El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, anunció este jueves que el registro de demandantes Etxebide reservará un cupo del 30% de las viviendas protegidas para unidades convivenciales con ingresos entre 20.000 y 46.000 euros anuales. La medida, que se materializará en la reforma de la normativa de acceso a la VPO prevista para 2027, busca abrir la vivienda protegida a las denominadas «clases medias».
Un nuevo cupo para rentas medias
Según los datos proporcionados por el Gobierno Vasco, de las 109.033 unidades convivenciales inscritas en Etxebide, aproximadamente 34.148 se sitúan en ese tramo de ingresos. De ellas, 16.564 corresponden a Bizkaia, 12.930 a Gipuzkoa y 4.654 a Álava. El consejero defendió que «el problema de la vivienda en Euskadi ya no puede leerse únicamente desde una lógica de vulnerabilidad extrema: afecta también a jóvenes, familias trabajadoras y rentas medias que el mercado ha dejado fuera».
El nuevo cupo, que se aplicará tanto en régimen de alquiler como de compra, se concederá sin ponderar las cargas familiares ni el número de hijos, a diferencia de los baremos actuales. Itxaso subrayó que la mayoría de los actuales adjudicatarios apenas declaran 11.000 euros anuales, una cifra que «se parece poco a la radiografía real de los demandantes».
Apartamentos intergeneracionales y otras novedades
El futuro decreto incluye también la creación de apartamentos dotacionales intergeneracionales, que combinarán alojamientos para jóvenes menores de 36 años y para personas mayores de 65 —rebajando la edad previa, fijada en 70—. En el caso de los jóvenes, se exigirán unos ingresos de al menos el salario mínimo interprofesional y un máximo de 46.000 euros. Además, cuando una persona mayor disponga de vivienda en propiedad, el acceso a estos apartamentos podrá vincularse a la cesión de esa vivienda al programa Bizigune, con el fin de movilizar más inmuebles hacia el alquiler social.
Otra novedad permite adjudicar vivienda protegida a unidades que ya poseen una en propiedad cuando esta ha dejado de ajustarse a sus necesidades, condicionando la adjudicación a la entrega o cesión de la vivienda anterior. Asimismo, se revisa el sistema de puntos de Etxebide: se aumentará la valoración de la antigüedad en el registro y se evitará que un cambio de preferencia —de alquiler a compra o viceversa— suponga la pérdida automática de todos los puntos acumulados, siempre que se mantenga la nueva modalidad durante un mínimo de tres años.
El 30% de las VPO se destinará a hogares con ingresos de entre 20.000 y 46.000 euros, con independencia de la modalidad de alquiler o compra y sin pesos correctores.
Un calendario que apunta a 2027
El texto entrará en exposición pública tras el anuncio de este jueves, pero desde el propio Departamento de Vivienda se admite que la tramitación se alargará alrededor de un año. «Nuestra responsabilidad es adaptar las herramientas públicas a la realidad de la sociedad vasca de hoy», afirmó Itxaso, quien insistió en que no se trata de sustituir la protección a las rentas más bajas, sino de «ampliar la capacidad de respuesta del sistema».
La reforma se enmarca en un escenario en el que la vivienda protegida se ha convertido en un reto social de primer orden. En los últimos años, el Parlamento Vasco ha aprobado medidas urgentes —como el decreto de 2025 que modificó los programas Gaztelagun y Bizigune— y la propia ley estatal de vivienda de 2023 ha proporcionado un nuevo marco. Con esta nueva vuelta de tuerca, el Gobierno autonómico pretende responder a una demanda que, según sus datos, supera con creces las adjudicaciones actuales.
