Sumar se ha sumado a una amplia coalición de fuerzas de izquierdas que reclama al Gobierno de coalición que no extradite a Fergie Cox Chambers, el activista propalestino estadounidense detenido a principios de julio en Ibiza y trasladado esta semana a Madrid. La petición, canalizada en una carta conjunta a los ministros de Justicia e Interior, Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska, une en un mismo frente a los confluentes del espacio de Sumar —Izquierda Unida y Más Madrid—, a Podemos y a los independentistas de ERC, EH Bildu y BNG.
La misiva denuncia que “la solidaridad con Palestina no constituye ningún delito” y que “tampoco puede equipararse, sin pruebas concretas e individualizadas de la financiación de actos violentos, a la financiación del terrorismo”. Son los mismos argumentos que ya han hecho llegar al Gobierno más de 200 organizaciones en un comunicado paralelo que pide la liberación inmediata de Chambers y advierte de que su extradición sentaría “un precedente extremadamente peligroso”.
El activista es miembro de una acaudalada familia empresarial y rompió con ella a mediados de 2023, recibiendo 250 millones de dólares de Cox Enterprises. La familia sostiene que ha donado más de un millón de dólares a organizaciones humanitarias palestinas para proyectos como plantas desalinizadoras, panaderías y atención psiquiátrica en Gaza. Sin embargo, el Departamento de Justicia estadounidense le imputa blanqueo de capitales y haber intentado proporcionar apoyo financiero a Hamás, organización considerada terrorista por la administración Trump.
La detención en Ibiza y el posterior traslado a una prisión madrileña han activado un procedimiento de extradición que el Tribunal Supremo debe resolver en el plazo de 40 días desde que Estados Unidos formalice la solicitud. Si el alto tribunal la rechaza, el caso se archiva; si la acepta, la palabra definitiva corresponde al Consejo de Ministros. Ese margen de 40 días se convierte en la ventana de presión política que la coalición de izquierdas quiere aprovechar para que el Ejecutivo de Sánchez deniegue la entrega.
Un frente común que difumina las líneas rojas
La carta a Bolaños y Marlaska no la firman solo diputados de Sumar. Lo hacen también representantes de Izquierda Unida y de Más Madrid, dos de los confluentes que forman parte del grupo parlamentario, y de Podemos, que desde su salida de la coalición mantiene una relación compleja con el espacio de Yolanda Díaz. La presencia de estas cuatro fuerzas en una misma iniciativa es excepcional y revela que la defensa de la causa palestina sigue siendo el pegamento que une a la izquierda alternativa. No es la primera vez: ya en 2024 hubo gestos similares alrededor del reconocimiento diplomático de Palestina. Pero ahora el pulso es más concreto y tiene el foco en la Audiencia Nacional y el Supremo.
Fuentes del Grupo Parlamentario Sumar subrayan que la carta no es una declaración política sino un acto de “presión democrática” ante un caso que consideran “insostenible”. La lectura que hacen en la formación es que si el Tribunal Supremo da luz verde a la extradición, será muy difícil que el Consejo de Ministros se oponga sin un coste reputacional enorme con Washington. De ahí que la estrategia pase por forzar el debate antes de que el tribunal decida, antes de que el expediente se convierta en un asunto exclusivamente jurídico.
La carta a Bolaños y Marlaska reúne en un mismo documento a fuerzas que no se sientan juntas en el Congreso, y eso dice mucho del poder movilizador de la causa palestina en la izquierda española.
Las cuentas de la extradición y el tablero judicial
El plazo de 40 días que marca la ley no empieza a correr hasta que Estados Unidos presente formalmente la solicitud. A día de hoy no hay constancia de que lo haya hecho, aunque fuentes de la defensa prevén que llegue en las próximas semanas. La familia Chambers y los 200 colectivos firmantes del comunicado de apoyo insisten en que la acusación de financiar al Club Africain de Túnez es la coartada “fabricada” para sustentar los cargos de terrorismo. La imputación más grave es la transferencia de fondos desde Estados Unidos a ese país, donde Chambers residía, para patrocinar al actual campeón de fútbol tunecino.
Para Sumar y los partidos firmantes, el caso no es aislado sino un capítulo más de la “campaña global contra los activistas de extrema izquierda” que atribuyen a la administración Trump. Uno de los primeros efectos visibles de esa ofensiva fue la reunión convocada en mayo por el secretario de Estado Marco Rubio con 66 países para abordar el supuesto “resurgimiento internacional del terrorismo de extrema izquierda”. La carta enviada ahora a Bolaños y Marlaska menciona ese contexto, aunque sin citar aquella cumbre, y pone el énfasis en que Europa no puede convertirse en correa de transmisión de una política exterior que criminaliza la solidaridad humanitaria.
La Dinámica de Coalición
El episodio de Chambers obliga a Sumar a moverse en un equilibrio delicado. Por una parte, la posición favorable a la liberación del activista alinea a todos los confluentes —Izquierda Unida, Más Madrid, los comunes y Compromís también han mostrado su respaldo en términos similares— y sirve para recomponer puentes con Podemos en un asunto donde ambas formaciones tienen un discurso casi idéntico. Por otra, sitúa al socio minoritario del Gobierno en una posición incómoda: le pide a los ministros socialistas que ignoren una petición de extradición de un aliado estratégico como Estados Unidos.
Esa dualidad es precisamente el terreno resbaladizo que Moncloa prefiere no pisar. La decisión última la tiene el Consejo de Ministros si el Supremo autoriza la entrega, y ahí el PSOE tendrá que retratarse con el coste que ello suponga dentro de la coalición. En el grupo parlamentario de Sumar admiten, sin eufemismos, que la carta es también una forma de marcar territorio ante un PSOE que tiende a modular los debates de política exterior en función de la agenda diplomática estadounidense. La proyección inmediata pasa por ver cómo reacciona el Ejecutivo en las próximas semanas mientras el Supremo estudia el expediente; si el tribunal rechaza la extradición, el caso se cerrará sin desgaste. Si la acepta, el choque dentro de la coalición será inevitable.
Ficha del Caso
- El caso: El activista propalestino Fergie Cox Chambers fue detenido en Ibiza y se encuentra en Madrid a la espera de que el Tribunal Supremo decida sobre su extradición a Estados Unidos, acusado de financiar el terrorismo. Sumar y otras fuerzas de izquierdas piden al Gobierno que la deniegue.
- Datos importantes: El Supremo tiene 40 días desde que reciba la solicitud formal de extradición. Si acepta, el Consejo de Ministros tendrá la última palabra. Más de 200 organizaciones han pedido la liberación del activista. La familia afirma haber donado más de un millón de dólares a proyectos humanitarios palestinos.
- Resumen: La carta conjunta de Sumar, IU, Podemos, Más Madrid, ERC, EH Bildu y BNG pone a prueba la unidad de acción de la izquierda en un asunto sensible y tensa la relación con el PSOE en el seno del Gobierno de coalición, justo cuando la decisión judicial puede dejar al Ejecutivo ante un dilema diplomático de primer orden.
