La reforma de la AP-9 ha entrado en la recta final más ajustada de su dilatada historia parlamentaria, y en ese sprint los votos de Sumar y del BNG van a decidir qué blindajes económicos acompañarán al traspaso de la autopista gallega. El Senado aprobó ayer siete enmiendas del Partido Popular que devuelven al Congreso el pulso por el reparto de los riesgos millonarios de la concesión, pero la mayoría de izquierdas que forman PSOE, Sumar y los nacionalistas gallegos tiene la llave para tumbar esos cambios y mantener el texto que ya salió de la Cámara Baja.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El PP, con su mayoría absoluta en el Senado, ha introducido siete enmiendas para recuperar el acuerdo unánime del Parlamento gallego sobre la transferencia de la AP-9, frente a la versión que PSOE, Sumar y BNG pactaron en el Congreso.
- ¿Quién interviene? Sumar y el BNG junto al PSOE defienden un texto que remite parte de las condiciones económicas a la Comisión Mixta de Transferencias; el PP y la Xunta cifran en 4.000 millones el riesgo si el Estado no asume todas las responsabilidades heredadas.
- ¿Qué importa? La vuelta al Congreso convertirá la votación definitiva en un test para la cohesión del gobierno de coalición y la capacidad de Sumar de sostener su perfil propio sin desgastar la relación con el PSOE.
El choque reproduce con fidelidad la fractura que ya se vivió durante la tramitación inicial en el Congreso de los Diputados. Entonces, Sumar apoyó junto al PSOE y el BNG una redacción que mantiene el objetivo de transferir tanto la titularidad como la gestión de la vía, pero deja para una negociación posterior —en la Comisión Mixta de Transferencias— la concreción de quién asume las contingencias económicas derivadas de la larga historia de la concesión. La enmiendas del PP intentan devolver a la ley las cautelas que figuraban en el texto aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia y que, según el Gobierno gallego, impedían que la comunidad tuviera que cargar con el eventual coste de una anulación judicial de la prórroga a Audasa, futuras bonificaciones o el recargo del 1% sobre los peajes.
Durante el debate en el Senado, la popular Nidia Arévalo tachó la versión del Congreso de «chapuza legislativa» y acusó al PSOE y al BNG de haber «empeorado» un texto que había unido a todas las fuerzas políticas gallegas. Su compañero José Manuel Barreiro reprochó a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, haber «falseado» el contenido del informe de la letrada del Senado. Sumar, que no cuenta con senadores propios pero sí con presencia indirecta a través de los designados por las comunidades autónomas, mantuvo un perfil discreto en la votación de la Cámara Alta, aunque fuentes del grupo parlamentario confirman a Moncloa.com que la formación respalda el texto del Congreso y lo defenderá sin fisuras en la última vuelta.
El verdadero campo de batalla no está en el Senado, sino en la geometría parlamentaria que Sumar, el BNG y el PSOE tendrán que revalidar en el Congreso sin que el socio minoritario quede arrinconado.
Para el Ejecutivo gallego, las modificaciones introducidas por las izquierdas eliminan las «principales garantías económicas del traspaso» y abren la puerta a que Galicia asuma obligaciones por decisiones que el Estado adoptó durante décadas. El cálculo que maneja la Xunta —y que ha repetido en los últimos días— eleva ese pasivo potencial a 4.000 millones de euros. La lectura que hace Sumar es radicalmente opuesta: la ley, sostienen en el grupo parlamentario, «blinda las obligaciones económicas ya asumidas por el Estado antes del traspaso y garantiza que cualquier responsabilidad derivada de esas decisiones siga correspondiendo a la Administración central».
El dato clave está en la aritmética del Congreso. La mayoría de investidura que sostiene al Gobierno —PSOE, Sumar y los aliados nacionalistas, entre ellos el BNG— suma 172 escaños, más que suficientes para rechazar las enmiendas del PP siempre que todos los diputados de ese bloque voten en el mismo sentido. En las cinco ocasiones anteriores en que el Parlamento de Galicia había aprobado por unanimidad la reclamación del traspaso, el PSOE y el BNG coincidían en la redacción. Ahora, sin embargo, la versión que salió del Congreso ha roto ese consenso autonómico y ha recolocado a Sumar en un lugar incómodo pero estratégico: el de socio necesario para convertir la ley en una realidad sin arrinconar a su confluente gallega.
La Dinámica de Coalición
El pulso de la AP-9 se lee en clave interna de Sumar como un ensayo de la relación con el PSOE cuando hay que gestionar reivindicaciones territoriales en las que el socio mayoritario del Gobierno tiene un pie en la defensa de los intereses del Estado. Galicia en Común, el confluente de Sumar en la comunidad, ha sido históricamente muy beligerante con la gestión de la autopista por parte de la Xunta y del Gobierno central, pero ahora necesita que la ley final no descargue todos los riesgos sobre la hacienda autonómica sin que el Estado asuma su parte. Las mismas fuentes del grupo parlamentario admiten que el equilibrio es «delicado»: si Sumar fuerza una redacción que el PSOE interprete como una concesión excesiva, el debate se encasquillaría; si se pliega sin matices, Galicia en Común podría sentirse desautorizada.
Lo que observamos en la trayectoria de esta proposición de ley es que la coalición PSOE–Sumar ha funcionado como un engranaje alineado en el Congreso, pero las discrepancias se han gestionado en los márgenes. El BNG, que no forma parte de Sumar pero comparte espacio electoral y sensibilidad con la izquierda gallega, ha actuado como un acelerador del consenso, obligando a todos a moverse rápido. La Xunta, mientras tanto, intenta llevar el debate al terreno del relato de «agravio a Galicia», en el que el PSOE es particularmente sensible. La proyección inmediata es la votación en el Congreso, que debería producirse antes del paréntesis vacacional de agosto; de ahí saldrá, salvo sorpresa, un texto muy similar al que ya aprobó la Cámara Baja, con los 180 votos que necesita para superar las enmiendas del PP.
Ficha del Caso
- El caso: La reforma legal para transferir la AP-9 a Galicia regresa al Congreso después de que el PP introdujera en el Senado enmiendas que recuperan las garantías económicas acordadas unánimemente por el Parlamento gallego.
- Datos importantes: La Xunta cifra en 4.000 millones de euros el riesgo económico si el Estado no asume las responsabilidades históricas. El PSOE, Sumar y el BNG suman 172 escaños en el Congreso, suficientes para tumbar las enmiendas del PP.
- Resumen: La votación definitiva medirá la cohesión del gobierno de coalición en una ley de alto voltaje territorial. Sumar buscará mantener el equilibrio entre sus aliados parlamentarios y la sensibilidad de su confluente gallega, Galicia en Común.
