España ha registrado la mayor subida de presión fiscal de toda la UE en la última década. El informe anual de fiscalidad de la Comisión Europea (Annual Report on Taxation 2026), publicado este viernes, cifra el incremento en 2,9 puntos del PIB entre los periodos 2015-2019 y 2020-2024. El alza se debe casi en exclusiva a los impuestos sobre el trabajo, mientras que el país sigue lejos de la media de la eurozona (37,8% frente al 40,3% en 2025).
Los datos que sitúan a España como líder en aumento recaudatorio
La comparativa europea deja un liderazgo español sin paliativos. Solo Lituania (+2,3 puntos) y Luxemburgo (+2,2 puntos) se acercan a un ritmo similar. Con subidas superiores a un punto del PIB aparecen Polonia, Chipre, Eslovaquia y Letonia. En el extremo opuesto, Malta y Hungría vieron desplomarse su ratio recaudatoria en −2,8 puntos del PIB cada una, seguidas por Bélgica, Irlanda, Suecia y Francia, todas con caídas de más de un punto.
La media comunitaria, sin embargo, permanece estable desde 2015. El tirón español, por tanto, responde a dinámicas domésticas —principalmente la reforma de las pensiones y la no indexación de los tramos del IRPF— más que a un cambio de tendencia en la UE. De hecho, en 2025 la ratio de ingresos tributarios sobre PIB en la Europa de los Veintisiete se mantuvo prácticamente igual que hace una década.
El peso del trabajo: IRPF y cotizaciones disparan los ingresos
El estudio de la Comisión detalla que el incremento fiscal de España está impulsado casi en su totalidad por los impuestos sobre el trabajo, que aportaron más de 2,5 puntos del PIB de los 2,9 totales. Las bases de capital apenas se movieron y los ingresos por consumo incluso disminuyeron. Los técnicos de Bruselas atribuyen este desequilibrio a varias medidas concretas.
Entre ellas destaca la puesta en marcha en 2023 del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que elevó las cotizaciones un 0,6 puntos y programa incrementos anuales de 0,1 puntos hasta 2029. A ello se suma la nueva cotización de solidaridad sobre salarios altos y la actualización periódica de las bases máximas. En paralelo, la falta de adaptación de los tramos del IRPF a la inflación ha empujado a millones de contribuyentes a escalar en en la tarifa sin que su renta real haya mejorado.
El Eje del Poder Europeo
España no es el socio con mayor presión fiscal, pero sí el que más rápido la ha incrementado. La brecha con la eurozona —todavía 2,5 puntos en 2025— se explica porque la recaudación gala, belga o italiana partía de niveles muy superiores y, en algunos casos, ha retrocedido. El informe confirma que la convergencia española se está haciendo exclusivamente a costa de las rentas del trabajo, un dato que tensiona el debate sobre la equidad del sistema tributario en la Unión.
En clave interna, el ritmo de subida proyectado (hasta el 38,4% del PIB en 2027 con un repunte de 1,6 puntos en tres años, por encima del 1,1 puntos del promedio de la zona euro) alinea a España con los países que han optado por financiar el estado del bienestar con cargo al empleo. Esto colisiona con las recomendaciones recurrentes del Consejo y del Semestre Europeo de trasladar parte de la carga impositiva hacia el capital y el consumo. El hecho de que España sea el único Estado miembro con un impuesto neto sobre el patrimonio y que, al mismo tiempo, tenga una de las tasas implícitas sobre el consumo más bajas de la UE —solo Malta y Alemania registran números inferiores— dibuja un sistema lleno de paradojas.
Todo el esfuerzo recaudatorio de la última década en España ha recaído sobre las rentas del trabajo; el capital y el consumo apenas se han inmutado.
El escenario se complica con la descentralización. España es uno de los cuatro países (junto a Alemania, Bélgica y Austria) donde las regiones gestionan ingresos tributarios (el 16,9% del total en 2024), pero, a diferencia de otros socios, una mayor autonomía regional no mejora la moral fiscal de los ciudadanos. Moncloa tendrá que explicar en Bruselas cómo planea reducir la dualidad del modelo si su socio de gobierno sigue reclamando más transferencias a las comunidades autónomas.
El informe llega además en plena negociación de las nuevas reglas fiscales. La vicepresidenta Calviño —aún al frente de las conversaciones con la Comisión— se enfrenta ahora al mismo dilema que expuso hace meses: necesita margen presupuestario para cumplir con el ajuste exigido, pero el único vector de ingresos que ha demostrado ser expansivo es precisamente el que más resistencia social genera. Bruselas, mientras tanto, observa la evolución con la paciencia de quien sabe que el calendario de reformas estructurales (y los desembolsos del MRR) dependen de que España mantenga una trayectoria fiscal creíble.
