EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Comisión Europea ha publicado su informe anual sobre el Estado de Derecho en el que critica la parálisis de España en la lucha contra la corrupción de alto nivel y exige separar el mandato del fiscal general del Gobierno.
- ¿Quién está detrás? El Ejecutivo comunitario presidido por Ursula von der Leyen, que recoge advertencias del Tribunal Supremo, el CGPJ y asociaciones judiciales.
- ¿Qué impacto tiene? Refuerza el discurso del PP sobre el deterioro institucional y añade presión al Gobierno para que desbloquee las reformas pendientes del CGPJ y la Fiscalía General.
La Comisión Europea ha constatado este viernes los avances «limitados» de España en materia anticorrupción y ha instado al Gobierno a acelerar las reformas que blinden la independencia de la Fiscalía General y endurezcan las normas sobre conflictos de intereses de altos cargos. Según el informe sobre el Estado de Derecho en los Veintisiete, las reformas emprendidas hasta ahora resultan insuficientes y persisten «desafíos» que requieren medidas inmediatas.
El documento, que no es vinculante pero sí un toque de atención político de alto voltaje, reclama «impulsar el proceso legislativo para revisar el Código Procesal Penal» con el fin de agilizar las investigaciones y los juicios por corrupción. Bruselas también urge a reforzar la normativa sobre conflictos de intereses y las declaraciones patrimoniales de quienes ocupan altas funciones ejecutivas, un ámbito en el que detecta una «aplicación práctica» que no ha mejorado.
La independencia de la Fiscalía, en el punto de mira
Una de las recomendaciones más sensibles para Moncloa es la que pide «continuar los esfuerzos para fortalecer el Estatuto de la Fiscalía General, en particular en lo que respecta a la separación de sus mandatos». El informe reconoce avances «significativos» en el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que amplía a cinco años el mandato del fiscal general para desvincularlo del Ejecutivo, pero advierte de que la reforma sigue atascada en el trámite parlamentario.
«Miembros del poder judicial, incluido el Tribunal Supremo, el CGPJ y las asociaciones de jueces, así como el Tribunal Constitucional, siguen señalando que las declaraciones contra jueces individuales contribuyen a la erosión de la confianza pública en el poder judicial», recoge el texto. Un extremo que la Comisión ya había censurado en sus dos informes anteriores y que ahora vuelve a poner sobre la mesa ante la persistencia de críticas desde el Gobierno y el Parlamento.
En este contexto, los servicios comunitarios recuerdan a todos los poderes del Estado que «deben aplicar el respeto mutuo para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones constitucionales y proteger la confianza que el público en general deposita en ellas». Una recomendación que el PP interpreta como un respaldo directo a su denuncia del lawfare y la campaña de desprestigio contra los magistrados que denunció durante la negociación de la ley de amnistía.
La Comisión Europea pide medidas concretas para proteger al poder judicial de las injerencias políticas, una exigencia que el PP ha incorporado a su ofensiva parlamentaria.
Un CGPJ desbloqueado pero sin reforma estructural
Bruselas también pone el dedo en la llaga sobre el Consejo General del Poder Judicial. Aunque celebra el acuerdo entre PSOE y PP que desatascó la renovación hace dos años, insiste en que «queda por adoptar una reforma» del sistema de elección, en línea con los estándares europeos y las orientaciones de la Comisión de Venecia que abogan por que sean los propios jueces quienes elijan a los vocales. El informe subraya que no se ha alcanzado el consenso necesario y reclama al Gobierno que impulse el proceso de adaptación.
«La lectura que hacemos desde Génova es que el informe da la razón a todas las exigencias de regeneración que llevamos meses planteando», trasladan fuentes de la cúpula del partido consultadas por Moncloa.com. La secretaria general, Cuca Gamarra, ya avanzó en la sesión de control del Congreso que el PP condicionaría cualquier avance en las reformas judiciales a que el Gobierno retire su «hostilidad» hacia los jueces.
El Eje del Poder Popular
El movimiento de Bruselas refuerza la posición negociadora del PP en el Congreso y el Senado, donde el Grupo Parlamentario Popular ha bloqueado sistemáticamente las iniciativas del Gobierno que afectan a la arquitectura judicial por considerarlas «invasivas». Los barones autonómicos ya han empezado a enarbolar el informe en sus territorios: Isabel Díaz Ayuso ha recordado que la Comunidad de Madrid redujo a la mitad los aforamientos y creó una oficina de prevención de la corrupción, mientras que Juanma Moreno destaca que Andalucía ha aprobado la primera ley de transparencia pública de su historia.
Para el PP, el dictamen europeo es un activo que conecta con su discurso de defensa del constitucionalismo. En 2022 y 2024, la Comisión ya había advertido de riesgos similares, pero el Gobierno no ejecutó las reformas. Ahora, la presión externa añade un factor de desgaste que el partido de Feijóo piensa explotar en la precampaña de las generales. La estrategia de Génova pasa por trasladar a la opinión pública que el Ejecutivo de Sánchez ha sido incapaz de cumplir con los mandatos europeos mientras alimenta una crisis institucional que él mismo negaba.
Sin embargo, el pulso no está exento de riesgos tácticos. Si el Gobierno accede a acelerar las reformas reclamadas por Bruselas, el PP perdería parte de su munición argumental. Pero fuentes del Grupo Popular en el Senado advierten: «No vamos a permitir que se aprueben parches que mantengan al fiscal general atado al Ejecutivo. Queremos un cambio de verdad, no una enésima promesa incumplida».
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: El PP encarna la regeneración institucional frente a un Gobierno que incumple los mandatos europeos.
- Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP).
- Próximo hito: Debate parlamentario sobre la renovación del CGPJ y la reforma de la Fiscalía General, previsto para el próximo periodo de sesiones.
