El nuevo informe de la UCO entregado al juez Santiago Pedraz sobre el Caso Leire, recoge en sus investigaciones a tres trabajadoras del PSOE nacional. La causa Leire, que investiga los manejos de Leire Díez para tratar de desacreditar organismos policiales y judiciales que trabajaban en asuntos que afectaban al PSOE y sus dirigentes, avanza a pasos agigantados. Este nuevo documento de la Guardia Civil señala ya a trabajadoras del PSOE, con Ana Fuentes, gerente del partido a la cabeza.
El investigador que firma el informe sostiene que «también concerniente a los hechos puestos de manifiesto en el Informe núm. 89/2026, centrados en el conjunto de actuaciones orientadas en proteger al PSOE y/o el Gobierno, con ocasión de una serie de causas judiciales con afectación a sus intereses, se identificó un elemento especialmente significativo y, al mismo tiempo, demostrativo de la unidad de acción de esta organización criminal.
En la introducción sobre Ana María Fuentes la UCO afirma que «lo que se pone de manifiesto en el análisis llevado a cabo es que Santos (Cerdán), como Secretario de Organización del PSOE, habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones, o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos, .. .) de algunos de sus miembros».
El investigador pide al juez la intervención de los móviles: «de las evidencias analizadas se desprende la participación de una serie de personas incardinadas en la estructura del partido, cuya participación se describe seguidamente y con cuyas comunicaciones, previsiblemente albergadas en sus terminales móviles, se considera necesario contar para continuar profundizando en su participación o en la participación de terceros, como las personas que les habrían dado las instrucciones o tendrían también participación en la actividad investigada».
Tres personas del Caso Leire
Sobre Ana María Fuentes Pacheco, Directora Gerente Federal del PSOE, dice la UCO que «habría sido la persona encargada, con la intermediación de Leire y bajo las directrices de Santos, de falsear dos notas de encargo profesional: una con el despacho Estudio Jurídico Oliver & Partners SL, vinculado Ismael Oliver Romero y otra con Jacobo Teijelo Casanova. De las evidencias analizadas se desprende, con carácter indiciario, que ambas notas de encargo profesional habrían sido suscritas de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados».
En similares términos se encuentra «Covadonga San Pedro Pascual en calidad de secretaría y administración del PSOE. Habría colaborado desempeñando funciones de carácter auxiliar, consistentes en el apoyo logístico y administrativo de la actividad desplegada. Dichas funciones comprenderían, por un lado, la gestión y coordinación de los viajes de determinados miembros de la organización, incluyendo la contratación de vuelos, trenes, alquiler de vehículos y demás servicios relacionados; cuyos costes habrían sido asumidos por el partido político. Y por otro lado, llevando a cabo gestiones que facilitaron el desarrollo de las reuniones por parte de los miembros de la organización». De manera similar la UCO pone el acento sobre Celia Rodríguez «con rol y funciones similares a las de Covadonga».
La UCO resume que «en lo que respecta a estas tres personas, su participación se considera esencial en lo relativo a la asunción del coste de las actuaciones desarrolladas por parte del PSOE, siendo el objetivo general de la diligencia planteada el poder determinar y cuantificar los costes asumidos realmente, las operativas desarrolladas para hacerlo y las personas participantes en las mismas, el conocimiento que estas pudiesen tener de la actuación que se desarrollaba o la determinación de las personas que habrían participado».
Además, «todo ello además teniendo en cuenta que de todas ellas existen elementos en la causa de los que se desprende que al menos algunas de las gestiones sobre las que se considera necesario profundizar las habrían desarrollado a través de sus terminales móviles».
Un capitán de la Guardia Civil
El agente termina el informe con la relación del capitán Juan Sánchez Yepes y Leire Díez. «El día 10 de diciembre de 2024 se celebró una reunión en la que intervinieron Leire, (Pérez) Dolset, el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes -investigado en ese momento en el marco de las Diligencias Previas núm. 100/2021-, así como el abogado de este último, Jacobo Teijelo Casanova», explica la UCO.
En esta reunión Leire Díez habría sido presentada como una representante del PSOE. «La finalidad por la que habría sido convocada y celebrada consistiría en que Yepes aportara información útil para la supuesta organización, ofreciéndosele como contrapartida la protección en el ámbito de la causa penal referida al fraude de hidrocarburos en la que estaba siendo investigado. En este contexto y guiado por las preguntas de Leire, el Capitán Yepes, el cual había sido miembro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entre el 2008 y el 2022, aportó información sobre la estructura de la Unidad, sus miembros, o las funciones de cada uno de ellos, centrando su atención en el Teniente Coronel Jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO», concluye el investigador.
Al final del citado informe el agente de la UCO insiste al juez que «existen en la causa elementos concretos de los que se evidencia que habrían mantenido interacciones o comunicaciones con otras de las personas investigadas y en el marco de estos hechos, que se consideran de especial trascendencia para el esclarecimiento de los mismos y, finalmente, los cuales son susceptibles de encontrarse albergados en los dispositivos móviles que utilizan de forma habitual».
Por eso, justifica que «en este sentido, se considera esencial el contar con la información albergada en dichos dispositivos.
Con base en lo anterior, a nivel policial se adoptó la medida preliminar de intervenir los dispositivos móviles utilizados por estas personas para su puesta a disposición judicial, quedando bajo custodia policial».
El agente que firma el informe cita en concreto seis aparatos de teléfono para los que solicitan «autorización para el acceso, clonado, volcado, visionado y estudio en sede policial de la información albergada (…)». El juez ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre esta petición.
