La salida de prisión de cinco acusados del juicio del procés para que puedan presentar su credencial como diputados y senadores en las Cámaras supone una situación en la que los senderos de la Justicia y los de las urnas se han cruzado, pero ya hubo en el pasado situaciones en las que los elegidos por los votantes tenían alguna cuenta pendiente con los tribunales.
Una de ellas estuvo protagonizada precisamente por alguien que ha vuelto a ser protagonista de los titulares de prensa hace pocos días. El pasado 16 de mayo fue detenido el histórico dirigente de la banda terrorista ETA, Josu Ternera, que llevaba fugado 17 años.
La historia de la fuga de José Antonio Urruticoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera, está ligada a su etapa como diputado vasco. Este se encontraba en prisión en 1996 tras haber sido entregado a España por Francia después de haber cumplido condena en aquel país. Mientras estuvo en prisión preventiva fue elegido diputado en el parlamento vasco por la formación Euskal Herritarrok (EH) en 1998, y como concejal de Ugao-Miravalles en 1999.
En el año 2000, el Tribunal Supremo le puso en libertad porque consideró que los hechos por los que se le iba a juzgar en España eran los mismos por los que ya había sido juzgado en Francia, tras lo que se pudo incorporar al Parlamento vasco.
Sin embargo, la sombra del atentado contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, en el que murieron once personas, cinco de ellas menores, todavía le perseguía. El Tribunal Supremo le citó como inductor de estos hechos, como máximo responsable de la banda terrorista, en noviembre de 2002, ya que el caso pasó a sus manos debido a la condición de parlamentario de Josu Ternera. Sin embargo, este no se presentó y era buscado desde entonces por la Interpol.
Ya en 1986 había sucedido algo similar con el etarra Juan Carlos Yoldi, que fue elegido parlamentario vasco por Herri Batasuna mientras se encontraba en prisión preventiva. Yoldi fue autorizado por la Justicia para asistir a la sesión de investidura, pero ingresó inmediatamente después en prisión.
EL PRESO RUIZ MATEOS
En junio de 1989, en unas elecciones al Parlamento europeo, también se vivió una situación parecida. El empresario José María Ruiz Mateos se encontraba huido de la Justicia, que había emitido una orden de busca y captura. Ruiz Mateos había agredido al exministro de Economía, el socialista Miguel Boyer, al que consideraba el máximo culpable de la expropiación de su emporio empresarial, Rumasa.
La agresión se produjo en una escena en la que José María Ruiz-Mateos exclamó “¡Que te pego, leche!” que se hizo famosa. El empresario, entonces en plena actividad en lo que se refiere a llamativas apariciones públicas, se presentó a las elecciones al Parlamento europeo de aquel año y, para sorpresa de todos, consiguió dos escaños, en una convocatoria con muy poca participación.
Ruiz Mateos se benefició entonces de la inmunidad que le ofrecía la Eurocámara, por lo que el Tribunal Supremo tuvo que hacerse cargo del caso, pedir el suplicatorio al Parlamento europeo y solicitar la extradición. Además del incidente con Boyer, el empresario jerezano estaba procesado por diferentes delitos alrededor de la gestión de Rumasa.
Ruiz Mateos había renunciado a su defensa para ganar el tiempo suficiente como para poder presentarse a las europeas y, con su elección, conseguir una inmunidad parlamentaria que lograría extender en el tiempo más aún el procedimiento. Ocho meses después de su elección como eurodiputado, el Parlamento europeo aprobó el suplicatorio para que Ruiz Mateos pudiera ser juzgado en España.
En el caso actual, el Tribunal Supremo ha decidido autorizar la salida de la prisión para que asistan al Congreso para cumplimentar personalmente los trámites de presentación de la credencial de diputados, así como su declaración de actividades. Lo harán Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Turull. De la misma manera, Raül Romeva podrá salir de su prisión para cumplimentar los mismos trámites, pero en el Senado.
Los acusados en el juicio del procés sólo están autorizados a los “actos indispensables para la adquisición de la condición de miembros del órgano legislativo”
Los presos no podrán realizar reuniones de trabajo ni atender a la prensa en las sedes del Congreso y el Senado, ya que la autorización se refiere a “hacer posible la práctica de los actos indispensables para la adquisición de la condición de miembros del órgano legislativo”, según se explica en la resolución del Tribunal Supremo.
Además del caso de los políticos catalanes que podrán abandonar la cárcel para ir al Congreso de los Diputados a realizar sus gestiones como diputados, el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, podría verse en una situación similar si sale elegido como europarlamentario. El abogado que asesoró a Ruiz Mateos cuando consiguió el escaño en las elecciones europeas, Marcos García Montes, cree que las situaciones, efectivamente, son comparables.
En cualquier caso, lo que sí es completamente nuevo es que los diputados lleguen al Congreso desde una cárcel. Los que están siendo enjuiciados ahora en el Tribunal Supremo serán custodiados por la Policía Nacional en el Congreso.
