El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha lanzado una advertencia contundente este viernes 10 de julio de 2026: la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita cumple 30 años sin una reforma de fondo y el Ministerio de Justicia mantiene oculto el borrador de la nueva norma a los colegios profesionales. La denuncia tuvo lugar durante la jornada del Día de la Justicia Gratuita, celebrada en la sede madrileña.
Juan Manuel Mayllo, diputado 9.º de la Junta de Gobierno del ICAM y responsable del Turno de Oficio, reprochó el “silencio administrativo” del departamento que dirige el ministro de Presidencia y Justicia. “Hemos insistido muchísimo al Ministerio para que estuviera como representante y nos ha obsequiado con el silencio”, afirmó. El malestar no es menor: la reforma de la justicia gratuita figura entre los diez proyectos de ley que el Gobierno quiere aprobar antes del final de la legislatura, pero el texto sigue sin conocerse.
Según Mayllo, la norma de 1996 funciona pero está “obsoleta”, una “vivienda con una ubicación estupenda pero con una reforma pendiente que nadie se atreve a acometer”. A su lado, Carmen Martín García-Matos, viceconsejera de Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid, y Adrián Gómez Linacero, letrado de la Administración de Justicia y presidente territorial de PROLAJ, coincidieron en que la ley resiste a pesar de sí misma.
Treinta años sin cambios sustanciales y un ministerio en silencio
El ICAM reveló que en los últimos meses ha instando repetidamente al Ministerio de Justicia para que compartiera el anteproyecto. La respuesta ha sido nula. “Ya no hablamos de curiosidad, hablamos de preocupación”, subrayó Mayllo. La falta de diálogo contrasta con el dato de que el propio ministro ha incluido esta iniciativa en el paquete legislativo prioritario.
La ley actual, nacida en 1996, es considerada un pilar del Estado de bienestar, pero arrastra problemas que la evolución social ha agravado. La reforma pendiente debe abordar, entre otros aspectos, la actualización de los criterios económicos de acceso y la descongestión de un sistema saturado por los llamados “querulantes”, ciudadanos que abusan del litigio.
La fuga de abogados jóvenes y la desigualdad entre territorios
Uno de los focos rojos que se puso sobre la mesa es la escasez de abogados jóvenes que eligen el turno de oficio. El ICAM propone acortar el periodo previo de ejercicio necesario para acceder, pero con una tutorización inicial, porque el conocimiento jurídico de los recién llegados es sólido, pero el funcionamiento cotidiano del sistema requiere un aprendizaje sobre el terreno.
Las cifras de la Comunidad de Madrid agravan el contraste. En 2025, invirtió 63,5 millones de euros en justicia gratuita, que subirán a 66 millones en 2026 y a 67 millones en 2027. Con un millón y medio menos de habitantes que el territorio dependiente del Ministerio (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla), Madrid gasta casi 14 millones más. Además, la retribución por guardia en Madrid es de 242 euros, frente a los 176,49 euros que abona el Ministerio.
“Invertir en el turno de oficio es invertir en democracia”, sentenció Mayllo, resumiendo el sentir de un colectivo que ve cómo se vacía la cantera de futuros letrados.
El contexto institucional: una ley desbordada y el reto digital
Según datos de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia citados en la jornada, España se sitúa entre los países con más actuaciones de asistencia jurídica gratuita por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, los criterios de acceso atados al IPREM se han quedado rezagados frente a la subida del salario mínimo interprofesional, dejando fuera a ciudadanos con recursos reales limitados.
El problema de los querulantes —personas que pleitean de forma compulsiva— fue otro de los puntos más espinosos. Mayllo relató el caso extremo de un ciudadano que agotó a 35 abogados de oficio de forma sucesiva y que, tras presentar quejas y amenazas, obtuvo el respaldo del Tribunal Superior de Justicia frente al colegio. “Es que no podemos hacer nada”, reconoció la viceconsejera Martín. Solo en Cataluña existe un precedente de retirada de justicia gratuita por abuso de derecho.
La incorporación de la inteligencia artificial fue abordada con cautela. Mientras Gómez Linacero confió en que la automatización agilice trámites y proteja datos, Mayllo advirtió del riesgo de que los despachos grandes capitalicen la tecnología y ensanchen la brecha con los abogados del turno. “La calidad de la defensa no puede depender del bolsillo del cliente”, zanjó.
