El ex ministro Cristobal Montoro imputado por un juzgado de Tarragona porque su empresa Equipo Económico, favoreció, supuestamente, una legislación favorable para las empresas gasísticas que la habían contratado, ha alegado en un escrito de 14 páginas ante el juez instructor que «aun cuando aceptásemos a efectos puramente dialécticos (ya hemos dicho que lo negamos tajantemente) que mi representado hubiera tenido conocimiento exacto y puntual de dicha circunstancia, los hechos seguirían careciendo de toda relevancia penal».
La representación letrada del ex ministro ataca a la Fiscalía por defender la tesis, durante toda la instrucción, de que el ex cargo del ministro Rajoy podría haber percibido comisiones por facilitar la aprobación de leyes en favor de empresas de gas, «pese a que ningún indicio más allá de su olfato apunta a ello», recoge el escrito.
Asimismo, Montoro también se opone a la prórroga de la instrucción «como la acordada, ante la inexistencia de elementos delictivos e indicios racionales de criminalidad, únicamente puede servir para perpetuar una instrucción de carácter meramente prospectivo, proscrita por nuestro ordenamiento jurídico, de la que las diligencias recientemente interesadas por el Ministerio Fiscal constituyen el más claro exponente».
Fue el pasado 28 de enero, cuando el juez de Instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Tarragona aceptó la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que se requiriera a las notarías las escrituras de constitución y el inventario de bienes de los investigados, entre los que figura el ex ministro Cristóbal Montoro, y de sus cónyuges.
También acordó librar los mandamientos necesarios para recopilar esta información, que también afecta a ex cargos de Hacienda y a personas vinculadas al despacho fundado por el exdirigente del partido Popular, antes denominado Equipo Económico: Salvador Ruiz Gallud, Ricardo Martínez Rico, Francisco de Asís Piedras Camacho, Manuel Enrique de Vicente-Tutor, María Pilar Platero Sanz y Ricardo Montoro, hermano del ex titular de Hacienda en el Gobierno de Mariano Rajoy.
Sin embargo, para el abogado Javier Gómez-Ferrer, letrado de Montoro, «más allá de la fabulación del Ministerio Fiscal (…) no hay absolutamente nada que respalde tales sospechas». Al contrario, según la representación legal de Montoro, «las investigaciones practicadas únicamente han puesto de manifiesto una situación patrimonial absolutamente normal de mi representado y la inexistencia absoluta de elementos que permitan inferir la percepción de comisiones por su parte».
El juez decidió prorrogar la investigación hasta el mes de julio al entender que la investigación es «sumamente compleja, puesto que se «ha puesto de manifiesto la existencia de una presunta trama que gira en torno» a Equipo Económico y que, «mediante precio», se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, «moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes».
La defensa de Montoro insiste en que el exministro «desconocía» que las reformas aprobadas, que califica de «pequeñas en un conjunto mucho más amplio y ambicioso que se acordaron en esas fechas», hubieran sido propuestas al Ministerio de Hacienda a través de miembros del despacho Equipo Económico.
EL SUMARIO SECRETO DE MONTORO
Hay que recordar que el levantamiento del secreto del sumario el pasado mes de julio supuso una auténtica bomba en el mundo económico y financiero español en un momento que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez se encontraba cercado por varias causas judiciales abiertas.
El auto explicaba que el juzgado ha investigado la «existencia de posibles pagos a la mercantil Equipo Económico (EE) a fin de obtener modificaciones legislativas favorables para las empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim)». El juez acusa a 28 personas en total, nueve del equipo de Montoro, de presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
El 2 de agosto de 2018, ya sin el PP en el Gobierno, las investigaciones se declararon secretas y el auto del juez Rubén Rus destacaba que «el resultado de las diligencias llevadas a cabo, pone de manifiesto, la existencia de una organización, en la que muchos de los intervinientes habrían desempañado altos cargos en el Gobierno y la Administración Central, desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico. Así, a cambio de importantes pagos, y con presunto abuso del ejercicio de la función pública, intervienen de forma decisiva en reformas legislativas, con el fin de que éstas se desarrollen conforme a los intereses de sus clientes, quienes con anterioridad y a pesar de haberlo intentando, no han podido obtener las reformas pretendidas, de manera que para obtenerlas deben acudir a la mencionada organización».
Es decir, que Equipo Económico (EE) habría ejercido actividades de lobby en el ministerio de Hacienda para lograr favorecer a sus clientes, empresas de Afgim. «Esa trama, organización u operativa, gira en torno a la mercantil Equipo Económico (EE) (antes Montoro Asociados y actualmente Global Afteli) así como en torno a los socios de hecho o de derecho de la misma», reflejaba el auto de 19 de julio de 2025.
«CONTRATARON A EE A FIN DE QUE HICIESE USO DE SU RED DE INFLUENCIAS»
Las investigaciones se centraron en las relaciones entre EE y las empresas gasistas englobadas en la Afgim (Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Carburos Metálicos). Según el juez, estas investigaciones revelaron que, «hasta en dos ocasiones las gasísticas englobadas en la Afgim, contrataron a EE a fin de que hiciese uso de su red de influencias con el fin de que se llevasen a cabo reformas legislativas en consonancia con sus pretensiones».
El modus operandi habría sido el intento de estas empresas para que se estableciese una legislación «en base a sus intereses, acudiendo a diferentes consultoras, todo ello sin obtener resultados satisfactorios, encontrándose con la negativa de la Administración para introducir las reformas pretendidas. Ante dicha negativa, se acude a EE, que, en poco tiempo, y sin causa aparente, consigue que las reformas legislativas se desarrollen ateniendo a las peticiones de la Afgim, que incluso llega a redactar los textos legales, todo ello mediante el pago de importantes desembolsos». Este dinero siempre habría ido a Equipo Económico, nunca a los miembros del gabinete de Montoro.
En la primera ocasión la Afgim, según el auto, acudió a Equipo Económico para obtener «una modificación legislativa con la finalidad de obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad». Para probar la intervención de EE, el juez pone por ejemplo que también la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) como la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege) intentaron «que se incorporase a las ASU’s entre aquellos sectores que iban a beneficiarse de la rebaja impositiva» y explicaba el juez que «estas empresas vehicularon su pretensión vía propuesta de mejora a la enmienda Enmienda número 80 presentada por el Grupo Parlamentario Popular e incluso remitiendo una carta a la Secretaría de Estado de Hacienda, interesando que la asociación fuese incluida en este beneficio fiscal. Sin embargo, no se atiende a sus pretensiones».
CAMBIAR LA LEY
Según el auto, tras intervención de EE se logró la pretensión de las gasísticas a través de la Ley 28/2014 y el RD 1074/2014. «Con estas reformas, se modifica el criterio que, hasta entonces utilizaba el Secretario de Estado de Hacienda para justificar la negativa a las pretensiones de las gasísticas. Es llamativo dicho cambio de criterio en tan breve periodo de tiempo, período en el que no se produce una modificación sustancial del marco económico presupuestario que justificase dicho cambio».
Tiempo después «se produce una segunda vinculación contractual entre la AFGIM y EE, que se traduce en una rebaja fiscal a las gasísticas en el IAE a través de la modificación en 2018 del RDLeg 1175/1990. Se vuelve a reproducir el mismo esquema que en el supuesto anterior», añadía el juez.
