El director del FBI viaja al Kremlin como invitado del FSB mientras Alemania arresta a su jefe de espionaje

El director del FBI, Kash Patel, planea viajar a Moscú como invitado del FSB en plena negociación entre Trump y Putin. En paralelo, Alemania ha detenido a August Hanning, su ex jefe de espionaje, por ‘espionaje traicionero’, junto a un antiguo subordinado acusado de pasarle secretos durante doce años.

La noticia adelantada por SpyTalk ha caído como una bomba dentro del bureau. Varios altos cargos del FBI y del Departamento de Justicia intentaron disuadir a Patel con lo que la fuente describe como una ‘campaña discreta’. No sirvió de nada. Cuando comprobaron que el director no pensaba dar marcha atrás, elevaron el asunto a los demócratas de mayor rango en los comités de Inteligencia y Justicia de la Cámara, Jim Himes y Jamie Raskin.

Los dos congresistas enviaron a Patel una carta en la que le pedían ‘reconsiderar’ y ‘cancelar este viaje’, según publicó The Atlantic. El director no ha respondido. Mientras tanto, sigue jugando al hockey en una liga de aficionados del área de Washington con su equipo de seguridad pegado a la espalda, ajeno al ruido que levanta su agenda. Se lo cuento tal cual llega: con la misma ligereza con la que un alto cargo se desplaza a la guarida del servicio que asesina fuera de sus fronteras.

Christopher O’Leary, ex alto ejecutivo de la división de contraterrorismo del FBI, no oculta su extrañeza: ‘Si existiera una preocupación real por la interferencia electoral, el director del FBI debería estar en Estados Unidos liderando el esfuerzo las 24 horas’, declaró. Recuerda O’Leary que hoy el bureau presiona a sus propios agentes para sostener teorías conspirativas sobre el voto que la inteligencia rusa amplifica sin descanso.

Y su jefe se marcha a Moscú.

En paralelo, la misma SpyTalk desvelaba hace unos días un plan del servicio ruso para reclutar sicarios mexicanos con el que matar a Vladimir Kara-Murza, disidente asentado en Washington. No es un detalle menor: el FBI habría detectado ese complot la misma semana en que su director acepta la hospitalidad del FSB.

El oficio no prohíbe sentarse con el enemigo. Lo que prohíbe es hacerlo sin haber leído antes a quién se lleva entre manos.

El FSB no recibe: captura. Anatomía de la casa que abrirá sus puertas a Patel

El servicio federal de seguridad ruso tiene un repertorio perfectamente catalogado. Los oficiales de la CIA destacados en Moscú conocen bien el detalle: al volver a casa encontraban excrementos dejados en el baño por quienes les seguían. Es la tarjeta de visita histórica del servicio. Una veintena de parlamentarios finlandeses sospecha que agentes rusos llevan meses entrando en sus domicilios para dejar el mismo recado. Tradecraft de patio de colegio, sí, pero también una declaración de intenciones muy clara: sabemos dónde vives.

El currículum del FSB fuera de Rusia no es folclórico. Es letal. Alexander Litvinenko, envenenado con polonio-210 en Londres en 2006. Sergei Skripal y su hija, atacados con novichok en Salisbury en 2018, en una operación que el Reino Unido atribuyó al GRU con respaldo técnico, de la OPCW. La lista de disidentes perseguidos bajo jurisdicción extranjera es larga y está documentada. Si Patel quiere entender a quién va a estrechar la mano, no necesita más que releer los informes que el propio FBI guarda sobre estos casos.

¿Por qué, entonces, el viaje? Fuentes del oficio consultadas por este medio apuntan a dos lecturas. La primera, la obvia: un gesto político del entorno Trump hacia Moscú en plena negociación sobre Ucrania. La segunda, más incómoda: la sensación, compartida por veteranos del bureau, de que a la actual cúpula del FBI le interesa menos la contrainteligencia que la narrativa interna. Nadie en el servicio cree que Patel vaya a reclutar fuentes en Lubyanka. Eso no es lo que está en juego.

Hanning: el jefe del BND que sirvió a los dos bandos durante doce años

Mientras el FBI mira hacia el este, Alemania cierra sus propias heridas. August Hanning, de 80 años, dirigió el BND entre 1998 y 2005, bajo el canciller Gerhard Schröder, y después fue secretario de Estado del Ministerio del Interior con Angela Merkel hasta 2009. La fiscalía federal le imputa ahora ‘espionaje traicionero’, según adelantó Der Spiegel. Con él ha caído su antiguo jefe de gabinete, identificado únicamente como Manfred D., acusado de ‘complicidad’.

El dato que hiela la sangre de cualquier contrainteligente es el siguiente: Manfred D. permaneció en el BND y, presuntamente, cobró por pasarle a Hanning material clasificado de forma continuada durante doce años, hasta 2022. Doce años. Una década larga de documentos secretos fluyendo desde dentro del servicio hacia un ex director con cartera de clientes rusos y azerbaiyanos. Se lo digo sin rodeos: si eso se confirma en juicio, será uno de los fallos de control interno más graves de la historia del BND.

Hanning no es un novato. Su nombre va ligado al caso Curveball, la fuente falsa que alimentó la acusación de armas de destrucción masiva en Irak y que Colin Powell llevó al Consejo de Seguridad de la ONU en 2003. El entonces director de la CIA, George Tenet, dedicó páginas amargas de sus memorias, At the Center of the Storm (2007), a explicar cómo Hanning y sus propios ayudantes le habían utilizado. Ese es el oficio: el mismo hombre que engañó a Washington a principios de siglo aparece ahora imputado por pasar secretos alemanes a intereses extranjeros.

Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra

Vector de amenaza: infiltración HUMINT de largo recorrido. En el caso Hanning, un topo interno dentro del propio BND exfiltrando documentación clasificada durante doce años hacia un ex director convertido en consultor con clientela rusa. Ese patrón recuerda al clásico que Estados Unidos vivió con Aldrich Ames y Robert Hanssen: no el novato infiltrado, sino el veterano de confianza que en algún punto decide cambiar de bando. En el caso del FBI se añade un riesgo de contaminación operativa: la presencia del director en territorio del servicio adversario expone a cualquiera de su entorno y abre la puerta a operaciones de influencia rusas.

Agencias implicadas: ataca el FSB en la parte rusa y, en la alemana, un exdirector del BND con presunta colaboración interna. Defiende el propio BND, con la Fiscalía Federal alemana al frente, y en el flanco estadounidense el aparato de contrainteligencia del FBI, que se ha visto obligado a elevar el asunto al Congreso por la falta de respuesta de su cúpula. Como terceros observan el CNI español, el MI5 británico y, muy especialmente, los socios de Five Eyes, que ya han expresado en privado su incomodidad con la línea de la actual dirección del FBI.

Nivel de clasificación estimado: en el caso Hanning, material alemán de nivel ‘Secreto’ y superior durante más de una década; a juzgar por la naturaleza del flujo, estimo que una parte relevante alcanzó la categoría Top Secret y comprometió fuentes humanas del BND en Rusia y Oriente Próximo. En el viaje de Patel, la información sensible es el propio calendario y la agenda de la visita: material ‘Reservado’ que, en manos del FSB, se convierte en oro operativo.

España no es ajena a esta dinámica. El CNI y el CCN-CERT llevan años documentando cómo el FSB y el SVR instrumentalizan las redes de desinformación que operan en suelo español, muy especialmente en Cataluña, para amplificar narrativas de fractura interna. Que el director del FBI se siente con el FSB sin haber neutralizado antes el relato ruso sobre las elecciones estadounidenses debilita, por ósmosis, a toda la comunidad occidental. Y lo digo con la boca pequeña, porque Madrid tampoco es un dechado de contrainteligencia ágil.

La lectura confidencial es dura: la alianza atlántica mira hacia lados distintos. Washington juega a la distensión, Berlín se lleva las manos a la cabeza por un topo de doce años, Londres refuerza bases que siguen sin protección antiaérea adecuada —los dos letones detenidos en RAF Molesworth y liberados bajo fianza son solo la punta del iceberg— y Copenhague acusa a Moscú de sabotaje contra su industria de defensa. Mientras tanto, el director del FBI coge un avión hacia Moscú.

Sánchez admite la entrada de buques marroquíes en aguas de Ceuta y la vuelta progresiva a la normalidad fronteriza

Sánchez ha admitido que una fragata y varias patrulleras marroquíes entraron en aguas de Ceuta el 30 y el 31 de julio.

El presidente del Gobierno ha reconocido este lunes 12 de octubre, durante la recepción oficial de la Fiesta Nacional en el Palacio Real, que una fragata y varias patrulleras de la Marina marroquí navegaron sin previo aviso por aguas de soberanía española en las mismas fechas en que la ciudad autónoma registró la llegada de más de 80.000 migrantes en apenas 48 horas. Sánchez ha descrito aquellos días como «muy intensos», ha enmarcado lo sucedido en la categoría de «hecho puntual» entre países vecinos y ha evitado vincular la entrada de los buques marroquíes con la crisis migratoria, aunque ha admitido que ambos episodios coincidieron en el tiempo.

Una fragata y varias patrulleras sin aviso previo

La resolución del episodio se produjo en el terreno militar. El jefe del Ejecutivo ha puesto en valor que la situación se encauzó gracias a una interlocución «muy fluida» entre las Armadas de España y Marruecos y ha subrayado que no se ha vuelto a registrar un movimiento similar desde entonces. El presidente da así por válida la información sobre la entrada de los buques marroquíes, que se produjo sin aviso previo a las autoridades españolas y que coincidió en el calendario con la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma.

La vuelta a la normalidad fronteriza tiene su próxima cita en la visita que los Reyes realizarán a Ceuta y Melilla este martes 13 y este miércoles 14 de octubre. Será la primera de su reinado y la primera desde la que protagonizaron Juan Carlos I y Sofía en 2007, un desplazamiento que entonces derivó en la llamada a consultas del embajador marroquí en Madrid.

La vigilancia fronteriza y la respuesta institucional

frontera Ceuta

Detrás de esa normalidad que el presidente sitúa ya en marcha está el trabajo ordinario de los cuerpos desplegados en la ciudad autónoma. La Guardia Civil cubre la vigilancia del perímetro y del litoral, mientras que la Policía Nacional asume el control documental y la tramitación de los expedientes de extranjería. En el plano de la inteligencia, la persecución de las redes que trafican con personas se articula a través del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), el órgano que coordina la información operativa de los dos cuerpos contra las organizaciones criminales. Ese es uno de los ejes que Sánchez ha situado en el centro de la relación con Rabat, junto a la cooperación antiterrorista.

La normalidad en el perímetro de Ceuta descansa en el despliegue permanente de la Guardia Civil y en la coordinación antiterrorista entre España y Marruecos.

El presidente ha defendido que Felipe VI y Letizia no hacen sino visitar «ciudades españolas» y ha subrayado la relevancia económica, comercial, cultural y social del vínculo con Marruecos, con una diáspora marroquí consolidada en España. La cooperación contra el tráfico de seres humanos y contra las mafias que lo explotan, ha insistido, forma parte del mismo paquete de intereses compartidos que la lucha antiterrorista.

El Contexto Operativo

Ceuta y Melilla son los dos únicos territorios de la Unión Europea con frontera terrestre en África, lo que convierte su perímetro en un punto de presión estructural para el conjunto del espacio Schengen. El episodio del 30 y el 31 de julio lo ilustró con una cifra difícil de gestionar: más de 80.000 personas en apenas 48 horas, un volumen que ningún dispositivo de vigilancia absorbe sin la cooperación del país vecino. Europol sitúa el tráfico de seres humanos entre las actividades criminales más lucrativas del continente, con redes transnacionales que aprovechan los picos de presión en los puntos de entrada del sur de Europa para multiplicar sus márgenes.

La respuesta institucional se apoyó en dos palancas que funcionaron conforme al protocolo previsto. La primera, la interlocución directa entre las Armadas, que resolvió la presencia de la fragata y de las patrulleras sin escalada y sin que el episodio se haya reproducido. La segunda, el despliegue sostenido de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la ciudad autónoma, que ha permitido recuperar los niveles de normalidad anteriores al mes de julio. La experiencia acumulada en la frontera del Tarajal y la coordinación permanente con las autoridades marroquíes son la base sobre la que se sostiene esa vuelta a la normalidad que el Gobierno sitúa ya en marcha.

La visita de los Reyes el martes 13 y el miércoles 14 de octubre, diecinueve años después de la de 2007, funcionará como el primer indicador público de esa normalización. El Ministerio del Interior mantiene entre sus prioridades la vigilancia sobre las redes de tráfico de seres humanos que operan en el entorno del Estrecho, la amenaza de referencia en una zona donde la cooperación policial con Marruecos ha demostrado ser determinante para la seguridad de la frontera sur.

GoLaxy despliega la mayor operación de influencia China con agentes de IA en Hong Kong y Taiwán

GoLaxy ha construido en Pekín la mayor operación de influencia china, con agentes de IA ya probados en Hong Kong y Taiwán.

La empresa tiene vínculos con el aparato estatal del Partido Comunista Chino. Sus ingenieros no han diseñado una campaña de desinformación más: han diseñado una máquina industrial. Genera personas falsas, amplifica los relatos que Pekín quiere que se crean y entierra los que no. Ya se ha usado en Hong Kong. Ya se ha usado en Taiwán. Y se ha construido a mano, un perfil detrás de otro, según la investigación que un equipo de la Universidad de Vanderbilt acaba de publicar en The Cipher Brief.

Le adelanto lo que viene después, porque es lo que debería quitarle el sueño a Washington y, por elevación, a Bruselas, al CNI y al CCN-CERT. Cuando esa máquina no necesite construirse perfil a perfil, cuando el modelo sobre el que se apoya venga incrustado de serie en el producto que usted usa sin saberlo, GoLaxy parecerá un ensayo de laboratorio.

Los profesores Goldstein y Benson, especialistas en seguridad nacional e internacional en la Universidad de Vanderbilt, lo describen sin ambages: China está a punto de ejecutar la mayor operación de influencia de la historia. Y no tendrá que ejecutarla. El mundo la descargará por su cuenta.

Lo que GoLaxy ya hizo en Hong Kong y Taiwán: así fabrica multitudes una sola máquina

El oficio de la desinformación no es nuevo. Lo nuevo es la escala y el coste marginal. La Operación Infektion, la campaña del KGB de los años ochenta que difundió el bulo del sida fabricado en laboratorios estadounidenses, necesitaba periodistas comprados, corresponsales en tres continentes y meses de siembra. El Internet Research Agency de San Petersburgo, la granja de trolls que operó en las elecciones estadounidenses de 2016, necesitaba miles de empleados escribiendo a turnos. GoLaxy necesita una tarjeta gráfica y una tarde.

El sistema hace tres cosas que antes requerían equipos humanos enteros. Primero, genera identidades sintéticas con historial, fotografía y biografía coherentes. Segundo, las distribuye por plataformas donde el algoritmo premia la novedad y el volumen. Tercero, calibra el mensaje para que no parezca propaganda: no defiende a Pekín, ataca al adversario. Es la vieja doctrina del oficio —no digas que tú eres bueno, di que el otro es un monstruo— ejecutada ahora por una máquina que no duerme y no cobra.

Ninguna campaña de influencia había sido nunca tan barata de producir ni tan difícil de rastrear hasta su origen.

Sobre Hong Kong el patrón es conocido: amplificar el miedo, dividir al movimiento, agotar la calle. Sobre Taiwán el objetivo es más fino: erosionar la confianza en la protección estadounidense y sembrar la idea de que la reunificación es inevitable. Quien haya seguido las elecciones taiwanesas de los últimos ciclos sabe que parte de ese terreno ya estaba abonado antes de que la máquina entrara en escena.

Qwen, DeepSeek y el caballo de Troya que Washington deja entrar

GoLaxy

Hay un segundo frente que no tiene nada que ver con perfiles falsos y que, sin embargo, es más grave. Los modelos abiertos chinos —los que cualquiera puede descargar, modificar y ejecutar en su propia máquina— se están convirtiendo en los cimientos sobre los que se construyen miles de productos occidentales. Los modelos de frontera estadounidenses como Claude, ChatGPT o Gemini son cerrados: se usan en los servidores de la empresa y la empresa puede cortar el acceso. Los desarrolladores chinos compiten liberando modelos baratos de pesos abiertos que las compañías ejecutan en sus propias instalaciones, sin proveedor al que rendir cuentas, como DeepSeek.

Esto ya no es teoría. Airbnb utiliza el modelo Qwen de Alibaba en su agente de atención al cliente. Qwen llegó a alimentar, durante un tiempo, una herramienta para buscar regulaciones propuestas en la web del Registro Federal estadounidense. Amazon afirma que miles de clientes han desplegado DeepSeek a través de su nube. En todos los casos, la interfaz es estadounidense. El modelo de debajo, no.

Los desarrolladores chinos operan bajo las reglas del Partido sobre lo que puede decirse. Esas reglas determinan qué preguntas responden los modelos, qué hechos omiten y cómo enmarcan los asuntos sensibles. Los pesos abiertos pueden reajustarse, pero limpiar los valores por defecto incrustados es caro, y la mayoría de las empresas ajustará lo que importa a su negocio antes que comprobar cómo trata el modelo cada asunto político. Si un modelo chino barato sostiene miles de productos, sus hábitos viajan con él: hacia herramientas de investigación, software de aula, verificadores de datos. Y quien está al otro lado nunca lo sabe.

Pekín ya lo tiene claro. Cuando Meta publicó sus modelos abiertos Llama, los reguladores chinos temieron que un modelo extranjero pudiera ‘envenenar’ el ecosistema de IA de China con información que el Partido censura. Washington debería tomarse en serio una vulnerabilidad que Pekín reconoció primero.

TikTok ofrece un anticipo de lo que hay en juego. Más de 150 millones de estadounidenses lo usan y más de 50 millones se informan allí con regularidad. Añada DeepSeek o Qwen para generar el contenido que el algoritmo de TikTok selecciona y distribuye, y China podría suministrar a la vez la información y el sistema que la entrega a una audiencia enorme. No se equivoque conmigo: no hace falta hackear nada si el usuario lleva el caballo de Troya en el bolsillo.

Estados Unidos afronta así un trilema. Quiere impedir la liberación incontrolada de capacidades peligrosas. Quiere preservar la libertad de sus ciudadanos para elegir tecnología e información. Y quiere evitar depender de modelos moldeados dentro de un sistema autoritario. No puede asegurar las tres cosas del todo. La regulación honesta empieza por admitirlo.

Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra

Pongamos el vector de amenaza sobre la mesa. No estamos ante un ataque de ransomware ni ante una zero-day: estamos ante una operación de influencia cognitiva a escala industrial, ejecutada con agentes de IA y, en su segunda fase, con modelos de pesos abiertos distribuidos como infraestructura. Es ciberguerra sin sabotaje, guerra de información en estado puro. A juzgar por la naturaleza del material que maneja, estimo una clasificación de nivel Confidencial.

Las agencias implicadas se reparten en tres columnas. Quien ataca: GoLaxy, firma con vínculos con el Ministerio de Seguridad del Estado de China (MSS), el servicio que coordina la influencia exterior desde Pekín. Quien defiende: no hay todavía un servicio que defienda nada, porque el producto llega al usuario final empaquetado como una herramienta comercial más. Y quienes miran desde fuera: el CNI y el CCN-CERT por el lado español, y la CIA, la NSA y el FBI por el estadounidense, servicios que llevan años avisando de la dependencia de infraestructura tecnológica de origen autoritario.

Ese es el detalle que debería preocupar a Madrid tanto como a Washington.

Conviene recordar un precedente. La campaña del KGB que difundió el bulo del sida tardó años en morir, y nunca del todo. La granja de trolls de San Petersburgo necesitó una plantilla entera para tocar una sola elección. GoLaxy, con la máquina que ya tiene y los modelos abiertos que vienen, no necesitará ni eso. A eso se suma que la atribución aquí es especialmente resbaladiza: GoLaxy es una empresa privada con vínculos estatales, y esa capa de intermediación es exactamente la que Pekín utiliza para negar cualquier implicación.

Lo veo como un cambio de marcha, no como un episodio.

Y me consta que en los servicios occidentales hay más preocupación por los modelos abiertos que por los perfiles falsos, porque el perfil falso se detecta y el peso por defecto, no. Sostengo desde hace tiempo, lo escribí en El quinto elemento, que el próximo 11S empezará con un clic. Aquí el clic no derriba un edificio: reescribe lo que millones de personas creen que es verdad. El daño colateral no se mide en muertos, se mide en sociedades que dejan de distinguir el hecho de la fabricación.

El hito concreto que hay que vigilar no es una cumbre, es el próximo debate en Washington sobre restricciones a los modelos abiertos. Antes de regular un modelo estadounidense, la pregunta correcta es qué modelo elegirán los desarrolladores en su lugar. Y la respuesta, hoy, tiene acento mandarín.

La oferta de alquiler en Madrid se hunde: 393.000 anuncios menos desde 2018

El alquiler en Madrid ha perdido 137.411 anuncios desde 2018, el mayor desplome absoluto del país. La Comunidad se queda con un 54% menos de oferta publicada y la capital concentra 117.558 de esas bajas. Son cifras del análisis de idealista/data difundido el 7 de octubre de 2026.

Uno de cada tres anuncios que desaparecen en España es madrileño

En el conjunto del país, la plataforma pasó de más de 902.000 anuncios de alquiler permanente a poco más de 510.000. La diferencia son 392.573 anuncios menos, un 44% de caída entre 2018 y 2025. La Comunidad de Madrid es la que más pierde en términos absolutos: de 252.442 anuncios a 115.031, un 54% menos. Cataluña va detrás, con 124.582 anuncios menos y un descenso del 71%.

La capital resiste peor que la media autonómica. Madrid pasó de 202.484 anuncios en 2018 a 84.926 en 2025, 117.558 menos. Barcelona vivió algo parecido y más extremo: de 113.853 a 19.723, un 83% de caída. València perdió 18.465 anuncios, Sevilla 12.265 y Granada 7.463.

De las cincuenta provincias, 41 cerraron el periodo con menos oferta. Madrid encabeza la lista, seguida de Barcelona (116.151 anuncios menos), Valencia (20.118), Sevilla (17.368), y Asturias (10.411). La región pierde casi siete veces más que la tercera provincia más castigada. El mapa, en cualquier caso, es el mismo en casi todo el país.

Escaparate no es parque de viviendas. El estudio solo cuenta anuncios de alquiler permanente publicados en un portal, con la misma metodología en los dos años, y deja fuera la temporada y las habitaciones. No mide, por tanto, cuántos pisos hay disponibles de verdad, ni el precio que paga el inquilino, ni qué ha sido de cada inmueble que dejó de anunciarse: los contratos de arrendamiento que firma un vecino no siempre coinciden con los que se publican.

Un 44% menos de anuncios no es un 44% menos de pisos, pero para quien busca se parece: menos donde elegir y menos margen para decir no.

La Rioja gana 282 anuncios y Madrid pierde 137.411: el contraste que incomoda

oferta de alquiler

El informe también tiene excepciones que conviene leer sin trampa. La Rioja es la única comunidad que gana oferta: 2.236 anuncios en 2018 y 2.518 en 2025, 282 más. En las provincias, Alicante sumó 4.312, Castellón 1.307, Jaén 999 y Cáceres 396. Diez capitales terminan además con más anuncios que en 2018; Jaén lidera con 488 y le siguen Castellón de la Plana (328), Palencia (191), Logroño (190) y Ávila (183).

Son mercados pequeños, y ahí está el valor del dato. Comparar 49 anuncios de más en Teruel con 117.558 de menos en Madrid no mide lo mismo: mide qué ocurre cuando una ciudad grande se convierte en destino de inversión, de turismo y de segunda residencia, y la vivienda estable compite con usos que dejan más margen al propietario. El estudio no entra en causas. Nuestra lectura, con los números delante, es que la oferta publicada responde más al cálculo del propietario que a la necesidad del inquilino.

De 2008 a 2026: el problema que Madrid arrastra desde el Plan Alquila

La foto de 2025 no llega de la nada. La región lleva casi dos décadas intentando sacar vivienda al mercado con programas de intermediación y garantías al propietario, desde el viejo Plan Alquila de 2008 hasta las promociones del Plan Vive. El Ayuntamiento, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, mantiene su propia bolsa de intermediación. Si miramos el escaparate, la evidencia es incómoda: en siete años se ha perdido más de la mitad de los anuncios de la región.

La comparación con otras ciudades deja el caso madrileño en su sitio. Barcelona, con un 83% menos, demuestra que la declaración de zonas tensionadas no ha frenado la desaparición de anuncios en Cataluña, donde la caída llega al 71%. Madrid, que no ha aplicado ese instrumento, pierde menos en porcentaje y más en volumen. Ninguna de las dos cosas permite presumir.

Lo que sí cambia para el vecino es la experiencia de buscar. Menos anuncios significa competir con más candidatos por cada piso, decidir sin margen y mirar hacia el corredor del sur y el este de la región, donde la misma presión ha ido llegando por oleadas. Eso no lo mide ningún informe, pero lo reconoce cualquiera que haya buscado piso en Madrid este año.

El próximo examen llegará con el cierre de 2026, cuando la serie anual compare el mismo escaparate con la metodología de siempre. Si los 84.926 anuncios de la capital eran un suelo, se verá en el siguiente informe; si eran una parada de un descenso más largo, también. Mientras llega, el dato que ordena todo lo demás es el que publicó el portal el 7 de octubre de 2026: uno de cada tres anuncios que desaparecieron en España eran madrileños.

Garriga llama a la movilización el 29-N en el acto «Reconquista» de Barcelona: «Es la última oportunidad»

Garriga llama a la movilización el 29-N: la cita es ‘la última oportunidad’ para recuperar lo que ha destrozado el PSOE.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha protagonizado este lunes el acto ‘Reconquista’ en la plaza del Rey de Barcelona, convocado por la formación con motivo del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional. En su intervención ha advertido de la ‘responsabilidad histórica’ que afrontan los españoles en esa cita y ha reclamado dejar atrás las divisiones para defender la identidad, la seguridad y la prosperidad del país.

Garriga ha tenido ademas un recuerdo expreso para Ceuta, donde se encuentra Santiago Abascal, y ha lanzado un mensaje a sus vecinos: ‘No les vamos a dejar solos, ni vamos a renunciar ni a un solo palmo de nuestro territorio nacional’. Acto seguido ha denunciado la presión de Marruecos sobre la ciudad autónoma y ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez de colaborar con esa situación.

El dirigente ha reivindicado asimismo la movilización de quienes defendieron la unidad de España frente al separatismo, una respuesta que, según ha recordado, sirvió para poner en pie a Cataluña y a España en defensa de la Cataluña española. De ahí su petición de dejar a un lado las ‘disputas estériles entre compatriotas’.

Qué propone Vox para el 29-N y con qué argumentos

El discurso ha servido para desplegar el programa con el que la formación quiere concurrir a la cita electoral. En materia fiscal, Garriga ha defendido bajar masivamente los impuestos para que quien quiera emprender y las familias puedan llegar a final de mes. El argumento que sostiene la medida es de coyuntura: cada día cuesta más llenar la nevera y mantener una familia resulta imposible incluso con dos salarios.

En vivienda, la propuesta pasa por impulsar la vivienda social con prioridad nacional y garantizar que los españoles sean los primeros en el acceso a las ayudas públicas y al parque protegido. En fronteras, Vox reclama proteger los límites del Estado y expulsar a los extranjeros que cometan delitos, que vengan a vivir de las ayudas o que pretendan imponer su forma de vida. Garriga ha vinculado la llegada masiva de inmigrantes con la presión sobre los servicios públicos, la vivienda y la seguridad de los barrios.

El acto de Barcelona concentra el argumentario de Vox para el 29-N en tres frentes: impuestos, vivienda con prioridad nacional y control de fronteras.

A ese bloque ha sumado una reivindicación histórica. Garriga ha trazado un paralelismo entre la Reconquista y los desafíos actuales, con episodios como Covadonga, las Navas de Tolosa y la toma de Granada, y ha reivindicado 1492 y la evangelización de América como una obra de la que su partido se siente profundamente orgulloso. La unidad nacional, ha añadido, no exige renunciar a las particularidades: ‘España es la historia de Castilla, de León, de Aragón, de Cataluña. Evidentemente, ninguna de esas partes es ajena a la otra’.

El impacto: qué se juega Vox el 29-N y cómo queda el tablero

El llamamiento llega en un momento de máxima exigencia. La elección del 12-O para un acto en la plaza del Rey, a pocos metros de la sede del Govern, tiene una lectura política evidente: Vox quiere escenificar en Cataluña que su discurso de unidad también se vota allí. De momento no han trascendido reacciones oficiales del Gobierno ni del PP al discurso del secretario general.

Garriga sitúa la cita en un marco binario, tal y como él mismo lo ha formulado: ‘o Sánchez o España’. El dirigente ha acusado al Partido Socialista y a sus socios separatistas de actuar contra los intereses del país y ha señalado que las formaciones que se presentan como defensoras de Cataluña han respaldado durante años las políticas de Pedro Sánchez.

La estrategia de Vox: identidad, movilización y pulso con el PP

La relación con el PP vuelve a ser el hilo del que cuelga todo. Vox y los populares mantienen abierto un pulso que se materializó con la ruptura de los gobiernos autonómicos de coalición, un precedente que la dirección de Vox utiliza para exigir coherencia en materia migratoria y fiscal antes de cualquier acuerdo futuro. La cita del 29-N añade presión a esa relación: cada punto de movilización que la formación arranque en Cataluña es también un aviso al socio de enfrente.

El calendario juega a favor del partido en un aspecto. El 12 de octubre ofrece a Vox un escaparate en el que su discurso sobre la unidad de España y las fronteras se alinea con la conmemoración oficial, en contraste con la posición de otros grupos que ese mismo día evitan pronunciarse. A eso se suma el mensaje de Ceuta, con Abascal en la ciudad, que permite a la formación rentabilizar un asunto de máxima sensibilidad en el conjunto del país.

Sin embargo, el riesgo está en la dispersión. Si el voto de centro-derecha se fragmenta, la suma de Vox y PP no basta para desalojar al PSOE, y la dirección del partido lo sabe. Por eso el llamamiento de Garriga no apela solo al núcleo del electorado propio, sino a los catalanes que, en su diagnóstico, han dejado de sentirse representados por el discurso territorial dominante.

El 29 de noviembre es, en esa lectura, la fecha límite para convertir la movilización en escaños y el primer examen de una estrategia que Vox lleva meses preparando. La próxima cita medirá cuánto de esa ‘última oportunidad’ se traduce en votos.

Buxadé celebra que el Supremo avale a VOX: los nacionalizados por la ley de nietos no votan el 29-N

El Supremo rechaza el recurso del Gobierno y confirma que los nacionalizados por la ley de nietos no podrán votar el 29-N.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dado la razón a Vox. Dos autos notificados este lunes desestiman las alegaciones de la Abogacía del Estado y ratifican la suspensión cautelar que el alto tribunal adoptó el pasado 10 de septiembre, cuando paralizó de forma provisional la inscripción de estos ciudadanos en el censo. La suspensión sigue, por tanto, plenamente vigente de cara a las urnas.

El origen de estas nacionalizaciones está en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos. Ese precepto permite a los descendientes de españoles obtener la nacionalidad por opción y, con ella, entrar en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

La tesis de Vox: el censo no se puede fabricar

La formación sostiene que inscribir en el CERA a los nacionalizados por esa vía antes de las elecciones del 29 de noviembre alteraría el cuerpo electoral. Su argumento de fondo es que la ley de nietos no puede operar como una puerta abierta para engordar el censo sin las garantías que exige cualquier proceso. Fue Vox quien impulsó la medida cautelar, y el partido defiende desde entonces que el censo no puede alterarse en plena precampaña.

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha resumido la tesis del partido: ‘El Supremo ha hecho justicia. No se puede aceptar una alteración del censo electoral’. El presidente de la formación, Santiago Abascal, ha celebrado el fallo con un mensaje más político: ‘Ahora les será más difícil robar las elecciones. No se puede fabricar votantes de manera ilegítima e ilegal’.

La instrucción al Instituto Nacional de Estadística (INE), del que depende la Oficina del Censo Electoral, es tajante: no inscribir a quienes hayan obtenido la nacionalidad de origen por esa vía y aún no figuren en el CERA. Para los ya inscritos, el tribunal mantiene la suspensión de sus efectos electorales en el proceso convocado por el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre.

El Supremo no resuelve el fondo, pero fija una regla clara: el censo no se amplía por la vía de la ley de nietos antes del 29-N.

Qué ha decidido el Supremo y cómo afecta al 29-N

Los dos autos desestiman las alegaciones de la Abogacía del Estado contra la medida cautelar del 10 de septiembre. El tribunal no entra aún en el fondo del asunto, pero mantiene el criterio y ordena al INE que se atenga a lo acordado. La restricción seguirá vigente el 29 de noviembre.

El Gobierno había pedido levantar la suspensión a través de la Abogacía del Estado. El Supremo ha desestimado esa pretensión en dos resoluciones y ha confirmado que la medida se mantiene. El Ejecutivo no ha logrado su objetivo.

La lectura estratégica: censo, campaña y pulso con el Gobierno

Con la campaña del 29-N ya en marcha, el fallo coloca el censo en el centro del debate. Vox explota un terreno que considera decisivo: la limpieza del proceso electoral. En ese marco, el partido trata de marcar perfil propio frente al Gobierno y frente a un PP al que quiere arrastrar a su terreno.

No es la primera vez que Vox gana esta batalla en los tribunales. La suspensión del 10 de septiembre ya fue una victoria arrancada por vía judicial, y el intento del Gobierno de revertirla se ha saldado con dos autos en contra. Sobre ese eje, el partido ha construido parte de su discurso de campaña, con la integridad del voto como argumento recurrente.

Con el censo ya fijado por la vía cautelar, la cita del 29 de noviembre se jugará con las reglas que Vox reclamaba. El partido suma una victoria más a su cartera judicial y traslada el debate desde la sala hasta la opinión pública. Queda por ver si el Gobierno insiste por otras vías, pero de momento el tribunal le ha cerrado la puerta.

Boadilla del Monte abre hasta el 23 de octubre la subsanación de 366 becas de escolarización

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? 366 familias de Boadilla del Monte con solicitud defectuosa o incompleta en las becas de escolarización y conciliación familiar de este curso.
  • ¿Cuándo ocurre? El plazo de subsanación está abierto y se cierra el 23 de octubre, ambos inclusive.
  • ¿Qué cambia hoy? Quien no corrija su expediente en plazo verá desistida su petición y se quedará sin la ayuda.

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha detectado 366 solicitudes defectuosas en las becas de escolarización y conciliación familiar. Las familias afectadas tienen hasta el 23 de octubre, ambos inclusive, para corregirlas o aportar los documentos que faltan.

La web municipal ya recoge el listado completo de las becas de Boadilla del Monte, con un código junto a cada expediente que señala qué documentación hay que aportar. El plazo máximo es de diez días hábiles y el trámite admite dos vías: presencial en el Registro de la calle Juan Carlos I, 42, o telemática a través de la Sede Electrónica, mediante una instancia general en la que debe figurar el número de expediente.

Qué hay que corregir y qué ocurre si la familia no hace nada

Los defectos que más se repiten en este tipo de convocatorias son justificantes de renta incompletos, documentos que no se llegaron a subir, y datos del solicitante que no coinciden con el padrón. El código asignado a cada expediente resuelve la duda principal, aunque conviene leer antes las bases: la convocatoria exige presentar la documentación requerida en su totalidad y solo se admite lo que esas bases piden.

Para las situaciones que no estén recogidas en ellas, el Ayuntamiento ha habilitado el correo concejaliaeducacion@aytoboadilla.com. Es una vía informativa: por ahí no se recoge documentación y no sirve como subsanación.

Lo que sí conviene tener claro es la consecuencia del silencio. Si el plazo se agota sin respuesta, la administración entiende que la familia desiste de la ayuda, y el expediente se cierra sin resolución favorable ni aviso posterior.

Un expediente que no se subsana no se deniega: se da por abandonado, y la beca se pierde por silencio, no por decisión expresa.

Por qué aparecer en la lista no significa quedarse sin beca

becas escolarización

El propio comunicado municipal insiste en un matiz que cada curso genera confusión: no figurar en el listado de solicitudes defectuosas no equivale a tener la ayuda concedida. Significa, únicamente, que la documentación se presentó bien y que el expediente sigue su tramitación ordinaria.

La publicación de un listado provisional se lee muchas veces como resolución final. No lo es. La resolución definitiva se conocerá cuando el Ayuntamiento resuelva la convocatoria, y hasta entonces ninguna de las 366 familias puede dar por perdido —ni por ganado— nada.

En la práctica, la subsanación se resuelve en una sola visita: escrito, documentación y número de expediente. Nada más.

Un margen que se encoge en cuanto la familia tiene que cuadrarlo con el turno del trabajo.

El trámite de diez días que decide una ayuda de curso completo

Que 366 solicitudes lleguen con errores no es una anomalía exclusiva de Boadilla del Monte. El artículo 68 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común obliga al interesado a corregir su petición en un plazo de diez días hábiles cuando la administración detecta un defecto, y ese es el margen que se ha aplicado en esta convocatoria. La diferencia entre unos municipios y otros no está en el plazo, sino en cómo se comunica.

La comparación con Madrid capital resulta inevitable. En el Ayuntamiento de Madrid, las ayudas de comedor y escolarización se tramitan casi por completo de forma telemática, mientras que en los municipios de la corona noroeste la atención presencial en el Registro sigue pesando. Esa doble vía —ventanilla física o Sede Electrónica— es lo que permite que una familia con poca destreza digital no se quede fuera del proceso. En esta redacción lo leemos como una red de seguridad razonable, aunque no salva a quien descubre el problema con el plazo ya consumido.

A eso se suma el calendario. Boadilla del Monte es un municipio de la corona noroeste con una de las rentas medias más altas de la región, y aun así acumula cientos de expedientes administrativos cada curso en un trámite que se rompe por un documento mal escaneado. No hay atajo: o se subsana dentro del plazo, o la ayuda de todo el curso —material escolar, comedor, conciliación— se queda por el camino. El cierre es el 23 de octubre, sin prórroga anunciada, y el punto de partida para cualquier duda está en la web del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

El DOJ registra de madrugada la casa de Ilhan Omar por fraude migratorio

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EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Agentes de Homeland Security Investigations (HSI) han ejecutado de madrugada una orden judicial de registro en la vivienda de Washington de la congresista demócrata Ilhan Omar, avalada por el Departamento de Justicia.
  • ¿Quién está detrás? El DOJ y HSI, el brazo investigador de ICE dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance habían anticipado la investigación a lo largo de 2026.
  • ¿Qué impacto tiene? El escrutinio federal alcanza a una congresista en activo por la vía migratoria, un precedente que se produce mientras Europa aplica su propio pacto de asilo y migración.

El Departamento de Justicia confirma el registro de madrugada en la casa de la congresista Ilhan Omar por fraude migratorio.

Qué ha pasado: el registro y la orden judicial que lo ampara

La operación la ejecutaron agentes de Homeland Security Investigations (HSI), el brazo investigador de ICE dentro del Departamento de Seguridad Nacional. «Hoy, en el área de Washington D. C., Homeland Security Investigations ha ejecutado una orden de registro autorizada judicialmente y obtenida por el Departamento de Justicia», ha señalado un portavoz del DOJ. La precisión no es menor: hablamos de una orden firmada por un juez, no de una actuación administrativa improvisada.

Omar tiene 44 años y representa el quinto distrito de Minnesota, el que incluye Minneapolis. Llegó al Congreso en 2018 y forma parte del grupo de demócratas progresistas conocido como el Squad, junto a Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley y Rashida Tlaib. Es una de las voces más reconocibles del ala izquierda del Partido Demócrata.

La orden se enmarca en una investigación criminal federal en curso. El registro no equivale a una acusación formal, pero sí a un salto de escala en el escrutinio sobre la congresista. Hasta la fecha, el DOJ no ha detallado el objeto exacto del expediente que sostiene la causa.

El expediente: fraude financiero, papeleo migratorio y una negación rotunda

El rastro se remonta a enero de 2026, cuando Donald Trump declaró que el Departamento de Justicia investigaba a Omar a raíz de unas divulgaciones financieras que ella misma describió como un error contable que sobrevaloraba los activos de su marido. «El DOJ y el Congreso están mirando a la “congresista” Ilhan Omar, que salió de Somalia sin NADA y ahora tiene presuntamente más de 44 millones de dólares», escribió entonces el presidente. «El tiempo lo dirá todo».

El aparato federal lleva décadas investigando a congresistas en activo. La novedad de este caso es la vía elegida: el fraude migratorio, no el financiero.

En mayo de 2026, el vicepresidente JD Vance confirmó desde la Casa Blanca que el DOJ examinaba la acusación de que Omar se casó en 2009 con su hermano biológico, Ahmed Nur Said Elmi, para facilitarle la residencia en Estados Unidos. «Vamos a investigarlo», dijo Vance. «Si creemos que hay un delito, vamos a perseguir ese delito. El Departamento de Justicia lo está mirando ahora mismo».

Trump ha vinculado además a Omar con redes de fraude en Minnesota que habrían captado más de 800 millones de dólares en fondos defraudados o presuntamente fraudulentos, procedentes de programas sociales estatales y de la era pandémica reembolsados por el Gobierno federal. Uno de esos entramados, Feeding Our Future, estafó al estado más de 250 millones de dólares. Omar niega cualquier vínculo con los defraudadores y en mayo calificó las acusaciones de «rotundamente falsas». En marzo de 2020 impulsó la MEALS Act, que eliminó salvaguardas en los programas de nutrición infantil; la republicana Kristin Robbins sostiene que esa norma facilitó el fraude.

Ilhan Omar DHS

Qué significa para España y para la política migratoria europea

España no es espectadora neutral. Desde junio de 2026 aplica el Pacto Europeo de Migración y Asilo, el marco que armoniza los procedimientos de asilo y retorno en los Veintisiete. Mientras Bruselas activa sus nuevos mecanismos, Washington enseña cómo persigue por la vía penal el fraude en los trámites migratorios. No son marcos equivalentes, pero la comparación resulta inevitable.

España persigue desde hace años los matrimonios de conveniencia y el fraude en extranjería por la vía de la falsedad documental. La diferencia de escala es la que marca el caso americano: aquí el investigado es un miembro en activo del poder legislativo, con escaño y esfera pública. Nuestro país mira estos precedentes porque determinan cómo se comunican las políticas de control migratorio en un debate que ya es paneuropeo.

La Lógica de Washington

Hay que entender primero el problema que la Administración quiere resolver. La inmigración es la promesa electoral nuclear del trumpismo, y su aplicación depende de que la ciudadanía perciba que el sistema persigue el fraude sin excepciones. Que una congresista de la oposición sea el objetivo envía un mensaje que el votante republicano lee como igualdad ante la ley. El DOJ cuenta además con una tradición propia: su Sección de Integridad Pública, creada en 1976, investiga a funcionarios públicos desde hace medio siglo y ha mandado a prisión a cargos de ambos partidos, desde Michael Grimm, hasta Duncan Hunter o Chaka Fattah.

La lectura estratégica obliga a mirar el calendario. Las elecciones legislativas americanas se celebran el 3 de noviembre de 2026, apenas tres semanas después de este registro, y el caso se convierte en asunto de campaña. En paralelo, el expediente deja una incógnita jurídica: cuanto más peso tenga el contexto político, más margen tendrá la defensa para tratar de deslegitimar la causa.

El precedente histórico ordena el ruido. La costumbre de investigar a legisladores no nació ahora: viene de los años setenta, cuando el Watergate convirtió la rendición de cuentas del poder en seña de identidad institucional. Washington rara vez improvisa estas causas. Las construye despacio, documenta cada paso y las deja madurar hasta que un juez firma.

La próxima ventana clave es el propio proceso penal: si el gran jurado sostiene el caso, el DOJ anunciará imputaciones; si no, la investigación se apagará sin cargos.

Ficha del Caso

  • El caso: El Departamento de Justicia y HSI ejecutan de madrugada una orden judicial en la casa de la congresista demócrata Ilhan Omar por una investigación criminal de fraude migratorio en curso.
  • Datos clave: Sin acusación formal por ahora; el DOJ confirma la operación; Trump y Vance anticiparon la investigación en enero y mayo de 2026; Omar niega los hechos y los califica de «rotundamente falsos».
  • Para España: El caso llega mientras España aplica el Pacto Europeo de Migración y Asilo y refuerza la tendencia a perseguir el fraude en los trámites de extranjería a ambos lados del Atlántico.

La batalla de Lepanto vuelve a disparar sus cañones: la recreación que revive la gesta de Cervantes

Dos galeras y un puerto griego devuelto al siglo XVI: la batalla de Lepanto volvió a disparar sus cañones el pasado sábado. En el puerto de Naupacto, la antigua Lepanto, miles de espectadores asistieron a una recreación que devuelve a la actualidad una victoria en la que España puso casi todo.

La ciudad, de unos 20.000 habitantes, conserva las murallas venecianas que flanquean la bocana del puerto y ha hecho de aquel episodio su principal seña de identidad. Su alcalde, Vasilis Gkizas, sostiene que la cita ha duplicado el número de visitantes desde 2018, hasta superar los 35.000 en 2024. La memoria histórica, bien contada, también es economía.

Qué se representó en el puerto de Naupacto

Minutos antes de las 21.00, el sonido de los tambores abrió paso a vecinos disfrazados de infantes españoles, remeros griegos y caballeros de la Orden de Malta. El puerto se apagó y las murallas se convirtieron en pantallas gigantes con los emblemas de la Liga Santa y del Imperio otomano. Una voz narró los antecedentes: la caída de Nicosia y de las posesiones venecianas en Chipre en 1570, el punto de inflexión que obligó a frenar la expansión otomana.

En los extremos del puerto aparecieron dos galeras. La cristiana enarbolaba la cruz: 206 galeras y seis galeazas, con unos 40.000 marineros y remeros y 25.000 soldados, bajo el mando de Don Juan de Austria, hermanastro de Felipe II. La Corona española aportó 50 galeras y sufragó la mitad de los gastos de la expedición. Enfrente, el almirante otomano Ali Pachá mandaba 211 galeras y otras 63 embarcaciones, con 34.000 soldados y 55.000 remeros y marineros.

La escenificación reservó lo mejor para el final. La música épica, la niebla artificial y una lluvia de fuegos artificiales lanzados en todas direcciones reprodujeron el abordaje, la táctica de pegarse al casco del barco enemigo y asaltarlo a pie, la forma habitual de resolver una batalla naval en el siglo XVI. Las dos galeras chocaron y parecieron fundirse en una sola mientras los figurantes se enzarzaban en un combate cuerpo a cuerpo.

El desenlace fue desastroso para el bando otomano: se salvaron solo 35 de casi 280 barcos y murieron unos 25.000 hombres. La Liga Santa perdió a unos 8.000, con 12 galeras hundidas o capturadas y otras 38 muy dañadas. Además, unos 12.000 cautivos cristianos que remaban en las naves otomanas quedaron en libertad. Se estima que en la batalla participaron unos 25.000 griegos en ambos lados, en su mayoría remeros y marineros.

Lepanto no fue solo una batalla naval: fue la vez en que media Europa se puso bajo mando español para frenar al Imperio otomano.

Por qué Lepanto sigue siendo una historia española

Entre aquellos 25.000 soldados había un joven de unos 24 años llamado Miguel de Cervantes. Un disparo de arcabúz le inutilizó la mano izquierda —no se la amputó— y de ahí le vino el apodo de manco de Lepanto, que arrastra un error de precisión desde hace siglos. El pasado 7 de octubre se cumplieron 455 años de aquella jornada.

Lepanto 1571

Y aquí está la clave. La batalla que se recrea en Naupacto fue una victoria de la Liga Santa, pero la mandó y la pagó en buena medida la Corona española: España puso el mando, las naves y la mitad del dinero. En buena parte de los relatos europeos, sin embargo, la gesta aparece diluida, casi como un episodio veneciano o papal.

Cada edición de la fiesta griega devuelve el foco a un hecho que también es español, y lo hace con público, con cámaras y con retorno turístico en otro país. La historia se cuenta mejor donde alguien decide contarla.

¿Pierde España algo con eso? No necesariamente. Naupacto presume de Cervantes, y la lengua en la que aquel soldado escribió el Quijote es hoy el principal activo cultural español en el mundo, el que proyecta el Instituto Cervantes. Una ciudad griega convertida en altavoz del legado español en el Mediterráneo es una oportunidad, no una pérdida.

De Naupacto a Bailén: cuando la memoria se convierte en industria

No es un caso aislado. Las recreaciones históricas se han convertido en una industria cultural de primer orden. En España, las de la batalla de Bailén o las de Almansa llenan hoteles y restaurantes cada año, y en Francia los actos del desembarco de Normandía mueven a multitudes cada junio.

La diferencia está en la estrategia: Naupacto ha hecho de una victoria compartida su marca de ciudad, con un retorno medible en visitantes según su propio alcalde. España tiene episodios igual de grandes y no siempre los pone en valor.

El calendario, además, invita a moverse. En 2031 se cumplirán 460 años de la batalla, y hasta entonces la recreación griega tiene por delante varias ediciones: la próxima, previsiblemente en octubre de 2027. La cuestión de fondo no es si España patrocina una fiesta en el extranjero, sino si sabe contar su propia historia con la misma eficacia con la que Naupacto cuenta la suya.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El puerto griego de Naupacto (la antigua Lepanto) recreó el pasado sábado la batalla naval de 1571, en la que la Liga Santa, liderada y financiada en gran parte por España, derrotó a la flota otomana.
  • Datos importantes: La Liga Santa reunió 206 galeras y seis galeazas; la Corona española aportó 50 galeras y la mitad del gasto. La ciudad ha duplicado sus visitantes desde 2018, hasta superar los 35.000 en 2024.
  • Resumen: La recreación proyecta en el Mediterráneo un legado histórico español, el de Cervantes y la Liga Santa, que España rentabiliza poco en imagen y turismo cultural.

Colombia reescribe el 12 de octubre: de la Hispanidad a la reivindicación indígena

Este 12 de octubre, España celebra su Fiesta Nacional y Colombia hace algo bastante distinto. Desde 2021, la fecha se llama allí Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana, y la palabra Hispanidad ha desaparecido del nombre oficial. Vamos por partes, porque un cambio de denominación nunca afecta solo a una palabra.

Qué cambió Colombia el 12 de octubre

El Ministerio de Cultura colombiano fijó esa denominación en 2021, en línea con la Constitución de 1991. Aquel texto fundacional define el país como una nación pluriétnica y multicultural, y el Gobierno colombiano sostiene que el nombre anterior no reflejaba esa realidad. Antes, la jornada se conocía como Día de la Raza y la Hispanidad.

Durante décadas, la conmemoración giró en torno a la llegada de Cristóbal Colón al continente y al contacto con el mundo europeo. La crítica que impulsó el cambio sostiene que aquel relato presentaba la llegada de los españoles como el nacimiento oficial de la civilización en estos territorios, y dejaba fuera a los pueblos que ya vivían allí.

Los pueblos indígenas representan alrededor del 4 % de la población colombiana, en torno a dos millones de personas según los datos del DANE. A ellos se suma la población afrodescendiente, uno de los colectivos con mayor peso demográfico del país. El Ministerio de Cultura afirma que la nueva denominación busca dignificar la memoria y los derechos de las comunidades que sufrieron la colonización.

Por qué esta decisión interpela directamente a España

Conviene recordar un detalle que el debate público casi nunca menciona. España cambió ese nombre hace casi cuatro décadas. La Ley 18/1987 dejó atrás el Día de la Hispanidad y fijó el 12 de octubre como Fiesta Nacional, una jornada cívica que nada tiene que ver con jerarquías raciales.

Madrid y Bogotá siguen compartiendo la fecha, aunque ya no compartan el nombre que le dan.

Y aquí está la clave económica. España figura entre los principales inversores extranjeros en Colombia, con presencia en la banca, los seguros, las infraestructuras, la energía y el turismo. El grueso de esa presencia se concentra en sectores regulados, donde cualquier cambio de reglas se nota de inmediato en las cuentas de las matrices.

El idioma es otro punto que ningún decreto borra. Cerca de 600 millones de personas hablan español en el mundo, según las estimaciones del Instituto Cervantes, y la comunidad hispanohablante sigue creciendo en Estados Unidos y en Asia. Compartir lengua es compartir mercado, cultura y oportunidad, algo que ningún cambio de nombre en un calendario modifica.

Lo que la historia matiza de este relato

La etiqueta de Día de la Raza nació en el primer tercio del siglo XX, en círculos iberoamericanos, y nunca definió la relación real entre ambos lados del Atlántico. El término procede de un contexto intelectual hoy superado, y su retirada del calendario colombiano no equivale a una condena de cuatro siglos de historia compartida. La denominación Día de la Hispanidad se oficializó en España a finales de los cincuenta, y tres décadas después el país la sustituyó por la actual Fiesta Nacional.

De ahí que convenga mirar el episodio con perspectiva. Bogotá no rompe con el legado hispánico cuando renombra un día festivo: conserva el idioma, la confesión mayoritaria, el derecho civil heredado y una red universitaria de raíz europea. Otros países de la región hicieron lo mismo en las últimas décadas, con más o menos ruido político. La fecha, en cambio, siguió siendo la misma para todos.

Lo que sí puede moverse es la imagen de España en el continente y el relato que se enseña en las aulas. El calendario de actos institucionales de este 12 de octubre en Madrid, con la Virgen del Pilar como telón de fondo, es una buena ocasión para insistir en una idea sencilla: la Hispanidad es una comunidad viva, no un capítulo cerrado.

El pulso no se libra en un despacho, sino en los manuales escolares y en las televisiones de ambos países. Conviene seguir si otras naciones renombran también su jornada en los próximos años y qué papel juega Bogotá en ese debate.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: Colombia conmemora el 12 de octubre como Día de la Diversidad Étnica y Cultural, nombre fijado por el Ministerio de Cultura en 2021 en sustitución del tradicional Día de la Raza y la Hispanidad.
  • Datos importantes: La Constitución de 1991 define el país como pluriétnico y multicultural. Los pueblos indígenas rondan el 4 % de la población colombiana, según el DANE.
  • Resumen: El cambio de denominación tensa el relato sobre la herencia española, pero no altera el idioma, los mercados ni una inversión española de peso en Colombia.

Elon Musk se convierte en el mayor donante de las midterms con 276 millones al Partido Republicano

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Elon Musk ha canalizado más de 276 millones de dólares al Partido Republicano de cara a las midterms de noviembre.

Las midterms —las elecciones legislativas de medio mandato que se celebran el 3 de noviembre— decidirán el control del Senado y de la Cámara de Representantes. La cifra aparece en los registros de financiación que su equipo ha compartido con The New York Times, según la información publicada por Just The News, y lo sitúa como el mayor donante individual conocido de este ciclo electoral.

Casi 158 millones —cerca del 60% del total— han ido al Senate Leadership Fund, el super PAC (vehículo que recauda y gasta sin límite mientras no coordine formalmente con la campaña del candidato) que sostiene a los aspirantes republicanos al Senado.

Al arranque de la administración Trump pilotó el DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (la iniciativa de recorte del gasto federal que dirigió durante unos meses). Su salida llegó después de un choque público con el presidente y, más tarde, ambos limaron asperezas. El hombre más rico del planeta controla un imperio que va de X a SpaceX, con Tesla en medio. Su respaldo al partido ha vuelto, eso sí, con un perfil más discreto.

Dónde van los 276 millones: el Senado como prioridad absoluta

La distribución no es casual. El Senado es la cámara que decide el poder real en Washington: confirma jueces, ratifica tratados, y bloquea nombramientos.

Con 158 millones volcados en el Senate Leadership Fund, el dinero apunta a los escaños que el Partido Republicano defiende en noviembre. El mapa del Senado concentra la pelea en un puñado de Estados.

Los 276 millones de Musk no compran votos: compran las semanas de publicidad que convierten un escaño empatado en un escaño ganado.

Otros 76 millones han engordado America PAC, la estructura que el magnate fundó en 2024 y que ya opera en siete estados decisivos. Al otro lado, el Partido Demócrata sigue peleando con problemas de caja, según el relato que domina la conversación política americana. No es una novedad de este ciclo, pero llega en el peor momento: en unas midterms la movilización vale más que el mensaje. Y la brecha se nota.

De Silicon Valley a Bruselas: cuando el dinero privado entra en política

Musk donante

El movimiento de Musk describe algo más amplio: la consolidación de Silicon Valley como actor político de primera fila. Lo que en los noventa era un sector que pactaba con quien gobernara —menos impuestos, visados para ingenieros, luz verde a la innovación— hoy es una red de donantes con agenda propia: contratos de defensa y aeroespacial, autorizaciones para el coche autónomo, reglas más laxas para la inteligencia artificial y menos presión regulatoria sobre las plataformas. Quien financia espera influir; quien influye espera contratos.

Para España, el contraste es instructivo. La Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de partidos prohíbe las donaciones de empresas y las anónimas, y somete a los grandes donantes individuales al escrutinio del Tribunal de Cuentas. Un donante español que quisiera replicar la jugada de Musk se toparía con un techo legal y con la obligación de dar su nombre.

En Bruselas, el reglamento europeo de publicidad política, ya aplicable, limita la segmentación de anuncios por afinidad ideológica, la herramienta que las campañas estadounidenses compran con el dinero de un solo hombre. Y la Comisión Europea mantiene abierto su expediente contra X al amparo del Reglamento de Servicios Digitales, la norma que obliga a las grandes plataformas a moderar contenidos y evaluar riesgos sistémicos.

El impacto sobre las empresas españolas es indirecto, pero existe. Inditex, Iberdrola y Santander operan en un mercado donde las reglas del juego —aranceles, contratos públicos, regulación digital— se deciden en el Capitolio. Una mayoría republicana en el Senado refuerza la continuidad de la agenda arancelaria y del gasto en defensa. El dinero no vota. Compra el megáfono.

La Lógica de Washington

Desde dentro del sistema, el cálculo es transparente. El Partido Republicano no necesita arrasar en el voto popular: le basta con defender un puñado de escaños donde dos puntos deciden la mayoría de la cámara. La coalición que sostiene esa estrategia mezcla a los donantes energéticos de Texas, a los fondos de inversión de Nueva York y a la hornada tecnológica de Silicon Valley.

Hay un precedente americano claro. La sentencia Citizens United, que el Tribunal Supremo dictó en 2010, abrió la puerta al gasto independiente ilimitado de empresas y sindicatos, y antes Buckley v. Valeo, en 1976, había equiparado el dinero a una forma de expresión protegida. Cada ciclo electoral ha tenido su gran donante de referencia. Lo que cambia ahora es la escala: un solo hombre sostiene el esfuerzo financiero de un partido entero.

Queda una incógnita razonable: el dinero no garantiza escaños. Donantes con chequeras enormes han visto caer a sus candidatos por márgenes mínimos, y la relación entre Musk y Trump ya se rompió una vez. Nadie dijo que fuera gratis. La ventana clave es el 3 de noviembre, día de las midterms, con los informes preelectorales ante la Comisión Federal de Elecciones como mejor termómetro en las semanas previas. En España, el debate sobre la financiación privada de la política sigue abierto, con reglas más estrictas y menos dinero en juego.

Ficha del Caso

  • El caso: Elon Musk se ha convertido en el mayor donante individual de las midterms de 2026 tras canalizar más de 276 millones de dólares hacia campañas y comités republicanos desde julio.
  • Datos clave: 158 millones al Senate Leadership Fund, casi el 60% del total; 76 millones a America PAC, activo en siete estados decisivos; los comicios se celebran el 3 de noviembre de 2026.
  • Para España: la ley española prohíbe las donaciones empresariales y limita las individuales, de modo que el caso ilustra el contraste regulatorio con EE. UU. y anticipa la agenda arancelaria y tecnológica que condiciona a las empresas españolas con inversión en el mercado americano.

Clavijo atribuye al Estado la gestión migratoria en Canarias: las llegadas caen un 44%

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a atribuir al Estado la gestión migratoria tras la llegada de más de 3.800 personas al archipiélago en el último mes y medio.
  • ¿Quién está detrás? El Gobierno de Canarias, el Ministerio del Interior, que cifra en casi un 45% la caída anual de llegadas, y las organizaciones humanitarias del archipiélago.
  • ¿Qué impacto tiene? La presión sobre la red de menores no acompañados, cuya tutela es competencia exclusiva de Canarias, y un pulso abierto con el Ejecutivo central en pleno calendario electoral.

Fernando Clavijo atribuye al Estado la gestión migratoria mientras las llegadas a Canarias caen un 44% este año.

Lo que dicen los datos: 3.800 llegadas en mes y medio y un descenso anual del 44%

Durante los actos oficiales de la Fiesta Nacional, este lunes, el presidente canario denunció la «ausencia de reacción» del Estado y advirtió de que el cierre de 2026 podría acercarse a los 47.000 desembarcos de 2024. Su equipo, dice, maneja ese escenario desde junio, cuando detectó movimientos en las costas de Marruecos.

Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, el balance acumulado hasta septiembre refleja un descenso de casi el 45% respecto al mismo periodo del año anterior, con unos 3.800 desembarcos concentrados en el último mes y medio. La caída anual del 44% convive con picos puntuales que tensionan la red de acogida. Para las organizaciones humanitarias, el repunte de este fin de semana no es una excepción: responde al flujo estacional del otoño, asociado al buen tiempo y a las calmas del mar.

El cuello de botella que Canarias sí gestiona

llegadas migrantes Canarias

El punto de fricción real está en los menores no acompañados, cuya tutela corresponde en exclusiva a la comunidad autónoma. Pese a asegurar que preveía el escenario desde junio, el Gobierno de Canarias no ha destinado ni un euro más a a la red de acogida. Clavijo ha calificado las llegadas de «brote», un término que contrasta con el diagnóstico de las ONG, que las enmarcan en el habitual repunte otoñal.

A eso se suma la mirada a Bruselas. El presidente canario sostiene que el nuevo pacto migratorio europeo busca un «efecto de retención» en las fronteras y avisa de que eso hará el escenario «todavía más complicado». Sin embargo, su Ejecutivo no ha anunciado directrices para reforzar las áreas que dependen de él y mantiene toda la presión reivindicativa sobre otras administraciones.

Canarias tutela sola a los menores que llegan a sus costas mientras reclama a Madrid y a Bruselas respuestas que no dependen de sus competencias.

La agenda que Clavijo desplegó el mismo día va mucho más allá de la migración. Aunque descartó abordar estos asuntos con Pedro Sánchez por considerar que no era «ni el momento ni el lugar», exigió que los compromisos pendientes se cumplan en los próximos Consejos de Ministros. Reclamó además la negociación del marco financiero plurianual europeo, la prórroga por cuatro años del convenio de carreteras —cuyo crédito está agotado hasta 2030—, la consolidación de la gratuidad del transporte público en guaguas y tranvías, y nuevas infraestructuras educativas. En vivienda, anunció que trasladará al Estado una propuesta para limitar la compra de inmuebles por parte de extranjeros.

El Pulso Territorial

El mapa político canario lleva tres años girando alrededor de la misma pregunta: quién paga la factura de la frontera. Clavijo gobierna desde 2023 al frente de una coalición entre Coalición Canaria y el PP, y ha convertido la exigencia a Madrid en el eje de su discurso, también a falta de 48 días para las elecciones, según el cálculo del propio presidente.

La comparación con el resto de territorios que cubrimos ayuda a medir el peso real del archipiélago. La ruta atlántica es hoy la principal vía de entrada marítima irregular a España, por delante de los flujos que cruzan el Estrecho y que golpean a Ceuta y Melilla. Eso explica que un descenso del 44% no haya rebajado la temperatura política: en Canarias, cualquier pico se convierte en crisis. El riesgo para el Ejecutivo autonómico es que el relato de emergencia choque con las cifras oficiales y con su propia gestión de los recursos que sí controla. Lo que viene ahora pasa por los próximos Consejos de Ministros, por la negociación del convenio de carreteras más allá de 2030 y por una campaña que Clavijo quiere centrada en «ideas y debates».

Ficha Autonómica

  • El caso: El presidente de Canarias responsabiliza al Estado de la gestión migratoria tras la llegada de más de 3.800 personas al archipiélago en mes y medio, mientras el balance anual cae un 44%.
  • Datos importantes: Casi un 45% de descenso acumulado hasta septiembre; 47.000 llegadas en 2024; red de menores no acompañados bajo tutela exclusiva de Canarias; crédito del convenio de carreteras agotado hasta 2030.
  • Resumen: Clavijo mantiene la presión sobre Madrid y Bruselas y anuncia una propuesta para limitar la compra de vivienda por extranjeros. Pendientes: los próximos Consejos de Ministros y el calendario electoral.