El supermercado social de Alfafar, levantado entre el barro de la DANA por los propios vecinos del barrio del Parke Alcosa, se enfrenta a su fin más inesperado: el Ayuntamiento gobernado por el PP quiere desalojarlo. La excusa es doble: el local carece de autorización administrativa y, según el consistorio, “las colas estigmatizan a las personas”. Pero la Koordinadora de Kolectivos del Parke Alcosa, que gestiona este espacio solidario, denuncia el abandono institucional y la falta de alternativas para las cientos de familias que cada semana llenan su cesta de la compra gracias al voluntariado.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El supermercado social de Alfafar, que atiende a cientos de familias vulnerables, está amenazado de desalojo por el Ayuntamiento.
- ¿Quién está detrás? El equipo de gobierno del PP en Alfafar y la pasividad de la Generalitat Valenciana, que posee el antiguo IES Jaume I en desuso.
- ¿Qué impacto tiene? Dejaría sin cesta de la compra a vecinos que no llegan a fin de mes y a los que los servicios sociales no alcanzan.
De la emergencia a la red comunitaria permanente
La iniciativa nació con fuerza tras la catástrofe de octubre de 2024. La Unidad Militar de Emergencias (UME) abrió el espacio que se convirtió en centro de recepción de donaciones y, más tarde, en un supermercado social. Casi dos años después, el local sigue en pie, sostenido por la Koordinadora de Kolectivos del Parke Alcosa, con Toni Valero como portavoz. Lo que comenzó repartiendo toneladas de productos de primera necesidad se ha transformado en una respuesta vecinal a la pobreza poscatástrofe.
“No es una respuesta a la pobreza extrema —explica Valero—, sino a esa gente que vive por debajo del salario mínimo, que no puede pagar a la vez el alquiler, la luz y la comida, y que los servicios sociales no alcanzan a cubrir”. El supermercado atiende cada semana a un goteo silencioso de vecinos que aparcan la vergüenza en la cola y encuentran allí no solo alimentos, sino acompañamiento social, ayuda con trámites y la dignidad de elegir lo que necesitan.
El equipo de gobierno del PP en Alfafar aduce que el local carece de la preceptiva autorización. “Quien la puede hacer regular —el propio Ayuntamiento— no lo hace”, rebate Toni Valero. A eso se suma el último argumento municipal: el edificio debe quedar libre para construir un refugio climático, un proyecto largamente reclamado por el barrio. La Koordinadora no se opone pero pide que el supermercado continúe hasta el inicio de las obras y sea reubicado en otro espacio público, como el antiguo IES Jaume I, propiedad de la Generalitat Valenciana y en estado de abandono total. El consistorio ha rechazado la propuesta.
La administración que exige una autorización que ella misma debe conceder es la misma que deja cerrado un instituto público en ruina mientras los vecinos piden una alternativa.
“Es un debate sobre quién controla lo público: si la gestión administrativa del Estado o la ciudadanía a través del derecho de participación”, resume Valero. La Koordinadora denuncia una “estrategia de represión” contra el movimiento vecinal. Mientras, la Generalitat guarda silencio, pese a que el IES Jaume I es de su titularidad.
La paradoja es evidente: una administración que no es capaz de rehabilitar un edificio escolar abandonado impide que una iniciativa ciudadana lo ocupe con fines sociales. El supermercado social es la radiografía de un desencuentro profundo entre las instituciones y la calle.
El Escenario Valenciano
El bloqueo del supermercado social de Alfafar no es un caso aislado. Se inserta en la tensión que recorre la Comunitat Valenciana tras la DANA: una reconstrucción que avanza a dos velocidades. Por un lado, la gestión institucional, con fondos del Gobierno central que el Consell ejecuta con cuentagotas —solo un 18% de los 1.200 millones comprometidos en el Plan RERD, según datos oficiales—. Por otro, la red de solidaridad vecinal que nació en las calles embarradas y que dos años después sigue activa porque las necesidades no desaparecen.
En el plano político, el Ayuntamiento de Alfafar (PP) reproduce la lógica del PP y Vox en la Generalitat: priorizar el orden administrativo sobre la urgencia social. Mientras, la oposición —PSPV y Compromís— ha reclamado una salida negociada que preserve la labor comunitaria. Pero la Generalitat Valenciana tiene la llave del IES Jaume I y no la mueve. El silencio de Carlos Mazón en este pulso contrasta con el protagonismo que ha dado a otros asuntos de gestión de la catástrofe. La pregunta que flota en el Parke Alcosa es si la administración autonómica está del lado de quienes necesitan ayuda o de quienes la gestionan.
A escala nacional, el caso ilustra cómo la respuesta post-DANA ha quedado fragmentada. El Gobierno de Pedro Sánchez ha transferido fondos, el Consorcio de Compensación de Seguros ha abonado indemnizaciones, pero la protección de las capas más vulnerables sigue siendo un terreno pantanoso. La red de solidaridad vecinal ha suplido lo que el Estado del bienestar no alcanza a cubrir. Y cuando esa red es cercenada, quienes caen son los de siempre.
El próximo capítulo se escribirá en las calles. La Koordinadora anuncia movilizaciones para impedir el desalojo y buscará interlocución directa con la Conselleria de Servicios Sociales. De esa voluntad política depende que el supermercado social siga abierto o que, como tantas cosas rotas por la DANA, quede olvidado entre las grietas institucionales.
Ficha del Caso
- El caso: El supermercado social de Alfafar, creado tras la DANA por vecinos del Parke Alcosa, se enfrenta al desalojo por parte del Ayuntamiento del PP. Atiende a cientos de familias vulnerables que no reciben ayudas de los servicios sociales.
- Datos importantes: El local carece de autorización administrativa —que el propio Ayuntamiento no tramita— y se propone construir allí un refugio climático. La Generalitat posee un edificio abandonado (antiguo IES Jaume I) que los vecinos reclaman como alternativa, pero la administración autonómica no se ha pronunciado.
- Resumen: La iniciativa vecinal es un termómetro de la descoordinación entre las administraciones y la falta de respuesta social tras la reconstrucción de la DANA. Mientras no se solucione, la pobreza poscatástrofe seguirá dependiendo del voluntariado.
