Cinco magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid deciden hoy sobre los recursos interpuestos por varias partes contra la decisión del juez Peinado de seguir la causa contra Begoña Gómez, su ayudante Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés por el procedimiento del tribunal del jurado. Los magistrados Enrique Jesús Berges, María del Rosario Esteban, Jesús Gómez-Angulo, Carlos Prat y José Sierra tiene ante si la difícil papeleta de avalar la instrucción del juez Peinado y continuar el procedimiento o devolverlo al instructor para un nuevo dictado.
De momento, en esta guerra de los recursos (una veintena presentados en los dos años de instrucción) va ganado Peinado, aunque no por goleada. La última pelea judicial llegó tras la retirada del pasaporte de Begoña Gómez y su posterior recurso para poder viajar a Turquía y a la graduación de su hija. El juez sustituto de Peinado, Antonio Viejo, adoptó una decisión salomónica y permitió a Begoña Gómez viajar a Gran Bretaña pero no a Turquía. Este lunes día 13 Gómez tendrá que devolver el pasaporte en el juzgado de instrucción 41 de Madrid, una decisión también recurrida.
En abril de este año 2026 el juez Peinado daba por concluida su investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, su ayudante Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. El delito de intrusismo profesional quedó sobreseído por lo que los delitos iniciales se redujeron de 5 a 4.
En ese auto, Peinado admitía la propuesta de la defensa de Gómez, consistente en tres informes periciales: uno sobre la inexistencia de perjuicio a la UCM (realizado por D. Jesús Rodríguez Márquez), otro sobre el régimen de Cátedras extraordinarias (realizado por D. Manuel López Hernández) y un tercero sobre el estatus de las asesoras de los cónyuges de los Presidentes del Gobierno (realizado por D. Julio González García).
Peinado dejó así la causa al pie del banquillo de una acusación popular si no prospera ninguno de los recursos de apelación que las defensas presentaron ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Las acusaciones contra Begoña Gómez
Recogía el juez en un extenso auto que las acusaciones populares, representadas en esta causa por la asociación Hazte Oír, que «tras el examen de sus circunstancias personales a analizar el cambio en la trayectoria profesional de María Begoña Gómez Fernández tras el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. fue nombrada directora del IE África Center en agosto de 2018. Coincidiendo con el tercer investigado, Juan Carlos Barrabés Cónsul, empresario tecnológico, socio y fundador (…) y que ha desempeñado cargos en diferentes empresas, entre ellas Innova Next. Y que al entablar nuevas y diferentes relaciones a las mantenidas hasta entonces en su ámbito profesional, realiza la contratación de su amiga, también investigada María Cristina Álvarez Rodríguez, con cargo al erario y para ayuda en su actividad privada».
La acusaciones sostenían además que «a partir del curso académico 2014/15, María Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) el Máster Propio en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro (…) la empezó a ejercer meses después de que su esposo fuese nombrado Secretario General del PSOE, no constando,
en ningún caso, la existencia de proceso de selección alguno para desempañar tal puesto (…)».
Añadían que además, «en fecha 2 de marzo de 2020, la investigada registró de la marca «TSC Transformación Social Competitiva» es decir el mismo nombre que iba a tener la Cátedra cuya creación se firmó oficialmente el 30 de octubre de 2020: Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva. Y que consta que a partir de 21 de junio de 2020 Juan Carlos Barrabés se reunió con María Begoña Gómez en La Moncloa para trabajar en el proyecto de la futura cátedra. Y que en julio de 2020 (es decir cuando tenían lugar estas reuniones) la investigada firmó dos cartas de recomendación a favor de ofertas vinculadas a UTE Barrabés/The Valley en procedimientos de Red.es en su calidad de codirectora del citado Máster».
La financiación inicial de la cátedra contó con la colaboración de «dos empresas de gran relevancia nacional como son Reale Seguros y la Fundación la Caixa. En el Convenio de creación mencionado anteriormente Reale Seguros asumió el patrocinio por un valor de aportación económica única de 60.000 euros mientras que la Caixa se comprometía a una aportación anual de 15.000 euros además de otras obligaciones asumidas por dichas compañías. Y dado que el desarrollo de la Cátedra precisaba de mayor aportación (…) fueron diversas las empresas contactadas entre las que en este momento mencionamos Indra, Telefónica o Google».
Cristina Álvarez
Las acusaciones populares también sostenían que la esposa del presidente recibió la ayuda «directa y constante de María Cristina Álvarez, implicándose de pleno en proyectos de la Cátedra, actos, negociaciones, reuniones, seguimiento de pagos, comunicaciones diarias y otros ámbitos, todos ellos absolutamente ajenos a las funciones propias de su cargo, asistente o asesora de María Begoña Gómez no como Directora de la Cátedra TSC sino para todo lo que estuviese vinculado a Begoña Gómez como esposa del Presidente del Gobierno».
Asímismo, son varias las empresas que confirmaron que «Cristina Álvarez estuvo presente junto a Begoña Gómez en las reuniones de seguimiento respecto al desarrollo del sistema digital o software vinculado al interés exclusivamente profesional y privado de Begoña Gómez como Making Science Group, Devoteam Drago, Indra y Google», continúa el escrito.
Cristina Álvarez, desde su incorporación a su puesto laboral en el Palacio de la Moncloa en julio del año 2018 y hasta la fecha actual, en la que continúa desempeñando funciones como Directora de Programas, ha percibido como retribuciones la suma que asciende a 361.423,40 euros brutos y 258.670,42 euros netos, computados entre los años 2018 y 2025.
Además, «Begoña Gómez alojó el proyecto desarrollado en la Cátedra TSC, es decir, la plataforma o software, en la web transformatsc.org, dominio del que ella ya era titular, dominio que aparece en la marca registrada por ella misma el 10 de octubre de 2022 y dominio con exacta denominación que la sociedad limitada constituida el 21 de noviembre de 2023 por la propia Begoña Gómez», añadían.
La defensa de Begoña Gómez
El auto del juez Peinado, que ahora debe debatir la sala 23 de la Audiencia Provincial, recogía la defensa de Begoña Gómez: «Al inicio de su comparecencia pone de manifiesto que no procede la misma porque en el auto de transformación e incoación no hay una imputación de delitos a su defendida. Si bien es cierto que dos de los delitos sobre los que se concreta la acusación son competencia del Tribunal del Jurado, los otros tres no lo están, dada su complejidad técnica».
El letrado de la defensa, el ex ministro Antonio Camacho, también entendía que «para que proceda la incoación del Tribunal del Jurado, tienen que existir los indicios y además ser verosímiles, así como ser atribuibles a personas concretas y determinadas».
Alegó el abogado que «aunque la resolución indicada es extenso, el mismo omite la inclusión de hechos relevantes y elementos que han sido puestos de manifiesto en el transcurso del procedimiento que exculparían a su defendida de los delitos que se le imputan».
Respecto al delito de apropiación indebida sostuvo el letrado de Begoña Gómez que «no existe un delito de apropiación indebida de marcas, ni existe apropiación indebida ni marca en sentido jurídico. (…) Podría ser objeto de un delito contra la propiedad intelectual e industrial, pero para que se cometa este delito es necesario que la marca esté registrada, y en el presente caso no está ni registrada. Se trata de un delito imposible. Y que el término Transformación Social Competitiva fue creado por la Sra. Gómez para dar nombre a la Cátedra. La marca no ha sido registrada, sí los símbolos distintivos de esta».
El letrado añadía que, además, «no hay ni un solo elemento que acredite que la Sra. Gómez se ha apropiado del software, el cual no ha sido registrado en la OTRI debido a que no podía ser registrado sino en el momento en que fuere terminado. Al inicio de este procedimiento, la Sra. Gómez ve como los dos Master y la Cátedra decaen por decisión de la UCM, sin haber terminado el software, y con un resto de 30.000 euros que pasó al patrimonio de la UCM. Por lo que no puede haber el delito de intrusismo ni el de apropiación indebida».
Ahora es la Audiencia Provincial la que decidirá el futuro judicial de Begoña Gómez.
