La Audiencia Provincial de Madrid exige condenas categóricas: no vale la fórmula «podría ser»

Carlos V Vega
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La Audiencia Provincial de Madrid exige condenas categóricas: no vale la fórmula «podría ser»

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado la sentencia 61/2026, de 10 de marzo, en la que recuerda que la calificación jurídica de los hechos probados en una sentencia condenatoria no admite ambigüedades: el magistrado debe emplear una afirmación categórica, no la formula condicional «podría ser». La resolución, cuyo ponente es el magistrado Gregorio María Callejo Hernández, corrige de oficio a la juez de instancia por haber escrito que los hechos «podrían ser constitutivos de un delito leve de hurto».

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Audiencia Provincial de Madrid, a través de la sentencia 61/2026, llama la atención sobre el uso de la expresión condicional «podrían ser» en lugar de la categórica «son» dentro de los fundamentos jurídicos de una condena penal.
  • ¿Qué base jurídica aplica? No se invoca un artículo específico de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino el principio de convicción judicial y la exigencia de certeza en la calificación jurídica que conlleva toda sentencia condenatoria. El tribunal califica la observación como un obiter dictum (consideración al margen del fallo).
  • ¿Qué impacto tiene? Aunque no modifica la condena, la advertencia marca un criterio de estilo con implicaciones procesales: la redacción condicional es propia de resoluciones intermedias (autos de procesamiento, escritos de acusación), pero una vez que el juez condena, debe afirmar sin reservas que los hechos son constitutivos de delito.

Antecedentes: el hurto que desencadenó la corrección

Los hechos probados, tal como quedaron fijados en la primera instancia, son sencillos. El acusado ocultó un atornillador eléctrico y dos cajas de cabezales por un valor de 40,97 euros dentro de una mochila para no abonarlos en la caja de pago del supermercado LIDL situado en Coslada. Un vigilante de seguridad que seguía la escena por las cámaras lo interceptó, le pidió que mostrase la mochila y encontró los productos ocultos. Tras la intervención policial, la magistrada del Juzgado de Instancia de Coslada dictó sentencia condenatoria, imponiendo la pena de 18 días de multa a razón de 6 euros diarios como autor de un delito leve de hurto en grado de tentativa.

El problema nació en el fundamento jurídico de aquella resolución. La juez redactó que los hechos «podrían ser constitutivos de un delito leve de hurto». La fórmula, gramaticalmente correcta en otros contextos procesales, fue señalada por la Audiencia Provincial como incompatible con la certeza que exige una condena.

La respuesta de la Audiencia Provincial: una cuestión de estilo con trascendencia procesal

El condenado recurrió la sentencia, pero el argumento que motiva esta corrección no formaba parte del recurso. El magistrado Callejo Hernández, al examinar de oficio la resolución, dedicó un obiter dictum a la redacción empleada por la juez. La calificación jurídica de los hechos probados o es o no es; no caben términos medios. Así, afirmó que «la calificación jurídica debe ser asumida categóricamente por el magistrado que dicta una sentencia condenatoria».

La Audiencia aclara que, en un auto de apertura de juicio oral, en un auto de procesamiento o en un escrito de acusación, la expresión «podrían ser» resulta correcta porque esas resoluciones operan con un juicio de probabilidad, no de certeza. Sin embargo, cuando el juez alcanza la convicción y dicta una condena, la calificación debe ser afirmativa y definitiva: los hechos «son constitutivos» del delito tipificado. Una expresión condicional tras una condena deja abierta la posibilidad de que los hechos no sean delito, lo que sería incompatible con el fallo y forzaría la absolución.

La Audiencia Provincial de Madrid sentencia deja claro que la redacción de una condena penal no puede albergar duda alguna sobre la calificación jurídica, porque en ese momento procesal el juez ya ha alcanzado la certeza plena.

La Doctrina del Tribunal

La sentencia 61/2026 no establece una nueva doctrina jurisprudencial en sentido estricto, pero consolida un criterio de exigencia formal que afecta a todos los juzgados de primera instancia y a las Audiencias Provinciales. La observación se fundamenta en el principio de convicción judicial recogido en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga al tribunal a valorar la prueba con arreglo a su conciencia y a reflejar esa certeza en el fallo. Aunque no se cite expresamente ese artículo en la resolución, la lógica subyacente es la misma: la sentencia condenatoria supone que el órgano judicial ha superado toda duda razonable.

El tribunal contrasta implícitamente el uso de fórmulas hipotéticas en las fases instructora e intermedia con el lenguaje afirmativo exigido en la fase decisoria. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ya ha señalado —por ejemplo, en la STS 123/2024, de la Sala Segunda— que las resoluciones que imponen una condena deben exteriorizar sin ambages los hechos que se consideran probados y su encaje en el tipo penal. La Audiencia Provincial de Madrid aplica ese mismo rigor, aunque el supuesto sea un delito leve de escasa entidad económica.

El impacto práctico para los operadores jurídicos es relevante, sobre todo para los abogados que redactan sentencias como jueces en formación o para los letrados que revisan las resoluciones a efectos de recurso. Una calificación ambigua en la sentencia puede servir de base para un recurso de apelación por insuficiencia de motivación o por incompatibilidad entre la fundamentación y el fallo. Aunque en este caso la condena se mantuvo, la advertencia de la Audiencia invita a extremar la pulcritud de la escritura judicial.

Dado que la resolución es firme y no se ha planteado recurso de casación, la doctrina del tribunal no alcanza el grado de jurisprudencia vinculante, pero sí constituye un valioso obiter dictum que los colegios profesionales pueden difundir para mejorar la técnica de redacción de sentencias penales. No hay constancia de que esté en tramitación ninguna reforma procesal que incida en este extremo, por lo que la recomendación se mantiene como una buena práctica forense.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Un acusado escondió en un supermercado productos por valor de 40,97 euros; un vigilante lo interceptó. El Juzgado de Instancia de Coslada lo condenó por hurto leve en grado de tentativa, pero en la redacción de la sentencia utilizó la expresión «podrían ser constitutivos de delito» en lugar de afirmar categóricamente la calificación.
  • Datos importantes: Sentencia 61/2026, de 10 de marzo, dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid. Fallo unánime. La pena impuesta en primera instancia fue de 18 días de multa a razón de 6 euros diarios (total 108 euros). La Audiencia confirmó la condena y aprovechó para incluir un obiter dictum sobre la redacción judicial.
  • Fecha de los juicios: La vista oral se celebró en fecha no precisada en la resolución publicada; la sentencia de instancia fue recurrida y la Audiencia dictó sentencia el 10 de marzo de 2026. La publicación en fuentes jurídicas se produjo el 13 de julio de 2026.
  • Personas acusadas y por qué: Ignacio (sin más identificación pública), por un delito leve de hurto tipificado en el artículo 234 del Código Penal, en grado de tentativa.

Tribunal Supremo fija que conclusiones de Inspección de Trabajo no vinculan en despidos colectivos

Carlos V Vega
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Tribunal Supremo fija que conclusiones de Inspección de Trabajo no vinculan en despidos colectivos

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia STS 564/2026, de 23 de junio, por la que desestima el recurso de casación interpuesto contra el despido colectivo de Mopripel S.L. y fija doctrina sobre el valor probatorio de los informes de la Inspección de Trabajo en los procesos de despido colectivo.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en STS 564/2026, desestima el recurso de las trabajadoras y confirma la legalidad del ERE de Mopripel.
  • ¿Qué base jurídica aplica? Artículos 51 del Estatuto de los Trabajadores y 124 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, junto con la presunción de certeza de las actas de inspección.
  • ¿Qué impacto tiene? Las conclusiones jurídicas de la Inspección de Trabajo no vinculan a los tribunales; solo los hechos constatados gozan de presunción de certeza, lo que refuerza la valoración judicial de la prueba en los despidos colectivos.

Contexto del despido colectivo en Mopripel

Mopripel S.L., dedicada a la peluquería bajo la marca Jean Louis David, atravesaba una situación económica insostenible en 2024. Con un patrimonio neto negativo de 311.000 euros y deudas superiores a 335.000 euros, sus dos únicos locales en Sevilla (Nervión Plaza y Viapol) contaban con desahucio notificado para el 31 de julio. La empresa atribuía la crisis a factores como el cierre forzoso por la pandemia, la reducción de clientes, las obras del tranvía en Nervión y la obligación de abrir en festivos que elevaba los costes de personal.

Ante la inviabilidad de mantener la actividad, el 31 de julio de 2024 la empresa comunicó la apertura del expediente de regulación de empleo. La comisión negociadora se constituyó y el periodo de consultas se desarrolló en dos reuniones —los días 19 y 23 de agosto— sin que se alcanzara acuerdo. El 30 de agosto, la empresa notificó la extinción de los contratos de las nueve trabajadoras, sin poder abonar la indemnización legal de veinte días por año debido a la insolvencia que poco después motivó la declaración de concurso sin masa por el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Sevilla.

Las trabajadoras impugnaron el despido colectivo solicitando su nulidad, la readmisión de toda la plantilla y el abono de salarios de tramitación, alegando mala fe en la negociación y vulneración del derecho a la información. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestimó la demanda, y la representación de las empleadas recurrió en casación ante el Tribunal Supremo.

Fallo del Tribunal Supremo: buena fe y valor del informe de Inspección

La Sala de lo Social, presidida por Concepción Rosario Ureste García y con ponencia de Isabel Olmos Parés, confirmó la resolución del TSJ andaluz tras examinar la documentación aportada durante el periodo de consultas. La sentencia destaca que la empresa facilitó memoria explicativa, cuentas anuales, documentación fiscal y relación de afectados, sin que la comisión solicitara información adicional ni expresara objeciones durante las reuniones. Además, la empresa ofreció formación y gestiones de recolocación que las trabajadoras rechazaron.

Las recurrentes se apoyaban en un informe de la Inspección de Trabajo que consideraba insuficiente la negociación. El Supremo rechaza este argumento con contundencia: la buena fe negocial no exige la aceptación de las propuestas de la otra parte ni la modificación de la posición empresarial si se ha desarrollado un auténtico proceso de consultas. En este asunto, la representación de la plantilla mantuvo una postura inamovible condicionando cualquier acuerdo al pago inmediato de cantidades, mientras la empresa sí realizó ofertas.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo establece que las conclusiones jurídicas de la Inspección de Trabajo no vinculan a los tribunales, reservando al juez la valoración del conjunto de la prueba conforme al principio iura novit curia.

La sentencia desglosa el valor de las actas de inspección en tres niveles: los hechos percibidos directamente por el inspector gozan de presunción de certeza; las deducciones derivadas de esos hechos pueden ser valoradas libremente por el juez; y las conclusiones o calificaciones jurídicas —como determinar si hubo o no negociación de buena fe— no vinculan en absoluto al órgano judicial. Este esquema, que ya subyacía en la jurisprudencia, queda ahora plasmado de manera diáfana.

La Doctrina del Tribunal

Con la STS 564/2026, el Alto Tribunal no introduce una regla nueva pero sí sistematiza con claridad los límites de la presunción de certeza del artículo 23 de la Ley de Inspección de Trabajo. Reitera que la valoración probatoria es competencia exclusiva del juez y que las «simples apreciaciones globales, juicios de valor o calificaciones jurídicas» del inspector no pueden sustituir la función jurisdiccional. La doctrina subraya la vigencia del principio iura novit curia en el proceso social.

Para la práctica laboral, el pronunciamiento es relevante porque modera una tendencia que en ocasiones otorgaba a los informes de Inspección un peso casi determinante en la impugnación de despidos colectivos. Según Alfredo Aspra, socio director de Labormatters Abogados, «las conclusiones jurídicas de un informe de la Inspección de Trabajo no vinculan a los órganos judiciales; la calificación final corresponde en exclusiva a los tribunales». Añade que la resolución «modera una tendencia jurisprudencial que en ocasiones ha resultado excesivamente formalista» en cuanto a la documentación exigible durante el periodo de consultas, e introduce «un criterio de proporcionalidad y funcionalidad» al no considerar toda omisión documental como causa de nulidad.

El fallo refuerza, además, la exigencia de que el deber de negociar de buena fe no se confunda con la obligación de alcanzar un acuerdo. La sentencia recuerda que la empresa únicamente está obligada a aportar aquella documentación adicional que resulte pertinente para el desarrollo efectivo de la negociación colectiva, cerrando la puerta a peticiones genéricas o no justificadas.

Finalmente, la resolución desestima las pretensiones de revisión de hechos probados por considerar que la parte recurrente incurría en una «prueba negativa» —mera alegación de inexistencia de pruebas— que la jurisprudencia de la Sala rechaza de manera constante. Este refuerzo doctrinal tendrá incidencia en futuras impugnaciones de despidos colectivos, en las que las comisiones negociadoras deberán fundamentar sus objeciones en hechos contrastados y no solo en informes de Inspección con valoraciones jurídicas. La sentencia se encuentra pendiente de publicación en el CENDOJ.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Recurso de casación interpuesto por la comisión negociadora de las trabajadoras de Mopripel S.L. contra la sentencia del TSJ de Andalucía que declaró ajustado a derecho el despido colectivo de nueve empleadas.
  • Datos importantes: STS 564/2026, de 23 de junio; desestimación del recurso; indemnización legal de 20 días por año no abonada por insolvencia; concurso sin masa posterior; ponente Isabel Olmos Parés.
  • Fecha de los juicios: La sentencia del TSJ de Andalucía fue objeto de recurso de casación resuelto el 23 de junio de 2026; la noticia se publica el 13 de julio de 2026.
  • Personas acusadas y por qué: N/A (procedimiento laboral de impugnación de despido colectivo).

Indemnización a Sacyr: el Tribunal Supremo da la razón a la constructora y obliga a pagar al Estado

Amparo Soler
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Indemnización a Sacyr: el Tribunal Supremo da la razón a la constructora y obliga a pagar al Estado

El Tribunal Supremo acaba de dar un nuevo varapalo al Estado. Ha estimado el recurso de Sacyr y obliga al Gobierno a recalcular ya —sin más demoras— la indemnización que debe pagar por el rescate de las autopistas radiales R‑3 y R‑5 de Madrid. Un litigio que dura más de diez años y que ya ha costado 1.684 millones de euros a las arcas públicas, según Eurostat.

Qué dice exactamente la sentencia del Supremo

El fallo, fechado el pasado 2 de junio, anula la resolución complementaria que el Consejo de Ministros aprobó el 27 de diciembre de 2023. Esa resolución fijaba una Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) de 570 millones de euros para la concesionaria de las radiales R‑3 y R‑5, y un tramo de la M‑50. El Supremo considera que el cálculo sigue sin ajustarse a derecho y reprocha al Ejecutivo una demora «más que prudente», instándole a dictar la liquidación definitiva sin más dilaciones.

El alto tribunal se apoya en la misma jurisprudencia que ya había aplicado en sentencias anteriores sobre el rescate de nueve autopistas quebradas. De hecho, la cifra de 570 millones ya era 451 millones superior a la primera estimación del Gobierno, que también fue anulada por el propio Supremo. Ahora, el Estado tendrá que volver a sentarse con papel y lápiz para calcular correctamente el valor de una infraestructura que ya es pública y que gestiona la sociedad estatal SEITT.

Por qué este fallo importa a la seguridad jurídica de España

Vamos por partes. Sacyr ya no explota esas autopistas; la deuda financiera de la quiebra la compraron fondos de titulación como TDA, Bothar y Kommunalkredit. Pero el Supremo deja claro que la constructora mantiene un interés legítimo suficiente para impugnar el cálculo. No reclama el dinero de la deuda original, sino que la RPA se cuantifique de forma legal. Y eso es justo lo que el tribunal le ha reconocido.

El detalle que casi nadie cuenta: la R‑3 y la R‑5 formaban parte de una concesión única adjudicada en 1999 a un consorcio de ACS, OHLA, Sacyr y FCC, con un plazo de 50 años. Entraron en servicio en pleno boom económico (2004), quebraron con la crisis financiera y en 2012 entraron en concurso. Desde entonces, el Estado ha ido pagando compensaciones provisionales por todas las autopistas rescatadas: 134 millones por la R‑4, 319 por la A‑36, 41 por la A‑41, 278 por la AP‑7 Cartagena‑Vera, 307 por la AP‑7 Alicante, 46 por la M‑12, y cero euros por la R‑2.

Para cualquier inversor internacional, que un tribunal superior obligue al Estado a pagar correctamente y sin más demoras es un mensaje de que España respeta la seguridad jurídica. La imagen país se juega mucho: si los contratos de concesión se liquidan con fórmulas que los tribunales acaban tumbando, la confianza se resiente.

El Supremo urge a cerrar ya una liquidación que acumula más de diez años de litigios y reprocha al Gobierno una tardanza «más que prudente».

Un precedente que arrastra más de 1.600 millones y no ha terminado

Conviene recordar que el rescate de las nueve autopistas radiales ha sido el mayor quebradero de cabeza financiero derivado de las concesiones del boom constructor de principios de siglo. Aquellas infraestructuras se diseñaron con previsiones de tráfico que nunca se cumplieron y, cuando llegó la crisis, el agujero fue colosal. El Estado tuvo que crear la SEITT para absorber activos y evitar cortes de servicio, y desde entonces no ha dejado de pagar. Los 1.684 millones desembolsados son solo el principio, porque la mayoría de las autopistas aún está en la fase de segunda resolución.

El fallo del Supremo no es una sorpresa: el tribunal ya había fijado doctrina en casos similares, anulando los cálculos iniciales del Ejecutivo por no ajustarse a derecho. Lo novedoso es el tono de urgencia con que se dirige al Gobierno, casi un mandato: «sin necesidad de más demora». Para el lector español, esto significa que los próximos meses veremos nuevas liquidaciones y, muy probablemente, una factura final que supere con creces lo abonado hasta ahora.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de Sacyr contra la liquidación de la RPA de las autopistas radiales R‑3 y R‑5, anulando la resolución del Gobierno de diciembre de 2023.
  • Datos importantes: Hasta la fecha, el rescate de las nueve autopistas ha costado 1.684 millones de euros. La indemnización para esta concesión ascendía a 570 millones en el cálculo anulado.
  • Resumen: La sentencia refuerza la seguridad jurídica en España al obligar al Estado a pagar lo que realmente corresponde, pero disparará la factura final para el erario público.

La inteligencia artificial de código abierto china supera a los modelos de EE.UU. en potencia y precio

Jack Williams
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La inteligencia artificial de código abierto china supera a los modelos de EE.UU. en potencia y precio

Los modelos de inteligencia artificial más potentes del mundo, según los índices de capacidad, ya no llevan la bandera de Silicon Valley. Son chinos, se descargan gratis y funcionan a una fracción del coste de sus rivales estadounidenses. Pero detrás de la etiqueta de ‘código abierto’ se esconde una estrategia geopolítica que Washington sigue con lupa.

China toma la delantera en los modelos de IA abiertos

El ranking compuesto de Artificial Analysis es inequívoco: GLM-5.2, MiniMax-M3, DeepSeek V4 Pro y Kimi K2.6 ocupan los cuatro primeros puestos. Todos son chinos, todos provienen de laboratorios con respaldo masivo de capital y todos se ofrecen bajo licencias permisivas que permiten descargar sus pesos —los parámetros numéricos del modelo terminado— y ejecutarlos en máquinas propias. DeepSeek V4 Pro llega a costar cuatro céntimos de dólar por tarea en determinados benchmarks, más de veinte veces menos que GPT 5.5 y cuarenta veces menos que Claude Opus 4.8. GLM-5.2, por su parte, maneja 744.000 millones de parámetros totales con una arquitectura de mezcla de expertos que activa solo 40.000 millones por token, como una ciudad que mantiene apagadas la mayoría de sus luces en cada momento.

Estos modelos procesan un millón de tokens de contexto —una biblioteca entera o el código completo de una aplicación— y permiten al usuario decidir cuánto razonamiento quiere gastar: pensar un poco, pensar mucho o no pensar en absoluto. El salto de 2024 a 2026 ha convertido la pregunta «¿qué quieres saber?» en «¿cuánta cognición dedicamos a esto?».

La ilusión del código abierto: pesos libres, recetas secretas

La Open Source Initiative (OSI) marca una línea roja: un sistema de IA es realmente abierto sólo si proporciona los datos, el código y los parámetros necesarios para estudiar, modificar y compartir el sistema. Lo que ofrecen los gigantes chinos es otra cosa: pesos abiertos, el plato congelado con la lista de ingredientes impresa en la caja, no el libro de cocina. Cualquiera puede descargar el modelo, ajustarlo y construir productos sobre él; casi nadie puede reproducir cómo se fabricó. Los datos de entrenamiento y el código que permitirían auditar el proceso permanecen, en su mayor parte, sin revelar.

La gran paradoja de esta era: los modelos abiertos amplían la participación en los márgenes, pero concentran el poder en el centro. Aaron Shaw y Benjamin Mako Hill observaron hace años que los sistemas colaborativos, al escalar, tienden a la oligarquía. El ecosistema actual de pesos abiertos reproduce esa dinámica a escala industrial: las catedrales distribuyen sus productos a través del bazar. DeepSeek cerró una ronda de financiación superior a los 7.000 millones de dólares, Moonshot AI levantó cerca de 2.000 millones y Alibaba sigue invirtiendo en su línea Qwen mientras integra esos modelos en comercio y robótica. No son colectivos de voluntarios; son actores industriales que practican lo que podríamos llamar una apertura estratégica.

La diferencia entre publicar un libro de recetas y vender una cena congelada es justamente la que separa el conocimiento del simple acceso. Ambos te permiten comer, pero solo uno te deja cocinar. En el terreno empresarial, la cena congelada resulta irresistible: funcional, asequible y sin suscripción a la cocina de otro. El coste por tarea de DeepSeek V4 Pro es hasta 40 veces menor que el de Claude Opus 4.8.

El dominio chino no es un accidente de mercado: es la ejecución de un plan de apertura calculada que persigue capturar el ecosistema global de la inteligencia artificial.

La Lógica de Washington

Desde el Capitolio hasta la Casa Blanca, la lectura de este fenómeno se aleja de la fascinación tecnológica para centrarse en la seguridad nacional. La Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre EE.UU. y China ya ha advertido de que Pekín ha apostado decididamente por una estrategia de modelos abiertos, usando la publicación gratuita y los precios agresivos para acelerar la adopción global y retroalimentar la iteración. Y el plan está funcionando. Estados Unidos mantiene controles a la exportación de chips avanzados y ha inyectado miles de millones en la CHIPS Act para relocalizar la fabricación de semiconductores. Pero el fenómeno de los pesos abiertos sortea parcialmente esas barreras: los modelos terminados viajan sin hardware, y la barrera de entrada para usarlos es mínima.

La gran pregunta que se hace Washington es si la apertura de estos modelos acelera la dependencia occidental de infraestructuras controladas por Pekín. La lógica es similar a la que en los años noventa llevó al Departamento de Justicia a mirar con recelo el software libre respaldado por grandes corporaciones: la promesa de democratización convivía con un riesgo de captura del ecosistema. Hoy la escala es global y el adversario es un competidor sistémico. Para España y la Unión Europea, el impacto es doble. Por un lado, la posibilidad de acceder a modelos punteros a coste irrisorio puede acelerar la digitalización de pymes y administraciones. Por otro, introduce un vector de dependencia tecnológica difícil de auditar: los datos de entrenamiento son opacos, y la trazabilidad de sesgos o puertas traseras se vuelve imposible.

Mientras la UE debate su propia regulación y Francia impulsa alternativas como Mistral, el atractivo inmediato de los modelos chinos —precios hasta cuarenta veces inferiores a los de sus rivales estadounidenses— amenaza con erosionar cualquier intento de soberanía digital construido sobre costes prohibitivos. La Reserva Federal y los reguladores financieros también observan: si el sector bancario europeo empieza a integrar estos modelos en sus procesos de análisis, la exposición al riesgo de suministro tecnológico controlado por un actor externo crecerá exponencialmente. La próxima revisión del marco de control de exportaciones, prevista para finales de 2026, será un termómetro de hasta dónde está dispuesto a llegar Washington para frenar lo que algunos en el Partido Republicano califican ya de «guerra de pesos».

Ficha del Caso

  • El caso: Los cuatro modelos de inteligencia artificial más potentes que se pueden descargar libremente son chinos, desarrollados por laboratorios como DeepSeek y Alibaba. Se presentan como ‘código abierto’, aunque sus datos de entrenamiento siguen siendo secretos.
  • Datos clave: DeepSeek V4 Pro cuesta 4 céntimos por tarea, 20 veces menos que GPT 5.5 y 40 veces menos que Claude Opus 4.8. GLM-5.2 maneja 744.000 millones de parámetros. La financiación de DeepSeek supera los 7.000 millones de dólares.
  • Para España: La adopción masiva de estos modelos podría acelerar la digitalización a bajo coste, pero genera una dependencia tecnológica de Pekín difícil de auditar y con posibles riesgos de seguridad.

Crisis del plátano de Canarias: los precios en origen caen a 0,76 euros/kilo y el sector alerta de venta con pérdidas

Marta Iglesias
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Crisis del plátano de Canarias: los precios en origen caen a 0,76 euros/kilo y el sector alerta de venta con pérdidas

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El precio en origen del plátano de Canarias cayó a 0,76 euros/kilo en la semana 27, por debajo del umbral de rentabilidad.
  • ¿Quién está detrás? Los datos del Ministerio de Agricultura (MAPA) y el comercializador Bonora confirman la caída, con proyección de 0,60 euros para la semana 28.
  • ¿Qué impacto tiene? Los agricultores venden con pérdidas generalizadas; la interprofesional Asprocan impulsa la exportación a Marruecos y la donación al Banco de Alimentos como medidas de emergencia.

El precio en origen del plátano de Canarias ha caído hasta los 0,76 euros por kilo en la semana 27, por debajo del umbral de rentabilidad que se sitúa entre 0,70 y 0,80 euros.

La caída de precios amenaza con profundizarse

Según el Informe Semanal de Coyuntura del MAPA, correspondiente a la semana 27 (del 29 de junio al 5 de julio de 2026), el valor medio en origen se desplomó un 17% respecto a la semana anterior, cuando marcaba 0,91 euros. La caída coloca a los plataneros en venta con pérdidas, ya que los costes de producción oscilan entre los 0,70 y los 0,80 euros por kilo, sin contabilizar aún la ayuda europea del Posei —de hasta 0,34 euros por kilo—.

Las previsiones para la semana 28, que abarca del 6 al 12 de julio, son aún más sombrías. Fuentes del sector consultadas por Moncloa.com apuntan a que el precio medio podría rondar los 0,60 euros, lo que supondría pérdidas generalizadas para toda la fruta comercializada en la Península. El escenario evoca el verano de 2025, cuando el precio se hundió hasta los 0,40 euros.

La combinación de una demanda débil en el mercado peninsular durante el periodo estival y una producción elevada en las islas explica el colapso. Actualmente, los envíos semanales se mantienen en torno a los 5,5 millones de kilos, mientras que la marca de embarque para la semana 29 asciende a 5,58 millones de kilos.

Las medidas de emergencia: exportación a Marruecos y Banco de Alimentos

Ante este escenario, la interprofesional Asprocan ya ha aprobado apoyar con 0,15 euros por kilo la exportación de fruta a Marruecos, una iniciativa que no todas las organizaciones de productores de plátanos (OPP) comparten. Tanto Coplaca como Europlátano han realizado envíos al país africano, mientras que la entrega al Banco de Alimentos también se ha reactivado como medida de alivio.

La posibilidad de activar la pica —la eliminación en origen de la fruta para reducir la oferta— sobrevuela el sector. Se trata de una medida impopular que requiere la autorización de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias y que ya se aplicó en crisis pasadas.

Los productores canarios no solo luchan contra el mercado: también contra la estacionalidad que, verano tras verano, convierte su principal cultivo en una ruina.

El comercializador Bonora, vinculado a la OPP Unión Platanera Canaria, reconoce en su análisis que «el mercado continúa prácticamente en la misma situación de las últimas semanas, con oferta por encima de la demanda y sin un cambio de tendencia». Las altas temperaturas y la abundancia de fruta de temporada agravan un escenario que, según este operador, «seguirá siendo complejo» hasta que se equilibren oferta y demanda.

El Pulso Territorial

La crisis del plátano coloca al Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria) con el apoyo del PP, ante una situación de alta sensibilidad agrícola. La Consejería de Agricultura, dirigida por Narvay Quintero, deberá decidir en las próximas semanas si autoriza la pica, una herramienta siempre polémica entre los productores. La tensión en Asprocan es evidente: no todas las OPP respaldan las medidas de exportación compensada.

A diferencia de otras crisis agrarias peninsulares, donde la diversificación de mercados y la cercanía a los centros de consumo atenúan el golpe, el plátano canario depende casi en exclusiva del consumo en la Península y Baleares. Ese monocultivo de un solo destino convierte cada verano en una prueba de supervivencia para las más de 7.000 explotaciones plataneras de las islas. Con el precio en caída libre, el colchón del Posei se revela insuficiente para evitar los números rojos, como ya ocurrió en 2025.

La previsión para agosto no invita al optimismo: el calor y la fruta de temporada seguirán desplazando al plátano del carro de la compra, mientras la producción canaria se mantiene en niveles elevados. El sector mira ya a septiembre como un posible punto de inflexión, siempre que las medidas de gestión de oferta —incluida la pica— se activen a tiempo. El próximo movimiento de Asprocan y la Consejería será determinante para que la crisis no se convierta en una hemorragia sin precedentes.

Ficha Autonómica

  • El caso: El precio en origen del plátano de Canarias ha caído por debajo de los costes de producción en la semana 27, situándose en 0,76 euros/kilo, con proyecciones de 0,60 euros en la semana 28.
  • Datos importantes: Los costes oscilan entre 0,70 y 0,80 euros/kilo; la ayuda del Posei añade hasta 0,34 euros. Los envíos semanales rondan los 5,5 millones de kilos.
  • Resumen: La venta con pérdidas es ya una realidad que podría agravarse en agosto. Asprocan ha activado la exportación subvencionada a Marruecos y las donaciones al Banco de Alimentos, mientras se debate si se recurrirá a la ‘pica’ para reducir la oferta.

El riesgo de apagón en Colombia: 204.000 millones por hora que inquietan a Iberdrola y Endesa

Amparo Soler
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El riesgo de apagón en Colombia: 204.000 millones por hora que inquietan a Iberdrola y Endesa

Un apagon en Colombia costaría 204.000 millones de pesos por cada hora sin luz. Esa cifra, convertida a euros, supera los 45 millones. Y buena parte de esa factura recaería sobre dos de las mayores eléctricas españolas, Iberdrola y Endesa, con inversiones millonarias en el país andino.

Indignómetro

Nivel de impacto para España: 9/10. La amenaza de un apagón en Colombia pone en riesgo los activos y la reputación de Iberdrola y Endesa, que suman más de 3.000 millones de euros en inversiones en generación y distribución. Además, un corte prolongado dañaría la imagen de España como socio energético fiable en América Latina.

Qué se juega España con un apagón en Colombia

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, lo ha dicho sin rodeos: “Enfrenta un riesgo real de apagón que exige medidas anticipadas”. En su cuenta de X, Restrepo confirmó el inicio del fenómeno de El Niño y situó la seguridad energética como “asunto de máxima prioridad” para el gobierno entrante. La advertencia llega en un momento especialmente delicado: más del 70 % de la electricidad colombiana depende de centrales hidroeléctricas, y la sequía reduce los embalses a un ritmo alarmante.

Las dos compañías españolas, con una capacidad instalada conjunta que ronda los 1.500 megavatios, llevan años apostando por Colombia. Endesa, a través de su filial Enel-Codensa, controla una parte importante de la distribución en Bogotá. Iberdrola, por su parte, opera centrales hidroeléctricas y parques solares. Un apagón no solo mermaría sus ingresos operativos, sino que dispararía las primas de riesgo país, encareciendo la financiación de futuros proyectos.

La apuesta por la inversión privada como tabla de salvación

En el encuentro con los generadores, Restrepo defendió que la solución pasará por “articulación, diálogo y salidas conjuntas” entre el Estado y las empresas. En otras palabras, el nuevo Ejecutivo no contempla nacionalizaciones ni intervenciones drásticas; al contrario, necesita que los inversores mantengan y amplíen su presencia para evitar el colapso. Un mensaje que, de cumplirse, tranquilizaría a los accionistas de Iberdrola y Endesa, cuya cotización podría resentirse si el riesgo se materializa.

Sin embargo, la sombra de la crisis de 2015 —cuando una sequía obligó a cortes programados— demuestra que las promesas gubernamentales no siempre bastan. Entonces, el país logró sortear la emergencia con lluvias tardías, pero el sistema quedó al borde. Ahora, con un Niño más intenso según los pronósticos, el margen de maniobra es menor. Para las eléctricas españolas, la lección es clara: necesitan diversificar fuentes y asegurar contratos de suministro para no quedar atrapadas en un eventual racionamiento.

Cada hora sin suministro eléctrico le costaría a Colombia más de 45 millones de euros, una factura que las filiales de Iberdrola y Endesa sufrirían directamente en sus balances.

Lecciones de 2015: por qué la reputación energética española está en juego

En 2015, Colombia ya vivió una emergencia por sequía que obligó a imponer cortes programados. Aquella vez, las empresas extranjeras —incluidas las españolas— capearon el temporal gracias a contratos a largo plazo y a una rápida respuesta regulatoria. Pero el episodio dejó una cicatriz: los inversores internacionales dudaron de la estabilidad del sistema. Ahora, con un Gobierno que apenas arranca, la confianza vuelve a estar en el alambre. Para España, que aspira a liderar la transición energética en América Latina, cualquier fallo en la protección de sus empresas dañaría su imagen como socio estratégico.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El vicepresidente electo de Colombia alerta del riesgo real de apagón ante la sequía de El Niño, con un coste estimado de 204.000 millones de pesos por hora.
  • Datos importantes: Iberdrola y Endesa operan en Colombia con más de 1.500 MW de capacidad; el país depende en un 70 % de hidroelectricidad; la crisis de 2015 dejó precedentes de cortes programados.
  • Resumen: Un apagón golpearía los balances de las eléctricas españolas y pondría en duda la seguridad de las inversiones españolas en energía en América Latina.

Incendio en el Matarraña (Teruel): 350 hectáreas de alto valor ecológico arrasadas y nivel 2 activado

Marta Iglesias
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Incendio en el Matarraña (Teruel): 350 hectáreas de alto valor ecológico arrasadas y nivel 2 activado

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Un incendio forestal en Peñarroya de Tastavins, en los Puertos de Beceite (Teruel), ha calcinado entre 300 y 350 hectáreas de alto valor ecológico.
  • ¿Quién está detrás? El Gobierno de Aragón activó el nivel 2 de alerta y movilizó a más de 100 efectivos, con apoyo de la UME y medios de la Comunidad Valenciana.
  • ¿Qué impacto tiene? Se han desalojado masías y un hotel rural; la carretera A-1414 está cortada. Las autoridades vigilan la evolución del viento para proteger la zona de los Puertos.

El incendio declarado este domingo en Peñarroya de Tastavins, en la comarca turolense del Matarraña, ha arrasado ya entre 300 y 350 hectáreas de los Puertos de Beceite, un espacio de alto valor ecológico. El Gobierno de Aragón mantiene el nivel 2 de alerta y ha desplegado un dispositivo de más de cien efectivos.

Despliegue de medios y evacuaciones en la zona afectada

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha detallado que trabajan en la extinción 18 brigadas forestales, apoyadas por la Unidad Militar de Emergencias (UME) y medios aéreos de la Comunidad Valenciana. Las condiciones son complejas por lo abrupto del terreno y la densidad del bosque. “La situación sigue siendo preocupante, pero no tanto como antes”, ha afirmado el consejero.

Los equipos han desalojado varias masías y el Hotel Torre del Marqués, cuyos huéspedes fueron realojados en el Hotel Ciudad de Alcañiz. Además, una boda de una veintena de italianos ha tenido que interrumpirse; los asistentes optaron por marcharse. Se ha lanzado un aviso de alerta (Es Alert) a los municipios de Ráfales, Fuentespalda, Peñarroya de Tastavins y Monroyo para que los vecinos permanezcan en sus viviendas y esperen indicaciones de la Guardia Civil.

La carretera A-1414 ha quedado cortada al tráfico para facilitar las labores de extinción. Más de cien efectivos luchan contra las llamas en un operativo que se mantendrá mientras dure la emergencia.

El origen del fuego y la carrera contra el viento

Los investigadores apuntan a que el fuego pudo originarse en un transformador de un grupo electrógeno situado en una explotación de Peñarroya de Tastavins. El flanco derecho es el que más preocupa a las autoridades, ya que avanza hacia los Puertos de Beceite y podría saltar el arroyo próximo. “Estamos intentando que el incendio no salte el arroyo. Mejora con el viento”, ha trasladado Bermúdez de Castro.

El Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) ha confirmado que Ráfales no corre peligro de desalojo inminente, pese a los temores iniciales. La evolución del tiempo es ahora el factor decisivo; los cambios en la dirección del viento pueden complicar o aliviar la situación en las próximas horas.

La protección de los Puertos de Beceite, un enclave natural de primer orden en Teruel, marca el pulso de esta intervención.

El Pulso Territorial

El fuego en el Matarraña pone a prueba la capacidad de respuesta del ejecutivo de Jorge Azcón (PP), que gobierna en coalición con Vox y el apoyo externo del PAR. El consejero Bermúdez de Castro ha asumido el mando coordinado, y la rápida activación del nivel 2 demuestra que el protocolo autonómico funciona bajo presión. Sin embargo, las 350 hectáreas calcinadas en un paraje de alto valor turístico y ambiental reabren el debate sobre la prevención de incendios en el Aragón rural.

Aunque la superficie afectada es muy inferior a la del incendio de Ateca de 2022 (más de 14.000 hectáreas), su localización en los Puertos de Beceite eleva la alarma. La zona, destino habitual de turismo extranjero y de bodas como la interrumpida, genera un importante impacto económico para la comarca. El precedente de grandes incendios en Teruel —como el de 2009 en la Sierra de Albarracín— recuerda lo vulnerable del territorio cuando se combinan sequía, viento y dificultad de acceso. Mientras los servicios de emergencia luchan por contener el flanco derecho, la prioridad es evitar que las llamas alcancen el corazón del espacio protegido. La investigación sobre el origen eléctrico del suceso avanza en paralelo.

Ficha Autonómica

  • El caso: Incendio forestal declarado el 12 de julio de 2026 en Peñarroya de Tastavins, en el Matarraña (Teruel), que ha afectado a los Puertos de Beceite, espacio de gran valor ecológico.
  • Datos importantes: Entre 300 y 350 hectáreas calcinadas; nivel 2 de alerta activado; más de cien efectivos, con participación de la UME y apoyo de la Comunidad Valenciana; desalojo de masías, un hotel y una boda; carretera A-1414 cortada.
  • Resumen: El flanco derecho es la zona más crítica. El viento está mejorando, pero la evolución meteorológica decidirá las próximas horas. Se investiga un posible origen eléctrico. El municipio de Ráfales no corre peligro inmediato de evacuación.

Privatización sanitaria Valencia: Ribera Salud y Sanitas pagan 45,8 millones pero recurren al TSJ

Amparo Soler
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Privatización sanitaria Valencia: Ribera Salud y Sanitas pagan 45,8 millones pero recurren al TSJ

La Conselleria de Sanidad ha ingresado 45,8 millones de euros de las concesionarias Ribera Salud y Sanitas tras reclamarles el coste de las atenciones oncológicas que sus pacientes recibieron en el Instituto Valenciano de Oncología (IVO), una fundación privada nutrida casi en su totalidad por fondos de la Generalitat. Las empresas han recurrido la reclamación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ), aunque la justicia ya rechazó sus medidas cautelares y las obligó a desembolsar el dinero.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Generalitat ha cobrado 45,8 millones a Ribera Salud y Sanitas por pacientes oncológicos derivados al IVO, pero las empresas han presentado un recurso contencioso-administrativo.
  • ¿Quién está detrás? La Conselleria de Sanidad del gobierno de Carlos Mazón (PP) reclama pagos que se remontan a 2012, en plena investigación del Tribunal de Cuentas por doble financiación.
  • ¿Qué impacto tiene? El litigio pone en cuestión el modelo de hospitales privatizados y los contratos de concesión sanitaria en la Comunitat Valenciana.

Una deuda de 45,8 millones por doble financiación

El origen del conflicto está en un informe de la Sindicatura de Comptes que activó una investigación del Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizador nacional de los fondos públicos. Según esa pesquisa, entre 2013 y 2023 la Conselleria de Sanidad pagó dos veces por el mismo paciente oncológico: primero a la concesionaria, mediante la prima capitativa anual del contrato de gestión privada, y después al IVO cuando esos pacientes elegían tratarse allí. La doble facturación afecta a departamentos de salud privatizados gestionados por Ribera Salud y Sanitas, cuyos pacientes oncológicos se derivaban al IVO por decisión propia o clínica.

En cuanto la Conselleria tuvo constancia del informe, reclamó 16,6 millones de euros a Ribera Salud y 29,2 millones a Sanitas. Esta última ha detallado que en enero de 2026 abonó 28,8 millones correspondientes al periodo 2012-2023 y otros 485.000 euros en mayo de 2026 por los servicios de 2024. El desembolso total ya está en las arcas autonómicas, pero las empresas han impugnado la exigencia por la vía judicial.

La sanidad pública valenciana pagó dos veces por el mismo paciente: una vez a la empresa privada por la prima y otra al IVO por su tratamiento.

El recurso de las concesionarias y sus argumentos

Sanitas, a través de su filial Especializada y Primaria l’Horta Manises S.A.U., sostiene que la reclamación no tiene respaldo en el contrato de concesión firmado en 2006. Según fuentes de la compañía, los gastos del IVO nunca formaron parte de las obligaciones asumidas y la Conselleria no emitió requerimiento alguno hasta octubre de 2024, dieciocho años después de la firma. “La concesionaria no tiene relación contractual ni económica con el IVO, ni tomó la decisión de derivar pacientes”, argumentan.

Ribera Salud confirmó el pago y la presentación del recurso, pero declinó hacer más valoraciones. Ambas empresas han acudido al TSJ, el máximo tribunal regional, para que determine si deben asumir unos costes que, según ellas, corresponden a los conciertos sanitarios de la propia Administración. Mientras se resuelve el fondo del asunto, los 45,8 millones permanecen en poder de la Generalitat.

El Escenario Valenciano

La polémica reabre el debate político sobre el modelo de hospitales privatizados que el PP extendió con el denominado modelo Alzira. El anterior gobierno del Botànic (PSPV y Compromís) revirtió a la gestión pública los departamentos de Alzira, Torrevieja y Dénia, y dejó encarrilada la de Manises. Carlos Mazón, al llegar a la presidencia en 2023, finalizó esas reversiones pero prorrogó cinco años el contrato de Ribera Salud en Elche-Vinalopó, con base en unas auditorías de calidad que nunca se han hecho públicas. Ahora, el litigio del IVO tensa aún más la relación entre la Conselleria y los operadores privados.

A nivel nacional, el caso tiene eco porque el Tribunal de Cuentas investiga un supuesto perjuicio contable que podría abrir responsabilidades. Además, la controversia sobre los pagos duplicados cuestiona los mecanismos de control de las concesiones sanitarias, una fórmula que el Partido Popular defiende y que el PSOE y Compromís critican. La posición del Gobierno de Pedro Sánchez es de observación, aunque fuentes del Ministerio de Hacienda recuerdan que los fondos autonómicos deben fiscalizarse con rigor. En el horizonte inmediato, el TSJ deberá pronunciarse sobre el recurso contencioso-administrativo y marcar un precedente sobre quién paga la atención oncológica en los departamentos privatizados.

Ficha del Caso

  • El caso: La Conselleria de Sanidad reclamó a Ribera Salud y Sanitas 45,8 millones de euros por los costes de las derivaciones oncológicas al IVO entre 2012 y 2024, bajo la sospecha de que la Administración pagó dos veces por el mismo paciente.
  • Datos importantes: Sanitas abonó 28,8 millones (enero 2026) y 485.000 euros (mayo 2026); Ribera Salud, 16,6 millones. Las empresas han recurrido ante el TSJ y la justicia ya rechazó las medidas cautelares.
  • Resumen: El litigio, que se desarrolla en paralelo a una investigación del Tribunal de Cuentas, pone en entredicho el modelo de hospitales privatizados y la claridad de los contratos de gestión sanitaria en la Comunitat Valenciana.

La Diputación de Cáceres eleva a 600.000 euros las ayudas para comunidades energéticas en municipios rurales

Marta Iglesias
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La Diputación de Cáceres eleva a 600.000 euros las ayudas para comunidades energéticas en municipios rurales

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Diputación de Cáceres ha publicado la cuarta convocatoria de ayudas para comunidades energéticas, dotada con 600.000 euros, un 20% más que el año anterior.
  • ¿Quién está detrás? La Diputación Provincial, a través de su Oficina de Transformación Comunitaria (OTC), en colaboración con los municipios.
  • ¿Qué impacto tiene? Los pueblos de menos de 20.000 habitantes podrán financiar instalaciones de autoconsumo solar colectivo con hasta 68.000 euros por proyecto.

La Diputación de Cáceres ha publicado este lunes, 13 de julio, la cuarta convocatoria de ayudas para impulsar comunidades energéticas locales, con una dotación de 600.000 euros, un 20% más que en la edición anterior. La línea está gestionada a través de la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC), la oficina provincial que asesora a los ayuntamientos en la creación de estos proyectos de autoconsumo compartido.

Autoconsumo colectivo para los pueblos de Cáceres

La subvención máxima por iniciativa asciende a 68.000 euros, una cantidad que cubre la práctica totalidad de los costes de instalación de sistemas solares fotovoltaicos. Podrán beneficiarse municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades locales menores, siempre que las comunidades energéticas estén ya constituidas o en proceso de creación con el acompañamiento de la OTC.

Se trata de la cuarta edición de un plan que ha ido ganando presupuesto año a año, evidenciando el interés de las administraciones locales por reducir la dependencia energética de los municipios extremeños. La provincia cacereña, con más de 200 núcleos de población, muchos de ellos en riesgo de despoblación, encuentra en estas comunidades energéticas una herramienta para abaratar costes y fijar población.

Plazos y proyectos subvencionables

Las solicitudes deben presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Diputación en el plazo máximo de un mes desde la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Es decir, el plazo expirará el 13 de agosto. La propia Diputación ha recordado que solo se aceptarán trámites online, facilitando así el acceso desde cualquier municipio.

Las ayudas cubren gastos como la compra y montaje de equipos, materiales, sistemas de monitorización, cableado, estructuras, redacción de proyectos técnicos, dirección de obra y, cuando sea necesario, refuerzo de la red eléctrica. Quedan excluidos los gastos de consumo eléctrico ordinario, los impuestos recuperables y los proyectos vinculados a edificios que hayan recibido ayudas para autoconsumo en los últimos cinco años. Quedan fuera también las instalaciones que no cuenten con las autorizaciones pertinentes.

En la anterior convocatoria, decenas de ayuntamientos presentaron proyectos que ahora están en fase de ejecución o ya operativos, generando un ahorro significativo en la factura eléctrica de pequeños consistorios y vecinos. El modelo, replicado en otras diputaciones como la de Badajoz, consolida a Extremadura como laboratorio del autoconsumo rural en España.

La apuesta de la Diputación de Cáceres por las comunidades energéticas rurales no es solo una cuestión de transición ecológica: es una estrategia de desarrollo territorial que combate la despoblación.

El Pulso Territorial

El contexto político extremeño añade una capa de complejidad al programa. Mientras la Junta de Extremadura, gobernada por el PP con el apoyo de Vox, se orienta hacia grandes proyectos de energías renovables, la Diputación de Cáceres, en manos del PSOE, insiste en un modelo descentralizado de pequeñas instalaciones de autoconsumo distribuido. Una tensión de fondo que refleja dos visiones contrapuestas de la transición energética.

Otras comunidades del ámbito de Moncloa.com han seguido caminos similares. Castilla-La Mancha, por ejemplo, ha activado líneas de apoyo a comunidades energéticas a través de sus diputaciones provinciales, aunque ninguna ha alcanzado la cuantía de 68.000 euros por proyecto que ofrece ahora Cáceres. En Extremadura el desafío demográfico convierte cada euro dedicado al autoconsumo en una inversión contra el abandono del territorio: más de la mitad de sus municipios tienen menos de 1.000 habitantes.

Tras la ventanilla de un mes que se abre con esta convocatoria, la Diputación evaluará las solicitudes y adjudicará los fondos a lo largo del otoño. El próximo paso lógico, según fuentes provinciales, sería ampliar la red de comunidades energéticas a comarcas especialmente vulnerables al despoblamiento, como Las Hurdes o Sierra de Gata, y profundizar en la implicación de la ciudadanía en la gestión compartida de la energía.

Ficha Autonómica

  • El caso: La Diputación de Cáceres refuerza su apuesta por las comunidades energéticas con una cuarta convocatoria de ayudas, la más ambiciosa hasta la fecha.
  • Datos importantes: 600.000 euros de presupuesto total, hasta 68.000 euros por proyecto, dirigida a municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades locales menores. Plazo de solicitud: un mes desde la publicación en el BOP (hasta el 13 de agosto de 2026).
  • Resumen: Los ayuntamientos disponen de un mes para presentar sus proyectos de autoconsumo colectivo solar, con la expectativa de reducir costes energéticos y ayudar a fijar población en las zonas rurales de la provincia.

Inversión educativa en Ourense: la Xunta destina tres millones a obras en 43 centros

Anxo Seoane
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Inversión educativa en Ourense: la Xunta destina tres millones a obras en 43 centros

La Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego) ha anunciado una inversión de 2,98 millones de euros para acometer obras en 43 centros educativos de la provincia de Ourense. Las intervenciones, que se ejecutarán durante el parón lectivo del verano, se integran en el Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, una iniciativa que moviliza 86,7 millones de euros en toda la comunidad.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Xunta invertirá 2,98 millones en obras de mejora, reparación y ampliación en 43 colegios e institutos de Ourense.
  • ¿Quién está detrás? La Consellería de Educación, que coordina el plan autonómico de modernización de la red escolar.
  • ¿Qué impacto tiene? Se ampliará el CEIP Ben-Cho-Shey, se renovarán cubiertas y ascensores en otros centros, y se repararán los daños causados por los temporales del último invierno en 40 colegios más, mejorando las condiciones para miles de alumnos.

La Consellería de Educación (el departamento autonómico equivalente a una consejería) ha detallado que el grueso de la inversión, más de 2,1 millones de euros, se concentrará en tres grandes actuaciones. La principal, con 1,85 millones, permitirá la ampliación del CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Shey, en Pereiro de Aguiar, para atender sus crecientes necesidades de escolarización en Infantil y Primaria.

El proyecto responde a la presión demográfica de la zona periurbana de Ourense, donde el Ben-Cho-Shey ya registraba un déficit de plazas. La obra se ejecutará durante los meses de verano para causar la menor interferencia posible en el próximo curso. La Xunta ha apostado por concentrar los trabajos en la época estival, una práctica que acelera los plazos y reduce las molestias.

Junto a esta ampliación, la Consellería ha programado otras dos intervenciones de calado. El cambio de cubierta en el CEIP de Sandiás, con un presupuesto de 212.791 euros, y la instalación de un nuevo ascensor en el CEIP Virxe de Covadonga, en la capital ourensana, por 75.322 euros. Ambas actuaciones mejorarán la accesibilidad y la eficiencia energética de los inmuebles.

Reparación de temporales y mejoras en calefacción con el Plan Ben Estar

De forma paralela, la Administración autonómica ejecutará otras 40 intervenciones de menor envergadura a través del denominado Plan Ben Estar, que cuenta con una dotación de 842.472 euros. Estos trabajos, de carácter correctivo, se centran en reparar los daños provocados por los temporales del pasado invierno, modernizar los sistemas de calefacción y renovar cubiertas y fachadas en municipios como Allariz, Celanova, Ribadavia y Verín.

Las reformas en los colegios ourensanos no son solo una cuestión de mantenimiento: representan una apuesta por una educación pública de calidad que la Xunta ha priorizado en sus presupuestos.

El Plan Ben Estar complementa las grandes obras y demuestra, según fuentes de la Consellería, la voluntad de atender las necesidades urgentes de los centros más castigados por la climatología. La actuación en calefacciones es especialmente relevante en una provincia donde las temperaturas invernales ponen a prueba las instalaciones.

El Laboratorio Gallego

La inversión en infraestructuras educativas es una de las señas de identidad del PPdeG desde los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo. El actual presidente, Alfonso Rueda, ha mantenido la línea de destinar fondos a la modernización de colegios e institutos, un modelo de gestión que en Moncloa.com hemos seguido con atención porque, a menudo, anticipa las banderas que el PP nacional enarbolará tiempo después. En este caso, el Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica —que moviliza 86,7 millones en toda Galicia— es la concreción de una política que el propio Feijóo ha citado como ejemplo de eficiencia autonómica en sus intervenciones en Madrid.

Sin embargo, no todo son elogios. El BNG ha reiterado en el Parlamento gallego que la inversión por alumno sigue por debajo de la media estatal y ha exigido un mayor esfuerzo en personal docente. El PSdeG, por su parte, critica que el plan llegue con retraso a zonas rurales donde la despoblación vacía las aulas antes de que lleguen las reformas. Con todo, el consenso en que las obras son necesarias es amplio, y la ejecución estival se ha convertido ya en una rutina administrativa que la Xunta maneja con solvencia. La proyección inmediata es que los 43 centros ourensanos abran el próximo curso con las actuaciones finalizadas, consolidando a Galicia como una de las comunidades con mayor tasa de obras escolares en periodos vacacionales.

Ficha del Caso

  • El caso: La Xunta destina 2,98 millones a obras en 43 centros educativos de Ourense durante el verano, con la ampliación del CEIP Ben-Cho-Shey como proyecto estrella.
  • Datos importantes: 1,85 millones para Ben-Cho-Shey; 212.791 € para cubierta en Sandiás; 75.322 € para ascensor en Virxe de Covadonga; y 842.472 € para el Plan Ben Estar (40 obras menores). Todo dentro del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica (86,7 millones autonómicos).
  • Resumen: La inversión refuerza la apuesta de la Xunta por la educación pública y la eficiencia de las obras en períodos no lectivos, consolidando una estrategia que el PPdeG y el PP nacional utilizan como escaparate de gestión.

13 fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería) tras muerte de una mujer de 93 años

Enrique Ramos
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13 fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería) tras muerte de una mujer de 93 años

El incendio forestal de Los Gallardos (Almería) ha sumado este domingo una nueva víctima mortal, la decimotercera, tras confirmarse el fallecimiento de una mujer de 93 años en el Hospital Universitario Torrecárdenas. La anciana, de nacionalidad británica, llevaba días ingresada con patologías previas y heridas graves provocadas por el fuego que ha arrasado 7.000 hectáreas en el Levante Almeriense.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Una mujer británica de 93 años ha fallecido en el hospital, elevando a 13 los muertos por el incendio forestal de Los Gallardos, el peor de la historia de Andalucía.
  • ¿Dónde y quién? El fuego arrasó 7.000 hectáreas en Los Gallardos, Bédar, Antas y Lubrín, en la provincia de Almería. La Junta de Andalucía, la Guardia Civil, la UME y el GREA han participado en el operativo.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? El incendio ya está estabilizado. Los más de 1.000 evacuados han comenzado a regresar a sus casas y los ayuntamientos habilitan oficinas para gestionar ayudas por los daños.

Un balance imposible de digerir

Con esta nueva muerte, la cifra oficial de fallecidos alcanza las 13 personas, consolidando la peor catástrofe por fuego forestal que se recuerda en la comunidad autónoma. A este luto se suman ocho personas que permanecen oficialmente desaparecidas y otros ocho heridos, cuatro de ellos en estado grave, que siguen ingresados en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

La Comandancia de la Guardia Civil de Almería ha dado por concluidas esta tarde las batidas de rastreo sobre el terreno calcinado, sin haber localizado a nadie más. El operativo, que ha contado con un centenar de efectivos de la Benemérita, la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y Protección Civil, abandona ya la zona después de peinar cada metro cuadrado.

El fuego, declarado hace varios días en el municipio de Los Gallardos, quedó estabilizado en las últimas horas y ha calcinado una superficie equivalente a 7.000 campos de fútbol. Las causas del incendio siguen bajo investigación, pero lo cierto es que las elevadas temperaturas y el viento de poniente complicaron durante jornadas las labores de extinción del Plan INFOCA.

Los cuatro heridos graves, entre los que se encuentra un menor de edad, continúan en la unidad de quemados del hospital sevillano. Fuentes sanitarias insisten en que su pronóstico es reservado, por lo que no se descarta que la cifra de víctimas pueda aumentar en los próximos días. Las familias de los desaparecidos, mientras tanto, aguardan noticias con una angustia que el resto de los andaluces compartimos en silencio.

Este incendio ha superado todas las marcas: 13 vidas perdidas, 7.000 hectáreas arrasadas, ocho personas aún sin localizar. La cicatriz en el Levante Almeriense tardará generaciones en cerrarse.

El regreso a casa y las primeras ayudas

La mejora de la situación ha permitido reabrir completamente al tráfico la carretera AL-6109, que permanecía cortada por el avance de las llamas. Solo se mantiene un control estricto en los accesos a Bédar, restringidos exclusivamente a los familiares de los residentes, para evitar saqueos y facilitar las tareas de evaluación de daños.

Los más de mil vecinos que fueron evacuados de sus domicilios están regresando progresivamente a sus viviendas. Muchos se enfrentan ahora a la visión de un paisaje irreconocible y a la pérdida de enseres, cultivos y, en algunos casos, de su medio de vida. La Junta de Andalucía, el Gobierno central y la Diputación Provincial de Almería ya han anunciado un paquete de ayudas de emergencia para paliar los daños estructurales.

A partir de este lunes, los ayuntamientos de Los Gallardos, Bédar, Antas y Lubrín habilitarán oficinas de atención ciudadana, donde técnicos autonómicos y locales evaluarán los daños en viviendas, explotaciones agrícolas e infraestructuras públicas. El objetivo es canalizar cuanto antes las subvenciones y agilizar la contratación de obras de reconstrucción.

Almería

La Lectura Andaluza

Andalucía acaba de vivir la página más negra de su historia forestal. Para encontrar una tragedia comparable hay que remontarse al incendio de Sierra Bermeja en 2021, donde falleció un bombero del Plan INFOCA, o a los grandes fuegos de Huelva en 2004. Pero nunca antes un incendio había segado tantas vidas civiles de golpe. La comunidad autónoma, que dedica cada año más de 200 millones de euros a la lucha contra incendios, se ve ahora obligada a replantearse si los protocolos de evacuación y la coordinación entre administraciones fueron suficientes.

Para quienes viven en Los Gallardos o en cualquier pueblo de la comarca, el impacto va mucho más allá de la estadística. La comarca del Levante Almeriense vive del turismo rural, de la agricultura de secano y de los invernaderos. Cientos de familias han perdido la cosecha de almendra y olivar de este año, y las pequeñas empresas de servicios turísticos ven cómo la imagen de la zona queda inevitablemente asociada a la catástrofe. La reconstrucción emocional y económica llevará años, y exigirá un compromiso sostenido de todas las administraciones.

La Junta de Andalucía ha activado ya las ayudas previstas por el decreto de emergencia, y el Parlamento autonómico celebrará en los próximos días una comisión extraordinaria para analizar la gestión del incendio. El debate político, sin embargo, no debe sepultar lo esencial: la necesidad de extraer lecciones que eviten que una tragedia así vuelva a repetirse en una tierra que sabe, como pocas, lo que es convivir con el fuego.

El supermercado social de la DANA en Alfafar peligra por el bloqueo del Ayuntamiento y la Generalitat

Amparo Soler
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El supermercado social de la DANA en Alfafar peligra por el bloqueo del Ayuntamiento y la Generalitat

El supermercado social de Alfafar, levantado entre el barro de la DANA por los propios vecinos del barrio del Parke Alcosa, se enfrenta a su fin más inesperado: el Ayuntamiento gobernado por el PP quiere desalojarlo. La excusa es doble: el local carece de autorización administrativa y, según el consistorio, “las colas estigmatizan a las personas”. Pero la Koordinadora de Kolectivos del Parke Alcosa, que gestiona este espacio solidario, denuncia el abandono institucional y la falta de alternativas para las cientos de familias que cada semana llenan su cesta de la compra gracias al voluntariado.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El supermercado social de Alfafar, que atiende a cientos de familias vulnerables, está amenazado de desalojo por el Ayuntamiento.
  • ¿Quién está detrás? El equipo de gobierno del PP en Alfafar y la pasividad de la Generalitat Valenciana, que posee el antiguo IES Jaume I en desuso.
  • ¿Qué impacto tiene? Dejaría sin cesta de la compra a vecinos que no llegan a fin de mes y a los que los servicios sociales no alcanzan.

De la emergencia a la red comunitaria permanente

La iniciativa nació con fuerza tras la catástrofe de octubre de 2024. La Unidad Militar de Emergencias (UME) abrió el espacio que se convirtió en centro de recepción de donaciones y, más tarde, en un supermercado social. Casi dos años después, el local sigue en pie, sostenido por la Koordinadora de Kolectivos del Parke Alcosa, con Toni Valero como portavoz. Lo que comenzó repartiendo toneladas de productos de primera necesidad se ha transformado en una respuesta vecinal a la pobreza poscatástrofe.

“No es una respuesta a la pobreza extrema —explica Valero—, sino a esa gente que vive por debajo del salario mínimo, que no puede pagar a la vez el alquiler, la luz y la comida, y que los servicios sociales no alcanzan a cubrir”. El supermercado atiende cada semana a un goteo silencioso de vecinos que aparcan la vergüenza en la cola y encuentran allí no solo alimentos, sino acompañamiento social, ayuda con trámites y la dignidad de elegir lo que necesitan.

El equipo de gobierno del PP en Alfafar aduce que el local carece de la preceptiva autorización. “Quien la puede hacer regular —el propio Ayuntamiento— no lo hace”, rebate Toni Valero. A eso se suma el último argumento municipal: el edificio debe quedar libre para construir un refugio climático, un proyecto largamente reclamado por el barrio. La Koordinadora no se opone pero pide que el supermercado continúe hasta el inicio de las obras y sea reubicado en otro espacio público, como el antiguo IES Jaume I, propiedad de la Generalitat Valenciana y en estado de abandono total. El consistorio ha rechazado la propuesta.

La administración que exige una autorización que ella misma debe conceder es la misma que deja cerrado un instituto público en ruina mientras los vecinos piden una alternativa.

“Es un debate sobre quién controla lo público: si la gestión administrativa del Estado o la ciudadanía a través del derecho de participación”, resume Valero. La Koordinadora denuncia una “estrategia de represión” contra el movimiento vecinal. Mientras, la Generalitat guarda silencio, pese a que el IES Jaume I es de su titularidad.

La paradoja es evidente: una administración que no es capaz de rehabilitar un edificio escolar abandonado impide que una iniciativa ciudadana lo ocupe con fines sociales. El supermercado social es la radiografía de un desencuentro profundo entre las instituciones y la calle.

El Escenario Valenciano

El bloqueo del supermercado social de Alfafar no es un caso aislado. Se inserta en la tensión que recorre la Comunitat Valenciana tras la DANA: una reconstrucción que avanza a dos velocidades. Por un lado, la gestión institucional, con fondos del Gobierno central que el Consell ejecuta con cuentagotas —solo un 18% de los 1.200 millones comprometidos en el Plan RERD, según datos oficiales—. Por otro, la red de solidaridad vecinal que nació en las calles embarradas y que dos años después sigue activa porque las necesidades no desaparecen.

En el plano político, el Ayuntamiento de Alfafar (PP) reproduce la lógica del PP y Vox en la Generalitat: priorizar el orden administrativo sobre la urgencia social. Mientras, la oposición —PSPV y Compromís— ha reclamado una salida negociada que preserve la labor comunitaria. Pero la Generalitat Valenciana tiene la llave del IES Jaume I y no la mueve. El silencio de Carlos Mazón en este pulso contrasta con el protagonismo que ha dado a otros asuntos de gestión de la catástrofe. La pregunta que flota en el Parke Alcosa es si la administración autonómica está del lado de quienes necesitan ayuda o de quienes la gestionan.

A escala nacional, el caso ilustra cómo la respuesta post-DANA ha quedado fragmentada. El Gobierno de Pedro Sánchez ha transferido fondos, el Consorcio de Compensación de Seguros ha abonado indemnizaciones, pero la protección de las capas más vulnerables sigue siendo un terreno pantanoso. La red de solidaridad vecinal ha suplido lo que el Estado del bienestar no alcanza a cubrir. Y cuando esa red es cercenada, quienes caen son los de siempre.

El próximo capítulo se escribirá en las calles. La Koordinadora anuncia movilizaciones para impedir el desalojo y buscará interlocución directa con la Conselleria de Servicios Sociales. De esa voluntad política depende que el supermercado social siga abierto o que, como tantas cosas rotas por la DANA, quede olvidado entre las grietas institucionales.

Ficha del Caso

  • El caso: El supermercado social de Alfafar, creado tras la DANA por vecinos del Parke Alcosa, se enfrenta al desalojo por parte del Ayuntamiento del PP. Atiende a cientos de familias vulnerables que no reciben ayudas de los servicios sociales.
  • Datos importantes: El local carece de autorización administrativa —que el propio Ayuntamiento no tramita— y se propone construir allí un refugio climático. La Generalitat posee un edificio abandonado (antiguo IES Jaume I) que los vecinos reclaman como alternativa, pero la administración autonómica no se ha pronunciado.
  • Resumen: La iniciativa vecinal es un termómetro de la descoordinación entre las administraciones y la falta de respuesta social tras la reconstrucción de la DANA. Mientras no se solucione, la pobreza poscatástrofe seguirá dependiendo del voluntariado.
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