El lacre goteaba desde la vela sobre los pliegos del papel timbrado. Afuera, Madrid dormía ajena a lo que aquella mano menuda y firme rubricaba en nombre del rey. Era la primavera de 1767 y el fiscal José Moñino y Redondo, que apenas había cumplido treinta y nueve años, cosía con tres firmes trazos de pluma la expulsión de la Compañía de Jesús de todos los dominios de la Monarquía hispánica. No era la primera vez que un ministro de Carlos III se atrevía a tanto; pero quizá sí la primera en que un murciano salido de la nada se colocaba en el ojo mismo del huracán de las reformas ilustradas.
Capítulo I: El fiscal que desafió a la Compañía
Moñino había llegado a la corte con el equipaje ligero de un jurista provinciano y la obstinación de quien se ha hecho a sí mismo. Nacido en Murcia en 1728, hijo de un modesto hidalgo de vara, estudió leyes en la universidad de Orihuela y pronto destacó como abogado en la chancillería de Granada. El fiscal general del Consejo de Castilla, Campomanes, supo ver en él a un aliado para la causa regalista: un hombre sin apego a los privilegios eclesiásticos y con la inteligencia suficiente para redactar dictámenes que no dejaran resquicio a la réplica. Cuando los motines populares de 1766 —los famosos “motines de Esquilache”— sacudieron Madrid y otras ciudades, Campomanes encargó al joven fiscal la tarea más delicada: investigar lo que se ocultaba tras las protestas. El Consejo Extraordinario que se reunió bajo secreto absoluto escuchó las conclusiones de Moñino: los jesuitas habían azuzado las revueltas, conspiraban contra el rey y predicaban doctrinas que cuestionaban la autoridad real. No hubo juicio público. El 2 de abril de 1767, la Pragmática Sanción de expulsión quedó sellada. Esa misma madrugada, en todos los colegios de la Compañía, los soldados irrumpieron como si se tratara de una guerra silenciosa.
El fiscal Moñino se convirtió en el hombre de moda. Carlos III, aquel monarca tímido y metódico que se levantaba cada día a las siete para cazar antes de despachar con sus ministros, vio en él al ejecutor ideal del reformismo borbónico. Le nombró embajador en Roma para negociar con el papa Clemente XIV la supresión definitiva de los jesuitas, misión que culminó en 1773 con el breve Dominus ac Redemptor. A cambio, el rey le concedió el título de conde de Floridablanca, un escudo con tres flores de lis y una divisa que parecía escrita para él: «Spero lucra» —espero ganancias.
Capítulo II: La forja de un ministro ilustrado
En 1777, a la muerte del marqués de Grimaldi, Carols III elevó a Floridablanca a la Secretaría de Estado y del Despacho Universal, el cargo más alto de la administración. Era un salto de gigante. El conde se instaló en las oficinas del Palacio Real con un programa que él mismo había ido perfilando durante años: reforzar la autoridad del rey frente al papa y los obispos, limpiar las cuentas públicas, fomentar la agricultura, las manufacturas y el comercio, y extender el conocimiento por toda la Monarquía. No eran sueños. Eran cálculos.
Nada más tomar posesión, creó la Sociedad Económica de Amigos del País de Murcia, su tierra natal, y empujó la creación de otras muchas en las provincias. Impulsó el Canal de Castilla, la red de caminos reales —aún hoy el mapa de carreteras españolas conserva el trazo de sus proyectos— y en 1782 fundó el Banco Nacional de San Carlos, el primer banco moderno del país, que en 1856 acabaría convertido en el Banco de España. No había semana sin un real decreto: el conde firmaba órdenes para la introducción de nuevas máquinas textiles, para la roturación de tierras baldías, para la libertad de comercio de granos, para la dignificación de los oficios mecánicos. Quería una España que produjera, exportara y dejara de vivir de las rentas de las Indias y de la plegaria.
Pero el conde era también un animal político, y sabía que la reforma no se hacía con buenas palabras. «Todo poder que no se concentra se evapora», solía repetir a sus colaboradores, según recogen los despachos de la época. Por eso, en 1787, logró lo que nadie antes había osado: la creación de la Junta Suprema de Estado, una suerte de consejo de ministros colegiado que reunía a los secretarios de despacho bajo su presidencia. Era la primera vez que el gobierno de España funcionaba como un órgano colectivo, y el conde supo dotarlo de un documento que muchos historiadores consideran su testamento político: la Instrucción reservada a la Junta de Estado, un texto de ciento cuarenta y nueve artículos en el que Floridablanca delineaba la política que debía seguir la Monarquía en materia de economía, instrucción pública, obras públicas, ejército, marina y colonias. La idea central resuena aún: la prosperidad de la nación depende de la felicidad de los súbditos, y ésta, de la buena administración de la justicia y de la abundancia de los medios de subsistencia.
Capítulo III: La Junta de Estado y la reforma imposible
Pero la realidad se empeñaba en contradecir al papel. Los privilegios de la Mesta, los gremios, los señoríos y la Iglesia ofrecían una resistencia sorda. El conde chocó con el poderoso Consejo de Castilla, que veía menguar sus atribuciones, y con los obispos, que denunciaban sus medidas regalistas. Las juntas provinciales de caminos se atascaban en pleitos interminables. Las Sociedades Económicas languidecían por falta de socios. Y los campesinos, a pesar de la libertad de comercio de granos decretada, seguían arruinándose con cada crisis de subsistencias. En 1789, cuando la Revolución Francesa estalló al otro lado de los Pirineos, Floridablanca sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies.
El conde reaccionó con alarma. Era un reformista, sí, pero ante todo un servidor del absoluto. Temía que las ideas revolucionarias contagiaran a España y que la figura del rey se viera amenazada. Así que cerró las aduanas de libros franceses —sobre todo los de Voltaire y Rousseau, que ya circulaban en ediciones clandestinas—, reforzó la censura, limitó la prensa periódica y ordenó internar a los extranjeros sospechosos. Los salones madrileños empezaron a decir que el conde, el gran reformador, se había vuelto reaccionario. El propio Campomanes, su antiguo mentor, se distanció. Floridablanca se quedó solo, protegido únicamente por la confianza del rey. Pero Carlos III murió en diciembre de 1788 y su sucesor, Carlos IV, era un hombre débil, dominado por su esposa María Luisa y por el ambicioso guardia de corps Manuel Godoy.
En 1792, Godoy convenció al nuevo monarca de que la continuidad del conde era un lastre. El desencadenante fue una carta en la que Floridablanca se oponía a la entrada de España en la guerra contra la Convención francesa. No le valió la prudencia. El 28 de febrero de aquel año, el rey firmó su cese fulminante. Le sustituyó el propio Godoy. El conde debió abandonar Madrid con un amargor que sus cartas apenas disimulan. Se retiró a Murcia, y de allí pasaría después a un destierro encubierto en la alcazaba de Pamplona y luego en la Ciudadela de Barcelona, donde permaneció recluido durante tres años. Las acusaciones fueron vagas: malversación, abuso de poder, descuido de la defensa del reino. Nada quedó probado. Pero para entonces ya no importaba la verdad: importaba que no estorbara.
Capítulo IV: El frío de una noche en Aranjuez
La noche del 17 al 18 de marzo de 1808, el alumbrado de aceite de las calles de Aranjuez apenas combatía la oscuridad. El pueblo, azuzado por el partido fernandino, había salido a la calle armado de palos y antorchas. Gritaban contra Godoy, pero también contra los ministros que recordaban del pasado. Jose Moñino, viejo, achacoso y olvidado, se hallaba aquella noche en su residencia de la villa cuando una turba forzó la puerta. Lo arrastraron por las calles empedradas entre insultos, y sólo la intervención de algunos soldados evitó que lo lincharan. Era el final de una época. El conde que había regido los destinos de España durante quince años caía víctima del mismo motín que, doce años antes, había pronosticado en sus informes secretos sin que nadie le hiciera caso.
Su caída fue el penúltimo acto de una vida que se apagaba. Lo encerraron en una celda del Alcázar de Segovia y luego en la cárcel de Murcia, de donde salió meses más tarde convertido en una ruina. Pero la historia aún le reservaba un giro cruel y grandioso. Cuando las tropas napoleónicas invadieron España y el país se alzó en armas, los miembros de la Junta Central Suprema, reunidos de urgencia en Aranjuez en septiembre de 1808, pensaron en él. Floridablanca, el gran ministro del despotismo ilustrado, fue llamado a presidir aquella Junta que se proponía gobernar en nombre del rey cautivo y organizar la resistencia. Era consciente de que apenas le quedaban fuerzas. Aceptó, sin embargo, como un último servicio a la corona.
Capítulo V: El último servicio a una España en llamas
Sus últimas semanas las pasó redactando bandos y exhortaciones patrióticas con el mismo pulso tembloroso que cuarenta años atrás había firmado la expulsión de los jesuitas. La Junta Central celebró su primera sesión bajo su presidencia el 25 de septiembre de 1808. El conde habló poco aquel día; sus colegas anotarían después que su mirada se perdía a veces en el vacío, como si ya viera el desenlace. El 20 de noviembre de 1808, en la modesta casa que habitaba en la villa de Murcia, fallecía sin aspavientos. Tenía ochenta años. El inventario de sus bienes fue tan escueto que apenas ocupó dos folios. El hombre que había manejado los millones del Real Erario murió casi pobre.
La imagen del conde ha oscilado desde entonces entre la del reformador visionario y la del burócrata que envejeció mal y acabó siendo desbordado por un mundo que ya no entendía. Quizá fue ambas cosas. La Moncloa (sic) que pretendió modernizar le sobrevivió apenas un siglo, y muchas de sus instituciones —la Junta de Estado, el Banco de San Carlos, los caminos reales— terminaron arrumbadas o transformadas hasta resultar irreconocibles. Pero su insistencia en que la prosperidad de una nación se mide por la felicidad de los que la habitan, expresada en el texto reservado de 1787, resuena como un eco no del todo extinguido en los despachos que hoy ocupan sus herederos políticos.
