Diana Morant ha presentado esta semana un ambicioso plan para frenar la especulación inmobiliaria en la Comunitat Valenciana con la creación de un fondo ‘antibuitre’ y la declaración de zonas tensionadas que limitarían el precio del alquiler y la compraventa con fines no residenciales. La propuesta, que forma parte de unos presupuestos autonómicos alternativos del PSPV, busca contrarrestar la política de vivienda del Consell (el gobierno de la Generalitat Valenciana) y poner sobre la mesa una inversión adicional de 753 millones de euros para lo que queda de 2026.
Un fondo para anticiparse a los especuladores
El corazón de la iniciativa habitacional de la secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia es un instrumento financiero que actuaría con rapidez para comprar inmuebles en riesgo de caer en manos de fondos de inversión oportunistas. “Un fondo ‘antibuitre’ que se adelante a los especuladores”, ha explicado Morant durante la presentación de sus cuentas alternativas. La medida iría acompañada de la declaración de zonas tensionadas en aquellos municipios donde el precio de la vivienda se ha disparado, lo que permitiría topar los alquileres.
Además, el plan prohíbe la compraventa de viviendas en esas zonas que no tengan fines residenciales, cortando de raíz la práctica de adquirir inmuebles para dejarlos vacíos o destinarlos a uso turístico sin control. “Queremos que las viviendas protegidas no puedan revertirse a renta libre, como ha hecho el PP”, ha subrayado la líder del PSPV, en referencia a la reversión masiva de vivienda pública aprobada por el anterior gobierno de Carlos Mazón.
De hecho, la candidata socialista a presidir la Generalitat ha vinculado directamente la emergencia habitacional con la gestión del Consell de Juan Francisco Pérez Llorca, apoyado por Vox. “Mientras ellos juegan al trilerismo financiero con presupuestos de 120 días, nosotros ponemos los recursos donde hacen falta”.
Presupuestos alternativos con 753 millones extra
El fondo antibuitre no es una propuesta aislada, sino la pieza más visible de unos presupuestos alternativos que el PSPV ha confeccionado como respuesta a las cuentas del Consell de PP y Vox. La cifra clave: 753 millones de euros adicionales para el presente ejercicio, financiados mediante la reasignación de partidas del capítulo 2 (gastos de funcionamiento) que los socialistas consideran no prioritarias.
Con ese colchón, Diana Morant pretende reforzar los servicios públicos mientras se materializa el nuevo modelo de financiación autonómica, que inyectaría 3.669 millones adicionales a la Comunitat Valenciana y que el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha presentado a las comunidades. La líder socialista ha reprochado a Pérez Llorca que rechace ese modelo: “Le pido a los presidentes socialistas que sean solidarios con la Comunitat Valenciana, que es la peor financiada, pero él no hace lo mismo con los presidentes del PP”.
“Hemos hecho los deberes. Estos presupuestos son el espejo en el que queremos reflejar al PP”.
La batería de medidas incluye 204 millones extra para sanidad, con un plan urgente de reducción de listas de espera dotado con 39 millones este año y 340 millones en 2027; y 261 millones para educación, que permitirían contratar a 10.000 docentes, mejorar sus retribuciones y poner en marcha un plan de climatización de colegios. Morant no ha desaprovechado la ocasión para recordar las listas de espera del área de Elche-Crevillente, gestionada por Ribera Salud tras una prórroga del PP: “Ese es el modelo de Pérez Llorca”.
En paralelo, la ministra ha lanzado un mensaje directo al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a propósito de sus críticas a las bajas laborales: “Que se pasee un poco por la Comunitat Valenciana y le explicaremos lo que es el absentismo cuando cuesta 230 vidas, cuando Mazón se ausentó de su puesto de trabajo”.
El Escenario Valenciano
La jugada de Diana Morant es una apuesta por pisar el acelerador en un curso político que se prevé muy intenso. Con el Consell de PP y Vox aferrado a unos presupuestos de corto recorrido y sin el respaldo del nuevo modelo de financiación, la secretaria general del PSPV busca capitalizar el descontento social con la gestión económica y la crisis de vivienda. La dinámica política valenciana se mueve entre la parálisis de un gobierno de coalición con tensiones internas y una oposición que intenta presentar un programa de gobierno alternativo.
A nivel nacional, la propuesta tiene dos caras. Por un lado, Morant utiliza su doble condición de ministra y líder autonómica para tender un puente entre la política estatal y la valenciana, recordando que el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha puesto cifras sobre la mesa —3.669 millones— mientras el PP autonómico las rechaza. Esa contradicción presiona a Feijóo, que debe explicar por qué sus barones no aceptan la mejora de financiación cuando la Comunitat Valenciana es la más perjudicada por el sistema actual. Por otro, la creación de un fondo antibuitre y la prohibición de compraventa especulativa conectan con las demandas de los movimientos por el derecho a la vivienda en toda España, y sitúan al PSPV como laboratorio de políticas que podrían extenderse.
La proyección es clara: el debate presupuestario de los próximos meses en las Corts Valencianes (el parlamento unicameral de la Comunitat) medirá con votos cuánto apoyo real tiene la alternativa socialista. Si el Consell de Pérez Llorca no mueve ficha, la oposición tendrá un argumentario sólido para 2027, año en el que los 3.669 millones adicionales podrían empezar a ser una realidad si se aprueba la reforma de la financiación. Mientras tanto, la vivienda se consolida como el campo de batalla donde todos los partidos valencianos se juegan su credibilidad.
Ficha del Caso
- El caso: La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha presentado unos presupuestos alternativos que incluyen un fondo ‘antibuitre’ para frenar la especulación inmobiliaria y propone declarar zonas tensionadas para limitar el precio del alquiler y las compraventas no residenciales.
- Datos importantes: 753 millones de euros adicionales en 2026; 3.669 millones previstos del nuevo modelo de financiación en 2027; 204 millones para sanidad y 261 millones para educación en lo que resta de año.
- Resumen: La iniciativa pone en evidencia la brecha entre las cuentas del Consell de PP-Vox y el proyecto alternativo del PSPV, y convierte la vivienda en el eje de la precampaña electoral con fuertes implicaciones nacionales.
