La Unión de Campesinos de Segovia (UCCL) ha lanzado un aviso urgente: la producción de cereal en la provincia caerá un 45% esta campaña, una cifra que pone en peligro la viabilidad de multitud de explotaciones y amenaza con disparar el abandono de tierras. La organización reclama a las administraciones un paquete inmediato de medidas de apoyo al sector.
Las cifras de una cosecha que se desploma
Según las estimaciones de la Unión de Campesinos de Segovia, la cosecha de cereales de la presente campaña se saldará con una merma cercana al 45% respecto a un año normal. La organización no ha precisado las causas concretas de este descenso, pero la sequía y los elevados costes de producción han lastrado al sector en los últimos ejercicios.
Los registros del sector agrícola sitúan la superficie de cereal en la provincia por encima de las 200.000 hectáreas, lo que convierte a Segovia en uno de los graneros de Castilla y León. Una caída de producción de esta magnitud supone, por tanto, un golpe muy duro para la economía rural. El sector cerealista segoviano arrastra desde hace años una crisis de rentabilidad, lastrado por los bajos precios en origen y el encarecimiento de insumos como los fertilizantes y el gasóleo, y una merma del 45% agrava esa situación hasta niveles insostenibles.
El fantasma del abandono del campo segoviano
El descenso de producción no es solo un dato coyuntural. UCCL advierte de que, si no se adoptan medidas correctoras, muchas explotaciones dejarán de ser rentables y sus titulares optarán por abandonar el cultivo. El cereal de secano, con márgenes ya de por sí muy ajustados, no puede absorber una pérdida de ingresos de esta magnitud, señalan fuentes de la organización. El abandono de tierras de cereal, además, tiene un efecto en cadena: menos siembra, menos empleo en las labores auxiliares y, en último término, más presión sobre los servicios de los pueblos, que pierden población activa.
Las demandas de los agricultores
Ante este escenario, la Unión de Campesinos de Segovia reclama a las administraciones —desde la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León hasta el Gobierno central— que pongan en marcha ayudas directas urgentes. Aunque la organización no ha detallado un catálogo cerrado de peticiones, fuentes del sector apuntan a la necesidad de subvenciones por superficie, exenciones fiscales y flexibilización de los requisitos de la PAC para aliviar la carga de los productores. La organización recuerda que en crisis anteriores la Junta habilitó líneas de ayuda por sequía y exige una respuesta similar.
La pérdida de ingresos por la caída de la cosecha puede ser el golpe definitivo para centenares de agricultores que ya operan al límite de la rentabilidad.
El impacto territorial: cuando el cereal deja de ser rentable
El cereal ha sido históricamente el motor económico de amplias zonas de la provincia de Segovia, especialmente en comarcas como la Tierra de Pinares o la Campiña. La pérdida de actividad agraria acelera el fenómeno de la despoblación, que en las últimas décadas ha vaciado decenas de pueblos segovianos. El abandono de tierras no solo reduce la renta de los agricultores, sino que también deteriora el paisaje, aumenta el riesgo de incendios y debilita los servicios en los pueblos.
🚜 Ficha de la demanda
Organización convocante: Unión de Campesinos de Segovia (UCCL).
Reivindicaciones principales: Ayudas directas urgentes para compensar la pérdida de ingresos y evitar el abandono masivo de tierras de cereal.
Respuesta de la administración: Pendiente de pronunciamiento oficial.
Próximos pasos: UCCL prevé solicitar reuniones con las administraciones implicadas en las próximas semanas.
Claves del Mundo Rural
📌 Lo que debes saber: La producción de cereal en Segovia caerá un 45% esta campaña, según UCCL.
👥 A quién afecta: A los agricultores de cereal de la provincia, especialmente del secano.
⏭️ Qué consecuencias puede traer: Abandono de cultivos, pérdida de renta agraria y aceleración de la despoblación rural.
¿Qué ha pasado? El Gobierno, con Sánchez al frente, despliega una agenda institucional este lunes que abarca la emergencia por un incendio en Almería y reuniones de alto nivel en París sobre defensa antimisiles y apoyo a Ucrania.
¿Quién está detrás? Pedro Sánchez (presidente y secretario general del PSOE) y un amplio elenco de ministros socialistas en Bruselas y España.
¿Qué impacto tiene? Refuerza la imagen de un Ejecutivo volcado en la seguridad ciudadana, la arquitectura de defensa europea y las políticas sociales, en un arranque de semana sin pausa.
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, arranca este lunes la semana institucional con una agenda de doble frente: la gestión de la emergencia en Almería y la diplomacia internacional en París. La jornada, marcada también por una intensa actividad ministerial tanto en España como en Bruselas, sitúa la acción del Ejecutivo socialista en las prioridades de defensa europea, respuesta ante catástrofes y avance en políticas sociales e industriales.
Sánchez, entre la emergencia en Almería y la diplomacia en París
A las once de la mañana, el presidente se desplazará hasta el Puesto de Mando Avanzado de Turre, en Almería, donde mantendrá un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias que trabajan en la zona afectada por el incendio declarado en Los Gallardos. Tras la visita, realizará una declaración institucional para informar sobre la evolución del siniestro y las medidas adoptadas por el Gobierno.
Inmediatamente después, Sánchez pondrá rumbo a París para una intensa tarde diplomática. A las 15.50 horas participará en la reunión de la Integrated Anti-Balistic Missile Coalition; posteriormente, a las 17.00, se incorporará a la Coalición de Voluntarios para Ucrania en el Palacio del Elíseo, con foto de familia previa. La agenda internacional culminará con la cena de jefes de Estado y de Gobierno que ofrece el presidente francés, Emmanuel Macron.
Los ministros socialistas despliegan la acción de gobierno en Bruselas y España
En el frente exterior, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, participa en el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE y, más tarde, en la reunión de la Plataforma de Donantes de Palestina, ambas en Bruselas. Por su parte, el titular de Agricultura, Luis Planas, asiste al Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE.
La economía no se queda atrás: el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, preside el acto ‘Sandbox financiero’, mientras que el ministro de Industria, Jordi Hereu, se reúne con el CEO de Renault en Barcelona y, por la tarde, recibe al ministro de Industria de India. Mientras, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presenta las nuevas capacidades del GOIT y la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la Brigada ‘Extremadura XI’.
La maquinaria del Gobierno socialista no se detiene en lunes: mientras el presidente viaja de la emergencia a la cumbre, los ministros sostienen los frentes económico, social y europeo.
Con foco en economía, exteriores industria e inclusión social, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, preside el Consejo Nacional de Discapacidad; la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reúne con mujeres afganas; y la de Juventud e Infancia, Sira Rego, recibe a niños saharauis. Además, el titular de Presidencia, Félix Bolaños, debate por la tarde sobre desinformación, y la portavoz, Elma Saiz, inaugura un curso sobre políticas migratorias en El Escorial.
El Eje del Poder Socialista
Esta agenda concentrada en pocas horas refleja la doble vocación del Ejecutivo de Sánchez: cercanía en la gestión de crisis internas y proyección europea en defensa. La visita a Almería, en la línea de otras respuestas a catástrofes como el volcán de La Palma o los incendios de 2021, subraya la idea de un Gobierno que no abandona a los territorios afectados. En París, la participación en la coalición antimisiles y el respaldo a Ucrania —que el PSOE ha defendido desde el primer momento— sitúa a España como actor fiable en la arquitectura de seguridad del continente.
Internamente, la presencia del president de la Generalitat, Salvador Illa, en los desayunos informativos de RTVE y EFE —a los que asiste el ministro Torres— evidencia la sintonía entre Ferraz y el PSC en un momento en que la agenda territorial reclama unidad. No obstante, el pulso con la oposición sigue presente: mientras el PP critica la dispersión de esfuerzos, los socialistas contraponen la imagen de un Ejecutivo que multiplica su acción en todos los frentes. La capacidad de coordinar tantos actos sin deslices mediáticos será un test para la maquinaria gubernamental.
El lunes deja la sensación de un Gobierno que no entiende de pausas estivales. Como precedente, la gestión simultánea de emergencias y cumbres europeas durante la pandemia o la crisis energética de 2022 avala que el presidente apuesta por la omnicanalidad institucional. El riesgo, si acaso, es el desgaste de una agenda que exige al equipo ministerial un ritmo casi maratoniano, pero el argumentario de Moncloa es claro: la acción constante demuestra que las prioridades sociales y de seguridad no esperan.
🌹 El Apunte de Ferraz
Mensaje fuerza: Gobierno que actúa: emergencia, defensa europea y políticas sociales avanzan en un solo día.
Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
Próximo hito: La reanudación del Pleno del Congreso con sesiones de control al Gobierno previstas para esta misma semana.
¿Qué ha pasado? Génova abandona el discurso moderado para entrar en debates identitarios: inmigración, seguridad y, esta semana, absentismo laboral.
¿Quién está detrás? Alberto Núñez Feijóo, respaldado por el Comité de Dirección, impulsa una estrategia para disputar el espacio a Vox.
¿Qué impacto tiene? El PP reconfigura su perfil ideológico, asumiendo que el centro ya no decide y que movilizar al votante de derecha es clave.
La moderación que definió el proyecto de Alberto Núñez Feijóo desde la Xunta hasta su llegada a la presidencia nacional del PP está pasando a un segundo plano. La dirección popular ha activado un giro estratégico cuyo principio es tan simple como contundente: no hay que pedir perdón por ser de derechas. Tras meses de ensayos con la inmigración y la seguridad, esta semana el foco se ha colocado sobre el absentismo laboral, en lo que fuentes del Comité de Dirección describen como un movimiento político más amplio destinado a ocupar debates que, hasta ahora, Vox monopolizaba.
En Génova 13 ya nadie disimula. Los asesores demoscópicos de cabecera insisten en que el centro político ha dejado de decidir elecciones. Desde 2015, los comicios generales se resuelven dentro de bloques: el PSOE se mantiene gracias a la suma con sus socios de investidura, y el PP necesita una lógica similar. La mesa de estrategia de Feijóo asume como premisa que el trasvase de votos con Vox es determinante y que hoy apenas hay margen para arañar electores del PSOE. De ahí que la apuesta sea ofrecer respuestas «creíbles» en inmigración, seguridad, vivienda y productividad, incluso si los pactos autonómicos con los de Abascal dinamitan en parte el voto útil.
Por qué Génova abandona la moderación
El cambio no es una ocurrencia de julio. Comenzó meses atrás con un endurecimiento del discurso sobre el control de fronteras y la inmigración irregular, y en paralelo se multiplicaron los mensajes sobre ocupación ilegal y multirreincidencia. La polémica del absentismo laboral es, según las fuentes consultadas, la última pieza de una secuencia que pretende arrastrar el debate público hacia asuntos donde una oferta ideológicamente definida rinde más que un mensaje exclusivamente centrista.
«Feijóo ha decidido entrar en debates que durante mucho tiempo el PP evitó por temor a parecer partidario de recortar derechos o demasiado próximo a Santiago Abascal», relata un miembro del Comité de Dirección. «Ahora ocurre lo contrario. Estos asuntos preocupan a una parte creciente de la sociedad y renunciar a ellos supone regalar espacio a Vox». La ecuación que maneja el presidente popular es nítida: los debates culturales —inmigración, modelo educativo, seguridad, sostenibilidad del Estado del bienestar— pesan cada vez más en la decisión de voto, y dejar que Vox tenga el monopolio de esas banderas sería un error estratégico.
Los temas que marcan la nueva agenda: absentismo, inmigración, seguridad
La controversia sobre las bajas laborales refleja el nuevo talante del PP. Feijóo ha puesto sobre la mesa el coste del absentismo y el posible fraude en el sistema de incapacidad temporal, y aunque la izquierda le ha acusado de criminalizar a los trabajadores enfermos, en Génova se muestran convencidos de que renunciar a ese debate por miedo a la réplica socialista equivale a aceptar que determinadas cuestiones queden fuera de la discusión pública.
En la misma línea, la seguridad ciudadana ha dejado de ser un tema periférico para convertirse en eje de la oposición popular. El PP reclama más medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, endurece su posición sobre la multirreincidencia y vincula la inmigración irregular con la necesidad de «orden y control». Todo ello, sin complejos ideológicos.
El PP ha comprendido que en la política de bloques solo suma quien ocupa su espacio natural sin pedir disculpas.
El aterrizaje territorial de esta estrategia no es homogéneo, pero sí relevante. Comunidades como Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana —todas gobernadas por el PP— ya aplican medidas que van en la dirección marcada por Génova: bajadas de impuestos que incentiven la productividad, refuerzo de las policías locales o políticas activas de vivienda. El discurso nacional proporciona ahora un paraguas argumental que los barones pueden utilizar sin desgaste.
El Eje del Poder Popular
La nueva orientación del PP abre, sin embargo, incógnitas internas. El pulso entre Génova y los territorios se manifiesta en matices: mientras todos saludan la firmeza en inmigración o seguridad, algunos sectores moderados temen que la estrategia acabe reforzando a Vox en lugar de absorberlo. La experiencia europea avala ambas posibilidades: en unos países los conservadores recuperaron votantes; en otros, la normalización de esos discursos consolidó a la derecha radical.
Las once comunidades autónomas gobernadas por el PP, que suman alrededor del 60% del PIB nacional, son el laboratorio de esta doctrina. Madrid, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, fue pionera en un estilo desacomplejado que ahora Génova emula. En Andalucía, Juanma Moreno ha combinado moderación con un creciente énfasis en la gestión del agua y la fiscalidad. Y en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón ha tensado el discurso en seguridad, muy condicionado por la presión de Vox. El reto para Feijóo es conjugar esos liderazgos sin que se perciban tensiones que nublen la alternativa de Gobierno.
A medio plazo, la decisión de Génova de instalarse en el terreno de las «derechas sin complejos» es, en realidad, una apuesta por la movilización del electorado propio. El dilema es si esa movilización se traduce en crecimiento neto o simplemente en una redistribución de votos dentro del bloque. De momento, la sala de máquinas popular opera con el convencimiento de que el centro ha muerto como factor decisivo y que quien renuncia a la batalla cultural se autodescartaba. La próxima cita relevante será la cumbre de presidentes autonómicos del PP, aún sin fecha, donde Feijóo pondrá a prueba la cohesión de sus barones en torno a este nuevo perfil.
🏛️ El Apunte de Génova
Mensaje fuerza: El PP se reivindica como partido de derechas sin complejos, dispuesto a disputar a Vox los temas que preocupan a la sociedad.
Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP).
Próximo hito: Cumbre de presidentes autonómicos populares, donde se medirá el apoyo de los barones a la nueva estrategia.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz interrogará esta semana a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en calidad de investigada, y a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, como testigo, dentro del procedimiento en curso por el caso Leire Díez. Las citaciones están fijadas para el jueves 16 de julio y el miércoles 15 de julio, respectivamente, según el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.
¿Qué se le imputa a Mercedes González?
La decisión de Pedraz de llamar a declarar a la máxima responsable del Instituto Armado como investigada se basa en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) que recogen hasta tres reuniones presenciales entre González y la exmilitante socialista Leire Díez, celebradas los días 30 de septiembre de 2024, 20 de diciembre de 2024 y 2 de abril de 2025.
Los agentes de la Benemérita sostienen que, en esos encuentros, Díez habría intentado que la directora general de la Guardia Civil facilitase ‘investigaciones internas’ contra la propia UCO, con el objetivo de desbaratar pesquisas judiciales que afectaban al Gobierno y al PSOE. Sin embargo, González negó en el Senado que hubiera interferido ‘nunca, jamás’ en trabajo alguno de la unidad ni participado en trama alguna para anular causas judiciales.
Los informes de la UCO apuntan a tres reuniones clave, pero la directora de la Guardia Civil sostiene que nunca intercedió en sus investigaciones.
El papel de Cristina Narbona: los mensajes con Leire Díez
La presidenta del PSOE comparecerá el miércoles 15 después de que su testifical, inicialmente prevista para el viernes 10 de julio, se aplazara por motivos personales. La UCO ha incorporado al sumario un mensaje de WhatsApp del 24 de abril de 2024 en el que Díez y Narbona conversaban sobre «reconducir» los ataques al presidente, prestar «ayuda cualificada» y dar la vuelta al asunto «como un calcetín», según recoge el auto del magistrado.
En ese mismo intercambio, Narbona habría mencionado que las gestiones ya las había comentado al ex número tres del PSOE, Santos Cerdán, lo que sitúa a la presunta trama en una red de contactos que conectaba a la exmilitante con altos cargos socialistas y de la Guardia Civil.
El resto de la agenda judicial de la semana
Además de González y Narbona, el juez Pedraz escuchará a otros testigos e investigados. El lunes 13 de julio declararán José Aníbal Álvarez, primer abogado del exministro José Luis Ábalos, y Daniel Mateo, identificado por la Guardia Civil como colaborador de la Jefatura de Información del cuerpo. El miércoles, antes de la comparecencia de Narbona, lo harán Diego Villafañe y Beatriz López, ex altos cargos de la Fiscalía General del Estado en la etapa de Álvaro García Ortiz, quienes se reunieron en dos ocasiones con el abogado Jacobo Teijelo y con Leire Díez.
El jueves, tras Mercedes González, declarará el director adjunto operativo, Manuel Llamas. Y el mismo día, la abogada del exasesor Koldo García, Leticia de la Hoz, lo hará en condición de investigada después de que la empresaria Carmen Pano relatara a la UCO que la letrada le ofreció dinero a cambio de información sobre entregas de dinero en la sede del PSOE.
¿Qué pasará con Álvaro García Ortiz?
El magistrado ha dejado abierta la puerta a imputar al ex fiscal general del Estado. La decisión, indica el auto, se tomará cuando «se conozca el resultado de las anteriores testificales», lo mismo que ocurre con el jefe de seguridad de la Fiscalía General y la fiscal de la Secretaría Técnica que tramitó escritos presentados por Koldo García.
⚖️ Datos del caso
Órgano judicial: Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional (titular, Santiago Pedraz).
Fase procesal: Instrucción (investigación judicial).
Implicados: Mercedes González (investigada), Cristina Narbona (testigo), Manuel Llamas (investigado), Leticia de la Hoz (investigada), ex altos cargos de la Fiscalía (testigos), entre otros.
Delitos investigados: Presuntos delitos de obstrucción a la justicia y revelación de secretos en el marco de una trama para desbaratar causas judiciales.
Próximos pasos: El juez decidirá sobre la imputación de Álvaro García Ortiz tras evaluar las declaraciones de esta semana.
Lo esencial
📌 ¿Qué ha ocurrido? El juez Pedraz interroga esta semana a la directora de la Guardia Civil como investigada y a la presidenta del PSOE como testigo en el caso Leire Díez.
👤 ¿Quiénes están implicados? Mercedes González (investigada), Cristina Narbona (testigo), varios ex altos cargos de la Fiscalía y la abogada Leticia de la Hoz (investigada).
⏭️ ¿Qué pasa ahora? Las declaraciones se celebran entre el 13 y el 16 de julio; después el juez resolverá sobre la posible imputación de Álvaro García Ortiz.
Cada verano se repite la misma escena en millones de hogares: se llega a casa con el salón convertido en un horno y la primera reacción es correr a encender el aire acondicionado. Pero hay un gesto gratuito, sin obras ni instalaciones, que puede bajar la temperatura interior hasta 5 grados respecto al exterior.
El secreto no está en ningún aparato, sino en saber cuándo y cómo mover el aire dentro de la vivienda. Los expertos consultados por distintos medios españoles coinciden en que el error más común es abrir las ventanas justo quiere refrescarse, es decir, en pleno día, cuando el aire de fuera está más caliente que el de dentro.
Por qué tu casa se calienta aunque cierres las persianas
Durante las horas centrales del día, entre junio y septiembre, el aire exterior suele estar más caliente que el interior de la vivienda en la mayor parte de España. Abrir ventanas en ese momento no refresca, sino todo lo contrario: deja entrar calor que luego cuesta horas expulsar.
El verdadero punto de inflexión llega cuando el termómetro exterior baja por debajo del interior, algo que en la mayoría del territorio ocurre entrada la noche. Es entonces cuando conviene abrir ventanas en lados opuestos de la casa para generar una corriente que renueve el aire de verdad, no solo un soplo simbólico en una única estancia.
La física detrás del sistema que usan los arquitectos
Este método tiene nombre técnico y respaldo científico: se llama ventilación cruzada, un concepto de la arquitectura bioclimática que consiste en abrir huecos enfrentados para que el aire barra de forma homogénea todas las estancias de la casa. No es un truco moderno: se basa en las diferencias de presión entre las zonas de sotavento y barlovento de un edificio.
Cuando el aire entra por un lado y sale por el opuesto, arrastra consigo el calor acumulado en paredes, muebles y techos durante el día. La clave está en la posición de las aberturas, no solo en tenerlas abiertas: cuantas más alineadas estén con la dirección predominante del viento, más eficaz será el barrido.
El sellado, el paso que casi todo el mundo se salta
De poco sirve ventilar de madrugada si luego la vivienda no retiene ese frescor. Por eso los especialistas insisten en un segundo paso, tan sencillo como olvidado: sellar bien las rendijas de ventanas y puertas para que el calor exterior no vuelva a colarse en cuanto sale el sol.
Un burlete de espuma de alta densidad en los marcos, o una cinta adhesiva resistente al calor en los puntos más débiles, puede marcar una diferencia real. No hace falta contratar a nadie: es una tarea de una tarde, con herramientas que se encuentran en cualquier ferretería de barrio.
La rutina diaria que multiplica el efecto
Combinar la ventilación cruzada con otros gestos cotidianos es lo que convierte un alivio puntual en un cambio sostenido. El orden de los pasos importa tanto como cada gesto por separado, y seguirlo con constancia durante toda la ola de calor es lo que marca la diferencia frente a hacerlo solo un día suelto.
Los expertos recomiendan cerrar persianas durante las horas centrales del día para frenar la radiación directa, y reservar los electrodomésticos que generan calor —horno, secadora, vitrocerámica— para las horas más frescas. Cada fuente de calor que se elimina dentro de casa es un grado menos que después hay que combatir.
Ventilar en cruce entre las 6 y las 8 de la mañana, o a partir de las 21-22 horas
Cerrar persianas y cortinas gruesas durante las horas de más sol
Sellar marcos de ventanas con burlete o cinta térmica
Evitar el uso de horno, secadora o vitro en las horas de más calor
Lo que viene: hogares que se adelantan al calor sin gastar más
La tendencia entre arquitectos y expertos en climatización apunta cada vez más hacia el diseño pasivo: casas pensadas para frenar el calor antes de que entre, en lugar de combatirlo una vez instalado dentro. No hace falta una reforma integral para notar la diferencia; pequeños ajustes en el sellado y en la rutina de ventilación ya suponen un salto de confort.
Con las olas de calor alargándose cada año un poco más en España, el mensaje de los especialistas es optimista: el confort térmico depende tanto del diseño como de los hábitos. Quien entiende cómo se mueve el aire dentro de su vivienda gana varios grados sin tocar el contador de la luz, y eso, en pleno verano, se nota tanto en el bolsillo como en el descanso.
Les traigo hoy la última recopilación semanal de malware de 2026, publicada por la firma Security Affairs —según ha podido revisar Moncloa.com—, que destapa tres amenazas técnicas de alto voltaje sin atribución oficial de Estado, pero con un nivel de sofisticación que me recuerda a lo mejor del catálogo APT. El boletín de julio reúne al troyano multiplataforma QuimaRAT, el ransomware GodDamn con la técnica BYOVD y la campaña de robo de información BusySnake, operada por el grupo Armored Likho.
Anatomía de las nuevas armas: QuimaRAT, GodDamn y el stealer BusySnake
QuimaRAT es un troyano de acceso remoto escrito en Java que funciona en Windows, macOS y Linux sin apenas modificaciones. Como me explicaba un analista del CCN-CERT hace semanas, la multiplataforma ya no es un lujo de laboratorio; es la nueva exigencia del adversario que sabe que las víctimas saltan de un sistema operativo a otro. Esta variante emplea una versión con interfaz gráfica y otra por consola, capaz de recolectar credenciales, ejecutar comandos y establecer comunicación con un servidor de control tras un sencillo dead drop digital.
El segundo protagonista es GodDamn, un ransomware que ha decidido dejar de llamar a la puerta y directamente desactiva las defensas con un controlador de Windows legítimamente firmado. La técnica BYOVD —Bring Your Own Vulnerable Driver, traiga usted su propio controlador vulnerable— no es nueva, pero sigue siendo letal. Una vez que el binario se carga con privilegios de kernel, apaga el antivirus y el firewall antes de cifrar los archivos y pedir el rescate. Es la última encarnación de una familia que ya ha cambiado de nombre varias veces este año, y cada rebrand le da momento de invisibilidad.
Por último, Armored Likho ha desplegado el stealer BusySnake de forma sigilosa, evitando detección durante semanas. Quienes han seguido a este actor saben que suele asociarse a operaciones rusas de largo aliento, pero en esta campaña no han dejado suficientes indicios para una atribución firme. El patrón es conocido: documentos de spear-phishing, infectan el endpoint, roban cookies y contraseñas, y se repliegan sin hacer ruido. La «pitón ocupada» de la que habla el nombre en clave refleja la paciencia con la que construyen la red de víctimas antes de explotarla.
Al margen de estas tres cabezas visibles, el boletín enumera otras quince piezas preocupantes, desde un malware-as-a-service móvil bautizado RedWing hasta un marco modular de mando y control iraní llamado Cavern Manticore. Todo huele a una escalada de low-key que los despachos de contrainteligencia siguen en modo silencioso.
Estas herramientas no necesitan atribución estatal para ser peligrosas; su nivel de sofisticación ya huele a APT.
Quien no presta atención puede pensar que son juguetes para delincuentes comunes. Pero llevo años escribiéndolo: el próximo 11S no se anunciará con un avión, sino con un clic, y empezará por el sistema de alguien que no se ha actualizado. El quinto elemento me sirvió para advertir de esto en 2015, y la realidad nos sigue dando la razón.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
En este análisis confidencial vamos a despiezar el vector de amenaza, las agencias que miran de reojo y el nivel de clasificación que le asigno a este material desde la óptica del oficio.
El vector de amenaza es puramente cibernético y se apoya en una combinación de malware polivalente, abuso de drivers firmados y campañas de phishing persistente. La BYOVD ha demostrado ser una llave maestra porque convierte en cómplice al propio sistema operativo. QuimaRAT, por su parte, elimina la barrera del sistema operativo —como hacía en 2010 la mítica Operación Olympic Games con Stuxnet, aunque con fines menos destructivos— y acerca al adversario a cualquier máquina de la víctima sin reescribir código.
En cuanto a las agencias implicadas, el grupo Armored Likho mantiene vínculos operativos con los servicios rusos, aunque hoy carecemos de atribución oficial. Si tuviera que identificar al servicio defensor que más tiene que perder, señalaría al CCN-CERT español y a los CERT nacionales de los países OTAN, porque este tipo de campañas apunta a infraestructuras críticas sin disparar alarmas. Los terceros que «miran» —Mossad, MI5, DGSE— ya han vivido BYOVD en otras operaciones y están, sin duda, alimentando sus propias bases de firmas.
El nivel de clasificación estimado de las herramientas analizadas es «Sin Clasificar pero Sensible». A juzgar por la naturaleza de los payloads y la infraestructura de C2, no hay derrame de material Top Secret, pero sí de conocimiento táctico que ningún servicio querría ver en manos privadas. Por eso el NCC español ha añadido las firmas de estas familias a su plataforma CARMEN en las últimas 48 horas, como me confirman fuentes de la Casa de Castelló.
El precedente histórico que más claro me parece es Stuxnet, porque inauguró la era del malware que habla el lenguaje de la máquina industrial, pero aquí estamos ante la polinización de ese modelo a nivel doméstico y corporativo. La técnica BYOVD es heredera directa de aquella filosofía: usar componentes de confianza para ejecutar lo indebido. Y si en 2010 necesitamos décadas para desclasificar, hoy estas armas circulan en boletines públicos apenas se detectan.
Le dejo una confesión: si usted es responsable de seguridad en una empresa mediana, QuimaRAT puede entrar por un correo de recursos humanos y, en menos de 48 horas, tener postrado su parque de portátiles. Y si piensa que esto es solo cuestión de «grandes bancos», permítame decirle que los ataques delictivos ya incorporan el oficio que antes era exclusivo de los servicios de inteligencia. El CCN-CERT ya monitoriza estas tres amenazas, pero el verdadero riesgo siempre está en la brecha de actualización del eslabón más débil. El próximo informe trimestral de incidentes del Centro Criptológico Nacional, que se espera para septiembre, probablemente dedicará un apartado entero a la explosión del BYOVD en redes españolas. Y ahí veremos si el ruido se convierte en alarma.
Lidl ha encendido de nuevo las alarmas del ahorro tecnológico. La cadena alemana ha puesto a la venta unos auriculares inalámbricos de la marca Anker Soundcore por apenas 19,99 euros, la mitad de su precio original de 39,99 euros.
No es una rebaja cualquiera. El propio Lidl reconoce que «debido a la alta demanda, nos quedan pocas unidades», una frase que en el mundo de las ofertas suele significar que hay que moverse rápido si quieres hacerte con ellos.
Lidl dispara las ventas con estos auriculares Anker
El fenómeno no es casualidad. Estos auriculares llegan con una valoración media de 4,3 estrellas sobre 5, una cifra notable para un producto de electrónica de menos de 20 euros. Los usuarios destacan especialmente la calidad del sonido y lo intuitiva que resulta la aplicación para personalizarlo.
La clave está en el equilibrio entre precio y prestaciones. Lidl ha sabido detectar que el comprador español ya no busca solo lo barato, sino lo barato que además cumple. Y estos Soundcore, de momento, están cumpliendo con creces según el testimonio de quienes ya los han probado.
Anker, la marca detrás del fenómeno tecnológico de Lidl
Lidl vuelve a apostar por la electrónica de bajo coste con un socio de peso: Anker, una compañía china fundada en 2011 por un antiguo ingeniero de Google que ha construido su reputación fabricando cargadores, poder banks y ahora auriculares fiables a precios ajustados. La firma mantiene filiales en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Japón, lo que explica su presencia constante en cadenas europeas como Lidl.
Su división de audio, Soundcore, es la responsable de estos auriculares que ahora conquistan España. No es la primera vez que Anker colabora con supermercados para colocar tecnología de nicho al alcance de cualquier bolsillo, y todo apunta a que no será la última.
Ficha técnica: por qué estos auriculares destacan en su rango de precio
El corazón de estos auriculares son sus drivers de 10 mm, diseñados para ofrecer graves potentes sin sacrificar claridad en las voces. A través de la app de Soundcore, el usuario puede elegir entre 22 ecualizadores preestablecidos para adaptar el sonido a cada género musical o preferencia personal.
La resistencia también entra en juego. Cuentan con certificación IPX5, lo que los protege frente a salpicaduras, lluvia fina y el sudor de un entrenamiento intenso. Un detalle que convierte a estos cascos en un compañero válido tanto para el metro como para el gimnasio.
Autonomía y funciones inteligentes que marcan la diferencia
Aquí está el verdadero gancho de la oferta. Los auriculares ofrecen 10 horas de reproducción continua, una cifra que se extiende hasta 30 horas combinadas gracias a la batería adicional del estuche de carga. Para quienes odian quedarse sin música a media jornada, esto es un salvavidas.
Además, incorporan carga rápida: apenas 10 minutos conectados a la corriente bastan para conseguir dos horas extra de escucha. La inteligencia artificial entra en juego en las llamadas, donde dos micrófonos trabajan junto a un algoritmo para filtrar el ruido ambiental y mantener la voz nítida.
Autonomía de hasta 30 horas combinando auriculares y estuche
Carga rápida: 10 minutos de corriente equivalen a 2 horas de uso
Micrófonos duales con IA para llamadas más claras
Función de localización para encontrar un auricular extraviado
Lo que viene: el futuro de la electrónica low cost en los supermercados
La tendencia es clara y no parece que vaya a frenar. Cada vez más cadenas de distribución, no solo Lidl, están apostando por acuerdos con marcas tecnológicas consolidadas para ofrecer productos que antes solo se encontraban en tiendas especializadas. La brecha entre calidad y precio se está estrechando a un ritmo que hace apenas cinco años parecía impensable.
El consejo de quien ya ha comprado varias veces en estas campañas es simple: si el producto te convence, no esperes. Las unidades limitadas y la alta rotación de estas ofertas hacen que la disponibilidad sea, en la mayoría de los casos, cuestión de días.
La Dirección General de la Policía prevé superar ampliamente los 1,73 millones de Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE) que se expidieron en 2025, un volumen que se dispara este año por el impacto de la regularización extraordinaria de migrantes. La previsión la ha detallado este jueves el jefe de Sección de Documentación de Extranjeros y Cita Previa, Juan Gabriel Zarza Martín, en el I Congreso de Extranjería del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid.
Según los datos que ha facilitado Zarza Martín, en 2025 se tramitaron tarjetas para ciudadanos de 163 nacionalidades, con Marruecos a la cabeza (más de 300.000 documentos), seguido de Colombia y Venezuela. Hasta mayo de 2026, la Policía ya ha expedido 721.968 TIE, una cifra que anticipa un cierre de año por encima del récord anterior.
El plan de choque para absorber la avalancha de trámites
Para hacer frente al incremento previsto, la Dirección General de la Policía ha activado un plan de choque que incluye la ampliación de puestos de trabajo, la reconversión de ventanillas del DNI a la expedición de TIE, la incorporación de funcionarios interinos y la apertura de oficinas por las tardes y los sábados, abonadas con horas extraordinarias. Asimismo, en la mayoría de las provincias funciona una prueba piloto que asigna cita previa de forma automática una vez que se concede la resolución de extranjería.
Zarza Martín ha reconocido que las 201 unidades de documentación de extranjeros se enfrentan a “problemáticas” adicionales, como las barreras idiomáticas con los usuarios, una normativa en constante evolución y los fallos de comunicación con el resto de organismos implicados. Ha subrayado que la Policía se sitúa en el “último eslabón” de la cadena administrativa y, por tanto, concentra la mayoría de las quejas ciudadanas.
La regularización en cifras: 1,2 millones de solicitudes y un plazo ya cerrado
Casi 1,2 millones de extranjeros han solicitado la regularización extraordinaria, cuyo plazo finalizó el pasado 30 de junio, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El elevado número de peticiones explica la previsión al alza de las TIE, ya que cada resolución favorable requiere la emisión de la tarjeta.
La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, que también ha intervenido en el congreso, ha destacado el “refuerzo personal y presupuestario” del Ministerio del Interior para atender este volumen. Sobre la prueba piloto de cita automática, ha lamentado que no funcionara en todas las comunidades: “Si hubiese funcionado en todas las autonomías habría supuesto un sueño para la gestión migratoria”. No obstante, ha asegurado que se sigue avanzando en esa línea.
La Administración dispone de tres meses para resolver cada solicitud, un plazo que puede suspenderse temporalmente si se requiere subsanar documentación. No operará el silencio administrativo negativo.
El mensaje de tranquilidad que ha lanzado Cancela a los solicitantes es claro: “Toda persona que haya presentado una solicitud va a tener una resolución comunicada, sea confirmatoria o sea denegatoria”. La secretaria de Estado ha recordado que la Administración tiene un plazo máximo de tres meses para resolver y que ese período puede interrumpirse si se necesita subsanar la documentación, pero el silencio administrativo nunca será negativo.
La respuesta a quienes hablan de “efecto llamada”
Frente a las voces que acusan al Ejecutivo de generar un efecto llamada, Cancela ha subrayado que el verdadero imán para los flujos migratorios es la situación económica del país. “El principal efecto llamada es la situación económica y social de crecimiento sostenido que tiene España. Los flujos se incrementan cuando España tiene los mejores datos de crecimiento”, ha afirmado. En su intervención, también ha alertado de los “discursos de racismo, odio, xenofobia y deshumanización de los migrantes”, que considera “tremendamente peligrosos” por estar incorporados al debate político.
Lo esencial
📌 ¿Qué ha ocurrido? La Dirección General de la Policía prevé superar este año los 1,73 millones de TIE expedidas en 2025 por el empuje de la regularización extraordinaria de migrantes.
👤 ¿Quiénes están implicados? La Policía Nacional, el Ministerio del Interior y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, además de los 1,2 millones de solicitantes de la regularización.
⏭️ ¿Qué pasa ahora? Se mantiene el plan de choque con oficinas abiertas por la tarde y los sábados, y la ampliación de plantilla; la Administración resolverá cada solicitud en un máximo de tres meses.
El secretario general de la Unión de Militares de Tropa (UMT) ha visitado el edificio del proyecto piloto en Madrid destinado a acoger a soldados de tropa en habitaciones y pisos compartidos en lo que se ha denominado «coliving» militar. La asociación ha valorado positivamente la iniciativa en una de las zonas más tensionadas de España, pero advierte de que el problema de fondo -la falta de medios en las residencias y alojamientos logísticos, competencia de los Ejércitos y la Armada- sigue sin resolverse, con militares durmiendo en los pasillos.
La Unión de Militares de Tropa (UMT) valora como «un primer paso» el proyecto piloto de solución habitacional de orientación coliving impulsado por el Ministerio de Defensa a través del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), cuyo edificio en la Comunidad de Madrid visitó el pasado viernes el secretario general de la asociación Luis Miguel Feito Iglesias.
La UMT reconoce el valor de una iniciativa dirigida a facilitar la movilidad geográfica del personal militar en una de las áreas con mayor presión inmobiliaria de España, si bien reclama que se complete con soluciones de vivienda para el personal con familia.
El modelo de coliving
El modelo, regulado por la Orden Ministerial 25/2026, de 15 de junio, y desarrollado para Madrid mediante la Resolución 3H0/08786/26 de la Dirección Gerencia del INVIED, combina el uso privativo de habitaciones individuales o dobles con zonas y servicios comunes -suministros, limpieza, conectividad digital, mantenimiento, cocinas, lavandería y zonas deportivas-, sin prestación de servicios de naturaleza hotelera. Concebido como proyecto piloto con una duración inicial de 24 meses, permite a los usuarios permanecer mientras se mantengan las circunstancias que dieron lugar al derecho, con estancias prorrogables hasta un máximo de cuatro años.
En cuanto a las condiciones económicas, la UMT considera que «los precios públicos -415 euros al mes por habitación individual y 345 euros por plaza en habitación doble compartida (IVA excluido)- resultan elevados para los niveles retributivos de buena parte de la tropa y marinería, si bien deben valorarse en el contexto de uno de los mercados más tensionados del país. La asociación destaca de forma positiva que la norma module estos importes en función de la categoría y que sea la tropa y marinería quien acceda a la mayor reducción, del 15 %, pero exige que esta reducción sea de al menos un 30%».
La asociación advierte, además, de que «estos importes son revisables al alza cada año y de que el personal que percibe la compensación por cambio de destino -esto es, quien está en pleno traslado y constituye el destinatario natural del modelo- abona un recargo del 50 %, lo que encarece de forma notable el alojamiento precisamente para quien más lo necesita.
El proyecto no aborda el origen del problema
Evidentemente, el INVIED no es responsable de las residencias logísticas ni de los alojamientos logísticos militares, que son competencia de los Ejércitos y de la Armada, unas instalaciones «cuya falta de medios ha alcanzado tal gravedad que hay compañeros durmiendo en los pasillos. Esta carencia se traduce en un volumen ingente de solicitudes de apoyo jurídico que la asociación atiende a diario y que ninguna iniciativa del INVIED, por sí sola, puede resolver», dice la asociación.
Con todo lo anterior y dado que el proyecto del INVIED tiene carácter individual, la UMT lo considera «el principio de una posible solución», siempre que se contemple la incorporación de otros edificios capaces de ofrecer una vivienda completa a los usuarios con familia. En el modelo actual, la estancia de cónyuges, parejas de hecho e hijos queda limitada a cinco días hábiles consecutivos y diez acumulados al mes, un margen insuficiente para las necesidades reales de las familias militares.
«Valoramos que Defensa dé pasos para aliviar una situación insostenible, especialmente en Madrid, pero un modelo de habitaciones individuales no puede ser el techo de nuestras aspiraciones. Mientras haya compañeros durmiendo en los pasillos por falta de alojamiento, la respuesta debe ser mucho más ambiciosa e incluir vivienda digna para las familias», ha señalado Luis Miguel Feito Iglesias, secretario general de la UMT.
La presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha encargado al bufete de abogados del ex juez Baltasar Garzón, que interponga una querella por injurias contra Víctor de Aldama, el empresario del Caso Koldo que colaboró con la Justicia española, aportando pruebas de gran valor para la Fiscalía Anticorrupción y que dijo haber recibido un sobre de la entonces vicepresidenta del gobierno venezolano con destino al PSOE español. El contenido de ese sobre se investiga actualmente en una pieza separada de presunta financiación irregular del partido socialista en la Audiencia Nacional. En realidad, la querella de Delcy Rodríguez tiene pocas oportunidades de prosperar en España, debido a los antecedentes establecidos por el Tribunal Supremo.
El motivo de la querella son las declaraciones del empresario en dos programas de televisión de las cadenas Telemadrid y Cuatro en febrero de este año. Pero la cuestión es que Aldama había declarado lo mismo ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y esto supone, de facto, que nadie puede querellarse contra Aldama por este motivo, pues esa denuncia necesitaría la aprobación del juez Moreno para seguir adelante.
De momento, Aldama está citado el 16 de julio a una demanda previa de conciliación en un juzgado madrileño. Paso indispensable antes de interponer una querella por injurias. Aldama valora junta a su abogado si acudir o no a la citación. Si no acude se interpretará como falta de interés en negociar un posible acuerdo, algo que es muy probable.
El conflicto no es pequeño. Si el juez autorizase el procedimiento de denuncia de Delcy Rodríguez, el mensaje a los colaboradores de la Justicia sería negativo: no declaren en los juzgados porque permitimos que las querellas contra ustedes salgan adelante. El mensaje también podría interpretarse en el sentido de que en la querella de Delcy existe algo de razón y entonces las declaraciones judiciales de Aldama carecerían de valor. Por el contrario, si Moreno niega que la querella continúe, algo que parece muy probable, Delcy Rodríguez podría alegar indefensión y acudir solicitando amparo ante el Tribunal Supremo español.
Sobre lo que sí parecen poner de acuerdo los juristas consultados por Moncloa.com es en lo que dice la Ley. El artículo 215 del Código Penal español deja claro que «nadie podrá deducir acción de calumnia o injuria vertidas en juicio sin previa licencia del juez o tribunal que de él conociere o hubiere conocido», es decir, en este caso el juez Ismael Moreno.
La querella de Delcy Rodríguez no es el primer intento
No sería la primera vez que alguien intenta denunciar a Aldama. Tanto el PSOE como el constructor Manuel Contreras, presidente de Azvi, lo han intentado por las declaraciones prestadas ante el instructor del Caso Koldo en el Tribunal Supremo, el magistrado Leopoldo Puente, como por las posteriores declaraciones del empresario durante las vistas orales del juicio del Caso Koldo. En ambas ocasiones el Supremo tumbó las querellas.
El PSOE quiso querellarse y así lo anunció el ministro de Justicia, Félix Bolaños, después de que el empresario implicase al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán y al ex presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, como beneficiarios de la corrupción, el primero por contratos de obras públicas y el segundo por la compra de mascarillas destinadas a Canarias.
El auto del Alto Tribunal señaló entonces que «cuando se trata de la atribución de hechos pretendidamente delictivos que se encuentran todavía en fase de instrucción, vinculados además a lo que constituye el núcleo de aquella, ni puede asegurarse la falsedad de la imputación, ni es procedente otorgar, en este momento, la preceptiva licencia para interponer querella».
Por tanto, siguiendo la doctrina ya marcada por el Supremo la querella de Delcy Rodríguez contra Aldama tiene muy pocas oportunidades de prosperar, al menos mientras el asunto del sobre de PDVSA para el PSOE siga en fase de instrucción por parte del juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional.
Cinco magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid deciden hoy sobre los recursos interpuestos por varias partes contra la decisión del juez Peinado de seguir la causa contra Begoña Gómez, su ayudante Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés por el procedimiento del tribunal del jurado. Los magistrados Enrique Jesús Berges, María del Rosario Esteban, Jesús Gómez-Angulo, Carlos Prat y José Sierra tiene ante si la difícil papeleta de avalar la instrucción del juez Peinado y continuar el procedimiento o devolverlo al instructor para un nuevo dictado.
De momento, en esta guerra de los recursos (una veintena presentados en los dos años de instrucción) va ganado Peinado, aunque no por goleada. La última pelea judicial llegó tras la retirada del pasaporte de Begoña Gómez y su posterior recurso para poder viajar a Turquía y a la graduación de su hija. El juez sustituto de Peinado, Antonio Viejo, adoptó una decisión salomónica y permitió a Begoña Gómez viajar a Gran Bretaña pero no a Turquía. Este lunes día 13 Gómez tendrá que devolver el pasaporte en el juzgado de instrucción 41 de Madrid, una decisión también recurrida.
En abril de este año 2026 el juez Peinado daba por concluida su investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, su ayudante Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. El delito de intrusismo profesional quedó sobreseído por lo que los delitos iniciales se redujeron de 5 a 4.
En ese auto, Peinado admitía la propuesta de la defensa de Gómez, consistente en tres informes periciales: uno sobre la inexistencia de perjuicio a la UCM (realizado por D. Jesús Rodríguez Márquez), otro sobre el régimen de Cátedras extraordinarias (realizado por D. Manuel López Hernández) y un tercero sobre el estatus de las asesoras de los cónyuges de los Presidentes del Gobierno (realizado por D. Julio González García).
Peinado dejó así la causa al pie del banquillo de una acusación popular si no prospera ninguno de los recursos de apelación que las defensas presentaron ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Las acusaciones contra Begoña Gómez
Recogía el juez en un extenso auto que las acusaciones populares, representadas en esta causa por la asociación Hazte Oír, que «tras el examen de sus circunstancias personales a analizar el cambio en la trayectoria profesional de María Begoña Gómez Fernández tras el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. fue nombrada directora del IE África Center en agosto de 2018. Coincidiendo con el tercer investigado, Juan Carlos Barrabés Cónsul, empresario tecnológico, socio y fundador (…) y que ha desempeñado cargos en diferentes empresas, entre ellas Innova Next. Y que al entablar nuevas y diferentes relaciones a las mantenidas hasta entonces en su ámbito profesional, realiza la contratación de su amiga, también investigada María Cristina Álvarez Rodríguez, con cargo al erario y para ayuda en su actividad privada».
La acusaciones sostenían además que «a partir del curso académico 2014/15, María Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) el Máster Propio en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro (…) la empezó a ejercer meses después de que su esposo fuese nombrado Secretario General del PSOE, no constando, en ningún caso, la existencia de proceso de selección alguno para desempañar tal puesto (…)».
Añadían que además, «en fecha 2 de marzo de 2020, la investigada registró de la marca «TSC Transformación Social Competitiva» es decir el mismo nombre que iba a tener la Cátedra cuya creación se firmó oficialmente el 30 de octubre de 2020: Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva. Y que consta que a partir de 21 de junio de 2020 Juan Carlos Barrabés se reunió con María Begoña Gómez en La Moncloa para trabajar en el proyecto de la futura cátedra. Y que en julio de 2020 (es decir cuando tenían lugar estas reuniones) la investigada firmó dos cartas de recomendación a favor de ofertas vinculadas a UTE Barrabés/The Valley en procedimientos de Red.es en su calidad de codirectora del citado Máster».
La financiación inicial de la cátedra contó con la colaboración de «dos empresas de gran relevancia nacional como son Reale Seguros y la Fundación la Caixa. En el Convenio de creación mencionado anteriormente Reale Seguros asumió el patrocinio por un valor de aportación económica única de 60.000 euros mientras que la Caixa se comprometía a una aportación anual de 15.000 euros además de otras obligaciones asumidas por dichas compañías. Y dado que el desarrollo de la Cátedra precisaba de mayor aportación (…) fueron diversas las empresas contactadas entre las que en este momento mencionamos Indra, Telefónica o Google».
Cristina Álvarez
Las acusaciones populares también sostenían que la esposa del presidente recibió la ayuda «directa y constante de María Cristina Álvarez, implicándose de pleno en proyectos de la Cátedra, actos, negociaciones, reuniones, seguimiento de pagos, comunicaciones diarias y otros ámbitos, todos ellos absolutamente ajenos a las funciones propias de su cargo, asistente o asesora de María Begoña Gómez no como Directora de la Cátedra TSC sino para todo lo que estuviese vinculado a Begoña Gómez como esposa del Presidente del Gobierno».
Asímismo, son varias las empresas que confirmaron que «Cristina Álvarez estuvo presente junto a Begoña Gómez en las reuniones de seguimiento respecto al desarrollo del sistema digital o software vinculado al interés exclusivamente profesional y privado de Begoña Gómez como Making Science Group, Devoteam Drago, Indra y Google», continúa el escrito.
Cristina Álvarez, de negro, entrando en el juzgado. EP
Cristina Álvarez, desde su incorporación a su puesto laboral en el Palacio de la Moncloa en julio del año 2018 y hasta la fecha actual, en la que continúa desempeñando funciones como Directora de Programas, ha percibido como retribuciones la suma que asciende a 361.423,40 euros brutos y 258.670,42 euros netos, computados entre los años 2018 y 2025.
Además, «Begoña Gómez alojó el proyecto desarrollado en la Cátedra TSC, es decir, la plataforma o software, en la web transformatsc.org, dominio del que ella ya era titular, dominio que aparece en la marca registrada por ella misma el 10 de octubre de 2022 y dominio con exacta denominación que la sociedad limitada constituida el 21 de noviembre de 2023 por la propia Begoña Gómez», añadían.
La defensa de Begoña Gómez
El auto del juez Peinado, que ahora debe debatir la sala 23 de la Audiencia Provincial, recogía la defensa de Begoña Gómez: «Al inicio de su comparecencia pone de manifiesto que no procede la misma porque en el auto de transformación e incoación no hay una imputación de delitos a su defendida. Si bien es cierto que dos de los delitos sobre los que se concreta la acusación son competencia del Tribunal del Jurado, los otros tres no lo están, dada su complejidad técnica».
El letrado de la defensa, el ex ministro Antonio Camacho, también entendía que «para que proceda la incoación del Tribunal del Jurado, tienen que existir los indicios y además ser verosímiles, así como ser atribuibles a personas concretas y determinadas».
Alegó el abogado que «aunque la resolución indicada es extenso, el mismo omite la inclusión de hechos relevantes y elementos que han sido puestos de manifiesto en el transcurso del procedimiento que exculparían a su defendida de los delitos que se le imputan».
Respecto al delito de apropiación indebida sostuvo el letrado de Begoña Gómez que «no existe un delito de apropiación indebida de marcas, ni existe apropiación indebida ni marca en sentido jurídico. (…) Podría ser objeto de un delito contra la propiedad intelectual e industrial, pero para que se cometa este delito es necesario que la marca esté registrada, y en el presente caso no está ni registrada. Se trata de un delito imposible. Y que el término Transformación Social Competitiva fue creado por la Sra. Gómez para dar nombre a la Cátedra. La marca no ha sido registrada, sí los símbolos distintivos de esta».
El letrado añadía que, además, «no hay ni un solo elemento que acredite que la Sra. Gómez se ha apropiado del software, el cual no ha sido registrado en la OTRI debido a que no podía ser registrado sino en el momento en que fuere terminado. Al inicio de este procedimiento, la Sra. Gómez ve como los dos Master y la Cátedra decaen por decisión de la UCM, sin haber terminado el software, y con un resto de 30.000 euros que pasó al patrimonio de la UCM. Por lo que no puede haber el delito de intrusismo ni el de apropiación indebida».
Ahora es la Audiencia Provincial la que decidirá el futuro judicial de Begoña Gómez.
Una designación ministerial en Colombia puede redefinir el futuro del campo español. Indalecio Dangond Baquero, el nuevo ministro de Agricultura del Gobierno de Abelardo de la Espriella, toma las riendas de una cartera clave para las inversiones de las empresas españolas en el sector agroalimentario colombiano. Te cuento por qué su nombramiento es mucho más que un cambio de gabinete.
Indignómetro
Nivel de impacto para España: 8/10. La política agraria colombiana incide directamente en los intereses de decenas de empresas españolas presentes en el país, desde la gran distribución hasta la industria de insumos y tecnología. Las promesas de bancarización, títulos de propiedad y distritos de riego abren una ventana de oportunidad que el tejido empresarial español no puede ignorar.
Un perfil con raíces en el agro y la financiación
Dangond, barranquillero de 62 años y administrador de empresas por la Universidad Externado de Colombia, aterriza en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con casi cuatro décadas de experiencia en el sector. Su currículum mezcla la asesoría pública con la iniciativa privada: fue asesor en el propio Ministerio, en Finagro y en la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, y desde 2011 preside Open Loans, una entidad financiera. Conoce los despachos de Bogotá y el terreno, y eso en un ministerio que maneja desde los subsidios hasta los acuerdos comerciales no es un detalle menor.
El presidente electo lo presentó como «un hombre que conoce la tierra, entiende a los campesinos y sabe que la riqueza de nuestra Nación comienza en el agro». Y esa visión, que aún debe traducirse en políticas concretas, es la que interesa a las empresas españolas que llevan años apostando por el mercado colombiano. La agricultura colombiana necesita inversión, tecnología y canales de exportación, y España tiene capacidad sobrada en los tres frentes.
Los tres ejes de su gestión que miran a España
Las primeras declaraciones de Dangond esbozan tres pilares que pueden desencadenar contratos, alianzas y desembolsos:
1. Bancarización de 2,5 millones de campesinos. La meta exige plataformas de pago, corresponsalías rurales y crédito formal. La banca española y las ‘fintech’ con presencia en la región ya estudian cómo encajar en ese proceso.
2. Legalización masiva de títulos de tierra. La certeza jurídica sobre la propiedad activa la inversión en cultivos de largo plazo —aguacate, cítricos, café especial— donde las comercializadoras españolas son actores destacados.
3. Construcción de distritos de riego. «La agricultura se escribe con agua», ha repetido el nuevo ministro. El empuje a la infraestructura hídrica abre una oportunidad directa para las ingenierías y los fabricantes españoles especializados en desarollo hidráulico, desde el bombeo eficiente hasta los sistemas de telecontrol.
Además, el ministro quiere completar un censo nacional agropecuario y desplegar 700 escuelas de emprendimiento rural para impulsar el relevo generacional. La transferencia de conocimiento y la venta de maquinaria agrícola de precisión son dos derivadas que en los próximos meses pueden traducirse en expedientes comerciales muy concretos para las empresas españolas. No es una promesa etérea: Dangond ya gestionó fondos de cooperación de USAID para agronegocios, lo que le da familiaridad con los estándares y los tiempos de la inversión extranjera.
La relación agroalimentaria España-Colombia: una apuesta consolidada
Conviene recordar que Colombia es el tercer destino de las exportaciones agroalimentarias españolas en América Latina, solo por detrás de México y Brasil. Grandes grupos del sector hortofrutícola, bodeguero y de aceite de oliva tienen filiales o participaciones locales, y la industria auxiliar —envases, maquinaria, semillas— factura cifras crecientes en el mercado colombiano. El último informe de ICEX constata que más de 300 empresas españolas operan de forma estable en el país andino, muchas de ellas vinculadas al complejo agroindustrial.
El precedente más claro de cómo un giro en la política agraria de un país latinoamericano puede impulsar a las empresas españolas lo tenemos en Perú. La apuesta por los grandes proyectos de irrigación a partir de 2008 multiplicó los contratos de constructoras e ingenierías españolas, y espoleó la demanda de bienes de equipo agrícola. Colombia, con sus diversas regiones climáticas y un déficit histórico de infraestructura hídrica, podría replicar esa senda si los planes de Dangond se materializan. La clave estará en la estabilidad jurídica y en la capacidad del nuevo Ejecutivo para convertir los anuncios en pliegos de licitación.
Mientras tanto, las patronales españolas del sector agro ya han empezado a mover ficha para situarse en la agenda del nuevo ministro. Los próximos meses serán de presentaciones, memorandos de entendimiento y viajes de prospección. Dangond tiene ante sí la oportunidad de modernizar el campo colombiano con capital y tecnología española, y España la de consolidar un mercado que lleva años cultivando con paciencia.
El plan de riego del nuevo ministro puede abrir un mercado de más de 500 millones de euros en infraestructura hídrica, donde las empresas españolas parten con ventaja tecnológica.
📌 Ficha del Caso
Ficha sobre el caso: El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, nombró a Indalecio Dangond ministro de Agricultura el sábado anterior, perfilando una política centrada en la bancarización rural, los títulos de propiedad y el riego.
Datos importantes: Más de 300 empresas españolas operan en Colombia; el plan prevé llegar a 2,5 millones de campesinos, desplegar 700 escuelas rurales y licitar grandes distritos de riego.
Resumen: El nombramiento de Dangond puede acelerar la modernización del agro colombiano y abrir oportunidades concretas para la industria, la tecnología y la distribución españolas en un mercado estratégico.
