El PP parte con ventaja en el Senado de las elecciones generales 29N: 23 escaños frente a los 19 del PSOE

Alberto Ochoa
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El PP parte con ventaja en el Senado de las elecciones generales 29N: 23 escaños frente a los 19 del PSOE

Las elecciones generales del 29N elegirán 208 de los 266 senadores: el PP parte con 23 escaños por designación autonómica y el PSOE con 19. El reparto de salida lo recoge el recuento de Europa Press sobre la composición de la Cámara Alta.

La diferencia no se decide en las urnas del 29 de noviembre. Los otros 58 escaños del Senado los nombran los parlamentos autonómicos, y su asignación depende del resultado que cada partido obtuvo en las últimas elecciones regionales.

Qué se vota el 29N: 208 senadores en las urnas y 58 fuera de ellas

El calendario electoral sitúa la próxima cita con las urnas el domingo 29 de noviembre. Ese día, los ciudadanos elegirán directamente a 208 de los 266 senadores que integran la Cámara Alta.

El tercio restante, 58 escaños, queda al margen de la votación popular. Son los senadores de designación autonómica (los que nombran las asambleas de las comunidades en función de su composición interna), no elegidos por el voto que se deposite el 29N.

Con la campaña aún por arrancar, el punto de partida ya está fijado. Los 58 senadores designados no dependen del resultado del 29N, sino de la correlación de fuerzas que cada partido mantiene en su parlamento autonómico.

Los 58 escaños que no pasan por las urnas ya están repartidos: el PP sale con 23 y el PSOE con 19.

El punto de partida: 23 escaños del PP, 19 del PSOE y 5 de Vox

Sobre ese mapa previo, el PP arranca la campaña con 23 senadores por designación autonómica. Los socialistas cuentan con 19 y Vox con 5, según el recuento de la agencia. Ninguno de esos escaños pasa por las urnas el 29N.

El reparto completo de los 58 senadores designados por las comunidades queda así:

  • PP: 23 senadores por designación autonómica.
  • PSOE: 19 senadores en el mismo régimen.
  • Vox: 5 senadores.
  • Junts: 3 senadores.
  • ERC, BNG, Geroa Bai, PNV, EH Bildu, Compromís, Más Madrid y Coalición Canaria: 1 senador cada uno.

Estas cifras se revisan cuando se renueva la composición de los parlamentos autonómicos. Los escaños restantes no están en juego el 29N y solo cambiarían con un vuelco en las cámaras regionales.

Cuántos senadores necesita cada partido para la mayoría absoluta

La mayoría absoluta en el Senado exige 134 escaños sobre un total de 266. Con los 23 que ya tiene garantizados, el PP necesita sumar al menos 111 escaños en las urnas para reeditar el control de la Cámara Alta que ha mantenido esta legislatura.

Los socialistas afrontan un cálculo distinto. Parten de 19 senadores designados y, según el recuento de Europa Press, necesitarían 125 escaños el 29N para alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara Alta.

Las dos cifras delimitan el terreno de juego de la noche electoral. Ninguno de los bloques tiene asegurado el control del Senado.

Qué papel juega el Senado en la próxima legislatura

La composición del Senado no determina quién gobierna, pero condiciona el ritmo de tramitación de las leyes y el pulso parlamentario de cada legislatura. Por eso el reparto de escaños del 29N se sigue con atención desde todos los grupos.

El Senado es la cámara de representación territorial. Tramita las leyes que aprueba el Congreso, puede introducir enmiendas a los textos, y vetar una norma, aunque ese veto es suspensivo (el Congreso puede levantar ese rechazo y aprobar la ley igualmente). La composición y el funcionamiento están detallados en la web oficial del Senado.

Con la Cámara Alta pendiente de renovación, queda menos de dos meses para la cita con las urnas. El reparto de los 58 escaños ya está hecho; el resto se decide el 29N.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? El PP parte con 23 senadores por designación autonómica y el PSOE con 19, según el recuento de Europa Press.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? PP, PSOE y Vox, junto a Junts, ERC, PNV, EH Bildu y otras formaciones con un senador designado cada una.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Los comicios del 29 de noviembre elegirán 208 senadores; los 58 de designación autonómica ya están asignados.

Bruselas ultima el endurecimiento de los visados de la UE a rusos por los ataques híbridos

Angie Rivas
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Bruselas ultima el endurecimiento de los visados de la UE a rusos por los ataques híbridos

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Comisión Europea ultima una propuesta para endurecer los visados Schengen a ciudadanos rusos, que llegará a comienzos del próximo año, previsiblemente en enero.
  • ¿Quién está detrás? Polonia, Suecia y Estonia empujan el giro; el comisario de Migración, Magnus Brunner, confirma el trabajo en marcha y nueve Estados miembros, más Islandia y Noruega, lo reclamaron por carta.
  • ¿Qué impacto tiene? En el último ejercicio contabilizado se expidieron unas 478.000 visas de turismo Schengen a rusos, muchas de entradas múltiples, y España mantiene red consular activa en Rusia.

La Comisión Europea ultima un endurecimiento de los visados UE a rusos. La propuesta llegará a comienzos del próximo año, previsiblemente en enero, después de meses de presión de Polonia, Suecia y Estonia, que han convertido la política de visados en una pieza más de la defensa europea frente a los ataques híbridos de Moscú.

El objetivo no es cerrar la puerta a todos los ciudadanos rusos, sino romper el circuito de las entradas múltiples. Ese visado, válido hasta cinco años, permite entrar y salir del espacio Schengen sin volver a solicitar documentación, y es ahí donde el flanco este sitúa el riesgo: una autorización emitida antes de la guerra funciona hoy como una llave maestra.

La pieza jurídica sobre la que se trabaja es el Código de Visados, el reglamento de 2009 que fija las reglas comunes de tramitación y deja a cada consulado un margen que los Estados interpretan a su manera. Armonizar no obliga a inventar un marco nuevo: la Comisión puede endurecer el manual de aplicación y reescribir los criterios para conceder validez múltiple. La base jurídica no se mueve, y es el artículo 77 del TFUE, el que sostiene la política común de visados.

Estonia quiere vetar a 650.000 excombatientes rusos, uno por uno

En Tallin se va más lejos que en el borrador que circula por Bruselas. El Gobierno estonio plantea prohibir la entrada en la UE a los antiguos combatientes de las Fuerzas Armadas rusas, un colectivo que su ministro de Exteriores, Margus Tsahkna, cifra en torno a 650.000 personas, y hacerlo ‘persona por persona’, con cribados individuales en lugar de un veto colectivo. Su diagnóstico es que buena parte de esos exmilitares acabará llegando a Europa ‘apoyada por los servicios secretos rusos’, dispuesta a engrosar el crimen organizado y a cometer atentados.

Suecia quiere ir incluso más rápido. El ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, sostiene que el sistema tiene ‘vulnerabilidades que nuestros enemigos pueden usar’ y celebra el ‘apoyo creciente’ a un régimen más duro, aunque admite que el calendario que maneja la Comisión no le satisface. Estocolmo, como Varsovia y Tallin, lleva la iniciativa en un asunto que hasta hace tres años se discutía en clave consular y hoy se discute en clave de seguridad interior.

Los números sostienen la presión. En el último ejercicio contabilizado se expidieron unas 478.000 visas de turismo Schengen a ciudadanos rusos, muchas de validez múltiple, y el comisario de Migración, Magnus Brunner, reconoce que la serie ha dejado de bajar: ‘Nunca sabes quién es realmente ese turista’. La carta que nueve Estados miembros, más Islandia y Noruega, remitieron a la Comisión pedía un enfoque ‘uniforme y coordinado’, porque una política dividida ‘corre el riesgo de socavar la presión’ sobre Moscú.

El visado no detiene por sí solo a un saboteador: lo que hace es encarecer su entrada y multiplicar las ocasiones de que alguien lo detecte antes.

España, en el punto de mira del flanco este

visados Schengen rusos

España no figura en el grupo que ha empujado el expediente y, aun así, tiene intereses directos en cómo se cierre. Los consulados españoles en Rusia siguen tramitando solicitudes a través de centros externos, con una tasa que ya subió a 90 euros, y buena parte del turismo ruso que llega al Mediterráneo lo hace con autorizaciones expedidas por esos mismos consulados. El reproche que circula en las capitales del este apunta a los países del sur —España, Italia, Grecia— como la vía menos controlada para entrar en Schengen.

La línea española ha sido la de París, Roma y Atenas: endurecer los filtros caso por caso antes que cerrar la puerta al conjunto de la población rusa. El argumento es doble. Uno, humanitario: una prohibición indiscriminada castigaría también a disidentes, periodistas, y familiares de residentes en la UE. Dos, práctico: los consulados ya deniegan solicitudes y nada indica que los servicios rusos hayan elegido España como puerta preferente.

Para hoteles, agencias y comercio del litoral el efecto contable es menor, porque el flujo ruso se hundió en 2022 y nunca recuperó el nivel previo. El viaje tipo tampoco es el de antes: el espacio aéreo europeo está cerrado a las aerolíneas rusas, así que quien aterriza en Barajas o en El Prat lo hace vía Estambul, Belgrado o Dubái. La dimensión de seguridad tampoco es ajena: Europa encadena desde 2024 sabotajes atribuidos a redes dirigidas desde Moscú —incendios en naves logísticas, paquetes incendiarios, cables submarinos cortados en el Báltico— y el nivel de alerta no ha bajado.

El Eje del Poder Europeo

La geometría del expediente es nítida: el flanco este y los nórdicos empujan; el sur y buena parte del oeste frenan. Polonia, Suecia, Estonia, Finlandia, Dinamarca y Chequia quieren reglas duras y plazos cortos. España, Italia, Grecia, Francia y Alemania prefieren armonizar sin prohibir, porque sus consulados, sus economías turísticas y su trato con la disidencia rusa no son los mismos. Hungría juega en otra liga: su tarjeta nacional de residencia para rusos y bielorrusos es el ejemplo que el resto utiliza para exigir que Bruselas legisle de una vez.

El eje franco-alemán se queda en segundo plano. Berlín y París comparten la tesis de que la respuesta debe ser europea y proporcionada, pero ninguno quiere aparecer como el freno de una medida de seguridad en plena guerra. Esa incomodidad explica que la Comisión haya asumido el protagonismo y que las propuestas lleguen con el sello técnico de Migración y Asuntos de Interior en lugar de nacer de una cumbre. El precedente inmediato es de agosto de 2022, cuando los Veintisiete suspendieron el acuerdo de facilitación de visados con Moscú y fijaron que el turismo dejaría de ser una vía ordinaria de entrada. Cuatro años después, la regla sigue sin ser uniforme.

Para España, el riesgo a cinco años no es el número de visados denegados, sino la deriva de fondo: si la UE no armoniza, los Estados con frontera con Rusia seguirán legislando por su cuenta, como ya han hecho Finlandia o la República Checa, y Schengen acabará funcionando con dos velocidades normativas. La crisis migratoria de 2015 ya demostró lo que ocurre cuando cada capital improvisa controles: vuelven las fronteras interiores y la libre circulación paga la factura. La fecha clave es enero, cuando la Comisión presente su propuesta; el Consejo de Asuntos Exteriores que venga después medirá si hay mayoría para endurecerla, rebajarla o dejarla en agua de borrajas.

Canarias: Las Palmas de Gran Canaria concentra 145 grandes tenedores de vivienda con Blackstone al frente

Marta Iglesias
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Canarias: Las Palmas de Gran Canaria concentra 145 grandes tenedores de vivienda con Blackstone al frente

Los grandes tenedores de vivienda en Canarias se concentran en Las Palmas de Gran Canaria: 145 titulares acumulan más de diez inmuebles cada uno.

Qué dicen los números: 145 titulares y 506 casas en manos de un solo fondo

La capital grancanaria encabeza el ranking canario de concentración de la propiedad residencial. Sus 145 grandes tenedores operan sobre un parque de 167.074 viviendas, según el cruce de datos del Catastro 2025 y de la plataforma Quien Tiene la Vivienda, impulsada por el biólogo y profesor canario Romén Herrera, fundador también de Vertidos Canarias y Canarias Bajo Presión. En ese mapa hay un nombre que sobresale por encima de todos.

Blackstone es el mayor propietario privado de vivienda residencial del municipio, con 506 casas repartidas entre sus distintas sociedades y marcas. La cifra local es solo la punta del iceberg: el fondo estadounidense acumula 8.176 viviendas vinculadas en toda España y se sitúa como el principal gran tenedor privado residencial del país. A su alrededor orbitan otras marcas, como Nestar, con 32 inmuebles en la capital grancanaria y alrededor de 9.500 en el conjunto del territorio nacional.

La lista se completa con operadores de menor tamaño pero igualmente presentes. Gramina Homes, sociedad ligada a fondos de inversión, reparte su cartera entre islas: cinco inmuebles en la capital grancanaria, tres en Tías, en Lanzarote, dos en El Rosario, en Tenerife, y uno en Arrecife, Santa Lucía de Tirajana y Valsequillo. ASAM (Alquiler Seguro Asset Market) suma dos viviendas; Techo Hogar, una. En toda España hay 809.115 inmuebles en manos de titulares con más de diez viviendas en el mismo municipio.

La paradoja canaria: más camas turísticas que vecinos y ninguna zona tensionada

Sobre el parque residencial pesa además otra presión. A la concentración de la propiedad se suma el avance del uso turístico: 3.109 inmuebles de la capital grancanaria se destinan a esta actividad, en un municipio donde acceder a una casa se ha vuelto una carrera de obstáculos. Y hay un dato que resume el desequilibrio de todo el Archipiélago. Siete municipios de Canarias ya tienen más camas turísticas que habitantes.

Un puñado de titulares mueve miles de viviendas en Canarias mientras siete municipios ya tienen más camas turísticas que habitantes.

Frente a ese escenario, el PP y Coalición Canaria han rechazado declarar la capital como zona de mercado residencial tensionado (la figura que la ley estatal de vivienda permite aplicar allí donde el alquiler se dispara), al considerar la medida contraproducente. La paradoja no es exclusiva de las empresas: entre entre los particulares, Canarias lidera también la clasificación estatal, con un 1,4% de propietarios que posee más de diez inmuebles residenciales. El grueso, eso sí, se mueve en escalas mucho menores: el 83,8% tiene entre dos y cinco viviendas y el 54,6% cuenta con una sola.

En el sector público, las islas también destacan. Canarias es la comunidad con mayor número de administraciones que superan las diez viviendas en cartera y concentra el 4,4% del parque público nacional, gestionado en buena parte por el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), VISOCAN y Casa 47. Son grandes tenedores por volumen, aunque responden a una lógica distinta: sus inmuebles están destinados a fines sociales y protegidos por ley, sin ánimo de lucro.

El Pulso Territorial

Canarias gobierna en coalición desde 2023: Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, preside un ejecutivo que comparte con el PP y que necesita apoyos parlamentarios para cada iniciativa. La vivienda se ha convertido en el asunto donde esa geometría se tensa más, porque el rechazo a declarar zonas tensionadas enfrenta al Gobierno autonómico con las plataformas vecinales que llevan años denunciando la concentración de la propiedad.

La oposición no comparte ese camino: el PSOE canario y el grupo de Vox han llevado el debate de la vivienda al Parlamento de Canarias por vías opuestas, y ninguno de los dos ha logrado imponer su marco a un ejecutivo que prefiere no tocar la figura legal.

Canarias ocupa la primera plaza estatal tanto en propietarios particulares con más de diez inmuebles como en administraciones con grandes carteras. La presión turística sigue un patrón parecido en otras comunidades cubiertas: en Baleares, el alquiler residencial vive un pulso similar al canario desde hace años.

Lo que viene después depende de dos calendarios. El primero es el de los datos: la próxima actualización catastral dirá si la concentración crece o se corrige. El segundo es político: las elecciones autonómicas están previstas para 2027 y, hasta entonces, cada rechazo a una declaración de zona tensionada se convertirá en material de campaña. En Arona, con 16 propiedades vinculadas a empresas de más de 100 inmuebles, y en Tías, con nueve, el debate ya no es teórico.

Ficha Autonómica

  • El caso: Las Palmas de Gran Canaria encabeza la concentración de propiedad residencial del Archipiélago, con 145 titulares que acumulan más de diez viviendas sobre un parque de 167.074 inmuebles.
  • Datos importantes: Blackstone controla 506 casas en la capital grancanaria y 8.176 en toda España. En el país hay 809.115 inmuebles en manos de grandes tenedores. La capital suma 3.109 viviendas de uso turístico y Canarias concentra el 4,4% del parque público nacional.
  • Resumen: El PP y Coalición Canaria rechazan declarar zona tensionada el municipio. La próxima actualización catastral y las elecciones autonómicas de 2027 marcarán el siguiente capítulo.

La subasta de los bienes de Meirás pone en venta retratos de Franco desde 20 euros el 27 de octubre en Madrid

Anxo Seoane
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La subasta de los bienes de Meirás pone en venta retratos de Franco desde 20 euros el 27 de octubre en Madrid

La subasta de bienes del Pazo de Meirás ya tiene catálogo: 689 lotes saldrán a puja en Madrid el 27 de octubre. La puja empezará a las 17.00 horas y podrá seguirse por streaming en directo.

El catálogo: 689 lotes con precios de salida desde 20 euros

La operación la ha encargado la familia Martínez-Bordiú y Franco al director de Magna Art Auctions, José Miguel Carrillo de Albornoz, vizconde de Torre Hidalgo. Los objetos se exponen desde esta semana en la sede de la casa de subastas, en el número 15 de la calle Núñez de Balboa, en Madrid. Cualquiera puede verlos antes de pujar. El catálogo completo ya está disponible.

Las piezas más caras son dos pinturas. Una, «San Francisco orante ante el crucifijo junto a la calavera», atribuida al círculo del toledano Luis Tristán, sale por 5.000 euros. La otra, «Amanecer rosado», del argentino Benito Quinquela Martín, arranca en 4.500 euros. El lote de ocho espingardas de Marruecos se puja desde 2.500 euros, y dos armaduras toledanas incompletas salen por 500. El catálogo incluye además varias maquetas náuticas; la mayor, un galeón español por 350 euros.

Entre los objetos más llamativos figuran varios retratos de Franco. Uno es una fotografía familiar en la que aparece junto a su esposa, Carmen Polo, y su hija, Carmen Franco. Su precio de salida es 80 euros. Se subastan también un grabado del dictador por 100 euros y otro retrato por 300. A eso se suma una fotografía de Juan Carlos I con marco de plata y dedicatoria manuscrita: «Al Excelentísimo Franco, con mucho cariño y mucho respeto. Juan Carlos, 1970».

La mayor parte de los 689 lotes es mobiliario, porcelanas y menaje doméstico. Hay mesas, sillas, vajillas, y cuberterías de una vivienda entera. El importe mínimo, 20 euros, corresponde a una pareja de lámparas. También se ofrecen una mesa auxiliar de madera por 30 euros y candelabros por 50. Entre los enseres figuran juegos de sábanas bordados con símbolos vinculados a Franco.

La Xunta y el Estado, ante la duda de los bienes protegidos

Meirás Franco

La operación ha suscitado dudas sobre la posible presencia de objetos sujetos a protección legal o que pudieran ser de dominio público. La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña ha pedido a la Xunta de Galicia y a la Administración del Estado que inspeccionen las piezas. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha calificado de «sinvergüenzas» a la familia Franco. El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha dicho que la Xunta estará «atenta» por si algún elemento de interés merece que los técnicos recomienden «hacerse con la propiedad».

Meirás ya no es solo un pazo: es el pulso entre la memoria de una familia y la memoria de todo un país.

El director de la casa de subastas sostiene que la operación se ha realizado con «garantías absolutas» y bajo la supervisión de la Abogacía del Estado y de la Xunta. «Son recuerdos. Todo lo importante se ha quedado en el Pazo de Meirás», ha asegurado Carrillo de Albornoz. Al día siguiente, la casa continuará con su subasta de otoño. La puja del 27 de octubre tiene la última palabra.

El Laboratorio Gallego

El caso de Meirás no es nuevo. El pazo de Sada fue entregado a Franco en 1938 mediante una suscripción popular, y durante décadas fue su residencia de verano. En septiembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña declaró que el inmueble era de titularidad estatal y el TSXG, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ratificó después esa decisión, como también hizo el Tribunal Supremo. Lo que ahora sale a subasta es el relleno de una casa que dejó de ser privada hace seis años.

La Xunta y el Estado comparten ahora una misma incógnita: si entre los 689 lotes hay piezas de dominio público. El PPdeG, que gobierna Galicia con mayoría absoluta desde 2009, mantiene un tono prudente, de supervisión técnica. El PSdeG ha cargado con dureza contra la familia Franco desde la alcaldía de A Coruña. El BNG ha reclamado durante años la recuperación pública del pazo y mantiene esa reivindicación en el Parlamento de Galicia.

La lectura nacional es evidente. El patrimonio que dejó la dictadura dejó de ser un asunto exclusivamente gallego cuando la Ley de Memoria Democrática fijó un marco estatal para su tratamiento. Una subasta con retratos de Franco a 80 euros y con una fotografía dedicada por Juan Carlos I vuelve a poner sobre la mesa quién custodia esa memoria y con qué reglas. Galicia, un año más, sirve de escaparate.

Los plazos son cortos. La puja arranca el 27 de octubre, y su desarrollo dependerá de si la Xunta y el Estado aprecian piezas protegidas antes de esa fecha. Si aparece una sola pieza de dominio público, la subasta dejará de ser una anécdota de anticuario y volverá a ser un pleito. Meirás sigue dando titulares. Y seguirá.

Ficha del Caso

  • El caso: La familia Martínez-Bordiú subasta 689 lotes de bienes retirados del Pazo de Meirás, la residencia veraniega de Franco en Sada (A Coruña), declarada de titularidad estatal en 2020.
  • Datos importantes: Puja el 27 de octubre a las 17.00 horas en Madrid; precios de salida entre 20 y 5.000 euros; la pieza más cara es una pintura atribuida al círculo de Luis Tristán.
  • Resumen: La CRMH pide a la Xunta y al Estado verificar si hay bienes protegidos; el PPdeG apela a la supervisión técnica y el PSdeG carga contra la familia. El patrimonio de la dictadura vuelve al debate nacional.

El Ayuntamiento de València lleva cuatro años sin aplicar el recargo del IBI a 3.231 grandes tenedores

Amparo Soler
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El Ayuntamiento de València lleva cuatro años sin aplicar el recargo del IBI a 3.231 grandes tenedores

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Ayuntamiento de València reconoce por escrito que no aplica el recargo del IBI a los grandes tenedores de vivienda vacía, una figura que la ley estatal permite desde 2023.
  • ¿Quién está detrás? El gobierno municipal de PP y Vox que preside María José Catalá, con la colaboración pasiva de una Generalitat que mantiene sin actualizar su registro de pisos vacíos.
  • ¿Qué impacto tiene? Los 3.231 propietarios con más de cinco viviendas en la capital siguen sin pagar el recargo, y los pisos cerrados no vuelven al mercado.

El Ayuntamiento de València lleva cuatro años sin aplicar el recargo del IBI a los grandes tenedores de vivienda vacía.

Una ley estatal que existe y un recargo que nadie gira

No es un vacío legal ni un olvido administrativo. El consistorio lo ha reconocido por escrito en una respuesta al Grupo Socialista: aplicar la ley estatal de Vivienda resulta ‘extremadamente complejo’ y el recargo ‘no resulta aplicable a ningún inmueble’. En la capital no se ha girado ni una sola liquidación.

Los datos del catastro dibujan el mapa de lo que queda fuera. 3.231 propietarios acumulan más de cinco viviendas en el término municipal y más de un cuarto de ellos son empresas. Una sola persona tiene más de 300 inmuebles en propiedad. Ninguno paga el recargo.

La ordenanza fiscal municipal contempla un recargo del 30% para las viviendas desocupadas cuyo titular posea más de diez en la ciudad. Sobre el papel afecta a miles de pisos. En la práctica, en 2022 se aplicó a una única persona, titular de 26 propiedades, que pagó casi 5.000 euros de IBI, y 1.483 euros de recargo.

El Ejecutivo local añade un segundo argumento: los pisos deben figurar en el Registro de Viviendas Deshabitadas de la Generalitat Valenciana. Esa lista depende de otra administración, el Consell (el gobierno autonómico, equivalente valenciano del Consejo de Ministros), que tampoco ha mostrado interés en engordarla. Y ahí aparece la grieta: la ley autonómica considera gran tenedor a quien tiene más de diez viviendas; la estatal baja el listón a cuatro.

La recaudación autonómica lo confirma: el gravamen llegó a ingresar 7 millones de euros anuales y en el último ejercicio la cifra ha caído a 2,5 millones. Menos control, menos ingresos y más pisos con la llave echada.

El recargo existe en la ley, existe en la ordenanza y existe en el registro. Lo único que no existe es la voluntad de girarlo.

Hay un antecedente que incomoda. En febrero de 2023, el entonces concejal de Hacienda Borja Sanjuan anunció que el recargo permitiría recaudar cinco millones de euros y que alcanzaría a 41 inmuebles. Meses después, el cambio de gobierno municipal dejó la previsión en papel mojado: nunca llegó a materializarse. Cuatro años y contando.

Del 50% al 150%: el recargo que la ley permite y València no cobra

vivienda València

La ley estatal de Vivienda, aprobada en 2023 y aplicable en todo el país, habilita en su disposición final tercera el recargo del IBI para viviendas vacías más de dos años, con un mínimo de cuatro propiedades por titular. La norma permite elevar el gravamen desde el 50% de la cuota líquida hasta el 150% según el tiempo de desocupación.

El preámbulo es explícito: busca ‘un mayor efecto en la optimización del uso del parque edificatorio residencial’ y reforzar la herramienta de los ayuntamientos para actuar ‘a través de la fiscalidad’. No es un instrumento recaudatorio; es una palanca para movilizar pisos.

Y ahí está el nudo. València tiene demanda de alquiler, precios al alza y miles de viviendas sin usar. La herramienta legal está disponible, es potestativa y el Ayuntamiento ha decidido no activarla. La oposición sostiene que la decisión responde a criterios políticos, no técnicos.

El Escenario Valenciano

La historia no se entiende solo en clave municipal. El Ayuntamiento de València está gobernado por PP y Vox desde 2023, con María José Catalá en la alcaldía, y el Consell que preside Juanfran Pérez Llorca repite el mismo color político en la Generalitat. Cuando el registro de pisos vacíos depende de una administración y la recaudación del recargo de otra, la descoordinación deja de ser un accidente.

Enfrente, el PSPV ha convertido la pregunta parlamentaria en un pulso de transparencia, y Compromís reclama desde hace meses que la Generalitat active su propio registro. Ninguno de los dos discute la ley: discuten la falta de voluntad para cumplirla.

Y hay una dimensión nacional. La ley estatal de Vivienda, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, diseñó este recargo como pieza central frente a la vivienda vacía, pero dejó su aplicación en manos de los ayuntamientos. El resultado es un mapa desigual que la oposición lleva al Congreso.

El calendario tiene fecha. El próximo hito llega con las ordenanzas fiscales del ejercicio 2027, que los ayuntamientos aprueban este otoño, y por detrás asoman las elecciones municipales de mayo de 2027, donde la vivienda se perfila como eje de campaña. Si el recargo no se activa antes, València habrá cumplido un lustro con la ley en la mano y los bolsillos de los grandes tenedores intactos.

Ficha del Caso

  • El caso: El Ayuntamiento de València no aplica el recargo del IBI a los grandes tenedores de vivienda vacía, una figura prevista en la ley estatal y en su propia ordenanza.
  • Datos importantes: 3.231 propietarios con más de cinco viviendas en la capital; recargo del 30% en la ordenanza municipal y horquilla estatal del 50% al 150%; en 2022 se giró a un solo titular, con 1.483 euros.
  • Resumen: La herramienta existe, es potestativa y está sin usar: miles de pisos siguen cerrados y la vivienda entra en campaña electoral.

La Acadèmia Valenciana de la Llengua reclama respeto institucional y cooperación al Consell de Pérez Llorca

Amparo Soler
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La Acadèmia Valenciana de la Llengua reclama respeto institucional y cooperación al Consell de Pérez Llorca

La Acadèmia Valenciana de la Llengua reclama al Consell de Pérez Llorca respeto institucional y cooperación tras años de recortes y desencuentros.

La petición la ha formulado su nueva presidenta, Maria Àngels Francés, que aboga por abrir una etapa de «colaboración, de lealtad recíproca y mutua» con la Generalitat Valenciana (el gobierno autonómico) después de un periodo que ella misma describe como complicado y crítico. La Acadèmia es la institución estatutaria que tiene encomendada la normativización del valenciano y llegó a suspender actividades por falta de fondos.

El ofrecimiento llega un día después de que Francés se reuniera con el vicepresidente segundo del Consell, José Díez, en un encuentro que ambas partes calificaron de cordial y en el que se comprometieron a mantener reuniones periódicas. «Le reiteramos nuestra voluntad de iniciar una etapa de colaboración», resume la presidenta de la AVL.

En esa cita, la Acadèmia entregó al vicepresidente un dosier con sus líneas de trabajo: herramientas, materiales, y recursos para los hablantes. Entre ellos, el Diccionari Normatiu Valencià, que recibe más de 50.000 consultas al día a través de su aplicación.

Francés insiste en que la relación debe sostenerse sobre el respeto a una institución protegida por el Estatut d’Autonomia. Menoscabar su autonomía presupuestaria es un agravio para la lengua. «No solo para la institución, sino para el fomento y la protección del valenciano», subraya.

La Acadèmia no reclama tutela política: reclama que se respete la autonomía presupuestaria que le garantiza el Estatut.

El origen del conflicto: los recortes que dejaron a la AVL sin aire

La presidenta no esconde el origen del desencuentro. «No negaré que las relaciones con el Consell han sido difíciles», admite, y lo atribuye a un «proceso de recorte de los presupuestos» que califica de «situación inédita, muy negativa tanto para la institución como para nuestra lengua». El tijeretazo presupuestario puso en serias dificultades el funcionamiento normal de la Acadèmia.

Ese recorte obligó a paralizar iniciativas como los premis Carme Miquel y la jornada del escritor valenciano actual, suspendida el año anterior. La situación actual es distinta, según Francés: el presupuesto «se ha respetado», existen unos mínimos que permiten operar con autonomía, aunque se parte de unas cuentas inferiores a las de 2024. La propia Acadèmia reconoce que, en los últimos meses, el president Juanfran Pérez Llorca y el vicepresidente José Díez han mostrado su apoyo público a la institución.

La entidad también pone cifras a su utilidad cotidiana: el diccionario normativo y el portal terminológico se actualizan de forma continua, y las consultas ciudadanas superan las 50.000 diarias. Los recortes dejaron marca. La Acadèmia lleva 25 años ejerciendo una labor que considera impecable.

Un modelo de lengua que no se toca y un uso social que retrocede

Sobre el descenso del uso social del valenciano que reflejan las encuestas, Francés reconoce que no hay receta única. «La Acadèmia por sí sola no puede reconducir esta situación», advierte. Reclama cooperación de todas las instituciones y presencia de la lengua en el ocio, el deporte, el comercio y la Administración. «Sería deseable que los ciudadanos pudieran ejercer sus derechos lingüísticos por todas partes», añade, «desde ir al médico hasta enamorarse en un pub».

Ahí aparece una de las heridas abiertas de la legislatura: el requisito lingüístico que se desestimó tras el cambio político de 2023. «Es difícil que un ciudadano pueda ejercer su derecho a ser atendido en su lengua si al otro lado del mostrador no hay una persona que la comprenda y que la hable», razona.

Respecto a las apelaciones del Consell a acercar la normativa a la sociedad y a flexibilizar el llamado valenciano del pueblo, Francés responde que el modelo de la Acadèmia Valenciana de la Llengua «es absolutamente cercano al pueblo» y que la normativa ya es flexible. No se trata de decir qué está bien o mal, sino qué es adecuado según el contexto. También reivindica el perfil de los nuevos académicos, más filológico que político: «Somos una academia de la lengua», recalca. La herida sigue ahí.

política lingüística valenciana

El Escenario Valenciano

La relación entre la Acadèmia y el Consell se ha convertido en un termómetro del pacto entre el PP y Vox en la Comunitat Valenciana. La formación de Santiago Abascal ha colocado la política lingüística entre sus prioridades, con un discurso que cuestiona la autoridad normativa de la AVL. Cuando se le pregunta por quién promete «enterrar bien abajo» la institución, Francés responde que ir contra ella «es ir contra nuestra ley más fundamental y contra nuestro autogobierno».

La oposición, PSPV y Compromís, ha convertido los recortes a la Acadèmia en un argumento recurrente contra el Ejecutivo autonómico. El Consell de Pérez Llorca, por su parte, intenta proyectar una imagen de normalidad institucional que ayude a dejar atrás el ciclo del expresident Carlos Mazón, que dimitió en noviembre de 2025 y mantiene su acta de diputado mientras avanza el proceso judicial de la DANA.

En clave estatal, el pulso valenciano se lee como un capítulo del debate sobre las lenguas cooficiales en el Congreso. Y funciona como precedente comparable: el Institut d’Estudis Catalans o el Euskaltzaindia operan con marcos de autonomía presupuestaria que en Valencia han estado en entredicho.

La proyección inmediata pasa por las reuniones periódicas que la AVL y la dirección general de Política Lingüística han acordado sin cerrar calendario, y por los próximos presupuestos autonómicos, que medirán si el respeto proclamado se traduce en cifras. Al fondo, las elecciones de 2027 recordarán a cualquier formación que aspire a gobernar que tendrá que decidir qué hace con una institución que lleva 25 años normativizando el valenciano.

Ficha del Caso

  • El caso: La AVL, institución estatutaria que normativiza el valenciano, reclama al Consell de Pérez Llorca respeto institucional y cooperación tras años de recortes.
  • Datos importantes: El Diccionari Normatiu Valencià recibe más de 50.000 consultas diarias; el presupuesto sigue por debajo del de 2024; la institución acumula 25 años de labor normativa.
  • Resumen: La nueva presidenta de la Acadèmia, Maria Àngels Francés, busca una etapa de lealtad recíproca con la Generalitat que traslade el pulso lingüístico al terreno de la cooperación.

El bus Vigo-Oporto desbanca al Tren Celta y se convierte en la ruta internacional más usada de la Península

Anxo Seoane
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El bus Vigo-Oporto desbanca al Tren Celta y se convierte en la ruta internacional más usada de la Península

El bus Vigo-Oporto ya es la ruta internacional por carretera más utilizada de España, por delante del corredor Madrid-Lisboa.

Lo certifica Flixbus, la operadora especializada en trayectos entre países, que ha visto cómo el corredor gallego crecía de forma notable a lo largo de 2026 hasta desbancar al Madrid-Lisboa, referencia absoluta de la compañía durante diez años consecutivos.

Detrás del vuelco hay dos factores que se refuerzan entre sí. El primero es el tirón del aeropuerto de Sá Carneiro, que empuja a cada vez más viajeros vigueses a cruzar la frontera por carretera. El segundo tiene que ver con el ferrocarril: el Tren Celta, el enlace directo entre las dos ciudades, está parado desde abril por las obras en la línea.

Apenas 160 kilómetros separan Vigo de Oporto. Quien quiera cubrirlos hoy en tren debe hacer transbordo en Valença.

Ocho servicios diarios, un transbordo en Valença y un rival que se apaga

Flixbus opera en estos momentos ocho servicios directos desde la ciudad olívica y ya ha anunciado que ampliará su presencia en Vigo. El motivo es la desaparición de Blablabus, la otra compañía que cubría el trayecto con dos frecuencias diarias. Con menos competencia y más demanda aeroportuaria, el corredor se ha quedado solo en lo alto de la tabla.

El Tren Celta lleva medio año parado y, en su ausencia, el autobús entre Vigo y Oporto se ha convertido en el enlace internacional por carretera más usado de España.

El ranking que encabeza ahora el Vigo-Oporto se mide entre el centenar de rutas directas que la compañía opera desde España. El Madrid-Lisboa baja a la segunda plaza tras una década como referente, y por detrás quedan los corredores entre Barcelona y el sur de Francia, caso de Perpiñán, Toulouse o Burdeos, que movilizan menos pasajeros que el trayecto gallego.

La lista de destinos internacionales por carretera que salen de Vigo no termina en Oporto. Están Lisboa y otras ciudades portuguesas de menor tamaño, como Fátima, Aveiro, y Coímbra. Hacia Francia hay conexiones con París y Burdeos. La frontera funciona, en la práctica, como una prolongación del área metropolitana viguesa.

La batalla del cabotaje y el reparto de competencias entre Santiago y Madrid

Tren Celta

Flixbus libra además otra pelea, esta vez regulatoria: la aprobación del cabotaje, la posibilidad de transportar viajeros dentro del territorio nacional en rutas de ámbito internacional. Hoy no está permitido, porque esos trayectos compiten directamente con los corredores estatales que ejecuta el Ministerio de Transportes. Si la norma cambiara, el mapa del autobús español se movería entero.

El detalle no es menor para Galicia. La Xunta de Galicia, el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela, tiene margen sobre el transporte por carretera dentro de sus límites, mientras que las conexiones de largo recorrido y la red ferroviaria dependen del Ministerio. Ese reparto de competencias explica por qué el autobús crece mientras el tren espera.

Y esperar es lo que toca. Las obras ferroviarias mantendrán cortado el servicio directo, como mínimo, hasta abril de 2027. Hasta entonces, quien quiera ir de Vigo a Oporto en tren seguirá bajando en Valença y buscando un enlace.

El Laboratorio Gallego

La movilidad transfronteriza es uno de los terrenos donde mejor se mide el peso real de una relación que la política trata con retórica y las empresas cuentan en pasajeros. La Euroregión Galicia-Norte de Portugal, el marco de cooperación entre la comunidad y la región lusa, se sostiene sobre esa lógica cotidiana: gente que cruza para trabajar, para tomar un avión o para visitar a la familia. En la Comunidade de Trabalho Galicia-Norte de Portugal se llevan años discutiendo planes de movilidad, pero el mercado se ha adelantado a los papeles. De las cien rutas directas que Flixbus opera desde España, la que une la ciudad olívica con la capital del norte luso es hoy la que más pasajeros mueve.

En clave política gallega, el mapa parlamentario es nítido: mayoría absoluta del PPdeG, BNG como primera oposición y PSdeG como tercera. En el Parlamento de Galicia (la cámara legislativa unicameral gallega, con 75 diputados), el corredor Vigo-Oporto ha circulado más por la vía de las infraestructuras y de los presupuestos que por la del choque partidista. La lectura nacional es otra: lo que ocurre en esta frontera anticipa el debate sobre quién decide las conexiones de largo recorrido, si Santiago o Madrid.

La proyección tiene fecha. Abril de 2027 es el horizonte mínimo que se maneja para que el Tren Celta recupere el servicio directo, y ahí aparece la paradoja del caso: el liderazgo del autobús se ha construido, en buena parte, sobre la avería del tren. Si la línea reabre según lo previsto, el corredor gallego tendrá que defender su primera plaza sin la ayuda del transbordo de Valença. Mientras tanto, Flixbus ya ha anunciado que se queda y crece.

Ficha del Caso

  • El caso: El bus Vigo-Oporto supera al Madrid-Lisboa como ruta internacional por carretera más usada de España, en pleno parón del Tren Celta por las obras en la línea ferroviaria.
  • Datos importantes: 160 kilómetros entre las dos ciudades; ocho servicios diarios de Flixbus; tren parado desde abril de 2026 y sin vuelta prevista antes de abril de 2027; diez años del Madrid-Lisboa en cabeza; una competidora menos tras la salida de Blablabus.
  • Resumen: La movilidad real entre Galicia y el norte de Portugal se resuelve hoy por carretera, lo que coloca la frontera gallega en el centro del debate nacional sobre el cabotaje y las conexiones de largo recorrido.

Los sindicatos de vivienda dejan la acampada de Alicante y preparan la huelga general del 11 de noviembre

Amparo Soler
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Los sindicatos de vivienda dejan la acampada de Alicante y preparan la huelga general del 11 de noviembre

Los sindicatos de vivienda de Alicante dejan la acampada de la Muntanyeta para centrarse en la huelga general del 11 de noviembre.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Los tres sindicatos de vivienda de Alicante han abandonado la acampada de la plaza de la Muntanyeta tras una semana de protesta.
  • ¿Quién está detrás? El Sindicat de Llogateres d’Alacant, el Sindicat de la Zona Nord y el Sindicat de Vivenda de Carolines.
  • ¿Qué impacto tiene? La acampada sigue en pie, gestionada por quienes permanecen en ella, mientras el movimiento se vuelca en la huelga general del 11 de noviembre.

Una despedida en la calle para cerrar una etapa

El movimiento de vivienda de Alicante lo anunció a través de sus redes sociales y con una idea fija: no quería marcharse sin más. «Queremos cerrar esta etapa en la calle, todas y todos juntos, con una gran manifestación», escribieron los responsables del Sindicat de Llogateres d’Alacant, el Sindicat de la Zona Nord y el Sindicat de Vivenda de Carolines.

La manifestación de despedida se celebró el sábado por la tarde. Arrancó a las 18:30 horas desde la propia plaza de la Muntanyeta y puso rumbo a la plaza del Ayuntamiento, con un recorrido que pasó por la calle del Metge Pascual Pérez, y la rambla de Méndez Núñez.

La acampada, sin embargo, no se levanta. Los sindicatos insisten en que la iniciativa sigue viva y pasará a manos de quienes permanecen en la plaza: «A partir de ahora la gestionará la misma gente que continúa acampada», señalaron. La protesta cambia de manos, no de objetivo.

Detrás de estos colectivos late un mismo diagnóstico, compartido con el resto del sindicalismo de vivienda que ha crecido en España en la última década. Los alquileres ya no se viven como un gasto más, sino como el eje de una tensión que empuja a miles de vecinos fuera de sus barrios. Los sindicatos de vivienda nacieron para dar cauce organizado a ese malestar, con asambleas de barrio y una lógica distinta a la de los sindicatos laborales clásicos.

La ocupación de la Muntanyeta arrancó a comienzos de octubre, impulsada por estos tres colectivos. La plaza se convirtió en unos días en un espacio de asamblea permanente, con actividades abiertas y un mensaje dirigido a las administraciones. La vivienda dejó de ser un asunto privado para convertirse en una pancarta.

La acampada de la Muntanyeta no desaparece: cambia de manos, y con ella cambia también la forma de pelear por la vivienda en Alicante.

De la plaza al 11 de noviembre: la huelga como nuevo pulso

El foco se traslada ahora a la huelga general prevista para el 11 de noviembre. La fecha, anunciada por los propios sindicatos de vivienda, marca un giro de estrategia: del campamento como escaparate permanente al paro como herramienta de presión colectiva. La duda que sobrevuela el movimiento es si una huelga de vivienda, sin relación laboral y sin patronal enfrente, puede lograr la misma capacidad de bloqueo que una huelga de trabajo.

En España, la organización de inquilinos tiene antecedentes sólidos. La PAH, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, marcó el camino tras la crisis de 2008, y el Sindicat de Llogateres de Barcelona trasladó ese modelo al terreno del alquiler. La experiencia alicantina se inscribe en esa estela, aunque con sello propio: tres colectivos, tres barrios y una ciudad costera donde la presión turística y residencial añade una capa extra de dificultad. Del impago a la renta, el conflicto mutó y la organización también.

El Escenario Valenciano

En clave valenciana, la vivienda es hoy uno de los terrenos de fricción más visibles. El Consell de Pérez Llorca, sostenido por el pacto entre el PP y Vox, ha convertido la política de alquiler en un asunto de choque con la oposición.

El PSPV y Compromís reclaman medidas que vayan más allá de los anuncios, mientras los movimientos sociales de la calle exigen resultados. El president Juanfran Pérez Llorca afronta un pulso que no se dirime solo en las Corts Valencianes, sino también en plazas como la de la Muntanyeta.

La dimensión nacional también pesa. La ley estatal de vivienda fijó límites a las subidas del alquiler, pero su aplicación depende de las comunidades autónomas, y ahí el mapa se fragmenta. Para el PP, esos topes son un lastre para el mercado; para la izquierda, la única red que ha frenado la escalada. La vivienda se ha vuelto un asunto de Estado gestionado en clave autonómica.

El 11 de noviembre es la próxima prueba de fuego. Si la convocatoria cuaja, el movimiento de vivienda valenciano habrá dado un paso inédito: trasladar al terreno del paro un conflicto que hasta ahora se dirimía en los juzgados, en los ayuntamientos y a las puertas de las inmobiliarias. Si se queda en un gesto, la acampada de la Muntanyeta habrá sido el último gran episodio de una protesta que buscaba continuidad.

Ficha del Caso

  • El caso: Los tres sindicatos de vivienda de Alicante abandonan la acampada de la plaza de la Muntanyeta para centrarse en la huelga general del 11 de noviembre.
  • Datos importantes: La acampada arrancó a comienzos de octubre; la manifestación de despedida se celebró el sábado por la tarde, con salida a las 18:30 desde la Muntanyeta hacia la plaza del Ayuntamiento. La huelga está convocada para el 11 de noviembre.
  • Resumen: El movimiento por la vivienda de Alicante cambia de estrategia: mantiene la acampada en manos de quienes siguen en la plaza y volcará su presión en la huelga general.

Cuatro detenidos por los galgos robados en Bollullos de la Mitación: la Guardia Civil investiga el maltrato a dos

Enrique Ramos
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Cuatro detenidos por los galgos robados en Bollullos de la Mitación: la Guardia Civil investiga el maltrato a dos

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por robar ocho galgos de competición en una finca de Bollullos de la Mitación. Los arrestados, todos vecinos de Sevilla, están acusados además de maltratar a dos de los animales, a los que se les había retirado el microchip de identificación. La Benemérita informó el sábado 10 de octubre del cierre de la operación, bautizada como ‘Alxaraf-lebrel’.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por robar ocho galgos de competición en una finca de Bollullos de la Mitación.
  • ¿Dónde y quién? Los hechos se han investigado en la provincia de Sevilla, con el Equipo ROCA de Sanlúcar la Mayor al frente de las pesquisas.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Los ocho ejemplares han sido recuperados y devueltos a su propietario; dos presentaban heridas que necesitaron asistencia veterinaria.

Ocho galgos federados, dos microchips extirpados y cuatro detenciones

El origen de la investigación está en la denuncia del propietario de la finca, que alertó del robo de ocho galgos federados para la competición a nivel nacional. Los agentes establecieron una línea de trabajo sobre un grupo organizado especializado en robos similares hasta lograr la plena identificación de los cuatro integrantes, todos con residencia en el barrio sevillano de Las Tres Mil Viviendas.

Durante el operativo desplegado se recuperaron todos los ejemplares, que ya han sido devueltos a su legítimo propietario. Los agentes comprobaron que a dos de los canes se les había extirpado el microchip subcutáneo de identificación, un paso que, según el comunicado del instituto armado, buscaba ocultar la procedencia de los animales. Ambos presentaban heridas que requirieron asistencia facultativa veterinaria.

La actuación la ha desarrollado el Equipo ROCA de Sanlúcar la Mayor, unidad de la Guardia Civil especializada en la investigación de robos y delitos en el medio rural. Los cuatro detenidos han quedado a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de robo con fuerza en las cosas, un delito de lesiones graves y maltrato animal, y otro de pertenencia a grupo organizado.

De una finca de Bollullos al juzgado: la estructura que investiga la Guardia Civil

Guardia Civil Sevilla

Los delitos imputados elevan la gravedad del caso. Al robo con fuerza y al maltrato animal se suma un delito de lesiones graves y otro de pertenencia a grupo organizado, una combinación que sitúa los hechos en el terreno de la delincuencia estructurada y no en el del hurto aislado. Así lo recoge el comunicado difundido por el instituto armado, que enmarca la actuación en la investigación contra un grupo dedicado al robo de perros de raza.

Se trata de ejemplares de galgo español federados, inscritos en el circuito de competición nacional, y ese detalle explica tanto el valor de lo sustraído como el método empleado. La retirada quirúrgica del chip persigue borrar la trazabilidad del perro y dificultar que un veterinario o un comprador pueda verificar su origen. Sin identificación, el animal se convierte en mercancía anónima.

El robo de galgos de competición no es un delito menor en Andalucía: golpea a un sector criador con siglos de tradición en la campiña sevillana.

Los cuatro investigados han quedado a disposición de la autoridad judicial, que debe decidir ahora sobre su situación. La investigación ‘Alxaraf-lebrel’ concluyó con las cuatro detenciones y con la devolución de los ocho animales a su dueño, según el balance difundido por el instituto armado. Rige, en todo caso, la presunción de inocencia de los arrestados hasta que exista una resolución judicial firme.

La Lectura Andaluza

Andalucía es tierra de galgos y de rehalas, y esa tradición cinegética y de competición convive con un marco propio de protección animal que la comunidad desarrolla desde hace más de dos décadas. Cuando se sustrae un ejemplar federado no se roba solo un animal: se ataca el trabajo de un criador, el esfuerzo de años de selección y una afición repartida por decenas de municipios de la campiña sevillana. Por eso la respuesta coordinada de la Guardia Civil en el medio rural tiene un valor que trasciende este caso concreto.

Para el lector de a pie hay una lección práctica: el microchip es, en la práctica, el DNI del perro. Sin él, ningún control puede acreditar la propiedad ni el origen del animal, y el robo se vuelve más fácil de ocultar. En un territorio tan disperso como la provincia de Sevilla, con miles de fincas y caminos alejados de los cascos urbanos, el Equipo ROCA y el resto de unidades de la Benemérita sostienen buena parte de la seguridad en el mundo rural. Y la protección animal es competencia autonómica: los registros andaluces de animales de compañía son la otra pieza de esa cadena de control.

La proyección es judicial. Los cuatro investigados están ya a disposición de los juzgados y las próximas semanas serán decisivas para saber si la causa se amplía a más personas o a más robos cometidos con el mismo método. Mientras, en Bollullos de la Mitación y en el resto del Aljarafe, los ocho galgos recuperados han vuelto a su canil. La investigación sigue abierta. En una tierra donde el galgo es seña de identidad, cada ejemplar recuperado cuenta.

El mapa de la renta en los barrios de Sevilla: los más ricos y los más pobres de la capital

Enrique Ramos
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El mapa de la renta en los barrios de Sevilla: los más ricos y los más pobres de la capital

La renta de los barrios de Sevilla separa 44.725 euros al año al más rico del más pobre: Torreblanca frente al Código Postal 41004.

Una brecha de 44.725 euros dentro del mismo término municipal

Los contribuyentes encuadrados en el 41004 —Casco Antiguo Este, Nervión y Sur— declararon una renta media bruta de 56.285 euros en el ejercicio de 2024. Los de Torreblanca no llegaron a los 12.000. La estadística por código postal que elabora la Agencia Tributaria con los declarantes del IRPF convierte a la capital andaluza en un mosaico de realidades que apenas se tocan entre sí, y deja la foto más precisa que existe hoy de la desigualdad dentro de una misma ciudad.

La foto se afina cuando se mira la renta media disponible, el dinero que queda tras impuestos y cotizaciones. Ahí el 41004 vuelve a liderar con 42.701 euros, 32.000 por encima de Torreblanca, que se queda en 10.650. Son 16.414 euros menos que la media de la capital.

El podio de la opulencia lo completan el 41011, que abarca Los Remedios-Triana (53.234 euros brutos y 40.649 disponibles); el 41001, en pleno Casco Antiguo (52.941 y 40.468); y el 41018, Nervión-Sur, el único que pasa de los 50.000 euros brutos con 51.813, aunque también el primero que cae por debajo de los 40.000 en renta disponible, hasta los 39.325.

El escalón siguiente llega con una caída de más de 7.000 euros. El código postal que agrupa Bellavista y La Palmera se queda en 44.038 euros brutos y 34.037 disponibles.

Un mismo término municipal separa a los vecinos de Torreblanca de los del Casco Antiguo por 32.051 euros de renta disponible al año.

En la base de la tabla, junto a Torreblanca, aparecen dos códigos postales del este y el sur de Sevilla: el 41006, con 21.888 euros brutos y 18.649 disponibles, y el 41016, con 22.764 y 19.288. El barrio más castigado se destaca de sus perseguidores en más de 10.000 euros y es el único de toda la ciudad que ocupa en solitario un código postal.

Los barrios más ricos y los más pobres de Sevilla, código postal a código postal

desigualdad Sevilla

La clasificación dibuja dos velocidades dentro de la misma ciudad: cuatro códigos postales del centro y el sur por encima de los 50.000 euros brutos anuales y una franja este —Torreblanca, Cerro-Amate, Amate— que ronda los 20.000. La distancia se nota en el comercio de proximidad, en el estado de las viviendas, en la inversión privada que llega o que no llega y en el tipo de empleo que se genera a un lado y otro de la ronda de circunvalación.

La renta bruta mide lo que entra; la disponible, lo que sobrevive a impuestos y cotizaciones. Esa segunda cifra es la que ordena de verdad la vida de un barrio: marca cuánto margen queda para el comercio, qué se puede pagar por un alquiler y qué demanda llega a los servicios públicos. Y deja a Torreblanca a más de 30.000 euros por debajo del 41004 pese a compartir ayuntamiento, líneas de autobús y código de área telefónico.

La estadística de la Agencia Tributaria, que se publica para los grandes municipios, es la herramienta que usan los técnicos para no decidir a ciegas. También explica por qué un mismo código postal puede mezclar realidades muy distintas: dentro del 41006 conviven el Casco Antiguo y Amate, y esa mezcla diluye la foto real de cada zona.

La Lectura Andaluza

La estadística por código postal es la lupa más fina que la Agencia Tributaria pone al alcance de cualquiera, y en una capital de casi 700.000 habitantes como Sevilla sirve para algo muy concreto: decidir dónde se interviene. Los datos del ejercicio 2024 vuelven a señalar a Torreblanca como el punto más débil de la ciudad, con 10.650 euros de renta disponible frente a los 42.701 del 41004, mientras la media del municipio queda 16.414 euros por encima del barrio más castigado. Las series del INE y del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía permiten medir después esa misma distancia a escala municipal y provincial.

La lectura es práctica. La renta declarada por barrio es el argumento objetivo con el que la Junta de Andalucía y los ayuntamientos diseñan sus planes de intervención en zonas desfavorecidas, y también con el que se reparten fondos de cohesión, programas de empleo y actuaciones de rehabilitación. No es un ejercicio académico: de este mapa salen decisiones sobre dónde se refuerza un centro de salud, dónde se abre una oficina de empleo o qué barrios entran en las convocatorias de ayudas al alquiler. Entre Los Remedios-Triana y Torreblanca no hay ninguna frontera administrativa, pero la distancia en la declaración media supera los 30.000 euros por persona y año.

Lo que viene tiene fecha. Los datos del ejercicio 2025 no se conocerán previsiblemente hasta bien entrado 2027, y todo apunta a que la foto se moverá poco: Torreblanca lleva años encabezando la lista de los barrios con menos renta de Sevilla. Hasta entonces, técnicos municipales, autonómicos y estatales seguirán trabajando con el mapa de 2024, el documento que traduce una ciudad a cifras y recuerda que la distancia entre dos calles puede ser mayor que la que separa a dos provincias. Que ese espejo sirva para acortarla es, quizá, lo único que de verdad importa.

AEMET prevé hasta 34 grados en Sevilla en pleno octubre: calor anómalo en varias provincias andaluzas

Enrique Ramos
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AEMET prevé hasta 34 grados en Sevilla en pleno octubre: calor anómalo en varias provincias andaluzas

La AEMET prevé hasta 34 grados en Sevilla esta semana en pleno octubre. El calor anómalo llegará con cielos despejados y una probabilidad de lluvia que no pasará del 20% en los días de mayor inestabilidad.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Agencia Estatal de Meteorología anticipa un episodio de calor anómalo en Sevilla, con máximas de hasta 34 grados el miércoles 14 y el viernes 16 de octubre.
  • ¿Dónde y quién? El ascenso térmico se extiende por buena parte de Andalucía, con más de 32 grados en el valle del Guadalquivir el martes 13, según el portavoz de la AEMET, Rubén Del Campo.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Terrazas y playas a pleno rendimiento en pleno otoño, pero también noches que apenas bajarán de los 18 grados y más riesgo para mayores, niños y quienes trabajan al aire libre.

Sevilla encadena seis días por encima de los 30 grados

Sevilla arranca la semana con nubes altas durante la mañana y una horquilla que irá de los 15 a los 31 grados este domingo. A partir de ahí, el termómetro solo sabe subir. El lunes 12, festivo nacional por el Día de la Hispanidad, la capital alcanzará los 33 grados con una mínima de 16 y sin una gota de agua en el horizonte. Una situación casi idéntica se repetirá el martes 13, con los mismos 33 grados y cielos poco nubosos.

El pico de la semana se situa el miércoles 14, con 34 grados de máxima, 18 de mínima y apenas un 5% de probabilidad de precipitación. El jueves habrá un ligero respiro —32 grados— antes de que el viernes 16 los termómetros vuelvan a marcar 34, ya con más nubosidad y un 20% de probabilidad de lluvia. Para entonces, Sevilla habrá encadenado seis jornadas consecutivas por encima de los 30 grados, algo poco habitual a estas alturas del calendario.

Del chiringuito de la costa al olivar de Jaén: un octubre que no se comporta como octubre

AEMET Sevilla

Con Córdoba en 28 grados y buena parte del litoral mediterráneo por encima de los 25, los chiringuitos, hoteles y alquileres vacacionales de Málaga estiran su actividad más allá del calendario habitual de la temporada alta. Es la estampa clásica del puente de octubre en Andalucía: terrazas a tope, playas con bandera verde y un sector turístico que gana unas semanas de facturación antes del invierno.

En el otro extremo de la balanza están quienes trabajan al aire libre. La construcción, el campo y el reparto por carretera afrontan jornadas por encima de los 30 grados en pleno octubre, con el añadido de noches que en Sevilla no bajarán de los 18 grados. El operativo del Plan INFOCA, el dispositivo de la Junta de Andalucía contra los incendios forestales, mantiene su despliegue en una época en la que el monte sigue seco y las temperaturas juegan en contra. Ante cualquier emergencia, el 112 Andalucía continúa siendo el teléfono único de referencia.

Andalucía produce el 40% del aceite de oliva del mundo, y un octubre a 34 grados en Sevilla es la letra pequeña de la próxima cosecha.

El olivar de Jaén y Córdoba mira al cielo con la calculadora en la mano. La maduración del fruto, el rendimiento graso y la fecha de arranque de la recolección dependen de cómo se comporten las próximas semanas, y un otoño caluroso altera ese reloj biológico. A eso se suma un turismo que estira la temporada y un consumo energético que en octubre vuelve a tirar del aire acondicionado en oficinas, comercios y viviendas.

La AEMET no espera un cambio de tendencia a corto plazo. Tras el puente, las temperaturas seguirán subiendo en la mitad sur y el ambiente cálido alcanzará también al norte peninsular, con valores entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual para estas fechas. En Andalucía, el próximo hito será comprobar si el calor aguanta hasta final de mes o si el primer frente otoñal rompe la racha.

La Lectura Andaluza

Andalucía es la comunidad con más horas de sol de Europa, y el veranillo del membrillo es una vieja conocida en esta tierra. Ha regado de temperaturas altas los puentes de la Hispanidad de las últimas décadas, y el sector turístico ha aprendido a estirar la temporada con él. Por eso los 34 grados en Sevilla no se leen igual aquí que en el resto de España: se traducen en reservas de última hora, en hostelería que mantiene el empleo unas semanas más y en municipios de la costa que alargan su verano particular.

La parte menos amable llega en el campo. El olivar de Jaén y Córdoba sostiene buena parte de la producción mundial de aceite de oliva y arranca en unas semanas la recolección, de modo que cada día de calor fuera de temporada añade incertidumbre sobre el rendimiento graso del fruto. A eso se suma la mirada puesta en el cielo: los embalses de la cuenca del Guadalquivir siguen esperando las lluvias de otoño.

El escenario que dibuja la AEMET es claro. Si acierta, la próxima semana seguirá el calor y el primer alivio no llegará antes de final de mes, con los servicios sanitarios andaluces manteniendo sus recomendaciones de hidratación y vigilancia de mayores y niños. En un otoño que se comporta como un agosto tardío, la lectura andaluza de este puente es sencilla: disfrutarlo, sí, pero sin dar por hecho que octubre trae el frío de antes.

El presunto parricidio de Cuatro Vientos: drogas, psiquiatría y el crimen de sus padres

Pablo Navarro
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El presunto parricidio de Cuatro Vientos: drogas, psiquiatría y el crimen de sus padres

Un hombre con historial de drogas y problemas psiquiátricos está siendo investigado por la muerte de sus padres en Cuatro Vientos, en Madrid. El caso, sin confirmación oficial, se refiere al homicidio de la pareja que residía en la colonia militar de este barrio del suroeste de la capital. Se trata de un presunto parricidio (el homicidio de un familiar directo, en este caso los progenitores).

Cómo creció el presunto autor en la colonia de Cuatro Vientos

El investigado, al que se identifica con las iniciales C. G., creció en ese mismo entorno. De niño no despertaba ninguna sospecha, según quienes le trataron entonces: era un chaval algo despistado, sin estridencias. Sus padres, según el relato del entorno, le procuraron la misma educación que a sus tres hermanas mayores.

Cuatro Vientos es un núcleo residencial nacido al calor de la actividad aeronáutica. La colonia militar agrupa viviendas de familias vinculadas a la base del mismo nombre y mantiene un carácter estable, con poca rotación de vecinos. Ya de adulto, el investigado regresaba al barrio por temporadas, sin rutina fija.

La pareja fallecida tuvo cuatro hijos. El investigado era el menor; por delante, tres hermanas. La familia residía en la colonia militar, donde los padres criaron a todos sus hijos.

El entorno describe años de consumo de drogas y problemas psiquiátricos previos a la muerte de la pareja en la colonia militar.

El consumo de drogas en la adolescencia y los antecedentes psiquiátricos

El primer cambio se detectó en la adolescencia. El consumo de porros pasó a ser su hábito principal, según el relato de quienes entonces se juntaban con él en los parques aledaños. ‘Fumaba mucho, aunque en esa época nunca vimos nada raro’, recuerda uno de ellos.

Con los años, ese consumo se amplió a otras sustancias. Al cuadro se sumaron los problemas psiquiátricos, que, según las mismas fuentes del entorno, marcaron su vida adulta. Ninguno de esos extremos ha sido validado por un informe oficial, ni hay confirmación sobre el momento, en que comenzaron.

En qué fase está la investigación y qué falta por confirmar

El caso sigue en fase de instrucción (la parte del proceso penal en la que el juez reúne pruebas sobre lo ocurrido). En esta etapa, el juzgado toma declaración a testigos y encarga informes forenses antes de decidir si abre el juicio oral (la fase en la que se celebra el juicio con las partes).

No consta una resolución que dé por probados los hechos ni, por supuesto, una condena. Mientras no exista sentencia firme, el hombre señalado mantiene la condición de presunto autor (la persona a la que se atribuyen los hechos sin que exista todavía una condena).

El Código Penal español no recoge el término parricidio como delito autónomo. La muerte de los progenitores se juzga como homicidio o asesinato con la agravante de parentesco, según el texto consolidado del Código Penal. La calificación final dependerá de lo que acredite la instrucción.

Los próximos pasos dependerán de las diligencias que acuerde el juzgado competente, entre ellas los informes forenses y la toma de declaración a posibles testigos. Por ahora, la investigación sigue abierta y ningún extremo se da por cerrado.

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