EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Partido Verde Europeo ha registrado hoy una pregunta parlamentaria ante la Comisión Europea para que investigue si el pacto de gobierno entre PP y Vox en Andalucía vulnera la normativa ambiental de la UE.
- ¿Quién está detrás? La iniciativa la firman Mar González, representante de los Verdes en Sumar, y Vula Tsetsi, copresidenta del Partido Verde Europeo.
- ¿Qué impacto tiene? La Comisión tendrá que pronunciarse sobre si un acuerdo regional que descarta de antemano las zonas de bajas emisiones es compatible con el Derecho comunitario, en un momento en que España ya ha sido condenada por mala calidad del aire.
La Comisión Europea tiene ahora sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿.
La iniciativa se centra en el punto 143 del acuerdo de gobierno andaluz. Esa cláusula compromete a la Junta a no promover ni financiar la creación, ampliación o endurecimiento de zonas de bajas emisiones con fondos propios, y a suprimir varios tributos ambientales autonómicos. Los Verdes no cuestionan la libertad de un ejecutivo para elegir sus políticas. Lo que plantean es algo más profundo: si esa libertad incluye la potestad de ignorar normas europeas que siguen plenamente vigentes.
“La democracia permite cambiar las leyes, pero no ignorarlas mientras siguen en vigor”, ha declarado Mar González. La pregunta, registrada a través del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar y respaldada por los copresidentes del Partido Verde Europeo, solicita a la Comisión que aclare si los compromisos del pacto pueden ser tenidos en cuenta en un futuro procedimiento de infracción.
Una pregunta parlamentaria que pone a prueba la lealtad al Derecho de la UE
La cuestión formal evita cualquier debate sobre la conveniencia de las zonas de bajas emisiones. Lo que pide el Partido Verde es que la Comisión evalúe si un gobierno autonómico puede incorporar a su programa medidas que busquen, de hecho, impedir o dificultar el cumplimiento de obligaciones jurídicas europeas. “La contaminación no desaparece cuando un consejero la llama ideología o la niega”, añadió González.
El modus operandi no es nuevo. Andalucía arrastra problemas persistentes de calidad del aire en varias zonas urbanas e industriales. Además, España ya fue condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no adoptar medidas suficientes para frenar las superaciones de los valores límite. En ese escenario, descartar una herramienta clave como las zonas de bajas emisiones no es un simple ejercicio de autonomía política: puede convertir en papel mojado los futuros planes de calidad del aire.
La pregunta parlamentaria, que ahora la Comisión deberá responder en un plazo de unas seis semanas, actúa como un aviso. Si la respuesta concluye que el acuerdo vulnera la normativa comunitaria, Bruselas podría abrir un expediente de infracción que, en último término, desembocaría en multas millonarias para España. De fondo, el debate sobre la primacía del Derecho de la UE frente a decisiones regionales que buscan eludirlo.
Andalucía y el coste de ignorar las zonas de bajas emisiones
El punto 143 del acuerdo andaluz no solo afecta a las zonas de bajas emisiones. También implica la supresión de tributos ambientales propios, lo que reduce la capacidad de la administración para financiar políticas verdes. La legislación europea de calidad del aire (Directiva 2008/50/CE) no prescribe medidas concretas, pero sí exige que las autoridades adopten “todas las medidas adecuadas” para que las superaciones de los límites duren el menor tiempo posible. Un gobierno que descarta de antemano una herramienta difícilmente podrá argumentar que está haciendo todo lo necesario.
Para entender la envergadura, basta un dato: según la última revisión de la Comisión Europea, en 2023 España era uno de los Estados miembros con mayor número de procedimientos de infracción abiertos por calidad del aire. Aunque la pregunta se ciñe a Andalucía, el precedente puede extenderse a otras comunidades donde la tensión entre desarrollo y normas ambientales es igual de viva.
La cuestión, sin embargo, no se resolverá solo con argumentos técnicos. La Comisión Europea se encuentra ante un dilema político. Por un lado, la defensa del acervo comunitario: si un territorio puede desmarcarse de las exigencias ambientales sin consecuencias, se resquebraja la autoridad del Derecho de la UE. Por otro, la sensibilidad política de intervenir en un pacto de gobierno apoyado por partidos que ya cuestionan el marco europeo.
La pregunta no es si las zonas de bajas emisiones son buenas o malas: es si un gobierno puede prometer que no las aplicará mientras la ley europea las sigue exigiendo.
El Eje del Poder Europeo: España ante su propio precedente
La iniciativa de los Verdes europeos trasciende Andalucía. Coloca a España en una posición incómoda. El Gobierno central, a través de Moncloa, se ve obligado a responder ante Bruselas por las decisiones de una comunidad autónoma gobernada por el PP y Vox. La paradoja es evidente: mientras España negocia en el Consejo Europeo nuevas metas de reducción de emisiones —con el respaldo del ejecutivo de Sánchez—, una región clave renuncia a las herramientas que harían posible alcanzarlas.
Este choque de soberanías no es nuevo en la UE. La Comisión ya ha abierto procedimientos contra Italia por la contaminación del valle del Po o contra Polonia por su escasa ambición climática. Sin embargo, el caso andaluz introduce un matiz: aquí no es solo un incumplimiento de hecho, sino un compromiso programático que busca legitimar el retroceso antes incluso de que se materialice.
Para los países del sur —y especialmente para España—, el envite tiene doble filo. Si Bruselas decide actuar, señalará que la disciplina ambiental no distingue entre gobiernos centrales y regionales. Si no lo hace, abrirá la puerta a que otros ejecutivos locales, en el norte industrial de Italia o en determinadas regiones de Francia, sigan el mismo camino con la excusa del desarrollo económico o la oposición a la burocracia verde.
La respuesta de la Comisión llegará en semanas. Pero el trasfondo ya está claro: lo que está en juego no es solo la calidad del aire en Sevilla o Granada. Es la capacidad de la UE para hacer valer su ordenamiento jurídico frente a gobiernos que, con el argumento de la soberanía, intentan sortearlo. La contaminación, como recordó Mar González, no desaparece cuando un consejero la niega. Y los tratados, tampoco.
