La vivienda en Canarias vuelve al Parlamento en precampaña: CC mueve ficha para declarar Las Palmas zona tensionada

Marta Iglesias
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La vivienda en Canarias vuelve al Parlamento en precampaña: CC mueve ficha para declarar Las Palmas zona tensionada

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Gobierno de Canarias sacará a exposición pública este mes de octubre el expediente para declarar Las Palmas de Gran Canaria zona de mercado residencial tensionado, la figura que permite limitar los alquileres.
  • ¿Quién está detrás? La Consejería de Obras Públicas y Vivienda, en manos de Coalición Canaria, un Ayuntamiento que lo pidió hace dos años y una oposición que lleva el asunto al pleno.
  • ¿Qué impacto tiene? La declaración abriría la puerta a topar los precios del alquiler en la ciudad más poblada del archipiélago.

La vivienda en Canarias vuelve al Parlamento de Canarias este martes, en plena precampaña y con Coalición Canaria moviendo ficha.

El expediente de Las Palmas llega con dos años de retraso

El anuncio lo firma la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, en manos de Coalición Canaria (CC), la formación nacionalista que gobierna el archipiélago desde 2023 junto al PP. El expediente saldrá a exposición pública a lo largo de octubre, dos años después de la solicitud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Antes de decidir, el Ejecutivo tendrá que cerrar la información pública —al menos veinte días—, analizar las alegaciones presentadas y reclamar un informe al Ayuntamiento. Solo entonces decidirá si la capital es, oficialmente, zona de mercado residencial tensionado.

En paralelo, Coalición Canaria ha declarado «de urgencia» la tramitación del expediente para ejecutar una segunda promoción de 26 viviendas protegidas y 26 plazas de garaje en Gáldar, también en Gran Canaria.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ya avisó en junio de que, si el expediente reúne las condiciones, aceptará la petición municipal. Añadió, eso sí, que a su juicio «no va a servir de nada».

En Canarias, la vivienda dejó de ser un asunto técnico: es ya el eje sobre el que se ordena la precampaña.

Desde el PSOE, la diputada Patricia Hernández ha registrado una pregunta para el pleno de este martes: quiere saber si el Gobierno «sigue sin creer que no existe ninguna zona en Canarias que merezca ser declarada zona de mercado residencial tensionado». Su compañera Elena Máñez reclama que los presupuestos incluyan el complemento de vivienda de la renta canaria de ciudadanía, aprobado por el pacto de las flores y aún sin poner en marcha.

Cuatro partidos y una sola pregunta de fondo

zona tensionada Las Palmas

Quien también fiscaliza es Nueva Canarias. La formación que lidera Luis Campos pregunta al Ejecutivo si piensa «adoptar medidas efectivas» ante el clamor social o si seguirá permitiendo que «el mercado especulativo y los fondos buitre» decidan el futuro de la vivienda protegida y asequible en las islas. Su proposición de ley canaria en esa materia ya está registrada en la Cámara.

Desde las filas de CC, el diputado David Toledo llevará al pleno la pregunta de cómo «hacer efectiva la limitación de la compra de vivienda por parte de ciudadanos no residentes», una demanda que el partido de Clavijo quería incluir en las iniciativas estatales y que ahora traslada al terreno autonómico.

El PP, socio de gobierno, ha pedido la comparecencia del consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, para que haga balance de lo hecho esta legislatura «para incrementar la oferta de vivienda pública y protegida, movilizar suelo y agilizar la construcción».

Pero los populares han elegido otro eje para abrir la precampaña: la inmigración. El diputado Jacob Qadri defenderá en el próximo pleno una iniciativa para que el Gobierno de España despliegue las fuerzas armadas en el control migratorio, en la línea de la propuesta que Vox planteó para Ceuta y Melilla y que el Congreso rechazó el 15 de septiembre.

El Pulso Territorial

Canarias lleva 38 meses con un Gobierno de Coalición Canaria y PP, una coalición que funciona en el Ejecutivo pero compite por el mismo espacio electoral. Esa tensión explica el movimiento de la Consejería de Vivienda: mientras el PP coloca la inmigración en el centro de su discurso, CC necesita exhibir gestión en el asunto que, según el CIS, es hoy el principal problema para los ciudadanos.

La paradoja canaria tiene precedente. La renta canaria de ciudadanía, aprobada por el pacto de las flores, sigue sin desplegar su complemento de vivienda, y la declaración de zona tensionada para la capital acumula dos años de espera, más de veinte días de información pública y un informe municipal por llegar. Las acampadas y movilizaciones de Gran Canaria, Tenerife y, Lanzarote desembocarán en una huelga general convocada para el 11 de noviembre.

Lo que viene es un calendario. El pleno de este martes medirá fuerzas; después llegará el turno de las alegaciones y, más adelante, la decisión del Ejecutivo, que puede declarar la zona o dejar la solicitud en un cajón. El riesgo para CC es evidente: si la declaración no llega antes de la huelga general, la calle hablará más alto que el Parlamento.

Ficha Autonómica

  • El caso: El Gobierno de Canarias, con la Consejería de Vivienda en manos de Coalición Canaria, mueve ficha en precampaña para declarar Las Palmas zona de mercado residencial tensionado.
  • Datos importantes: Exposición pública del expediente durante octubre; información pública de al menos 20 días; dos años desde la petición municipal; 26 viviendas protegidas y 26 plazas de garaje en Gáldar tramitadas de urgencia; 38 meses de Gobierno de CC y PP.
  • Resumen: La oposición lleva la vivienda al pleno de este martes. La decisión final sobre la zona tensionada no llegará, en el mejor de los casos, hasta que se resuelvan las alegaciones.

Stellantis Vigo mantiene su volumen mientras la planta turca de Bursa arranca la producción de la Berlingo

Anxo Seoane
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Stellantis Vigo mantiene su volumen mientras la planta turca de Bursa arranca la producción de la Berlingo

Stellantis Vigo mantiene el volumen de la Berlingo mientras Bursa arranca la producción para Oriente Medio con 150.000 unidades previstas.

Bursa estrena la furgoneta que también sale de Balaídos

La furgoneta Citroën Berlingo que se ensambla en Vigo acaba de iniciar su producción en Turquía a través de Tofas, la joint venture que Stellantis comparte con el grupo Koç Holding. La factoría de Bursa figura en los planes de la multinacional como «un centro estratégico» para Oriente Medio y África, y ya fabrica otro modelo compartido con Balaídos: la Fiat Doblò, que arrancó hace unos meses en las mismas líneas.

La inversión turca ascendió a 256 millones de euros para industrializar los vehículos, con una previsión de 150.000 unidades en una fase inicial cuyo calendario situaba el punto de partida a partir del tercer trimestre de 2026. La producción ya está en marcha, y el reparto es nítido: desde Vigo se surte el mercado europeo y desde Turquía, el oriental. «Un hito importante», resume la compañía en su cuenta de LinkedIn.

El consejero delegado del grupo, Antonio Filosa, visitó la planta el año pasado y la describió como una base central también en investigación y desarrollo. Tofas ha dejado de ser un socio periférico. Turquía, en paralelo, se ha convertido en un polo de atracción para el sector: Renault y la china, BYD han instalado capacidad en el país en los últimos años.

Mientras tanto, Stellantis refuerza su perímetro en el norte de África. El polo industrial de Kenitra, en Marruecos, tiene capacidad para 535.000 vehículos al año, un nivel comparable al de la factoría viguesa, y ha ampliado instalaciones. La compañía suma Tafraoui, en Argelia, y un centro en Egipto junto a un socio local. El efecto arrastre ya alcanza a los proveedores: Benteler, con plantas en Vigo y en Mos, acaba de estrenar una fábrica marroquí que suministrará al nuevo modelo asignado a Balaídos.

La misma furgoneta se fabrica ya en dos continentes, y esa es la clave: el grupo reparte el mapa antes de que Vigo note el reparto.

El tren de Guixar y la cadena de proveedores

Balaídos

La conexión entre Balaídos y Turquía tiene incluso una infraestructura propia. Vigo estrenó hace poco una línea ferroviaria para el transporte de componentes de automoción entre Guixar y Alicante, donde las piezas embarcan con destino final la planta de Stellantis en Turquía. Las piezas viajan; los vehículos se montan cerca del mercado. Esa es la lógica que ordena el mapa industrial del grupo.

Para la factoría viguesa, la noticia es que el volumen se mantiene. Nada indica por ahora una reducción de la carga de trabajo y la planta conserva la Berlingo y la Doblò junto al resto de modelos que ensambla. Eso sí, en el automóvil el dato decisivo no es cuántas unidades salen cada mes, sino qué vehículo se asigna después. Ahí se juega el futuro de la plantilla y de todo su entorno.

El automóvil sigue siendo uno de los pilares industriales de Galicia, con una red de proveedores repartida por el área metropolitana de Vigo y el sur de la provincia de Pontevedra. Según los datos de coyuntura que publica el IGE (el Instituto Galego de Estatística, la fuente estadística oficial de la comunidad), la industria mantiene un peso determinante en el empleo de la zona. Cada anuncio de producción se lee ahí con atención.

La Xunta de Galicia (el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela) sigue el calendario industrial a través de la Consellería de Economía e Industria, el equivalente gallego de un ministerio autonómico. El sector es una de las prioridades declaradas por el ejecutivo que preside Alfonso Rueda, y también el asunto en el que la oposición encuentra menos motivos para discrepar.

El Laboratorio Gallego

Galicia lleva desde 2009 gobernada con mayorías absolutas del PPdeG (el Partido Popular de Galicia), una estabilidad que convierte a la comunidad en un banco de pruebas poco volátil para las políticas industriales que después se discuten en Madrid. En el Parlamento de Galicia (la cámara unicameral de 75 deputados), el BNG (el Bloque Nacionalista Galego, primera fuerza de la oposición) y el PSdeG (la federación gallega del PSOE) han hecho de Balaídos un terreno de consenso: nadie quiere ser el partido al que se le atribuya una planta menos.

La dimensión nacional es exactamente esa. Lo que ocurre en Vigo anticipa el debate que España tendrá que dar sobre política industrial europea: qué parte de la producción se queda en la UE y qué parte se desplaza a Turquía o al norte de África, donde el grupo ya opera con Kenitra y Tafraoui. La misma pregunta atraviesa los programas de ayudas del Gobierno central articulados en torno a los PERTE del automóvil, que en Galicia se leen siempre con la vista puesta en la asignación del siguiente modelo.

La incógnita es si el mantenimiento del volumen en Balaídos resiste el próximo reparto interno de producción. El calendario que importa no se decide en Vigo. La siguiente cita gallega será la negociación presupuestaria de la Xunta, donde el apoyo al sector volverá a la mesa del Parlamento, y después la campaña autonómica de 2028. Aquí se ensaya lo que luego escala.

Ficha del Caso

  • El caso: Stellantis ha iniciado en su planta turca de Bursa la producción de la furgoneta Berlingo que también se ensambla en Balaídos (Vigo), en este caso destinada al mercado de Oriente Medio.
  • Datos importantes: 256 millones de euros de inversión en Turquía; 150.000 unidades previstas en la fase inicial, con calendario desde el tercer trimestre de 2026; la planta marroquí de Kenitra alcanza una capacidad de 535.000 vehículos.
  • Resumen: Vigo mantiene el volumen y conserva la producción para Europa, pero el reparto interno de modelos marcará la agenda industrial gallega y el debate nacional sobre política industrial europea.

Milei respalda al papa León XIV ante la operación de pulmón que tensiona al Vaticano

Amparo Soler
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Milei respalda al papa León XIV ante la operación de pulmón que tensiona al Vaticano

El papa León XIV será operado de un nódulo pulmonar en los próximos días. Javier Milei ha sido el primer jefe de Estado en mostrarle su respaldo. En España, donde el vínculo con la Santa Sede cumple siglos, la noticia no se lee como algo ajeno.

El propio pontífice anunció la intervención al término del rezo del Ángelus, según la información difundida por la Santa Sede. La lesión apareció en controles médicos de rutina: un nódulo de apenas tres milímetros, en fase inicial y bien localizado. Los médicos recomendaron extirparlo. El portavoz vaticano, Matteo Bruni, confirmó que la hospitalización posterior se extenderá alrededor de siete días, aunque no trascendió la técnica quirúrgica ni la ubicación exacta de la formación.

Conviene aclarar un punto que suele distorsionarse. Un nódulo pulmonar es una formación pequeña en el tejido del pulmón y puede tener causas benignas o malignas, de modo que su presencia no equivale a un diagnóstico de cáncer. La neumonóloga Ana María Putruele, exjefa de Neumonología del Hospital de Clínicas de Buenos Aires, explicó que el riesgo se decide por el tamaño, los bordes, la densidad y la evolución de la lesión.

La reacción de Buenos Aires no se hizo esperar. Milei publicó un mensaje en la red social X en el que transmitió su ‘afecto y mejores deseos’ al Santo Padre y aseguró que toda la Argentina lo acompaña con oración. El gesto no es menor: convierte al mandatario argentino en la primera voz internacional ante un asunto de máxima sensibilidad para el Vaticano.

Qué se sabe de la operación del papa León XIV

Los datos disponibles son escuetos, y eso responde a un criterio, no a un descuido. La Santa Sede administra la información médica de sus pontífices con cuentagotas, y este caso no es una excepción. Lo confirmado: el nódulo mide unos tres milímetros, se halló en una revisión de rutina y los especialistas optaron por extirparlo de forma preventiva. La estancia hospitalaria prevista ronda la semana.

Lo que no se sabe —la técnica, la localización exacta, el equipo médico, el calendario— es justo lo que alimenta las especulaciones. Y aquí está la clave: en el Vaticano, la salud del Papa nunca es solo un asunto médico. Es una cuestión de gobierno, de equilibrios internos y de agenda global.

En Roma, la salud del pontífice deja de ser una cuestión clínica para convertirse en un asunto de Estado y de gobierno interno.

Por qué la salud del Papa se sigue con lupa en España

España no es un espectador cualquiera. Mantiene ante la Santa Sede una de sus embajadas más antiguas y unas relaciones bilaterales articuladas en los acuerdos de 1979, un marco que sigue ordenando la presencia de la Iglesia en la vida pública española. A eso se suma un sustrato cultural e histórico que ninguna ley alcanza a resumir: la huella católica atraviesa la historia de España desde hace más de mil años.

Cuando un pontífice entra en quirófano, por tanto, aquí no se lee como una noticia lejana. Se lee como un asunto propio. La salud del obispo de Roma condiciona la agenda de la Iglesia universal, y esa agenda marca el pulso de parroquias, diócesis, colegios, hospitales y obras sociales que en España sostienen miles de puestos de trabajo. Traducido: lo que ocurre en Roma también se nota en la vida cotidiana de este país.

Milei Papa

Y hay una dimensión que trasciende la fe. El Vaticano es un actor diplomático de primer orden: la Santa Sede mantiene relaciones con cerca de doscientos Estados y ejerce una mediación discreta en conflictos donde las cancillerías convencionales no llegan. España, puente histórico entre Europa y América Latina, tiene ahí un interés estratégico difícil de exagerar.

El precedente que explica la prudencia del Vaticano

El hermetismo no es capricho. El Vaticano aprendió a gestionar la salud de sus pontífices a golpe de experiencia: la larga agonía de Juan Pablo II en 2005 y las intervenciones a las que se sometió Francisco, incluida la de colon en 2021, cuajaron un protocolo que combina transparencia mínima y silencio estratégico. Cada parte médico se mide; cada ausencia se justifica.

Para España, ese protocolo tiene una lectura muy concreta. La Iglesia española es una de las mayores del mundo católico, y su vínculo con Roma define desde los nombramientos episcopales hasta las líneas pastorales que llegan al último pueblo. El estado de salud de León XIV condiciona, de hecho, decisiones que están sobre la mesa. No es un detalle menor para un país cuya identidad se ha construido, en buena parte, sobre esa relación.

Por ahora, todo apunta a una intervención de bajo riesgo clínico, con una semana de hospitalización y una recuperación que se seguirá con lupa desde medio mundo. La prudencia vaticana y el eco diplomático del gesto de Milei anticipan que el asunto marcará la agenda internacional en los próximos días. Y España, como cada vez que Roma se mueve, tiene algo que observar y bastante que decir.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El papa León XIV será operado de un nódulo pulmonar detectado en una revisión rutinaria. El presidente argentino Javier Milei le mostró su respaldo público a través de la red social X.
  • Datos importantes: Nódulo de unos tres milímetros, en fase inicial, con siete días de hospitalización prevista según el portavoz Matteo Bruni. España y la Santa Sede mantienen relaciones bilaterales desde 1979.
  • Resumen: La salud del pontífice trasciende lo médico y afecta al gobierno de la Iglesia universal, con lectura directa para España por su vínculo histórico y diplomático con Roma.

Los demócratas lideran los sondeos de las elecciones midterms y la aprobación de Trump cae por debajo del 40%

Jack Williams
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Los demócratas lideran los sondeos de las elecciones midterms y la aprobación de Trump cae por debajo del 40%

Los demócratas llegan a las elecciones midterms con 7,9 puntos de ventaja y Donald Trump por debajo del 40% de aprobación.

Una ventaja demócrata que reordena el mapa del Senado

Es el retrato que arroja el promedio de encuestas de RealClearPolitics a tres semanas de la cita del 3 de noviembre. El presidente de Estados Unidos no solo cae bajo el umbral del 40% a escala nacional: en los tres asuntos que dominan la campaña —Irán, la economía y la inflación— su respaldo se hunde por debajo del 30%. Los votantes prefieren que el Partido Demócrata controle el Congreso antes que el Partido Republicano.

Algunas encuestas recientes elevan esa distancia hasta los 12 puntos. Para calibrar la magnitud conviene mirar atrás: en vísperas de las midterms de 2018, el promedio final de RealClearPolitics daba a los demócratas 7,3 puntos de ventaja. Aquel año ganaron más de 40 escaños en la Cámara de Representantes, se hicieron con la mayoría y se impusieron en el voto popular por 8,4 puntos. La referencia de 2018 es la que usan ambos partidos para medir si esto es una ola o un tsunami.

El mapa del Senado es donde la foto se vuelve más llamativa. Los demócratas van por delante en el promedio de RealClearPolitics en todos los grandes duelos competitivos salvo Kansas, donde el senador Roger Marshall aguanta con 0,2 puntos de margen. Hay ventajas demócratas en Texas, Ohio, Iowa y Alaska, estados que Trump ganó por dos dígitos hace apenas dos años.

Carolina del Norte, que no vota demócrata a nivel presidencial desde 2008, se da por perdida; Georgia, la mejor oportunidad republicana de este ciclo, parece fuera de alcance. En Carolina del Sur, que Trump se llevó por casi 18 puntos, la encuestadora Trafalgar daba a finales del mes pasado a la senadora Darline Graham solo 1 punto de ventaja. En Nebraska, donde Trump ganó por más de 20 puntos, varios sondeos han puesto en aprietos al senador Pete Ricketts.

Por qué los propios demócratas dudan de sus sondeos

Trump Congreso

Hay un problema que nadie del sector oculta: los republicanos rurales no responden a las encuestas. El pronosticador Chaz Nuttycombe lo describió como un ‘canario en los maizales’ de Iowa. El veterano encuestador republicano Frank Luntz advirtió de que, si los votantes de Trump no atienden al teléfono, los sondeos pueden repetir el error de 2016. El sesgo de no respuesta se ha convertido en la variable oculta de estas midterms.

Una ola azul en los sondeos no siempre llega a la orilla: en 2018 los demócratas ganaron la Cámara y los republicanos ampliaron su mayoría en el Senado.

La historia electoral americana obliga a la prudencia. En 2020, Susan Collins iba por detrás en casi todas las encuestas de Maine y acabó ganando por casi 9 puntos. Ese mismo año, Mitch McConnell se impuso por cerca de 20 en Kentucky. En 2024, el sondeo del Des Moines Register —considerado el estándar de oro en Iowa— daba a Trump tres puntos por detrás de Kamala Harris días antes de la cita; ganó por 13,2. El encuestador republicano Patrick Ruffini resume el patrón: los demócratas lucen competitivos en estados rojos durante el verano y se desinflan el día de la votación.

La Lógica de Washington

¿Qué intenta resolver el sistema político americano con esta campaña? Las midterms no son un plebiscito sobre una ley, sino sobre la gestión de un presidente. El Partido Republicano defiende una geografía que le es estructuralmente favorable en el Senado: solo se renueva un tercio de la cámara y varios de esos escaños están en estados que Trump ganó dos veces.

De ahí la apuesta de la Casa Blanca por nacionalizar la contienda —incluida una convención de mitad de mandato, algo casi inédito, con Trump y JD Vance arropando a los candidatos—. La lógica es la de 2018 a la inversa: aquel año los demócratas capturaron la Cámara mientras los republicanos ampliaban su mayoría en el Senado pese a perder el voto popular. Con los números actuales, ese escenario vuelve a estar sobre la mesa.

Para España la diferencia no es cosmética. Un Congreso dividido tiende a congelar la agenda comercial y a poner freno a los aranceles que la Casa Blanca impone por la vía de de la Section 232 (el artículo de la ley de comercio de 1962 que permite al presidente gravar importaciones por seguridad nacional sin permiso del Capitolio).

Los sectores más expuestos son los de siempre: el aceite de oliva, el vino, el automóvil y la farmacéutica, con Inditex, Santander, BBVA e Iberdrola siguiendo de cerca cualquier giro en la política fiscal y regulatoria. Un Senado en manos republicanas, en cambio, mantendría la presión sobre el gasto en defensa y sobre la ayuda a Ucrania, dos carpetas que Madrid y Bruselas observan con lupa.

La ventana clave es el 3 de noviembre. A partir de ahí, el control de la Cámara y del Senado decidirá qué margen tiene Trump para su agenda arancelaria y para el presupuesto federal. Y, como recuerda cada ciclo electoral americano, los sondeos de octubre son una fotografía, no una profecía.

Ficha del Caso

  • El caso: A tres semanas de las midterms del 3 de noviembre de 2026, los demócratas lideran los sondeos y los analistas debaten el sesgo del votante probable.
  • Datos clave: Trump cae por debajo del 40% de aprobación y bajo el 30% en Irán, economía e inflación. Los demócratas lideran por 7,9 puntos, hasta 12 en algunas encuestas, frente a los 7,3 de 2018.
  • Para España: Un Congreso dividido congelaría la agenda comercial y moderaría los aranceles de la Section 232 que golpean al aceite de oliva, el vino y el automóvil.

Patronales y sindicatos chocan por la huelga general en Canarias y su encaje legal

Marta Iglesias
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Patronales y sindicatos chocan por la huelga general en Canarias y su encaje legal

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? UGT y CC OO han convocado una huelga general en Canarias para el 11 de noviembre en defensa del derecho a la vivienda.
  • ¿Quién está detrás? Las patronales CEOE Tenerife y la CCE cuestionan el «cariz político» del paro y su encaje legal; los sindicatos, los salarios bajos y la falta de vivienda asequible.
  • ¿Qué impacto tiene? Sin servicios mínimos, horarios ni duración cerrada, el seguimiento del paro es todavía una incógnita.

La huelga general convocada en Canarias para el 11 de noviembre divide a patronales y sindicatos a un mes de su celebración.

Un 11 de noviembre sin servicios mínimos ni horarios

El calendario está marcado en rojo desde hace semanas; la letra pequeña, en blanco. UGT y CC OO, junto a las organizaciones en defensa del derecho a la vivienda, han fijado el 11 de noviembre una huelga general (el paro que, a diferencia de los sectoriales, busca detener toda la actividad laboral de un territorio). Ni servicios mínimos, ni horarios, ni duración cerrada.

En las patronales el anuncio cayó como un jarro de agua fría. Pedro Alfonso, presidente de CEOE Tenerife —la patronal provincial de Santa Cruz de Tenerife—, sostiene que su organización debe evaluar aún la legalidad del paro «en función de lo que establece el derecho de huelga». La movilización tiene, a su juicio, un «marcado cariz político»: «Algunas personas la han catalogado como una huelga contra la oposición», un terreno, recuerda, ajeno a los paros que admite la ley española.

La CCE (la Confederación Canaria de Empresarios, la patronal de ámbito autonómico) recibió la convocatoria con sorpresa. «Nadie preveía esto», admite su vicepresidente, José Cristóbal García, que coincide en el diagnóstico: «Las huelgas se hacen a las empresas». Ninguna de las dos organizaciones se atreve a estimar el seguimiento.

Del otro lado, José Barroso, secretario de Política Institucional de CC OO en Canarias, no esconde sus expectativas: «Mi ilusión es que todo el mundo se sume».

Manuel Navarro, secretario general de UGT en las islas, comparte el objetivo y admite una dificultad incómoda: «Hay gente que, por su salario, se ve casi forzado a no acudir a la huelga», porque la jornada perdida se descuenta de la nómina.

El paro del 11 de noviembre no se mide en siglas: se mide en el alquiler que una familia canaria no puede pagar.

Salarios bajos, techo caro y una huelga «que no es al uso»

salarios Canarias

Navarro insiste en que esta «no es una huelga general al uso»: no va contra una política concreta del Gobierno central, sino contra todas las administraciones con competencias en vivienda. «En Canarias, desde el año 2022 no se entregan las llaves de una vivienda pública», afirma. Y señala un rasgo propio del archipiélago: unos salarios excesivamente bajos en una economía que crece.

El dirigente de UGT cifra en 211.000 las casas que recoge el censo en las islas y sostiene que muchas podrían reacondicionarse para el alquiler asequible. Su receta no pasa por levantar más bloques: «No queremos más cemento, queremos que lo que está en desuso se reconstruya». En cualquier portal inmobiliario, añade, los precios van de los 250.000 a los 500.000 euros.

Para Barroso, la precariedad salarial se cuela hasta en la cesta de la compra y desemboca en la imposibilidad de los jóvenes de construir un proyecto de vida. Los sindicatos citan también el bloqueo de la negociación colectiva (el marco donde patronal y sindicatos pactan salarios) y sitúan la chispa en el desahucio de una mujer de 87 años a finales de septiembre y en su fallecimiento días después.

El Pulso Territorial

El mapa político canario añade una capa de complejidad. El Gobierno de Canarias es una coalición entre Coalición Canaria y el PP, presidida por Fernando Clavijo, y tiene en la vivienda uno de de sus frentes más delicados ante un Parlamento autonómico de 70 escaños. Ninguna administración implicada queda fuera del reproche.

La comparación con Baleares es inevitable y las dos comunidades insulares comparten el mismo cóctel: dependencia del turismo, salarios por debajo de la media y un parque de vivienda tensionado por la compra extranjera y el alquiler vacacional. Los datos del INE mantienen a Canarias entre las regiones con mayor riesgo de pobreza del país.

Antes del 11 de noviembre, la autoridad laboral debe fijar los servicios mínimos, el paso que más condicionará el seguimiento. No hay fecha para esa resolución. Las patronales ya han advertido de que acatarán «lo que diga la ley, si finalmente la autorizan». El adelanto electoral convierte el paro en un termómetro del malestar del archipiélago. Nadie se atreve a apostar por una cifra.

Ficha Autonómica

  • El caso: UGT y CC OO han convocado una huelga general en Canarias para el 11 de noviembre centrada en la vivienda y los salarios. Las patronales cuestionan su encaje legal.
  • Datos importantes: 211.000 viviendas censadas en las islas; precios de venta de 250.000 a 500.000 euros; sin servicios mínimos ni horarios fijados; sin entrega de llaves de vivienda pública desde 2022.
  • Resumen: La convocatoria sigue abierta. Falta la decisión sobre los servicios mínimos y ninguna de las partes se atreve a pronosticar el seguimiento del paro.

Ourense marca récord recaudatorio: la Agencia Tributaria ingresa 2,44 millones de euros al día

Anxo Seoane
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Ourense marca récord recaudatorio: la Agencia Tributaria ingresa 2,44 millones de euros al día

La Agencia Tributaria ha ingresado 594,01 millones de euros en Ourense entre enero y agosto, un 6,6% más: 2,44 millones cada día.

Ourense es una de las cuatro provincias de Galicia, y desde hace dos años se ha convertido en el termómetro de una tendencia que recorre toda España. El ejercicio 2025 ya rompió un techo: por primera vez, la recaudación anual en la provincia rebasó los 800 millones de euros. Ocho meses después, la serie apunta a un nuevo máximo. La factura tributaria media asciende ya a 2,44 millones diarios, frente a los 2,19 millones del año anterior.

El récord de Ourense: 2,44 millones al día sostenidos por el IRPF y el IVA

El verdadero sostén de este máximo histórico vuelve a ser el IRPF. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas drenó de las economías familiares 280,08 millones de euros hasta agosto, un 15,1% más. La Agencia Tributaria atribuye el repunte al alza de las retenciones del trabajo, empujada por las subidas salariales por convenio y la actualización de las pensiones, y al rendimiento del ahorro y de los fondos de inversión. Sin embargo, hay una razón de fondo que ninguna estadística oculta: el Gobierno no ha deflactado la tarifa para compensar la inflación.

El efecto tiene nombre. Se llama sublida en frío, y consiste en que, cuando las nóminas y las pensiones suben para no perder poder adquisitivo, miles de trabajadores y jubilados saltan a tramos impositivos más altos. Pagan más sin haber ganado nada real. No obstante, la recaudación crece igual, y no todos los tributos se comportan del mismo modo.

El IVA acumuló 230,57 millones en los ocho primeros meses del año, con un avance del 4,1%. El gasto de las familias en productos y servicios básicos sigue alimentando la caja pública, y a eso se suma el fin de las rebajas fiscales energéticas: Hacienda recuperó el tipo ordinario en las facturas de la electricidad y del gas. El coste de la vida se convierte, así, en recaudación.

Ourense recauda hoy casi el triple que en lo peor de la crisis, pero el esfuerzo lo sostienen las familias mientras las empresas aportan menos que en 2007.

La brecha fiscal: las familias pagan más y las empresas, menos

presión fiscal Galicia

La única figura que retrocede es el Impuesto sobre Sociedades, que cayó un 11% hasta situarse en 65,89 millones de euros. La Agencia Tributaria no lo achaca a un parón de los márgenes empresariales por las tensiones internacionales, sino a los reajustes en los tipos para microempresas y entidades reducidas (al 21% y al 24%) y a la deducción por reserva de capitalización. Las empresas ourensanas aportan hoy menos en Sociedades que en 2007.

La serie histórica pone la magnitud en perspectiva. Los 594 millones netos ingresados hasta agosto casi triplican los 213,2 millones del peor momento de la crisis financiera, en 2009. Pero la presión, no se reparte por igual. Mientras el IRPF y el IVA han duplicado holgadamente su recaudación desde la burbuja inmobiliaria, las sociedades de Ourense siguen por debajo de los 72 millones que llegaron a aportar en los ocho primeros meses de 2007.

El Laboratorio Gallego

Conviene una precisión para quien no vive en Galicia: la recaudación que retrata Ourense es estatal. La gestiona la Agencia Tributaria, dependiente del Gobierno central, no la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela). Eso no impide que la comunidad funcione desde hace años como laboratorio fiscal. El PPdeG, que gobierna la autonomía con mayoría absoluta desde 2009, ha hecho de los tributos propios su escaparate y reclama para el conjunto del Estado buena parte de lo que ya aplica en Galicia.

La conexión con Madrid es directa. Deflactar el IRPF es una de las propuestas fiscales que el PP ha registrado en el Congreso, y Alberto Núñez Feijóo la ha situado en el centro de su oposición al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El modelo que Feijóo exhibe como referencia es, en buena medida, el que quince años de gobiernos del PPdeG han sedimentado en la comunidad: menos tributos propios y un discurso firme de contención fiscal. La incógnita, y ahí está el nudo del debate, es qué pasa con los impuestos estatales, que son los que de verdad soportan las economías familiares de Ourense.

La proyección a corto plazo es clara. Cuando la Agencia Tributaria cierre el ejercicio 2026, la provincia de Ourense tiene muchos argumentos para superar por segundo año consecutivo el umbral de los 800 millones. El próximo Presupuesto General del Estado y la negociación sobre los tramos del IRPF serán el escenario donde ese pulso se resuelva. Galicia seguirá siendo, mientras tanto, el espejo donde el resto de España puede mirarse.

Ficha del Caso

  • El caso: La Agencia Tributaria recaudó 594,01 millones de euros en la provincia de Ourense entre enero y agosto de 2026, un 6,6% más que el año anterior y su mejor registro para ese periodo.
  • Datos importantes: 2,44 millones al día; IRPF de 280,08 millones (+15,1%); IVA de 230,57 millones (+4,1%); Sociedades de 65,89 millones (-11%). En plena crisis, en 2009, la recaudación fue de 213,2 millones.
  • Resumen: El récord refleja una presión fiscal al alza sostenida por las familias y por el consumo, mientras el PP reclama en Madrid deflactar el IRPF y Galicia se reivindica como laboratorio fiscal del partido.

Las viviendas en zonas inundables se devalúan un 8% desde la DANA: el reajuste llega a toda España

Amparo Soler
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Las viviendas en zonas inundables se devalúan un 8% desde la DANA: el reajuste llega a toda España

Las viviendas en zonas inundables de España se han devaluado un 8% desde la DANA, según un estudio de la UPF.

Del sobreprecio del 10% al descuento del 8%: el mercado ha reescrito el valor del agua

Hasta octubre de 2024, vivir junto a un río, al mar o en una calle llana y céntrica se pagaba más caro. Los inmuebles situados en zonas de alto riesgo de inundación costaban entre un 7% y un 10% más que los que no estaban expuestos, según el trabajo del catedrático de la Universitat Pompeu Fabra José García Montalvo. El mercado cotizaba el valor recreativo y estético del agua, aunque los mapas de peligrosidad eran públicos desde hacía más de una década a través del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI).

La DANA —la depresión aislada en niveles altos que descargó sobre la provincia de Valencia en octubre de 2024— rompió esa prima. El shock fue inmediato y su alcance, nacional: el metro cuadrado de las viviendas situadas en las zonas de mayor riesgo cayó cerca de un 8% de media frente a las áreas seguras. En los pisos el descuento fue más pronunciado, de entre el 9% y el 10%. Las ventas repetidas de un mismo inmueble confirman la tendencia, con una depreciación algo menor, de entre el 4% y el 5%.

El fenómeno es generalizado en todo el país, pero se acentúa en la zona cero de la riada. La conclusión sale de cruzar 3,4 millones de transacciones inmobiliarias de la base de datos de los notarios, entre 2007 y octubre de 2025, con la cartografía oficial del riesgo. Las cifras no cierran con la narrativa de un ladrillo inmune al clima.

Detrás de cada operación hay una familia que firmó una hipoteca a treinta años sin saber del todo qué compraba. Montalvo defiende que la exposición a inundaciones debería figurar en la escritura en el momento de la compraventa. Queda por ver si el castigo del precio se mantiene o se olvida a medida que pasan los años.

El mercado tardó una década en leer los mapas de inundación; la DANA le bastó una noche para interiorizarlos.

El decreto que iba a inscribir el riesgo en la escritura y que quedó en el aire

El Gobierno central intentó adelantarse a ese ajuste con un real decreto del Ministerio para la Transición Ecológica para contener la edificación en zonas inundables. El texto prohibía nuevos usos residenciales y construcciones bajo rasante —garajes y sótanos— en las áreas de mayor peligro, exigía una cota de seguridad en las zonas menos expuestas, y obligaba a los ayuntamientos a aprobar planes locales de adaptación.

Su medida más contundente era la obligación de inscribir la condición de riesgo en las escrituras públicas y en el Registro de la Propiedad. La convocatoria anticipada de elecciones generales dejó la norma en el aire y devolvió todo el peso de la penalización al mercado inmobiliario.

precio de la vivienda DANA

Sin esa palanca regulatoria, la información sigue fragmentada. La OCDE recomienda en su informe Future-Proofing Real Estate Investment, de diciembre de 2025, que el riesgo climático sea visible al comprar, alquilar o contratar una hipoteca. En la encuesta a 43 instituciones que acompaña al documento, el 58% de los consultados señaló la falta de datos detallados por inmueble como principal barrera.

El contexto empuja en la misma dirección. Las lluvias torrenciales de las últimas semanas en Catalunya han multiplicado las riadas y han llevado al Besòs al límite de su capacidad. Ya no es una conversación valenciana.

El Escenario Valenciano

La política valenciana no es ajena a ese ajuste. El estudio señala la zona cero como el punto donde la depreciación es más intensa, en un territorio que aún digiere la reconstrucción bajo el Consell (el gobierno autonómico) de Juanfran Pérez Llorca, del PP, con Vox como socio de gobierno. El pacto aguanta, por ahora.

En las Corts Valencianes (el parlamento autonómico, con 99 escaños), PSPV y Compromís han convertido el urbanismo y la ordenación del territorio en su principal frente de fiscalización. Sobre el tablero planea también la figura del expresident Carlos Mazón, hoy diputado en las Corts y eje de la instrucción judicial: su gestión de la emergencia se examina en los tribunales y se revisa en cada informe sobre la catástrofe.

La dimensión nacional es ineludible. España ya vivió este patrón: tras la riada de Biescas de 1996 o las inundaciones del Vallès de 1962, la conciencia del riesgo subió un tiempo y después se diluyó. Con el real decreto pendiente, los ayuntamientos de las zonas inundables afrontan la próxima década sin criterios homogéneos sobre dónde se puede construir y cuánto se puede pedir por lo ya construido. El Consorcio de Compensación de Seguros seguirá siendo la red pública de un riesgo que el mercado ya cobra por adelantado.

Ficha del Caso

  • El caso: Un estudio del catedrático de la UPF José García Montalvo constata que la DANA de octubre de 2024 dio la vuelta al precio de las viviendas en zonas inundables de toda España.
  • Datos importantes: El sobreprecio del 7%-10% se ha convertido en un descuento del 8% (9%-10% en pisos); el análisis cruza 3,4 millones de transacciones notariales entre 2007 y octubre de 2025; el real decreto de Transición Ecológica decayó con el adelanto electoral.
  • Resumen: El riesgo climático ya se paga en el precio de la vivienda, pero sin una norma que lo inscriba en las escrituras el ajuste queda en manos de la memoria del mercado.

HablaTaxi Canarias ya opera: el ‘Uber del taxi’ isleño planta cara a las VTC

Marta Iglesias
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HablaTaxi Canarias ya opera: el ‘Uber del taxi’ isleño planta cara a las VTC

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? HablaTaxi, la aplicación para pedir taxi desde el móvil, funciona en Canarias desde el 1 de octubre de 2026.
  • ¿Quién está detrás? Tres socios —Gabriel de La Torre, Carles y José Luis Perdomo— y 115 taxistas que ya aceptan servicios en Las Palmas de Gran Canaria.
  • ¿Qué impacto tiene? El taxi gana la herramienta digital que le faltaba frente a las VTC, pero mantiene tarifas oficiales y taxímetro.

HablaTaxi Canarias ya rueda: 115 taxistas y 600 usuarios sostienen desde el 1 de octubre la aplicación que quiere digitalizar el taxi isleño.

Una app para pedir taxi sin dejar de ser taxi

La aplicación está disponible para Android y Apple desde el 1 de octubre. El funcionamiento es el de cualquier plataforma de movilidad: el usuario introduce el origen, el destino, y ve qué vehículo le han asignado, con el seguimiento de su llegada en tiempo real. La diferencia llega al final del trayecto.

En HablaTaxi el precio que muestra la pantalla es solo una estimación calculada sobre las tarifas oficiales del taxi. No hay precio cerrado antes del viaje, como sí ocurre en las VTC (los vehículos de alquiler con conductor con los que operan Uber, Cabify o Bolt). Cuando el servicio termina, el taxista para el taxímetro y el cliente abona lo que marque, igual que si hubiera levantado la mano en la calle.

El segundo elemento propio es el sistema de valoraciones, que funciona en los dos sentidos: cliente y conductor se puntúan al acabar el servicio. Esa nota puede pesar después. Un usuario con calificaciones malas o un taxista con quejas repetidas puede ver limitada su capacidad de pedir o de aceptar viajes. La app traslada al taxi una lógica de reputación que hasta ahora era territorio de las VTC.

Detrás del proyecto hay tres socios: Gabriel de La Torre, Carles y José Luis Perdomo. Ninguno es taxista. Hace un año montaron una empresa de asistentes virtuales con inteligencia artificial para pequeños negocios; el pasado mayo decidieron aplicar esa tecnología al taxi, primero con cooperativas y después en solitario. «Desde agosto empezamos a desarrollar HablaTaxi por nuestra cuenta», resume De La Torre, responsable de la parte comercial junto a Carles, mientras Perdomo asume el desarrollo informático.

El taxi canario no cambia de modelo, cambia de herramienta: la tarifa es la de siempre, pero el cliente ya no tiene que esperar en la calle.

De Las Palmas a Arucas y Telde: el mapa de la expansión

Hoy la aplicación opera en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y permite desplazamientos hacia otros municipios de la isla. El siguiente paso ya está en marcha: incorporar taxistas de Arucas y Telde. Después, el resto de Gran Canaria y, si el proyecto aguanta, el salto a otras islas de un archipiélago que reparte 88 municipios entre siete territorios.

Los fundadores sostienen que la acogida está siendo buena y que muchos profesionales consideraban necesaria una herramienta de de este tipo. El reto es de masa crítica: una app de movilidad solo funciona si el cliente encuentra coche y el taxista encuentra viajes. La competencia no se lo pondrá fácil. Las plataformas de VTC llevan años instaladas en las islas con precios cerrados, el modelo que el taxi no puede replicar por normativa.

El Pulso Territorial

Canarias está gobernada desde 2023 por una coalición entre Coalición Canaria y el PP, con Fernando Clavijo en la Presidencia y el respaldo de formaciones insulares. La movilidad urbana depende, sin embargo, del Gobierno de Canarias y de los ayuntamientos a partes distintas: el taxi funciona con licencia municipal y tarifa regulada, y la VTC con un régimen de autorizaciones diferente. Esa asimetría lleva años en la boca del sector.

El pulso tampoco es exclusivo del archipiélago. En Baleares, la otra autonomía insular del mapa autonómico, la convivencia entre taxi y VTC sigue generando litigios y tensiones. En Canarias, las próximas elecciones autonómicas están previstas para la primavera de 2027, y hasta entonces no se esperan cambios normativos de calado. La incertidumbre es otra: si HablaTaxi no alcanza masa crítica en Gran Canaria, el salto de isla se complica.

Ficha Autonómica

  • El caso: HablaTaxi, la aplicación que digitaliza el taxi canario, funciona desde el 1 de octubre de 2026 en Las Palmas de Gran Canaria con 115 taxistas adheridos.
  • Datos importantes: Más de 600 usuarios registrados; disponible en Android y Apple; precio estimado sobre tarifa oficial y pago con taxímetro; valoraciones bidireccionales entre cliente y conductor.
  • Resumen: El proyecto, impulsado por tres socios ajenos al sector, prevé incorporar taxistas de Arucas y Telde y extender después la cobertura al resto de Gran Canaria y a otras islas.

Sánchez confirma las listas del PSOE por Valencia: Bernabé, España y Torró irán al Congreso

Amparo Soler
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Sánchez confirma las listas del PSOE por Valencia: Bernabé, España y Torró irán al Congreso

Pedro Sánchez ha confirmado las listas del PSOE por Valencia: Pilar Bernabé, Arcadi España y Rebeca Torró serán los tres primeros.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Sánchez sitúa a la delegada del Gobierno, al ministro de Hacienda y a la secretaria de Organización del PSOE como números uno, dos y tres por la provincia de Valencia.
  • ¿Quién está detrás? La dirección federal del PSOE, con el PSPV de Diana Morant, que cierra unas listas de consenso.
  • ¿Qué impacto tiene? Bernabé compagina el Congreso con la alcaldía de Valencia y refuerza el perfil DANA del partido ante las generales del 29 de noviembre.

Los tres nombres que Sánchez pone en el escaparate valenciano

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y candidata a la alcaldía de Valencia, Pilar Bernabé, abrirá la candidatura al Congreso. Le seguirán el ministro de Hacienda, Arcadi España, y la secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró. El bloque mezcla perfil institucional, gestión económica y aparato de partido, la combinación que Sánchez ha elegido para la provincia más poblada de la Comunitat.

Bernabé se ganó su puesto en la primera línea durante la gestión de la DANA (la Depresión Aislada en Niveles Altos que causó las inundaciones de octubre y noviembre de 2024) y en los meses siguientes, en los que mantuvo una relación estrecha con las víctimas y con los alcaldes y alcaldesas de las poblaciones afectadas. Según fuentes socialistas, esa cercanía pesó en la decisión de Pedro Sánchez. La delegada compaginará la campaña al Congreso con la carrera por la alcaldía de Valencia, que hoy ocupa la popular María José Catalá.

El número dos, Arcadi España, llega avalado por su gestión al frente del Ministerio de Hacienda y, sobre todo, por su intento de sacar adelante la reforma de la financiación autonómica, un debate que el adelanto electoral dejó sin celebrar en el Congreso de los Diputados. El debate de la financiación se quedó a las puertas. Rebeca Torró, número tres, es la pieza que sostiene el engranaje interno: secretaria de Organización del PSOE y una de las personas de más confianza de la dirección federal.

Una lista de consenso que esquiva a los barones provinciales

Pedro Sánchez

La candidatura valenciana no incluye a los tres líderes provinciales del partido. Ni Rubén Alfaro, alcalde de Elda (Alicante), ni Samuel Falomir, alcalde de l’Alcora (Castellón), ni Carlos Fernández Bielsa, alcalde de Mislata, ocuparán puesto en las listas de sus respectivas provincias. Ninguno de los tres barones provinciales entra en las listas. La dirección apuesta así por figuras de perfil autonómico y estatal antes que por el arraigo municipal.

El equilibrio interno pesó en cada casilla. Desde el PSPV-PSOE subrayan que la sintonía entre Diana Morant y Rebeca Torró ha permitido cerrar unas listas de consenso sin la lideresa socialista valenciana, que concentrará sus fuerzas en su candidatura a presidir la Generalitat Valenciana. En ese horizonte le espera el actual president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, del PP, que gobierna desde diciembre de 2025 con el apoyo de Vox.

La lista por Valencia no elige solo diputados: elige quién dará la cara por la DANA ante el electorado.

La comparación con 2023 marca la ambición del partido. Entonces, los tres primeros puestos por Valencia fueron para Diana Morant, José Luis Ábalos y Carmen Martínez: el PSOE se llevó 11 de los 33 escaños y quedó a 2,7 puntos del PP, primera fuerza, que consiguió 13 diputados. En 2023 el PSOE se quedó a 2,7 puntos del PP. Repetir ese resultado, y mejorarlo, exigirá movilizar el voto de las comarcas castigadas por la riada.

El Escenario Valenciano

El movimiento de Sánchez reordena el tablero valenciano de cara al 29 de noviembre. El PP de Pérez Llorca defenderá la gestión del Consell (el gobierno de la Generalitat Valenciana) frente a las críticas sobre la reconstrucción post-DANA, mientras Compromís tratará de capitalizar el descontento de los afectados. La oposición seguirá exigiendo en las Corts Valencianes (el parlamento unicameral con 99 escaños) transparencia sobre la ejecución de los fondos del Plan RERD, el instrumento de la Generalitat para canalizar el dinero de la reconstrucción.

La dimensión nacional también condiciona. El Gobierno central ha reclamado en el Congreso una reconstrucción coordinada y recuerda que los fondos para la DANA se canalizan a través del Consorcio de Compensación de Seguros y de las transferencias a la Generalitat. La reconstrucción se ha convertido en el eje del discurso electoral valenciano. Bernabé es, precisamente, el rostro autonómico de esa relación institucional: delegada del Gobierno y, al mismo tiempo, candidata. El expresident Carlos Mazón sigue siendo una pieza del tablero por su situación en el proceso judicial de la DANA, donde la instrucción avanza sobre las alertas y la cadena de mando aquel 29 de octubre.

Por delante quedan semanas de campaña, con las Corts y el Consell como altavoces diarios y las generales del 29 de noviembre como meta. Si los socialistas valencianos aguantan el pulso, el resultado será la primera lectura seria del post-DANA en las urnas.

Ficha del Caso

  • El caso: Pedro Sánchez confirma a Pilar Bernabé, Arcadi España y Rebeca Torró como cabezas de lista del PSOE al Congreso por Valencia.
  • Datos importantes: Bernabé es delegada del Gobierno y candidata a la alcaldía; España es ministro de Hacienda; Torró es secretaria de Organización. Las generales se celebran el 29 de noviembre. En 2023 el PSOE logró 11 de los 33 escaños por Valencia.
  • Resumen: Una candidatura de consenso que refuerza el perfil DANA del PSOE y abre la batalla valenciana por el Congreso y por la Generalitat.

Los coches chinos ya copan uno de cada cinco vehículos nuevos matriculados en Ourense

Anxo Seoane
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Los coches chinos ya copan uno de cada cinco vehículos nuevos matriculados en Ourense

Las matriculaciones de coches de origen chino en Ourense se han duplicado en nueve meses y ya representan casi uno de cada cinco vehículos nuevos de la provincia: 528 unidades entre enero y septiembre de 2026.

Hace cuatro años ese mercado era residual. En 2022, los fabricantes chinos apenas matricularon cuatro coches en toda la provincia. En 2023 la cifra saltó a 175; en 2024 subió a 202; en 2025 se dobló hasta los 430. Ahora ya suman casi un centenar más que en todo el año pasado. Las compras de marcas chinas han crecido casi un 95% en lo que va de 2026.

Los datos de Anfac, la patronal de los fabricantes, certifican la velocidad del desembarco. El ranquin provincial sigue capitaneado por Toyota, con 305 unidades, pero la estructura tradicional del sector ya cruje por abajo.

De cuatro coches al 17,55% del mercado: nueve meses de desembarco chino en Ourense

El avance no se explica solo por volumen. MG, la marca de origen británico hoy en manos del gigante chino SAIC, se ha aupado como la séptima firma más vendida de la provincia, con 177 turismos. A su estela aparece BYD, con 128 operaciones, convertida en la enseña que más crece en términos absolutos tras sumar 81 ventas más que el año pasado.

Ambas superan ya a nombres de largo arraigo. Hyundai matriculó 136 vehículos; Peugeot, 91; Citroën, 66. Ford se ha desplomado hasta los 19 turismos. Por detrás asoman las nuevas propuestas orientales: EBRO, con 82; Omoda, con 63; Jaecoo y Leapmotor, con 26 cada una.

Lo que ocurre en los concesionarios de Ourense anticipa lo que ocurrirá en el resto de España: el coche chino ya no es una anomalía.

El motor de esa demanda es doble: tecnología y precio. De los 3.009 turismos matriculados este año en Ourense, 780 corresponden ya a tecnología electrificada —384 eléctricos puros y 396 híbridos enchufables—. Y en ese nicho, las firmas asiáticas han tomado el control: solo BYD y Leapmotor acaparan el 20% de todos los vehículos enchufables vendidos en la provincia.

Desde el polígono de Barreiros lo confirman a pie de exposición. Marc Andrés Fernández, gerente de MG Blendio Birmauto, resume el cambio: «Al principio había cierto respeto a la marca y a la posventa, pero ya ha pasado tiempo suficiente para comprobar que trabajamos igual o mejor que una firma tradicional».

El argumento económico es el decisivo. Según sus cálculos, un modelo europeo equivalente cuesta entre un 20% y un 30% más. «El cliente prefiere ahorrarse 3.000 o 4.000 euros y llevarse un coche más equipado», explica. Elementos como el techo panorámico, o las cámaras 360 llegan prácticamente de serie.

Eso sí, el recelo del comprador ha cambiado de forma. Ya no es tanto la fiabilidad como el recambio a diez años vista. «En Ourense, con un parque envejecido, la duda es si dentro de diez años seguirá existiendo la pieza que necesitas», admite Fernández. La marca ha respondido con un almacén en Madrid que entrega el 99% de las piezas en 24 o 48 horas.

El precio como argumento: entre 3.000 y 4.000 euros de diferencia frente al coche europeo

matriculaciones Galicia

El fenómeno ourensano es la punta gallega de una tendencia nacional y europea. Las marcas chinas han pasado de ocupar un espacio marginal a disputar el corazón del mercado, apoyadas en dos palancas que dominan: la electrificación y el precio.

El futuro a medio plazo, sin embargo, queda en el aire. La Unión Europea y Pekín pactaron reducir a más de la mitad la llegada de coches híbridos chinos en cuatro años, un acuerdo impulsado por Bruselas para corregir el desequilibrio comercial. De cumplirse, el grifo que alimenta el auge ourensano podría cerrarse a la mitad.

El Laboratorio Gallego

El desembarco chino en Ourense no se entiende sin el peso del automóvil en la economía gallega. La planta de Stellantis en Vigo es una de las mayores fábricas de España, y cada punto de cuota que ganan las enseñas asiáticas se discute en los planes industriales de la Xunta de Galicia, el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela. Los 528 turismos chinos matriculados este año en la provincia son solo la cara visible de un pulso mucho mayor.

La lectura nacional también está servida. Galicia funciona como laboratorio donde el PPdeG, el Partido Popular de Galicia, gobierna con mayoría absoluta desde 2009 y ensaya respuestas industriales que después el PP de Alberto Núñez Feijóo traslada al debate de Madrid. El pacto entre Bruselas y Pekín sitúa la próxima decisión en el calendario europeo, no en el gallego: los fabricantes chinos disponen de cuatro años para ajustar sus exportaciones de híbridos a la UE.

La incógnita es cómo encajará ese ajuste el Parlamento de Galicia, la cámara unicameral con 75 deputados, donde el PPdeG gobierna con holgura, el BNG (el Bloque Nacionalista Galego, primera fuerza de la oposición) ejerce de contrapeso y el PSdeG (la federación gallega del PSOE) completa el arco. Si las plantas gallegas pierden competitividad, el asunto saltará de la Consellería de Economía a la agenda nacional en cuestión de meses.

Ficha del Caso

  • El caso: Las marcas chinas han pasado de cuatro matriculaciones en Ourense en 2022 a 528 en nueve meses de 2026, casi una de cada cinco ventas provinciales.
  • Datos importantes: Cuota del 17,55% en 2026; 3.009 turismos vendidos en la provincia, de los cuales 780 son electrificados; MG (177) y BYD (128) ya superan a Hyundai, Peugeot, Citroën y Ford.
  • Resumen: El precio, hasta un 30% inferior al modelo europeo equivalente, explica el auge, que la UE quiere frenar con un pacto para recortar a la mitad los híbridos chinos en cuatro años.

Los apartamentos turísticos en València caen un 32% desde 2024 por la moratoria de licencias del Ayuntamiento

Amparo Soler
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Los apartamentos turísticos en València caen un 32% desde 2024 por la moratoria de licencias del Ayuntamiento

El INE cifra en 5.393 las viviendas turísticas anunciadas en València, un 32,4% menos que el máximo de agosto de 2024.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La estadística del INE sitúa en 5.393 las viviendas turísticas anunciadas en València, un 32,4% por debajo del máximo de agosto de 2024, cuando eran 7.976.
  • ¿Quién está detrás? El Ayuntamiento de València atribuye la caída a la moratoria de licencias, en vigor desde mayo de 2024, y a la nueva normativa urbanística.
  • ¿Qué impacto tiene? Menos anuncios en plataformas, más presión sobre el alquiler residencial y un pulso abierto entre el consistorio, la Generalitat y el sector.

El desplome del 32,4% y la lectura que hace el Ayuntamiento

En dos años, la capital valenciana ha pasado de liderar el crecimiento de la vivienda de uso turístico entre las grandes ciudades españolas a protagonizar una de las mayores caídas. Lo subraya el propio consistorio, y lo respalda la serie estadística: 7.976 anuncios en agosto de 2024 frente a los 5.393 actuales. La ciudad ha perdido 2.583 apartamentos turísticos desde aquel pico, después de que en los dos años anteriores esa oferta se disparara un 49,1%.

El gobierno municipal, del PP, atribuye el giro a dos decisiones encadenadas: la moratoria en la concesión de nuevas licencias, vigente desde mayo de 2024, y la normativa urbanística que entró en vigor en mayo de este año, con requisitos muy exigentes para abrir nuevos alojamientos por barrios y distritos. La tesis municipal es que la primera medida, por sí sola, habría sido un paréntesis sin la segunda.

Conviene una precisión que la propia estadística arrastra. El INE no cuenta licencias: cuenta anuncios publicados en plataformas digitales. Retirar un piso de un portal no equivale siempre a devolverlo al alquiler residencial. Ese matiz importa cuando la cifra se usa como termómetro de una política pública y como argumento político.

La moratoria de licencias: qué limita, qué no y hasta cuándo

La moratoria bloquea la concesión de nuevas licencias, pero no ordena las que ya existen. La norma posterior traslada la restricción al planeamiento y la reparte por barrios. El resultado es una caída del 32,4% en anuncios, no una desaparición del negocio: los pisos que siguen operando lo hacen con habilitaciones anteriores y la estadística los sigue contando.

Cae el anuncio, no siempre la actividad: retirar un piso de un portal no es lo mismo que devolverlo al alquiler residencial.

Hay un segundo frente que ninguna moratoria resuelve. Las viviendas de uso turístico se reparten entre las que tienen licencia municipal, las que operan bajo la figura autonómica de habitatge d’ús turístic y las que se anuncian directamente sin habilitación. La estadística no distingue unas de otras, y por ahí se cuelan los debates más incómodos.

El Escenario Valenciano

En clave política, el Ayuntamiento de València, en manos del PP con María José Catalá al frente, ha convertido la vivienda en su bandera de gestión.

El Consell de Pérez Llorca convive con esa agenda municipal desde una competencia compartida. Enfrente, el PSPV y Compromís reclaman que la restricción se consolide más allá de una moratoria con fecha de caducidad, y en el consistorio llevan meses sostenido la misma idea.

Con Vox como socio del PP en la Generalitat, cualquier norma autonómica sobre vivienda turística tendrá que salvar la distancia entre un socio que prioriza la libertad de mercado y un consistorio que presume de haber frenado el crecimiento.

La dimensión nacional ya está servida. Ciudades como Barcelona, o Palma han aprobado límites parecidos, y la estadística del INE se ha convertido en el árbitro involuntario de la pelea: mide anuncios, no políticas, pero todos la citan.

El precedente más repetido es el de Barcelona, que anunció su intención de suprimir las licencias de pisos turísticos en 2028, un horizonte que la ley estatal de vivienda no cerró. La vivienda turística ha dejado así de ser un asunto estrictamente municipal y se ha instalado en el debate estatal sobre el acceso a la vivienda, con los ayuntamientos reclamando herramientas estables.

València se ha convertido, de hecho, en laboratorio. Los 5.393 anuncios actuales son la foto de un momento, y la próxima actualización estadística dirá si la curva sigue bajando. El desarrollo del planeamiento por barrios marcará el paso en los meses siguientes. Queda por ver si esa caída se traduce en alquileres residenciales más asequibles, que es donde se juega de verdad la partida.

Ficha del Caso

  • El caso: El INE sitúa en 5.393 las viviendas turísticas anunciadas en València, un 32,4% menos que el máximo de agosto de 2024, tras la moratoria de licencias y la nueva normativa urbanística.
  • Datos importantes: 7.976 anuncios en agosto de 2024; 2.583 menos en dos años; moratoria vigente desde mayo de 2024; nueva norma urbanística en vigor desde mayo de 2026.
  • Resumen: La capital valenciana reduce su oferta anunciada y se convierte en el laboratorio de una política de vivienda que otras ciudades españolas observan con atención.

Abascal y Bardella visitan el puesto de Frontex en Ceuta el Día de la Fiesta Nacional

Rodrigo Casado
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Abascal y Bardella visitan el puesto de Frontex en Ceuta el Día de la Fiesta Nacional

Abascal y Bardella han visitado este 12-O el puesto fronterizo marítimo de Ceuta con el exdirector de Frontex Fabrice Leggeri.

El desplazamiento se produce en pleno Día de la Fiesta Nacional y responde a un objetivo que el partido ha hecho explícito: acompañar a los ceutíes que sufren las consecuencias de la presión migratoria sobre la Frontera Sur. ‘Hoy, Día Nacional de España, volveremos a reivindicar nuestra soberanía e integridad territorial junto a nuestros aliados franceses’, ha trasladado Vox a través de sus canales oficiales.

Junto al presidente de Vox y al líder de Agrupación Nacional ha estado Fabrice Leggeri, exdirector ejecutivo de la agencia europea de fronteras, una presencia que la formación enmarca en su tesis de que el control de las fronteras exteriores exige decisión política y no solo medios técnicos. Ceuta y Melilla son las dos únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en el continente africano.

Qué reivindica Vox con su visita a la Frontera Sur

La dirección nacional sitúa el acto en el corazón de su discurso sobre soberanía nacional e integridad territorial. Para Vox, la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla no es un fenómeno sobrevenido ni un asunto exclusivamente humanitario: es, sostiene el partido, el resultado de decisiones políticas. El diagnóstico que la formación repite desde hace dos legislaturas es que España ha cedido capacidad de decisión sobre su propia frontera sur.

En ese marco, la presencia de Leggeri aporta al acto un aval técnico difícil de replicar desde el escaño. Santiago Abascal ha señalado que lo más urgente es ‘recuperar Ceuta’ y ha reiterado los tres ejes que la formación ha convertido en columna vertebral de su campaña: ‘Prioridad nacional, desregulación y remigración’.

El tercero de esos ejes, la remigración, designa la devolución a sus países de origen de los inmigrantes que permanecen de forma irregular, un concepto que Vox reclama incorporar al ordenamiento europeo. Sin un mecanismo de expulsión efectivo, sostiene el partido, ninguna política de control de fronteras resulta creíble.

Ceuta no es un apunte de campaña: es la prueba territorial que Vox pone delante de Bruselas y del PP en el mismo gesto.

El recorrido del gesto: del puesto fronterizo al desayuno de este martes

La visita no se agota en Ceuta. Este martes 13 de octubre, Abascal presentará a Bardella en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, un formato que Vox ha utilizado en otras ocasiones para proyectar sus alianzas internacionales ante los medios económicos y no solo ante su electorado habitual. La elección del invitado no es menor.

Jordan Bardella, de 31 años, lidera Agrupación Nacional desde 2022 y preside el grupo Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo, el espacio en el que Vox comparte bancada con otras formaciones nacionales que defienden fronteras fuertes, seguridad y soberanía frente a Bruselas. Es una de las figuras de mayor proyección del espacio patriota europeo y su presencia en Madrid refuerza la pata internacional de la estrategia de la formación de Abascal.

Bardella Ceuta

Por el momento no han trascendido reacciones oficiales del Gobierno ni del PP al desplazamiento a Ceuta, ni consta una valoración pública del Ministerio del Interior sobre la presencia del exdirector de Frontex en territorio español. El silencio, en clave política, tampoco es neutro: la visita coloca la política migratoria en el primer plano informativo del día de mayor visibilidad institucional del año.

La estrategia: Patriotas por Europa como palanca exterior

El movimiento encaja en una pauta que Vox repite desde 2024: trasladar al terreno europeo los debates que en España le enfrentan al PP. La ruptura de los gobiernos autonómicos de coalición en julio de 2024 marcó un antes y un después en esa relación.

Desde entonces, la formación de Abascal trabaja con dos objetivos simultáneos: no diluir su perfil propio en los ejecutivos compartidos y mantener abierta la vía de colaboración parlamentaria en el Congreso de los Diputados, donde sus 33 diputados resultan determinantes para cualquier mayoría alternativa a la izquierda.

La diferencia con el PP en inmigración es de fondo, no de énfasis. Los populares reclaman una inmigración ordenada y ligada al mercado laboral; Vox sitúa la remigración y la prioridad nacional en el centro de su propuesta. El marco europeo le sirve para demostrar que esa posición no es un aislamiento español, sino una corriente compartida por formaciones de peso creciente en varios países vecinos.

Ese relato tiene un destinatario claro: el Gobierno, al que el partido atribuye haber convertido la Frontera Sur en un punto de paso sin control efectivo. También, por elevación, el PP, obligado a pronunciarse sobre un asunto que Vox ha convertido en su bandera.

La elección del 12 de octubre no es casual. La Fiesta Nacional ofrece una tribuna institucional que ningún otro día del calendario concede, y Vox la ha ocupado con un acto que mezcla territorio, frontera y alianza internacional. La próxima cita queda fijada: el desayuno de este martes en Madrid pondrá a Bardella ante los medios económicos españoles y permitirá medir el alcance real de esa sintonía.

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