El Gobierno de Georgia anunció el lunes que construirá el puerto de aguas profundas de Anaklia bajo un modelo de propiedad estatal, excluyendo así al consorcio chino-singapurense que en 2024 había sido seleccionado para controlar el 49% del proyecto. La decisión, celebrada discretamente en Washington, es el resultado de una intensa campaña de presión de la administración Trump para frenar la influencia de Pekín en la infraestructura más estratégica del Mar Negro oriental.
Una jugada de ajedrez en el Mar Negro
El puerto de Anaklia no es un proyecto inmobiliario cualquiera. Con una profundidad prevista de 16 a 17 metros, es el único punto de la costa georgiana capaz de recibir buques de clase Panamax, que transportan la mayoría de los contenedores mundiales. Quien lo controle domina la puerta occidental del Middle Corridor (el Corredor Medio, la ruta comercial que mueve mercancías desde Asia Central hasta Europa sorteando Rusia). El tránsito a través de Georgia creció un 21% interanual en los primeros cuatro meses de 2026, según datos del Gobierno georgiano. La partida por el puerto era, por tanto, geopolítica pura.
Washington movió ficha con varios instrumentos a la vez. No ha tenido embajador confirmado en Tiflis durante casi un año. Esta primavera, un alto funcionario del Departamento de Estado recorrió los puertos georgianos, y en junio la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EE.UU. (la DFC, la agencia que canaliza inversiones del Gobierno americano en infraestructuras en el exterior) firmó su segundo préstamo, por valor de 25 millones de dólares, para ampliar el puerto de Poti, el competidor directo de Anaklia a unas decenas de kilómetros. El 8 de junio, la Cámara de Representantes aceleró y aprobó con apoyo bipartidista la Countering China’s Control of the Caucasus Act, una ley que ordena una evaluación clasificada de los activos de inteligencia rusos y chinos en Georgia y una estrategia estadounidense a cinco años hacia Tiflis.
La administración Trump ha empezado a cosechar los frutos de una presión diplomática que recuerda a las grandes partidas de la Guerra Fría.
El resultado llegó puntual. Cuatro semanas después de la votación en el Capitolio, el ministro de Economía georgiano anunció la exclusión del consorcio chino y la construcción bajo propiedad estatal, sin mencionar ni una sola vez a la China Communications Construction Company (CCCC), la empresa estatal china sancionada por Washington desde 2021 por sus vínculos con el complejo militar-industrial de Pekín. La salida de China del proyecto, que ya había sido rumoreada en medios regionales desde noviembre de 2025, se hizo oficial.
La puerta trasera china que preocupa a Washington
Sin embargo, la exclusión del socio sancionado no equivale a una victoria completa. El anuncio del lunes fue escenificado como un triunfo de la soberanía, pero al cancelar la licitación se eliminó también el escrutinio sobre las cadenas de subcontratación. Los contratos de dragado, escolleras y atraques se adjudicarán ahora mediante contratación pública directa, donde los verdaderos beneficiarios operan un escalón por debajo. Esa red ya está tejida: la China Road and Bridge Corporation, filial de la CCCC, construye autopistas georgianas desde 2018. Una subcontrata vinculada a Pekín atrae mucha menos atención que una participación accionarial del 49%.
El propio ministro señaló que China sigue siendo bienvenida bajo el nuevo modelo, y la televisión georgiana TV Pirveli informó de que los inversores que se esperan para el puerto son asiáticos, no occidentales. El registro de accionistas queda limpio; la puerta trasera, abierta.
A ello se suma la estrategia del hombre fuerte de Georgia, Bidzina Ivanishvili, el multimillonario que controla el partido gobernante y a quien el Tesoro de EE.UU. sancionó en diciembre de 2024. Un puerto de Anaklia totalmente estatal, construido con lentitud, cuyas terminales puede arrendar hacia el este o hacia el oeste a discreción, se convierte en una carta de negociación frente a Washington. Ivanishvili, convencido de que la geografía obliga a Estados Unidos a tratar con él, busca mantener el activo, la ambigüedad y esperar la llamada.
La lógica de Washington
La administración Trump no ha improvisado. La obsesión por sacar a China del Mar Negro responde a una lectura de seguridad nacional que hunde sus raíces en la doctrina de Reagan: los chokepoints logísticos no pueden estar en manos de potencias rivales. Ya en los años ochenta, Washington presionó a aliados para que impidieran el acceso soviético a puertos estratégicos en el Índico. Ahora, el adversario es Pekín y el escenario es el Middle Corridor, una ruta que ofrece a Europa una alternativa a la dependencia de Rusia para el comercio con Asia Central y China. Dejar que una empresa estatal china controlase la puerta occidental de ese corredor equivalía, en el análisis de Washington, a regalarle a Pekín una llave maestra sobre los flujos comerciales de todo un continente. La Casa Blanca ha aplicado una combinación de ausencia diplomática, financiación de infraestructura competidora y presión legislativa que, de momento, ha funcionado.
Para España, este movimiento tiene implicaciones directas. El país es puerta de entrada y salida de mercancías hacia Asia, y la consolidación de un Anaklia bajo reglas de juego occidentales reduciría la dependencia de las rutas que pasan por los estrechos turcos o por territorio ruso. Empresas como Inditex, que importan componentes y productos desde China, o la industria del automóvil, que necesita cadenas de suministro seguras, se beneficiarían de un corredor más predecible. Sin embargo, el riesgo de que las subcontrataciones chinas reintroduzcan la opacidad que Washington quiere eliminar mantiene la incógnita sobre si el puerto será realmente un nodo fiable. Bruselas, y con ella Madrid, deberá seguir de cerca el desarrollo del proyecto y, si es necesario, plantear normas de transparencia para las infraestructuras financiadas con fondos europeos en la región.
La ventana clave ahora es el Senado de EE.UU., donde el proyecto de ley contra el control chino del Cáucaso debería aprobarse en las próximas semanas. Además, la DFC mantendrá la financiación a Poti, mientras la silla de embajador en Tiflis seguirá vacía mientras Ivanishvili no ofrezca garantías de que el puerto no será una puerta giratoria para los intereses de Pekín. La administración Trump ha ganado una batalla; la guerra por el Mar Negro no ha hecho más que empezar.
Ficha del Caso
- El caso: Estados Unidos logró que el Gobierno de Georgia excluyera al consorcio chino del estratégico puerto de Anaklia, pero los empresarios afines al régimen ya negocian con subcontratas chinas que podrían burlar el bloqueo.
- Datos clave: El puerto tendrá 16-17 m de calado, único capaz de recibir Panamax en la costa georgiana; el tránsito por el Middle Corridor creció un 21% en 2026; la DFC otorgó un préstamo de 25 millones a Poti; la Cámara de Representantes aprobó el 8 de junio la ley de contrainteligencia sobre el Cáucaso.
- Para España: La reducción del control chino sobre las rutas logísticas hacia Europa beneficia al comercio español, pero la opacidad de las subcontrataciones mantiene la incertidumbre sobre la fiabilidad del corredor.
