscú a advertir personalmente a Putin de que no invadiera Ucrania. Tres meses después, los tanques cruzaron la frontera. La repetición de la jugada tiene algo de desesperación o de pedagogía fallida.

    Mi lectura es que esta visita no debe leerse solo como amenaza. También es una toma de temperatura. Washington necesita saber hasta dónde puede tensar la cuerda con Irán sin que Moscú responda. Por eso el encargo a Ratcliffe era doble: disuasión en Europa y desenganche ruso de Teherán.

    El riesgo del análisis, y lo reconozco, es la dependencia de fuentes anónimas. El único hecho confirmado oficialmente es que Ratcliffe viajó y se reunió. El propósito es, por ahora, una reconstrucción periodística. No se equivoque conmigo: estoy ante una noticia que se mueve entre la filtración y la confirmación.

    Desde Madrid, el CNI sigue este tipo de viajes con el que quizá sea el mayor interés de cualquier servicio europeo: saber si el canal bilateral entre Washington y Moscú abre o cierra puertas para la negociación de Ucrania. No es cuestión menor para España, miembro de la OTAN con intereses en el flanco sur.

    Lo que seguiré de cerca es el próximo paso de la administración Trump en el frente iraní y si el flanco báltico recibe alguna señal de que la advertencia fue escuchada. Moscú no ha dicho aún si habrá continuidad en este canal. Peskov se ha limitado a confirmar que Putin ‘está informado de todo’. Ya lo sabemos.

    Las tecnológicas andaluzas aceleran su crecimiento por encima de la media nacional

    Enrique Ramos
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    Las tecnológicas andaluzas aceleran su crecimiento por encima de la media nacional

    El crecimiento de las tecnológicas andaluzas no es una promesa: es una realidad que se consolida año tras año y que vuelve a superar a la media nacional. El último balance sectorial elaborado por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos confirma que Andalucía avanza a un ritmo muy superior al del conjunto de España, con Málaga como gran locomotora digital del sur de Europa.

    Un tejido tecnológico que crece al doble que España

    El informe, que analiza la evolución de la economía andaluza entre 2019 y 2025 y se apoya en la Estadística de Indicadores de Alta Tecnología del INE, cifra en 14.661 los establecimientos empresariales del sector de Alta y Media-Alta Tecnología en la comunidad. Son 3.747 más que en 2018, lo que supone un incremento del 34,3%. Ese ritmo es casi el doble del registrado en España (17,7%). Málaga, sede del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), concentra buena parte de esa expansión, aunque el estudio no desglosa los datos por provincias. La pujanza de la ciudad malagueña como polo tecnológico regional la sitúa entre los principales beneficiarios de esta tendencia.

    Los mayores incrementos se han producido en actividades cinematográficas, telecomunicaciones, investigación y desarrollo, así como en la industria química, la fabricación de equipos eléctricos y maquinaria, la industria de vehículos de motor y la de instrumentos médicos y odontológicos. La diversificación del ecosistema tecnológico andaluz es una de sus fortalezas, porque reduce la dependencia de un único subsector y blinda al conjunto frente a los vaivenes del mercado.

    Empleo, innovación y récord empresarial

    empresas tecnológicas Andalucía

    El avance también es sólido en el empleo. En 2024, los sectores tecnológicos daban trabajo a 172.600 andaluces, un 38,1% más que en 2018. Ese ritmo es más del doble que el del conjunto de la economía andaluza (14,2%). Además, estos segmentos ya representan el 5% del empleo total en Andalucía, acercándose a sectores históricos como la construcción (7%) y la agricultura (6,9%). El empleo tecnológico gana terreno y se consolida como una alternativa real frente a la estacionalidad de otros motores económicos.

    El tejido empresarial andaluz también toca récords históricos. El número de empresas inscritas en la Seguridad Social con trabajadores a su cargo cerró 2025 en 270.842, un máximo absoluto. Son 3.993 empresas más que en 2018, un incremento del 1,5% que contrasta con el raquítico 0,2% del conjunto de España. Prácticamente todo el aumento empresarial español de los últimos siete años se ha producido en Andalucía.

    Prácticamente todo el aumento empresarial español de los últimos siete años se ha producido en Andalucía.

    El crecimiento ha sido especialmente intenso entre las grandes empresas, con 250 o más trabajadores. Han aumentado un 32,6%, por encima de la media nacional (28,1%), con 213 grandes compañías más en la región. Las medianas empresas, de 50 a 249 trabajadores, también crecen con fuerza: un 17,5%, casi cinco puntos por encima del dato estatal (12,7%). Las pymes y grandes compañías andaluzas están ganando tamaño y competitividad.

    El informe destaca además un salto notable en innovación. El gasto en I+D ha crecido en Andalucía un 56,1% entre 2018 y 2024, revirtiendo el ligero retroceso de los seis años anteriores. El desembolso en investigación sobre el PIB ha pasado del 0,91% al 1,09%. El gasto en innovación empresarial ha aumentado un 47,6%, casi el doble que la media española (26%). La comunidad ya no solo consume tecnología: la genera.

    La Lectura Andaluza

    Andalucía no parte de cero en esta carrera digital. La comunidad ha pasado de ser un territorio asociado casi exclusivamente al turismo y la agricultura a convertirse en un polo de innovación que atrae talento e inversión. Málaga, con su Parque Tecnológico, ha sido el gran catalizador. La consejería de Economía, que elabora estos balances, destaca que el crecimiento del sector tecnológico andaluz es hoy una palanca de transformación para toda la economía regional.

    Para un andaluz que vive en Sevilla, Granada o Almería, esto se traduce en más oportunidades laborales cualificadas, mejores salarios en sectores que hasta hace poco parecían lejanos y la posibilidad de encontrar empleo sin tener que emigrar a Madrid o Barcelona. El empleo tecnológico ya supone el 5% del total regional y crece con fuerza. Cada startup que nace en Málaga o en Sevilla es una alternativa real para miles de jóvenes andaluces.

    La senda parece consolidada. El gasto en I+D ha subido 56,1% en seis años y el ecosistema empresarial ha batido récords. La Junta prevé que la inversión en innovación siga creciendo al calor de los fondos europeos y de la apuesta por la digitalización. Andalucía tiene ahora la oportunidad de cerrar la brecha con las regiones más avanzadas de Europa y convertirse, definitivamente, en el polo digital del sur del continente. El camino está trazado.

    Mercadona cambia su horario a partir de este lunes y se despide del extendido de verano

    Ana Carina Rodríguez
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    Mercadona cambia su horario a partir de este lunes y se despide del extendido de verano

    Mercadona vuelve a su horario de toda la vida. A partir de este lunes 1 de septiembre, las más de 300 tiendas que este verano abrieron media hora más y también los domingos recuperan su rutina habitual: de 9:00 a 21:30 horas, de lunes a sábado, y persiana bajada el resto de la semana. Así se cierra una campaña estival que arrancó el pasado 22 de junio.

    Para los «jefes» —como llama Mercadona a sus clientes— que se habían acostumbrado a hacer la compra a última hora de la tarde o los domingos por la mañana, el cambio exige reorganizar la semana. La cadena valenciana vuelve a la normalidad justo cuando el verano empieza a despedirse también del calendario.

    Mercadona despide el horario de verano en más de 300 tiendas

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    Durante julio y agosto, Mercadona amplió su horario en 320 supermercados situados en zonas de costa e islas, permitiendo comprar de 9:00 a 22:00 horas de lunes a sábado. Era media hora más que el resto del año, pensada para quienes volvían tarde de la playa o de una excursión y necesitaban hacer la compra sin prisas.

    Además, esos mismos establecimientos abrieron los domingos y festivos en horario reducido, de 9:00 a 15:00. Una excepción que rompía con la política habitual de la empresa, que cierra los domingos en la inmensa mayoría del territorio nacional para garantizar el descanso de la plantilla.

    Por qué Mercadona ajusta sus horarios según la temporada

    Mercadona y su presidente Juan Roig llevan años aplicando la misma lógica en verano: acompañar el ritmo de vida real de sus clientes en los meses de mayor movimiento turístico. La cadena, con presencia en las 52 provincias españolas, Ceuta y Melilla, es la empresa de distribución con mayor cobertura geográfica del país, y cualquier ajuste en sus horarios repercute de forma directa en millones de hogares.

    La fórmula combina estabilidad —mismos precios, misma organización interna— con flexibilidad operativa cuando el contexto estacional lo pide. Para sostener la ampliación horaria de este verano, la compañía reforzó su plantilla con miles de nuevas incorporaciones pensadas específicamente para la campaña estival.

    Qué localidades notarán el regreso al horario habitual

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    El operativo estival afectó a supermercados en destinos como Benidorm, Marbella, Salou, Ibiza, Denia, Sangenjo o Torremolinos, entre otros muchos puntos del litoral español y de los archipiélagos balear y canario. Ahora, todas esas tiendas recuperan el horario estándar de forma progresiva a partir del lunes.

    El resto de la red —más de 1.600 supermercados en toda España— nunca llegó a modificar su horario, ya que la medida se concentró exclusivamente en zonas de alta afluencia turística. Para quienes viven en el interior del país, el cambio pasará completamente desapercibido, porque su Mercadona nunca dejó de funcionar como siempre.

    Qué mantiene Mercadona sin cambios todo el año

    Más allá del paréntesis veraniego, hay aspectos del funcionamiento de Mercadona que no varían: el convenio colectivo garantiza el descanso dominical de la plantilla en la inmensa mayoría de tiendas, y el calendario de cierres por festivos locales y autonómicos sigue aplicándose con la misma precisión de siempre. Quien se despiste con un festivo regional puede llevarse una sorpresa al llegar a la puerta cerrada.

    También continúa disponible la herramienta que la cadena recomienda a sus clientes para salir de dudas: el buscador de tiendas en su web oficial, donde cada establecimiento tiene su ficha actualizada con horarios exactos.

    • Horario habitual: 9:00 a 21:30, de lunes a sábado
    • Domingos y festivos: cierre general, salvo excepciones puntuales
    • Consulta recomendada: buscador de supermercados en la web oficial
    • Vigencia del cambio: efectivo desde el lunes 1 de septiembre

    Cómo evitar sorpresas en la vuelta a la rutina

    Si sueles hacer la compra tarde o aprovechabas el domingo para ir sin agobios, este es el momento de reorganizar la semana. Lo más práctico es adelantar la compra grande al sábado o ajustar los horarios de tarde para no llegar con la persiana ya bajada.

    Para quienes todavía están de vacaciones en zonas costeras, conviene revisar el horario concreto de la tienda antes de salir de casa, ya que la transición no es idéntica en todos los municipios: algunos ajustes pueden aplicarse con algún día de margen según la demanda local.

    Lo que viene: un modelo que se perfecciona cada verano

    Todo apunta a que Mercadona seguirá afinando este esquema en los próximos años, con horarios cada vez más ajustados a la demanda real de cada zona y menos rigidez entre temporada alta y temporada baja. La tendencia del sector camina hacia una atención más flexible, adaptada al comportamiento real del cliente en cada época del año.

    Para el consumidor, la recomendación es sencilla y siempre acertada: consultar la app o la web antes de planificar la compra, especialmente en las semanas de transición como esta. Es el gesto que evita colas innecesarias y viajes en balde a una tienda que ya cerró antes de lo esperado.

    El TSJ de Extremadura avala denegar la incapacidad permanente por falta de acreditación médica a un vendedor de la ONCE

    Carlos V Vega
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    El TSJ de Extremadura avala denegar la incapacidad permanente por falta de acreditación médica a un vendedor de la ONCE

    La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por un vendedor de la ONCE contra la denegación de su incapacidad permanente, confirmando el criterio del INSS sobre la falta de acreditación médica de las lesiones alegadas.

    EN 30 SEGUNDOS

    • ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sala de lo Social del TSJ de Extremadura confirma la denegación de la incapacidad permanente a un vendedor de la ONCE, sin número de sentencia facilitado en la nota oficial.
    • ¿Qué base jurídica aplica? La normativa de Seguridad Social sobre grados de incapacidad permanente y la exigencia de acreditación médica del menoscabo funcional.
    • ¿Qué impacto tiene? Refuerza el control judicial sobre los dictámenes del EVI y delimita que un grado de discapacidad administrativa no equivale automáticamente a incapacidad permanente.

    La denegación administrativa previa del INSS

    El trabajador, nacido en 1981, ocupaba un puesto de vendedor de la ONCE y solicitó la prestación de incapacidad permanente después de agotar una baja laboral prolongada. La solicitud se tramitó ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que recabó el dictamen preceptivo del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), órgano encargado de evaluar las lesiones y su repercusión funcional.

    El 30 de mayo de 2024, el INSS dictó resolución denegatoria al considerar que las lesiones del solicitante no alcanzaban el grado legal requerido para acceder a la prestación. La resolución se apoyó en el informe del EVI, que examinó el cuadro clínico y concluyó que las limitaciones funcionales no determinaban una incapacidad permanente en ninguno de los grados previstos por la Ley General de la Seguridad Social.

    El trabajador interpuso reclamación administrativa previa, que no fue contestada por la entidad gestora, y posteriormente formalizó demanda ante el Juzgado de lo Social. En la vía judicial alegó un cuadro pluripatológico integrado por glaucoma juvenil, amaurosis bilateral —pérdida funcional de la visión— y un trastorno de adaptación mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo.

    Asimismo, aportó el reconocimiento de un 92% de discapacidad expedido por el Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura. Sostuvo que ese porcentaje, unido a las patologías diagnosticadas, debía determinar por sí mismo la concesión de la incapacidad permanente, especialmente al tratarse de una actividad laboral que exige un alto nivel de agudeza visual.

    El fallo de la Sala de lo Social del TSJ de Extremadura

    La Sala de lo Social del TSJ de Extremadura ha desestimado el recurso de suplicación y ha confirmado la resolución administrativa del INSS. La sentencia concluye que el demandante no acreditó mediante prueba médica suficiente que sus dolencias alcanzaran el grado de reducción funcional exigido por la normativa de Seguridad Social.

    La falta de acreditación médica del menoscabo funcional determina la confirmación de la denegación de incapacidad permanente, con independencia del porcentaje de discapacidad administrativa reconocido.

    El tribunal subraya que la valoración de la incapacidad permanente exige una prueba específica que relacione las patologías diagnosticadas con el rendimiento laboral exigible al puesto de vendedor de la ONCE. No basta, señala la Sala, con la mera existencia de diagnósticos ni con el historial de baja laboral: es imprescindible acreditar la repercusión de las lesiones sobre la capacidad de trabajo.

    La sentencia diferencia además entre el reconocimiento administrativo de discapacidad y la incapacidad permanente del sistema de Seguridad Social. El primero responde a criterios sociales y de participación; el segundo exige una valoración médico-funcional vinculada al desempeño de una profesión u oficio, que en este supuesto no quedó acreditada.

    La Doctrina del Tribunal

    La resolución se inserta en la doctrina jurisprudencial consolidada del orden social, conforme a la cual el reconocimiento de un grado de discapacidad por los servicios sociales autonómicos no vincula al orden jurisdiccional social. La incapacidad permanente se valora de forma autónoma de acuerdo con la Ley General de la Seguridad Social y su desarrollo reglamentario, que exige acreditar el menoscabo funcional y su intensidad.

    El dictamen del EVI goza de presunción de acierto técnico, aunque puede ser desvirtuado mediante prueba pericial médica que contradiga sus conclusiones. En el presente litigio, la Sala de lo Social no consideró que la documental aportada por el demandante acreditara una limitación funcional incompatible con su actividad laboral como vendedor de la ONCE.

    El fallo delimita la carga de la prueba en materia de incapacidad permanente: el diagnóstico no basta; debe acreditarse la repercusión funcional. La ausencia de informe pericial que cuantifique dicha repercusión determina la desestimación de la pretensión, aun cuando existan patologías crónicas y un elevado porcentaje de discapacidad administrativa reconocido.

    El criterio resulta de particular relevancia para los letrados que litigan contra el INSS en solicitudes de incapacidad permanente. La presentación de informes médicos asistenciales, sin una pericial que evalúe la capacidad laboral residual, difícilmente podrá enervar la presunción de acierto de los dictámenes del equipo de evaluación. La sentencia, dictada por la Sala de lo Social, no consta publicada con número de referencia en la nota difundida por el TSJ de Extremadura.

    FICHA DEL CASO

    • El caso: Solicitud de incapacidad permanente de un vendedor de la ONCE, nacido en 1981, denegada por el INSS el 30 de mayo de 2024 y confirmada por la Sala de lo Social del TSJ de Extremadura.
    • Datos importantes: Patologías alegadas: glaucoma juvenil, amaurosis bilateral, trastorno de adaptación mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo. Grado de discapacidad reconocido: 92%. La sentencia no consta con número disponible en la nota del CGPJ.
    • Fecha de los juicios: La resolución administrativa del INSS es de 30 de mayo de 2024. La nota de prensa del CGPJ no precisa la fecha de la vista oral ni la fecha exacta de dictado de la sentencia.
    • Personas acusadas y por qué: N/A. No se trata de un proceso penal, sino de un procedimiento de Seguridad Social en el orden jurisdiccional social.

    Feijóo exige que los militares en Ceuta actúen como agentes de la autoridad tras la emboscada a cuatro soldados en Benzú

    Jaume Mónica
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    Feijóo exige que los militares en Ceuta actúen como agentes de la autoridad tras la emboscada a cuatro soldados en Benzú

    EN 30 SEGUNDOS

    • ¿Qué ha pasado? Un vehículo del Ejército ha sido emboscado y apedreado en Benzú, con cuatro militares heridos y doce detenidos de nacionalidad marroquí.
    • ¿Quién está detrás? Alberto Núñez Feijóo y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, piden reformar el marco legal de las Fuerzas Armadas.
    • ¿Qué impacto tiene? La presión sobre Moncloa y el Ministerio de Defensa sube mientras la crisis de orden público en Ceuta cumple un mes.

    Feijóo ha situado la emboscada de Benzú en el centro del choque con el Gobierno. La agresión a cuatro militares se convierte, para Génova, en la evidencia de que la crisis de Ceuta ya no es solo migratoria.

    Una emboscada que cambia el relato de la crisis ceutí

    El líder del PP ha calificado la situación de ‘insostenible’ y ha reclamado por escrito al Gobierno que adecue el marco que regula el trabajo de los soldados desplegados en la ciudad autónoma. ‘Trabajan sin medios, sin órdenes claras y sin un marco legal adecuado; no pueden trabajar’, ha denunciado en la red social X antes de preguntarse: ‘¿A qué espera el Gobierno? ¿A que haya una desgracia? O peor, ¿a aprovecharla políticamente?’.

    El mensaje del presidente del PP llega después de que Ceuta encadene semanas de tensión tras la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio. Feijóo advierte de que los ceutíes llevan un mes ‘aguantando solos lo que no les corresponde’ y reprocha al Ejecutivo que no evitara la entrada ni esté frenando una crisis de orden público que, sostiene, empeora cada día.

    El debate jurídico: ¿pueden los militares ser agentes de la autoridad?

    La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha dirigido el foco hacia la ministra de Defensa, Margarita Robles. En la comisión parlamentaria de esta semana, la dirigente popular ya interpeló a Robles por la cobertura legal de los militares desplegados en Ceuta. Según Muñoz, la ministra ‘no supo contestar’. Tras la agresión de Benzú, la pregunta vuelve a estar sobre la mesa.

    Los soldados actúan en las calles como apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, recuerda la portavoz popular, pero sin capacidad para detener, exigir identificaciones o emplear la fuerza más allá de la legítima defensa. El PP subraya que no disponen de material antidisturbios y que su papel se reduce a tareas logísticas o disuasorias, pero que de de momento no se ha activado el mecanismo legal. La clave, insiste Muñoz, es que Robles puede atribuirles la condición de agentes de la autoridad, con identificación visible, como ya se hizo durante la pandemia de COVID-19 al amparo de la Ley de Defensa Nacional, la Ley de la Carrera Militar y el Real Decreto 194/2010.

    La emboscada de Benzú no es un episodio aislado: es la consecuencia de un despliegue sin poderes ejecutivos y de una crisis de orden público sin mando político.

    En la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, ha redoblado la crítica al hablar de ‘un ejército que ha tomado la ciudad de Ceuta’ y ha denunciado falta de coordinación, de refuerzos y de medios. ‘Esta es la protección que ofrece el Gobierno’, ha resumido.

    El Eje del Poder Popular

    La lectura estratégica de Génova es clara. El partido quiere mover el debate desde la gestión migratoria hacia la desprotección de las Fuerzas Armadas. Es una posición con doble rendimiento: presiona a Robles en el Congreso y refuerza el mensaje de que la seguridad de Ceuta es una responsabilidad del Estado.

    Para el PP, el precedente de la pandemia representa la coartada jurídica perfecta. Si ya se concedió a los militares la condición de agentes de la autoridad en un contexto sanitario, negarla ahora en una crisis de orden público resulta, sostienen en el Grupo Parlamentario Popular, una decisión política. La comparación con territorios gobernados por el PP añade tensión: la ciudad autónoma no puede asumir en solitario competencias que corresponden al Gobierno central.

    No es un matiz menor. Feijóo ha elevado el tono sin pedir una medida excepcional indefinida, sino una cobertura legal acotada. La próxima sesión de control al Ejecutivo y la comparecencia de Robles serán la ventana para medir si el Gobierno asume el coste político de mantener a los militares como meros observadores.

    En paralelo, fuentes populares consultadas por esta redacción apuntan a que la seguridad en Ceuta no es un asunto local, sino la primera batalla del otoño político. Si el Gobierno cede, Génova habrá convertido una emergencia en una victoria de posición. Si no lo hace, el desgaste puede trasladarse a la calle.

    🏛️ El Apunte de Génova

    • Mensaje fuerza: La crisis de Ceuta escala por inacción del Gobierno y los militares carecen de herramientas legales para proteger la frontera.
    • Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP).
    • Próximo hito: Sesión de control al Gobierno en el Congreso y posibles explicaciones de la ministra de Defensa ante la Comisión.

    Renfe renueva el Cercanías de Málaga: siete nuevos trenes de alta capacidad y un taller de 40 millones

    Enrique Ramos
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    Renfe renueva el Cercanías de Málaga: siete nuevos trenes de alta capacidad y un taller de 40 millones

    Renfe renueva el Cercanías de Málaga con siete trenes de gran capacidad y un taller de 40 millones.

    Siete trenes de gran capacidad para una C-1 al límite

    La compañía prevé incorporar a partir de 2028 siete unidades S452 fabricadas por Alstom para reforzar la línea C-1.

    Este corredor conecta Málaga con Fuengirola y soporta una creciente presión de viajeros. La operación supondrá una inversión de 66,7 millones de euros.

    Los nuevos trenes serán unidades S452, de seis coches y unos 100 metros de longitud. Cada composición contará con 245 plazas sentadas y capacidad para transportar hasta 900 viajeros, incluidos los que viajen de pie. La C-1 se llena hasta el 150% de sus plazas sentadas.

    La línea Málaga–Fuengirola tiene 32 kilómetros y una frecuencia actual de 20 minutos. Aunque existen varios tramos de vía doble, prácticamente la mitad del recorrido continúa siendo de vía única, lo que condiciona la explotación y dificulta bajar de forma estable las frecuencias por debajo de los 15 minutos.

    Los tramos de doble vía se concentran entre Málaga María Zambrano y el Aeropuerto, así como en varios puntos del litoral hasta Benalmádena. Sin embargo, esos segmentos no tienen continuidad a lo largo de todo el recorrido, de modo que no se pueden aprovechar plenamente para introducir más circulaciones de manera regular y fiable.

    Málaga tendrá que mover cada vez a más viajeros con unas vías que, al menos por ahora, no permiten multiplicar los trenes.

    Los datos explican la dimensión del problema. El núcleo de Cercanías de Málaga registró en 2025 más de 15,5 millones de viajeros, con un peso especialmente importante de la C-1.

    La llegada de las siete nuevas unidades permitirá incrementar la oferta sin depender exclusivamente de aumentar el número de trenes. Renfe considera que el material de gran capacidad es, con las actuales condiciones de infraestructura, la alternativa más eficaz para responder a la demanda.

    Un taller de 40 millones y mejoras en tres estaciones

    El plan de Renfe no se limita a la compra de trenes. La compañía prevé construir en Málaga un nuevo taller de mantenimiento específico para los Cercanías, con una inversión de 40 millones de euros y el inicio de obras previsto para 2027.

    La instalación acompañará el crecimiento de la flota y garantizará que las unidades dispongan de recursos técnicos para revisiones y mantenimiento. Actualmente, Cercanías Málaga cuenta con ocho trenes Civia de la serie 464, con una edad media de 18,9 años.

    Renfe cifra en 13,1 millones de euros la inversión realizada hasta ahora en mantenimiento de estas ocho unidades. La renovación y reorganización de la flota se produce además después de más de dos décadas sin adquirir material nuevo para los servicios de Obligación de Servicio Público.

    El paquete de inversiones incorpora además actuaciones para mejorar la accesibilidad en tres estaciones de la C-1. Se destinarán 6,81 millones de euros a accesos, andenes, pavimentos, marquesinas, iluminación, cerramientos, ascensores y pasos inferiores.

    Las obras en El Pinillo remodelarán los accesos, reorganizarán el aparcamiento y prolongarán uno de los andenes hasta los 100 metros, con ascensores panorámicos y actuación integral en el paso inferior.

    En Los Álamos y La Colina se renovarán pavimentos, marquesinas y ascensores, y se intervendrá también en los pasos inferiores y urbanos.

    La Lectura Andaluza

    En el caso de Málaga, la apuesta por los S452 responde a una presión estructural que se ha acentuado con el auge demográfico y turístico de la Costa del Sol. Los 15,5 millones de viajeros de 2025 colocan al Cercanías malagueño entre los núcleos con más tráfico del sur de España, pese a contar únicamente con dos líneas y 23 estaciones.

    Para quienes viven en Fuengirola, Benalmádena o los barrios del litoral, la C-1 es manera cotidiana de ir al trabajo, al aeropuerto o a la universidad. Una ocupación del 150% de las plazas sentadas en hora punta no es una estadística abstracta: es viajar de pie, apretado y con margen justo para llegar a tiempo. La llegada de trenes de seis coches con 900 plazas puede aliviar precisamente esa experiencia.

    La proyección es clara. Las primeras siete unidades están previstas para 2028, mientras que las obras del taller arrancarán en 2027 y las mejoras de accesibilidad elevarán el estándar de servicio en una línea que ya es columna vertebral de la movilidad malagueña. A medio plazo, la gran asignatura pendiente seguirá siendo la duplicación completa de la vía, una inversión de mayor calado que corresponderá impulsar entre administraciones. Renfe apuesta por hacer trenes más grandes; la infraestructura tendrá que acompañarlos.

    El TSJ de Castilla y León confirma la multa al empresario por delito contra los derechos de los trabajadores

    Carlos V Vega
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    El TSJ de Castilla y León confirma la multa al empresario por delito contra los derechos de los trabajadores

    La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Castilla y León ha confirmado la sentencia condenatoria dictada contra un empresario por contratar de forma irregular a jornaleros extranjeros en Valladolid. La resolución, identificada como sentencia 78/2026, de 2 de junio, desestima el recurso del acusado y mantiene la multa por un delito contra los derechos de los trabajadores.

    EN 30 SEGUNDOS

    • ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Castilla y León confirma la condena y la multa de la instancia anterior.
    • ¿Qué base jurídica aplica? El artículo 24.2 de la Constitución Española, en relación con el tipo penal de empleo irregular de trabajadores extranjeros dentro de los delitos contra los derechos de los trabajadores.
    • ¿Qué impacto tiene? La sentencia no es firme; la defensa puede interponer recurso. La prueba testifical se considera de cargo suficiente.

    Antecedentes del procedimiento y hechos probados

    Los hechos se sitúan entre julio y septiembre de 2021 en la provincia de Valladolid. El acusado actuó como intermediario en la prestación de servicios agrícolas destinados a la recogida de patata, una actividad estacional que exige la contratación de mano de obra en periodos breves.

    Durante ese periodo, el empresario contrató a varios jornaleros sin formalizar ningún contrato laboral ni cursar el alta en la Seguridad Social. La actividad se desarrolló al margen de la normativa laboral y de extranjería, sin que constara la existencia de permisos de trabajo para los empleados contratados.

    Las declaraciones testificales practicadas en el plenario permitieron a la Sala concluir que el acusado, de origen rumano, contrató de forma consciente y reiterada al menos a un ciudadano serbio, a tres ciudadanos argelinos y a un ciudadano colombiano. En todos los casos conocía la condición de extranjeros y la ausencia de autorización administrativa para trabajar en España.

    La sentencia de instancia impuso una multa. El recurso posterior invocó la infracción de la presunción de inocencia y cuestionó la valoración de la prueba personal.

    El fallo confirmatorio y la valoración de la prueba

    La sentencia 78/2026, de 2 de junio, dictada por la Sala de lo Civil y Penal, desestima el recurso del acusado y confirma la resolución del juzgado de instancia anterior. La multa impuesta se mantiene en su integridad.

    La ausencia de contrato y de alta en la Seguridad Social se integra en el tipo penal mediante prueba testifical válida y suficiente.

    El tribunal rechaza la alegación relativa a la vulneración de la presunción de inocencia. La actividad probatoria, centrada en la declaración de los testigos, fue considerada válida, legal y suficiente para acreditar los hechos.

    La Sala tampoco aprecia errores en la valoración realizada por el juzgador de instancia. La conclusión incriminatoria parte de una deducción racional y no de una mera sospecha, sin que se haya producido inversión de la carga de la prueba.

    El fallo resalta que los testimonios coincidieron en aspectos esenciales, como la naturaleza de la actividad, la falta de documentación laboral y la condición de los trabajadores. La prueba documental y las manifestaciones del acusado no desvirtuaron el relato de cargo.

    La cuantía exacta de la multa no consta en la información difundida. La fuente consultada confirma la sanción económica y la condena, pero no detalla el importe, el criterio de determinación ni la eventual imposición de penas accesorias. La resolución se limita a ratificar la decisión de instancia.

    La Doctrina del Tribunal

    La resolución no configura jurisprudencia vinculante para otros órganos judiciales, pero delimita el estándar de prueba exigible en este tipo de procedimientos. La Sala considera que la prueba testifical puede sustentar una condena por delito contra los derechos de los trabajadores cuando existe corroboración objetiva: ausencia de contrato, inexistencia de alta en la Seguridad Social y condición migratoria de los trabajadores.

    La base jurídica se apoya en el artículo 24.2 de la Constitución Española, que garantiza la presunción de inocencia, y en la tipificación de los delitos contra los derechos de los trabajadores recogida en el Código Penal. El fallo examina la suficiencia de la prueba de cargo y concluye que no hubo arbitrariedad en la valoración judicial.

    El impacto práctico se proyecta sobre litigios penales similares en los que la acusación se funda principalmente en testigos. La decisión refuerza que la prueba personal puede ser suficiente si aparece respaldada por datos indiciarios, sin exigir prueba directa de cada una de las contrataciones realizadas.

    La sentencia no introduce una modificación de la jurisprudencia ni fija criterio interpretativo general; su valor es exclusivamente aplicativo sobre el caso concreto. No obstante, ilustra el control que realizan los tribunales de segunda instancia sobre la valoración de la prueba.

    La sentencia no es firme y puede ser objeto de recurso. La identificación procesal publicada en la fuente es la sentencia 78/2026, de 2 de junio, de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Castilla y León.

    FICHA DEL CASO

    • El caso: Procedimiento penal por un delito contra los derechos de los trabajadores. El acusado actuó como intermediario agrícola en Valladolid y contrató a jornaleros extranjeros sin contrato ni alta en la Seguridad Social.
    • Datos importantes: Sentencia 78/2026, de 2 de junio, de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Castilla y León. Fallo confirmatorio; multa mantenida. No consta en la fuente la cuantía exacta.
    • Fecha de los juicios: Hechos entre julio y septiembre de 2021; sentencia de instancia anterior no fechada en la fuente; sentencia del TSJ de 2 de junio de 2026.
    • Personas acusadas y por qué: Empresario de origen rumano, acusado por la contratación irregular de al menos cinco ciudadanos extranjeros sin permiso de trabajo.

    El PP carga contra Sánchez por la crisis de Ceuta: ‘Todo Ceuta es un CETI’ y el Gobierno es el ‘único culpable’

    Jaume Mónica
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    El PP carga contra Sánchez por la crisis de Ceuta: ‘Todo Ceuta es un CETI’ y el Gobierno es el ‘único culpable’

    EN 30 SEGUNDOS

    • ¿Qué ha pasado? Cuca Gamarra ha denunciado este jueves que el Gobierno ha convertido ‘todo Ceuta en un CETI’ y que los 85.000 ceutíes no aguantan más un mes después de la crisis migratoria del 30 de julio.
    • ¿Quién está detrás? La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, con el respaldo de la portavoz Ester Muñoz y de la dirección nacional en Génova 13.
    • ¿Qué impacto tiene? El GPP exige recuperar la normalidad, activar los retornos a Marruecos y tramitar de forma inmediata los rechazos de asilo.

    Cuca Gamarra ha elevado este jueves el tono contra el Gobierno por la crisis de Ceuta y ha denunciado que Moncloa ha convertido la ciudad autónoma en un macrocentro de estancia temporal de inmigrantes. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular ha asegurado que los ceutíes ‘no aguantan más’ un mes después de la entrada ilegal de miles de personas por la frontera a finales de julio.

    La dirigente popular ha lanzado el mensaje antes de participar en la sesión extraordinaria de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, convocada para abordar la presión migratoria sobre la ciudad autónoma. Gamarra ha reclamado al Ejecutivo que actúe ‘de una vez por todas’ y ha subrayado que los espacios públicos están siendo ocupados y se están limitando ‘las libertades y los derechos que tienen los españoles que viven en Ceuta’.

    Gamarra eleva el tono y exige el retorno inmediato a Marruecos

    La vicesecretaria popular ha defendido este jueves que el ‘único camino posible’ para cerrar la crisis es el retorno a Marruecos de quienes entraron en la ciudad autónoma el pasado 30 de julio. Para ello, ha reclamado que se empiecen a tramitar ‘de una manera eficaz y rápida’ los rechazos de las solicitudes de asilo y se doten medios materiales y humanos suficientes para gestionar los expedientes.

    Gamarra ha rechazado el argumento del Ejecutivo de que los ceutíes deban seguir teniendo paciencia. ‘No se les puede seguir pidiendo paciencia acompañada de inacción’, ha asegurado la dirigente, que ha recordado que han pasado ya cuatro semanas desde el inicio de la crisis migratoria sin que el Gobierno haya presentado un plan integral de retorno.

    En paralelo, la portavoz del PP, Ester Muñoz, ha responsabilizado directamente al presidente del Gobierno de la tensión en la frontera sur y ha recordado la emboscada sufrida por cuatro militares en la zona. Desde Génova 13 se insiste en que la inacción de Sánchez es el detonante de un deterioro de la seguridad que no se puede desvincular de la política migratoria del Ejecutivo.

    La normalidad en Ceuta no existirá hasta que el último ceutí pueda desarrollar con plenas garantías sus derechos y libertades, sin escoltas y sin miedo a salir a la calle.

    El pulso por los polideportivos y el inicio del curso escolar

    La polémica sobre el posible uso de polideportivos para filiar a los migrantes ha centrado buena parte de la intervención de Gamarra. La vicesecretaria popular ha defendido que existen otras alternativas y ha criticado que el Gobierno plantee convertir estas instalaciones en CETI ‘sin la autorización de la ciudad autónoma y sin el respaldo de los vecinos’.

    ‘Los 85.000 españoles que viven en Ceuta tienen actualmente limitados sus derechos y libertades y que ya el colmo es que también se les quiera privar del uso de los polideportivos, que son para que los vecinos desarrollen actividad física y no para otra cosa’, ha denunciado con contundencia. La dirigente ha añadido que los niños de la ciudad autónoma tienen derecho al ocio y a la educación, y a comenzar el curso académico ‘no escoltados por la Policía, como se está diciendo’.

    La vicesecretaria ha señalado que el mensaje que se está trasladando a los ciudadanos es que ‘todo Ceuta es un CETI’ y que deben asumir una limitación creciente de de sus derechos. El GPP del Congreso y del Senado ya preparan iniciativas parlamentarias para forzar al Gobierno a presentar un plan de choque antes del inicio del curso académico.

    El Eje del Poder Popular

    La ofensiva de Gamarra responde a una lectura estratégica clara de Génova. El PP ha identificado la crisis de Ceuta como un punto débil del Gobierno de Sánchez, que no encuentra respuesta operativa ni política a la presión migratoria sobre la ciudad autónoma. La dirección nacional entiende que el deterioro de la seguridad en la frontera sur puede convertirse en un desgaste sostenido contra el Ejecutivo durante el próximo ciclo electoral.

    En el plano territorial, la ciudad autónoma de Ceuta está gobernada por el PP desde hace décadas con Juan Jesús Vivas al frente. Vivas se ha reunido recientemente con Gamarra para coordinar la respuesta institucional y transmitir la inquietud de los vecinos. La entrada de miles de inmigrantes a finales de julio no es solo una crisis migratoria: es una crisis de confianza en la capacidad del Estado para proteger sus fronteras. Desde Moncloa.com observamos que el precedente más cercano es la crisis de mayo de 2021, cuando la ciudad autónoma vivió una avalancha similar y el PP ya denunció la pasividad del Gobierno.

    El flanco con Vox también juega en esta ecuación. El PP busca capitalizar el descontento en Ceuta sin ceder el discurso migratorio a la extrema derecha. La estrategia de Gamarra es nítida: reclamar el retorno inmediato a Marruecos, la tramitación rápida de los rechazos de asilo y la protección de los derechos de los ceutíes. No es un discurso de cierre de fronteras, sino de defensa del Estado de derecho y de la normalidad institucional. Eso sí, el Gobierno sigue sin dar respuesta.

    El próximo hito parlamentario será la comparecencia del ministro del Interior en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, ya solicitada por el GPP. Si el Ejecutivo no presenta un plan de choque antes del inicio del curso escolar, el PP anticipa una escalada de la presión institucional y de la movilización de los barones territoriales.

    🏛️ El Apunte de Génova

    • Mensaje fuerza: El Gobierno ha abandonado a los ceutíes y los ha convertido en ciudadanos de segunda en su propia ciudad.
    • Protagonista: Cuca Gamarra (vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP).
    • Próximo hito: Comparecencia del ministro del Interior en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, ya solicitada por el GPP.
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