Setenta colectivos ecologistas han alzado la voz este jueves en Santiago para exigir un ‘cambio radical’ en la política de incendios forestales de la Xunta. La Plataforma por un Monte Galego con Futuro, que agrupa a organizaciones ambientales, agrarias y sociales, denunció en rueda de prensa el «fracaso» del actual modelo, «excesivamente centrado en la extinción», y alertó de que las olas de calor convierten a Galicia en un polvorín si no se apuesta por la prevención. En lo que va de verano, ya han ardido 800 hectáreas en la comunidad, según los datos que maneja la propia administración autonómica.
Las cifras, lejos de ser anecdóticas, reflejan una dinámica que se repite año tras año. La plataforma calificó de «nefasta, negligente e improvisada» la planificación de la campaña de alto riesgo y señaló que durante el invierno se perdió un tiempo valioso para los trabajos de prevención y limpieza de las franjas secundarias. La externalización de los servicios de extinción, a través de la empresa pública Seaga, sigue sin resolver los problemas de fondo.
Una década de demandas ignoradas
Los portavoces ecologistas recordaron que en 2026 la Xunta no incorporó ninguna plaza nueva al personal propio del Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais (SPIF), el cuerpo autonómico encargado de la lucha contra el fuego. En su lugar, la administración autonómica optó por reforzar la plantilla mediante contrataciones externas: 42 brigadas de la empresa pública Seaga y otras 190 brigadas municipales. «No es una cuestión de recursos, sino de modelo», resumieron. Mientras la extinción siga siendo gestionada de forma fragmentada y sin una red pública de bomberos forestales, la prevención seguirá siendo la gran olvidada.
El SPIF, creado en su día para coordinar la respuesta ante los incendios, arrastra una paradoja: dispone de menos efectivos propios que hace una década, al tiempo que el presupuesto global para incendios ha aumentado. La dependencia de la contratación externa y de los convenios municipales genera, según los colectivos, una estructura precaria y poco eficiente. Este modelo ya fue señalado en varios informes del Consello de Contas de Galicia, que advirtió de la falta de planificación a medio plazo.
La plataforma enumeró diez medidas concretas entre las que destacan la creación de un único servicio público de bomberos forestales, de gestión directa y dependiente de la Xunta; un plan de restauración inmediata de las zonas quemadas para evitar la erosión del suelo; y una moratoria indefinida a la plantación de eucaliptos y otras especies pirófilas, además de su eliminación paulatina. También reclamó la suspensión de la temporada de caza y pesca en los cotos limítrofes durante el tiempo necesario para que las áreas afectadas se regeneren y un impulso decidido a las políticas estructurales que dinamicen el medio rural.
Lo que las organizaciones ecologistas reclaman no es extinguir más rápido, sino evitar que los bosques ardan antes de que lleguen las llamas.
El eucalipto, en el punto de mira
La especie estrella de la polémica es el eucalipto. Los ecologistas sostienen que su expansión masiva, fomentada durante décadas por políticas forestales de todos los colores, ha convertido el monte gallego en un polvorín. La moratoria que reclaman no es nueva: ya en 2018 una iniciativa legislativa popular a favor de una ley de montes que frenase su avance reunió más de 30.000 firmas sin éxito. La Xunta, a través de la Consellería do Medio Rural, ha defendido siempre que la superficie de eucalipto está estabilizada, pero los datos del Inventario Forestal Nacional muestran un incremento sostenido.
La Plataforma por un Monte Galego con Futuro no solo apunta al arbolado. Insiste en que el verdadero cortafuegos es un medio rural vivo, con actividad agroganadera que mantenga el territorio limpio. Sin embargo la Galicia interior pierde población a un ritmo inquietante, y cada vez hay menos manos para cuidar el monte. El círculo vicioso es conocido: abandono, matorral, eucalipto, incendio.
El Laboratorio Gallego
Lo que sucede en Galicia con los incendios forestales es, en buena medida, un espejo de lo que ocurre en otras comunidades de la España atlántica y mediterránea, pero con una particularidad: la gestión del monte ha sido una de las señas de identidad del Gobierno del PPdeG desde que Alfonso Rueda asumió la presidencia de la Xunta, y antes con Alberto Núñez Feijóo. La fórmula —externalización de la extinción, mensaje de que se apagará todo lo que arda, y una prevención que se anuncia cada otoño pero rara vez se ejecuta— ha generado un consenso inverso entre los colectivos ambientalistas: es un modelo que no funciona, pero que se mantiene porque los incendios no suelen costar elecciones.
En el Parlamento de Galicia, los grupos de la oposición, especialmente el BNG y el PSdeG, han presentado reiteradamente iniciativas para reforzar la prevención y crear un servicio de bomberos forestales público y estable. Pero la mayoría absoluta del PPdeG ha tumbado todas esas propuestas. La politización del fuego es intensa: cada verano, el BNG acusa al Gobierno gallego de «dejación de funciones», mientras el PSdeG pide un pacto de estado por el monte que nunca llega. Mientras tanto, los incendios siguen arrasando hectáreas.
La lectura nacional tampoco es alentadora. El modelo gallego de externalización de la lucha contra incendios ha sido replicado, con matices, en otras comunidades gobernadas por el PP, como Castilla y León o Andalucía, donde también se critica la falta de prevención. La Ley de Montes de 2003, de ámbito estatal, insta a las autonomías a dotarse de servicios forestales propios, pero no obliga a que sean públicos. Así, cada verano se repite el mismo debate, con los mismos actores y escasos cambios tangibles. Para la Plataforma, el tiempo de los diagnósticos ya pasó; ahora toca un «cambio radical».
Ficha del Caso
- El caso: La Plataforma por un Monte Galego con Futuro, que agrupa a 70 colectivos ecologistas, agrarios y sociales, exige un vuelco en la política forestal de la Xunta tras arder 800 hectáreas en lo que va de verano de 2026.
- Datos importantes: La Xunta no ha creado ninguna plaza nueva en el SPIF en 2026; se han contratado 42 brigadas de Seaga y 190 municipales. Los ecologistas piden un servicio público único de bomberos forestales y moratoria al eucalipto.
- Resumen: Las organizaciones denuncian un modelo «excesivamente centrado en la extinción» que fracasa cada verano, y urgen a actuar antes de que las olas de calor conviertan la emergencia en permanente.
