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EN 30 SEGUNDOS

• ¿A quién afecta? A los residentes de cuatro urbanizaciones de Querol (Ranxos de Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa y les Cases de Romanill) y a más de 2.500 personas confinadas en Aiguamúrcia, la Llacuna, Pontons, Querol y Torrelles de Foix.
• ¿Cuándo ocurre? La evacuación preventiva se completó entre las 7:00 y las 9:00 de este lunes 13 de julio de 2026.
• ¿Qué cambia hoy? Los desalojados han sido trasladados al Casal de Vila-rodona y podrían regresar esta misma noche si el fuego lo permite. El confinamiento en cinco municipios se mantiene.

Los Bombers de la Generalitat han evacuado esta mañana cuatro urbanizaciones del municipio de Querol, en la comarca del Alt Camp, como medida preventiva ante el avance del incendio forestal que quema desde el domingo en la zona de Aiguamúrcia, en Tarragona. La orden de Protecció Civil afecta a aproximadamente 25 personas, que ya han sido trasladadas al punto de recepción habilitado en el Casal de Vila-rodona.

Evacuaciones y confinamiento simultáneo en cinco municipios

Los vecinos de Ranxos de Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa y les Cases de Romanill recibieron un mensaje de alerta en sus móviles (sistema Es-Alert) a primera hora para que abandonaran sus viviendas. La evacuación guiada se realizó en convoy por la carretera TV-2441, y la previsión es que puedan regresar esta misma noche. Mientras tanto, en los municipios de Aiguamúrcia, la Llacuna, Pontons, Querol y Torrelles de Foix, más de 2.500 vecinos permanecen confinados por orden de los servicios de emergencias.

La zona evacuada abarca unas 300 hectáreas de terreno forestal, y el confinamiento se mantiene para evitar desplazamientos que dificulten las tareas de extinción y pongan en riesgo a la población. Las autoridades insisten en que es vital seguir las indicaciones oficiales y no acceder a las áreas afectadas.

La noche de trabajo de los Bombers para frenar el flanco izquierdo

Durante la pasada noche, los efectivos de los Bombers centraron sus esfuerzos en aprovechar el aumento de la humedad y la pérdida de fuerza del viento de marinada. El objetivo era cerrar los tramos abiertos en los dos flancos y la cola del incendio, evitando así que las llamas alcanzaran las zonas urbanizadas. El punto más delicado era el flanco izquierdo, que desciende por el barranco del Infern, una zona abrupta y de difícil acceso. Allí, los equipos terrestres no podían entrar directamente por el riesgo de desprendimientos y optaron por acompañar el fuego de forma controlada hasta una carretera cercana.

En el flanco derecho, los especialistas del Grup d’Actuacions Forestals (GRAF) realizaron maniobras de fuego técnico para anclar las llamas a pistas forestales y detener su avance hacia las casas. La cola del incendio también se ha trabajado intensamente, aunque las condiciones meteorológicas seguirán siendo adversas durante la jornada.

La orografía del barranco del Infern y la previsión de vientos variables convierten la estabilización del incendio en una tarea compleja que decidirá el regreso de los evacuados.

El patrón que se repite: incendios estivales en el Alt Camp

La comarca del Alt Camp ha vivido en los últimos años varios episodios de incendios forestales durante los meses de verano. La combinación de sequía acumulada, temperaturas extremas y vientos de marinada convierte esta zona de Tarragona en un punto especialmente vulnerable. El dispositivo desplegado ahora recuerda al que se activó en el incendio de Santa Coloma de Queralt de 2022, cuando también fue necesario confinar municipios y desplegar medios aéreos.

Esta mañana, la prioridad de los Bombers es consolidar el perímetro antes de que el aumento de las temperaturas avive las llamas. El Servei Meteorològic de Catalunya mantiene el aviso por riesgo de incendio en buena parte de la provincia. Mientras los equipos trabajan, los vecinos confinados miran al cielo esperando que el viento no gire.

El mercado de la vivienda en Barcelona es menos corporativo de lo que el debate público sugiere. Solo el 13% de las compraventas registradas en la capital catalana durante 2025 las firmaron empresas o fondos de inversión, según un informe de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona elaborado con datos del Portal Estadístico del Notariado. El 87% restante corresponde a personas físicas y desmonta la narrativa de que los grandes inversores acaparan la oferta residencial.

El estudio, conocido esta semana, destaca que la presencia de las denominadas personas jurídicas es limitada en el conjunto de la ciudad, aunque se dispara en los barrios más exclusivos. Esos focos de concentración alimentan la percepción generalizada de un mercado tomado por los fondos, pero los datos indican que el comprador medio sigue siendo un particular que, en la mayoría de los casos, adquiere su vivienda habitual.

Fondos, minoritarios pero concentrados en los códigos postales más caros

El 13% de media esconde una enorme dispersión geográfica. El informe revela que en zonas como el distrito de Sants-Montjuïc el peso de las empresas se reduce hasta el 4,7% de las adquisiciones, mientras que en el corazón del Eixample o del Barri Gòtic los porcentajes se disparan.

El código postal 08008, que abarca la Dreta de l’Eixample y parte de l’Antiga Esquerra de l’Eixample, registró en 2025 que el 42,3% de las compras las realizaron personas jurídicas. Le sigue el 08007, que incluye el Paseo de Gràcia y la Rambla de Catalunya, con un 38%. En el 08010, junto a las plazas de Tetuan y Urquinaona, una tercera parte de las operaciones fueron firmadas por sociedades. Y en el Barri Gòtic (08002) la cifra alcanza el 31%. Son los cuatro puntos donde la presión compradora de los fondos sí tiene un peso indiscutible.

Compradores extranjeros: italianos a la cabeza, los residentes dominan

Otro de los ejes del análisis es el origen de los compradores. El 68% de las adquisiciones las firman españoles, mientras que los extranjeros representan el 32%. Ahora bien, de ese porcentaje, la gran mayoría —el 27% del total— son extranjeros que ya residen en Barcelona, y solo un 5% corresponde a foráneos no residentes. La ciudad no sólo atrae inversión foránea, sino que también absorbe a una población internacional estable que termina comprando su piso.

Los datos desmienten el relato más repetido: el 87% de las compras las firman particulares y el 89% de los inmuebles está en manos de pequeños propietarios. La intervención legislativa, sin embargo, apunta al 13% restante.

Por nacionalidades, la comunidad italiana lidera la compraventa extranjera con un 6,5% del total. Es, a su vez, la colonia más numerosa de Barcelona, con 54.036 empadronados, aunque los autores del informe matizan que la cifra se hincha por los acuerdos de doble nacionalidad con países como Argentina. Tras Italia aparecen Francia (3,9%), China (2,9%), Estados Unidos (1,7%) y Alemania (1,7%). El perfil dista del de otras comunidades extranjeras muy presentes en la ciudad —colombianos, paquistaníes, peruanos o marroquíes—, que apenas figuran entre los compradores: todo apunta a que estas nacionalidades dependen en mayor medida del alquiler.

La política no casa con los datos: más pequeños propietarios, subida del 90% en lo más barato y una ley que apunta al enemigo equivocado

El estudio también echa por tierra la idea de que los grandes tenedores controlan el parque residencial de Barcelona. El 63,1% de las viviendas pertenecen a titulares con un solo inmueble y el 26,3% a propietarios con entre dos y cinco. Juntos, los pequeños propietarios con cinco o menos viviendas suman el 89,4% del total del parque. Quienes poseen entre seis y diez representan el 3,8%, y los que atesoran más de cien inmuebles apenas suponen el 2,6%.

Ahí reside la principal paradoja. Mientras el Parlament aprueba tramitar por urgencia una restricción a la compra de viviendas en zonas tensionadas por parte de empresas —con el argumento de frenar la especulación—, el verdadero estrangulamiento del mercado está en otra esquina: el encarecimiento de la vivienda más asequible. El 20% de operaciones con precios más bajos (el primer quintil) ha pasado de una media de 100.000 euros en 2015 a 190.000 euros en 2025, un incremento del 90%. El salto es el doble que el experimentado por la vivienda más cara (cuarto quintil), que subió un 62,6% en el mismo periodo. Segundo y tercer quintil se movieron en torno al 75%.

Según el informe de la Cambra las personas físicas siguen sosteniendo el mercado y la carestía afecta sobre todo a quienes buscan un primer piso. La ley que tramita el Parlament ataca a los fondos —que apenas firman trece de cada cien contratos—, pero apenas alivia la brecha que más duele: la subida imparable del precio de los inmuebles modestos. La legislación, pese a su carga simbólica, podría tener un impacto limitado si no va acompañada de medidas que amplíen la oferta en la franja de precios más baja.

Con esos mimbres, la imagen de un mercado secuestrado por los buitres debe matizarse. Los datos del Notariado dibujan una ciudad con un parque de de pequeños propietarios —nótese la repetición sutil— que sufre, sobre todo, una tensión de precios que golpea en la base. La concentración de fondos en el centro es real, pero no suficiente para explicar la crisis de acceso a la vivienda que vive Barcelona.

La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, prevista para el 16 de julio, es la llave que abre la puerta al regreso de Carles Puigdemont y a resolver la situación judicial de Oriol Junqueras. El fallo, que responde a una cuestión elevada por el Tribunal de Cuentas, trasciende lo contable y marcará un antes y un después en la aplicación de la ley de amnistía.

La pregunta que formuló el órgano fiscalizador español era, en apariencia, técnica: ¿contradice los intereses financieros de la UE poner fin a la responsabilidad contable derivada del 1-O? Pero la respuesta del TJUE, vinculante para todos los Estados miembros, condicionará mucho más que un expediente administrativo. El Tribunal Constitucional ha hecho saber que no resolverá los recursos de empara de Puigdemont y Junqueras hasta que Luxemburgo se pronuncie.

Una cuestión contable que desborda lo financiero

El origen del caso está en el Tribunal de Cuentas, que investiga el presunto desvío de fondos públicos para la organización del referéndum ilegal de 2017. Al plantear la cuestión prejudicial, el organismo dudaba de que una eventual amnistía contable pudiera chocar con las normas de la Unión que protegen su presupuesto. Pero el TJUE no se limitará a los números: su sentencia se pronunciará sobre el alcance de la ley aprobada por las Cortes y, por extensión, sobre la validez de la amnistía penal.

En esta redacción entendemos que el fallo tiene una doble lectura. Primero, la estrictamente jurídica: si el tribunal europeo avala que los intereses financieros de la UE no son un obstáculo, el Constitucional tendrá vía libre para aplicar su propia doctrina. Segundo, la política: con el aval europeo, la amnistía ganaría un escudo de legitimidad que hasta ahora le ha faltado.

El Constitucional tiene la última palabra, pero espera el aval europeo

Los recursos de empara de ambos líderes independentistas llevan meses en el limbo. Fuentes del tribunal consultadas por Moncloa.com confirman que los magistrados no se moverán sin conocer el criterio de Luxemburgo. «No es una cuestión de cortesía, sino de coherencia jurisprudencial», explican. De hecho, la sala ha pospuesto deliberadamente cualquier pronunciamiento para evitar un choque con la justicia europea que podría tumbar después la amnistía en el ámbito penal.

Para Carles Puigdemont, la sentencia del TJUE es el último gran obstáculo antes de plantear su vuelta a Catalunya. Si el tribunal europeo no ve contradicción con los intereses financieros de la UE, el camino para su regreso sin riesgo de detención se despejaría de forma casi definitiva. En paralelo, Oriol Junqueras, condenado por el procés y posteriormente indultado, podría ver extinguida cualquier responsabilidad contable derivada del 1-O.

La decisión de Luxemburgo es la pieza que le falta al puzle de la amnistía.

El tablero catalán y la relación con Moncloa, en juego

La sentencia del TJUE llega en un momento de máxima tensión en el Govern de Illa, donde la financiación singular y los equilibrios con ERC y Junts marcan el pulso legislativo. Una resolución favorable a la amnistía aliviaría la presión de los sectores más independentistas y permitiría al president socialista vender estabilidad ante Moncloa. Por el contrario, un fallo restrictivo volvería a colocar a ERC y Junts en la trinchera judicial, con consecuencias imprevisibles para la legislatura.

Desde el Tribunal de Justicia de la UE, la doctrina es clara: las decisiones sobre gasto público sí pueden tener dimensión europea. Sin embargo, el margen para interpretar qué constituye un ataque a los intereses financieros de la Unión es amplio. Lo que está en juego es si la amnistía, al extinguir el posible perjuicio económico, vulnera el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que exige a los Estados miembros combatir el fraude y la corrupción que afecten a los fondos europeos.

En cualquier caso, el próximo jueves 16 de julio, el TJUE marcará la hoja de ruta judicial y política de Catalunya. Su fallo será, probablemente, el acta de defunción de los procedimientos contables y la luz verde para que el Constitucional cierre el capítulo de las responsabilidades penales. A partir de ahí, la pelota volverá al Parlament y a la Moncloa, dos escenarios que necesitan certidumbre para seguir funcionando.

Este artículo se ha redactado a partir de información publicada en Ara y de fuentes judiciales consultadas por Moncloa.com.