La Xunta licita la ronda este de Ourense por 13 millones para conectar la N-525 con la A-52

Anxo Seoane
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La Xunta licita la ronda este de Ourense por 13 millones para conectar la N-525 con la A-52

La Xunta de Galicia ha desbloqueado este lunes la licitación del último tramo de la Ronda Este de Ourense, una obra estratégica que conectará la carretera N-525 con la autovía A-52 y que cuenta con un presupuesto de 12,7 millones de euros.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Xunta ha autorizado la licitación del último tramo de la Ronda Este de Ourense por un importe de 12,7 millones de euros.
  • ¿Quién está detrás? El presidente Alfonso Rueda anunció el desbloqueo de este proyecto histórico, que el gobierno autonómico del PPdeG espera adjudicar antes de fin de año.
  • ¿Qué impacto tiene? Las obras, que empezarán en 2027, reducirán el tiempo de trayecto entre la OU-105 y la A-52 de siete minutos a poco más de uno, descongestionando el centro urbano y mejorando la conexión con el área industrial de San Cibrao das Viñas.

Así es el nuevo tramo de la Ronda Este de Ourense

El proyecto, autorizado por el Consello da Xunta, supondrá la construcción de un nuevo vial de 1,5 kilómetros que discurre entre los municipios de Ourense y San Cibrao das Viñas. El trazado arranca en la rotonda de Benposta —confluencia de la OU-105 con la OU-510— y avanza en sentido suroeste hasta entroncar con la N-525, a la altura de la conocida como rotonda de Expourense.

La obra incluye estructuras singulares que salvan las complicaciones del terreno: tras un primer tramo en terraplén de 400 metros, se ejecutará un paso inferior para cruzar la línea ferroviaria actual, un viaducto de 80 metros sobre el río Barbaña y un paso superior para dar servicio a la depuradora de San Cibrao. La calzada dispondrá de un carril por sentido de 3,5 metros y arcenes de 1,5 metros, con un carril adicional en los segmentos de mayor pendiente.

Impacto en la movilidad y calendario de ejecución

La nueva infraestructura reduce un desplazamiento que hoy exige recorrer 4,6 kilómetros en aproximadamente siete minutos a apenas 1,7 kilómetros y algo más de un minuto. El objetivo es doble: descongestionar arterias urbanas como la avenida de Marcelo Macías o la avenida de Zamora y mejorar la conexión con el sur de la provincia y el polígono industrial de San Cibrao, por donde circulan a diario decenas de miles de vehículos.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, detalló que el contrato se licitará a lo largo de este mes de julio y confía en adjudicarlo antes de que termine 2026. Las obras cuentan con un plazo de ejecución de 30 meses, por lo que los primeros movimientos de tierra están previstos para el primer trimestre de 2027. “Va básicamente por el ayuntamiento de Ourense, también tocará San Cibrao das Viñas, beneficiando a muchas decenas de miles de vecinos”, señaló Rueda.

Culminar la Ronda Este, tras más de 30 años de espera, es una señal de que la planificación autonómica bien dotada puede cerrar brechas históricas en la movilidad de las ciudades gallegas.

El Laboratorio Gallego

Galicia ha convertido la gestión de infraestructuras viarias en una de las marcas del PPdeG desde que el partido recuperó la Xunta en 2009. La Ronda Este de Ourense es, en muchos sentidos, un ejemplo de cómo las mayorías absolutas permiten mantener proyectos de largo aliento sin sobresaltos electorales. Los tramos anteriores se inauguraron en 2003, 2006 y 2012, y ahora el gobierno de Rueda cierra el círculo. El respaldo político ha sido transversal: tanto BNG como PSdeG han reclamado históricamente mejoras en la movilidad metropolitana de Ourense, aunque la ejecución final corresponde al ejecutivo autonómico.

La lectura nacional no es forzada: el expresidente Alberto Núñez Feijóo defendió en múltiples ocasiones que la planificación de carreteras gallegas demostraba que es posible conjugar equilibrio presupuestario con inversión en cohesión territorial. Aunque la situación fiscal de la Xunta es más holgada que la del Estado, el modelo gallego de priorización de proyectos que alivian colapsos crónicos —como el acceso a polígonos industriales— sigue siendo una referencia que desde el PP nacional se observa con interés. La clave, como ocurre en tantas políticas ensayadas en Santiago de Compostela, está en la paciencia: el último tramo se licita ahora, pero el diseño lleva maduro años sobre la mesa.

Más allá de las cifras, la obra pone de relieve la importancia de mantener un canal estable de financiación autonómica para infraestructuras que, aunque modestas en extensión, transforman la vida cotidiana. El Parlamento de Galicia ya ha empezado a debatir los presupuestos de 2027, en los que la Consellería de Infraestruturas pedirá una partida adicional para agilizar los trabajos. Mientras tanto, el Consello da Xunta seguirá autorizando licitaciones cada verano, con la vista puesta en que el próximo gran proyecto —quizás la conexión con la autovía A-75 en el sur de la provincia— no tarde otras tres décadas en ver la luz.

Ficha del Caso

  • El caso: La Xunta licita el último tramo de la Ronda Este de Ourense, una obra que completa el anillo de circunvalación sureste de la ciudad tras más de 30 años de espera.
  • Datos importantes: Presupuesto: 12,7 millones de euros. Longitud: 1,5 km. Plazo: 30 meses. Inicio previsto: primer trimestre de 2027. Conexiones: OU-105/OU-510 con N-525 y A-52.
  • Resumen: La inversión reducirá los tiempos de viaje y descongestionará el centro de Ourense, beneficiando también al área industrial de San Cibrao das Viñas.

Sanxenxo cocinará la tortilla de patatas más grande del mundo: 17.000 huevos y 2.000 kilos de patatas

Anxo Seoane
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Sanxenxo cocinará la tortilla de patatas más grande del mundo: 17.000 huevos y 2.000 kilos de patatas

La localidad pontevedresa de Sanxenxo se prepara para un desafío que, de conseguirse, quedará para siempre en la memoria gastronómica de Galicia. El próximo 5 de septiembre, coincidiendo con la celebración de la Feira da Cebola e Santa Rosalía, se intentará cocinar la tortilla de patatas más grande del mundo. Las cifras que maneja la organización ya anticipan la magnitud del reto: más de 17.000 huevos, 2.000 kilos de patatas, 300 litros de aceite y 30 kilos de sal darán forma a una tortilla de seis metros de diámetro y alrededor de 10.000 kilos de peso.

El Concello de Sanxenxo (el ayuntamiento pontevedrés) ha alcanzado un acuerdo con la empresa gallega El Huevo de la Abuela para trasladar este evento a la villa turística tras el éxito de dos ediciones previas. La elaboración arrancará a las 10.30 horas y contará con un equipo compuesto por unas 70 personas, entre cocineros y voluntarios. La organización aún debe cerrar las cifras definitivas, pero la logística ya está muy avanzada.

Uno de los momentos más esperados será el volteo de la gigantesca tortilla. Para ello se empleará una grúa de 75 toneladas, la única manera de dar la vuelta a una masa que pesa tanto como un camión cargado. La imagen, con el público congregado en torno a la sartén gigante, promete convertirse en una de las postales de la temporada estival gallega.

La tortilla, además, zanjará, al menos por un día, el eterno debate gastronómico. La superficie estará dividida en dos mitades: una se cocinará con cebolla y la otra sin ella, de modo que todos los asistentes puedan degustar su versión favorita. Todo lo recaudado con la venta de las raciones de tortilla, cuyo precio todavía está por determinar, se destinará a comedores sociales y entidades benéficas. La solidaridad y la gastronomía se dan la mano en una cita que aspira a entrar en el Libro Guinness de los Récords.

Una tortilla de 10.000 kilos no es solo un récord: es la demostración de que la gastronomía popular puede movilizar a un pueblo entero y llenar los platos de quienes más lo necesitan.

Sanxenxo, uno de los destinos turísticos más consolidados de las Rías Baixas, suma este evento a su oferta estival. La Feira da Cebola, que se celebra en honor a la patrona Santa Rosalía, es ya una cita tradicional en la comarca. Ahora, el intento de récord mundial le añade un altavoz nacional e incluso internacional. La organización promete, además, diversas actividades complementarias y sorpresas a lo largo de la jornada.

El evento se enmarca en una estrategia más amplia de promoción turística basada en la gastronomía. En los últimos años, Galicia ha sabido convertir platos como el pulpo á feira, la empanada o el marisco en imanes turísticos. Ahora, la tortilla de patatas, el plato más transversal de la cocina española, se incorpora a esa corriente. La apuesta por lo espectacular —récords, grandes dimensiones, grúas— conecta con la manera actual de consumir experiencias y compartirlas en redes.

El Laboratorio Gallego

A menudo se habla de Galicia como laboratorio político, pero también lo es en el terreno gastronómico y turístico. La comunidad gallega ha logrado en la última década que su gastronomía deje de ser una nota al pie para convertirse en el eje de una parte importante de su estrategia económica. Eventos como la Festa do Marisco de O Grove, la Feira do Cocido de Lalín o la propia Feira da Cebola de Sanxenxo demuestran cada año que la mesa gallega es un motor de atracción turística. El intento de récord Guinness con la tortilla gigante es la última vuelta de tuerca de esa apuesta: llevar lo local a lo global, mezclando tradición y espectáculo, beneficencia y notoriedad. El modelo, con sus virtudes y excesos, mira ya a otras comunidades que buscan en sus productos estrella el mismo tirón mediático. En un país que debate incansablemente sobre si la tortilla lleva o no cebolla, Sanxenxo ofrece una respuesta salomónica y un récord mundial en el mismo plato.

Ficha del Caso

  • El caso: Sanxenxo acoge el 5 de septiembre de 2026 un intento de récord mundial de la tortilla de patatas más grande del mundo, con una previsión de 10.000 kilos y 6 metros de diámetro, dentro de la Feira da Cebola e Santa Rosalía.
  • Datos importantes: Más de 17.000 huevos, 2.000 kg de patatas, 300 litros de aceite, 30 kg de sal, 70 cocineros, una grúa de 75 toneladas para voltearla, y una tortilla mitad con y sin cebolla. Recaudación benéfica para comedores sociales.
  • Resumen: El evento combina récord Guinness, tradición gastronómica y solidaridad, reforzando la imagen de Galicia como destino turístico que sabe rentabilizar su cocina.

Ourense sufre una crisis cultural: sin programación de verano y la hostelería al borde del cierre

Anxo Seoane
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Ourense sufre una crisis cultural: sin programación de verano y la hostelería al borde del cierre

Ourense encara los meses de julio y agosto sin programación cultural pública, con los principales escenarios cerrados y una oferta privada reducida a la mínima expresión. La inacción del Concello de Ourense y el repliegue de los promotores independientes dejan a la capital de provincia sin músculo para atraer visitantes, mientras la hostelería reduce horarios o cierra.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Concello de Ourense no ha organizado conciertos ni teatro para el verano, y la iniciativa privada apenas cubre el vacío.
  • ¿Quién está detrás? El gobierno municipal y la falta de inversión privada en grandes eventos.
  • ¿Qué impacto tiene? La hostelería que no dispone de terraza se ve obligada a cerrar o reducir personal, y la ciudad pierde atractivo turístico.

Un verano sin música ni escenarios abiertos

El Auditorio Municipal tiene actividad anunciada hasta finales de septiembre, pero el Teatro Principal no ofrece espectáculos durante julio y agosto. A esa ausencia escénica se suma la falta de programación estival en el Cineclube Padre Feijóo y una oferta cinematográfica limitada a las salas comerciales del Ponte Vella. La ciudad afronta así los meses más calurosos con sus principales espacios apagados y sin alternativas culturales de peso.

El Concello no ha impulsado ningún concierto, ciclo o propuesta cultural propia para este verano. Su agenda se limita a recopilar actividades promovidas por terceros y a las fiestas de A Ponte y Velle, con orquestas y actuaciones populares. Estas celebraciones alegran unos días, pero no constituyen una programación estable para toda la ciudad. La última cita musical de cierta envergadura municipal fueron las Fiestas de Ourense, en junio, con menor asistencia de la esperada.

La iniciativa privada tampoco alcanza a llenar el hueco. El Torgal permanecerá cerrado hasta septiembre y en el Café Auriense hay eventos anunciados hasta finales de octubre. Ambos locales dinamizan la escena independiente, pero sus aforos impiden atraer grandes giras o asumir la oferta habitual de una capital de provincia.

Los festivales no corrigen el panorama. El Ouren Sound Fest se celebró antes del verano y fuera de la capital, en San Cibrao das Viñas mientras el Ou Yeah! no regresará a la ciudad hasta octubre. Por su parte, la Xunta de Galicia ha programado pequeños conciertos al amparo del Xacobeo, pero la capital ourensana se queda sin una oferta pública reconocible durante el estío.

Sin conciertos ni agenda cultural, Ourense se vacía y los negocios que no están en el casco viejo o carecen de terraza se vuelven insostenibles. Con menos público, los cierres se multiplican.

La hostelería, al borde del cierre

La ausencia de actividad cultural golpea a una hostelería que necesita el movimiento generado por conciertos y festivales. Sin citas que lleven gente a la calle, la ciudad pierde tránsito y numerosos negocios optan por reducir horarios o bajar la persiana en julio y agosto. El problema es especialmente duro para los establecimientos sin espacio exterior.

“La pauta desde hace varios años es que, a partir de junio, los negocios de hostelería que no están en el casco viejo o no tienen terraza son insostenibles en verano”, explica Isaac Pedrouzo, responsable del Torgal. A su juicio, desde la pandemia se ha consolidado esta dinámica de consumo que deja en una posición muy débil a numerosos locales.

Se crea así un círculo vicioso. Sin conciertos ni iniciativas culturales, Ourense se vacía y cae la clientela. Con menos público, los negocios suspenden actividades, reducen personal o cierran hasta septiembre. El parón no solo afecta a las salas que programan música, sino también a restaurantes y bares que podrían beneficiarse del público atraído por una agenda cultural estable. Mientras otras ciudades emplean el verano para generar actividad y consumo, Ourense deja escapar ese impacto económico y empuja a parte de su hostelería al cierre.

El Laboratorio Gallego

La situación de Ourense contrasta con la de otras ciudades gallegas que han hecho de la cultura un motor de atracción turística y dinamización económica durante el verano. A Coruña, Vigo o Santiago de Compostela despliegan programaciones estables con conciertos, teatro y festivales, a menudo cofinanciados por sus ayuntamientos y, en ocasiones, por la Xunta. La capital ourensana, en cambio, carece de una estrategia cultural de temporada, lo que la convierte en un caso de estudio sobre los riesgos de abandonar la política cultural local.

El vacío ourensano también pone el foco sobre el papel de la Xunta de Galicia. El programa Xacobeo, aunque aporta pequeños conciertos, no está diseñado para suplir la inacción de un ayuntamiento. La falta de coordinación entre administraciones agrava el desequilibrio territorial y deja a la tercera capital de provincia en una posición de desventaja frente al resto de Galicia. Este escenario podría replicarse en otros municipios del interior si no se refuerzan las políticas culturales autonómicas.

A nivel nacional, el caso ourensano sirve de aviso: en un país donde el turismo cultural y de interior gana peso, la desinversión en programación pública puede restar competitividad a ciudades medias. La hostelería, principal beneficiaria de esa actividad, es la primera en notar el golpe, y los cierres estivales que se repiten año tras año pueden convertirse en definitivos. La proyección del problema obliga a mirar hacia el próximo Consello de Goberno y a las futuras convocatorias de ayudas al sector cultural.

Ficha del Caso

  • El caso: Ourense vive un verano sin programación cultural pública y con una ínfima oferta privada, lo que reduce el tránsito urbano y perjudica gravemente a la hostelería, especialmente a los locales sin terraza.
  • Datos importantes: El Concello no organiza conciertos ni teatro en julio y agosto. El Torgal cierra hasta septiembre. Festivales como Ouren Sound Fest y Ou Yeah! se trasladan fuera de la ciudad o se posponen a octubre. La Xunta solo ofrece pequeños conciertos del Xacobeo. La hostelería que no está en el casco viejo o carece de terraza se vuelve insostenible.
  • Resumen: La falta de inversión cultural pública y privada en Ourense agrava la crisis del sector hostelero y pone en riesgo la capacidad de la ciudad para competir con otras capitales gallegas y atraer visitantes. La situación reclama una estrategia cultural más ambiciosa tanto desde el ámbito local como autonómico.

El Gobierno recurre la ley de concordia de Extremadura ante el Constitucional por vulnerar derechos de las víctimas

Marta Iglesias
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El Gobierno recurre la ley de concordia de Extremadura ante el Constitucional por vulnerar derechos de las víctimas

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Gobierno central ha recurrido este martes ante el Tribunal Constitucional la ley de concordia de Extremadura, aprobada por PP y Vox.
  • ¿Quién está detrás? El Ejecutivo de Pedro Sánchez, que alega vulneración de derechos fundamentales y diferencias competenciales. La ley fue impulsada por la presidenta extremeña, María Guardiola (PP), con el apoyo de Vox.
  • ¿Qué impacto tiene? La suspensión cautelar que solicita el Gobierno paralizaría la norma mientras el Constitucional decide, dejando en cuestión las medidas de memoria histórica en Extremadura.

El Gobierno de España ha interpuesto este martes el esperado recurso contra la ley de concordia de Extremadura ante el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo central considera que la norma, aprobada por el PP y Vox en octubre de 2025, vulnera derechos fundamentales de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista y rebasa las competencias autonómicas. La decisión se suma a una ofensiva legal que ya ha tumbado cautelarmente leyes similares en Aragón y Baleares.

Según fuentes del Ejecutivo consultadas por Moncloa.com, el recurso —que llega tras el fracaso de las negociaciones en la Comisión Bilateral— pide la suspensión cautelar inmediata de la ley mientras el Constitucional resuelve. El Gobierno sostiene que la norma autonómica “reduce la protección de los derechos reconocidos por la Ley de Memoria Democrática estatal y las normas internacionales” y que, al derogar la ley de memoria extremeña anterior, hace desaparecer “los órganos y mecanismos para aplicar muchas de las actuaciones en favor de las víctimas”.

Qué dice la ley extremeña y por qué la recurre el Gobierno

La norma impulsada por la presidenta María Guardiola y los diputados de Vox evita condenar el franquismo y lo equipara con la Segunda República. De hecho, adelanta el marco temporal de aplicación a 1931, borrando la referencia al golpe de Estado de 1936. En el texto no se mencionan ni la sublevación franquista ni la dictadura, y se atribuye el conflicto a un “clima de inestabilidad” durante la República que acabó en una guerra que “llevó hasta el paroxismo las dinámicas de enfrentamiento”.

Para el Ejecutivo central, esta redacción vulnera “la dignidad y los derechos de las víctimas”, especialmente el derecho a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición reconocidos por el Derecho Internacional. “Existen motivos suficientes de inconstitucionalidad”, apuntan las mismas fuentes, que subrayan además “diferencias competenciales” con la comunidad autónoma. El Gobierno recuerda que la Ley de Memoria Democrática de 2022 obliga a todas las administraciones a garantizar el deber de memoria.

La ley de concordia extremeña fue el último pago del PP de Guardiola a la extrema derecha para sacar adelante una rebaja fiscal. Guardiola, que durante meses había frenado la exigencia de Vox alegando que pretendía “negar, olvidar y reinterpretar la historia”, cambió de postura cuando los votos de los de Santiago Abascal se volvieron imprescindibles. La norma se aprobó el 9 de octubre de 2025, menos de un mes antes de que la presidenta adelantara las elecciones autonómicas.

Extremadura se ha convertido en el cuarto territorio donde el Gobierno recurre una ley autonómica de concordia, una ofensiva legal que no da señales de agotarse.

Una cascada de recursos autonómicos que empezó en Aragón

El recurso de Extremadura es el cuarto que presenta el Ejecutivo de Pedro Sánchez contra leyes autonómicas de concordia. La ofensiva comenzó en Aragón, cuyo recurso ya está admitido a trámite, y continuó en Cantabria y Baleares. En el caso balear, el Constitucional admitió la impugnación hace apenas unos días y paralizó cautelarmente la norma. Las derechas autonómicas habían convertido la derogación de las leyes de memoria en una de las condiciones de sus pactos de gobierno tras las elecciones de 2023, con Vox como principal impulsor.

En todas estas comunidades, la estrategia ha sido idéntica: eliminar o sustituir las leyes de memoria por una “ley de concordia” que, según sus defensores, busca la “reconciliación” pero que reproduce, según el Gobierno, el argumentario revisionista de la extrema derecha. Extremadura, la región con menor ritmo de exhumaciones de fosas de toda España, se convierte ahora en el nuevo campo de batalla judicial para una cuestión que no cesa.

El Pulso Territorial

La comunidad extremeña está gobernada por el PP de María Guardiola, que alcanzó la presidencia en 2023 con el apoyo de Vox a cambio de compromisos como la derogación de la ley de memoria. La decisión de recurrir la norma llega en un escenario político incierto: Guardiola adelantó los comicios poco después de aprobar la ley, lo que podría reconfigurar el mapa parlamentario. Con una población de poco más de un millón de habitantes y una tasa de paro del 18,7 % —muy por encima de la media nacional—, Extremadura lleva años reclamando más peso en el debate territorial. La memoria histórica, sin embargo, se ha colado en su agenda como un frente más de la pugna entre el Gobierno central y las autonomías gobernadas por el centro-derecha.

En comparación con otras comunidades cubiertas por Moncloa.com, el caso extremeño se asemeja al de Aragón y Baleares: en las tres, el PP necesitó a Vox para gobernar y cedió en la memoria histórica como moneda de cambio. Mientras, en Cantabria, el PP gobernaba en solitario y derogó la ley por iniciativa propia. Ahora, la suspensión cautelar que solicita el Gobierno puede dejar sin efecto inmediato la ley extremeña, lo que obligaría a la administración regional a mantener las políticas de memoria anteriores o a afrontar un vacío legal. El Constitucional tiene la palabra.

Ficha Autonómica

  • El caso: El Gobierno central recurrió ante el Constitucional la ley de concordia extremeña, aprobada por el PP y Vox en octubre de 2025, por considerarla inconstitucional y lesiva para las víctimas.
  • Datos importantes: La ley adelanta el marco temporal a 1931, no condena el franquismo y elimina los mecanismos de memoria. El recurso pide la suspensión cautelar. Extremadura tiene una tasa de paro del 18,7% y una población de 1,06 millones.
  • Resumen: Mientras el Constitucional decide, la norma podría quedar suspendida. La decisión se enmarca en una ofensiva del Gobierno contra leyes autonómicas similares en Aragón, Baleares y Cantabria. Las elecciones extremeñas, adelantadas tras la aprobación de la ley, añaden incertidumbre política.

Trabajadores de centros de transporte en Extremadura denuncian cinco meses de impagos de Copergy Ibérica y nóminas de un céntimo

Marta Iglesias
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Trabajadores de centros de transporte en Extremadura denuncian cinco meses de impagos de Copergy Ibérica y nóminas de un céntimo

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Los trabajadores de los diez centros de transporte de Extremadura acumulan cinco meses sin cobrar sus nóminas y han llegado a percibir ingresos de un solo céntimo.
  • ¿Quién está detrás? La empresa Copergy Ibérica, adjudicataria del servicio, y la Junta de Extremadura, responsable última del contrato, que no ha forzado la rescisión.
  • ¿Qué impacto tiene? La plantilla, con un 90% de personas con discapacidad, se encuentra en una situación económica límite. CCOO Extremadura anuncia nuevas protestas para el 23 de julio si no hay solución.

Los diez centros de transporte de Extremadura arrastran cinco meses de impagos a sus trabajadores. La situación saltó a la luz este lunes, cuando la plantilla se concentró frente a la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en Mérida para exigir el abono de sus salarios y la rescisión del contrato con Copergy Ibérica.

Copergy Ibérica se adjudicó la gestión de los centros de transporte el pasado año. Los problemas comenzaron en diciembre de 2025, cuando los retrasos se acumularon y las nóminas dejaron de llegar. En algunos casos, los trabajadores recibieron nóminas de un solo céntimo, una forma de simular ingresos sin abonar cantidad alguna. El 90% de la plantilla tiene alguna discapacidad y pertenece a un centro especial de empleo.

La concentración de este lunes fue la primera respuesta visible a la crisis. Los empleados, atrapados en un limbo laboral, no pueden cobrar el paro ni renunciar voluntariamente sin perder derechos. Félix García, secretario de Organización de CCOO del Hábitat de Extremadura, calificó la gestión de la empresa de “nefasta” y exigió a la Junta de Extremadura que actúe “de una vez”.

El sindicato recuerda que la empresa ha recibido subvenciones por tratarse de un centro especial de empleo y cuestiona a qué se ha destinado ese dinero, porque “no se ha empleado ni para adecuar puestos de trabajo ni para pagar salarios”. CCOO reclama que la Administración regional rescinda el contrato y garantice los derechos de los 56 trabajadores.

La Junta de Extremadura tiene la responsabilidad de garantizar el pago de estos salarios. No hacerlo aboca a la plantilla a una situación de precariedad extrema.

Si no hay una solución inmediata, la próxima movilización está convocada para el 23 de julio: una manifestación desde la plaza de toros de Mérida hasta la Asamblea de Extremadura. La presión sindical crece en paralelo a la incertidumbre de las familias afectadas.

El Pulso Territorial

El conflicto no se entiende sin el débil equilibrio político que sostiene al Gobierno de María Guardiola (PP), en coalición con Vox desde 2023. La oposición del PSOE ya ha denunciado la “ineficacia” del ejecutivo autonómico y advierte que podría costar el despido de los 56 trabajadores. Extremadura arrastra una alta tasa de paro (cercana al 20%) y cada empleo, especialmente en zonas rurales, tiene un valor estratégico.

La dependencia de contratos externos para servicios públicos es un patrón regional: ya en 2019 una empresa de limpieza de hospitales dejó de pagar durante meses, forzando la intervención de la Junta. Ahora, la tardanza en resolver el caso Copergy alimenta la percepción de desgobierno. Con el calendario electoral en el horizonte de 2027, cada conflicto laboral se convierte en arena política. La próxima cita en la Asamblea marcará el tono: si la Junta no mueve ficha, el 23 de julio podría ser el primer capítulo de una escalada de protestas.

Ficha Autonómica

  • El caso: Los trabajadores de los diez centros de transporte de Extremadura, adjudicados a Copergy Ibérica, llevan cinco meses sin cobrar. La empresa, que gestionaba el servicio como centro especial de empleo, ha llegado a emitir nóminas de un céntimo.
  • Datos importantes: 56 empleados, el 90% con discapacidad reconocida. Contrato adjudicado en 2025, impagos desde diciembre de ese año. El presupuesto autonómico de la Junta respalda el servicio, pero no se ha ejecutado el mecanismo de rescisión por incumplimiento.
  • Resumen: CCOO exige la rescisión del contrato y ha convocado una manifestación para el 23 de julio ante la Asamblea de Extremadura. La Junta aún no ha anunciado medidas concretas más allá de la búsqueda de otra empresa que asuma el servicio.

El PPdeG vota en contra de la dependencia que exigió durante años: Rueda lo defiende con la deuda de 2.500 millones

Anxo Seoane
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El PPdeG vota en contra de la dependencia que exigió durante años: Rueda lo defiende con la deuda de 2.500 millones

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha defendido este lunes el voto en contra del Partido Popular en el Congreso a la proposición que obliga al Gobierno central a financiar el 50 % del gasto en dependencia, una reclamación que el propio PP ha mantenido durante años y que ahora rechaza por falta de «concreción». La decisión ha desatado una tormenta política en Galicia, donde la oposición acusa al PPdeG de incoherencia.

«No hay ninguna incoherencia», ha asegurado Rueda en la rueda de prensa posterior al Consello de Goberno, el órgano colegiado de gobierno de la Xunta que se reúne cada semana en Santiago de Compostela. El presidente gallego ha condicionado cualquier apoyo futuro a que el Ejecutivo central concrete cómo piensa articular esa financiación y, sobre todo, a que salde lo que él cifra en 2.500 millones de euros de deuda acumulada con Galicia desde que la Ley de Dependencia entró en vigor.

Una votación que contradice años de exigencias del PP

La Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados votó la semana pasada una iniciativa para que el Estado asumiera la mitad del coste de la dependencia, una medida que el PP ha reclamado sistemáticamente desde hace más de una década tanto en Galicia como en el resto de comunidades autónomas. El voto en contra de los populares, sumado al de Vox, no impidió que la proposición siguiera su tramitación parlamentaria, pero sí dejó al descubierto un giro difícil de explicar para el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo en el ámbito nacional.

«Ojalá que el Gobierno aporte ese 50 %, porque eso es lo que llevamos pidiendo muchísimo tiempo», ha matizado Rueda, para añadir acto seguido que la exigencia va más allá: el Ejecutivo central debe pagar primero los 2.500 millones que, según la Xunta, adeuda a Galicia por no haber cumplido con su obligación legal de cofinanciar la dependencia durante años.

El presidente gallego ha cargado contra un Gobierno que, en sus palabras, «ni siquiera tiene presupuestos» y que, sin embargo, «ahora resulta que puede pagar todo lo que no fue capaz de pagar estos años». La referencia alude a la prórroga presupuestaria con la que el Ejecutivo central arrastra dificultades para aprobar nuevas cuentas públicas. Rueda insiste en que la Xunta ya aprobó un plan de choque para agilizar la dependencia que el propio Gobierno central mantiene paralizado con un recurso ante el Tribunal Constitucional.

La dependencia es, desde hace una década, el campo de batalla donde la Xunta y el Gobierno central ajustan cuentas que van mucho más allá de los servicios sociales.

La deuda de 2.500 millones, el nuevo argumento de la Xunta

La cifra de 2.500 millones de euros no es nueva en el discurso del Gobierno gallego. La Consellería de Política Social e Igualdade —el departamento autonómico equivalente a una consejería ministerial de servicios sociales— lleva años denunciando que el Estado incumple el principio de cofinanciación al 50 % que establece la propia Ley de Dependencia. Según fuentes de la Xunta consultadas por Moncloa.com, el cálculo se basa en los presupuestos ejecutados por la comunidad autónoma desde 2007, comparados con las transferencias reales recibidas del Imserso.

El argumento tiene recorrido político, pero no ha conseguido prosperar en los tribunales ni en las negociaciones bilaterales con el Ministerio de Derechos Sociales. Rueda ha recordado que desde ese departamento «ya se dijo muchas veces» que se aportaría la mitad del coste, pero «en cuanto empiezas a discutir con los ministerios afectados, te dan unas cuentas que no son ciertas». La desconfianza hacia los números del Gobierno central es un eje del discurso del PPdeG en esta materia.

Mientras tanto, el BNG (el Bloque Nacionalista Galego, principal fuerza de la oposición en el Parlamento de Galicia) ha calificado la postura del PP de «tomadura de pelo» a las familias gallegas que esperan por una prestación. Por su parte, el PSdeG (la federación gallega del PSOE) ha acusado a Rueda de anteponer los intereses partidistas de Feijóo a las necesidades de los dependientes. La votación en el Congreso se ha convertido, en apenas unos días, en munición para una oposición que ve en la dependencia una de las grietas del sólido edificio político del PPdeG.

El Laboratorio Gallego

Lo que ha ocurrido en el Congreso con el voto del PP y la posterior defensa de Alfonso Rueda desde Santiago de Compostela no es un episodio aislado: responde a una estrategia más amplia del PPdeG que Feijóo ha exportado a la política nacional. Galicia lleva años utilizando la financiación autonómica como palanca de presión frente al Gobierno central, con la dependencia como punta de lanza. La reclamación de los 2.500 millones no es solo una cifra: es un relato que permite al PPdeG presentarse como víctima de un maltrato financiero del Estado.

En clave nacional, la jugada es reconocible. Feijóo ha insistido en numerosas ocasiones en que el modelo de gestión gallego —estabilidad presupuestaria, bajadas fiscales selectivas y contención del gasto— es el espejo en el que debería mirarse el conjunto de España. Pero, como se ha visto con el voto sobre dependencia, ese espejo a veces empaña cuando las exigencias históricas chocan con los cálculos de la coyuntura parlamentaria en Madrid. La pregunta que flota en el ambiente es si el PP nacional puede permitirse apoyar medidas que incrementen el gasto del Estado cuando aspira a regresar a La Moncloa con un discurso de austeridad.

El próximo movimiento en este tablero tendrá lugar cuando la proposición complete su tramitación en el Congreso y, si prospera, aterrice en el Senado. Para entonces, la Xunta habrá tenido que decidir si mantiene el pulso o busca una salida negociada. Con un calendario electoral autonómico que apunta a 2028, el PPdeG dispone de margen para gestionar los tiempos, pero no para eludir un debate que afecta a más de 60.000 dependientes gallegos que esperan una prestación o una mejora de la que ya reciben.

Ficha del Caso

  • El caso: El PP votó en contra en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de una proposición para que el Gobierno central financie el 50 % del gasto en dependencia, una reclamación histórica que el propio partido ha defendido durante años tanto en Galicia como en el resto de España.
  • Datos importantes: Alfonso Rueda cifra en 2.500 millones de euros la deuda acumulada del Estado con Galicia en materia de dependencia. La Xunta aprobó un plan de choque para agilizar el sistema, actualmente recurrido por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.
  • Resumen: La votación expone una contradicción entre el discurso histórico del PP sobre dependencia y sus decisiones parlamentarias actuales. Galicia eleva el pulso con el argumento de la deuda acumulada, en una dinámica que Feijóo replica a escala nacional como parte de su estrategia de oposición al Gobierno central.

Trump recibe a Ali al-Zaidi en la Casa Blanca para renegociar la presencia militar y el petróleo iraquí

Jack Williams
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Trump recibe a Ali al-Zaidi en la Casa Blanca para renegociar la presencia militar y el petróleo iraquí

Una reunión con múltiples frentes: tropas, petróleo y desarme

Donald Trump ha recibido este martes en la Casa Blanca al nuevo primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, un empresario sin experiencia política que llegó al cargo con un guiño determinante de Washington. No era una visita de cortesía. Sobre la mesa del Despacho Oval había tres carpetas gruesas: la reducción del contingente militar estadounidense, los contratos de reconstrucción que beneficiarán a las empresas estadounidenses y el papel de Irak en la producción de petróleo para estabilizar los mercados globales.

La apuesta de Trump por al-Zaidi no fue improvisada. Cuando los partidos chiíes agrupados en el Marco de Coordinación —próximos a Teherán— intentaron imponer al ex primer ministro Nouri al-Maliki, el presidente estadounidense amenazó con cortar toda la ayuda a Irak. En un mensaje en sus redes sociales lo dejó claro: si querían prosperidad, al-Maliki no era el camino. Al-Zaidi surgió entonces como el candidato de consenso y en abril fue designado formalmente. Trump lo celebró como el “comienzo de un nuevo capítulo”.

Trump no se limita a hablar de seguridad. Quiere contratos, quiere petróleo barato y quiere que las empresas estadounidenses reconstruyan Irak.

El pulso con Irán: las milicias y el plazo de septiembre

El trasfondo de la visita es el pulso con Irán. Desde el estallido de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Teherán en febrero de 2026, Irak ha sido un campo de batalla indirecto. Las milicias respaldadas por Irán han atacado bases y diplomáticos estadounidenses en suelo iraquí, y el gobierno de Bagdad ha fijado el final de septiembre como fecha límite para que los grupos armados no estatales se disuelvan. El problema es que las milicias más poderosas ya han dicho que no piensan hacerlo.

Un alto funcionario de la administración Trump, que habló bajo condición de anonimato, adelantó a los periodistas que las decisiones de Washington serán “informadas” en función de los esfuerzos reales de Irak por desarmar esas facciones. Renad Mansour, director de la Iniciativa para Irak del think tank Chatham House, lo resume con crudeza: “Estados Unidos va a presionar mucho a al-Zaidi, y él va a pedir a cambio apoyo de inteligencia, técnico y armado. Pero si el gobierno iraquí empieza a desarmar a estos grupos, también ellos irán contra el gobierno”.

España observa desde la distancia, pero no como mero espectador. Importa el noventa por ciento del petróleo que consume y cualquier escalada en Oriente Próximo se traduce en gasolinas más caras y una factura energética más pesada para hogares y empresas. Unas milicias descontroladas en Irak son un riesgo tan real para el surtidor de una gasolinera en Andalucía como un desajuste en la OPEP.

La Lógica de Washington

Hay que entender la doctrina que mueve a Trump en este tablero. No se trata solo de contener a Irán, aunque ese sea el objetivo inmediato: se trata de reducir la presencia militar estadounidense sin perder influencia económica. En la filosofía America First, cada soldado en Oriente Próximo es un gasto que debe amortizarse con contratos y acceso preferente a los recursos. Ronald Reagan ya hizo algo parecido en los ochenta cuando, sin enviar tropas de ocupación a gran escala, aseguró el flujo de petróleo del Golfo durante la guerra entre Irán e Irak y situó a las empresas estadounidenses en primera línea de la reconstrucción. Trump conoce ese manual.

La visita de al-Zaidi encaja en ese esquema: un primer ministro que debe su puesto al respaldo de Washington y que llega con una delegación cargada de empresarios. Su oficina ha declarado que busca “fortalecer las asociaciones económicas y de desarrollo, atraer inversión y ampliar el papel de las compañías estadounidenses en proyectos de infraestructuras”, además de desarrollar el sector energético de un país que flota sobre una de las mayores reservas de crudo del mundo. Para Trump, es el tipo de trato que le gusta: seguridad a cambio de negocio.

Para España, el impacto va más allá del precio del barril. Si la producción iraquí aumenta y la OPEP se ve forzada a ajustar sus cuotas, los mercados internacionales se moverán. Las grandes energéticas españolas, con inversiones en la región, pueden encontrar oportunidades si la estabilidad se consolida. Pero si el desarme de las milicias fracasa y la violencia escala, el riesgo es compartido: los seguros de fletes se encarecen, las primas de riesgo suben y las familias españolas lo notan en la cesta de la compra.

La próxima ventana clave llega en septiembre. Si Bagdad no logra avances visibles en el desarme, Washington podría tomar decisiones “informadas” que van desde sanciones selectivas hasta un replanteamiento completo del apoyo financiero. Y entonces, el crudo no será solo una cuestión de geopolítica. Será un dolor de cabeza en cada gasolinera española.

Ficha del Caso

  • El caso: El presidente estadounidense recibe al nuevo primer ministro iraquí, un empresario sin trayectoria política, para redefinir la cooperación bilateral en materia militar, económica y energética.
  • Datos clave: La guerra entre EE.UU./Israel e Irán estalló en febrero de 2026. Irak ha dado hasta finales de septiembre para que las milicias chiíes respaldadas por Irán se disuelvan. Al-Zaidi lideraba un banco que fue vetado para operar en dólares por lavado de dinero en 2024.
  • Para España: La estabilidad iraquí afecta directamente al precio del petróleo y, con ello, a la factura energética de los hogares y a las inversiones españolas en la región.

Irán ataca dos petroleros en el Estrecho de Ormuz en represalia por bombardeos de EE.UU.: un muerto y escalada bélica

Jack Williams
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Irán ataca dos petroleros en el Estrecho de Ormuz en represalia por bombardeos de EE.UU.: un muerto y escalada bélica

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Irán atacó con misiles de crucero dos petroleros en el Estrecho de Ormuz en represalia por los bombardeos estadounidenses, causando un muerto y al menos ocho heridos.
  • ¿Quién está detrás? El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos confirmó el ataque y el presidente Trump anunció que EE.UU. buscará un reembolso por proteger el tránsito marítimo.
  • ¿Qué impacto tiene? La escalada incrementa la prima de riesgo energético global y amenaza con encarecer las importaciones de crudo para España y la UE.

Irán lanzó este lunes dos misiles de crucero contra los petroleros Mombasa y Al Bahiyah en el Estrecho de Ormuz, una represalia directa por los bombardeos de Estados Unidos que ya deja un muerto y al menos ocho heridos. La acción militar iraní confirma que la tensión entre Washington y Teherán ha saltado a las aguas del Golfo Pérsico.

El ataque y la respuesta de Emiratos

Según el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos, los misiles impactaron en ambos buques —de bandera extranjera— y provocaron incendios que fueron extinguidos posteriormente. El fallecido es un marino de nacionalidad india, mientras que entre los heridos hay otros seis indios y dos ucranianos. Un muerto y ocho heridos de tres nacionalidades distintas que ilustran la dimensión internacional de este conflicto.

Emiratos condenó el ataque y advirtió de que se reserva el derecho a responder. “Los EAU se reservan plenamente el derecho a responder a esta escalada y a tomar todas las medidas necesarias para proteger su territorio, a sus ciudadanos y residentes”, reza el comunicado oficial. La represalia iraní también se extendió a Bahréin: en la madrugada del martes se activaron las sirenas antimisiles en el reino insular, aunque sin víctimas ni daños inmediatos.

Trump cambia la política de protección marítima

Mientras tanto, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó una nueva ronda de bombardeos sobre posiciones iraníes. “Estos ataques seguirán imponiendo un alto coste a las fuerzas iraníes y degradarán su capacidad de atacar a civiles inocentes y al transporte marítimo comercial en el Estrecho de Ormuz”, señaló en un comunicado. Y en paralelo, el presidente Donald Trump anunció un giro histórico: su administración buscará que los beneficiarios de la protección naval estadounidense paguen por ella.

“Estamos protegiendo una parte muy rica del mundo”, dijo Trump. “Estamos gastando dinero. Así que lo que hemos hecho es que vamos a ser reembolsados por la protección”. La declaración rompe con una doctrina consolidada desde los años 80, cuando la Operación Earnest Will garantizó la libre navegación sin que ningún país impusiera tasas, peajes o tarifas en aguas internacionales. España, que depende de esta ruta para una parte sustancial de sus importaciones energéticas, observa el movimiento con atención.

La factura de la seguridad energética global empieza a pasar de los contribuyentes americanos a los bolsillos de los beneficiarios: es la lógica de Trump.

La Lógica de Washington

Para la Casa Blanca, la presencia militar en el Golfo Pérsico ha sido, durante décadas, un subsidio indirecto a países que compiten económicamente con Estados Unidos —entre ellos China y la Unión Europea—. La exigencia de un reembolso por la protección naval encaja con la doctrina ‘America First’ y con la presión que Trump ya ejerció en su primer mandato para que los aliados asiáticos pagaran más por la defensa. Ahora el argumento se traslada al comercio marítimo: si el crudo fluye hacia refinerías europeas o asiáticas, Washington quiere parte de la cuenta.

El precedente histórico no es menor. Desde la guerra de los petroleros en 1987, Estados Unidos ha asumido el papel de guardián del tránsito en el Estrecho de Ormuz sin cobrar directamente a los navieros. Trump entierra esa tradición con una transacción que, para sus votantes, corrige un desequilibrio fiscal.

El impacto para España es tangible. Según estimaciones del sector energético, alrededor del 13% del crudo que llega a las refinerías españolas atraviesa el Estrecho de Ormuz. Un aumento de la prima de riesgo eleva el precio del barril Brent y encarece la gasolina, el transporte y los seguros marítimos. Empresas como Repsol o Cepsa, con intereses directos en la región, afrontan un entorno de costes más volátil. Bruselas y Madrid tendrán que debatir, más pronto que tarde, si están dispuestas a contribuir financieramente a la seguridad de una ruta que consideraban un bien público gratuito.

La próxima ventana clave serán las reuniones del G7 y de la Agencia Internacional de la Energía, donde la estabilidad del suministro obligará a los socios europeos a fijar una posición común. La escalada no entiende de calendarios electorales.

Ficha del Caso

  • El caso: Irán respondió a la campaña de bombardeos estadounidenses atacando dos petroleros en el Estrecho de Ormuz y activando represalias contra Bahréin, en una escalada que se cobró la vida de un marino indio y dejó ocho heridos.
  • Datos clave: Dos misiles de crucero, un fallecido, al menos ocho heridos, declaración de Emiratos exigiendo derecho a respuesta, anuncio de Trump de facturar por la protección naval y nueva ronda de ataques estadounidenses.
  • Para España: La dependencia de las importaciones de crudo que transitan por Ormuz (cerca del 13%) expone a la economía española a subidas del precio del barril y a mayores costes logísticos y de seguros, justo cuando la UE debate si asumir parte de la factura de la seguridad marítima.

Darline Graham Nordone, hermana de Lindsey Graham, jura como senadora interina de Carolina del Sur

Jack Williams
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Darline Graham Nordone, hermana de Lindsey Graham, jura como senadora interina de Carolina del Sur

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Darline Graham Nordone, hermana del fallecido senador Lindsey Graham, ha jurado este martes como senadora interina por Carolina del Sur.
  • ¿Quién está detrás? El gobernador Henry McMaster la designó tras la muerte repentina de Graham por una disección aórtica el sábado pasado.
  • ¿Qué impacto tiene? La incorporación restablece la mayoría republicana de 53-47 en el Senado justo antes de la votación en el Comité Judicial sobre Todd Blanche, nominado por Trump como fiscal general.

Darline Graham Nordone juró el cargo este martes como senadora interina de Carolina del Sur, cubriendo la vacante de su hermano Lindsey Graham, fallecido el sábado.

La nueva senadora, de 64 años, carece de experiencia politica previa, pero la cercanía con su hermano —quien se convirtió en su tutor legal tras la muerte de sus padres— fue determinante en la designación del gobernador Henry McMaster.

La ceremonia de juramentación, celebrada en el Capitolio a las 2:30 de la tarde, se produjo apenas un día después de que McMaster anunciara el nomblamiento. Nordone compareció visiblemente emocionada y prometió ser ‘una buena administradora del legado de mi hermano’.

El gobernador republicano explicó que la rapidez de la designación responde a la necesidad de que Carolina del Sur mantenga su representación plena en el Senado mientras se convoca una elección primaria especial para el 11 de agosto, que elegirá al candidato republicano para un mandato completo de seis años.

La ausencia del líder de la mayoría, Mitch McConnell —de baja desde junio tras una caída— ya había reducido el margen de maniobra de los republicanos. Con 52 senadores operativos, cada voto se volvía crucial.

Cada voto en el Senado es hoy un eslabón en la cadena de la agenda legislativa de Trump. Perder uno de los 53 obligaba a negociar con la oposición.

Una juramentación acelerada para mantener la mayoría

El Partido Republicano quería recuperar cuanto antes el escaño vacante. La muerte de Graham, a los 71 años, se produjo horas después de que regresara de un viaje a Ucrania donde anunció que la Casa Blanca había dado luz verde a un proyecto de sanciones contra Rusia que llevaba meses estancado.

Un grupo bipartidista de senadores ha pedido que ese proyecto de ley se apruebe como ‘homenaje’ a Graham. La incorporación de Nordone permitirá que ese debate avance sin que la mayoría republicana dependa de la ausencia de McConnell ni de eventuales disidencias internas.

La hermana del senador fallecido ocupará su escaño hasta que se complete el proceso electoral especial. Su perfil bajo —sin trayectoria política anterior— facilita el acuerdo interno y reduce la fricción en un Partido Republicano concentrado en sacar adelante la agenda de Trump.

Impacto en la agenda legislativa de Trump y la votación del fiscal general

La urgencia real no era solo simbólica. Este miércoles, el Comité Judicial del Senado debe examinar la controvertida nominación de Todd Blanche, ex abogado personal de Trump, para fiscal general. La muerte de Graham había dejado a los republicanos sin margen en ese comité, donde cada escaño cuenta.

Con Nordone ya instalada, el Partido Republicano recupera la mayoría de 53 votos que le permite sortear el filibusterismo —el mecanismo del Senado que exige 60 apoyos para cerrar el debate— siempre que mantenga la disciplina interna. Sin ese voto, cualquier confirmación se complicaba.

El caso de Blanche es especialmente sensible porque los demócratas cuestionan su independencia para dirigir el Departamento de Justicia. La presencia de Nordone devuelve a los republicanos la capacidad de sacar adelante nombramientos sin necesidad de atraer a senadores de la oposición.

La Lógica de Washington

En Washington, una mayoría tan ajustada como la actual —53-47— no perdona una sola ausencia. El fallecimiento de Graham activó de inmediato el protocolo habitual: el gobernador del estado nombra a un sustituto del mismo partido para no alterar el equilibrio de fuerzas mientras se celebra la elección especial. McMaster lo ejecutó en menos de 48 horas.

Este mecanismo tiene precedentes sólidos. En 2018, tras la muerte de John McCain, el gobernador de Arizona designó a Jon Kyl para mantener el escaño republicano. En 2002, Minnesota hizo lo propio tras el accidente de Paul Wellstone. La regla no escrita es clara: el partido que ocupa el escaño lo retiene hasta que las urnas digan otra cosa.

Para España, la estabilidad de la mayoría republicana tiene una lectura indirecta pero relevante. La confirmación del fiscal general determinará el enfoque con que el Departamento de Justicia persiga los casos antimonopolio contra los gigantes tecnológicos. Empresas como Telefónica o cualquier otra cotizada española con intereses en el mercado estadounidense siguen de cerca cualquier cambio en el entorno regulatorio. Además, el Senado tiene pendientes tratados comerciales y de defensa que afectan a la relación transatlántica.

La próxima ventana clave es la votación del Comité Judicial mañana miércoles. Si Blanche supera ese filtro, su confirmación en el pleno será cuestión de semanas. Mientras, la primaria especial del 11 de agosto decidirá quién competirá por el escaño de Carolina del Sur a largo plazo. Hasta entonces, Nordone garantiza que Trump siga contando con los números necesarios.

Ficha del Caso

  • El caso: La hermana del fallecido senador Lindsey Graham jura como senadora interina para mantener la mayoría republicana en el Senado.
  • Datos clave: Mayoría republicana de 53-47; votación del fiscal general Todd Blanche prevista este miércoles; elección primaria especial el 11 de agosto; McConnell, de baja desde junio.
  • Para España: La rápida designación consolida un Senado alineado con la agenda de Trump, lo que puede acelerar decisiones en materia antimonopolio y de política exterior que afectan a los intereses españoles.

Citi prevé el dólar en Colombia en 3.527 pesos para 2026: el impacto en las empresas españolas

Amparo Soler
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Citi prevé el dólar en Colombia en 3.527 pesos para 2026: el impacto en las empresas españolas

El dólar pierde fuelle en Colombia y el peso gana terreno a toda velocidad. Para entender por qué esto importa a miles de kilómetros, conviene mirar a las empresas españolas.

Según la última proyección del banco de inversión Citi, la divisa estadounidense se situará en 3.527 pesos colombianos durante lo que resta de 2026, subiendo moderadamente a 3.746 en 2027. La noticia llega en un momento de fuerte apreciación del peso, que acumula un avance del 14,6% en lo que va de año frente al dólar, la mayor entre las principales monedas latinoamericanas. Para situarnos, conviene recordar que el peso colombiano ha sido un termómetro constante de la confianza en la economía del país andino.

Esa cifra no es abstracta: cada punto que gana el peso frente al dólar modifica las cuentas de las compañías españolas que operan allí. Colombia es uno de los mercados naturales para muchas multinacionales de nuestro país, que llevan décadas invirtiendo en sectores como la banca, las infraestructuras, la energía y las telecomunicaciones.

La forteleza de las monedas emergentes —impulsada por la debilidad global del billete verde— beneficia de lleno a las filiales españolas. Cuando el peso colombiano se revaloriza, los ingresos generados allí se traducen en más euros al repatriar dividendos, y el poder adquisitivo del consumidor colombiano crece, lo que facilita las ventas de productos y servicios españoles.

Un ‘viento de cola’ que sopla desde América Latina

La expresión la acuñó Ernesto Revilla, economista jefe para América Latina de Citi, en la presentación del Economic Outlook. Para el banco estadounidense, el dólar ha perdido más de un 10% de su valor en el último año y medio, y esa tendencia seguirá siendo un “viento de cola” para las divisas de la región durante los próximos 12 a 18 meses. No es solo Colombia: Brasil, México, Perú o Chile también verán cómo sus monedas se refuerzan, pero el caso colombiano destaca por su intensidad.

El peso colombiano se ha revalorizado más que ninguna otra divisa latinoamericana en 2026, y las proyecciones de Citi apuntan a que mantendrá esa fortaleza al menos hasta finales del próximo año. Para las empresas españolas, esta estabilidad cambiaria es un activo muy valioso a la hora de planificar inversiones y presupuestos.

El mapa de los intereses españoles en Colombia

España es, según los datos más recientes de la Secretaría de Estado de Comercio, el segundo mayor inversor extranjero en Colombia por stock acumulado, solo por detrás de Estados Unidos. Bancos como Banco Santander o BBVA, empresas de infraestructuras como ACS o OHLA, y gigantes de la energía como Iberdrola o Naturgy tienen allí una presencia significativa. Todas ellas se ven afectadas, para bien, cuando el tipo de cambio juega a favor.

Además, la apreciación del peso facilita las importaciones de bienes de equipo y tecnología española, lo que puede acelerar proyectos de modernización en sectores como las telecomunicaciones—donde Telefónica mantiene una importante filial—o la energía renovable, un ámbito en el que las empresas españolas son líderes mundiales.

Una apreciación del 14,6% del peso colombiano en apenas seis meses puede suponer un aumento notable en los beneficios de las filiales españolas.

Lecciones de otras primaveras cambiarias

No es la primera vez que las empresas españolas se benefician de un ciclo de revalorización de las divisas emergentes. Entre 2004 y 2007, el peso colombiano también vivió un periodo de fortaleza frente al dólar, y las multinacionales españolas que ya operaban en el país registraron entonces incrementos de dos dígitos en sus ganancias por tipo de cambio. Aquel episodio enseñó que la clave está en mantener una estrategia de cobertura moderada y no frenar las inversiones locales.

Ahora, con una economía colombiana que, pese a las tensiones políticas, mantiene un consumo interno dinámico y una inflación controlada, las perspectivas para los negocios españoles son favorables. La advertencia de los analistas pasa por la posible volatilidad si la Reserva Federal de Estados Unidos endurece su política monetaria antes de lo previsto, pero en el escenario base que dibuja Citi, el “viento de cola” tiene recorrido suficiente para llegar a 2027.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El banco Citi ha publicado sus proyecciones cambiarias para Colombia, situando el dólar en 3.527 pesos en 2026, en un contexto de clara apreciación del peso latinoamericano.
  • Datos importantes: El peso colombiano se ha apreciado un 14,6% en 2026. España es el segundo inversor extranjero en Colombia, con intereses en banca, infraestructuras, energía y telecomunicaciones.
  • Resumen: La fortaleza cambiaria mejora las cuentas de las compañías españolas al aumentar el valor de sus ingresos en euros y el consumo local.

La forma más fácil de hacer empanadillas en airfryer: listas en 8 minutos sin encender el horno

Ana Carina Rodríguez
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La forma más fácil de hacer empanadillas en airfryer: listas en 8 minutos sin encender el horno

Encender el horno en pleno julio es un acto de valentía que prefiero evitar. Las empanadillas, ese bocado que tanto nos gusta, solían condenarnos a una cocina sauna. Pero la freidora de aire lo cambia todo: mismo dorado, crujiente perfecta y sin sudar ni una gota. Hoy te enseño cómo hacer unas empanadillas de verduras en airfryer que quedan listas en ocho minutos y te salvan la cena de verano.

El secreto del éxito

  • Relleno completamente frío: si pones la verdura caliente sobre la masa, esta se reblandece y se rompe. El reposo en la nevera es sagrado.
  • Pincelado con huevo batido o aceite en spray: es el truco que consigue el color dorado tentador y una textura de panadería.
  • Cesta sin amontonar: deja espacio entre las empanadillas para que el aire caliente circule y las dore de manera uniforme.

Ingredientes

  • 12 obleas de empanadillas frescas
  • 1 calabacín pequeño
  • 1/2 pimiento rojo
  • 1/2 cebolla
  • 100 g de espinacas frescas
  • 200 ml de bechamel ligera (con leche semidesnatada)
  • 1 huevo (para pincelar)
  • Aceite de oliva virgen extra en spray o pincel
  • Sal y pimienta

El primer paso es preparar el relleno. Pica fino la cebolla, el calabacín y el pimiento. Saltéalos en una sartén con una cucharada de aceite a fuego medio hasta que estén tiernos, unos cinco minutos. Incorpora las espinacas y remueve hasta que se ablanden, apenas un minuto. Sazona y vierte la bechamel, mezclando bien para que ligue todo. Deja que temple unos minutos y luego refrigera al menos media hora. Este es el momento en el que el relleno absorbe los sabores y se enfría por completo, evitando que la masa se humedezca.

Cuando el relleno esté bien frío, coloca las obleas sobre la encimera. Reparte una cucharada generosa en el centro de cada una, sin pasarte para que no rebose al cerrar. Humedece los bordes con un poco de agua y dobla la masa, presionando con un tenedor para sellar. Este paso es terapéutico y garantiza que el relleno no se escape en la freidora.

Precalienta la airfryer a 180 ºC. Mientras tanto, pincela la superficie de las empanadillas con el huevo batido o pulveriza un fino velo de aceite. Colócalas en la cesta con espacio entre ellas; si tu freidora es pequeña, haz dos tandas. Cocínalas durante exactamente 8 minutos. Verás cómo la masa se infla ligeramente y adquiere un tono dorado impecable. El aroma a panadería te confirmará que ya están listas.

La paciencia con el enfriado del relleno separa una empanadilla perfecta de un desastre aguado.

Sirve las empanadillas recién hechas, aunque aguantan bien si las dejas reposar unos minutos sobre una rejilla para que no suden. Acompañadas de una ensalada de tomate con albahaca o un pico de gallo, convierten cualquier cena en un plan ligero y satisfactorio. Y lo mejor: no has encendido el horno ni has frito nada. La airfryer ha hecho el trabajo duro mientras tú te tomabas un gazpacho.

Variaciones y maridaje

Estas empanadillas maridan de maravilla con un vino blanco joven, tipo Albariño o Verdejo, bien frío. La acidez y las notas herbáceas resaltan la frescura de las verduras. Si prefieres algo sin alcohol, un agua con gas y limón va perfecto.

Para una versión vegana, sustituye la bechamel de leche por una crema de anacardos o leche de avena espesada con harina. El pincelado de huevo lo cambias por una mezcla de leche vegetal y un toque de sirope de agave, que también da color. Las obleas suelen ser veganas, pero comprueba la etiqueta.

Si un día tienes prisa y no quieres encender la sartén, puedes usar un pisto en conserva de calidad, eso sí, escúrrelo bien y añade un poco de queso rallado para darle cuerpo.

Para conservarlas, envuélvelas en papel film y guárdalas en la nevera hasta tres días. Para recalentarlas, bastan dos minutos en la airfryer a 180 ºC y recuperan el crujiente como recién hechas. También puedes congelarlas crudas; en ese caso, hornea directamente en la freidora diez minutos sin descongelar.

El interceptor hipersónico Hydis elige cohete de combustible sólido

Alvaro Villar
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El interceptor hipersónico Hydis elige cohete de combustible sólido

El consorcio Hydis, liderado por MBDA, ha superado la revisión final del concepto para un interceptor europeo capaz de derribar amenazas hipersónicas. El comité de dirección validó el pasado viernes una arquitectura basada en un motor cohete de propulsante sólido, una decisión que orienta la maduración tecnológica del programa hasta alcanzar el nivel de madurez TRL 3 —prueba experimental de concepto— durante el año que resta de financiación.

Un cohete de combustible sólido para contener la amenaza hipersónica

La elección del propulsante sólido no es trivial. Frente a los motores de combustible líquido, el sólido ofrece tiempos de reacción más cortos, almacenamiento prolongado sin mantenimiento y una aceleración inicial que reduce la ventana de maniobra del atacante. Avio se ha encargado de la arquitectura del motor, mientras que ArianeGroup y Roxel —filial de MBDA— han trabajado en el mecanismo de control de la fase terminal del interceptor. El sensor infrarrojo para el guiado en la etapa final corre a cargo de Lynred.

El diseño se ha validado frente a modelos de amenaza desarrollados por el Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale, el francés Onera y el instituto neerlandés TNO. La revisión se centró en la fase terminal de la interceptación, el momento más exigente: el kill vehicle debe discriminar blancos hipersónicos —vehículos de planeo, misiles de crucero hipersónicos o misiles balísticos de maniobra— en medio de contramedidas y a velocidades superiores a Mach 5.

Thales ha aportado datos de rendimiento de las posibles suites de sensores navales y terrestres, y GKN Fokker ha trabajado en la integración de la munición en el lanzador vertical MK41, estándar en muchas fragatas europeas. «Este nuevo hito demuestra la experiencia del consorcio en amenazas hipersónicas y balísticas, respaldada por un conocimiento profundo de los sistemas de defensa aérea», señaló MBDA en el comunicado.

Hydis contra Hydef: España, en el centro de la pugna por 100 millones de euros

Hydis no está solo. Compite con el programa Hydef, liderado por la alemana Diehl Defence y coordinado por la española SMS Sistemas de Misiles de España. Ambos proyectos recibieron financiación del Fondo Europeo de Defensa (EDF) tras una polémica decisión de Bruselas: en 2022 Hydef ganó la competición inicial para desarrollar un interceptor hipersónico, pero Francia y MBDA presionaron hasta lograr que la Comisión financiara Hydis como segundo esfuerzo paralelo.

Ahora, el EDF asigna para su programa de trabajo de 2026 una partida de 100 millones de euros para un interceptor endoatmosférico, y solo una de las dos propuestas recibirá esos fondos. Hydis ha contado hasta ahora con 80 millones del EDF más otros 60 millones conjuntos de Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos. Hydef ha recibido 100 millones del fondo y otros 10 millones de Bélgica, Alemania, Noruega, Polonia y España. La partida de MBDA en los fondos europeos de Hydis supera los 60 millones, repartidos entre siete de sus entidades, mientras que Diehl es el mayor beneficiario individual de Hydef, con 34,7 millones.

MBDA

El programa europeo de interceptor hipersónico es, ante todo, una apuesta por la soberanía industrial de defensa frente a la dependencia de sistemas estadounidenses o israelíes.

Equilibrio de Poder

La carrera europea por el contador hipersónico debe leerse en el tablero más amplio donde Washington, Moscú y Pekín ya han desplegado vectores de este tipo. Rusia ha empleado el misil Kinzhal en Ucrania; China exhibe el DF-17; Estados Unidos acelera el desarrollo del Glide Phase Interceptor. La Unión Europea trata de cerrar una brecha de capacidad que, de no resolverse, dejaría a los aliados con una defensa aérea incapaz de disuadir ataques de alta velocidad y maniobra.

El hecho de que la arquitectura elegida por Hydis sea íntegramente europea y modular —adaptable al lanzador MK41, presente en fragatas de varias armadas de la UE— refuerza la opción de una defensa antimisil continental no dependiente del paraguas estadounidense. La ausencia de participación industrial norteamericana en cualquiera de los dos consorcios es deliberada: Bruselas quiere garantizar la autonomía de diseño y exportación.

Para España, la pugna entre Hydis y Hydef tiene una lectura industrial inmediata. SMS Sistemas de Misiles de España coordina el proyecto Hydef y, si éste resulta elegido, el país reforzaría su posición en el segmento de misilería avanzada, un ámbito en el que la base industrial española ha ido ganando peso gracias a programas como el Meteor o el futuro misil de crucero europeo. Si Hydis se impone, la industria española podría quedar en un segundo plano, aunque el tejido de proveedores permite cierta complementariedad. En cualquier caso, la decisión del EDF en 2026 marcará qué ecosistema industrial europeo recibe el impulso definitivo.

A largo plazo, ambos programas convergen en el proyecto Twister, que aspira a detectar y contrarrestar amenazas hipersónicas con una arquitectura que incluya alerta temprana basada en el espacio e interceptores endoatmosféricos. El calendario es ajustado: el entorno de seguridad europeo está viendo cómo el número de misiles hipersónicos en poder de adversarios potenciales crece año tras año. La revisión final del concepto de Hydis es solo un jalón, pero confirma que el camino técnico está trazado. La prueba de fuego llegará cuando se evalúe la madurez tecnológica a finales de 2027 y se decida qué consorcio pasa a la fase de desarrollo.

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