Ursula von der Leyen está protagonizando el que puede ser el mayor terremoto regulatorio en el entorno digital europeo desde el RGPD: una prohibición comunitaria de redes sociales para los menores. El próximo lunes 13 de julio, el grupo de expertos que ella misma convocó entregará un informe que allanará el camino hacia una propuesta legislativa que la Comisión Europea podría presentar en su discurso sobre el estado de la Unión de septiembre.
Una iniciativa personal de Von der Leyen
La presidenta de la Comisión, médica y madre de siete hijos, ha hecho de la protección infantil en línea una causa personal. En su discurso sobre el estado de la Unión de 2025, cuando anunció por primera vez el panel de expertos —copresidido por el psiquiatra infantil Jörg Fegert y la epidemióloga social Maria Melchior—, pilló por sorpresa incluso a los funcionarios que trabajaban en el expediente. «Normalmente se explica primero el problema y luego se busca la mejor solución. Si ya has dicho que vamos hacia una prohibición y buscas cómo hacerlo, el proceso está un poco sesgado», ha declarado a POLITICO la ministra estonia de Justicia y Asuntos Digitales, Liisa-Ly Pakosta.
El informe del lunes no dirá si la prohibición es buena idea ni fijará una edad concreta. Según fuentes conocedoras del documento, se limitará a recomendar medidas para reducir el daño y dejará la puerta abierta a restricciones por edad. La función real del texto, admiten en Bruselas, es acallar a los gobiernos nacionales escépticos y dotar de «base científica» a una iniciativa que Von der Leyen ya tiene decidida.
La ola global de prohibiciones y los aliados en la UE
Australia fue el primer país en imponer restricciones por edad en diciembre de 2025. Indonesia lo hizo en marzo de 2026, Malasia en junio y Turquía tiene un proyecto de ley aprobado. En la UE, Francia se sitúa a la cabeza con su propia normativa prevista para septiembre, mientras que Dinamarca y Grecia apuntan a finales de año. El Reino Unido también avanza por su cuenta. Frente a esta fragmentación, 14 Estados miembros —entre ellos España, Francia, Polonia, Grecia y Dinamarca— respaldan una solución común.
«Más del 70 % de la población polaca apoya una prohibición de redes sociales para niños», afirma el ministro de Asuntos Digitales polaco, Dariusz Standerski. «Niños de seis o siete años están viendo pornografía infantil, acoso y otros delitos en internet», insiste. El respaldo en España es igualmente sólido: el Gobierno ha trasladado a Bruselas su preocupación por los efectos de las plataformas en la salud mental de los adolescentes y la exposición a contenido nocivo.
París ha ejercido una presión particular. Desde el verano pasado, Emmanuel Macron situó la cuestión en el centro de su agenda, y en junio la Comisión aceleró la presentación de una herramienta de verificación de edad para responder a una cumbre de líderes convocada por el presidente francés. La herramienta resultó tener fallos de seguridad, que Bruselas asegura haber subsanado. El episodio revela la premura y la intensidad política que rodea al proyecto.
Más que proteger a los menores, el verdadero reto de Bruselas es evitar que 27 legislaciones nacionales distintas rompan el mercado único digital.
La comisaria de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, no oculta su escepticismo hacia las prohibiciones generalizadas. «La primera prioridad es hacer que el entorno en línea sea seguro para todos, y especialmente para los menores», declaró recientemente. Sin embargo, tanto ella como su equipo han llegado a la conclusión de que solo una medida comunitaria puede impedir un mosaico regulatorio que debilite la aplicación de las normas y genere inseguridad jurídica para las grandes plataformas.
El Eje del Poder Europeo
La iniciativa de Von der Leyen concentra varias tensiones típicas de la geometría política europea. Por un lado, el eje franco-español-griego, apoyado por Polonia y la mayoría de países del sur y el este, empuja a favor de una restricción contundente. Por otro, los Estados más digitalizados —Estonia, Países Bajos, los nórdicos— consideran que una prohibición absoluta es una solución burda que ignora los derechos de los menores y carece de eficacia probada. El comisionado australiano de seguridad en línea ya advirtió en marzo de que el veto en su país ha sido «en gran medida ineficaz» por falta de cooperación de las tecnológicas.
Para España, la propuesta supone un espaldarazo a una línea política que ya ha ensayado a nivel nacional. El Gobierno ha impulsado limitaciones al uso de móviles en colegios y ha abierto el debate sobre una ley de protección digital del menor. Una normativa europea armonizada le permitiría blindar esas medidas sin exponerse a conflictos de competencias o a la presión de las plataformas. No obstante, el diablo estará en los detalles: ¿se fijará una edad mínima común, como los 16 años que baraja París, o se permitirá a cada país escoger la suya? ¿Se aplicará a todas las redes o solo a aquellas con determinadas funcionalidades? Estas preguntas dividen ya a las capitales.
A medio plazo, la batalla no será solo sobre la edad. Lo que subyace es una disputa sobre el modelo de gobernanza digital de la UE. Si Bruselas impone restricciones de acceso basadas en la edad, estará abriendo la puerta a un control de identidad masivo que choca con la tradición europea de protección de datos. Los expertos que asesoraron al panel —entre ellos la 5Rights Foundation y la London School of Economics— firmaron hace un mes una carta advirtiendo contra las medidas generales y a favor de enfoques que empoderen a los menores. El informe del lunes reflejará esa tensión, pero difícilmente la resolverá.
La próxima cita será el discurso sobre el estado de la Unión de septiembre. Allí se verá si Von der Leyen opta por una propuesta legislativa en toda regla o por una recomendación que deje margen a los Estados. Mientras tanto, la fragmentación avanza. Esa es, precisamente, la coartada de Bruselas para actuar.
