La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha remitido este viernes a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada diez oficios detallados que recogen indicios de presunto fraude en las oposiciones de la Policia Local en municipios de Granada, Jaén, Cádiz y Huelva.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La UDEF ha pedido al juzgado que traslade diez oficios con indicios de amaños en oposiciones de Policía Local a distintos partidos judiciales andaluces.
- ¿Dónde y quién? La investigación afecta a procesos selectivos en ayuntamientos de Granada, Jaén, Cádiz y Huelva, con la participación de tres agentes apodados el «tridente».
- ¿Qué supone para los ciudadanos? El fraude habría perjudicado la igualdad en el acceso al empleo público y la limpieza de las contrataciones municipales.
La magistrada instructora requirió en marzo a los investigadores que separaran los informes por localidades, ya que la macrocausa abierta en Granada solo abarca los procesos de Granada capital, Albolote y Algarinejo. La UDEF considera que los tribunales de Santa Fe deben investigar tres exámenes: uno para cuatro plazas en el Ayuntamiento de Santa Fe, otro para una plaza en Cijuela (2023) y otro para dos plazas en Las Gabias (2022).
A Cádiz se remitirían los expedientes de una convocatoria de dos plazas en Paterna de Rivera (noviembre de 2024), mientras que al partido judicial de San Fernando se le advertiría sobre los procesos de marzo de 2024, que ofertaban doce plazas de policía local, cuatro de oficial, tres de subinspector y una de intendente.
Diez oficios que multiplican el foco de la macrocausa
En la provincia de Huelva, la Policía Nacional demanda que el partido judicial de Ayamonte continúe las pesquisas sobre una plaza de jefe de Policía Local de Cartaya (2019) y otras cuatro plazas del mismo municipio (2024). Igualmente, se pide enviar a Jaén el informe sobre tres plazas de Alcalá la Real publicadas en noviembre de 2022.
El informe relativo a dos plazas de Montefrío (2020) deberá ir al juzgado de Loja, mientras que las sospechas sobre una plaza de subinspector en Almuñécar (2023) y dos plazas en Iznalloz (2022-2023) también serán trasladadas a los tribunales competentes.
La macrocausa ha revelado la participación de tres agentes de la plantilla de la Policía Local de Granada, a los que la UDEF denomina el «tridente». Se trata de personas de confianza del exjefe de la Policía granadina en mandatos del PP, y se les vincula a un presunto grupo criminal que operaba en los procesos selectivos.
El fraude no solo buscaba favorecer a candidatos afines, sino que también manipulaba las contrataciones públicas para que un psicólogo afín se adjudicara los contratos de las pruebas psicotécnicas.
La mecánica del amaño: el psicólogo, los presupuestos filtrados y las preguntas dirigidas
El volcado del móvil de un psicólogo investigado ha sido clave para la UDEF. Los agentes apuntan a que un policía local vinculado al sindicato CSIF, que ostentó cargos a nivel andaluz, actuó como intermediario entre los ayuntamientos y el psicólogo para que éste se hiciera con los contratos de las pruebas. Supuestamente, le facilitaba las ofertas económicas de competidores, lo que le permitía rebajar a última hora su propuesta y resultar adjudicatario.
Una vez lograda la adjudicación, el psicólogo supuestamente garantizaba el aprobado de los aspirantes afines, en su mayoría familiares de miembros de la Policía Local o personas próximas a los consistorios. Los investigadores han identificado que, en algunos casos, el tribunal examinador descartaba deliberadamente las preguntas de miembros no afines para filtrar solo aquellas que favorecían al candidato señalado. Un testimonio voluntario de un vocal de tribunal en un municipio de Granada ha corroborado estas irregularidades, señalando que el presidente del tribunal rechazó las preguntas que él había redactado y que el examen práctico, elaborado sin consenso, versaba sobre una materia compleja que benefició a un opositor con vínculos en el Ayuntamiento.
La Lectura Andaluza
La investigación pone al descubierto una trama que se habría extendido por media docena de partidos judiciales y una quincena de municipios de la comunidad. La UDEF ha documentado al menos dieciséis procesos selectivos bajo sospecha, todos para plazas de carácter local pero financiados con fondos públicos de los ayuntamientos. El alcance geográfico —desde la costa de Almuñécar hasta la serranía de Alcalá la Real, y desde el litoral de Ayamonte hasta la campiña de Montefrío— dibuja un mapa de presunta irregularidad que trasciende lo puntual y afecta a la percepción ciudadana sobre la igualdad de oportunidades en el empleo público.
Para los andaluces que se preparan durante meses para unas oposiciones, conocer que las piezas del proceso pudieron estar amañadas erosiona la confianza en las instituciones. La Junta de Andalucía, aunque no es la convocante directa de estos puestos de la Policía Local, tiene competencias en la coordinación de las policías locales y en la formación de los agentes, por lo que la investigación podría impulsar una revisión de los protocolos de control en la contratación de tribunales y en la selección de los evaluadores psicotécnicos. El Parlamento de Andalucía ha acogido ya varias preguntas de la oposición sobre este caso, y cabe esperar que la comisión parlamentaria de Gobernación reclame explicaciones en el próximo periodo de sesiones. Mientras tanto, los juzgados granadinos y los de las otras tres provincias implicadas se preparan para asumir la fase de instrucción que la UDEF considera indispensable para depurar responsabilidades penales.
