Los grupos parlamentarios de Sumar, Bildu, PNV, ERC, Compromís y BNG registraron ayer una proposición no de ley en el Congreso para que el Estado asuma su «responsabilidad principal y directa» en los sucesos de Vitoria del 3 de marzo de 1976 y en los crímenes de los Sanfermines de 1978. La iniciativa será debatida en la Comisión de Justicia y busca una declaración oficial al más alto nivel.
Qué pide exactamente la proposición
El texto, al que tuvo acceso Europa Press, incluye tres demandas concretas. En primer lugar, emplaza al Gobierno a realizar una declaración institucional que reconozca la responsabilidad del Estado en aquellos hechos. En segundo lugar, exige a los ministerios de Interior y Defensa, a las delegaciones del Gobierno en Navarra y el País Vasco y a la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática que den «pasos reales y definitivos» para garantizar el derecho a la verdad de todas las víctimas de la violencia estatal. El objetivo, según reza el documento, es abrir la puerta a la justicia y la reparación.
La proposición no de ley —un instrumento parlamentario sin fuerza vinculante pero con peso político— recuerda que ayuntamientos de Vitoria, Pamplona, San Sebastián y Astigarraga aprobaron resoluciones similares impulsadas por las asociaciones Martxoak-3 y Sanfermines-78: gogoan!. Ahora se eleva al ámbito nacional.
Los firmantes sostienen que aquellas muertes no fueron casuales ni errores, sino intervenciones con premeditación y alevosía que obedecieron órdenes de mandos policiales y políticos.
El contexto: lo ocurrido en Vitoria y los Sanfermines
El 3 de marzo de 1976, durante una asamblea de huelguistas en la iglesia de San Francisco de Vitoria, la Policía disparó indiscriminadamente contra los presentes. Cinco jóvenes murieron y decenas resultaron heridos. Dos días después, en Basauri (Vizcaya) y Tarragona, fallecieron otras dos personas en protestas por la masacre. Cincuenta años después, el recuerdo sigue vivo.
El 8 de julio de 1978, en plenas fiestas de San Fermín en Pamplona, una nueva actuación policial se saldó con la muerte de un joven y once heridos de bala. Tres días más tarde, el 11 de julio, otro hombre fue abatido por un disparo policial durante una marcha en San Sebastián. Estos hechos suman victimas mortales a la violencia estatal de la Transición.
Puedes consultar más detalles sobre los sucesos de Vitoria en la entrada de Wikipedia.
De la reparación individual a la exigencia de responsabilidades políticas
La iniciativa subraya que el Gobierno ya ha aprobado declaraciones de reconocimiento y reparación para 40 víctimas o familiares directos de los dos episodios. Sin embargo, los proponentes consideran que esos reconocimientos personales son insuficientes. «Trascienden con mucho el ámbito de los meros reconocimientos individuales», señala el texto. Ahora exigen adentrarse en el «terreno de las responsabilidades políticas» que envolvieron y justificaron, según ellos, aquellas actuaciones criminales.
El documento apunta directamente a toda la cadena de mando policial y política de la época, y a los distintos gobiernos que había entonces. Además, recuerda que en los últimos años salieron a la luz grabaciones de mandos policiales que evidenciaban el carácter planificado de las operaciones, lo que, a juicio de los firmantes, refuerza la necesidad de una declaración formal de responsabilidad por parte del Estado.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? Seis partidos han registrado una proposición no de ley para que el Estado declare su responsabilidad en los crímenes de Vitoria (1976) y Pamplona (1978).
- 👤 ¿Quiénes están implicados? Sumar, Bildu, PNV, ERC, Compromís y BNG son los proponentes. El Gobierno y los ministerios de Interior y Defensa son los destinatarios de la petición.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El texto se debatirá en la Comisión de Justicia del Congreso, aunque no tiene efecto legislativo vinculante.
