Ecuador reaviva el debate del 12 de octubre: conquista, memoria indígena y relato del encuentro entre Europa y América

El 12 de octubre de 2026, Ecuador abre un debate sobre la conquista y la memoria indígena que interpela a España. La conmemoración vuelve a colocar en el centro el relato del encuentro entre Europa y América.

En Quito, las cartas de los lectores llevan días discutiendo cómo contar esa historia. Un texto publicado estos días en El Comercio resume la posición mayoritaria: recordar la fecha sin borrar una parte de nuestra historia y sin reducirla a una sola interpretación. Su autor, Luis Fernando Martínez, subraya que Ecuador es hoy el resultado de la convivencia de pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios y mestizos.

La discusión no es nueva, pero llega con un tono distinto. La conquista dejó consecuencias que aún pesan en la desigualdad de la región, y al mismo tiempo el mestizaje produjo una realidad cultural que ni España ni América explican sin mirarse la una a la otra.

Qué se debate estos días en Ecuador

El punto de partida es sencillo de enunciar y difícil de cerrar: qué se conmemora. Para una parte de la sociedad ecuatoriana, la jornada debe servir para reconocer la diversidad y las lenguas de sus nacionalidades indígenas. Para otra, es sobre todo el recordatorio de un sometimiento. El texto de El Comercio busca una tercera vía: mirar el pasado con honestidad, sin prejuicios ni simplificaciones.

Sobre el terreno hay hechos que conviene fijar. La fundación de Quito en 1534, la creación de la Audiencia en 1563 y la independencia sellada en la batalla de Pichincha en 1822 dibujan una historia de casi tres siglos de vida común y dos siglos de vida separada. Ninguna de las dos partes se entiende sin la otra.

Ese legado compartido no exime de nada. Hubo conquista, sometimiento y abusos documentados, y la propia Corona aprobó normas para frenarlos con resultados desiguales. La historia completa incluye las dos caras, y quien elige solo una está contando otra cosa.

El vínculo entre España y América se sostiene sobre archivos, leyes y mestizaje: negar los abusos es tan falso como borrar a quienes los denunciaron.

Hoy Ecuador tiene su propia vida política y su debate interno merece respeto. Pero cuando la discusión se convierte en ajuste de cuentas con todo lo español, España entra en la ecuación quiera o no.

Por qué este debate nos interpela directamente en España

Primero, por demografía. La ecuatoriana es una de las comunidades latinoamericanas más numerosas asentadas en España, con presencia consolidada en Madrid, Barcelona, Murcia y Valencia. Miles de familias tienen una mitad de su vida aquí y otra allí, y su relato de origen también se construye con lo que se dice cada 12 de octubre.

Segundo, por idioma. El español es la lengua nativa de cerca de 500 millones de personas, según los informes del Instituto Cervantes, y ese es el activo cultural y comercial más potente que comparten España y América. Editoriales, productoras, universidades y tecnológicas españolas viven de ese mercado común que se resume en una palabra: Hispanidad.

Tercero, por imagen. Cuando el relato público reduce la presencia española en América a una leyenda negra, es decir, al conjunto de episodios más oscuros contados como si fueran los únicos, lo que se deteriora es la posición de las empresas e instituciones españolas en toda la región. No es un debate abstracto: es reputación, contratos y presencia.

Lo que la historia aporta cuando se cuenta entera

El precedente más útil no está en América, sino en la España del siglo XVI. En 1550, Valladolid acogió una disputa pública sobre la legitimidad de la conquista entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. Que una monarquía discutiera en voz alta los derechos de los pueblos conquistados no la absuelve de nada, pero desmiente la imagen de un sometimiento sin debate ni conciencia.

La Escuela de Salamanca, con Francisco de Vitoria al frente, fue más lejos al reconocer derechos a los pueblos de Indias y sentar algunas bases del derecho internacional moderno. Son hechos documentados, no consignas de parte.

Conviene recordar también cómo se llegó hasta aquí. En España la jornada se consolidó como fiesta nacional en 1981, tras décadas de nombres distintos para una misma fecha. El debate sobre qué se celebra no es exclusivo de Quito: recorre todo el mundo hispano y volverá cada año.

Para España, la lección es sencilla. La mejor defensa del legado no es el silencio, sino el archivo: explicar qué se hizo, qué se prohibió y qué queda por reparar. Esa es la conversación que conviene seguir en los próximos meses, con Ecuador como termómetro de un debate que atraviesa toda la región.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: Ecuador reabre cada 12 de octubre el debate sobre cómo conmemorar la conquista y el encuentro entre Europa y América. La discusión mezcla memoria indígena, identidad y legado hispánico.
  • Datos importantes: La fundación de Quito data de 1534, la Audiencia se creó en 1563 y la independencia se selló en Pichincha en 1822. El español es la lengua nativa de cerca de 500 millones de personas.
  • Resumen: El relato que se fije en la región afecta a la imagen de España y a la posición de sus empresas. La defensa del legado compartido exige datos, contexto y archivo, no silencios.

Elecciones generales Canarias: el censo ya permite consultar la mesa de voto para el 29 de noviembre

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El censo para las elecciones generales del 29 de noviembre ya puede consultarse en Canarias desde este lunes 12 de octubre.
  • ¿Quién está detrás? El INE y la Oficina del Censo Electoral, con las oficinas municipales habilitadas en toda Canarias.
  • ¿Qué impacto tiene? Quien detecte un error o no figure en el registro tiene hasta el 19 de octubre para reclamar. Después ya no hay margen.

El censo electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre ya puede consultarse en Canarias. Desde este lunes, los electores de las islas pueden comprobar si sus datos son correctos y cuál es su mesa.

Ocho días para revisar el censo y reclamar antes de las urnas

Durante esos ocho días, el censo permanecerá expuesto entre el 12 y el 19 de octubre, ambos inclusive. En Las Palmas de Gran Canaria, la atención presencial se concentra en la Oficina Central de Asistencia Ciudadana de la calle León y Castillo, 270, con horario de 08.00 a 20.00 horas, sábados y domingos incluidos. El lunes 19 el horario se ampliará hasta las 24.00 horas.

A esa oficina central se suman las de los distritos municipales. En Vegueta, Cono Sur y Tafira la atención se presta en la calle Botas, 2; en Isleta-Puerto-Guanarteme, en la calle Pérez Muñoz, 13; en Ciudad Alta, en Sor Simona, 44; y en Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, en la calle Capitán General Gutiérrez Mellado, 15. Todas abren de lunes a viernes, de 08.00 a 14.00 horas, durante el en periodo de exposición del censo. El plazo no se prorroga.

Internet, teléfono o ventanilla: las tres vías para saber dónde votar

Desde casa, el trámite se resuelve en la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística (el INE, el organismo que mantiene el censo electoral), y exige un certificado digital reconocido y asociado al DNI o al NIE. No se admiten certificados caducados ni revocados. Hay además una consulta más simple, sin certificado, en la sede del INE: basta con indicar la provincia, el municipio y la inicial del primer apellido.

La tercera vía es el teléfono. La Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral atiende en el 901 101 900. Y quien detecte errores, no figure en el registro o compruebe que hay una incidencia puede presentar una reclamación entre el 12 y el 19 de octubre, tanto en las oficinas municipales habilitadas como ante esa misma delegación.

El 19 de octubre es la fecha límite para pedir correcciones, y ninguna reclamación presentada después surtirá efecto antes del 29 de noviembre. Quedarse fuera del censo equivale, en la práctica, a quedarse sin voto. De ahí la insistencia de la Oficina del Censo Electoral en no dejarlo todo para el último día.

En Canarias el censo no es un trámite menor: quien no aparece en él no vota, y el plazo para arreglarlo se cierra el 19 de octubre.

El Pulso Territorial

Canarias llega a esta cita con un mapa político propio. El Gobierno autonómico, presidido por Fernando Clavijo con el respaldo de Coalición Canaria y el PP, convive con una oposición liderada por el PSOE, que gobernó las islas entre 2019 y 2023. Las generales del 29 de noviembre se miran desde el archipiélago con un ojo puesto en el Congreso y otro en las autonómicas de 2027, con las dos circunscripciones provinciales, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, repartiéndose los 15 diputados canarios.

El calendario del censo es idéntico al del resto de comunidades autónomas, pero la geografía insular añade una dificultad sin parangón. Siete islas y varios distritos donde la oficina más cercana queda a un ferry de distancia. Por eso la consulta telemática gana terreno convocatoria tras convocatoria. A partir del 19 de octubre arranca otra cuenta atrás: proclamación de candidaturas, campaña en la segunda quincena de noviembre y urnas el domingo 29. El censo se cierra, la campaña empieza.

Ficha Autonómica

  • El caso: Canarias abre la consulta del censo electoral para las generales del 29 de noviembre, con plazo de reclamaciones hasta el 19 de octubre.
  • Datos importantes: Ocho días de exposición (del 12 al 19 de octubre); oficina central en León y Castillo, 270, en Las Palmas de Gran Canaria; consulta telemática en la sede del INE o telefónica en el 901 101 900; 15 diputados en juego en las dos circunscripciones canarias.
  • Resumen: El censo ya está accesible y las reclamaciones pueden presentarse hasta el 19 de octubre. Las elecciones generales se celebrarán el domingo 29 de noviembre.

Arquitectos convierten los patios de colegios de Canarias en refugios climáticos contra el calor extremo

El programa Movimiento Perenquén ya rediseña patios de colegios de Canarias para convertirlos en refugios frente al calor extremo. Detrás hay dos arquitectos y una idea sencilla: menos hormigón, más tierra.

La iniciativa no salió de un laboratorio. Guayarmina Rijo y Fermín Blanco coincidieron hace años en la Asociación Ludantia, una entidad estatal que reúne a arquitectos, educadores y especialistas en infancia, y que Blanco presidió antes de ceder el cargo a Rijo. El detonante para formalizar el proyecto fue la convocatoria de subvenciones de naturalización que lanzó la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias dentro de su Plan de Adaptación de los Centros Educativos a las Altas Temperaturas.

El asfalto que devuelve el calor durante horas

La mayoría de los colegios e institutos del archipiélago no está preparada para las temperaturas que ya soporta. Los patios son superficies pavimentadas, sin sombra y con hormigón que retiene el calor durante horas. Ese cóctel eleva la Temperatura Radiante Media, el indicador que mide el calor que recibe el cuerpo desde las superficies que lo rodean. El propio plan autonómico reconoce que un porcentaje elevado de centros carece del aislamiento térmico necesario: buena parte se construyó bajo normativas que no lo exigían, amparadas en las «especiales condiciones climáticas» de las islas.

En Teror, el CEIP Miraflor se levanta dentro de un barranco. «Yo a mis hijos a veces no los mando cuando hay ola de calor. La temperatura exterior es la misma que en el interior», relata Antonio Bernardino, padre del AMPA Acorán. La demanda que más se repite entre las familias no es un porche: son fuentes de agua potable, porque el alumnado sigue llevando su propia botella a clase.

De los 40.000 euros a las pérgolas inspiradas en las nasas

El caso más avanzado está en Mogán. El CEIP Playa de Mogán obtuvo la ayuda máxima de 40.000 euros de la Consejería de Educación. La dirección tenía claro qué quería, pero al pedir presupuestos para toldos el proyecto se disparó. Movimiento Perenquén tradujo entonces las ideas del profesorado a un plan viable y trabajó con el alumnado mediante maquetas, dibujos y diagnósticos compartidos.

El boceto final propone pérgolas inspiradas en las nasas de la cofradía de pescadores de Mogán, concebidas como «mesas en el aire». En su base se abrirán alcorques para plantar cornical, una especie que responde bien al sol y exige poca agua. La intervención incluye repintar la cancha, reubicar la pista de baloncesto, y añadir áreas de descanso. El programa actúa también en la Escuela Infantil de Mogán y en el CEIP Lucía Jiménez de Telde, con «artefactos de juego y sombra» inspirados en los cerramientos semicirculares de La Geria, en Lanzarote.

Un patio escolar canario no necesita un gran presupuesto: necesita tierra que absorba el calor y sombra que deje pasar el aire.

La receta básica consiste en retirar hormigón, recuperar suelo vegetal y plantar especies autóctonas. Cuando eso no es viable por coste, los arquitectos proponen pavimento de corcho natural y, mientras la vegetación crece, velas de sombra en lugar de toldos rígidos, que pueden convertirse en auténticas campanas de calor.

Dentro de las aulas el margen es más estrecho. Aurora Monge, arquitecta e investigadora de la Universidad de Navarra y responsable del proyecto europeo COL3NATUR, defiende evaluar cada centro caso por caso y combinar aislamiento, vidrios con bajo factor solar y sombreamiento. Rijo apuesta por abrir huecos enfrentados para generar ventilación cruzada, perforar forjados o instalar claraboyas. «Si el aula da a un patio interior, lo naturalizamos», resume.

El argumento energético refuerza la tesis. Los ventiladores se han convertido en el parche más habitual, pero un diagnóstico previo y medidas pasivas reducirían su uso y, con él, un consumo aún muy dependiente de los combustibles fósiles, que representan alrededor del 90% de la producción eléctrica en islas como Lanzarote o La Palma.

El calendario juega en contra. En la Península y en Baleares los episodios extremos de calor se concentran entre junio y septiembre. En Canarias, según los datos de la Aemet, se contabilizaron trece olas de calor fuera de ese periodo entre 1975 y 2014: diez en octubre y tres repartidas entre abril, mayo y noviembre. El calor extremo puede coincidir con el curso lectivo.

El Pulso Territorial

Canarias gobierna en coalición desde 2023, con Fernando Clavijo al frente y un pacto entre Coalición Canaria y el PP. El Plan de Adaptación llegó con dinero y con una convocatoria que obligaba a cada centro a redactar su propio proyecto técnico, un diseño que dejó solos a muchos equipos directivos ante el papel. Ahí se coló Movimiento Perenquén, y ahí está también su fragilidad: depende de que la convocatoria se repita y de que los ayuntamientos asuman la parte que no cubre la ayuda autonómica.

La comparación con otras comunidades deja al archipiélago en una posición singular. Con más de 2,2 millones de habitantes repartidos en islas de climas muy distintos, del interior de Gran Canaria al litoral de Mogán, no cabe una solución única. El aislamiento masivo de fachadas y cubiertas, la vía rápida, es también la más cara. Queda el camino lento: los proyectos de Mogán, Telde y La Oliva seguirán su tramitación en los próximos meses, con las obras pendientes de licitación y las elecciones autonómicas de mayo de 2027 en el horizonte.

Ficha Autonómica

  • El caso: Movimiento Perenquén, impulsado por dos arquitectos, naturaliza patios escolares de Canarias para combatir el calor extremo y ya interviene en varios centros del archipiélago.
  • Datos importantes: ayuda máxima de 40.000 euros de la Consejería de Educación; trece olas de calor fuera de junio-septiembre entre 1975 y 2014 según la Aemet; alrededor del 90% de la electricidad en Lanzarote y La Palma depende de combustibles fósiles.
  • Resumen: los diseños de Mogán, Telde y La Oliva avanzan con participación del alumnado. Quedan pendientes la licitación de las obras, la continuidad de la convocatoria de subvenciones y el calendario electoral de mayo de 2027.

Lorena Silvent repite como candidata del PSPV a Catarroja en 2027 con la DANA como eje

Lorena Silvent repetirá como candidata del PSPV a Catarroja en 2027 con la reconstrucción de la DANA como eje del proyecto.

La alcaldesa de Catarroja ha trasladado su disposición a continuar al frente del consistorio en las elecciones municipales de mayo de 2027, según recoge elDiario.es. Catarroja quedó marcada por la DANA —la Depresión Aislada en Niveles Altos, el fenómeno meteorológico que provocó las inundaciones del 29 de octubre de 2024— y su alcaldesa encara la próxima cita con la reconstrucción convertida en programa y en una tarea que excede cualquier mandato.

Su apuesta es la continuidad. Mantener un proyecto municipal que ha tenido que redefinir todas sus prioridades desde la riada y que afronta la recuperación de infraestructuras, equipamientos y espacios públicos anegados, además de las necesidades cotidianas de la ciudadanía.

Catarroja, la reconstrucción que no cabe en un mandato

La recuperación de equipamientos municipales, infraestructuras y servicios públicos requiere una planificación que supera los plazos ordinarios de cualquier legislatura, y la continuidad de los proyectos en marcha será determinante. “La reconstrucción de Catarroja no termina en una legislatura. Tenemos por delante una responsabilidad enorme con nuestros vecinos y vecinas y la voluntad de seguir trabajando para que el municipio recupere todo aquello que perdió, pero también para que esté más preparado para el futuro”, ha señalado la alcaldesa.

Más allá de la DANA, Catarroja afronta los desafíos propios de una ciudad del área metropolitana de Valencia: movilidad, , acceso a la vivienda, mejora de los servicios públicos y recuperación de los espacios de convivencia. “Queremos seguir construyendo una Catarroja que mire hacia el futuro, sin olvidar todo lo que hemos vivido”, ha expresado Silvent.

El dinero comprometido y el dinero convertido en obra son dos cifras distintas, y la diferencia la acaban pagando las calles que siguen sin arreglar.

El cuello de botella no es la financiación: es el procedimiento

Silvent ha reivindicado mecanismos extraordinarios para los municipios más afectados por la DANA. Su diagnóstico es concreto: el obstáculo no es la falta de financiación, sino la complejidad de los procedimientos y la falta de capacidad técnica y administrativa de los ayuntamientos. Los recursos disponibles no se convierten en obra si no hay equipos que tramiten expedientes y licitaciones.

La próxima legislatura será decisiva para materializar buena parte de las actuaciones que hoy siguen en distintas fases de tramitación y ejecución. Lo que se decida en los próximos meses condicionará el día a día del municipio durante años después de las elecciones de mayo de 2027.

El Escenario Valenciano

La candidatura de Silvent se inscribe en un tablero valenciano que sigue partido por la DANA. El Consell de Pérez Llorca —el gobierno de la Generalitat que preside Juanfran Pérez Llorca, del PP, con el respaldo de Vox— canaliza la reconstrucción a través del Plan RERD, el instrumento autonómico para gestionar los fondos de recuperación. Enfrente, el PSPV y Compromís mantienen la presión sobre el ritmo de ejecución de las ayudas, mientras el proceso judicial sobre la gestión de la emergencia sigue su curso y el expresident Carlos Mazón continúa como diputado en las Corts Valencianes y como figura central de esa causa. Catarroja, en l’Horta Sud, es uno de los laboratorios donde ese debate se mide en obra terminada o en obra pendiente.

La dimensión estatal es inevitable. Los fondos comprometidos por el Gobierno de Pedro Sánchez, el papel del Consorcio de Compensación de Seguros y los recursos europeos pendientes de tramitación forman parte de la ecuación que reclama Silvent. El precedente tampoco invita al optimismo: la reconstrucción de Lorca tras el terremoto de 2011 se prolongó durante años por la acumulación de trámites, y dejó una lección incómoda. Un municipio puede tener la financiación aprobada y seguir esperando a que alguien firme.

El calendario fija la próxima cita en mayo de 2027, y hasta entonces cada municipio afectado construirá su balance con esos mimbres: qué se ha ejecutado, qué sigue en expediente y quién asume la demora. La petición de Silvent tiene dos destinatarios claros, el Consell de Pérez Llorca y el Gobierno central.

Ficha del Caso

  • El caso: Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja, repetirá como candidata del PSPV a la alcaldía en las elecciones municipales de mayo de 2027 con la reconstrucción tras la DANA como eje de su proyecto.
  • Datos importantes: Catarroja es uno de los municipios más castigados por la DANA del 29 de octubre de 2024; la alcaldesa exige mecanismos extraordinarios para los ayuntamientos más afectados y señala la complejidad administrativa, más que la falta de fondos, como principal freno.
  • Resumen: La continuidad de Silvent coloca la cita electoral de 2027 en clave de reconstrucción y traslada al Consell y al Gobierno central la exigencia de agilizar la ejecución de las ayudas.

Catalá impulsa convertir en hotel de lujo un edificio fuera de ordenación en el Parque Natural de L’Albufera

Valencia mueve ficha para reabrir el Sidi Saler como hotel de lujo en el Parque Natural de L’Albufera.

El Ayuntamiento que dirige María José Catalá (PP) tramita una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que elimina uno de los obstáculos legales que bloqueaban cualquier intervención en el edificio. Es una mole de hormigón de seis plantas y 276 habitaciones, cerrada desde 2011 y varada en el corazón de la Devesa de El Saler.

Hablamos de un inmueble fuera de ordenación administrativa: a efectos legales, no existe. La declaración de L’Albufera como parque natural en 1986 y la Ley de Costas de 2007 convirtieron su suelo en dominio público marítimo-terrestre, mientras el PGOU de 1988 limitó las parcelas cercanas a dos alturas. El hotel tiene seis.

La revisión del planeamiento introduce ahora un párrafo diferenciado para los edificios situados en espacios naturales protegidos. Desaparece la expresión ‘exceso de volumen’, una de las claves por las que el juzgado avaló la negativa a conceder licencias, y se habilita la posibilidad de ejecutar «obras parciales de consolidación o demolición» siempre que estén «debidamente justificadas».

El litigio que lleva una década sin resolverse

En 2018, Costas otorgó la concesión para explotar el hotel a dos fondos, Divarian Propiedad y Coral Homes, pero quedó ligada a un proyecto de rehabilitación. El Ayuntamiento, entonces en manos de Compromís y PSPV, negó las licencias de obra y actividad alegando que la reforma equivalía a una reestructuración total.

El primer pronunciamiento judicial dio la razón al consistorio. Los propietarios acudieron entonces al TSJCV —el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana— y todavía esperan resolución. En paralelo, el edificio ha cambiado de manos: el Grupo Safadi Promotora lo acaba de adquirir con un proyecto de hotel de cinco estrellas sostenible, cubiertas vegetales y restauración del sistema dunar.

El dinero cambia de manos y el planeamiento también; lo único que permanece inmóvil desde 2011 es el propio hotel.

Hace dos años, el concejal de Urbanismo, Juan Giner, defendía que la propiedad «está de acuerdo en recuperar la actividad hotelera bajo criterios de sostenibilidad». Añadía, que el estado actual de degradación «no es bueno ni para el medio ambiente ni para la Devesa».

Del Sidi Saler de Tina Turner al hotel fantasma

Parque Natural L'Albufera

Hubo un tiempo en que este edificio era el símbolo del turismo de lujo en la Comunitat. Fue el primer gran hotel de la ciudad y por sus instalaciones pasaron Tina Turner, Sting o la selección española de fútbol que se concentró en el Mundial del 82.

El cierre de 2011, fruto de una gestión caótica, lo dejó congelado en el tiempo: el mobiliario intacto, un piano de cola y una piscina convertida en charca. La pugna política, sin embargo, nunca se detuvo. La izquierda trató de acelerar su demolición. La derecha, en el poder municipal desde 2023, apuesta por resucitarlo.

La oposición no lo ve igual. PSOE y Compromís califican la reforma de ‘traje a medida’ y advierten de un ‘atentado ecológico’ en una zona protegida que el pasado verano sufrió un incendio que quemó 36 hectáreas.

El Escenario Valenciano

Esta decisión coloca a Catalá ante uno de los debates que mejor definen la política valenciana: el pulso entre el desarrollo turístico y la protección del territorio. En el conjunto de la Comunitat, el pacto entre PP y Vox que sostiene al Consell de Juanfran Pérez Llorca desde diciembre de 2025 ha convertido el urbanismo en un terreno de fricción recurrente, y las Corts Valencianes son el escenario donde PSPV y Compromís interpelan al gobierno autonómico por este tipo de decisiones.

En clave nacional, el caso conecta con un debate que desborda Valencia. El suelo sobre el que se alza el hotel es dominio público marítimo-terrestre, competencia de la Administración General del Estado, lo que sitúa al Gobierno central en cualquier decisión sobre el futuro del inmueble. A eso se suma una pregunta compartida por buena parte del litoral español: qué hacer con las construcciones históricas atrapadas entre la protección ambiental y el paso del tiempo. El desenlace del Sidi Saler funcionará, en ese sentido, como precedente.

La mirada está puesta ahora en el próximo paso administrativo: la aprobación definitiva del PGOU, que aún debe completar su tramitación, y en la resolución pendiente del TSJCV. También en el calendario de restauración del sistema dunar, que determinará la viabilidad real del proyecto. Mientras tanto, L’Albufera sigue esperando.

Ficha del Caso

  • El caso: El Ayuntamiento de Valencia tramita una modificación del PGOU que podría desbloquear la reapertura del Sidi Saler, cerrado desde 2011 y fuera de ordenación, dentro del Parque Natural de L’Albufera.
  • Datos importantes: 276 habitaciones y seis plantas; parque natural desde 1986; Ley de Costas de 2007; sentencias que avalaron la negativa a dar licencias; incendio de 36 hectáreas el pasado verano.
  • Resumen: La reforma suprime el ‘exceso de volumen’ como criterio de fuera de ordenación y abre la vía a la actividad hotelera, mientras PSOE y Compromís denuncian un ‘traje a medida’.

Vigo despliega 74 cámaras inteligentes y ya controla 1.420 equipos en las Zonas de Bajas Emisiones

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El Concello de Vigo (el ayuntamiento gallego), según indica el diario Atlántico, controla ya 1.420 equipos conectados desde su sala de control de tráfico, entre ellos 74 cámaras inteligentes que vigilan las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y leen matrículas.

Los lectores de matrícula son solo una parte pequeña de la red. La ciudad cuenta con 229 cámaras de tráfico, de las que 86 identifican matrículas: 74 están instaladas en las ZBE y otras 12 operan en túneles. El resto capta imágenes para vigilar la circulación.

Las ZBE entraron en vigor el pasado mes de septiembre. Durante este primer año, sin embargo, no se impondrán sanciones, según los datos que maneja la sala de control del Concello.

Una red de 1.420 equipos que va mucho más allá de las cámaras

La infraestructura desborda el terreno de las cámaras. Desde la sala se gobiernan cientos de semáforos, dispositivos Bluetooth, paneles informativos, sistemas acústicos, medidores de aforo y estaciones que registran la calidad del aire de la ciudad.

La información recopilada permite al Concello conocer el estado de la circulación, detectar problemas y adoptar medidas para mejorar la fluidez. Los equipos también miden el volumen de vehículos que atraviesan cada vial o el propio carril bici, un dato que hasta hace poco solo se obtenía con conteos manuales.

La ZBE es la pieza más visible del nuevo modelo. No se trata, de una ocurrencia local: la Ley de Cambio Climático obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a delimitar zonas de bajas emisiones.

Vigo ya no ordena su tráfico a ojo: lo hace con 1.420 equipos conectados y 74 cámaras que leen matrículas en las Zonas de Bajas Emisiones.

El despliegue de Vigo y el debate de las ZBE en toda España

La obligación afecta a todos los municipios gallegos de más de 50.000 habitantes, entre ellos A Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol o Lugo, que deben delimitar sus propias zonas. Vigo, con este despliegue tecnológico, ha querido marcar el paso.

La implantación de las ZBE ha generado un debate intenso en toda España sobre su impacto en el pequeño comercio y en los profesionales que dependen del vehículo privado. En Vigo, el Concello ha optado por la vía prudente: primero conocer el tráfico con datos, después decidir.

El Laboratorio Gallego

Vigo ocupa un lugar singular en el mapa político gallego. Es la ciudad más poblada de Galicia y está gobernada desde hace años por el PSdeG, de modo que el despliegue de su ZBE no se lee solo como una cuestión de movilidad, sino como un ensayo de cómo se aplica en Galicia una norma de origen estatal.

En el Parlamento de Galicia, el PPdeG gobierna con mayoría absoluta y el BNG es la primera fuerza de la oposición, con el PSdeG en tercer lugar.

La política de movilidad urbana es competencia municipal, pero su marco normativo depende del Gobierno central y su financiación se negocia entre administraciones. La Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego), en manos del PPdeG, y el Ejecutivo central comparten competencias sobre transporte, una frontera que en Galicia genera fricción de forma recurrente.

La lectura nacional también es clara. Las ZBE son un requisito europeo y estatal, y lo que ocurra en Vigo se seguirá con atención en otras ciudades gobernadas por signos distintos. Si el modelo funciona sin castigar al comercio, se replicará; si genera rechazo, alimentará el debate sobre cómo debe aplicarse la transición de la movilidad en toda España. El calendario viene marcado por ese primer año sin sanciones, que se prolongará a lo largo de 2027.

Ficha del Caso

  • El caso: El Concello de Vigo controla 1.420 equipos conectados desde su sala de tráfico, incluidos 74 cámaras inteligentes que vigilan las Zonas de Bajas Emisiones y leen matrículas.
  • Datos importantes: 229 cámaras de tráfico, de ellas 86 con lectura de matrícula; 74 en las ZBE y 12 en túneles. Las ZBE entraron en vigor el pasado mes de septiembre y este primer año no habrá sanciones. La ley estatal obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes.
  • Resumen: Vigo se sitúa entre las ciudades gallegas que ya aplican el control tecnológico de sus ZBE. El modelo se seguirá de cerca en España por su impacto en el comercio y la movilidad.

Leire Pajín reclama en Bruselas una Unión Europea atenta a la pesca, el juguete, el calzado y la cerámica de Alicante

Leire Pajín reclama una Unión Europea pegada al territorio que proteja la pesca mediterránea, el juguete, el calzado y la cerámica.

La eurodiputada socialista, ponente del mecanismo europeo de protección civil, sostiene que la legislación comunitaria tiene una implicación directa en los sectores productivos más cercanos. De ahí su empeño en seguir los grandes debates de Bruselas también desde una perspectiva territorial.

De la lonja de Benidorm al horno cerámico: la política que Pajín exige a Bruselas

En pesca, ha seguido de cerca dos años de negociaciones sobre las nuevas cuotas y la política pesquera común. Su tesis es que la sostenibilidad ambiental no puede desligarse de la sostenibilidad económica de los territorios. «Estamos a favor de una pesca sostenible, pero precisamente cuando pedimos que esa sostenibilidad tenga repercusión en las economías de los pescadores, eso se tiene que cumplir», plantea.

El sector juguetero de Ibi, uno de los polos industriales históricos de la provincia de Alicante, ocupa también su agenda. Las normas aprobadas en estos dos años se centran en la seguridad de los productos y en la lucha contra la competencia desleal, sobre todo la que llega por internet. Aquí Bruselas decide tanto como cualquier conselleria.

Con la cerámica trabaja ahora en la Comisión de Industria en torno a los ETS, los indicadores de de transición energética para la industria. Pajín se declara firme defensora de la descarbonización, pero exige que sea «justa, viable y tenga en cuenta la diversidad industrial europea». La cerámica soporta, argumenta, dificultades tecnológicas que otras industrias no tienen.

Ese es el nudo de la reclamación: que la transición no se diseñe de espaldas al taller. Tiene pendiente la votación en la Comisión de Industria de las enmiendas que ella misma ha presentado para ajustar esos indicadores.

La letra pequeña que se aprueba en Bruselas acaba decidiendo si un horno cerámico aguanta o si un juguete de Ibi compite en igualdad.

El calzado, el aceite y el vino figuran entre los beneficiados del acuerdo con Mercosur, según su lectura de las cláusulas de espejo y salvaguarda ya votadas. Con India ve riesgos serios para la cerámica y pide mecanismos de seguimiento específicos.

Ayuda humanitaria, desinformación y odio: la otra agenda europea

Pajín describe el momento actual de la ayuda humanitaria como «el más difícil de los últimos 50 años». La retirada de Estados Unidos del sistema humanitario internacional, sostiene, pone en riesgo millones de vidas y obliga a Europa a asumir un papel más estratégico. Nunca antes se habían asesinado tantos trabajadores humanitarios.

Como ponente del Parlamento Europeo para la ayuda humanitaria, consiguió que su informe se aprobara por una inmensa mayoría. Y pone el acento en el terreno digital: «Si tuviera que elegir un reto, sería el ámbito digital». Ahí, dice, se juega la democracia.

El Escenario Valenciano

La reivindicación de Pajín aterriza en una Comunitat Valenciana que todavía convive con la reconstrucción tras la DANA de octubre de 2024. La propia eurodiputada, ponente del mecanismo europeo de protección civil, sitúa la prevención en el centro de la respuesta europea: «Lo más importante es trabajar para que esto no vuelva a ocurrir».

En clave autonómica, es el Consell de Juanfran Pérez Llorca, gobierno de la Generalitat Valenciana en coalición del PP con Vox, el que diseña la política industrial y las ayudas a estos sectores. Muchas de las reglas del juego —seguridad de producto, indicadores energéticos, cuotas pesqueras— se deciden antes en Bruselas que en las Corts Valencianes, el parlamento autonómico de 99 escaños.

A nivel estatal, el PSOE y el PP compiten por capitalizar la defensa del tejido productivo valenciano. El Gobierno de Pedro Sánchez presenta los fondos europeos como su principal palanca inversora en el territorio, mientras la Generalitat reclama más flexibilidad para ejecutarlos. La eurodiputada añade una capa distinta: que Europa no legisle con medidas homogéneas para una industria diversa.

Queda por ver cómo se resuelve la votación de las enmiendas sobre los indicadores energéticos en la Comisión de Industria, un test sobre cuánto pesa la mirada territorial en la Eurocámara. Con la reconstrucción aún abierta, el hilo entre Bruselas y los talleres de Alicante seguirá siendo materia de disputa política.

Ficha del Caso

  • El caso: La eurodiputada socialista Leire Pajín reclama en el Parlamento Europeo que la legislación comunitaria atienda la realidad territorial de la pesca, el juguete, el calzado y la cerámica de Alicante.
  • Datos importantes: Es ponente del mecanismo europeo de protección civil y del informe sobre ayuda humanitaria. Defiende ajustar los indicadores de transición energética (ETS) a la industria cerámica.
  • Resumen: Una voz alicantina en Bruselas que busca que las decisiones europeas no se tomen de espaldas a los sectores tradicionales valencianos.

Aena licita por 16,5 millones la reforma del aeropuerto de Hondarribia y su cierre en otoño de 2028

Aena ha licitado por 16,5 millones de euros la renovación de la pista y la plataforma de estacionamiento del aeropuerto de Hondarribia. Los trabajos se ejecutarán entre comienzos de 2028 y la primavera de 2029 y obligarán a cerrar la pista durante unos 40 días en otoño de 2028, según la información difundida por el gestor.

Qué incluye la licitación de 16,5 millones

La obra de mayor envergadura será la renovación integral de la pista 04/22, la única del aeródromo guipuzcoano. El proyecto contempla el ranurado y la renovación del pavimento, la modernización del sistema de balizamiento con tecnología LED y la mejora de las infraestructuras de drenaje y de las canalizaciones asociadas.

El contrato abarca también la plataforma de estacionamiento de aeronaves, donde se reconstruirán los pavimentos, se reorganizarán los puestos, y se habilitará una nueva calle de rodaje. La mejora de los sistemas de drenaje se extiende a todo el ámbito de la actuación.

Cuarenta días sin pista y la coordinación con las aerolíneas

Aena justifica el cierre ‘por las características de los trabajos y de la infraestructura’ y precisa que se ejecutará ‘de manera coordinada con las instituciones locales y en colaboración con las compañías aéreas’. La suspensión se concentrará en otoño de 2028 y se prolongará alrededor de 40 días.

Las aerolíneas y las empresas que prestan servicios en el aeropuerto recibirán información precisa sobre la planificación de las obras con antelación suficiente para reprogramar sus operaciones en aeropuertos alternativos y reorganizar su actividad. El contrato se publica en el perfil de contratación de Aena, que canaliza sus licitaciones a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La renovación de la pista 04/22 obligará a suspender las operaciones unos 40 días en otoño de 2028, dentro de un calendario que llega hasta 2029.

El peso del aeropuerto en Gipuzkoa y el marco de inversión de Aena

El cierre se reserva para las actuaciones de mayor envergadura; el resto de la obra se repartirá entre el inicio de 2028 y la primavera de 2029. Para las compañías, el reto es reorganizar sus programas de vuelo durante ese mes largo y decidir qué instalaciones asumen la actividad desviada, una decisión que condiciona la conectividad de Gipuzkoa en ese periodo.

El aeródromo da servicio a Donostia-San Sebastián, a unos 20 kilómetros de la capital guipuzcoana, y es el de menor tráfico de los tres que Aena gestiona en Euskadi, junto a Bilbao y Vitoria-Gasteiz. La mayor parte del tráfico aéreo vasco se concentra en el aeropuerto de Bilbao, en Loiu (Bizkaia), y las alternativas más próximas a Hondarribia se sitúan en Bilbao y en Biarritz, al otro lado de la frontera.

La inversión se enmarca en la planificación de la red de Aena, cuyas actuaciones de conservación y modernización se fijan en el Documento de Regulación Aeroportuaria, el instrumento con el que el Estado determina las inversiones y las tarifas del gestor. Aena cotiza en bolsa y su accionista mayoritario es Enaire, la sociedad estatal de navegación aérea, con el 51% del capital.

El contrato licitado asciende a 16,5 millones de euros y el calendario de ejecución se extiende a lo largo de más de un año, con el grueso de las obras repartido entre 2028 y 2029. Con la publicación de la licitación se abre la fase de presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas.

La coordinación con las instituciones locales adquiere peso porque la instalación ocupa suelo del término municipal de Hondarribia, junto a la desembocadura del Bidasoa, y opera con una única pista, sin margen para mantener la actividad durante el cierre. Otoño de 2028 queda fuera de los meses de mayor actividad turística en la costa guipuzcoana, y el calendario reserva el resto de las actuaciones para los meses previos y posteriores.

En el campo de vuelo, el proyecto contempla la ampliación de las plataformas de viraje de las cabeceras, la instalación de luces de zona de toma de contacto y trabajos de pavimentación sobre los elementos existentes. El alcance descrito por Aena corresponde a una renovación y modernización del aeródromo, no a una ampliación de su capacidad.

El hito clave será la comunicación del plan de obras a las aerolíneas y a las empresas de servicios, que Aena se ha comprometido a trasladar con antelación suficiente para que reordenen su actividad antes de otoño de 2028.

El IRPF de divorciados en Navarra reabre el debate por la singularidad foral

La polémica del IRPF de divorciados en el País Vasco reabre en Navarra el debate sobre la fiscalidad foral. El asunto afecta a miles de contribuyentes que, tras una separación o un divorcio, ven alterada su relación con Hacienda y el resultado de su declaración de la renta.

Qué cambia con la tributación conjunta del IRPF

Bajo la tributación conjunta, un progenitor y sus hijos unifican sus rentas y declaran ante el fisco como una única unidad familiar. Resulta más beneficiosa para los hogares en los que los ingresos de uno de los miembros superan con holgura a los del otro y, sobre todo, cuando solo uno percibe rentas.

En el caso de los divorciados con hijos a cargo, como los menores no tienen ingresos, el sistema aplica las reducciones previstas para hogares con un único sueldo y rebaja la base del impuesto. El ahorro medio puede alcanzar los 1.500 euros, según el análisis difundido por Diario de Navarra.

Hasta el 31 de diciembre de 2024, los contribuyentes separados y divorciados residentes en el País Vasco podían optar por la modalidad conjunta con sus descendientes. Las reglas variaban según el acuerdo alcanzado entre los progenitores y la existencia o no de convivencia. Desde enero de 2025, la reforma fiscal vasca aprobada ese año añadió un requisito: para declarar de forma conjunta con los hijos, el progenitor debe acreditar que los mantiene de manera exclusiva.

El efecto fue inmediato. La nueva exigencia dejó fuera de la unidad familiar a prácticamente el 100% de los divorciados con hijos, con la excepción de las familias monoparentales y de los contribuyentes con custodia atribuida por violencia de género. En Navarra, en cambio, la definición de unidad familiar a efectos de IRPF no ha variado. La normativa foral considera unidad familiar, en los supuestos de separación legal o cuando no existe vínculo matrimonial ni pareja estable, la formada por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro.

La clave reside en la convivencia. El progenitor que no tiene atribuida la custodia del menor no constituye unidad familiar y, por tanto, no puede acceder a la tributación conjunta con sus descendientes. La asesora fiscal Cristina Oyaga, de Brisa Fiscal, recuerda que se trata de una opción que ‘no vincula para periodos posteriores’ y que se decide en cada ejercicio.

La reforma vasca exige desde 2025 acreditar el mantenimiento exclusivo de los hijos para acceder a la declaración conjunta, un requisito que Navarra no contempla.

Las consecuencias fiscales de la medida vasca no son menores. Los contribuyentes afectados perdieron las reducciones de la base imponible previstas, que en la Renta de 2025 llegaban a 4.800 euros, y tampoco pudieron aplicar la compensación de partidas negativas. En Navarra no existe una reducción específica de la base por tributación conjunta, pero sí un incremento de la deducción por mínimo personal en los casos de separación legal. Cuando la custodia es compartida, ese importe se prorratea entre ambos progenitores a partes iguales.

La respuesta institucional llegó a mediados de junio de 2026, cuando se puso en marcha en el País Vasco una modificación parcial de la normativa de IRPF para que los divorciados y separados puedan optar de nuevo por la declaración conjunta. La reforma, todavía en tramitación y pendiente de aprobación, se centraría en flexibilizar la carga de la prueba para justificar el mantenimiento económico exclusivo, con la fijación de un umbral por debajo del cual se considere acreditado. En Navarra no hay prevista ninguna modificación.

Dos regímenes forales y un mismo impuesto

fiscalidad foral IRPF

El contraste entre ambos territorios ilustra el funcionamiento del régimen foral. Navarra y el País Vasco disponen de normas propias de IRPF y de Haciendas forales que gestionan y recaudan el impuesto, lo que permite políticas fiscales diferenciadas dentro del mismo Estado.

En paralelo, el caso ha reabierto el debate sobre el alcance de la singularidad foral. Mientras el País Vasco ha optado por corregir su norma para la próxima campaña, Navarra mantiene la suya sin cambios. Los contribuyentes navarros que quieran acogerse a la tributación conjunta deberán seguir cumpliendo el requisito de convivencia, sin que exista por ahora un anuncio oficial de revisión.

El encaje foral y la próxima campaña de la Renta

La secuencia no es nueva en el ámbito foral. Navarra se rige por el Convenio Económico y el País Vasco, por el concierto económico, los dos instrumentos que ordenan su relación fiscal con el Estado. Ese margen explica por qué una reforma aprobada en 2025 en la comunidad vecina no se traslada de forma automática a la Comunidad foral y por qué dos contribuyentes en idéntica situación familiar pueden tributar de forma distinta según su lugar de residencia.

Está por ver si la flexibilización vasca queda lista antes del arranque de la próxima campaña de la Renta, prevista para la primavera de 2027. Si se aprueba a tiempo, los afectados del País Vasco podrían volver a declarar de forma conjunta, o al menos quedar en una situación más favorable que en el ejercicio anterior. En la Comunidad foral, la hoja de ruta oficial sigue sin cambios.

Eskom renovables: licita hasta 6 GW con 2 GW solares y 4 GWh de baterías en Sudáfrica

Eskom abre el proceso para licitar hasta 6 GW de renovables y almacenamiento en Sudáfrica, con al menos 2 GW solares y 1 GW / 4 GWh en baterías que aportará la propia eléctrica estatal.

La compañía pública que sostiene buena parte del sistema eléctrico sudafricano ha lanzado un proceso de cualificación (RFQ) para seleccionar desarrolladores de proyectos renovables a gran escala. La operación coloca sobre la mesa una cartera que el país necesitaba desde hace años.

Hasta 6 GW de renovables y almacenamiento: qué se licita y con qué tecnología

Esta primera fase, denominada Eskom Phase 1 Programme, es una cartera inicial de hasta 6 GW de proyectos renovables a escala utility: fotovoltaica, eólica, sistemas de almacenamiento con baterías (BESS) y otras tecnologías limpias. La compañía lo describe como un portafolio abierto a varias tecnologías.

De ese total, la eléctrica aporta proyectos por al menos 2 GW de solar fotovoltaica y 1 GW / 4 GWh de baterías, que podrán complementarse con proyectos propiedad de los socios estratégicos seleccionados o impulsados por ellos. La letra pequeña importa: la parte solar y la de almacenamiento son las dos columnas vertebrales de esta fase inicial, cuantificadas y comprometidas por la propia utility.

Los desarrolladores que superen el filtro entrarán en un panel de socios precalificados de codesarrollo y coinversión durante un periodo de cinco años, para el desarrollo, la financiación y la implementación de los proyectos. A partir de ahí, los seleccionados competirán en sucesivas rondas mediante una o varias solicitudes de propuesta (RFP). No hay adjudicación directa.

Tres gigavatios de potencia y cuatro gigavatios hora de baterías no son una declaración de intenciones: son la infraestructura concreta que Eskom pone encima de la mesa.

Cada proyecto se canalizará a través de una sociedad vehículo (SPV) específica y con patrimonio separado, con la financiación organizada principalmente bajo esquemas de project finance con recurso limitado o sin recurso. Traducido al lenguaje del balance: el riesgo se aísla proyecto a proyecto y no se traslada entero a la utility. La filial Eskom Green, lanzada en julio de este año, está llamada a articular buena parte de esa estructura dentro del proceso de desagregación (unbundling) iniciado en 2023.

Aislar cada parque en una sociedad vehículo permite que el capital privado asuma el riesgo sin que el balance público lo absorba por completo.

La letra pequeña del codesarrollo: suelo propio, Eskom Green y riesgo compartido

📊 Impacto ecológico en cifras

  • Capacidad licitada: hasta 6 GW de renovables a escala utility en la primera fase del programa.
  • Aporte de Eskom: al menos 2 GW de solar fotovoltaica y 1 GW / 4 GWh de almacenamiento en baterías.
  • Inversión: no detallada en la fuente oficial; se organizará proyecto a proyecto mediante sociedades vehículo.
  • Equivalencia tangible: no detallada; el país supera ya los 10 GW solares acumulados tras sumar 1,6 GW en 2025.

subasta almacenamiento Sudáfrica

El portafolio previsto combina proyectos originados por Eskom en terrenos de su propiedad y en emplazamientos de generación existentes con proyectos de los socios, que podrán desarrollarse, adquirirse o implementarse junto a la utility o a su filial verde. El detalle no es menor: reutilizar suelo industrial ya ocupado por centrales y aprovechar conexiones existentes acorta trámites y comprime el coste de red, el cuello de botella habitual en los mercados solares que crecen deprisa.

Para los desarrolladores, entrar en el panel no garantiza contratos, solo una posición preferente en las rondas posteriores. Eso sí, quien quede fuera del RFQ se queda fuera de la fase uno. Cinco años de ventana y una cartera de hasta 6 GW son un argumento de peso para los fondos de infraestructuras que llevan tiempo mirando el mercado sudafricano.

El punto de partida: 10 GW solares y una reforma de mercado a medias

Sudáfrica superó los 10 GW de capacidad solar acumulada tras añadir 1,6 GW durante 2025. Es un mercado con músculo, pero con una red que arrastra déficits de inversión y una utility que aún necesita generación firme.

El efecto dominó del proceso llega a toda la cadena: promotores locales, integradores de baterías y entidades financieras que llevan meses preparando estructuras para un mercado donde la demanda eléctrica sigue presionando al sistema. Quien entre en el panel se asegura presencia en las rondas de una cartera que puede marcar la próxima década.

El lastre del carbón: por qué esta licitación se mide contra el diésel

La utility continúa dependiendo de la generación a carbón y de las plantas de punta alimentadas con diésel para atender los picos de demanda. El gasto en diésel se mantiene en cientos de millones de rand, aunque ha caído de forma significativa respecto al ejercicio anterior, según los datos que maneja la compañía. Para entendernos: cada gigavatio hora que entra al sistema desde una batería es un gigavatio hora que no se compra a precio de combustible fósil.

En paralelo, el país avanza en la reforma del mercado eléctrico hacia un mercado mayorista que podría redefinir el papel de Eskom en el sector. La mayoría de los analistas advierte de que las disposiciones regulatorias que favorecen los activos de carbón de la eléctrica pueden desincentivar la inversión privada y diluir las ganancias de eficiencia, con el riesgo de encarecer la electricidad a largo plazo. Ahí está la tensión real del proceso.

El precedente inmediato es el propio historial de compra de energía renovable a productores independientes que Sudáfrica ha venido adjudicando en la última década, el mecanismo que colocó al país entre los mercados solares más dinámicos de África y que ahora convive con el canal abierto por Eskom Green. La duda no es tecnológica, sino de ejecución: si el panel de socios se cierra con criterios claros y plazos que se cumplen, el modelo de codesarrollo puede replicarse en otras utilities africanas con balances tensionados.

Una tendencia que la Agencia Internacional de Energías Renovables viene documentando en los mercados emergentes. La lectura para el inversor es directa: la transición no avanza solo con objetivos de neutralidad a 2050, avanza cuando una utility endeudada estructura capital privado sin recurso para levantar 6 GW reales sobre el terreno. El impacto se mide en diésel que no se quema y en emisiones que no se emiten, no en comunicados.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: hasta 6 GW de capacidad renovable y 4 GWh de baterías llamados a desplazar generación diésel y de carbón en los picos de demanda.
  • Modelo que cambia: la utility deja de financiar en solitario la generación y pasa a codesarrollar con capital privado mediante sociedades vehículo.
  • Para las próximas generaciones: un sistema eléctrico sudafricano con más energía limpia instalada y menos dependencia de un combustible fósil importado y caro.

El presidente de Microsoft: la regulación de la inteligencia artificial es más laxa que la del cartón de leche

Brad Smith, presidente de Microsoft, cree que la inteligencia artificial soporta menos reglas de seguridad que un cartón de leche. La frase, pronunciada en una entrevista con la cadena británica ITV, condensa el estado real de la regulación de la inteligencia artificial en pleno pulso entre Bruselas y Washington. No es una salida de tono: es la radiografía de un sector que mueve cientos de miles de millones al año y opera con un marco fragmentado.

Claves de la operación

  • El diagnóstico más incómodo del sector. Smith sostiene que una lavadora o un cartón de leche están sujetos a más normas de seguridad que los modelos de IA que ya gestionan infraestructuras críticas.
  • Bruselas avanza y Washington mira hacia otro lado. El AI Act europeo despliega sus obligaciones por fases mientras la Casa Blanca apuesta por la autorregulación y por acelerar frente a China.
  • El Reino Unido se postula como árbitro. Smith ve en Londres una oportunidad para liderar la regulación sin el desgaste político de Bruselas y sin la inacción de Estados Unidos.

La comparación tiene un fondo empresarial que conviene no perder de vista. Para Microsoft, la IA no es un experimento de laboratorio: es la línea que sostiene su negocio de nube y productividad. Cada nuevo requisito regulatorio se traduce en costes de cumplimiento, retrasos de producto y ventaja o desventaja frente a los rivales. En un mercado donde la delantera se mide en trimestres, la incertidumbre normativa pesa tanto como una multa.

Bruselas despliega el AI Act mientras Washington confía en la autorregulación

La Unión Europea es, hoy, el único bloque que ha convertido la regulación de la inteligencia artificial en derecho aplicable. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, conocido como AI Act, entró en vigor en agosto de 2024 y activa sus exigencias por tramos. Las obligaciones sobre sistemas de alto riesgo aterrizaron este verano, y con ellas llegan las evaluaciones de conformidad, la documentación técnica y la supervisión de mercado.

Enfrente, Estados Unidos ha elegido el camino opuesto. El presidente Donald Trump ha defendido que la industria necesita acelerar para no perder terreno frente a China, y apuesta por que las propias compañías se autorregulen. En su cumbre sobre inteligencia artificial, los grandes nombres del sector firmaron un pacto de autorregulación con auditores independientes, una fórmula que los críticos tacharon de insuficiente.

La respuesta a ese pacto no se hizo esperar. Analistas y organizaciones civiles señalaron que el acuerdo permite a las empresas definir qué cuenta como seguridad. Algunas voces, recogidas por la BBC, llegaron a calificarlo de simple distracción. La brecha entre lo que se firma y lo que se cumple es, precisamente, el terreno donde Smith sitúa su crítica.

Autorregular la inteligencia artificial es dejar que el sospechoso redacte el atestado, y el mercado todavía no ha decidido si eso basta.

El Reino Unido se postula como árbitro y España busca su hueco

Smith apunta a Londres como el actor mejor colocado para llenar ese vacío. Su argumento es geopolítico: Washington no mira al Reino Unido como mira a Bruselas, y esa distancia es una ventaja. Un regulador sin el peso político de la Comisión Europea puede moverse más rápido y pactar con la industria sin el desgaste del brazo duro. La pregunta es si velocidad y rigor caben en la misma norma.

España juega otra carta. La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, con sede en A Coruña, pilotó uno de los primeros entornos de pruebas controlados de Europa. Para compañías del IBEX 35 como Indra o Telefónica, el reto es doble: cumplir antes que sus pares europeos y convertir el cumplimiento en una línea de negocio exportable.

No es una hipótesis lejana. La consultoría regulatoria se ha convertido en un mercado propio, y las firmas que aprendan antes a certificar modelos venderán esa capacidad fuera de España. Quien redacte las reglas y sepa aplicarlas tendrá ventaja sobre quien solo las padece. El tiempo juega a favor de los que llevan meses preparándose y en contra de los que esperan a la próxima circular.

AI Act Europa

La paradoja de Microsoft: pedir reglas tras ser el más sancionado de Europa

Hay una ironía que conviene subrayar y que da contexto a las palabras de Smith. Microsoft fue, durante años, la tecnológica más sancionada por Bruselas por abuso de posición dominante. Entre 2004 y 2013, la Comisión Europea le impuso multas que suman más de 2.000 millones de euros por prácticas ligadas a Windows, a los navegadores y al incumplimiento de sus propios compromisos.

Que hoy el presidente de esa misma compañía reclame reglas claras no es una contradicción, sino un cambio de posición en el tablero. Cuando la regulación se diseña pensando en los rivales, conviene llegar primero para influir en el texto. La industria ha aprendido que el mejor momento para opinar sobre una norma es antes de que se escriba no después de que se aplique.

Smith cierra su intervención con una advertencia que merece atención: hay modelos tan potentes que ponen en riesgo la ciberseguridad global, y el momento de actuar ha llegado. Queda por ver si esa frase se traduce en propuestas concretas o en una nueva ronda de declaraciones. El siguiente hito será el despliegue completo del AI Act y la reacción de Washington, y ahí sabremos si el cartón de leche sigue teniendo mejor suerte que la inteligencia artificial.

Un tigre mata a un hombre en un zoológico de Yorkshire

Un hombre ha muerto tras ser atacado por un tigre en el Yorkshire Wildlife Park, cerca de Doncaster, en el norte de Inglaterra, según ha confirmado la Policía de South Yorkshire. El suceso ocurrió el sábado por la tarde, cuando el hombre accedió al recinto de los tigres, tal y como ha señalado el cuerpo policial.

Qué ha confirmado la Policía de South Yorkshire

La Policía de South Yorkshire recibió avisos hacia las 13:30 horas locales en los que se alertaba de que un hombre había entrado en el recinto de los tigres. «El tigre atacó después al hombre, causándole heridas graves», según recoge el comunicado difundido por los agentes.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar y, pese a los importantes esfuerzos del personal médico, el hombre fue declarado muerto en el mismo recinto. Los agentes no han facilitado por el momento la identidad del fallecido ni su edad.

La Policía había informado anteriormente de que el tigre permaneció dentro del recinto tras el incidente y de que ya no existía peligro para el público. El parque fue evacuado y los agentes continúan en el lugar realizando las investigaciones. El animal no salió del recinto.

Te resumo lo que la Policía de South Yorkshire ha confirmado hasta el momento:

  • El aviso se recibió hacia las 13:30 horas locales.
  • Un hombre había accedido al recinto de los tigres.
  • El tigre atacó al hombre y le provocó heridas graves.
  • La víctima fue declarada muerta en el lugar, pese a la asistencia médica.

La Policía ha confirmado que el tigre permaneció dentro del recinto tras el ataque y que en ningún momento hubo peligro para el público.

El operativo de emergencia y el cierre del parque

El Yorkshire Ambulance Service indicó que envió al lugar dos ambulancias por carretera y un equipo adicional por vía aérea. Es el dispositivo confirmado por la propia entidad, que no ha detallado el número total de profesionales que intervinieron ni el tiempo que permanecieron en la zona.

El parque zoológico, por su parte, confirmó que se había producido un «incidente grave» en el recinto de los tigres, lo que obligó a cerrar las instalaciones durante el resto del fin de semana.

La atracción afectada, denominada Tierra de los Tigres, cuenta con una pasarela elevada de 300 metros desde la que los visitantes observan a los tigres siberianos. El espacio recrea el hábitat de la especie, con una zona boscosa, una pradera, y un estanque con una cascada.

El tigre siberiano es una subespecie amenazada. Se calcula que solo quedan unos 500 ejemplares en estado salvaje.

En qué punto está la investigación

Te explico en qué punto está la investigación. Los agentes mantienen abiertas las pesquisas para esclarecer cómo el hombre accedió al recinto y las circunstancias exactas del ataque. Por el momento, la Policía de South Yorkshire no ha ofrecido una hipótesis sobre lo ocurrido ni ha dado a conocer más detalles del caso.

La investigación sigue abierta.

El Yorkshire Wildlife Park cerró durante el resto del fin de semana y todavía no ha precisado cuándo reabrirá sus puertas. Los agentes permanecen en el lugar mientras continúan las investigaciones.