La Asamblea de Madrid ha cerrado el curso político con 29 iniciativas legislativas aprobadas desde el inicio de la legislatura, entre ellas la deflactación del IRPF y una ley que promete la construcción de 18.000 viviendas protegidas. Un balance que el Grupo Popular exhibe frente al bloqueo del Congreso, mientras la oposición denuncia un rodillo parlamentario sin apenas margen para el debate.
El paquete fiscal: descuentos en la renta, patrimonio y herencias
El corazón del programa legislativo ha sido tributario. Según el registro de actividad de la Cámara regional consultado por Merca2.es, entre los 21 proyectos de ley y las 8 proposiciones aprobadas destacan las rebajas que benefician a las rentas medias y altas. En concreto, la deflactación del IRPF ajusta la tarifa para que la inflación no castigue la progresividad, una medida que la Comunidad cifra en más de 300 millones de euros de ahorro fiscal para los contribuyentes. La mayoría de estas rebajas fiscales tiene un impacto directo en la próxima declaración de la renta.
Además, se ha bonificado al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio, y se han elevado las reducciones en Sucesiones y Donaciones, lo que prácticamente libera a herencias y donaciones entre familiares directos. Una deducción para nuevos residentes procedentes del extranjero completa el menú, con el objetivo de atraer capital y talento.
La vivienda y la administración: las otras patas del modelo
El otro gran pilar es la vivienda. La Ley de Medidas Urgentes para el Incremento de la Oferta de Vivienda con Protección Pública, aprobada al filo del cierre del periodo de sesiones, prevé facilitar la construcción de 18.000 viviendas protegidas. La norma modifica la ley del suelo y los trámites urbanísticos, aunque el Gobierno regional aún no ha detallado el calendario concreto de ejecución ni la distribución por municipios, algo que los ayuntamientos ya han empezado a reclamar.
En paralelo, el Ejecutivo ha impulsado una batería de leyes de simplificación administrativa, una Agencia de Ciberseguridad y la primera Ley de Economía Circular autonómica. El bloque también incluye modificaciones en materia de identidad de género y protección contra la LGTBIfobia, que salieron adelante con un alto consenso. La última sesión plenaria antes del verano alumbró dos textos más: la Ley de Caza y Pesca y la de Apoyo a la Empresa Familiar.
Más de 300 millones en rebajas fiscales y un plan de 18.000 viviendas dibujan un parlamento sin atascos pero con poco contrapeso.
No todo han sido normas económicas. La Asamblea también ha reconocido la universidad privada IE y ha unificado la terminología sobre discapacidad en la legislación autonómica. El Grupo Popular ha respondido, además, 1.156 preguntas en Pleno, casi 300 de ellas contestadas directamente por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, un dato que su portavoz, Carlos Díaz-Pache, contrapone al ‘secuestro’ del Congreso por parte del Gobierno central.
Contraste con el Congreso y el riesgo del rodillo
La comparación con la parálisis legislativa nacional es inevitable. Mientras en Madrid se han aprobado 29 leyes en dos años y medio, en el Congreso el Gobierno de Pedro Sánchez no ha logrado celebrar un Debate sobre el Estado de la Nación en toda la legislatura. Desde la bancada popular lo califican de ‘asalto a los poderes’; desde la oposición regional, de mayoría absoluta sin control. Con 70 diputados de 135, el PP no necesita negociar, lo que acelera la tramitación pero reduce el escrutinio. El modelo madrileño de impuestos bajos no es nuevo, pero la radicalidad de las medidas de esta legislatura —bonificar Patrimonio al 100% cuando otras autonomías lo mantienen— ahonda la brecha fiscal con Cataluña o la Comunitat Valenciana y refuerza la competencia por la atracción de rentas altas.
La efectividad legislativa tiene su reverso en una oposición que se ha unido bajo la etiqueta del ‘todos contra Ayuso’, según fuentes parlamentarias. Pero el rodillo no es nuevo: ya en la pasada legislatura la mayoría simple permitió al PP sacar leyes con Ciudadanos. Ahora, sin embargo, el margen es tal que las proposiciones de ley de la oposición difícilmente superan el trámite de toma en consideración. Un curso político que termina, pero deja abiertos los plazos: el Debate sobre el Estado de la Región se celebrará tras el verano, y ahí se medirá el desgaste real del modelo.
