La Guardia Civil alertó del socavón en la A-4: la Audiencia Nacional condena a Transportes por daños y temeridad procesal

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Transportes por los daños causados por un socavón en la A-4, tras la alerta de la Guardia Civil.
  • ¿Dónde y cuándo? En el kilómetro 394 de la A-4, en Córdoba, el 4 de febrero de 2026.
  • ¿Qué resultado? El tribunal aprecia temeridad procesal del Ministerio y le impone las costas sin límite, además de la indemnización.

La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por los daños ocasionados por un socavón en la A-4 a su paso por Córdoba, en una sentencia que considera temeraria la actuación del departamento y recoge el papel clave de la Guardia Civil al alertar de la peligrosidad del punto.

El fallo, dictado el 10 de julio de 2026 por el magistrado Luis Alfredo de Diego y Díez de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia, estima íntegramente la demanda de la mercantil Clazamar, S.L. Su vehículo, un Mercedes-Benz S 350 D 4MATIC, reventó dos neumáticos al colisionar contra un socavón que afectaba el kilómetro 394 de la autovía.

El siniestro se produjo el 4 de febrero de 2026 hacia las 18:30 horas. Ese mismo día, la sala de emergencias de la Guardia Civil de Córdoba recibió «múltiples llamadas» por socavones de grandes dimensiones que estaban dañando los neumáticos de varios vehículos en la zona, según consta en la resolución judicial.

Detalles de la condena y los hechos

El magistrado aplica el régimen de responsabilidad patrimonial del artículo 106.2 de la Constitución y de la Ley 40/2015, al considerar probado el daño efectivo, el nexo causal directo e inmediato y la antijuridicidad del perjuicio para la empresa demandante. Descartó totalmente la concurrencia de culpa del conductor y rechazó la alegación de fuerza mayor por lluvia, al tratarse de un fenómeno «ordinario y previsible».

El fallo recoge que existía una señal de peligro por «perfil irregular» instalada desde 2021, sin que se hubiera resuelto de raíz el deterioro del firme. El último paso del servicio de vigilancia había sido a las 06:50 de la mañana, mientras que el corte de carril para reparar el firme no se anotó hasta las 18:52, veintidós minutos después del accidente.

La reiteración de socavones en el mismo tramo y la inacción del Ministerio evidencian un patrón de desidia que la Guardia Civil ya había documentado con sus alertas.

El magistrado fue especialmente duro en sus valoraciones: habla de «inaceptable normalización del deterioro», de «patente desidia» y de «morosidad clamorosa» por parte del departamento dirigido por el Gobierno. Asimismo, remarca que «absolutamente nada se ha enmendado de forma estructural» en la vía, una crítica que se asienta en el hecho de que el mismo tribunal ya hubiera resuelto un caso prácticamente idéntico en mayo de 2026 (sentencia 92/2026), ocurrido apenas ocho kilómetros más adelante.

La alerta de la Guardia Civil y su valor probatorio

Las múltiples llamadas registradas por la Guardia Civil aquella tarde fueron determinantes para acreditar la peligrosidad del punto negro. El parte de la central de emergencias del Instituto Armado reflejaba que varios conductores habían sufrido reventones por el mismo socavón, lo que desacreditaba la postura de la Administración de achacar el incidente a una simple falta de pericia o a condiciones meteorológicas.

La unidad de Tráfico de la Guardia Civil en Córdoba ya había informado en ocasiones anteriores del deterioro progresivo del asfalto, comunicaciones que, según se desprende del procedimiento, no motivaron una intervención estructural. «Que el Ministerio persevere en el sistemático incumplimiento de sus deberes competenciales resulta jurídicamente censurable», señala la sentencia.

El Contexto Operativo

El fallo trasciende la mera reclamación indemnizatoria y consolida un criterio disuasorio para la Administración. Al apreciar temeridad procesal, el tribunal sortea el tope de un tercio de la cuantía que la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa impone a las condenas en costas, aplicando supletoriamente la Ley de Enjuiciamiento Civil para imponer el pago total de las mismas. La medida se fundamenta en la reincidencia del Ministerio, que repitió argumentos «estereotipados y formularios» ya desestimados en el precedente de mayo.

La Guardia Civil, por su parte, ejerció su función constitucional de protección de la seguridad vial con diligencia. Las llamadas de emergencia gestionadas por sus agentes no solo permitieron acreditar la peligrosidad del socavón, sino que también sirvieron para desvirtuar las alegaciones del Estado. Los dos fallos consecutivos en el mismo tramo de la A-4 en apenas un año reflejan un déficit de mantenimiento que el Instituto Armado ya había detectado y comunicado puntualmente, según los registros de la sala de emergencias.

La sentencia, contra la que no cabe recurso, reivindica el papel de los informes policiales en la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a la inacción de las administraciones. Y deja abierta la puerta a que futuras reclamaciones por deficiencias viarias en ese mismo punto de la red estatal puedan beneficiarse de la doctrina de temeridad fijada por la Audiencia Nacional.

Adiós a las cenas complicadas: la merluza thermomix con patatas que se hace en 35 minutos

He perdido la cuenta de las veces que una merluza, tan blanca y prometedora en la pescadería, terminaba en la mesa hecha un bloque insípido o, peor aún, nadando en un caldo aguado. Hasta que entendí que el vapor en la Thermomix, con un adobo instantáneo en el Varoma, cambia las reglas del juego.

El drama no era la merluza, sino cómo la trataba: fuego directo, cocciones largas, y cero paciencia para adobos nocturnos. Con esta receta de 35 minutos, las patatas quedan tiernas, el pescado jugoso y la cocina limpia. No es magia: es termostato y vapor bien aprovechado.

El secreto del éxito

  • Papel de horno en el Varoma: evita que el pescado se pegue y permite que el vapor circule sin obstáculos.
  • Adobo al momento: las especias se infusionan durante la cocción al vapor, potenciando el sabor al instante, sin necesidad de marinados largos.
  • Cocer patatas y pescado a la vez: el cestillo y el Varoma trabajan juntos con un solo programa, ahorrando tiempo y energía.

Con estos tres sencillos trucos, el plato pasa de receta de robot a plato de diario con sabor a domingo. Y lo mejor: apenas mancha un par de utensilios.

Ingredientes

  • 500 g de agua
  • 1 cucharadita de aceite de oliva
  • 530 g de patata pelada y en cubos de unos 2-3 centímetros
  • 250 g de merluza (en 12 trozos, puede ser congelada)
  • Dos pizcas de sal
  • Dos pizcas de pimienta molida
  • 2 pizcas de pimentón (dulce o picante)
  • 2 pizcas de curry en polvo

Empieza por forrar el recipiente Varoma con papel de horno, dejando algunos huecos sin cubrir para que el vapor circule. Este detalle evita que el pescado se pegue, algo que aprendí tras rascar restos resecos más veces de las que quisiera. En el vaso de la Thermomix, vierte los 500 g de agua junto con la cucharadita de aceite de oliva — ese aceite en el vapor aporta un suave perfume al pescado. Coloca el el cestillo y dentro las patatas peladas y cortadas en cubos de 2-3 cm. Cierra y programa 8 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1.

Mientras las patatas se cuecen, prepara el adobo. Mezcla en un plato hondo las dos pizcas de sal, las dos de pimienta, el pimentón y el curry. Pasa los 12 trozos de merluza por esta mezcla, asegurándote de que cada pieza se impregne bien. El adobo se adhiere con la humedad natural del pescado; no necesita huevo ni aceite. Este paso es el corazón del sabor: las especias se infusionan durante la cocción al vapor, liberando aromas que inundan la cocina.

Coloca el pescado sobre el papel en el Varoma, tapa y acopla el recipiente en su posición. Programa 17 minutos más, con la misma temperatura y velocidad. Al abrir, el olor a curry y pimentón es embriagador; las patatas están tiernas sin deshacerse — pínchalas con un tenedor para comprobarlo — y la merluza suelta sus lajas blancas casi sin tocarlas. Si la prefieres más hecha, dale un minuto extra.

El vapor con un adobo breve deja el pescado más jugoso que cualquier cocción en sartén, y todo en un solo robot.

Variaciones y maridaje

Para acompañar, elige un blanco con acidez justa: un albariño joven o un verdejo de Rueda levantan los matices especiados sin apagarlos. Si eres de cerveza, una de trigo alemana o belga crea un maridaje fresco y ligero.

La receta es naturalmente sin gluten, por lo que los celíacos pueden disfrutarla sin cambios. Basta con revisar las especias envasadas para asegurarse de que no contengan trazas de harinas.

¿Tienes merluza congelada? No la descongeles; pásala directamente por el adobo y alarga la cocción 2-3 minutos. El vapor trata el pescado congelado con una suavidad impresionante, aunque conviene separar los trozos para que no queden bloques.

Si te sobra, guarda en un táper hermético en la nevera hasta dos días. Recalienta en el microondas a potencia baja o, mejor, al vapor durante tres minutos. La sartén es enemiga mortal: el pescado se desmenuza y las patatas se resecan.

La creadora de la receta, Ascen Jiménez, la sirve como entrante, pero con doble ración tienes un plato principal ligero y saciante. Para darle un giro, acompáñala con salsa agridulce casera o una mayonesa de lima. Ambas resaltan el toque especiado del pescado.

El Tribunal Supremo establece que la retractación de la víctima de un delito sexual no basta para absolver al acusado

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de un hombre condenado por abusos sexuales a una menor y ha fijado que la retractación de la víctima en el juicio no anula una condena cuando las declaraciones iniciales superan el triple test de credibilidad. La sentencia 414/2026, dictada este viernes 12 de julio de 2026 por la Sala de lo Penal, refuerza la validez de los testimonios de menores en fase de instrucción y blinda la labor de investigación de las Fuerzas de Seguridad en delitos sexuales.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha fallado el Supremo? La retractación de una menor en el juicio no basta para absolver al acusado si el relato inicial cumplía los requisitos de verosimilitud, persistencia y ausencia de móviles espurios.
  • ¿En qué caso? Un hombre condenado por tocamientos a la hija de una amiga, hechos ocurridos entre 2018 y 2019 en Las Palmas de Gran Canaria.
  • ¿Qué implicación tiene? La sentencia consolida el valor de la prueba preconstituida y el triple test de credibilidad, herramienta habitual en la persecución de delitos sexuales contra menores.

El recurrente, condenado en 2023 a cuatro años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales, alegaba que la víctima, menor de edad, había cambiado su versión en el juicio oral y admitido que mintió por presiones familiares. La Audiencia Provincial de Las Palmas y el TSJ de Canarias ya habían confirmado la condena, y ahora el Supremo, con ponencia de la magistrada Carmen Lamela Díaz, cierra la vía de casación.

Los hechos probados sitúan los abusos entre enero de 2018 y julio de 2019. El acusado, amigo de la madre, frecuentaba el domicilio y, en al menos una ocasión, bajo una manta en el sofá, realizó tocamientos a la menor. Las secuelas psicológicas derivaron en sintomatología depresiva y estrés postraumático, recogidas en los informes periciales.

En el recurso, la defensa sostenía que la retractación invalidaba toda la acusación, incluidos los testimonios de los familiares y los peritajes. Sin embargo, la Sala de lo Penal aplicó el triple test de credibilidad y concluyó que la menor mantuvo un relato detallado y estable durante la instrucción, que las periciales corroboraban la verosimilitud del testimonio y que no existía razón alguna para una denuncia falsa. La sentencia rechaza de plano que la retractación posterior baste para anular la condena.

La sentencia del Supremo supone un respaldo jurídico contundente a la labor de las Fuerzas de Seguridad, que en 2025 investigaron más de 18.000 delitos sexuales, un 38 % de ellos con víctimas menores de edad, según el balance del Ministerio del Interior.

La decisión del alto tribunal recuerda que es frecuente en estos delitos que la víctima, por miedo, presión familiar o dependencia, modifique su declaración en fase de juicio. Y subraya que la justicia debe atender al momento en que la menor relató los hechos sin influencias externas, a menudo durante la exploración policial o la entrevista forense, y no solo a lo manifestado en sala.

Los tres pilares del test de credibilidad

El triple test que aplica el Supremo examina tres parámetros: la verosimilitud del relato de la víctima —coherencia interna y compatibilidad con datos periféricos—, la persistencia en la incriminación a lo largo del proceso y la ausencia de motivos espurios que pudieran mover a una denuncia falsa. En este caso, los tres se cumplían sobradamente en la fase instructora, y la retractación no pudo borrar la contundencia del relato inicial.

La sentencia 414/2026 no solo confirma la condena, sino que envía un mensaje doctrinal: la prueba preconstituida —la declaración de la menor grabada ante el juez de instrucción y asistida por psicólogo— tiene pleno valor cuando la víctima se retracta después, especialmente si hay informes periciales que avalan la credibilidad del testimonio inicial. La imposición de costas al recurrente cierra un proceso que, según fuentes judiciales, no tendrá más recorrido.

El Contexto Institucional

La decisión del Tribunal Supremo se produce en un momento en que los delitos sexuales en España siguen una tendencia al alza. El último balance del Ministerio del Interior registró en 2025 más de 18.000 denuncias por hechos de esta naturaleza, lo que supone un incremento del 15 % respecto al año anterior. De ellas, cerca de 7.000 implicaban a víctimas menores de edad. La cifra evidencia la magnitud del desafío para las Fuerzas de Seguridad del Estado y la necesidad de herramientas jurídicas que eviten que la revictimización de los menores o las presiones familiares deriven en la impunidad.

En este contexto, el fallo del Supremo refuerza el trabajo de las unidades especializadas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, como la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y la Mujer), que son las encargadas de conducir las primeras declaraciones de las víctimas menores. El estricto respeto al protocolo de exploración garantiza que el testimonio inicial sea lo menos contaminado posible y, por tanto, más fiable. La sentencia dota de mayor valor jurídico a ese primer escalón investigador, lo que, a juicio de los expertos, puede disuadir estrategias procesales basadas en la retractación tardía.

La directiva de transparencia salarial prohíbe el ‘salario a negociar’ en las ofertas de empleo

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Desde el 7 de junio de 2026, todas las empresas en la UE deben publicar el salario o una horquilla concreta en sus ofertas de empleo. La expresión ‘salario a negociar’ queda prohibida.
  • ¿Quién está detrás? La Directiva Europea de Transparencia Salarial, adoptada por la UE, transpuesta ya en España y en vigor en los Veintisiete.
  • ¿Qué impacto tiene? Los trabajadores pueden conocer los sueldos de sus compañeros y exigir justificación si la brecha salarial de género supera el 5 %. Las empresas cargan con la prueba de no discriminar.

El tabú salarial entra en cuidados intensivos. Casi un mes después de la entrada en vigor de la Directiva Europea de Transparencia Salarial, el bocadillo ‘salario a negociar’ ha pasado a ser ilegal en cualquier oferta de empleo publicada dentro de la Unión. La nueva norma, vinculante desde el 7 de junio, obliga a las empresas a desvelar la cifra —en número cerrado o en una banda salarial— antes incluso de la primera entrevista. El cambio pilla a muchas compañías españolas con el paso cambiado: según el abogado laboralista Ignacio de la Calzada, «la mayoría todavía no lo sabe o hace como que no lo sabe».

Del ‘según valía’ al número obligatorio

La redacción de la directiva no deja margen a los eufemismos. ‘Retribución según valía’, ‘remuneración competitiva’ o el clásico ‘a negociar’ quedan fuera de cualquier anuncio de selección. «No es una recomendación, es una obligación legal», subraya De la Calzada en declaraciones recogidas por La Razón. El abogado, muy activo en redes sociales, insiste en que la norma ataca de raíz la opacidad que históricamente ha lastrado el poder de negociación de los trabajadores, sobre todo de las mujeres.

La medida llega en un contexto en el que seis de cada diez empleados españoles se plantean cambiar de empresa y un 42 % lo haría exclusivamente por motivos salariales, según el estudio Dream Careers Index de Adobe. Al mismo tiempo, el último dato del INE muestra que el gasto medio por hogar creció un 3,1 % en 2025, hasta 35.101 euros, y la tasa de ahorro bajó un punto, hasta el 11,3 % de la renta disponible bruta en el primer trimestre de 2026. Con los bolsillos más apretados, saber cuánto pagan los demás por el mismo trabajo deja de ser un capricho y se convierte en una herramienta de supervivencia financiera.

«Ahora tienes derecho a preguntar cuánto cobran tus compañeros»

La directiva no se limita a sacar el salario del cajón en la contratación. Con la norma ya en vigor, cualquier empleado puede solicitar información sobre las retribuciones de otros compañeros que desempeñen funciones de igual valor. La empresa tiene dos meses para responder, y una negativa infundada no es una opción. «No te pueden decir que no. Es tu derecho», recalca De la Calzada.

La joya de la corona —y la que más controversia suscita en los departamentos de recursos humanos— es la cláusula sobre la brecha de género. Si la diferencia retributiva entre hombres y mujeres en puestos equiparables supera el 5 %, la compañía está obligada a justificarla de forma objetiva. Si no puede hacerlo, debe corregirla. Y, en caso de litigio, la carga de la prueba se invierte: ya no es el trabajador quien tiene que demostrar la discriminación, sino la empresa quien ha de acreditar que no la hay. Un giro copernicano en el derecho laboral comunitario.

La directiva no solo prohíbe el secretismo salarial: traslada a las empresas la carga de demostrar que no discriminan, y eso cambia las reglas de la negociación colectiva en toda la UE.

El Eje del Poder Europeo

La norma no es un capricho técnico de Bruselas. Responde a una brecha de género persistente: en la UE, las mujeres ganan de media un 13 % menos que los hombres por hora trabajada, una cifra que en España ronda el 19 %, según los últimos datos de Eurostat. La transparencia salarial es la apuesta de la Comisión Europea para desactivar esa desigualdad sin imponer topes artificiales. Pero, como toda directiva europea, aterriza de manera muy distinta en el norte que en el sur.

El impacto en España es doble. Por un lado, obliga a modernizar prácticas de contratación ancladas en la cultura del ‘ya hablaremos del sueldo cuando te conozcamos. Por otro, coloca a los departamentos de recursos humanos ante un reto mayúsculo: preparar registros retributivos auditables, porque cualquier inspección o demanda judicial les exigirá papeles contundentes. Para un tejido empresarial dominado por pymes —más del 99 % de las empresas españolas tienen menos de 50 trabajadores—, el coste administrativo puede ser significativo.

Quienes siguen de cerca la directiva recuerdan que la batalla por la transparencia no terminó con su aprobación formal. En la negociación del trílogo (la fase decisiva entre Comisión, Consejo y Parlamento Europeo), varios países nórdicos impulsaron umbrales más bajos para la notificación de brechas, mientras que estados del Este y del sur lograron suavizar algunas obligaciones. El resultado es un texto que, aun siendo el más ambicioso hasta la fecha, deja margen para que la vigilancia real dependa de los recursos que cada Estado miembro ponga en la Inspección de Trabajo.

La aplicación efectiva en España pasa por esa ventanilla. El Gobierno deberá dotar de medios a un cuerpo ya sobrecargado, si no quiere que la directiva se convierta en papel mojado. Mientras tanto, los trabajadores españoles estrenan un derecho con fecha de caducidad inmediata: el de mirar la nómina del compañero sin pedir perdón.

Empresas de servicios madrileñas implantan con éxito la semana laboral de cuatro días

Las empresas que se atrevieron a probarlo hace años ya no hablan de experimento, sino de rutina. Lo que empezó como un piloto arriesgado en un puñado de oficinas madrileñas se ha convertido en una realidad que miles de trabajadores viven cada jueves por la tarde: apagar el ordenador y no volver a encenderlo hasta el lunes. Sin recortes en la nómina, sin letra pequeña.

Detrás de este cambio hay datos, no solo buena voluntad. Consultoras, agencias de marketing y firmas de servicios de la capital llevan reportando mejoras sostenidas en productividad desde que se atrevieron a dar el salto. La pregunta ya no es si funciona, sino por qué no lo hacen todas.

Empresas madrileñas que ya trabajan cuatro días

Youtube video

Good Rebels, la consultora de marketing digital, fue de las primeras en lanzarse: arrancó con un proyecto piloto en julio de 2021 y, al ver que los números no bajaban, decidió hacerlo permanente. Otras empresas como La Francachela o Ephimera, ambas de las mismas propietarias, siguieron el mismo camino con jornadas reducidas y sin tocar el sueldo.

El patrón se repite: firmas de tamaño mediano, muy digitalizadas, con procesos que se pueden medir con facilidad. Eso les permite comprobar en semanas, no en años, si el modelo compensa. Y hasta ahora, la respuesta ha sido sí en la inmensa mayoría de los casos analizados.

El dato que respalda a las empresas pioneras

En este contexto, empresas de sectores como la tecnología y los servicios han sido las que más rápido han adoptado el modelo, dejando atrás a industrias donde el tiempo físico en planta sigue marcando el ritmo. La mejora en la conciliación familiar aparece como el argumento que más repiten los responsables de recursos humanos cuando explican por qué apostaron por el cambio.

No se trata solo de un día libre más. Según cuentan quienes ya lo viven, el verdadero giro está en la cultura de empresa: dejar de medir el rendimiento por horas de silla y empezar a medirlo por resultados. Ese cambio de mentalidad, dicen, cuesta más que reorganizar un calendario.

Cómo se organiza la jornada por dentro

Youtube video

No todas las empresas aplican la misma fórmula. Algunas concentran las 40 horas semanales en cuatro días más largos, mientras que otras optan por reducir directamente el total de horas trabajadas sin alargar las jornadas restantes. Zataca Systems, por ejemplo, mantiene 37,5 horas repartidas entre lunes y jueves, con jornadas de 9,5 horas los primeros tres días.

La clave, insisten los expertos en gestión laboral, está en negociar el modelo caso por caso. No hay una ley específica en España que obligue a nada, así que cada compañía adapta la fórmula a su actividad, su plantilla y sus clientes, siempre dentro de lo que permite el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores.

Sectores donde ya es habitual

El sector servicios se ha convertido en el terreno más fértil para este modelo, sobre todo en actividades donde el trabajo se puede organizar por proyectos y objetivos. Estos son algunos de los ámbitos donde más se ha extendido en Madrid:

  • Marketing y comunicación digital, con agencias que llevan años midiendo resultados sin perder eficacia.
  • Consultoría tecnológica, donde los equipos ya trabajaban de forma flexible antes del cambio.
  • Gestión de eventos y espacios corporativos, con picos de actividad que se adaptan bien a semanas comprimidas.
  • Restauración y hostelería de gestión propia, un terreno menos habitual pero con casos de éxito documentados.

Lo que tienen en común todas estas actividades es que dependen más del talento y la organización que de una cadena de producción fija. Eso facilita medir el impacto real sin necesidad de parar máquinas ni reorganizar turnos complejos.

Qué falta para que el modelo se generalice

Pese al avance, la realidad sigue siendo desigual. Mientras algunas empresas ya presumen de su semana de cuatro días como sello de marca empleadora, buena parte del tejido productivo madrileño —sobre todo pymes industriales y comercio con atención al público— todavía no ve cómo encajar el cambio sin reorganizar plantillas enteras.

Aquí entran en juego dos frentes distintos:

  • Ayudas públicas, como las convocatorias del Ministerio de Industria dirigidas a pymes que reduzcan jornada sin recortar salario.
  • Presión desde dentro, con plantillas que empiezan a pedir explícitamente este modelo en procesos de selección y negociación colectiva.

Estos dos empujones, combinados, son los que más están acelerando la conversación en sectores donde antes ni se planteaba.

Lo que viene: de la excepción a la norma

La tendencia apunta a que este modelo dejará de ser noticia y pasará a formar parte del paisaje laboral habitual, al menos en el sector servicios. Las empresas que ya lo probaron no hablan de volver atrás, y eso, en un mercado donde retener talento cualificado es cada vez más difícil, pesa tanto como cualquier informe de productividad.

Si trabajas en un sector donde esto empieza a sonar como posibilidad real, el consejo de quienes ya lo han vivido es sencillo: pide datos, no promesas. Antes de negociar un cambio de jornada, conviene preguntar cómo se va a medir el resultado y durante cuánto tiempo se probará. Es la única forma de convertir una buena intención en un acuerdo que realmente funcione para todos.

Adiós a los helados con lactosa: el truco para hacer helado de plátano congelado cremoso en 2 minutos sin heladera

¿Cuántas veces has sacado un ‘helado’ casero del congelador y te has encontrado con un bloque de hielo infranqueable? A mí me pasaba constantemente, hasta que descubrí que un solo ingrediente, el plátano maduro congelado, podía darme una crema helada sedosa en cuestión de dos minutos. No necesitas heladera, ni lácteos, ni estabilizantes raros: solo fruta y un poco de planificación.

La magia está en la composición del plátano. Cuando madura, sus almidones se convierten en azúcares naturales y, gracias a su alto contenido en pectina y fibra, al triturarlo congelado se obtiene una textura increíblemente untuosa, muy parecida a la de un gelato pero sin una gota de grasa añadida. Es un helado vegano, sin gluten y, de paso, una manera brillante de aprovechar esos plátanos que ya nadie quiere comer.

El secreto del éxito

  • Plátanos muy maduros: cuanto más oscura esté la piel, más dulzor y mejor textura tendrá el helado. Así no necesitas añadir azúcar.
  • Congelación completa: corta los plátanos en rodajas y déjalos al menos 4 horas en el congelador. Si los congelas en una sola capa sobre papel vegetal, se separan mejor y evitas que se apelmacen.
  • Trituración por impulsos: usa un procesador de alimentos o una batidora potente y pulsa en intervalos cortos, ayudándote con una espátula para ir moviendo las rodajas. Yo he quemado dos aparatos por no hacerlo así y dejar el motor a plena carga durante minutos enteros.

Ingredientes

  • 2 o 3 plátanos muy maduros (unos 300 g ya pelados)
  • Ingredientes extra opcionales: una cucharada de cacao puro en polvo, un puñado de fresas congeladas (unos 80 g), una cucharada de crema de cacahuete, chips de chocolate o un chorrito de extracto de vainilla.

Preparación

Pela los plátanos y córtalos en rodajas de un dedo de grosor. Extiéndelas sobre una bandeja forrada con papel vegetal sin que se toquen y llévalas al congelador durante al menos 4 horas (puedes dejarlas toda la noche).

Pasado ese tiempo, coloca las rodajas congeladas en un procesador de alimentos o en una batidora de vaso con cuchillas en forma de ‘S’. Tritura a velocidad alta durante 2 minutos, pero hazlo en intervalos de 20-30 segundos: paras, remueves con una espátula y vuelves a triturar. Esta pausa es clave para no forzar el motor y para que la mezcla se homogeneice.

Si tu batidora es justa de potencia, añade una cucharada de leche vegetal o de agua para facilitar el triturado, aunque lo normal es que la propia fruta vaya soltando líquido al calentarse ligeramente. Verás cómo las rodajas primero se convierten en migas y luego, de repente, se agrupan en una crema sedosa que brilla. Cuando puedas formar una bola con una cuchara, está listo.

El momento mágico llega cuando pruebas la textura: no cristaliza, no se separa, se funde suavemente en la boca. Sírvelo al instante, porque es cuando está perfectamente cremoso; si lo guardas en el congelador, se endurece, pero puedes volver a triturarlo unos segundos para recuperar la sedosidad.

Ningún helado comercial sin lácteos se acerca a la cremosidad de esta fruta triturada justo al sacarla del procesador.

Variaciones y maridaje

La receta base deja vía libre a la creatividad. Para un helado de chocolate, añade una cucharada de cacao puro y vuelve a triturar unos segundos; queda espectacular con chips de chocolate negro por encima. La versión frutal con fresas congeladas (unos 80 g) pide un chorrito de agua de rosas o de limón para potenciar el aroma. Y si buscas un capricho más goloso, la crema de cacahuete y los chips de chocolate crean un sabor a mantequilla de cacahuete que convierte este helado en un postre de verdad.

Si tienes una Thermomix, el proceso es aún más cómodo: tritura las rodajas congeladas 30 segundos a velocidad 5, luego ve subiendo hasta 10 progresivamente y usa la espátula por el bocal para ir moviendo la fruta. El resultado es idéntico y ensucias menos.

Este helado es naturalmente sin gluten y sin lactosa, así que sirve para invitados con intolerancias. Al no llevar azúcar añadido, también encaja en dietas de control glucémico si se consume con moderación. Si te sobra (algo difícil), guárdalo en un recipiente hermético; al día siguiente estará duro, pero basta con dejarlo 5 minutos a temperatura ambiente y triturarlo otra vez en el procesador para devolverle la vida.

El ICAM alerta: la reforma de la Ley de Justicia Gratuita cumple 30 años sin cambios de fondo

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha lanzado una advertencia contundente este viernes 10 de julio de 2026: la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita cumple 30 años sin una reforma de fondo y el Ministerio de Justicia mantiene oculto el borrador de la nueva norma a los colegios profesionales. La denuncia tuvo lugar durante la jornada del Día de la Justicia Gratuita, celebrada en la sede madrileña.

Juan Manuel Mayllo, diputado 9.º de la Junta de Gobierno del ICAM y responsable del Turno de Oficio, reprochó el “silencio administrativo” del departamento que dirige el ministro de Presidencia y Justicia. “Hemos insistido muchísimo al Ministerio para que estuviera como representante y nos ha obsequiado con el silencio”, afirmó. El malestar no es menor: la reforma de la justicia gratuita figura entre los diez proyectos de ley que el Gobierno quiere aprobar antes del final de la legislatura, pero el texto sigue sin conocerse.

Según Mayllo, la norma de 1996 funciona pero está “obsoleta”, una “vivienda con una ubicación estupenda pero con una reforma pendiente que nadie se atreve a acometer”. A su lado, Carmen Martín García-Matos, viceconsejera de Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid, y Adrián Gómez Linacero, letrado de la Administración de Justicia y presidente territorial de PROLAJ, coincidieron en que la ley resiste a pesar de sí misma.

Treinta años sin cambios sustanciales y un ministerio en silencio

El ICAM reveló que en los últimos meses ha instando repetidamente al Ministerio de Justicia para que compartiera el anteproyecto. La respuesta ha sido nula. “Ya no hablamos de curiosidad, hablamos de preocupación”, subrayó Mayllo. La falta de diálogo contrasta con el dato de que el propio ministro ha incluido esta iniciativa en el paquete legislativo prioritario.

La ley actual, nacida en 1996, es considerada un pilar del Estado de bienestar, pero arrastra problemas que la evolución social ha agravado. La reforma pendiente debe abordar, entre otros aspectos, la actualización de los criterios económicos de acceso y la descongestión de un sistema saturado por los llamados “querulantes”, ciudadanos que abusan del litigio.

La fuga de abogados jóvenes y la desigualdad entre territorios

Uno de los focos rojos que se puso sobre la mesa es la escasez de abogados jóvenes que eligen el turno de oficio. El ICAM propone acortar el periodo previo de ejercicio necesario para acceder, pero con una tutorización inicial, porque el conocimiento jurídico de los recién llegados es sólido, pero el funcionamiento cotidiano del sistema requiere un aprendizaje sobre el terreno.

Las cifras de la Comunidad de Madrid agravan el contraste. En 2025, invirtió 63,5 millones de euros en justicia gratuita, que subirán a 66 millones en 2026 y a 67 millones en 2027. Con un millón y medio menos de habitantes que el territorio dependiente del Ministerio (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla), Madrid gasta casi 14 millones más. Además, la retribución por guardia en Madrid es de 242 euros, frente a los 176,49 euros que abona el Ministerio.

“Invertir en el turno de oficio es invertir en democracia”, sentenció Mayllo, resumiendo el sentir de un colectivo que ve cómo se vacía la cantera de futuros letrados.

El contexto institucional: una ley desbordada y el reto digital

Según datos de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia citados en la jornada, España se sitúa entre los países con más actuaciones de asistencia jurídica gratuita por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, los criterios de acceso atados al IPREM se han quedado rezagados frente a la subida del salario mínimo interprofesional, dejando fuera a ciudadanos con recursos reales limitados.

El problema de los querulantes —personas que pleitean de forma compulsiva— fue otro de los puntos más espinosos. Mayllo relató el caso extremo de un ciudadano que agotó a 35 abogados de oficio de forma sucesiva y que, tras presentar quejas y amenazas, obtuvo el respaldo del Tribunal Superior de Justicia frente al colegio. “Es que no podemos hacer nada”, reconoció la viceconsejera Martín. Solo en Cataluña existe un precedente de retirada de justicia gratuita por abuso de derecho.

La incorporación de la inteligencia artificial fue abordada con cautela. Mientras Gómez Linacero confió en que la automatización agilice trámites y proteja datos, Mayllo advirtió del riesgo de que los despachos grandes capitalicen la tecnología y ensanchen la brecha con los abogados del turno. “La calidad de la defensa no puede depender del bolsillo del cliente”, zanjó.

El aviso de la Seguridad Social: la edad legal de jubilación sube a 67 años desde 2027

La Seguridad Social ha confirmado el último escalón de una reforma que llevaba más de una década gestándose en silencio. A partir del 1 de enero de 2027, jubilarse a los 65 años dejará de ser una puerta abierta para todos los trabajadores.

Solo quienes acrediten 38 años y 6 meses de cotización podrán seguir retirándose a esa edad. El resto tendrá que esperar hasta los 67 años, dos más de los que muchos tenían anotados en su calendario mental de jubilación.

Seguridad Social: la fecha que lo cambia todo

Youtube video

El proceso arrancó en 2013 y ha ido subiendo la edad legal de retiro mes a mes, casi sin que nadie lo notara. Con la reforma que se aplica definitivamente en 2027, el calendario transitorio se cierra para siempre, y desde entonces convivirán solo dos edades posibles según la trayectoria de cada persona.

Quien llegue a los 38 años y 6 meses cotizados podrá jubilarse a los 65 «de toda la vida». Quien se quede por debajo de ese umbral, en cambio, deberá esperar hasta los 67 años para acceder a la pensión ordinaria sin penalización alguna.

El umbral que decide tu edad de retiro en la Seguridad Social

En 2026, año de transición, ya se nota el endurecimiento: la edad ordinaria es de 66 años y 10 meses para quienes no lleguen a 38 años y 3 meses cotizados. El Seguridad Social recuerda que a partir de 2027 ese listón sube a 38 años y 6 meses, mientras que la Jubilación ordinaria en España queda definida legalmente en la Ley 27/2011 como el proceso que culmina precisamente ese año.

Lo importante es entender que esos 38 años y 6 meses no son un capricho administrativo. Son la frontera exacta entre retirarte con 65 años o seguir trabajando dos años más, algo que puede suponer una diferencia notable en tu planificación vital y económica.

Cómo saber si llegas al umbral exigido

Youtube video

La forma más fiable de comprobarlo es solicitar el informe de vida laboral, un documento gratuito que cualquier afiliado puede pedir a través de la sede electrónica, la app Tu Seguridad Social o por teléfono. Ahí aparecen, día a día, todos los periodos cotizados a lo largo de tu trayectoria profesional.

Muchas personas se llevan una sorpresa al revisarlo: lagunas de cotización que no recordaban, periodos de baja mal registrados o trabajos antiguos que no computan como esperaban. Detectar estos huecos con años de antelación permite corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde para actuar.

Qué pasa si no llegas a los 38 años y medio

Si no acreditas ese periodo mínimo en 2027, no te quedas sin pensión: simplemente tu edad ordinaria de jubilación pasa a ser 67 años en lugar de 65. Es una diferencia relevante en tiempo de espera, pero no una pérdida del derecho a cobrar la prestación que te corresponde.

Existen además varias vías intermedias para quienes no quieren o no pueden esperar hasta esa edad, aunque casi todas implican algún tipo de recorte permanente en la cuantía final de la pensión.

  • Jubilación anticipada voluntaria: desde los 63 años si se acreditan 38 años y 6 meses cotizados.
  • Jubilación anticipada involuntaria, por despido o reestructuración: posible desde los 61 años con carrera larga, o 63 sin ella.
  • Jubilación parcial con contrato de relevo: accesible hasta tres años antes de la edad ordinaria.
  • Compatibilidad con actividad laboral: se puede seguir trabajando y cobrar parte de la pensión al alcanzar la edad legal.

Lo que viene después de 2027 para la Seguridad Social

El sistema de pensiones español seguirá evolucionando más allá de 2027, y todo apunta a que las carreras de cotización largas seguirán siendo la variable más protegida por la normativa vigente. No es casualidad: el envejecimiento demográfico obliga a vincular cada vez más la pensión al esfuerzo contributivo real de cada trabajador.

La buena noticia es que, con tiempo suficiente, casi cualquier laguna de cotización se puede planificar o compensar. Revisa tu vida laboral cuanto antes, no esperes al último año, y si te faltan meses para el umbral, valora con calma si merece la pena alargar tu actividad laboral un poco más antes de fijar la fecha exacta de tu retiro.

El PP exige reformar la justicia gratuita para garantizar indemnizaciones dignas a los abogados de oficio

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El PP ha lanzado este domingo, Día de la Justicia Gratuita, una iniciativa para exigir al Gobierno la reforma urgente de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
  • ¿Quién está detrás? La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha encabezado el anuncio, respaldado por todo el partido.
  • ¿Qué impacto tiene? La propuesta busca actualizar los baremos —congelados desde 2003— y frenar la caída de letrados adscritos al turno de oficio, que ha descendido un 14,14 % en cinco años.

El Partido Popular ha elegido la fecha simbólica del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio para lanzar un órdago al Gobierno: la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. La iniciativa, anunciada por la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, reclama al Ejecutivo que deje de aplazar la actualización de los baremos y garantice indemnizaciones «dignas» a los casi 40.000 abogados de oficio que sostienen el sistema.

Según fuentes de Génova, la propuesta se ha gestado en coordinación con los colegios profesionales y los gabinetes autonómicos populares, que llevan meses advirtiendo del desgaste de un servicio público «esencial» para el Estado de derecho. La formación de Feijóo subraya que la justicia gratuita no es solo una prestación asistencial, sino uno de los pilares que hacen efectivo el principio de igualdad ante la ley.

Un sistema al borde del colapso: los datos que esgrime el PP

El diagnóstico que maneja el GPP es demoledor. El número de letrados adscritos al turno de oficio ha caído un 14,14 % en los últimos cinco años, una sangría que el partido atribuye directamente a la inacción del Ministerio de Justicia. «El ministerio de Bolaños lleva sin actualizar de forma efectiva los baremos desde 2003», ha denunciado Gamarra, lo que ha provocado un desfase acumulado y una pérdida de poder adquisitivo próxima al 40 % para los profesionales que asumen las guardias y las asistencias de oficio.

Los datos no son nuevos, pero el PP los ha puesto sobre la mesa con una urgencia renovada. Fuentes del departamento de Regeneración Institucional consultadas por este diario insisten en que la falta de actualización no solo perjudica a los abogados, sino que sitúa al sistema «al borde del colapso» y compromete la tutela judicial efectiva de los ciudadanos con menos recursos.

Las medidas concretas que reclama Génova

La iniciativa popular se articula en tres ejes que van más allá de una simple subida de tarifas. En primer lugar, exige que la asistencia, defensa y representación jurídica gratuita sea indemnizada con independencia de que se reconozca o no el derecho del justiciable al servicio. Se trata de evitar que miles de horas de trabajo queden sin compensación cuando el beneficiario no acredita finalmente su insuficiencia económica.

En segundo término, el PP reclama al Ministerio que actualice de forma inmediata los baremos para garantizar indemnizaciones dignas y acabar con el desfase que arrastran desde hace más de dos décadas. A eso se suma la petición de simplificar los procedimientos de reconocimiento del derecho por parte de los colegios profesionales e implantar un mecanismo de pago mensual que evite los retrasos crónicos en los abonos.

La propuesta del PP no es un brindis al sol: busca reequilibrar un modelo que ya da señales de agotamiento en varias CCAA.

El Eje del Poder Popular

Desde Génova enmarcan la iniciativa en una ofensiva más amplia contra lo que consideran «los recortes de Bolaños a los tribunales». Gamarra ha vinculado la defensa del turno de oficio con la defensa de la libertad y la igualdad ante la ley, un argumentario que el PP ya ha utilizado en comunidades como Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana, donde se han impulsado complementos autonómicos para paliar las carencias del sistema estatal.

La lectura territorial es evidente: mientras el Gobierno central mantiene congelados los baremos, las CCAA gobernadas por el PP asumen el coste político y presupuestario de reforzar la asistencia jurídica gratuita. Esta propuesta nacional, por tanto, no solo interpela a Moncloa, sino que da cobertura a los barones populares que llevan tiempo exigiendo un marco común actualizado.

En el trasfondo del debate late también la preocupación por el desprestigio de la imagen de la justicia. La pérdida de letrados jóvenes y el envejecimiento de la plantilla del turno de oficio encajan mal con el discurso de un Gobierno que presume de protección social. El PP quiere colocar ahí la lupa: si Moncloa no mueve ficha, las consecuencias las pagarán los ciudadanos que dependen de la asistencia gratuita y los profesionales que la sostienen con una remuneración cada vez más menguada.

En todo caso, la iniciativa está planteada como una proposición abierta. Fuentes de la cúpula popular consultadas por este medio señalan que no se descarta transformarla en una Proposición de Ley si el Ejecutivo persiste en su negativa a negociar. El plazo que se maneja en privado apunta al próximo periodo de sesiones, cuando el PP podría forzar su debate en el Congreso.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: Defender la justicia gratuita es defender la igualdad ante la ley y la libertad real de los ciudadanos. El Gobierno de Sánchez, con sus recortes, pone en riesgo un pilar básico de la democracia.
  • Protagonista: Cuca Gamarra (vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP y secretaria general).
  • Próximo hito: Presentación formal de la iniciativa en el Congreso y presión a Moncloa para que acceda a una negociación antes del final del próximo periodo de sesiones.

Nunca vuelvas a cocinar judías verdes sin hacer esto: la receta con mantequilla que crea cremosidad en 20 minutos

¿Cuántas veces has sacado del fuego unas judías verdes de un color marrón apagado y una textura que se deshace en el tenedor? A mí me pasaba siempre, hasta que di con esta receta que las vuelve verdes, crujientes y envueltas en una crema ligera de mantequilla. Solo necesitas 20 minutos para transformar la guarnición más modesta en el plato que todos querrán repetir.

El secreto del éxito

  • Blanqueado relámpago: cinco minutos exactos en agua con sal y un baño de hielo inmediato fijan la clorofila, evitando el tono caqui y la textura blanda.
  • Corte longitudinal: en vez de trocearlas en transversal, abre cada vaina a lo largo para obtener tiras finas que se naparán con la crema de manera uniforme.
  • Roux con el agua de cocción: mezcla mantequilla y harina y añade poco a poco el caldo verde donde hirvieron las judías; conseguirás una velouté sutil que abraza cada hebra sin enmascarar su sabor.

Ingredientes

  • 200 g de judías verdes planas
  • Agua abundante para cocer
  • Sal al gusto
  • 10 g de harina de trigo (también vale sin gluten, de arroz o maíz)
  • 15 g de mantequilla

Para empezar, limpia las judías cortando las puntas. Pon a hervir una olla con agua y sal generosa. Cuando rompa el hervor, introduce las vainas y cuécelas exactamente cinco minutos. Pasado ese tiempo, escúrrelas y sumérgelas de inmediato en un bol con agua y hielo. El contraste térmico detiene la cocción en seco y fija un verde brillante que se mantendrá hasta el plato.

El corte longitudinal y la cocción de solo cinco minutos son las dos llaves que transforman la verdura más humilde en una guarnición de restaurante.

Una vez frías, seca las judías con cuidado. En lugar de trocearlas en porciones gruesas, ábrelas por la mitad a lo largo con un cuchillo pequeño o con los dedos, de manera que obtengas tiras muy finas. Este gesto, que conocí gracias a la receta de Nino Redruello en sus restaurantes de Grupo La Ancha, multiplica la superficie de contacto con la salsa.

En una sartén amplia, derrite la mantequilla a fuego medio y añade la harina. Remueve con varillas durante un minuto para cocinar el almidón. A continuación, incorpora poco a poco un cucharón del agua de cocción de las judías, sin dejar de batir, hasta que se forme una crema ligera y sin grumos. Incorpora las tiras de judías y saltéalas apenas un par de minutos: absorberán la salsa y quedarán tiernas pero con un punto al dente inconfundible.

Sirve de inmediato. Notarás cómo la crema de la propia verdura, realzada con la mantequilla, convierte este plato en una guarnición tan elegante como rápida.

Variaciones y maridaje

Si quieres convertirlas en entrante de cuchara, prepara una crema de perejil triturando hojas frescas con un chorrito de aceite, sal y un diente de ajo. Pon unos puntos sobre las judías calientes: el verde intenso del perejil contrasta con el verde más claro de la vaina y aporta frescor. Para maridar, elige un vino blanco con cuerpo pero sin barrica, como un godello o un verdejo; su acidez equilibra la untuosidad de la mantequilla sin restar protagonismo a la verdura. Este plato funciona de maravilla junto a un pescado a la plancha o un pollo al limón. Y si necesitas una versión vegana, sustituye la mantequilla por aceite de oliva virgen extra y usa harina de yuca para el roux: la textura será distinta pero igual de irresistible.

CISA añade iCagenda y Balbooa a su catálogo KEV: parche antes del 13 de julio

La Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura de Estados Unidos (CISA) ha incorporado esta tarde dos extensiones de Joomla —iCagenda y Balbooa Forms— a su catálogo de Vulnerabilidades Explotadas Conocidas (Known Exploited Vulnerabilities, KEV) y exige a todas las agencias federales que apliquen el parche antes del 13 de julio, es decir, mañana.

Ambos fallos son de tipo unrestricted upload y permiten la ejecución remota de código (RCE) sin necesidad de autenticación. La vulnerabilidad en iCagenda (CVE-2026-48939) alcanza la puntuación máxima CVSS de 10, mientras que el error en Balbooa Forms (CVE-2026-56291) también abre la puerta a carga arbitraria de ejecutables y control total del servidor. No se trata de un aviso teórico: los atacantes ya están explotando activamente estas brechas, de ahí la orden perentoria de la CISA.

Le pongo en contexto: el catálogo KEV no es un listado informativo. Cada entrada obliga a las agencias civiles del Gobierno federal (FCEB) a remediar la vulnerabilidad en un plazo fijo, en cumplimiento de la Directiva Operativa Vinculante BOD 22-01. Quien no parchea a tiempo se expone a sanciones internas y, lo más grave, a incidentes que la propia directiva busca reducir ‘de forma significativa’. Mañana, 13 de julio, vence el reloj.

Anatomía de las vulnerabilidades: subida sin restricciones y ejecución remota

iCagenda es una extensión de gestión de eventos muy extendida en portales Joomla. El fallo reside en la funcionalidad de adjuntos: el sistema no valida el tipo de archivo que se sube, de modo que un atacante puede inyectar un script PHP y ejecutarlo inmediatamente en el servidor. En Balbooa Forms, un constructor de formularios también comercial, la historia es similar: la carga de archivos sin comprobación de cabeceras permite a un visitante no autenticado enviar un payload malicioso y lograr RCE completo.

Desde el punto de vista del oficio, ambas brechas encajan en la categoría de zero-day en el momento de la explotación activa, aunque los desarrolladores ya han liberado los parches correspondientes. La velocidad con la que CISA las incluye en el KEV indica que se ha documentado explotación en entornos reales, probablemente en agencias federales o contratistas. No conozco los informes de inteligencia concreta, pero el umbral de la agencia para añadir una vulnerabilidad al catálogo es inequívoco: tiene que haber evidencias de uso por parte de grupos de amenaza persistentes (Advanced Persistent Threats, APT) o campañas de cibercrimen organizado.

He escrito en alguna ocasión que el próximo 11S no se anunciará con un avión sino con un clic, y basta mirar estas dos extensiones para entenderlo. Una agencia federal con un pequeño portal comunitario montado sobre Joomla y desactualizado se convierte en la rampa de entrada a toda una red gubernamental. Da igual que el sistema central esté blindado: la cadena se rompe por el eslabón más débil.

Los catálogos como el KEV son la contrainteligencia SIGINT del siglo XXI: no evitan la vulnerabilidad, pero acortan la ventana de exposición y fuerzan a los adversarios a renovar su arsenal constantemente.

La directiva BOD 22-01 y el efecto látigo sobre las agencias federales

La Binding Operational Directive 22-01, emitida en 2021, establece un calendario de corrección que rara vez supera los catorce días. Cuando una vulnerabilidad aparece en el KEV, cada FCEB recibe una instrucción ejecutiva que el CIO debe cumplir sin dilación. Si bien el plazo para iCagenda y Balbooa Forms expira mañana, muchas entidades ya habrán aplicado el parche en las últimas horas, pero el recuento de cumplimiento se revisará en los próximos días. CISA publica métricas de cumplimiento que, en anteriores emergencias como Log4Shell, mostraron que un tercio de las agencias aún no había rematado el proceso en el plazo inicial.

Permítame un apunte que no suele aparecer en los comunicados oficiales: cuando CISA incorpora dos fallos de Joomla a la vez, está mandando un mensaje también a la industria de la gestión de contenidos. Joomla alimenta millones de sitios web, y la comunidad de extensiones a menudo deja el parcheo en manos del administrador final. La agencia está diciendo, sin decirlo, que las campañas de explotación activa contra estos complementos son más amplias de lo que el ciudadano medio imagina.

Una fuente cercana al CCN-CERT me ha comentado en anteriores ocasiones —y no tengo motivos para pensar que ahora sea distinto— que los catálogos estadounidenses se monitorizan en tiempo real. En cuanto una entrada KEV se publica, los analistas del Centro Criptológico Nacional cruzan el dato con el inventario de sistemas expuestos de la administración española. Así que, aunque la directiva sea solo para agencias de Washington, la onda expansiva llega a Madrid en minutos.

vulnerabilidad activa

Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra

El vector de amenaza aquí es una combinación de ciberataque de oportunidad y reconocimiento previo. No hace falta un APT de un Estado rival para usar estas vulnerabilidades; basta una botnet de ciberdelincuentes que escanee cabeceras de Joomla en direcciones IP asociadas a agencias gubernamentales. No obstante, la inteligencia de señales (SIGINT) que maneja CISA suele proceder de la NSA o del FBI, y si la entrada en el KEV es tan rápida, no descarto que haya indicios de actividad de grupos afiliados a servicios de inteligencia extranjeros.

Las agencias implicadas en la defensa son CISA como coordinador federal y el FBI como investigador principal de las campañas de explotación. Del lado atacante, por ahora no hay atribución pública, aunque las campañas de unrestricted upload contra Joomla han sido utilizadas históricamente por grupos chinos como APT40 y por equipos rusos vinculados al GRU. No pongo nombres sin pruebas, pero el catálogo de tactics, techniques and procedures (TTP) que suelo consultar muestra que ambos actores han pivotado desde extensiones de WordPress a las de Joomla en los últimos dos años.

En cuanto al nivel de clasificación del material, estimo que la alerta original que desencadena esta entrada al KEV está clasificada como ‘Secreto’ o ‘Confidencial’ en el sistema estadounidense, porque contiene la inteligencia de fuentes (HUMINT o SIGINT) que demuestra la explotación activa. La publicación en el catálogo público la rebaja a ‘Sin Clasificar pero Sensible’; suficiente para que los adversarios sepan que los parches van a llegar, pero sin revelar cómo se detectó la campaña.

Recuerdo el caso de SolarWinds, donde la alerta tardó meses en activarse porque las agencias no compartían la inteligencia. El hecho de que en esta ocasión el aviso sea inmediato y público es una victoria de la doctrina de transparencia táctica que impulsó la directora de la NSA tras aquel desastre. Ahora bien, la lección de doble filo es que los atacantes también leen el KEV y saben que mañana muchas agencias habrán tapado esas brechas, así que redoblarán sus campañas de explotación en las próximas horas.

En España, el CCN-CERT ya habrá actualizado su propio índice de amenazas y remitido instrucciones a las entidades del ámbito del Esquema Nacional de Seguridad. No será raro ver un comunicado interno en el sector público antes del fin de semana. El eslabón más débil de la administración electrónica patria suele ser el pequeño ayuntamiento que mantiene un portal Joomla sin presupuesto de ciberseguridad; ese es el objetivo que, créame, vigilo con más intranquilidad.

Sánchez contesta a Rajoy tras sus declaraciones racistas sobre la selección francesa: ‘Que gane el mejor y que pierda el racismo’

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido con contundencia a las declaraciones racistas del expresidente Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol.
  • ¿Quién está detrás? El propio Sánchez, con un mensaje en X recogido por Moncloa, y el ministro José Manuel Albares, que ha vinculado el episodio al veto del PP al Tratado de Amistad con Francia.
  • ¿Qué impacto tiene? El Gobierno refuerza su perfil en defensa de la igualdad y la convivencia, mientras deja en evidencia la deriva xenófoba del PP y su obstrucción a la diplomacia progresista con Francia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido no callar. Horas después de que el expresidente Mariano Rajoy publicara una columna en El Debate en la que descalificaba a la selección francesa de fútbol por contar con jugadores de orígenes diversos —“un altísimo nivel, eso sí, sin franceses”—, el jefe del Ejecutivo ha utilizado sus redes sociales para desmarcar al PSOE y a la España que gobierna de cualquier tentación racista. “Que gane el mejor y que pierda el racismo”, ha escrito en en la red social X, en un mensaje que ha generado miles de interacciones en menos de una hora.

Una respuesta contundente en pleno Mundial

Sánchez ha ido más allá del comentario futbolístico. “Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios”, ha expuesto. La reflexión enlaza con una idea fuerza del proyecto socialista: España es diversa, plural y construida sobre la aportación de todas las personas que la aman y la trabajan. El cierre del tuit —“España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas. Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo”— ha funcionado como un doble golpe: político y simbólico, en vísperas del choque deportivo más esperado del año.

La reacción del Gobierno francés no se ha hecho esperar. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha calificado las palabras de Rajoy de “absolutamente inaceptables” en una entrevista con una televisión francesa, mientras que la Embajada de Francia en Madrid ha recordado un dato demoledor: de los 26 jugadores de la selección gala, 23 nacieron en Francia. La ministra delegada para la Igualdad de Género, Aurore Bergé, ha hablado de “resbalones racistas repetidos” e “insoportables”, y la ministra para los territorios de Ultramar, Naïma Moutchou, ha pedido a la Federación Francesa de Fútbol que emprenda acciones legales. Para París, las palabras del expresidente español traspasan la frontera de la decencia política.

El trasfondo político: el PP y el bloqueo del Tratado de Amistad

El episodio ha elevado la tensión entre el Gobierno de coalición progresista y una oposición que, en opinión de José Manuel Albares, coquetea cada vez más con discursos que banalizan la xenofobia. El ministro de Asuntos Exteriores ha sido el segundo miembro del Ejecutivo en entrar en la polémica, y lo ha hecho con un mensaje que conecta directamente la afrenta racista con la estrategia parlamentaria del PP. “Todo lo que encubra racismo y xenofobia es despreciable. No es España”, ha escrito en X, antes de añadir: “Todos los franceses, sin distinción, son nuestros amigos, nuestros vecinos y socios”. Y acto seguido ha recordado que “el sabotaje del PP” paralizó el pasado jueves la ratificación del Tratado de Amistad con Francia en el Senado, al remitir la ley al Tribunal Constitucional con un veto de los populares.

La maniobra del PP —forzar un dictamen del Constitucional sobre un tratado internacional que ya había superado el filtro del Consejo de Estado— fue interpretada por Moncloa como un ejercicio de obstrucción que daña los intereses de España y de sus aliados europeos. Ahora, con Rajoy emitiendo opiniones que deslegitiman a la Francia diversa, el Gobierno socialista encuentra una oportunidad para exhibir la contradicción del principal partido de la oposición: bloquear en las instituciones lazos de amistad mientras sus referentes intelectuales y políticos alimentan un discurso de odio hacia el país vecino.

El Gobierno ha convertido la indignación en una demostración de liderazgo progresista frente a la deriva xenófoba del PP.

El Eje del Poder Socialista

Para Ferraz, la secuencia de los últimos días tiene un valor estratégico que trasciende el rifirrafe verbal. Las declaraciones de Rajoy, la respuesta firme de Sánchez y Albares, y la reacción de las autoridades francesas permiten al PSOE reforzar tres vectores de su identidad política. Primero, la defensa de la España plural y abierta, que reconoce la aportación de la inmigración y de las culturas diversas como un activo —un relato que contrasta con el nacionalismo excluyente de Vox y con las ambigüedades del PP—. Segundo, el compromiso con el proyecto europeo y con la política exterior de buena vecindad, en un momento en el que la ultraderecha de varios países intenta dinamitar los consensos que sostienen la Unión. Y tercero, la cohesión del espacio progresista en el Congreso: mientras el PP opta por vetar acuerdos internacionales, el Grupo Parlamentario Socialista y sus socios de investidura trabajan por blindar la agenda de alianzas exteriores del Gobierno.

No es casual que Albares haya hilado ambas crisis —la verbal y la parlamentaria— en un mismo tuit. El Ministerio de Exteriores lleva semanas negociando con los grupos para superar el bloqueo del Senado y conseguir que el Tratado de Amistad salga adelante en el Congreso antes del receso estival. Fuentes del departamento consultadas por Moncloa.com confirman que el choque con Rajoy y la reacción francesa han acelerado los contactos con Junts, PNV y ERC, porque el Ejecutivo quiere demostrar que el Parlamento español sabe estar a la altura de sus socios europeos incluso cuando el PP decide boicotear la política exterior del Estado.

El episodio también refuerza la posición de Sánchez ante los líderes europeos que miran con preocupación el avance de las derechas radicales. En un año en el que España debe seguir ejerciendo influencia en las instituciones comunitarias, el presidente ha encontrado en la polémica con Rajoy un argumento para recordar que su Gobierno representa la España abierta que condena el racismo sin matices. La lectura que se hace en Moncloa es que la oposición ha quedado retratada por un expresidente que verbaliza lo que muchos en el PP piensan pero apenas se atreven a decir en público.

Mientras tanto, el balón está en el tejado del Senado y, sobre todo, del Tribunal Constitucional. La decisión sobre el Tratado de Amistad puede demorarse semanas, pero el terreno simbólico ya está tomado. Y la semifinal del Mundial, que se disputa esta misma semana, servirá de pantalla global para que el mensaje del Gobierno —que el racismo pierde y el respeto gana— llegue aún más lejos.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: La defensa de la España abierta y europeísta frente a los discursos de odio, con Francia como aliado prioritario.
  • Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
  • Próximo hito: La semifinal Francia-España en los próximos días, y el debate parlamentario sobre el Tratado de Amistad con Francia previsto antes del fin del periodo de sesiones.