Cuatro años y ni una sola condena. Amnistía Internacional ha presentado este miércoles en Barcelona un informe que acusa directamente a la Fiscalía de ‘obstaculizar’ y ‘dificultar’ las investigaciones judiciales sobre el espionaje del CNI a independentistas catalanes con el programa Pegasus.
El documento, al que ha tenido acceso esta corresponsalía, analiza diez causas abiertas en juzgados de instrucción de Barcelona y concluye que el Ministerio Público ha jugado un ‘rol defensor del Estado y de la empresa israelí NSO’, fabricante del software espía. Lo he leído con detenimiento y es un varapalo en toda regla a la arquitectura de impunidad que se ha construido alrededor del caso.
La exdirectora del CNI, Paz Esteban, imputada en cinco causas, fue cesada en 2023 para evitar que los partidos soberanistas retiraran su apoyo a Pedro Sánchez. Hoy es la única autoridad que ha asumido responsabilidades políticas, pero la Fiscalía está exculpándola en cada paso judicial. El juez Santiago García, el más activo en la investigación, debe decidir en los próximos meses si la sienta en el banquillo o archiva el caso, y el fiscal ya ha pedido el archivo.
Una Fiscalía que protege al CNI, no a las víctimas
Virginia Álvarez, responsable de investigación de Amnistía en España, lo ha resumido con una frase que estremece: ‘La conclusión es triste y clara: las víctimas de este escándalo siguen esperando saber la verdad, quién les espió y para qué fueron espiadas’. La letrada Blanca Domínguez, coautora del informe, denuncia incluso que las preguntas del fiscal en los interrogatorios ‘iban dirigidas a minimizar los hechos’ e ‘invitaban’ a Paz Esteban a escudarse en la ley de secretos oficiales o en el deber de reserva del CNI.
Cuando Amnistía trasladó su preocupación a la Fiscalía, la respuesta fue gélida y burocrática: su actuación, dijeron, se guía por el principio de legalidad. Una legalidad que, a la luz de los hechos, se parece más a un cortafuegos para proteger al centro de inteligencia que a un instrumento para depurar responsabilidades.
El Gobierno, mientras tanto, ha hecho lo mínimo. Solo ha desclasificado una parte ínfima —y con tachones— de los autos del Tribunal Supremo que autorizaron el espionaje. Se ha negado a facilitar los contratos y los pagos del CNI a NSO Group, alegando el secreto de las actividades del centro. La cooperación internacional tampoco existe: Israel, Luxemburgo (donde NSO tiene filial) e Irlanda (sede de las grandes tecnológicas) han hecho oídos sordos.
Más de cuatro años después, ni una sola persona ha pisado un tribunal como acusada. La impunidad no es un efecto colateral: es el diseño.
El control judicial que nunca llega y los secretos que lo tapan todo
El informe denuncia que ‘no existe un verdadero control judicial de las actividades del CNI’. Es una verdad incómoda que he denunciado en este espacio en varias ocasiones. El Supremo concede autorizaciones genéricas, los jueces de instrucción tropiezan con el muro del secreto y la Audiencia Provincial debe corregir archivazos precipitados. Pere Aragonès, expresident de la Generalitat, es la única víctima cuya causa está a punto de decidir si Paz Esteban va a juicio o no, pero el fiscal ya ha pedido el archivo.
La periodista Txell Bonet, pareja del expresidente de Òmnium Jordi Cuixart y también espiada, lo clava: ‘A la violación de derechos que supuso el espionaje se suma la impunidad de que no se esté investigando’. Quieren saber quién ordenó, cómo se ejecutó, con qué dinero público se pagó y dónde está la información. Nada de eso ha salido a la luz.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
Si analizamos este escándalo como si fuera una operación de inteligencia estándar —y lo es, aunque perpetrada contra conciudadanos—, el vector de amenaza es doble. Por un lado, el espionaje en sí se ejecutó mediante Pegasus, un software de la empresa israelí NSO Group que explota vulnerabilidades de día cero —zero-days— para infectar teléfonos sin que el usuario pinche nada. Es un ataque SIGINT puro, pero con un blanco interno. El CNI lo compró, lo desplegó y, según el propio centro, lo usó con autorización judicial. Pero el verdadero escándalo no es la herramienta: es la falta de rendición de cuentas posterior.
Las agencias implicadas son claras: el CNI es el servicio atacante —en este caso, contra ciudadanos españoles— y las víctimas son los independentistas espiados. Como terceros, NSO Group e Israel, que han blindado a la empresa y se niegan a colaborar. La defensora, en teoría el Estado de derecho, se ha convertido en cómplice al obstaculizar las investigaciones. Y en ese punto la Fiscalía ha jugado un papel demoledor.
El nivel de clasificación estimado de los autos del Supremo es, sin duda, Secreto. Pero lo relevante no es la etiqueta, sino que ese secreto se ha utilizado como un cortafuegos administrativo para evitar que los jueces ordinarios escarben. Es la misma técnica que denuncié en El quinto elemento: las infraestructuras críticas —incluidas las jurídicas— se defienden con opacidad, y los derechos civiles se desvanecen en nombre de la seguridad. España tiene más de 8.000 infraestructuras críticas, pero la confianza de la ciudadanía en sus servicios de inteligencia se ha desplomado por debajo del nivel de cualquier infraestructura.
Lo que pide Amnistía es sensato: la reforma de la ley de secretos oficiales —que no se ha tocado en democracia— y la prohibición del espionaje masivo como el que permite Pegasus. Es una reforma que el Congreso debería abordar de inmediato. Si no, el próximo clic del que hablé en 2015 será otro silencio más.
