El calendario judicial fija el 16 de julio como la primera parada de una carrera de obstáculos para la amnistía de los líderes del 1-O. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolverá entonces si la ley de amnistía vulnera los intereses financieros de la UE, un trámite que bloquea la decisión del Tribunal Constitucional y, en última instancia, del Tribunal Supremo. Pero el verdadero freno puede venir después, en manos de los magistrados que ya demostraron una lentitud exasperante con otras piezas del mismo puzzle.
El 16 de julio, día clave en Luxemburgo
La pregunta prejudicial la elevó el Tribunal de Cuentas hace meses, y la respuesta europea se ha convertido en el argumento que necesita el Constitucional para resolver los recursos de amparo de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers. Fuentes del tribunal avanzan que el fallo podría ser favorable a la amnistía, descartando el perjuicio a las finanzas europeas, lo que allanaría el camino constitucional.
Sin embargo, la sentencia europea no es vinculante para el Supremo, que deberá aplicarla caso por caso. El TJUE se limita a interpretar si la norma española contraviene el derecho de la Unión, pero la última palabra sobre la aplicación de la amnistía a los políticos catalanes sigue residiendo en la sala segunda de lo penal del alto tribunal español.
El Constitucional encarrilará el sí y pasará el testigo al Supremo
Una vez el TJUE se pronuncie, el Constitucional prevé dictar sentencia en otoño y, según todas las previsiones, avalará la amnistía al igual que lo hizo con la ley original. Sin embargo, la decisión final quedará en manos de los magistrados del Supremo, que además acumula otros casos relacionados con el procés que podrían ralentizar aún más la aplicación efectiva.
La pelota caerá entonces en el tejado del Supremo. Los magistrados, que ya tuvieron que retirar la euroorden contra Puigdemont bajo presión de la justicia europea, tendrán que aplicar la amnistía a los casos pendientes. Pero los antecedentes no invitan al optimismo. La misma sala que ha de decidir sobre Puigdemont ha tardado meses en levantar las medidas cautelares impuestas a exconsellers como Jordi Turull o Josep Rull, que siguen a la espera de una resolución definitiva.
El Supremo tiene en sus manos la capacidad de dilatar la aplicación de la amnistía lo suficiente como para que el efecto político se desinfle antes de llegar.
Precedentes que anticipan un atasco judicial
Los casos de los exconsellers que cumplieron condena y aún arrastran inhabilitaciones pendientes de resolver son solo un ejemplo. El propio Junqueras, beneficiado por los indultos de 2021, ve cómo su situación jurídica completa depende de la amnistía para otros procesos abiertos, como el del Tribunal de Cuentas. La sala del Supremo ha demostrado que puede demorar la ejecución de sus propias decisiones sin que el Tribunal Constitucional intervenga de oficio.
Las fuentes consultadas por Moncloa.com reconocen que no hay plazos legales que obliguen al Supremo a resolver con celeridad. Esto abre la puerta a un escenario en el que Puigdemont siga sin poder pisar España durante meses, aunque la ley de amnistía ya esté en vigor. La estrategia procesal se convierte así en un arma política: cada semana de retraso condiciona la agenda del Govern y la relación con Moncloa.
El reloj político y el judicial no avanzan al mismo ritmo. Mientras el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, necesita cierta normalización para negociar los presupuestos, la amnistía pendiente mantiene abierta una herida que tanto ERC como Junts utilizan como moneda de cambio. La incógnita no es si la amnistía llegará, sino cuándo y en qué condiciones el Supremo dará el paso definitivo.
