El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha desestimado el recurso de Ribera Salud contra el pago de 8,4 millones de euros a la Generalitat por las derivaciones de pacientes oncológicos al Instituto Valenciano de Oncología (IVO) entre 2012 y 2018. La sentencia, fechada el 30 de junio de 2026, no es firme pero allana el camino para tumbar otros nueve litigios que suman 45,8 millones de euros.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El TSJ-CV ha rechazado la pretensión de Ribera Salud de no pagar 8,4 millones de euros a la Conselleria de Sanitat por tratamientos oncológicos que el IVO prestó a pacientes de Alzira.
- ¿Quién está detrás? La sentencia enfrenta a la concesionaria Ribera Salud (del Grupo Vivalto Santé) con la Generalitat Valenciana y el IVO, fundación privada vinculada al exconseller del PP Manuel Llombart.
- ¿Qué impacto tiene? El fallo sienta jurisprudencia para desestimar reclamaciones por un total de 45,8 millones de euros y blinda a la sanidad pública frente al riesgo de pagar dos veces por el mismo servicio.
Un fallo que cambia el criterio de hace una década
La sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha modificado su propia doctrina. En 2016, el mismo tribunal había distinguido entre pacientes derivados por la concesionaria y aquellos que ejercieron la libre elección, obligando a la Administración a asumir los costes en ambos supuestos. Ahora, la magistrada ponente Rosario Vidal hace mayoritario el voto particular de entonces: la Generalitat debe abonar todas las facturas al IVO, sin matices. Ribera Salud no puede eludir su responsabilidad económica.
La empresa, representada por el despacho Broseta Abogados, había aceptado formalmente la deuda. En un documento del 31 de enero de 2025, firmado por el entonces presidente Alberto de Rosa, la CEO Elisa Tarazona y la directora financiera, reconocía el compromiso de abonar 16,6 millones de euros por derivaciones en cuatro departamentos de salud, incluidos los 8,4 millones de Alzira. Se reservaba, eso sí, el derecho a litigar.
La sentencia subraya que la compañía “ni siquiera ha acreditado la incorrección de la cifra previamente aceptada”. Un golpe directo a la estrategia de la multinacional francesa Vivalto Santé, que tomó el control de Ribera Salud en 2020.
El riesgo de un pago doble y 45,8 millones en juego
El fallo recoge el argumento central de la Conselleria de Sanitat: si el IVO ya cobró de la Generalitat y esta, a su vez, no pudiera repercutir el coste a la concesionaria, se produciría un enriquecimiento injusto. “Proceder de forma distinta implicaría no solo un pago doble de la Administración, sino también un enriquecimiento sin causa para la concesión”, sostiene el tribunal.
La Generalitat actúa como mera intermediaria entre el IVO y Ribera Salud: no hay vínculo contractual directo y, sin embargo, alguien debe pagar la quimioterapia.
Los otros ocho procedimientos pendientes involucran a Sanitas y otros departamentos como Dénia, Torrevieja o Elche-Crevillente. La factura total reclamada por las dos concesionarias asciende a 45,8 millones de euros. La sentencia del pasado 30 de junio, aunque solo resuelve la pieza de Alzira, marca la dirección: los argumentos se repiten y el desenlace se adivina.
El origen del embrollo se remonta al modelo de sanidad privatizada que impulsó el PP valenciano. Bajo el sistema de capitación, las concesionarias cobraban por paciente protegido y se comprometían a prestar asistencia especializada. Sin embargo, la oncología quedaba fuera del circuito contractual: el IVO tenía un acuerdo marco con la Generalitat al que Ribera Salud decidió no adherirse. Así, durante años, los enfermos oncológicos del área de Alzira recibieron tratamiento en el instituto sin que nadie asumiera claramente la factura.
El Escenario Valenciano
La decisión del TSJ-CV tiene una lectura que rebasa lo jurídico. La sanidad pública valenciana, empeñada en revertir las concesiones administrativas heredadas, encuentra en esta sentencia un espaldarazo. El modelo de colaboración público-privada queda bajo sospecha cada vez que el contribuyente debe abonar una factura cuyo destinatario último es difuso. Ribera Salud estudia recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, pero la celeridad de la resolución refuerza la idea de que la administración autonómica no está dispuesta a ceder.
A escala nacional, el fallo refuerza la tendencia de los tribunales a examinar con lupa los contratos del llamado “modelo Alzira”, una fórmula que el Gobierno central también observa con cautela mientras debate los límites de la externalización sanitaria. El dato es contundente: 45,8 millones de euros que, si los recursos prosperaran, saldrían de unas arcas ya tensionadas por el gasto farmacéutico y la deuda histórica de la Generalitat.
Mientras tanto, el calendario judicial de los otros ocho litigios marca el próximo otoño como fecha orientativa para las primeras vistas. El sector sanitario privado –Sanitas, Ribera Salud y los fondos de inversión que respaldan a ambas– sigue con atención cada paso. La sentencia no es firme, pero el mensaje es claro: la sanidad pública no pagará dos veces.
Ficha del Caso
- El caso: Litigio entre Ribera Salud y la Conselleria de Sanitat por el pago de 8,4 millones de euros correspondientes a derivaciones oncológicas al IVO en el departamento de Alzira entre 2012 y 2018, periodo en que la empresa gestionaba la concesión.
- Datos importantes: La sentencia del TSJ-CV (30/06/2026) desestima el recurso de la concesionaria; otros ocho procedimientos por un total de 45,8 millones de euros están pendientes, incluyendo a Sanitas; el tribunal cambia el criterio de 2016 y evita el doble pago de la Administración.
- Resumen: La justicia valenciana respalda la posición de la Generalitat y sienta las bases para que la sanidad pública no asuma costes que corresponden a las concesionarias privadas, en un contexto de revisión del modelo de colaboración público-privada.
