Antidisturbios del 1-O critican el regreso de Puigdemont y reclaman que responda ante la Justicia

Roberto Fuentes
-
0
Antidisturbios del 1-O critican el regreso de Puigdemont y reclaman que responda ante la Justicia

Los antidisturbios que integraron el dispositivo del 1-O reclaman que Carles Puigdemont responda ante la Justicia tras su regreso a España. Los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional lamentan que el expresidente catalán haya vuelto al país sin comparecer ante los tribunales por los hechos que se le atribuyen.

El malestar es profundo entre los veteranos del cuerpo. «Hay policías jubilados por su culpa», subraya uno de los efectivos que participó en el operativo del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Los agentes recuerdan que aquel dispositivo derivó en los disturbios de octubre de 2019, desencadenados tras la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del procés y conocidos en el ámbito policial como la Operación Ícaro.

Una reivindicación que nace del operativo del 1-O

El referéndum ilegal en Cataluña supuso un punto de inflexión dentro de las UIP. Los antidisturbios fueron los encargados de mantener el orden público en la región durante aquellas jornadas, requisando urnas y entrando en colegios ante la resistencia de los convocantes. La experiencia marcó a toda una generación de agentes y reforzó la especialización de las unidades de intervención de la Policía Nacional.

Las UIP son unidades especializadas en el mantenimiento y el restablecimiento del orden público. Actúan en dispositivos de alta conflictividad y su labor abarca desde grandes concentraciones hasta alteraciones graves de la convivencia en la vía pública. Su intervención resulta determinante cuando otros recursos no bastan para garantizar la seguridad ciudadana.

Según el relato de los propios agentes, el regreso de Puigdemont sin rendir cuentas ante la Justicia reabre una herida que nunca llegó a cerrarse. Los policías reclaman que el expresidente comparezca ante los tribunales por los hechos que se le atribuyen y que sea la Justicia la que determine su responsabilidad.

Las Unidades de Intervención Policial sostuvieron el operativo del 1-O y los disturbios de 2019; sus veteranos reclaman ahora que Puigdemont rinda cuentas ante la Justicia.

La memoria de la Operación Ícaro y los disturbios de 2019

La Operación Ícaro designa en el ámbito policial el despliegue de las UIP durante los disturbios de octubre de 2019 en Cataluña. Las protestas tras la sentencia del procés derivaron en enfrentamientos con los agentes, con centenares de heridos y daños materiales en la vía pública. Fue uno de los dispositivos de orden público más exigentes de la década.

De aquel episodio quedaron bajas físicas y psicológicas entre los agentes. La reclamación actual conecta con aquella experiencia: los veteranos consideran que el regreso de Puigdemont sin responder ante la Justicia deja sin cerrar el ciclo que ellos vivieron en primera línea. Su exigencia es que responda ante los tribunales.

El contexto institucional

Las UIP forman parte de la estructura de la Policía Nacional y despliegan a miles de agentes cada año en dispositivos de orden público en todo el territorio. Su labor se enmarca en la función constitucional de proteger el libre ejercicio de los derechos y las libertades, incluso en contextos de máxima tensión. La profesionalidad de estas unidades ha sido reconocida en numerosos dispositivos de alta complejidad.

Los balances anuales del Ministerio del Interior sitúan la criminalidad en España por encima de las dos millones de infracciones penales al año, una cifra que exige de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado un esfuerzo sostenido sobre el terreno. En ese contexto, el trabajo de las unidades de orden público resulta clave para garantizar la convivencia durante episodios de alta conflictividad.

La reclamación de los agentes se mantiene mientras la situación judicial sigue abierta. Los veteranos del dispositivo del 1-O subrayan que su única exigencia es que la Justicia determine la responsabilidad de los hechos imputados a quien dirigió la Generalitat durante el referéndum ilegal. El respeto a la labor policial es, apuntan, la condición mínima para que episodios como el de 2017 no vuelvan a repetirse.

Austria recibe 43.300 solicitudes de ayudas solares en diez minutos y enfocará 2027 al almacenamiento

Elena Ríos
-
0
Austria recibe 43.300 solicitudes de ayudas solares en diez minutos y enfocará 2027 al almacenamiento

El portal de las ayudas solares Austria ha emitido 43.300 tickets de solicitud en diez minutos, un récord que empuja al Gobierno a rediseñar el sistema de apoyo y a poner el foco de 2027 en el almacenamiento con baterías.

Diez minutos y 43.300 solicitudes: el colapso de la ventanilla fotovoltaica

El mecanismo es sencillo y brutal a la vez. El Ministerio Federal de Economía, Energía y Turismo abrió el jueves 8 de octubre por la tarde la tercera y última ronda de 2026 para fotovoltaica y baterías, dentro de la Ley de Expansión de las Renovables (EAG). Los interesados no presentan un proyecto cerrado: cogen un ticket en el portal que gestiona la agencia OeMAG y, si lo consiguen, justifican después la instalación. El resultado, según los datos preliminares difundidos el pasado viernes, fueron unos 43.300 tickets en diez minutos.

Para calibrar la escala, la ronda de verano repartió 24.900 tickets en el mismo margen de diez minutos. La demanda casi se duplicó entre una convocatoria y la siguiente, y el ministerio admite que ya lo esperaba. El sistema, en vigor desde 2021, reparte las subvenciones a la fotovoltaica por orden de llegada y solo tres veces al año. Quien llega tarde, espera meses.

De ahí que se organicen cursos de formación y campañas de cupones para mejorar las opciones de rascar una ayuda. Es un síntoma. La secretaria de Estado de Energía, Elisabeth Zehetner, lo ha calificado de absurdo: resulta grotesco que alguien tenga que entrenarse para solicitar una subvención pública, y ese es el motivo por el que el Ejecutivo quiere cambiar las reglas.

La propuesta pasa por dar la vuelta al procedimiento. Desde 2027, las solicitudes se presentarían junto a la factura final, una vez ejecutado el proyecto, y se aceptarían durante todo el año. Fuera las tres ventanas anuales y fuera la carrera por el clic.

Una subvención que exige preparación previa y velocidad de clic no reparte dinero público: reparte ventaja entre quienes mejor se organizan.

Prima a la batería y gestión inteligente obligatoria

El segundo giro es más profundo. El ministerio quiere sustituir la subvención convencional a la inversión por una prima al almacenamiento con baterías. Tendrían prioridad los sistemas instalados junto a paneles nuevos o existentes, siempre que estén conectados a un sistema de gestión energética inteligente. Ese requisito deja de ser una recomendación: sin él, no hay ayuda.

Sobre la mesa, y pendiente de cerrar, está este paquete:

  • Solicitudes todo el año, con factura final y proyecto ya ejecutado, en lugar de tres ventanas por orden de llegada.
  • Prima de almacenamiento como instrumento principal, en sustitución de la subvención directa a la inversión.
  • Gestión energética inteligente obligatoria para acceder al apoyo público.
  • Inversores (onduladores) fabricados en Europa obligatorios en las baterías que acompañen a instalaciones fotovoltaicas nuevas.
  • Prima adicional para baterías añadidas a instalaciones ya existentes, con el mismo criterio de origen europeo.
  • Ventana de transición: los sistemas con batería inteligente facturados o puestos en marcha desde el 1 de noviembre de 2026 podrán acogerse al nuevo esquema en 2027.
subvenciones fotovoltaica

Onduladores europeos y mayoría de dos tercios

La exigencia de componente europeo conecta con el giro industrial de Bruselas en pleno despliegue del paquete Fit for 55, que busca recuperar capacidad de fabricación de piezas clave para no depender de cadenas asiáticas. El sector austriaco no la rechaza de plano, pero pide margen. Herbert Paierl, consejero delegado de la asociación PV&B Austria, celebra que la batería gane peso en el esquema y reclama un enfoque más amplio y práctico del requisito europeo: el marco está puesto, y ahora toca definir los detalles para que las empresas sepan con antelación a qué atenerse en 2027, según sus declaraciones.

El escollo real es político. La reforma necesita mayoría de dos tercios en el parlamento, de modo que el Gobierno depende de la oposición para sacarla adelante. Las enmiendas legislativas están en preparación y no se conocen ni el importe de la prima ni los requisitos técnicos de elegibilidad. Traducido: hoy no es una norma, es una intención.

Lo que el resto de Europa aprende del atasco austriaco

Austria no inventó el problema, solo lo llevó al extremo. En España, el autoconsumo fotovoltaico creció al calor de programas de incentivo autonómicos que repartían fondos por orden de llegada, con comunidades que cerraban la ventanilla antes que la vecina. El modelo premia al informado, y castiga a quien se entera tarde, y de paso genera un ecosistema paralelo de gestores que cobran por hacer de intermediarios.

El nuevo diseño corrige la lotería, pero traslada el riesgo a otro sitio. Solicitar la ayuda con la factura final significa que el ciudadano o la pyme adelanta la inversión completa y espera después la resolución; sin importe publicado, esa espera es a ciegas. La obligación de gestión energética inteligente y de componente europeo encarece el equipo, y ese sobrecoste recae sobre quien instala. Vamos a los datos: sin prima ni requisitos técnicos encima de la mesa, la certidumbre que promete el ministerio todavía no se puede medir.

Lo que sí es medible es la sed de autoconsumo. Más de 43.000 personas reclamando un ticket en diez minutos describen un mercado que no necesita empujones, sino un marco que aguante. Si el sistema se vuelve anual y previsible, la subvención dejará de seleccionar a los más rápidos y empezará a seleccionar proyectos. Ese es el cambio de fondo, y aplica mucho más allá de Austria.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: 43.300 solicitudes en diez minutos frente a las 24.900 de la ronda estival dibujan una demanda de energía limpia que desborda cualquier ventanilla.
  • Modelo que cambia: El reparto por orden de llegada y las tres ventanas anuales desaparecen en favor de una prima al almacenamiento con gestión energética inteligente.
  • Para las próximas generaciones: Más solar con batería y componentes europeos es una red más flexible, con menos dependencia de combustibles importados y menos emisiones por kilovatio hora.

Apple lanza el iPhone Duo el 23 de octubre: su primer plegable llegará con unidades limitadas

Sara Olmedo
-
0
Apple lanza el iPhone Duo el 23 de octubre: su primer plegable llegará con unidades limitadas

Apple abre el 23 de octubre la venta del iPhone Duo con unidades limitadas y precios desde 1.999 dólares. La compañía ha reservado espacios específicos en sus tiendas para el que será su primer móvil plegable, con un despliegue de demostración que varía de forma notable entre establecimientos.

Claves de la operación

  • Un precio de partida de 1.999 dólares. La versión de 256 GB arranca en esa cifra en Estados Unidos, lo que coloca al iPhone Duo en lo más alto de la gama de la compañía y lo define como producto de nicho antes que de volumen.
  • El escaparate esconde un problema de suministro. La Quinta Avenida recibirá más de 150 unidades de demostración; una tienda no insignia, unas 20. Esa brecha refleja las restricciones de producción que la compañía todavía no ha resuelto.
  • Las reservas abren el 16 de octubre. La venta efectiva llega una semana después y el despliegue descrito se refiere al mercado estadounidense, con un saludo personalizado en inglés y español en los terminales entregados.

Una puesta en escena de 150 unidades para disimular un cuello de botella

Según Mark Gurman, de Bloomberg, Apple reservará una sección de su tienda insignia de la Quinta Avenida, en Nueva York, exclusivamente para el iPhone Duo. La mayoría de los establecimientos añadirá una mesa adicional con los soportes blancos de mástil central que la compañía usa habitualmente, más un nuevo dispositivo que muestra cómo se pliega y se despliega el terminal.

Las cifras de unidades de demostración dibujan un mapa muy desigual. La Quinta Avenida superará las 150 unidades, frente a las cerca de 100 del Apple Park Visitor Center. Las tiendas no insignia recibirá alrededor de 20 de media, mientras tres establecimientos destacados —Michigan Avenue en Chicago, The Grove en Los Ángeles y el Upper West Side de Manhattan— se moverán entre las 30 y las 40.

Apple también está equipando sus puntos de venta con máquinas Presto adaptadas al nuevo modelo. El sistema inalámbrico de la compañía instala actualizaciones de software sin abrir el embalaje del iPhone y, en este caso, añadirá el nombre del comprador al saludo que aparece durante el primer arranque. Los visitantes podrán además explorar la función StandBy en terminales sin cables en las zonas laterales, y comparar el plegable abierto junto a dos iPhone convencionales sobre un soporte MagSafe diseñado para la ocasión.

El problema no es la demanda, sino la fábrica. Gurman sostiene que hace unos dos meses Apple creía que las restricciones impedirían vender hasta finales de noviembre. La compañía ha reunido después inventario suficiente para mantener la fecha de este mes, aunque el stock seguirá siendo escaso. Ese matiz cambia por completo la lectura de la operación: no estamos ante un lanzamiento contenido por estrategia, sino ante un producto que la cadena de suministro no permite empujar.

Apple no vende un plegable: vende la prueba de que puede fabricarlo, aunque solo sea para 150 personas por tienda.

El plegable que aterriza cuando el mercado ya tiene dueño

El segmento de los teléfonos inteligentes plegables no es territorio virgen. Samsung lo abrió comercialmente hace varias generaciones y ha ido consolidando catálogo, precio y volumen mientras otros fabricantes ensayaban formatos sin continuidad. Apple llega con la marca más potente del sector, pero también con el reloj en contra y con un precio que no deja margen para la corrección a la baja.

Ese es el punto débil de la propuesta. Un plegable de 1.999 dólares compite contra sí mismo antes que contra nadie, porque el comprador potencial ya tiene en la cabeza un techo psicológico muy por debajo. La baza de Apple no será el precio, sino la integración de software y la capacidad de arrastrar a su base instalada hacia un formato que hasta ahora miraba desde la barrera.

Apple plegable

Lo que Apple se juega con su primer plegable

La compañía lleva años instalada en una posición cómoda en España, donde su cuota en la gama alta se sostiene sin grandes esfuerzos promocionales. Desde la apertura de sus primeras tiendas propias en el país, hace más de una década, la red física ha funcionado como escaparate de prestigio más que como motor de volumen. El iPhone Duo pone a prueba esa lógica: si el producto no se puede tocar, no se vende. Ahí entra en juego la gama de iPhone que Apple comercializa en España, que hasta ahora se apoyaba en modelos de formato convencional.

De ahí el esfuerzo por convertir la tienda en una sala de demostración. El despliegue comercial es, en realidad, un sustituto de la producción que falta. Donde no llega el inventario, llega la experiencia guiada: mesas específicas, soportes comparativos y personal formado para explicar el mecanismo de plegado. Es una estrategia cara y difícil de escalar si el suministro no mejora en los próximos trimestres.

A eso se suma la presión regulatoria europea. Apple opera bajo las obligaciones de la Ley de Mercados Digitales, que le exigen abrir funciones y justificar sus decisiones de interoperabilidad ante Bruselas. Un formato nuevo añade superficie de fricción: cada gesto propio del plegable —la multitarea, el reparto de pantalla, las transiciones— es material sensible si la Comisión Europea considera que limita la competencia en el mercado único.

La incertidumbre no está en si Apple venderá plegables, sino en cuántos y a qué ritmo. La cita más cercana para medirlo son las reservas del 16 de octubre y la apertura de venta del 23, seguidas de la próxima presentación de resultados trimestrales, prevista para finales de este mes. Si el stock se agota en horas, la escasez jugará a favor del relato premium. Si las unidades se quedan sobre las mesas, el problema será otro.

El Tribunal Supremo niega la indemnización por obras sin licencia aunque se legalizaran antes de la demolición

Carlos V Vega
-
0
El Tribunal Supremo niega la indemnización por obras sin licencia aunque se legalizaran antes de la demolición

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo niega en la sentencia 1010/2026 la indemnización por demolición de obras sin licencia aunque fueran legalizadas después.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, en la sentencia 1010/2026, de 14 de septiembre, niega la responsabilidad patrimonial del ayuntamiento por la demolición de la parte de obra ejecutada sin licencia, aunque existiera una licencia de legalización posterior.
  • ¿Qué base jurídica aplica? El sistema de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas (artículo 106.2 de la Constitución) y la exigencia de nexo causal entre el título habilitante y la ejecución de la obra. El tribunal recuerda su precedente de 2006 sobre demolición de obra sin licencia.
  • ¿Qué impacto tiene? Reduce la exposición de los ayuntamientos a reclamaciones millonarias y traslada el riesgo al promotor, al comprador y al financiador, que deberán comprobar si la legalización ha sido o puede ser impugnada.

La resolución, de 14 de septiembre de 2026, procede de un litigio originado en Castrillón (Asturias) y limita la responsabilidad patrimonial de los ayuntamientos. La regla es precisa: quien construye sin permiso asume el riesgo del derribo, y la legalización ulterior no traslada ese riesgo a la Administración.

El Supremo no discute la equivalencia urbanística entre una licencia previa y una licencia de legalización. Lo que exige es un elemento adicional para reconocer la indemnización: que la obra se haya ejecutado al amparo de un título existente en ese momento. Sin esa relación de causalidad, la reclamación no prospera. El alto tribunal reconstruye así el vínculo entre el funcionamiento del servicio público y el daño reclamado.

El origen del litigio: una licencia de legalización anulada en Castrillón

Una propietaria obtuvo en su día licencia para reformar y ampliar su vivienda en Castrillón. Ejecutó después dos modificados adicionales sin autorización. El ayuntamiento los regularizó en 2012 mediante una licencia de legalización. Con el tiempo, los tribunales anularon todas las licencias, la inicial y la de legalización, y la vivienda fue demolida en 2020.

El Juzgado y el TSJ de Asturias condenaron al ayuntamiento a abonar casi un millón de euros por el conjunto de la obra. El argumento era el habitual en esta clase de pleitos: la legalización es un acto del propio ayuntamiento que declara derechos y genera confianza en quien la recibe, equiparable a cualquier licencia previa. Esa línea interpretativa queda ahora matizada.

El fallo: sin licencia previa no hay confianza que indemnizar

El Tribunal Supremo no niega que, desde el punto de vista urbanístico, una licencia de legalización y una licencia previa desplieguen efectos equivalentes. Lo que niega es que esa equivalencia baste para imputar el daño a la Administración. Cuando alguien construye sin permiso, razona la Sala, no hay ninguna licencia en la que haya podido confiar: la legalización llega cuando la obra ya está ejecutada y, por tanto, no pudo ser la causa de que se construyera.

La licencia de legalización no traslada al ayuntamiento el riesgo de la demolición: quien construyó sin permiso no pudo confiar en un título que aún no existía.

La Sala añade que la consecuencia normal de construir sin licencia es el derribo, y que legalizar después no libera al propietario de soportar esa consecuencia si la legalización no prospera. El tribunal recuerda su precedente de 2006, en el que ya negó la indemnización por la demolición de una obra ejecutada sin licencia, aunque entonces no constaba que se hubiera legalizado. La novedad estriba en que ahora se pronuncia sobre el supuesto en que sí existió legalización y concluye que ese título posterior no altera el resultado.

La sentencia marca además la distinción con la declaración responsable, hoy el título habitual de inicio de obras y actividades. En ese régimen el promotor actúa bajo su propia responsabilidad y la Administración comprueba después; si algo falla, responde el promotor. La licencia de legalización, en cambio, es un acto expreso en el que el ayuntamiento examina la obra y la declara conforme. El Supremo precisa que esa protección alcanza a mantener la obra mientras el título resista, pero no a trasladar al ayuntamiento el riesgo de que no resista.

responsabilidad patrimonial

La Doctrina del Tribunal

La sentencia 1010/2026, accesible a través del CENDOJ, fija una regla general en materia de responsabilidad patrimonial urbanística: la legalización posterior no genera derecho a indemnización por la parte de obra ejecutada sin licencia. La doctrina anterior, reflejada en las resoluciones del Juzgado y del TSJ de Asturias, partía de la confianza que el acto expreso de legalización genera en su titular. El Supremo desplaza el eje del análisis desde la apariencia del título hacia la relación de causalidad: solo hay responsabilidad cuando el daño deriva del funcionamiento del servicio público, no cuando procede de la propia actuación del promotor.

La base jurídica se ancla en el sistema de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Publicas, con el artículo 106.2 de la Constitución como referencia recogida en el BOE, y en la exigencia de un nexo causal directo entre el título habilitante y la ejecución. El tribunal emplea un método interpretativo teleológico: atiende a la finalidad de la legalización, que es consolidar una obra ya existente, y no a la apariencia de cobertura que el propietario invoca. La resolución deja abierta la puerta a «circunstancias excepcionales» que podrían alterar la regla, sin concretarlas.

El impacto para los operadores jurídicos es inmediato. Los ayuntamientos, habitualmente acompañados de sus aseguradoras en estos pleitos, cuentan con un argumento firme para reducir sus condenas. El promotor que ejecuta un modificado sin tramitarlo, confiando en legalizarlo al final de obra, debe saber que si esa legalización se impugna y cae, la demolición corre de su cuenta y no podrá repetir contra la Administración. El comprador o el banco que examinan un inmueble cuya situación urbanística descansa en una legalización tendrán que verificar si ese título ha sido impugnado o puede serlo. El debate doctrinal se desplazará previsiblemente hacia los supuestos de legalización apoyada en un cambio de planeamiento promovido por el propio ayuntamiento, pero la regla general ya está fijada.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Procedimiento contencioso-administrativo por responsabilidad patrimonial seguido a raíz de la anulación de las licencias de una vivienda y la posterior demolición de la obra en Castrillón (Asturias).
  • Datos importantes: Sentencia 1010/2026, de 14 de septiembre, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo; revoca la condena de casi un millón de euros impuesta al ayuntamiento; se apoya en el artículo 106.2 de la Constitución y en la exigencia de nexo causal.
  • Fecha de los juicios: Legalización en 2012; demolición en 2020; sentencia del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2026; publicación en el CENDOJ posterior a esa fecha.
  • Personas acusadas y por qué: N/A. Litigio de responsabilidad patrimonial entre una propietaria y un ayuntamiento, sin acusados.

Meta Muse reta a OpenAI Dot por el agente de IA que controlará tu móvil

Sara Olmedo
-
0
Meta Muse reta a OpenAI Dot por el agente de IA que controlará tu móvil

Meta Muse y OpenAI Dot compiten por el agente que trabajará en tu móvil sin que lo vigiles. La pelea no se decide por funciones, sino por precio —de 0 a 125 dólares al mes— y por mapa: España queda fuera del despliegue de consumo de Dot y del radio inicial de Muse.

El lanzamiento de Muse llegó el 8 de septiembre. OpenAI activó sus agentes siempre encendidos dentro de ChatGPT tres semanas después. Los dos siguen ejecutando tareas cuando el usuario cierra la aplicación, corren sobre su propio ordenador en la nube y se conectan a servicios de terceros. La promesa comercial es idéntica: delegar y dejar de comprobar el resultado cada cinco minutos.

Claves de la operación

  • Muse arranca gratis y Dot desde 100 dólares. Meta cobra 20 y 100 dólares al mes por sus planes Power y Maximum; la entrada más barata de OpenAI es Pro 100, y el asiento Business Premium sube a 125 dólares si se paga mes a mes.
  • La privacidad viene configurada a favor del producto. Engadget detectó el ajuste de mejora del modelo activado por defecto en Muse y un permiso inicial que solo pregunta por algunas acciones sensibles.
  • Ninguno de los dos se vende igual en España. Muse opera solo en Estados Unidos y Canadá; Dot llega a los planes Pro fuera del Espacio Económico Europeo, Suiza y Reino Unido, aunque el tramo de empresa está abierto en las regiones compatibles.

El agente que sigue trabajando cuando cierras la aplicación

Las capacidades se solapan. Muse hace la compra, rellena formularios, organiza viajes, envía correos y vigila precios. Dot gestiona investigación en curso, se mueve entre aplicaciones conectadas y repite tareas programadas. Ninguno espera una instrucción nueva para seguir avanzando.

La arquitectura marca la primera diferencia. Muse corre sobre una máquina virtual segura con navegador propio y se maneja desde su aplicación, la web o WhatsApp, con enlace posterior al correo y al calendario. Dot vive dentro de ChatGPT, funciona con el modelo GPT-6 Astra y cada agente dispone de su propio ordenador en la nube.

En la prueba de Engadget, Muse convirtió publicaciones guardadas de Instagram y Facebook en colecciones ordenadas de recetas y restaurantes. Ese es el gancho: el agente trabaja sobre el rastro que el usuario ya dejó. Y también sobre los permisos que concedió sin leerlos.

Un agente que exige supervisión constante no libera tiempo: traslada la vigilancia de la tarea a la pantalla.

Todo se complica cuando el agente sale del jardín propio. Amazon ha bloqueado a Muse para comprar en su web, y ambas compañías advierten de que sus sistemas se equivocan. Meta exige permiso antes de enviar un correo o cerrar una compra; OpenAI combina permisos, reglas personalizadas y revisión automática.

Cuánto cuesta delegar y cuánto cuesta en datos

OpenAI Dot

El precio separa a los dos productos con más claridad que cualquier función. Muse arranca con una capa gratuita con límite de uso y dos planes de 20 y 100 dólares al mes. OpenAI no tiene entrada barata: la opción más económica para un particular es Pro 100, a 100 dólares mensuales, y el asiento Business Premium cuesta 100 dólares por usuario y mes con facturación anual, o 125 si se paga mes a mes. Para el usuario individual, la mayoría de las personas interesadas paga el tramo superior.

Hay una letra pequeña que juega a favor de OpenAI. El consumo de un Dot no descuenta cuota del plan salvo que el agente trabaje dentro de ChatGPT Work o Codex, según la compañía. Traducido a factura: el trabajo autónomo sale más barato de lo que parece, pero solo cuando el cliente ya paga la tarifa más alta.

La segunda factura no se paga en dólares. Cada cuenta vinculada eleva la capacidad del agente y también su exposición: correo, calendario, archivos y sesiones de navegador abiertas. Meta sostiene que las conversaciones dentro de su máquina virtual no se comparten con sus sistemas publicitarios y que el usuario puede negarse a que sus interacciones entrenen al modelo. Engadget encontró ese ajuste activado por defecto, junto a un permiso inicial que solo pregunta por algunas acciones.

OpenAI también matiza. La actividad de los Dots personales puede usarse para mejorar sus modelos según la configuración del usuario, mientras que los datos de empresa no se destinan a entrenamiento por defecto. La investigación proactiva del agente es de solo lectura hasta que una acción posterior pasa el control de permisos.

La brecha europea que deja a España mirando desde fuera

La geografía es la parte incómoda del lanzamiento. Dot llega a los usuarios Pro elegibles fuera del Espacio Económico Europeo, Suiza y Reino Unido, y el nivel Enterprise sigue en beta, aunque el tramo de empresa ya opera en las regiones compatibles de ChatGPT. Muse, por su parte, solo está disponible en Estados Unidos y Canadá, según la información oficial de Meta AI. Un lector español no puede contratar ninguno de los dos productos de consumo hoy.

El patrón no es nuevo. Los despliegues de inteligencia artificial de Meta en Europa han llegado con retraso frente a Estados Unidos por el escrutinio de las autoridades de protección de datos al amparo del Reglamento General de Protección de Datos. Un agente que lee el correo, abre el calendario y navega con la sesión iniciada del usuario es, para un supervisor europeo, material sensible. El AI Act añade una capa extra de evaluación a los sistemas que actúan de forma autónoma.

Ahí está la contradicción del modelo. OpenAI cobra 125 dólares al mes por lo que Meta regala con límite de uso, pero el negocio real de ambas compañías no es la suscripción: es la integración. Meta tiene WhatsApp, Instagram y Facebook, tres puertas de entrada que ningún competidor iguala en Europa. OpenAI tiene ChatGPT, la marca más instalada entre los usuarios que ya pagan por inteligencia artificial. La pregunta no es quién ejecuta mejor una tarea, sino quién controla el punto de entrada al móvil.

Para el mercado español, el primer ciclo de agentes autónomos llega por ahora como espectáculo. Las fechas que conviene seguir son dos: la salida de la beta de Dot Enterprise y la decisión de las autoridades europeas sobre el despliegue en el Espacio Económico Europeo. Si el precedente se repite, España verá funcionar a Muse y a Dot en las pantallas de otros antes de poder probarlos en la suya.

España prohíbe desahuciar a familias vulnerables: la regulación de vivienda que llega hasta 2030

Amparo Soler
-
0
España prohíbe desahuciar a familias vulnerables: la regulación de vivienda que llega hasta 2030

La nueva regulación de vivienda en España prohíbe desahuciar a familias vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2030. El Real Decreto-ley 29/2026 ya está en vigor, y la Diputación Permanente del Congreso prevé convalidarlo el próximo 16 de octubre.

Detrás de ese titular hay una veintena de medidas que reordenan el mercado del alquiler y de la compra. Toca a propietarios, inquilinos, fondos de inversión y administraciones públicas por igual. Y hay un detalle que casi nadie subraya: la protección se alarga dos años más de lo anunciado, desde el 31 de diciembre de 2028 previsto en un primer momento hasta finales de 2030.

Qué cambia para el inquilino y para el casero

Los contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 podrán prorrogarse un año sin que el casero suba la renta por encima de los límites fijados. La extensión puede alcanzar un segundo ejercicio y, en zonas declaradas tensionadas por la comunidad autónoma, hasta tres años.

El propietario no podrá negarse salvo en dos supuestos: que necesite la vivienda para sí mismo o para un familiar de primer grado, o que firme un contrato nuevo con una rebaja de al menos el 5%. El casero que no avise con cuatro meses de antelación de su intención de no renovar verá cómo el contrato se prorroga de forma tácita, hasta un máximo de tres años.

Las subidas de renta quedan topadas hasta el 31 de diciembre de 2027 en todo el territorio. Si la mensualidad ya supera el índice de referencia del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, no cabrá incremento alguno; si esta por debajo, solo un 2%. La medida se aplica con independencia de que la comunidad autónoma haya desplegado o no la Ley de Vivienda.

La protección se extiende hasta 2030 y cubre por igual a grandes tenedores y a pequeños propietarios, aunque con reglas distintas para cada uno.

Cómo cambia el tablero para los grandes tenedores y los fondos

Una de las medidas más polémicas veta la compra a las entidades que el Gobierno llama buitre. Fondos y empresas no podrán adquirir viviendas ni paquetes de hipotecas por debajo del 70% de su valor de tasación. Se considera gran tenedor a quien posea diez o más inmuebles.

decreto vivienda Congreso

Estos grandes tenedores sí podrán seguir comprando para alquilar si pagan más del 70% del valor tasado, o con descuentos superiores al 30% siempre que lo destinen a alquiler asequible o a colectivos vulnerables. En las carteras de hipotecas, el deudor deberá ser informado y, si es vulnerable, tendrá derecho a readquirir su préstamo al mismo precio de la cesión. Las tasaciones las harán sociedades homologadas e inscritas en el Banco de España.

Entre los pequeños propietarios las restricciones también aplican, aunque con otro mecanismo: los jueces deberán pedir a las administraciones una alternativa habitacional. Si nadie responde en dos meses, el lanzamiento se paraliza un año, ampliable hasta tres, y la administración asume las rentas impagadas, los suministros y las costas.

El decreto también aprieta los contratos que se firmen a partir del 1 de diciembre de 2026. El inquilino podrá marcharse desde el sexto mes con 30 días de aviso y sin indemnización, y el casero no podrá repercutirle gastos de gestión, seguros de impago ni el IBI o la tasa de basuras. Los alquileres temporales se limitan a doce meses.

Cuando el desahucio se frena, la administración puede subrogarse en la deuda del inquilino, lo que se conoce como enervación: el propietario cobra lo que se le debe y el contrato sigue vivo. Es el mecanismo que sostiene toda la arquitectura del decreto.

El precedente que explica por qué España rompe con el mapa a varias velocidades

No es la primera vez que España pone un escudo legal sobre el alquiler. Durante la pandemia, el Gobierno suspendió los desahucios de hogares vulnerables con un decreto de urgencia que después se prorrogó durante meses. Aquella medida era temporal; esta nace con vocación de durar. La Ley de Vivienda de 2023 consolidó las zonas tensionadas, pero dejó su aplicación en manos de las comunidades autónomas, con un resultado desigual que aún colea.

Este decreto rompe esa lógica y fija topes de renta en todo el territorio, aplique o no cada región la ley. El mercado lo lee con recelo: los grandes fondos avisan de que las restricciones pueden enfriar la inversión institucional en alquiler. El Ejecutivo responde con una línea de 10.000 millones de euros gestionada por el ICO para la compra de primera vivienda, con préstamos de hasta 50.000 euros o el 20% del valor, sin intereses y a devolver en diez años. Proteger al inquilino sin secar la oferta es el equilibrio que se juega España en los próximos meses.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El Gobierno ha aprobado un decreto de vivienda que prohíbe desahuciar a familias vulnerables hasta 2030. La Diputación Permanente del Congreso prevé convalidarlo el 16 de octubre.
  • Datos importantes: El Real Decreto-ley 29/2026 incluye una veintena de medidas y topa las subidas de renta hasta finales de 2027. Solo se admiten alzas del 2% si el alquiler está por debajo del índice de referencia.
  • Resumen: España blinda por ley el alquiler y la compra de vivienda hasta 2030, una apuesta que refuerza la protección social pero tensiona la inversión y el mercado inmobiliario.

Pedraz imputa a Villalobos en el caso Leire Díez: las claves del nuevo frente judicial de las cloacas del PP

Alberto Ochoa
-
0
Pedraz imputa a Villalobos en el caso Leire Díez: las claves del nuevo frente judicial de las cloacas del PP

El juez Pedraz ha imputado a Nervis Villalobos en el caso Leire Díez por su expediente de nacionalidad, según el auto notificado a las partes. El magistrado de la Audiencia Nacional investiga si el exviceministro venezolano de Energía entregó documentación falsa para conseguir la nacionalidad española en 2025. Villalobos está citado a declarar como investigado el próximo 28 de octubre a las 10:00.

Quién es Nervis Villalobos y de qué se le investiga

Villalobos es un exviceministro de Energía de Venezuela que, según el relato que él mismo trasladó a la comisión de investigación del Congreso sobre la Operación Cataluña, fue captado en 2016 por la policía patriótica del PP (la estructura policial que, según las investigaciones, operó al margen de la ley contra adversarios políticos del Gobierno) para obtener información contra Podemos y contra dirigentes independentistas catalanes.

Los agentes le prometieron la nacionalidad española para él y su familia a cambio de su colaboración.

No entregó el material que le pedían. La policía, con la Fiscalía, tomó represalias contra él y el exviceministro acabó en prisión en octubre de 2018, acusado de blanqueo de capitales por el supuesto saqueo de la petrolera pública venezolana y por supuestos sobornos en el caso Duro Felguera.

El juez Juan Carlos Peinado decretó entonces prisión preventiva. La Audiencia Provincial de Madrid la revocó meses después por falta de indicios suficientes, y el Tribunal Constitucional estimó su recurso de amparo: el auto había vulnerado sus derechos.

El expediente de nacionalidad que investigan la UCO y la Fiscalía

La Fiscalía Anticorrupción y la UCO de la Guardia Civil centran ahora su atención en cómo Villalobos consiguió la nacionalidad. La solicitó primero por residencia y se le denegó. En diciembre de 2023 volvió a pedirla acogiéndose a la Ley de Memoria Histórica, la llamada ley de nietos, como nieto de una española nacida en Jerez de la Frontera en 1894.

La pregunta del juez no es si Villalobos era español, sino quién firmó su nacionalidad y con qué contrapartida.

El Registro Civil denegó esa segunda solicitud el 7 de mayo de 2024 con una interpretación restrictiva de la norma. Villalobos recurrió y el 21 de abril de 2025 obtuvo por fin los papeles. La UCO investiga si alguien del Ministerio de Justicia hizo la vista gorda ante una documentación que la Fiscalía sospecha que era falsa.

Villalobos deberá entregar al juez los documentos originales que presentó: certificados de nacimiento y pasaporte de su abuela paterna. También ha citado como testigos a dos funcionarios de Justicia que la UCO ya interrogó por su cuenta, ambos vinculados a Nacionalidad y Estado Civil.

La instrucción mira además a 2020, cuando la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, ordenó denegar la solicitud por residencia tras conocer los antecedentes policiales del exviceministro. Cuatro años antes de que la presunta trama de Leire Díez empezara a operar, según la investigación.

Qué puede pasar ahora: de Villalobos a la policía patriótica

Pedraz interrogará a Villalobos el próximo 28 de octubre como investigado y con abogado. Si repite lo que ya contó en el Congreso y en la Audiencia Nacional, el magistrado deberá decidir si imputa (señala formalmente en la investigación, sin que ello equivalga a una condena) a miembros de la policía política del PP y al fiscal José Grinda.

Según su relato, los agentes le ofrecieron mejoras en su situación judicial y permisos de residencia para él y su familia a cambio de airear trapos sucios contra los adversarios del Gobierno del PP: independentistas catalanes y dirigentes de Podemos.

El caso Leire Díez avanza en dos direcciones. Por un lado, la instrucción sobre la presunta red que la exmilitante socialista, imputada como supuesta cabecilla, habría desplegado con Villalobos: una trama que, según la investigación, se pagó para desestabilizar causas judiciales que afectaban a dirigentes del PSOE. Por otro, la guerra sucia de las cloacas del PP sigue sin condenas en los tribunales.

⚖️ Datos del caso

  • Órgano judicial: Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. Instructor: el magistrado Santiago Pedraz.
  • Fase procesal: Instrucción, en fase de investigación.
  • Implicados: Nervis Villalobos, exviceministro venezolano, en calidad de investigado. Citados como testigos dos funcionarios del Ministerio de Justicia.
  • Delito investigado: presunta falsedad documental en un expediente de nacionalidad, en el marco del caso Leire Díez.
  • Próximos pasos: declaración de Villalobos el 28 de octubre de 2026 a las 10:00 ante el juez Pedraz.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? El juez Pedraz ha imputado a Nervis Villalobos por su expediente de nacionalidad, según el auto notificado a las partes.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? El exviceministro venezolano como investigado y dos funcionarios de Justicia, citados como testigos.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Villalobos declarará el 28 de octubre; después, Pedraz decidirá si imputa a la policía patriótica del PP.

Seis senadores exigen a Trump revertir el acuerdo diésel ruso: 800.000 toneladas en dos meses

Jack Williams
-
0
Seis senadores exigen a Trump revertir el acuerdo diésel ruso: 800.000 toneladas en dos meses

El acuerdo diésel ruso de Trump se topa con el Capitolio: seis senadores exigen revertirlo antes del segundo envío de noviembre.

Una carta con seis firmas y una ley de 2022 en la mano

La declaración la firman cuatro republicanos y dos demócratas, un formato poco habitual en un Senado donde los comunicados conjuntos entre partidos escasean. Los nombres: Susan Collins (Maine), Thom Tillis (Carolina del Norte), Lisa Murkowski (Alaska) y John Curtis (Utah) por el lado republicano; Jeanne Shaheen (Nuevo Hampshire) y Richard Blumenthal (Connecticut) por el demócrata.

El texto no admite matices: ‘Estados Unidos no debería tender a Putin un salvavidas financiero mientras Rusia sigue matando civiles ucranianos. La Administración debe revertir el rumbo de inmediato.’ Hay además un argumento jurídico. Los seis se apoyan en una ley de 2022 con la que el Congreso prohibió comprar crudo ruso para no financiar la agresión de Moscú.

‘El Congreso fue claro: Estados Unidos no debería importar petróleo de Rusia hasta que ponga fin a su agresión y cese sus amenazas contra nuestros aliados de la OTAN‘, añaden. ‘La decisión del presidente Trump de permitir la entrada de diésel ruso va directamente contra esa ley.’

El acuerdo lo anunció Donald Trump el viernes 9 de octubre. En su primera fase, Moscú enviaría ‘de inmediato’ más de 300.000 toneladas de diésel al mercado estadounidense y global; en noviembre saldrían otras 500.000, y a partir de ahí un millón más. El objetivo declarado es frenar el precio de los carburantes, empujado al alza por las guerras de Irán y de Ucrania.

La rebelión republicana que incomoda a la Casa Blanca

No es casual la lista de firmantes. Collins y Murkowski llevan años desmarcándose del presidente cuando el asunto toca política exterior, y Tillis, que no opta a la reelección, ha endurecido el tono en sus últimos meses en la Cámara alta. La firma de estos seis senadores no es una anécdota de despacho: es la primera grieta legislativa del acuerdo.

El mismo presidente que firmó las sanciones contra el petróleo ruso es ahora quien autoriza la entrada de diésel ruso en Estados Unidos.

Tillis fue más lejos el domingo en el programa Meet the Press, de NBC. Sostuvo que el pacto pone en riesgo vidas estadounidenses porque el Kremlin comparte información con Teherán desde hace años, ‘incluida la etapa en la que Soleimani estaba al frente’. Esta gente mala se junta con gente mala y pone en peligro a los americanos, en especial a nuestros operadores especiales desplegados fuera’, dijo.

El problema es real.

Otros republicanos han señalado la misma paradoja: la ley de sanciones que el propio Trump firmó permite aranceles de hasta el 100% contra los países que compren petróleo y gas rusos, China e India entre ellos, mientras la Casa Blanca negocia ahora la compra directa de diésel. Fuera del Capitolio, la reacción más dura llegó de Kiev. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que el acuerdo entrega a Rusia ‘más dinero para esta guerra, más dinero para causarnos sufrimiento’.

La paradoja la señalan ellos.

senadores Trump Rusia

La Lógica de Washington

La Casa Blanca no improvisa cuando firma un acuerdo así. El problema que intenta resolver es concreto: el precio del gasóleo en Estados Unidos, empujado al alza por dos conflictos simultáneos, con un electorado que mira la gasolinera cada semana y unas elecciones legislativas el 3 de noviembre. Cada décima que baja el carburante en un año de midterms vale más que cualquier comunicado de Kiev.

Detrás hay una coalición concreta: el ala más pragmática del Partido Republicano, votantes de renta media sensibles al precio de la gasolina y un sector energético que mide la política exterior en dólares por barril. Nixon congeló los precios del petróleo en 1971 y los controles acabaron generando colas en las gasolineras hasta que Reagan los desmontó en 1981. Washington repite el manual del intervencionismo energético, no el del libre mercado que dice defender.

Y el mercado no espera.

Para España, el movimiento se traduce en una variable que se consulta a diario: el precio del gasóleo, el combustible que mueve el transporte de mercancías, y la maquinaria agrícola. España es importador neto de gasóleo, una dependencia que el Real Instituto Elcano sigue desde hace años, y cualquier tonelada que entra o sale del circuito atlántico acaba repercutiéndose en el surtidor.

La Unión Europea mantiene su veto al diésel ruso por vía marítima desde febrero de 2023, dentro del sexto paquete de sanciones, y Bruselas no ha dado señal de moverlo. Esa asimetría, con Washington comprando lo que Europa prohíbe, distorsiona precios y deja a las refinerías europeas, Repsol entre ellas, en una posición delicada. En Madrid no hay señales de que el Gobierno vaya a desmarcarse del marco europeo.

Noviembre es la próxima ventana clave, con el segundo tramo de 500.000 toneladas. En el Capitolio ya se estudian vehículos legislativos para bloquear el acuerdo, y el calendario juega a favor de los senadores rebeldes: la ley de autorización de defensa, que se vota a finales de año, es el sitio natural para colgar una enmienda.

El reloj ya corre.

Ficha del Caso

  • El caso: Trump acordó con Putin importar 800.000 toneladas de diésel ruso en dos meses para frenar el precio de los carburantes. Seis senadores de ambos partidos piden revertirlo.
  • Datos clave: 300.000 toneladas ‘de inmediato’, 500.000 en noviembre y un millón después; la ley de 2022 que prohíbe comprar crudo ruso; Tillis califica el pacto de ‘probablemente ilegal’.
  • Para España: presión sobre el precio del gasóleo, tensión para el refino europeo y asimetría frente al veto de la UE al diésel ruso vigente desde febrero de 2023.

Dos tumbas y cuatro ciudades: el enigma de la tumba de Cristóbal Colón que España disputa a Santo Domingo

Amparo Soler
-
0
Dos tumbas y cuatro ciudades: el enigma de la tumba de Cristóbal Colón que España disputa a Santo Domingo

La tumba de Cristóbal Colón vuelve a estar este 12 de octubre en el centro de una disputa que dura ya más de un siglo. España y República Dominicana sostienen, cada una con sus pruebas, que el almirante descansa en su territorio.

No es una discusión menor entre eruditos. Está en juego quién custodia la memoria del navegante que un 12 de octubre de 1492 abrió a Occidente un continente entero, y con él un legado hispánico que hoy comparten más de 500 millones de personas. Vamos por partes, porque los restos acumulan cuatro escalas.

Cuatro ciudades y dos tumbas: los viajes póstumos del almirante

Colón murió en mayo de 1506 en Valladolid y recibió sepultura en la iglesia de Santa María de la Antigua. Tres años después, sus restos se trasladaron a la capilla de Santa Ana, en el Monasterio de la Cartuja de Sevilla, por la afinidad del navegante con la orden cartuja. Allí permanecieron hasta 1523.

Ese año cruzó el Atlántico por última vez. Sus huesos, y los de su hijo Diego, se depositaron en la catedral de Santo Domingo, en la isla de La Española, donde los europeos fundaron su primera colonia en el llamado Nuevo Mundo. El propio Colón pidió ser enterrado en tierras americanas, sostienen algunos historiadores.

El siguiente giro llegó de la mano de la geopolítica. En 1795, tras el Tratado de Basilea, España cedió a Francia los dos tercios orientales de La Española a cambio de conservar Guipuzcoa. Los restos quedaron en territorio francés y Carlos IV ordenó trasladarlos a La Habana. El 21 de diciembre de 1795 llegaron a la catedral cubana entre misas solemnes.

Cien años más tarde, en 1898, España perdió Cuba tras la guerra con Estados Unidos. El almirante regresó a Sevilla en 1899, descansó en la iglesia del Sagrario y desde 1902 reposa en la catedral hispalense, bajo un monumento que sostienen cuatro heraldos: Castilla, León, Aragón y Navarra.

El ADN avala que los huesos de Sevilla son los de Colón, pero en Santo Domingo siguen convencidos de custodiar al almirante.

Qué se juega España en esta disputa patrimonial

La duda nació en 1877, cuando apareció en Santo Domingo una caja de plomo con huesos humanos y una inscripción: ‘Cristóbal Colón’. Desde entonces, la pregunta es si lo que llegó a Sevilla eran los restos del almirante o los de su hijo Diego, enterrado junto a él.

restos de Colón

La ciencia aportó luz. En 2003 se autorizó el análisis genético de los huesos sevillanos y en 2006 el equipo de José Antonio Lorente, de la Universidad de Granada, concluyó que el ADN mitocondrial de Colón coincidía con el de su hermano Diego. En 2024, con tecnología más avanzada, los mismos investigadores dieron la hipótesis por ‘definitivamente afianzada.

Pero la disputa no se cierra. En Santo Domingo sostienen que los restos auténticos están en el Faro a Colón, el mausoleo levantado en 1992 para el quinto centenario. El exviceministro de Patrimonio Cultural dominicano Federico Henríquez Gratereaux lo resumía así en 2019: ‘Nosotros los dominicanos consideramos oficialmente que los restos auténticos de Cristóbal Colón están aquí’.

Y gana peso una tercera vía: que los restos estén repartidos. En Sevilla se exhumaron apenas 150 gramos de huesos para el análisis; en la caja dominicana nunca apareció un esqueleto completo. El propio Lorente admitió que ‘podría ser que parte de los huesos estén en Sevilla y parte en la República Dominicana’.

España, la memoria compartida y la lección del Tratado de Basilea

Conviene recordar que el episodio no es único ni casual. La salida de Colón de Santo Domingo en 1795 fue consecuencia directa de un acuerdo que canjeaba territorios por la seguridad de una provincia peninsular. La memoria también se negocia en los despachos.

El caso enseña algo útil sobre cómo se cuenta hoy la historia de España. Durante décadas se ha simplificado el relato del descubrimiento, obviando que aquella empresa fue también el origen de una comunidad de naciones, lenguas e instituciones que aún perdura. Reivindicar ese legado no exige exagerarlo: exige contarlo con los documentos delante.

El asunto no está cerrado. Siguen pendientes la publicación completa de los estudios genéticos, una eventual autorización para analizar los restos dominicanos y el uso patrimonial del mausoleo. En Sevilla, el cabildo de la catedral mantiene su relato y sus visitas guiadas; en Santo Domingo, el Faro a Colón sigue siendo parada obligatoria.

Al final, como admiten incluso los genetistas, puede que Colón eligiera sin saberlo descansar a los dos lados del océano que él mismo unió. Sería el desenlace más hispánico posible para un hombre que navegó hasta el último día.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: España y República Dominicana reclaman la tumba auténtica de Cristóbal Colón, fallecido en 1506, cuyos restos pasaron por Valladolid, Sevilla, Santo Domingo y La Habana.
  • Datos importantes: Los análisis de ADN de 2006 y su revisión de 2024 sitúan los huesos del almirante en la catedral de Sevilla; en Santo Domingo, el Faro a Colón custodia otros restos desde 1992.
  • Resumen: La disputa afecta a la imagen patrimonial de España y refuerza el relato de una memoria hispánica compartida a los dos lados del Atlántico.

Asturias acumula 658 MW de capacidad eléctrica disponible, la segunda mayor bolsa de España

Marta Iglesias
-
0
Asturias acumula 658 MW de capacidad eléctrica disponible, la segunda mayor bolsa de España

En la red asturiana hay 658 megavatios esperando dueño, la segunda mayor bolsa de capacidad eléctrica libre de España.

658 megavatios libres en un país con las redes al límite

El dato procede del informe Redes de distribución 2026, elaborado por la Fundación Renovables, y coloca a la red de distribución del Principado en una posición poco frecuente: 658 megavatios (MW) disponibles para nuevas demandas a marzo de 2026. Solo Lugo, con 1.053 MW, presentaba una bolsa superior. Por detrás quedaban Valencia (546), Navarra (453), Madrid (435) y Murcia (413).

Asturias absorbe en torno al 11% de toda la capacidad de demanda disponible en las redes analizadas, un porcentaje que mide bien el margen del Principado. La Fundación Renovables advierte en ese mismo informe de que la infraestructura funciona como un cuello de botella para conectar nuevos proyectos y para sustituir los combustibles fósiles por electricidad. Aquí, de momento, hay sitio.

Del atasco administrativo al primer hormigón en Carreño

Anillo Central Asturiano

El problema nacional no es que los cables trabajen al límite físico, sino que buena parte de su capacidad está comprometida en los despachos. El informe calcula una saturación del 93,9% de la capacidad de acceso a la demanda en marzo de 2026, frente al 90,3% de septiembre del año anterior. En paralelo, la capacidad disponible en las principales redes de distribución españolas cayó de 9.340 a 5.990 MW entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, un 35,9% menos en seis meses, mientras la potencia ya ocupada subía un 5,4%, hasta 91.710 MW.

La paradoja es difícil de explicar en una conversación de barra de bar: hay unos 6.000 MW libres sobre una capacidad total controlada por las distribuidoras de alrededor de 98.000 MW, muy por encima de la demanda instantánea máxima peninsular, cercana a 40.000 MW. Alrededor del 84% de los nudos de distribución arrastra algún grado de saturación administrativa, según los datos de AELEC recogidos en el informe. Es la llamada saturación contractual: permisos reservados a proyectos que no siempre están maduros, mientras otras iniciativas se quedan sin conexión.

Asturias tiene la energía y el suelo; lo que se dirime ahora es si la red llegará a tiempo de sostener la industria que quiere volver.

Ahí entra el hormigón. Red Eléctrica ya ha comenzado las obras de la subestación de Cardoso, en Carreño, el primer paso de la construcción del Anillo Central Asturiano. La actuación supone una inversión de 26,5 millones de euros y las obras se prolongarán alrededor de 18 meses. El conjunto del anillo supera los 260 millones y, según las previsiones que manejan las administraciones, permitirá duplicar la capacidad eléctrica de la zona central del Principado, donde se concentra el grueso de la actividad industrial y urbana.

La planificación eléctrica aprobada hasta 2030 contempla en Asturias 78 nuevos puntos de conexión, nueve subestaciones nuevas y ampliaciones en otras cinco. El objetivo es duplicar la capacidad actual de la red.

Los proyectos que dependen de ello no son abstractos. ArcelorMittal necesita potencia suficiente para su horno eléctrico en Avilés, y actividades como las de Asturiana de Zinc dependen igualmente de que haya red disponible. La propia AZ vio rechazada hace dos años una solicitud de 3 MW adicionales, una decisión que retrató las dificultades del sistema.

El Pulso Territorial

Asturias encara el tramo final de una legislatura que arrancó en mayo de 2023 con el socialista Adrián Barbón al frente del Principado. El PSOE gobierna con apoyos parlamentarios en cada votación relevante dentro de la Junta General del Principado (el parlamento de la comunidad, con 45 escaños). Esa geometría convierte cualquier anuncio industrial en material electoral: el PP, primera fuerza de la oposición, y los grupos que le acompañan, con Vox y Foro Asturias en la Cámara, llevan meses reclamando más velocidad en la llegada de inversiones.

La comparación con otras comunidades del vertical ayuda a medir la magnitud: Navarra disponía de 453 MW libres y Murcia de 413, dos territorios con parques industriales potentes y años de pelea por suelo y conexión. Asturias parte con ventaja, aunque la ventaja no es eterna. La reconversión minera y siderúrgica de los ochenta y noventa dejó un tejido dependiente de la gran industria, con ArcelorMittal como último gran bastión, y aquella lección enseñó que las oportunidades energéticas se pierden cuando nadie las enchufa.

Con las obras de Cardoso ya en marcha y 18 meses por delante, el primer tramo del anillo debería estar operativo a comienzos de 2028. Las elecciones autonómicas, previstas para 2027, llegarán antes. El riesgo es conocido y tiene dos caras: que los 658 megavatios se queden en el aire si los proyectos industriales no cristalizan, o que el atasco administrativo vuelva a cerrar la puerta a quien pide tres megavatios de más.

Ficha Autonómica

  • El caso: Asturias cuenta con 658 MW de capacidad eléctrica libre para nuevas demandas, la segunda mayor bolsa del país, mientras Red Eléctrica arranca el Anillo Central con la subestación de Cardoso, en Carreño.
  • Datos importantes: 26,5 millones de euros para Cardoso y más de 260 millones para el conjunto del anillo; 78 nuevos puntos de conexión, nueve subestaciones y cinco ampliaciones hasta 2030; saturación nacional del 93,9% de la capacidad de acceso.
  • Resumen: Las obras de Cardoso ya han comenzado y se prolongarán unos 18 meses. Asturias aspira a duplicar la capacidad de su zona central para captar electrificación industrial, hidrógeno verde, baterías y centros de datos, pero la conexión efectiva dependerá de que los proyectos maduren.

Un juez federal ordena a Trump cancelar los anuncios públicos pagados con fondos de la Casa Blanca

Jack Williams
-
0
Un juez federal ordena a Trump cancelar los anuncios públicos pagados con fondos de la Casa Blanca

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Un juez federal ha ordenado este domingo a la administración Trump cancelar los anuncios de televisión financiados con fondos públicos que difunden su mensaje político, por considerarlos probablemente ilegales. La orden es de aplicación inmediata.
  • ¿Quién está detrás? El magistrado que firma el auto y la Casa Blanca, cuya campaña de comunicación queda condicionada por la decisión judicial.
  • ¿Qué impacto tiene? Abre un pulso institucional a pocas semanas de las legislativas de noviembre. Para España, la lectura es indirecta pero relevante: quién controle el Congreso condiciona la agenda comercial y regulatoria que afecta a las empresas españolas con intereses en Estados Unidos.

Qué ha decidido el juez y qué alcance tiene la orden

Un juez federal ordenó este domingo a la administración Trump cancelar los anuncios públicos pagados con dinero de los contribuyentes.

El auto, difundido este fin de semana y recogido por Associated Press, obliga a la Casa Blanca a retirar unos espacios que el magistrado considera probablemente ilegales y fija su cumplimiento inmediato. La decisión llega con la campaña de las legislativas ya en marcha y con el control del Congreso como gran premio de noviembre.

La orden tiene un alcance limitado, pero su carga simbólica es enorme: un tribunal federal —un juez nombrado, no elegido— dice al presidente de Estados Unidos que no puede sostener su mensaje político con el presupuesto de todos. El marco que suele invocarse en estos casos combina la ley Hatch de 1939 con las normas que prohíben destinar fondos federales a publicidad no autorizada por el Capitolio.

Nada está cerrado. Si la administración recurre, el caso pasará a un tribunal de apelaciones y podría escalar hasta el Tribunal Supremo, un recorrido que en la práctica se mide en meses. Para entonces, el calendario político ya habrá dictado su propia sentencia en las urnas.

El calendario manda.

Un pulso entre la Casa Blanca y los tribunales a las puertas de noviembre

El contexto explica la urgencia de las dos partes. A pocas semanas de las legislativas, cualquier decisión que limite la comunicación del presidente entra de lleno en la campaña, y el Partido Demócrata tiene donde apoyarse para exigir un control más estricto del gasto en comunicación institucional.

La frontera entre informar desde el Gobierno y hacer campaña con dinero público lleva casi un siglo sin resolverse en Washington.

El precedente es viejo. Los tribunales federales llevan décadas entrando y saliendo de este debate y lo han hecho con presidentes de los dos partidos. La ley Hatch de 1939 fue el primer intento serio de separar la función pública de la militancia partidista.

El argumento que suele esgrimir el Ejecutivo en casos así es que informar de la agenda presidencial es una función legítima del Gobierno federal. Los críticos de la campaña responden que no es lo mismo explicar un programa público que promocionar al inquilino del Despacho Oval.

El efecto práctico de la orden es concreto, y la lectura política mucho más amplia. Cada vez que un juez entra en la comunicación presidencial, el debate se traslada al terreno electoral. La discusión sobre los límites del poder ejecutivo, la separación de poderes, y el uso del dinero público regresa así al centro de la campaña.

Nadie lo discute.

El Partido Republicano lee este tipo de decisiones como una intromisión judicial en la capacidad del presidente de dirigirse a los ciudadanos. La oposición las defiende como un ejercicio de control del gasto público. Los dos relatos convivirán en la campaña.

La Lógica de Washington

Desde dentro del sistema, la decisión se entiende como un capítulo de un conflicto estructural y no como una anomalía. La Casa Blanca lleva décadas intentando hablar con el votante sin pasar por por el filtro de la prensa, y el Congreso lleva décadas intentando impedir que esa conversación se pague con el dinero de todos. La coalición que sostiene la estrategia actual no es un misterio: buena parte del Partido Republicano considera que los medios tradicionales son hostiles y que el presidente debe usar sus propios canales.

Para España, la conexión no es directa, pero existe. El resultado de noviembre decide quién controla el Congreso y, con él, la agenda comercial que más toca a los intereses españoles: los frentes arancelarios abiertos bajo la Section 232 (el artículo de la ley de comercio de 1962 que permite al presidente imponer gravámenes por seguridad nacional sin pasar por el Capitolio). Un Washington con instituciones en tensión es un Washington menos previsible para quien invierte desde España.

La duda no es pequeña.

Las empresas españolas con presencia en Estados Unidos —Iberdrola y Santander, entre otras— siguen el asunto con otra mirada: no tanto por los anuncios como por lo que el caso dice del funcionamiento institucional del país donde concentran buena parte de su negocio.

La proyección es doble. En el plano judicial, si la administración recurre, la pelota pasará al tribunal de apelaciones que reciba el expediente, con la posibilidad de que el Tribunal Supremo se pronuncie ya con las elecciones celebradas. En el plano político, la próxima cita es noviembre: si cambia la mayoría, cambiará también el celo con el que el Capitolio vigila cómo gasta el Ejecutivo cada dólar.

El pulso sigue abierto.

Ficha del Caso

  • El caso: Un juez federal frena los anuncios financiados con fondos públicos con los que la administración Trump difunde su mensaje político. La orden llega a pocas semanas de las legislativas y abre un pulso entre la Casa Blanca y los tribunales.
  • Datos clave: Cancelación con aplicación inmediata; fundamento, la probable ilegalidad del uso de dinero de los contribuyentes para mensajes de carácter político; marco de referencia, la ley Hatch de 1939 y las normas federales sobre publicidad institucional.
  • Para España: El caso es un termómetro del equilibrio institucional americano en vísperas de unas elecciones que decidirán la agenda arancelaria y regulatoria con impacto en las exportaciones españolas y en filiales como las de Iberdrola o Santander.

Las claves de la reforma del Reglamento del Congreso: grupo propio para las minorías tras el 29N

Alberto Ochoa
-
0
Las claves de la reforma del Reglamento del Congreso: grupo propio para las minorías tras el 29N

El Congreso que salga del 29N estrenará la reforma del Reglamento aprobada en julio, que rebaja los requisitos para formar grupo parlamentario propio. La modificación del artículo 23, impulsada por ERC, Junts, Podemos, Compromís y el BNG y respaldada por el Pleno con el voto en contra del PP y de Vox, se aplicará ya en la legislatura que arranque tras las elecciones generales del 29 de noviembre, según confirma Europa Press.

Qué cambia en el artículo 23: los nuevos umbrales para tener grupo propio

La reforma toca una regla que databa de 1982 y que obligaba a las minorías a buscar fórmulas alternativas para cuadrar sus números. Hasta ahora, el Reglamento del Congreso de los Diputados exigía 15 escaños o cinco diputados más un 5% de los votos nacionales. La norma contemplaba una segunda vía: alcanzar el 15% en todas las circunscripciones en las que el partido concurre. A partir de la próxima legislatura, el marco se relaja.

  • Bastará con obtener el 3% de los votos a nivel nacional.
  • O con alcanzar el 10% en las provincias donde la formación consiga representación.
  • Desaparecen los préstamos de diputados entre grupos para constituir el grupo propio.

El texto quedó cerrado en julio y no necesita ningún desarrollo posterior. Se aplicará de forma automática cuando el Congreso constituya sus grupos al inicio de la próxima legislatura. Hasta entonces, sigue vigente la redacción antigua.

Quién impulsó la reforma y quién votó en contra

La iniciativa la empujaron ERC, Junts, Podemos, Compromís, y el BNG, según el relato de Europa Press. Son algunas de las formaciones que en 2023 respaldaron la investidura de Pedro Sánchez. El Pleno del Congreso avaló el cambio, y el PP y Vox votaron en contra de la modificación.

Al inicio de la legislatura que ahora termina, ERC y Junts no cumplían los requisitos del Reglamento y recurrieron a préstamos de diputados del PSOE y de Sumar. La Mesa del Congreso (el órgano de gobierno de la Cámara) avaló esas cesiones temporales gracias a la mayoría que entonces formaban socialistas y Sumar. El traspaso de diputados entre grupos ha sido una práctica habitual en la Cámara Baja durante las últimas legislaturas. Ya no hará falta.

El cambio no exige una nueva votación: el Reglamento ya está modificado y operará desde la primera constitución de grupos de la próxima legislatura.

Qué gana un partido con grupo propio en el Congreso

La diferencia entre tener grupo y no tenerlo no es cosmética. El Reglamento reserva al grupo propio una serie de derechos de los que carecen las formaciones que acaban integradas en el Grupo Mixto.

  • Voz propia en todos los debates del Pleno y de las comisiones.
  • Al menos un puesto en cada comisión parlamentaria.
  • Presencia en la Diputación Permanente (el órgano que sustituye al Pleno entre periodos de sesiones o entre legislaturas).
  • Un asiento en la Junta de Portavoces (el órgano donde los grupos coordinan la actividad de la Cámara).
  • Una pregunta en cada sesión de control al Gobierno.

En el plano económico, el grupo propio garantiza más subvenciones y las ayudas por el mailing, el envío postal de propaganda electoral que el Reglamento reconoce a los grupos constituidos.

Los próximos pasos: del 29N a la constitución de los grupos

La reforma no depende de ninguna votación adicional. Se activará cuando la Cámara surgida de las urnas del 29 de noviembre constituya sus grupos al arranque de la legislatura, según Europa Press. A partir de entonces, cada formación deberá acreditar esos porcentajes para constituirse como grupo propio sin diputados prestados.

El resultado electoral determinará cuántas formaciones superan los nuevos umbrales y cuántos grupos conviven en el hemiciclo. Con la redacción anterior, ERC y Junts necesitaron ayuda externa; con la nueva, el 3% nacional o el 10% provincial bastan.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? El Congreso aplicará desde la próxima legislatura la reforma del Reglamento aprobada en julio, según Europa Press.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? La iniciativa partió de ERC, Junts, Podemos, Compromís y el BNG; el PP y Vox votaron en contra en el Pleno.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Los nuevos umbrales (3% nacional o 10% provincial) regirán cuando se constituyan los grupos tras las elecciones del 29N.
1...333435...18.492Página 34 de 18.492
Publicidad
Publicidad