La investigación judicial sobre Alvise Pérez entra en una nueva fase. El Tribunal Supremo ha acordado la práctica de nuevas diligencias para esclarecer el uso de wallets de criptomonedas por parte de los investigados y analizar en profundidad la financiación electoral de la agrupación SALF durante la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024. La resolución, firmada el pasado 8 de julio por el magistrado instructor Julián Sánchez Melgar, supone un nuevo avance en una causa que cobró impulso tras la suspensión de la inmunidad parlamentaria del eurodiputado por parte del Parlamento Europeo.
El auto admite varias de las diligencias solicitadas por la acusación particular ejercida por el PSOE, entre ellas la elaboración de un informe policial sobre las wallets vinculadas a los investigados y el requerimiento de toda la documentación económica de SALF. Sin embargo, el instructor opta por aplazar otras medidas de mayor alcance, como la declaración de los investigados y la investigación patrimonial de sus cuentas bancarias, hasta conocer el resultado de las actuaciones que ahora se ponen en marcha.
La decisión del Tribunal Supremo sitúa el foco sobre dos de los principales ejes de la investigación: el recorrido del dinero utilizado durante la campaña electoral y el posible uso de activos digitales cuya trazabilidad deberá analizar ahora la Policía Nacional.
El Supremo pone el foco en las wallets de criptomonedas
Uno de los aspectos más relevantes del auto es la orden dirigida a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, que actúa como policía judicial en este procedimiento desde 2025. El magistrado instructor le encomienda la elaboración de un informe específico para investigar el tráfico de wallets creadas por los investigados, una diligencia que considera útil para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
Las wallets, utilizadas para almacenar y operar con criptomonedas, se convierten así en una de las principales líneas de trabajo de la investigación. Aunque el auto no anticipa conclusiones sobre su contenido ni atribuye responsabilidades, el instructor entiende que su análisis puede aportar información relevante sobre los movimientos económicos relacionados con la causa.
La resolución evidencia que el Tribunal Supremo pretende reunir primero toda la información técnica disponible antes de decidir si resulta necesario ampliar las diligencias o adoptar nuevas medidas de investigación. El informe policial será, por tanto, una de las piezas fundamentales sobre las que descansarán los próximos pasos del procedimiento.
La financiación de SALF pasa a un examen exhaustivo
El segundo gran bloque de diligencias afecta directamente a la financiación electoral de SALF. El instructor ha acordado requerir al representante legal o administrador electoral de la agrupación toda la documentación contable correspondiente a la campaña de las elecciones europeas de 2024.
Entre la información solicitada figuran la contabilidad, los libros de tesorería, los balances, los inventarios, la cuenta de ingresos y gastos, los movimientos de cuentas, las operaciones de capital y los justificantes de los pagos efectuados durante la campaña electoral. También se reclama el informe de fiscalización elaborado por el Tribunal de Cuentas.
De forma paralela, el Tribunal Supremo solicita directamente al Tribunal de Cuentas toda la documentación presentada por SALF durante el proceso de fiscalización de aquellos comicios europeos. El objetivo es disponer de una visión completa de la actividad económica de la agrupación y contrastarla con el resto de la información que vaya incorporándose a la causa.
La decisión judicial refuerza la importancia que adquiere el análisis documental dentro del procedimiento. Antes de adoptar nuevas medidas personales o patrimoniales, el instructor quiere disponer de todos los elementos contables que permitan reconstruir el circuito económico investigado.
La Fiscalía sostiene que ya existen indicios racionales de criminalidad
Otro de los elementos que marcan este momento procesal es la posición mantenida por el Ministerio Fiscal. En el escrito presentado ante el instructor, la Fiscalía afirma que las diligencias practicadas hasta ahora han reforzado las sospechas iniciales hasta convertirlas en «indicios racionales de criminalidad».
El Ministerio Público recuerda además que el Parlamento Europeo acordó suspender la inmunidad parlamentaria de Luis Pérez Fernández (Alvise Pérez), circunstancia que elimina el obstáculo que impedía continuar plenamente la tramitación de la causa penal.
A partir de esa situación, la Fiscalía solicitó que se levantara la suspensión existente y que el procedimiento continuara frente a Luis Pérez Fernández y Álvaro Romillo Castillo, al considerar que ya existen elementos suficientes para seguir avanzando en la investigación.
Aunque el instructor toma en consideración ese planteamiento, opta por una vía prudente: completar primero las diligencias documentales y policiales antes de decidir sobre nuevas actuaciones procesales.
Qué puede ocurrir ahora en la investigación
El auto deja claro que la investigación todavía no ha concluido. El Tribunal Supremo admite únicamente aquellas diligencias que considera prioritarias en este momento y deja en suspenso otras dos peticiones relevantes: la declaración de los investigados y la averiguación patrimonial de sus bienes y cuentas.
Esta última diligencia pretendía obtener información sobre saldos bancarios, movimientos económicos y cuentas de los investigados y de la agrupación SALF desde el año 2023 para que posteriormente fueran analizados por la Policía Nacional. Sin embargo, el instructor entiende que esa actuación deberá esperar hasta conocer el resultado de la documentación y de los informes ahora solicitados.
La resolución concluye ordenando la práctica inmediata de las diligencias admitidas y su tramitación por la Letrada de la Administración de Justicia, con traslado al Ministerio Fiscal y al resto de las partes personadas.
Con este nuevo auto, la investigación sobre Alvise Pérez entra en una etapa especialmente relevante. El análisis de las wallets de criptomonedas, la revisión de la financiación electoral de SALF y la documentación que aporte el Tribunal de Cuentas serán determinantes para decidir si el procedimiento da un nuevo salto procesal. De las conclusiones que obtengan los investigadores dependerá que el instructor acuerde nuevas declaraciones, active una investigación patrimonial más amplia o impulse nuevas diligencias en una causa que sigue evolucionando en el Tribunal Supremo.
