La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, sigue deshojando la margarita de si se presenta a la reelección o se aparta de la política. Sus partidarios dentro de Ahora Madrid creen que ocurrirá lo primero, aunque en Podemos e Izquierda Unida se temen que ponga condiciones difíciles de asumir.
El meollo de la cuestión es si Carmena y su lista electoral deben someterse a un proceso de primarias antes de los comicios de 2019. La alcaldesa ya ha indicado a las fuerzas integradas en Ahora Madrid que sólo se presentará a la reelección con su equipo de confianza, aunque está abierta a consensuar algunos puestos de la lista.
Podemos e IU, sin embargo, firmaron un acuerdo para ir de la mano a las elecciones municipales en el que se indica que la candidatura debe cerrarse tras unas “primarias abiertas, plurales y proporcionales”.
La respuesta del núcleo duro de la alcaldesa a este llamamiento conjunto de cara al proceso electoral municipal de 2019 ha sido que los afiliados y simpatizantes solo ratifiquen mediante primarias al cabeza de lista. De esta forma, el candidato podría luego contar con total autonomía a la hora de elegir el resto de la lista.
Si bien la alcaldesa lleva meses amenazando con no presentarse a la reelección, el acuerdo entre las direcciones municipales de Podemos e IU ha aumentado las tensiones entre el denominado carmenismo y las principales formaciones que impulsaron Ahora Madrid junto a los movimientos sociales. Algunos ediles incluso han planteado la elección de Carmena por aclamación y han invitado a los ediles que consideran «díscolos» a dar un paso a un lado.
INCERTIDUMBRE CON CARMENA
La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, avivó el lunes la incertidumbre al asegurar que habrá «algún tipo de proceso participativo» en Ahora Madrid si Carmena decide repetir como candidataen las próximas elecciones municipales. Pero no quiso ir más allá.
En una entrevista en Onda Madrid, Maestre fue preguntada por las intenciones de Carmena y tras señalar que es portavoz del Gobierno de la capital pero no de la alcaldesa, recordó que «lo que es evidente» es que la decisión «se tomará a la vuelta del verano y que se comunicará».
En este sentido, admitió que le «encantaría» que Carmena quisiera volver a repetir como candidata porque, a su juicio, es la «mejor alcaldesa» que ha tenido Madrid, y, además, subrayó que es un «lujo» trabajar con ella”.
En cuanto a si considera un tándem ganador el formado por Carmena e Íñigo Errejón, como candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, indicó que tal posibilidad sería «magnífico» y que ambos formarían «una buena pareja que puede ampliar los espacios de una ideología política» concreta.
La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, volvió a intentar esta semana que el Parlament reabra sus puertas para celebrar un pleno coincidiendo con el primer aniversario de las polémicas sesiones del 6 y 7 de septiembre del año pasado con las llamadas leyes de desconexión, en las que “se silenció a la oposición violando los derechos de millones de catalanes”.
El cierre de facto del Parlamento catalán hasta después del 1 de octubre por decisión de las fuerzas independentistas –JxC y ERC– está provocando una situación surrealista que seguramente no tiene precedentes en la historia democrática española: más de 2.000 iniciativas están paradas en el Legislativa catalán, de las cuales un millar corresponden a Ciudadanos.
Una de esas iniciativas bloqueadas en la iniciativa de Ciudadanos de poner en marcha una comisión de investigación sobre la corrupción del 3% en Cataluña. “El procés no sólo fue cortina de humo para tapar recortes y la corrupción del 3%. También sirve al separatismo para cerrar el Parlament y bloquear, entre otras muchas iniciativas, la comisión de investigación de Cs sobre uno de los mayores escándalos de gestión en la Generalitat”, censuró Arrimadas en su cuenta personal de Twitter.
A 30 de julio, los grupos políticos habían registrado un total de dos mil iniciativas, entre propuestas de resolución, preguntas orales, solicitudes de documentación, solicitudes de comparecencia y proyectos de ley, según desveló La Vanguardia a finales de agosto.
“El procés no sólo fue cortina de humo para tapar recortes y la corrupción del 3%»
Desde que se invistiera al president de la Generalitat, Quim Torra, en la Cámara catalana tan solo se han aprobado dos leyes. La primera fue para reformar la ley de Presidencia y permitir la investidura a distancia de Carles Puigdemont. Una reforma polémica que, por ahora, no ha tenido ninguna utilidad práctica.
La segunda fue la que permitió ampliar el plazo de acreditación del nivel de inglés en las universidades. Hay asimismo cuatro proyectos de ley en trámite enviados desde el Govern –heredados de la legislatura anterior– y 22 proposiciones de ley de los diferentes grupos parlamentarios.
POLEMICAS EN TORNO A LA MESA
Durante estos meses el Parlament ha destacado más por las discrepancias de los miembros de la Mesa y de los propios grupos independentistas que por su productividad. Así, las polémicas alrededor de las deliberaciones de la Mesa han centrado gran parte de las intervenciones de los portavoces de los grupos.
Captura del Twitter de Inés Arrimadas.
Una consecuencia de ello es que los letrados de la Cámara son citados continuamente por unos y otros para censurar o defender la actuación del presidente del Parlament, Roger Torrent, al frente de la institución. Gran parte de la actividad de la Cámara, en especial la de los grupos de la mayoría de Govern y la CUP, se ha centrado en posicionamientos y hechos simbólicos más que no en acuerdos con impacto real en la administración del día a día.
Una de las iniciativas que más atención recibió fuera y dentro del Parlament fue la “restitución” simbólica de Puigdemont. El pleno aprobó en marzo, con los votos de JxCat, ERC y la CUP, una resolución en la que se reivindicaba al expresident como el legítimo candidato a la presidencia de la Generalitat, aunque no tenía ningún efecto.
INÉS ARRIMADAS AMENAZÓ CON UNA QUERELLA
Otro de los momentos simbólicos clave llegó a principios de julio, cuando los mismos grupos aprobaron una moción impulsada por los anticapitalistas para reafirmar la declaración de ruptura del 9-N del 2015, anulada por el TC. Esta declaración situaba las decisiones del Parlament por encima de los tribunales españoles y tampoco se ha traducido en nada más que la amenaza de una querella presentada por Inés Arrimadas.
JxCat y ERC acordaron suspender el último pleno programado de julio por discrepancias sobre la suspensión de Puigdemont como diputado dictada por el Tribunal Supremo. Hasta después del aniversario del referéndum del 1-O, efeméride en la que el Govern quiere centrar toda su atención, el Parlament no volverá a celebrar sesiones, que comenzarán con el debate de política general. Para entonces, JxCat y ERC se han emplazado a acordar una solución para la suspensión del expresident.
El presidente del PP, Pablo Casado, tiene previsto celebrar la convención nacional de su partido los próximos 1 y 2 de diciembre, con el fin de hacer una encendida defensa de la Constitución española que cumplirá 40 años de vigencia el 6 de diciembre.
El cónclave ‘popular’, el más importante del PP entre congresos, servirá también para ratificar a los candidatos que se presentarán a las elecciones municipales, autonómicas y europeas de mayo de 2019. A día de hoy quedan aún varios puestos por decidir, en especial el destino político que tendrán Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, las dos principales contrincantes que tuvo Casado en el proceso de sucesión de Mariano Rajoy.
Cospedal ha dado el pistoletazo de salida a la renovación del PP de Castilla-La Mancha y esta semana tiene previsto apartarse de la primera línea política en su región. En paralelo, está analizando la opción de ser la cabeza de cartel del PP para las próximas elecciones europeas, un hecho que coloca al nuevo presidente ‘popular’ en la tesitura de buscar acomodo al actual referente del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons.
Si hay algún dirigente valenciano con posibilidades de cosechar votos en las autonómicas y municipales del año que viene, ese es González Pons. Pero las reticencias de este último a regresar a la política valenciana dificultan la operación. Así las cosas, la exsecretaria general del PP tendrá la última palabra ya que para Casado fue una fiel aliada entre las primarias de afiliados y la celebración del congreso nacional del PP para vencer a Soraya Sáenz de Santamaría.
LA OFERTA DE CASADO A SANTAMARÍA
El escaparate del Parlamento Europeo puede servir de revulsivo a Cospedal a pesar de que mucha gente ve a la institución europea como un cementerio de elefantes. Si se trabaja a fondo puede ser un excelente altavoz para seguir presente en la política española.
Sáenz de Santamaría, por su parte, analiza la posibilidad de encabezar la candidatura del PP en las elecciones a la alcaldía de Madrid. Desde que el congreso nacional del PP aupase a Casado a la presidencia del partido, la exnúmero dos del Ejecutivo de Rajoy ha guardado silencio y ha preferido no integrarse en el comité directivo del PP, al considerar que no se le otorgaba la suficiente cuota de poder. Pero Casado no ha tirado la toalla a la hora de convencer a Sáenz de Santamaría y cree que la alcaldía de Madrid es un puesto de gran visibilidad para ella.
«Pablo Casado ha contado con todos y ha integrado a la inmensa mayoría de los que concurrieron”
El nuevo presidente del PP se encuentra también con la tesitura de cerrar en las próximas semanas la elección de otros candidatos autonómicos y municipales tras confirmar en verano a Juanma Moreno, Alfonso Fernández Mañueco e Isabel Bonig como carteles a las presidencias de Andalucía, Castilla y León, y la Comunidad Valenciana, respectivamente. Los tres barones territoriales habían dado su apoyo a Sáenz de Santamaría y descabalgarles de sus baronías era demasiado arriesgado para el nuevo presidente del PP.
El nuevo secretario General del PP, Teodoro García Egea, afirmó en agosto que aún se mantiene el “ofrecimiento” a Sáenz de Santamaría para que se incorpore como vocal de libre designación de Casado dentro de la nueva Ejecutiva del PP. En este sentido, destacó que Casado “ha contado con todos y ha integrado a la inmensa mayoría de los que concurrieron” a las primarias del partido y, en este contexto, la exvicepresidenta, que encabezó la candidatura más votada en la elección directa de los afiliados, “constituye un activo para el PP por su experiencia de gestión y el cariño que tienen por parte de toda la militancia”.
“A la vuelta de verano, que ha sido muy intenso, vamos a empezar a trabajar en las candidaturas tanto a los municipios como las comunidades autónomas, también en las europeas y en los grupos parlamentarios, que ese impulso se tiene que notar, y tenemos que contar con todos. Ambas tienen un hueco, no sólo en el Comité Ejecutivo”, afirmó refiriéndose también al caso de Cospedal.
Sobre la posibilidad de que las dos contrincantes de Casado en las primarias encabecen candidaturas, García Egea señaló que en el PP primero hablarán “con los interesados para ver sus perspectivas y dónde se sienten más útiles porque cada uno tiene que hacer lo que mejor sabe hacer”.
“Estos no son mis Presupuestos”, repitió ayer como un mantra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,en su entrevista en la SER con la que dio pistoletazo de salida al nuevo curso político. En el ánimo del líder del PSOE está el agotar la legislatura aunque para ello deberá aprobar sus propios Presupuestos Generales del Estado (PGE) con la ayuda de Podemos, PNV y los independentistas catalanes, una posibilidad que se antoja difícil sobre todo por lo alejadas que están las posiciones con el PDeCAT y ERC.
En el calendario que se maneja en el Palacio de la Moncloa está el presentar las cuentas en noviembre en el Congreso de los Diputados y negociar desde ese momento -y hasta febrero- con las formaciones que auparon a Sánchez al poder. En el Ejecutivo socialista no se plantean prorrogar las cuentas del PP que dejó Mariano Rajoy como legado y aunque Sánchez evitó decir qué pasaría si fracasase la votación de los PGE, en Ferraz se da por sentado que, en ese caso, no quedaría otra opción que ir a nuevas elecciones.
En ese escenario, la opción más factible para Sánchez sería hacer coincidir las generales con los comicios municipales, autonómicos y europeos del 26 de mayo, en lo que serían unas megaelecciones sin precedentes en la historia democrática de nuestro país.
Sánchez es optimista respecto a la aprobación del proyecto de ley de presupuestos de 2019 sobre la base de un acuerdo con Podemos y cree que se podría sumar una mayoría suficiente en el Parlamento para que salga adelante.
Según Efe, en una conversación informal con los periodistas en el vuelo de regreso de su gira latinoamericana, Sánchez mostró ese optimismo respecto a las cuentas del próximo ejercicio pero evitó concretar cuándo tiene previsto el Gobierno presentar el correspondiente proyecto de ley.
El jefe del Ejecutivo destacó la importancia de Podemos para lograrlo y aseguró que, a pesar de que el líder de este partido, Pablo Iglesias, ha estado apartado de la primera línea política por cuestiones personales, se ha mantenido en contacto con él para hablar de los presupuestos. Además, dio por hecha una próxima reunión con Iglesias en cuanto el secretario general de Podemos lo desee, al tiempo que se mostró confiado en alcanzar un acuerdo con Podemos respecto al anteproyecto presupuestario pese a las diferencias puestas de manifiesto la pasada semana sobre el aumento del IRPF a las rentas más altas.
SANCHEZ: NO HAY MOTIVOS PARA FRACASAR
Al respecto, Sánchez defendió que sólo se suba ese impuesto para las rentas superiores a 150.000 euros porque estimó que era lo razonable, aunque remitió al Ministerio de Hacienda la posibilidad de llevar a cabo algún ajuste, lo que garantiza que no se aumentará ese impuesto para quienes ganen 60.000 euros anuales ya que considera que es un sueldo de las clases medias y éstas no se verán afectadas.
Pese a las discrepancias con Podemos en torno a este asunto, el jefe del Ejecutivo consideró que no hay motivo para fracasar en las negociaciones con el partido morado y reiteró la importancia de llegar a un acuerdo con esta formación, con la que asegura que en políticas sociales están «muy cerca».
Sánchez hizo hincapié en que también hay otras fuerzas políticas a las que le interesa que se aprueben los Presupuestos. En concreto, mencionó el caso del PNV, de quien dijo que ve una buena actitud para que salgan adelante. Por todo ello, el inquilino de la Moncloa se mostró convencido de que puede sostenerse en el Ejecutivo hasta 2020 sin necesidad de anticipar elecciones y, pese a las dificultades para lograr mayorías, subrayó que habrá un calendario legislativo en el que aprobar buenas iniciativas en materia de derechos.
Pedro Sánchez con Pepe Bueno. Foto: Fernando Calvo/La Moncloa.
Su optimismo también lo amplió a la confianza que los ciudadanos otorgan al PSOE, ya que cree que su partido es ahora la primera fuerza política y que la acción de Gobierno no le va a provocar un desgaste. En este sentido, Ferraz considera que los socialistas van a mantener las autonomías en las que gobiernan y sumarán otras nuevas.
Ante la posibilidad de un acuerdo global con otros partidos como Podemos para lograr comunidades y alcaldías, Sánchez se limitó a resaltar que el PSOE es una organización profundamente federal y cada barón autonómico tomará sus decisiones.
En este sentido, dijo desconocer si la presidenta andaluza, Susana Díaz, tiene previsto adelantar las elecciones en su comunidad. En el caso de la Alcaldía de Madrid desveló que existe una terna, sin desvelar ninguna identidad, pero asegurando que ninguno de los que la conforman es independiente y todos son integrantes del PSOE.
El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, apostó ayer por bajar todos los impuestos porque “ahora toca” y porque “eso va en los genes del Partido Popular”, pero obvió que el Gobierno de Mariano Rajoy también aprobó una subida del IRPF a los declarantes en el tramo superior a 150.000 euros al poco de llegar al poder.
En una entrevista en la Cadena Ser, Maroto precisó que “claramente” su partido “va a dificultar la aprobación” de los Presupuestos porque las cuentas públicas que trae el Gobierno socialista son “malas para el conjunto de la nación” y acarrearán también una subida del desempleo.
Maroto insistió en que el PP dice “no a la subida de impuesto y no a la subida del paro” y que defenderá esta postura con contundencia y «sin ningún tipo de pelos en la lengua». En opinión del PP, un incremento de 7 puntos en el último tramo, como ahora proponen Gobierno y PSOE, dispararía el fraude y perjudicaría a la actividad económica. Desde Génova se ha tildado la negociación de PSOE y Podemos de “disparatada catarata de subidas de impuestos».
Lo cierto es que la última subida del IRPF que llevó a cabo el Gobierno del PP en 2012 tuvo un ‘efecto fuga’ de los principales contribuyentes del país, según datos de Lainformación.com. En concreto, un 13% de los declarantes en el tramo superior a 150.000 euros se ‘evaporaron’ cuando el Ministerio de Hacienda que entonces dirigía Cristóbal Montoro decidió aplicar esta medida que pretendía reducir el déficit.
EL DECRETAZO DEL PP EN 2012
Este es uno de los principales temores de cara a la negociación que mantiene abierta el Ejecutivo de Pedro Sánchez con Unidos Podemos y en la que se está explorando la posibilidad de unificar rentas de trabajo y capital por encima de los 150.000 euros. Incluso la formación morada ha planteado bajar ese umbral a los 60.000 euros.
El Gobierno de Rajoy aprobó el 30 de diciembre de 2011 el ‘decretazo’ de «medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Una decisión de urgencia ante un déficit heredado por encima de lo previsto que contemplaba un incremento progresivo del IRPF. Así, las rentas más altas sufrieron una subida drástica en el Impuesto sobre la Renta de 6 puntos para quienes ingresaran entre 175.000,20 y 300.000,20 y de 7 puntos para los que superaran la segunda cantidad. Una medida, por tanto, que fue muy similar a la que ahora negocian Gobierno y Unidos Podemos.
Como consecuencia de esa subida radical del IRPF un total de 8.969 declarantes ‘desaparecieron’. Los datos son los siguientes: en 2011, y siempre según los datos de la Agencia Tributaria extraídos de la estadística de declarantes, hubo 68.169 declarantes en el tramo entre 150.000 y 601.000 euros, mientras que en el último tramo, el de más de 601.000 euros, hubo 5.612. En total Hacienda registró 73.881 declarantes a cierre del año en el que se produjo el cambio de Gobierno y la consiguiente llegada al poder de los populares.
Ahora bien, al año siguiente -2012-, después de la subida impositiva del PP, la Agencia Tributaria registró 60.294 declarantes situados en el tramo de entre 150.000 y 600.001 euros, mientras que en el último tramo, el de aquellos que ganaron más de 600.001 euros, hubo 4.618. En total, en los dos últimos tramos de la renta hubo 64.912 declarantes, los citados 8.969 menos
Estos datos de la Agencia Tributaria evidencian que se produjo una fuga de grandes declarantes como consecuencia de una subida del IRPF que fue más acusada para las rentas más altas. Otro dato que apoya esta afirmación es que el nivel total de declarantes en 2012 fue muy similar al de 2011: 19.467.730 antes de la reforma fiscal y 19.379.484 un año después.
El anuncio por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el Valle de los Caídos sea un cementerio civil en vez de un espacio de reconciliación y memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, tal y como propuso el PSOE el año pasado, no ha gustado en Podemos.
Sin embargo, la formación morada no ha querido elevar el tono de las críticas y la presión al Ejecutivo en este asunto, a diferencia de Izquierda Unida, que censuró el último “bandazo caprichoso” de Sánchez y le acusó de “improvisar como en la peor etapa” del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, hizo una tibia respuesta al anuncio de Sánchez. “No nos parece bien la rectificación. Pensamos que ha cambiado de parecer, pues el PSOE había hablado de resignificar el Valle de los Caídos”, dijo el número tres de la formación morada en plenas negociaciones con el Gobierno sobre los próximos presupuestos y cambios en el copago farmacéutico.
En parecidos términos se posición el portavoz de Unidos Podemos en el Senado, Ramón Espinar, quien aseguró que su formación política espera poder negociar con el Gobierno y con el PSOE el futuro del Valle de los Caídos, aunque subrayó que para su partido es el «último monumento a las dictaduras fascistas» y que en Italia o Alemania no existiría.
Espinar adelantó que su partido quiere hablar con el Gobierno socialista sobre el tema, pero subrayó que «lo relevante» para Podemos es que no haya símbolos que honren a la dictadura. “El Valle de los Caídos no puede ser el último monumento en Europa a las dictaduras fascistas que gobernaron en el siglo XX. En Alemania o Italia sería impensable que existiera”, resumió.
La templanza de Podemos en este asunto contrasta con las críticas desde Izquierda Unida. La responsable de memoria democrática de la formación, Esther López Barceló, celebró la decisión del Gobierno de exhumar al “dictador y genocida” Francisco Franco, pero pidió al Ejecutivo que dé “pasos valientes” y no “simples gestos que llegan con 43 años de retraso” para no equiparar “a víctimas y verdugos”.
Según IU, el real decreto aprobado por el Gobierno abre un «limbo jurídico» al no ordenar la exhumación de Franco, sino de aquel que no muriera en la Guerra Civil, ya que plantea un interrogante en el caso de “aquellos restos de desconocido origen que durante la dictadura se exhumaron de fosas comunes de todo el Estado sin informar a las familias”.
EQUIDISTANCIA EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS
IU también critica la “equidistancia” que radica en el preámbulo del real decreto, que recoge el “homenaje igualitario” a todas las víctimas. “Jamás podrá hacerse una resignificación del Valle desde este punto de partida. ¿Se imaginan a miles de víctimas del Holocausto nazi enterradas junto a los mentores de aquel genocidio?”, se preguntó Barceló. A juicio del partido encabezado por Alberto Garzón, José Antonio Primo de Rivera “no puede seguir enterrado junto a miles de víctimas del franquismo” al ser “uno de los fundadores de los principios que marcaron la dictadura franquista”.
En lo que se refiere al conjunto arquitectónico del Valle de los Caídos, IU pide recuperar su gestión pública, desacralizarlo y resignificarlo para que se convierta en «un lugar de memoria donde se expliquen los crímenes del franquismo, con especial atención al sistema concentracionario español, al Patronato de Rendición de Penas del Trabajo y su relación con las grandes empresas y el papel de la Iglesia católica».
«¿Se imaginan a miles de víctimas del Holocausto nazi enterradas junto a los mentores de aquel genocidio?»
Izquierda Unida registró en el Congreso una proposición de ley integral de la memoria democrática y de reconocimiento y reparación de las víctimas del franquismo y la Transición que, entre otras cosas, plantea derribar la gran cruz que corona el complejo del Valle de los Caídos y sacar del mismo no sólo los restos de Franco, sino los de Primo de Rivera.
El objetivo de la iniciativa es establecer “de forma solemne el repudio y condena del golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura por parte de los poderes e instituciones del Estado”, el íntegro reconocimiento de la dignidad y la memoria de quienes sufrieron los efectos de la represión y garantizar “de forma efectiva los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas”.
Base de la cruz del Valle de los Caídos. Foto: Flickr.
Para ello, la norma amplía los derechos a este colectivo incluidos en la ley de Memoria Histórica de 2007, que contempla la reparación de las víctimas hasta octubre de 1977, cuando se aprobó la Ley de Amnistía. La de IU aboga por mayores indemnizaciones e incorpora a las víctimas de la Transición hasta 1983, e incluso hasta el año 2000 en el caso de los ‘bebés robados’.
Respecto al Valle de los Caídos, IU propone que sea directamente gestionado por Patrimonio Nacional, que se desacralice, se rebautice como «Valle de Cuelgamuros» y se convierta en un lugar donde se expliquen los crímenes del franquismo y del que desparezcan mediante desmantelamiento o demolición los «elementos incompatibles con un Estado democrático», incluida la monumental cruz que lo preside.
IU quiere, por último, obligar al Estado a atender todas las reclamaciones de exhumación de los familiares de los republicanos enterrados en el lugar y encargar un estudio científico sobre el estado de estos restos y un eventual nuevo emplazamiento de los mismos.
Ciudadanos apretó este miércoles a Susana Díaz con una seria de “líneas rojas” que, en caso de no prosperar, provocaría que la formación naranja no dé su apoyo a la negociación de presupuestos andaluces de 2019, lo que abocaría a la presidenta regional a un adelanto electoral.
El líder de C’s en Andalucía, Juan Marín, exigió el cumplimiento de los acuerdos sobre regeneración democrática que selló con el PSOE andaluz para la investidura de Díaz y que incluye, entre otros puntos, la supresión de aforamientos y las reformas del reglamento del Parlamento y la ley electoral andaluza.
El cumplimiento de estas medidas es un «tema muy serio» que se debe cerrar con el Gobierno andaluz “antes de hablar de nada más” como los presupuestos del próximo año, subrayó Marín. El posible bloqueo a las cuentas andaluzas que ahora plantea Ciudadanos sería la excusa perfecta para que Díaz justificase el adelanto de los comicios, un tema sobre el que los partidos llevan meses especulando. Las elecciones andaluzas se tienen que celebrar en marzo de 2019 a más tardar, pero en las diferentes formaciones se da por hecho que serán en otoño.
El también candidato de C’s a las próximas elecciones andaluzas también indicó que para sentarse a negociar sobre dinero –“la parte más fácil del acuerdo”, a su juicio-, C’s tiene que comprobar que el Ejecutivo de Díaz va a llevar a cabo esas reformas.
“A nosotros nos interesa saber si va a seguir habiendo andaluces de primera o de segunda ante la Justicia. Nos interesa si el voto e los andaluces va a valer lo mismo en Andalucía vivas en Almería o en Huelva. Si de una ver por todas se van a acabar los privilegios de la clase política en Andalucía. Nos interesa esa parte del acuerdo que a día de hoy no se ha cumplido. Vamos a exigir que se cumpla”, resaltó Marín, quien propondrá a su grupo parlamentario “una comisión extraordinaria de seguimiento de los acuerdos antes de plantear ningún paso más”.
Marín hizo hincapié en que Díaz está jugando “al despiste” con el adelanto electoral y opinó que la presidenta socialista “le dará al botón” de la convocatoria “cuando menos lo esperemos”. En todo caso, a escasos seis meses de la cita con las urnas, “a nadie ya nos sorprendería si convoca o agota la legislatura”.
“Le pido que deje de jugar con Andalucía, que salga de una vez por todas y diga la fecha de las elecciones”
Por su parte, el líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, criticó la “enorme irresponsabilidad” de Díaz por “alimentar una ambigüedad calculada” sobre un posible adelanto electoral y le urgió a “aclarar” ya la fecha de los comicios para acabar con un debate que perjudica, a su juicio, a la economía de la región.
“Le pido que deje de jugar con Andalucía, que salga de una vez por todas y diga la fecha de las elecciones”, señaló Moreno, quien explicó que no reclama el día exacto, sino que aclare si serán en marzo, en enero o en noviembre, y así “se acabó el debate”.
El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, le respondió en Twitter diciéndole que es “ridículo” que Moreno le exija a Díaz que diga públicamente la fecha de las elecciones. Por ello, Blanco lamentó que Moreno “sigaenredado en sus obsesiones” respecto a un posible adelanto electoral en Andalucía.
ACABAR CON LA «ESTABILIDAD» EN ANDALUCÍA
El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, señaló que Ciudadanos está marcando «un nuevo escenario político» en Andalucía compartiendo con el PP estrategias para acabar con la «estabilidad» política y resaltó que «parece que está intentando forzar elecciones en la comunidad».
Desde hace varias semanas es el PSOE el que desliza que, en realidad, son Ciudadanos y PP los que, con su alianza a nivel nacional, están jugando a desestabilizar a Andalucía. Mientras IU, como ya hiciera antes Podemos, tendió de nuevo su mano al PSOE para negociar los presupuestos del próximo año, tal y como ocurre en Madrid.
Ciudadanos tiene previsto presentar en el Congreso de los Diputados antes de final de año su proposición de ley para la regulación de la maternidad subrogada, según avanzó el presidente de la formación naranja, Albert Rivera.
“Antes de que acabe 2018, debatiremos y veremos si se aprueba o no esa regulación”, explicó Rivera en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, en la que ha trasladado su apoyo a las familias españolas que están inmersas en procesos de gestación subrogada en otros países. El dirigente de Ciudadanos pidió al Gobierno español que “ayude a estas familias en el extranjero que sufren una situación muy complicada”, aunque precisó que el problema de fondo es que se van a Ucrania porque “en su país existe una hipocresía política”.
En este sentido, consideró que España tiene que “ser un país moderno” y liderar, “igual que hizo con la ley de plazos del aborto o con la legalización del matrimonio en parejas del mismo sexo” la regulación de la gestación subrogada.
Por ello, Rivera pidió al resto de fuerzas políticas con representación en el Congreso que se busquen fórmulas para “intentar hacerlo de una forma garantista, altruista y con tutela judicial”, como “han hecho 14 países modernos y avanzados” y sin que “nadie pueda abusar de una situación de esa naturaleza”.
Los mal llamados vientres de alquiler están prohibidos en España desde 2006, con la ley socialista de reproducción asistida, pero desde el año 2010 el Ministerio de Justicia permitió de facto que los españoles pudieran buscar descendencia con esta técnica en el extranjero, al fijar la Dirección General de Registros y Notariados una serie de requisitos para que los consulados pudieran inscribir a los niños nacidos por gestación subrogada.
“Hay que intentar hacerlo de una forma garantista, altruista y con tutela judicial como han hecho 14 países modernos”
Los requisitos más importantes eran –y son a día de hoy– que la técnica se lleve a cabo en un país donde esté regulada, que uno de los padres sea español y que exista una resolución judicial dictada por un tribunal competente en el que se determine la filiación del recién nacido. Este último trámite solo lo cumple Estados Unidos en la actualidad, de manera que aquellos países que permiten a los extranjeros ser padres por maternidad de sustitución –Canadá, Reino Unido, Grecia, México (solo en el Estado de Jalisco), Ucrania y Rusia– o donde existe un vacío legal –no se acepta pero tampoco se prohíbe, caso de Tailandia o Kazajistán–, al final resulta que los padres se encuentran con que el consulado inscribe en el registro como madre legal a la persona que ha dado a luz, y no a la que en realidad es la madre biológica.
Este hecho obliga a esta última a iniciar los trámites de adopción del niño cuando llega a España, un proceso que se suele dilatar varios meses y que, en ocasiones, complica la vida de los padres, como ha ocurrido ahora en Ucrania. Por ejemplo, se han dado casos de guarderías que han pedido la autorización de la gestante para aceptar al bebé. También de jueces que han exigido la presencia física de la misma antes de dar luz verde a la adopción que reclama la madre española. De ahí que la opción de Estados Unidos sea la más demandada, pese a que la factura puede llegar hasta los 120.000 euros.
California lleva más de 40 años con una ley pionera que es la más garantista. Allí se necesita un abogado, una agencia de donantes, una de gestantes y una clínica de fertilidad. En este sentido, la gestación subrogada está muy pautada en dicho Estado. Así, los futuros padres se pueden entrevistar con potenciales donantes y gestantes, y estas últimas eligen a su vez a qué familia quieren ayudar a tener un hijo.
Asimismo, las gestantes tienen que haber sido madres antes de participar en este proceso y si han sufrido embarazos o partos complicados es posible que el médico de la clínica de fertilidad no las considere aptas para estos procesos. Las gestantes deben aportar un historial médico y firmar los documentos formales de paternidad fruto de la fertilización a la que se va a someter de forma voluntaria. Si la gestante está casada, su marido también tiene que dar su consentimiento. Una vez que ha nacido el bebé, y con la sentencia de conformidad en la mano, los futuros padres acuden al hospital para que preparen el certificado de nacimiento, paso previo a la inscripción del niño en el consulado como ciudadano español.
RIVERA, PARTIDARIO DE LA LEGISLACIÓN DE CANADÁ
Entre 800 y 1.000 niños españoles nacen al año en el extranjero gracias al boom de la gestación subrogada, según los datos de la Asociación Son Nuestros Hijos, que dirige el ginecólogo Pedro Fuentes, quien ha participado en actos con Ciudadanos en el que el partido naranja.
Rivera es más partidario de una legislación como la de Canadá, que se basa en el altruismo pleno de la gestante, pero no será un camino de rosas en el Congreso de los Diputados, porque la gestación subrogada provoca división en todas las formaciones –a excepción de Ciudadanos–, llegándose al insólito punto de que una parte del PP, la más conservadora y afín a los postulados de la Iglesia católica, coincide en su rechazo a los vientres de alquiler con el ala más feminista del PSOE y Podemos, que están secundadas por asociaciones como No Somos Vasijas, que defiende que las mujeres “no se pueden alquilar o vender de manera total”.
El septiembre caliente que se espera en Cataluña, ante el primer aniversario de la consulta ilegal del 1-O, tendrá su proyección europea. Concretamente, en el Parlamento Europeo, donde los teléfonos están empezando a sonar con peticiones de comparecencia por parte del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y de la oficina del expresidente Carles Puigdemont.
Borrell ha sido el primero en cerrar un acuerdo con la institución que él mismo presidió entre 2004 y 2007. En este sentido, Borrell viajará a Estrasburgo (Francia) durante el pleno que se celebrará del 10 al 13 de septiembre. Queda por decidir el día y la hora exacta de su comparecencia ante los eurodiputados, pero no sería de extrañar que coincidiera con la Diada catalana del día 11, en la que las fuerzas independentistas quieren recuperar el pulso de la calle con una gran manifestación por las calles de Barcelona.
Puigdemont, por su parte, está intentando que le cursen una invitación para dar una rueda de prensa dentro del Parlamento Europeo después de Borrell o, en su caso, comparecer ante una comisión de la Eurocámara en la que se debatiera la situación política en Cataluña un año después del referéndum del 1-O, según adelantó ‘Okdiario’.
La idea inicial del expresidente catalán es hablar dentro de la institución europea bajo el amparo del ALDE, el grupo liberal al que todavía pertenece el PDeCAT y sus socios flamencos del Nieuw Vlaamse Alliantie, aunque la dirección del citado grupo está debatiendo internamente la exclusión de los eurodiputados neoconvergentes y tal posibilidad se ha difuminado en los últimos días.
Si Puigdemont recibe el portazo del ALDE, su ‘plan B’ sería reconducir su petición a través del partido flamenco más ultraderechista y euroescéptico, el Vlaams Belang, que forma parte del grupo Movimiento Europa de las Naciones y de las Libertades, una alianza que defiende el conservadurismo nacionalista y el populismo de derecha en el que está el Frente Nacional francés o la Liga Norte italiana.
«Siempre he recibido a cualquiera que quiera reunirse conmigo, pero Cataluña no es un país»
En todo caso, Puigdemont no lo tendrá tan fácil como Borrell para entrar en las instalaciones de la Eurocámara. Precisamente, hace un año el presidente del PE, el italiano Antonio Tajani, rechazó invitarle con el argumento de que no quería reconocer a Cataluña como “un país y socio que está al mismo nivel que España”.
“No planeo tomar ninguna iniciativa para invitar a ninguna persona aquí, porque no es la competencia del Parlamento Europeo llevar a cabo ninguna mediación. No pretendemos ir más allá de eso”, dijo Tajani a la prensa sobre la posibilidad de invitar a Puigdemont a la Eurocámara para hablar sobre la situación en Cataluña.
«Siempre he recibido a cualquiera que quiera reunirse conmigo (…), pero Cataluña no es un país, quiero que eso quede claro, Cataluña es una comunidad autónoma que es parte de España», añadió el político italiano que forma parte de la familia del Partido Popular Europeo (PPE). Además, el presidente de la Eurocámara recordó que el Gobierno de España «incluye una representación de Cataluña» y reiteró su llamada a establecer «conversaciones pacíficas» dentro del marco constitucional español.
Con la posterior emisión de una orden europea de detención y entrega contra Puigdemont, se cerraron aún más las puertas de la Eurocámara para el expresidente catalán, pero ahora la situación ha cambiado al retirarse dicha orden por parte del juez Pablo Llarena tras el fiasco de la Justicia alemana.
INFORME JURÍDICO SOBRE PUIGDEMONT
Hasta que el juez del Supremo decidió suspender tanto la orden europea como la orden internacional, Puigdemont no podía entrar en el Parlamento Europeo al no ser territorio belga. La justicia de Bélgica le había prohibido abandonar el país y quedar fuera del alcance de su policía mientras decidía sobre su entrega a España. Eso le impedía acceder a la sede de la Eurocámara.
Tajani encargó en diciembre a los servicios jurídicos de la Cámara que estudiase si se le podría volver a mantener lejos de las puertas de la sede comunitaria sin euroorden, según detalló ‘El Independiente‘, y desde la presidencia del PE se mantiene que existe fundamento para renovar esa línea roja por tratarse de una persona declarada en busca y captura por un Estado miembro, en este caso España, independientemente de que pueda desplazarse con libertad por el resto del mundo.
Toda esta pugna otoñal entre el Gobierno central y la oficina de Puigdemont tendrá un epílogo en diciembre cuando el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, intervenga ante el pleno del Parlamento Europeo para exponer su visión sobre el proyecto europeo y rendir homenaje al 40 aniversario de la aprobación de la Constitución española.
El diputado de Ciudadanos Toni Cantó, una de las caras más conocidas de la formación naranja, tiene previsto lanzar en los próximos días su candidatura a la presidencia de la Generalitat valenciana ante la posibilidad de que Ximo Puig decida convocar elecciones autonómicas por anticipado.
Cantó deberá someterse a unas primarias internas dentro de Ciudadanos, tal y como fijan los estatutos internos del partido, pero con el partido pacificado dentro de la Comunidad Valenciana y sin conflictos internos tras la defenestración del anterior portavoz en las Cortes, Alexis Marí, lo lógico es pensar que Cantó no tendrá problemas para resultar elegido.
La previsión es que Ciudadanos no celebre sus primarias autonómicas hasta el mes de enero, aunque los plazos se tendrían que acelerarían si Puig sorprende en las próximas semanas con el adelanto electoral. En todo caso, Cantó quiere comenzar a construir su candidatura tanto en el ámbito interno como de cara al electorado y quiere ponerse manos a la obra desde septiembre, con el fin de tener casi nueve meses para montar su equipo de campaña y preparar su estrategia electoral.
LOS SONDEOS NO AYUDAN A CANTÓ
El riesgo para Cantó es quedar en la oposición valenciana si se cumplen los sondeos actuales, que vaticinan una reedición del gobierno de formaciones de izquierda formado por el PSOE, Compromís y Podemos tras los comicios de mayo de 2019 –o antes si Puig los adelanta-.
La posibilidad de perder visibilidad política en los escaños de la oposición valenciana no asusta al que, a día de hoy, es una de las caras más conocidas de Ciudadanos a nivel nacional. Entre los objetivos del previsible candidato naranja al sillón que ocupa Puig está, en primer lugar, crecer lo suficiente para que el tripartito de izquierdas no pueda gobernar otros cuatro años.
«Si Ximo Puig se está planteando adelantarlas es porque sabe que el Gobierno de Pedro Sánchez es un fracaso”
De ser así, C’s trataría de convertirse en el partido bisagra del PP o el PSOE para gobernar en coalición. Asimismo, en las filas naranjas se frotarían las manos con un eventual sorpasso a los populares, un hecho de enorme relevancia a nivel nacional ya que en la actualidad sólo han conseguido superar al PP en Cataluña. No hay que olvidar que hasta hace unos pocos años, la Comunidad valenciana era un granero de votos para el PP.
El también actor fue cabeza de lista por Valencia al Congreso de los Diputados en las últimas elecciones generales y ahora no da muestras de querer seguir en Madrid. En Valencia, donde nació, tiene a su familia y ello pesa en la decisión de Cantó de volcarse en la política valenciana.
Toni Cantó en el último campus joven de C’s. Foto: Flickr
El propio Cantó aseguró en agosto que si se adelantaran las elecciones autonómicas en la Comunitat, su partido estaría preparado y que si el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, “se está planteando adelantarlas, es porque sabe que el Gobierno de Pedro Sánchez es un fracaso”. No obstante, opinó que la decisión depende en realidad de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, la figura más mediática de Compromís.
Preguntado por la posibilidad de que el líder del Consell decidiera anticipar los comicios, el diputado de C’s insistió en que no les da miedo dicha posibilidad ya que “han hecho un buen trabajo de implantación” y en la oposición. “Si eso sucede, llegamos con rapidez”, remarcó.
Cantó criticó que desde el PSOE, “en Madrid, se nieguen en absoluto a unas elecciones y, en cambio aquí, Puig lo tenga en cuenta debido a la división interna que existe en el tripartito y al oportunismo partidista del PSPV, que está mirando de reojo a las encuestas para ver si le conviene o no adelantar las elecciones”.
La decisión de Puig estaría motivada, a su juicio, «por un Gobierno (central) no débil, (sino) lo siguiente”. “Estamos viendo las consecuencias de esa debilidad en cómo está cediendo es asuntos fundamentales para el país, como estamos viendo en estos momentos, por quienes son sus socios y quienes son sus apoyos”, hizo hincapié.
La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, apuntó ayer que ve posibilidades de arrancar al Gobierno un compromiso para eliminar el copago farmacéutico y emplazó al Ejecutivo socialista a “dar pasos valientes en consonancia con lo que piden millones de personas en la calle”. El coste de tal medida para la Administración está cifrado en 600 millones de euros a repartir entre 2019 y 2020, según la formación morada.
“Hay que eliminar el copago farmacéutico a las y los pensionistas de nuestro país. No entenderíamos que el Gobierno no aceptara una propuesta que es de absoluto consenso y de sentido común”, señaló Belarra en una entrevista en Antena3.
La cara visible de Podemos en el Congreso, mientras dure la ausencia de Pablo Iglesias e Irene Montero, abordó la reunión del pasado lunes entre el Ejecutivo y Podemos para hablar de temas sanitarios y subrayó que el fin del copago genera un “consenso total” en la sociedad española.
Belarra negó que haya “escollos” en las reuniones con el Gobierno e hizo hincapié en que se trata de un proceso “normal de negociación” entre dos fuerzas políticas que se necesitan mutuamente para asegurar la gobernabilidad progresista. Es más, adelantó que el PSOE también ha puesto sobre la mesa la eliminación del copago a determinados tipos de renta, en especial los pensionistas.
LA MINISTRA SE ADELANTÓ CON EL COPAGO
La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ya adelantó en junio que el Gobierno de Pedro Sánchez va a eliminar el copago de medicamentos a pensionistas y devolverá «todos y cada uno» de los derechos sanitarios «arrebatados» con la aprobación del Real Decreto 16/2012 por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Montón no quiso detallar entonces cuándo se va a eliminar el copago de medicamentos en función de la renta de cada ciudadano, si bien recordó que el Gobierno ya acordó la elaboración de una hoja de ruta para recuperar la universalidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
«El compromiso es volver a recuperar todos y cada uno de los derechos arrebatados y el copago es uno de ellos. Nuestra primera prioridad era devolver la asistencia sanitaria universal y después hay que ir paso a paso recuperando cada uno de los derechos arrebatados”, insistió la ministra, quien aseguró que espera contar con el mayor consenso posible, para lo cual se comprometió a hablar con todos los actores sociales.
«Que sean la banca y las empresas del Ibex 35 las que arrimen el hombro, se aprieten el cinturón y paguen más»
Respecto a la subida de impuestos que plantea Podemos, Belarra comentó que actualmente la tasa impositiva de España es ocho puntos por debajo de la media de la UE y abogó por igualarse con el resto de países europeos.
No obstante, comentó que son los trabajadores los que pagan impuestos, situación que, a su juicio, se tiene que revertir y que sean «la banca y las empresas del Ibex 35 las que arrimen el hombro, se aprieten el cinturón y paguen más» pues algunas “están tributando al 7%”.
Para ello, Belarra insistió en la necesidad de publicar la lista de defraudadores fiscales y destacó que hoy jueves habrá una cita “importante” entre PSOE y Podemos para identificar “reformas encaminadas a eliminar los privilegios fiscales de unos pocos privilegiados”.
El hecho de que María Dolores de Cospedal esté analizando la opción de ser la cabeza de cartel del PP para las próximas elecciones europeas, que se celebrarán en mayo de 2019, coloca al nuevo presidente del PP, Pablo Casado, en la tesitura de buscar acomodo al líder de los populares en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons.
Si hay algún dirigente valenciano con posibilidades de cosechar votos en las autonómicas y municipales del año que viene, ese es González Pons. Pero las reticencias de este último a regresar a la política valenciana dificultan la operación. Así las cosas, la exsecretaria general del PP tendrá la última palabra ya que para Casado fue una fiel aliada entre las primarias de afiliados y la celebración del congreso nacional del PP para vencer a Soraya Sáenz de Santamaría.
Cospedal tiene aún pendiente desvelar el desenlace de la reflexión personal sobre su futuro político en la que lleva inmersa varias semanas, pero personas próximas a ella ya deslizan que está mirando con interés el desafío de Bruselas. El escaparate del Parlamento Europeo puede servir de revulsivo a Cospedal a pesar de que mucha gente ve a la institución europea como un cementerio de elefantes. Si se trabaja a fondo puede ser un excelente altavoz para seguir presente en la política española.
«tenemos que ver cuáles son sus aspiraciones y sus planes de futuro para poder ver dónde puede ser más útil»
Buen ejemplo de ello es el caso de González Pons, quien tomó las riendas de la delegación española del PP tras la elección de Miguel Arias Cañete como comisario europeo y ha sido un ariete del independentismo catalán desde su escaño en la Eurocámara. Otros ejemplos de pasos exitosos por el Parlamento Europeo han sido los de José Manuel García Margallo e Íñigo Méndez de Vigo, quienes tuvieron una larga trayectoria política en Bruselas antes de desempeñar el cargo de ministros.
Los ofrecimientos del entonces presidente del Gobierno cayeron en saco roto ante las reticencias del primero a regresar a su región natal cuando los vientos de la corrupción aún no habían amainado. Ahora el contexto es distinto y esta posibilidad puede estar muy relacionada con las planes que Casado tenga para la candidatura a las europeas o los favores que le queden por pagar con la exsecretaria general del PP, por ejemplo.
COSPEDAL, «UNA EXCELENTE MINISTRA»
En el caso particular de Cospedal, su sucesor en el PP de Casado, Teodoro García Egea, comentó recientemente que “ha sido una excelente ministra y una muy buena secretaria general”, por lo que tendrá el puesto que desee y se adapte a su nueva etapa. “Ahora tenemos que ver cuáles son sus aspiraciones y sus planes de futuro para poder ver dónde puede ser más útil al Partido Popular y dónde se siente ella más útil. Tendremos que verlo a la vuelta de vacaciones”, apuntó en agosto.
El nuevo secretario general destacó que hay “un resurgir de todo el Partido Popular” tras el relevo interno y en el que nadie sobra. “La gente por la calle nos pide que no dejemos que esta gente del PSOE y de Podemos campen a sus anchas por el Parlamento para desgracia de los españoles y ahora tenemos que contar con todos”, subrayó García Egea.
