La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha suspendido cautelarmente el parque eólico Pena do Pico, promovido por Greenalia en los Ancares lucenses, tras considerar que la autorización de la Xunta de Galicia incurrió en graves deficiencias que la asociación ecologista Adega califica de “chapucera”. Se trata de la primera paralización cautelar de un proyecto eólico en Galicia desde la polémica reubicación de magistrados que apartó al juez Luís Villares de estos asuntos.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El TSXG ha acordado, por unanimidad, suspender el parque eólico Pena do Pico, de Greenalia, en Baralla y Quiroga (Ancares).
- ¿Quién está detrás? La sección tercera del TSXG, ya sin los magistrados Luís Villares y Dolores López, trasladados forzosamente a otra sección; la Xunta había autorizado el proyecto.
- ¿Qué impacto tiene? Paraliza un parque en una zona que la propia Xunta propuso ampliar como Red Natura 2000, y envía una señal a todo el sector eólico gallego sobre la necesidad de una tramitación ambiental rigurosa.
La suspensión y el riesgo ambiental irreparable
El auto, dictado el pasado 15 de junio de 2026 y recogido por Europa Press, estima la solicitud de medidas cautelares de Adega y, con palabras contundentes, advierte de que “tolerar el inicio de la actividad bajo la promesa de una reparación futura e incierta contravendría la lógica más elemental de la protección ecológica, que exige evitar la producción del daño antes de que este adquiera carácter irreversible”. El tribunal considera que la documentación aportada por los ecologistas “goza de un indubitable valor indiciario y de verosimilitud que no puede ser ignorado por esta Sala”.
El proyecto se sitúa sobre terrenos que la propia Xunta había designado para ampliar la Red Natura 2000, un espacio además considerado zona de exclusión eólica por el Ministerio. Entre los elementos en peligro se citan especies amenazadas como el aguilucho cenizo y el aguilucho pálido. La Xunta ejerció en este caso más de expedidora de permisos que de garante del patrimonio natural, según la lectura que hace Adega de los informes sectoriales y de la declaración de impacto ambiental.
“Tolerar el inicio de la actividad bajo la promesa de una reparación futura e incierta contravendría la lógica más elemental de la protección ecológica, que exige evitar la producción del daño antes de que este adquiera carácter irreversible”.
El TSXG deja claro que ninguna norma valida el desarrollo de un proyecto industrial si puede menoscabar algún elemento del medio susceptible de protección, ni siquiera en sede cautelar. Y añade que el interés público de la transición energética, invocado tanto por la Xunta como por Greenalia, “debe coexistir armónicamente con la preservación del entorno regulada en la declaración de impacto ambiental y los informes sectoriales”.
El trasfondo judicial: la reubicación forzosa de Villares
Esta suspensión cautelar llega apenas unos meses después de que Luís Villares —el magistrado que había protagonizado otras paralizaciones de parques eólicos— fuese trasladado junto con la juez Dolores López a la sección cuarta del TSXG. Aquella decisión fue recurrida ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las organizaciones ecologistas la interpretaron como una maniobra para desactivar la vía judicial contra los proyectos eólicos impulsados por la Xunta.
Sin embargo, el hecho de que la sección tercera, ya con sus nuevos integrantes, haya acordado ahora por unanimidad paralizar Pena do Pico demuestra que la resistencia judicial al modelo de autorización exprés no dependía de un solo magistrado. De hecho, el auto recoge los mismos argumentos que Adega viene utilizando desde hace años: la insuficiente evaluación ambiental y la presión sobre hábitats protegidos.
El Laboratorio Gallego
Lo que ocurre con los parques eólicos gallegos interesa mucho más allá de la comunidad autónoma. Galicia concentra uno de los mayores crecimientos en potencia instalada de toda España, con más de 3.800 MW en operación y decenas de proyectos en tramitación, según datos de la Asociación Empresarial Eólica. Ese volumen convierte al territorio en un banco de pruebas único para calibrar hasta qué punto la aceleración de la transición energética puede chocar con la preservación de la Red Natura 2000 y las especies amenazadas.
En clave nacional, el Partido Popular ha defendido siempre una tramitación ágil de los proyectos renovables, y no es casualidad que el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, haya puesto a Galicia como ejemplo de gestión eólica en más de un foro. Pero este tipo de reveses judiciales —que ahora no dependen de un solo juez— pone en cuestión la calidad de las autorizaciones que concede la Xunta, un ejecutivo del PPdeG con mayoría absoluta desde 2009. Si el modelo gallego termina siendo sinónimo de “chapuza” ambiental, el discurso nacional del PP sobre renovables podría resentirse.
La proyección es inmediata: aún hay más de una decena de recursos contra otros parques en trámite de suspensión cautelar, y la decisión del TSXG sobre Pena do Pico sienta un precedente interpretativo que los tribunales inferiores difícilmente ignorarán. La siguiente votación relevante no será en el Parlamento de Galicia sino en las salas de lo contencioso.
Ficha del Caso
- El caso: El TSXG paraliza cautelarmente el parque eólico Pena do Pico, de Greenalia, en los Ancares lucenses, tras un recurso de Adega. Es la primera suspensión acordada después del traslado forzoso del juez Villares.
- Datos importantes: Auto del 15 de junio de 2026, emitido por la sección tercera del TSXG; afecta a 2 municipios (Baralla y Quiroga), en una zona propuesta para ampliar la Red Natura 2000; especies amenazadas: aguilucho cenizo y pálido.
- Resumen: La justicia gallega frena un proyecto eólico por riesgo ambiental y pone en evidencia las carencias de la tramitación de la Xunta, lo que puede influir en el debate nacional sobre cómo compatibilizar transición energética y protección de la biodiversidad.
