EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Vox ha registrado una batería de enmiendas a la Ley de Acompañamiento de los presupuestos que incluyen la prioridad nacional, la prohibición del burka y una rebaja del IRPF para rentas altas.
- ¿Quién está detrás? El portavoz de Vox en las Corts Valencianes, José María Llanos, junto a la diputada Teresa Ramírez.
- ¿Qué impacto tiene? El president Juan Francisco Pérez Llorca (PP) deberá asumir estas exigencias para sacar adelante las cuentas, lo que tensa al Consell y proyecta una imagen radicalizada de la Generalitat.
El partido de extrema derecha ha puesto contra las cuerdas al president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca. Las enmiendas registradas ayer en las Corts Valencianes a la Ley de Acompañamiento de los presupuestos autonómicos obligan al jefe del Consell a aceptar medidas ultras si quiere que las cuentas de 2026 vean la luz.
Las líneas rojas de Vox: arraigo, burka y rebaja fiscal
El paquete de enmiendas, registrado por el portavoz parlamentario José María Llanos y la diputada Teresa Ramírez, introduce el principio de prioridad nacional en varias leyes autonómicas. El arraigo exigido para acceder a una vivienda protegida se fija en 15 años de empadronamiento en cualquier municipio de España, según recoge la documentación presentada. Para inscribirse en el registro de demandantes de alquiler se requerirán 5 años y 10 para la compra.
La Renta Valenciana de Inclusión también se endurece: los solicitantes deberán acreditar tres años de residencia ininterrumpida o diez años alternos en los últimos treinta. Vox blinda así su concepto de preferencia para los nacionales en los servicios públicos, un giro que hasta ahora no tenía reflejo legal en la Comunitat Valenciana.
En el plano fiscal, las enmiendas profundizan la bajada del IRPF que ya había aprobado el Consell. Propone reducir una décima adicional el tipo a las rentas de hasta 100.000 euros y un 0,25% a las superiores a esa cifra, lo que deja el marginal máximo en el 29,25%, frente al 29,50% actual. Además, el Impuesto de Patrimonio se bonificaría para bases liquidables de hasta 2 millones de euros (sin contar vivienda habitual ni empresa), una medida que alivia a los grandes patrimonios.
La prohibición del burka y del niqab en espacios públicos es otra de las exigencias estrella. Se incorpora a la normativa sobre espectáculos, transporte, sanidad, función pública y centros educativos, habilitando a las policías locales para su cumplimiento. “Resultará necesaria la identificación de las personas cuando el rostro esté sustancialmente cubierto”, reza la enmienda.
La prioridad nacional abandona el discurso para convertirse en un criterio legal con consecuencias directas sobre quién recibe ayudas y vivienda.
Las enmiendas incluyen también un recorte de un millón de euros al fomento del valenciano, la revisión de los currículos de Infantil para eliminar la ideología de género y la obligación de la Generalitat de proteger “el derecho a la vida del no nacido” en la Ley de la Infancia.
Un pacto que tensa al PP de Pérez Llorca y afea la imagen de la Generalitat
El PP gobierna en minoría y necesita los votos de Vox para aprobar los presupuestos. La dirección popular valenciana sabía que la negociación sería dura, pero las enmiendas presentadas desbordan las líneas rojas que algunos dirigentes del partido consideraban asumibles. Fuentes del Consell consultadas por este medio reconocen que “el margen de cesión es mínimo si se quiere mantener la coherencia con el programa electoral”.
La oposición ha reaccionado con contundencia. PSPV y Compromís han calificado las exigencias de Vox de “inaceptables” y acusan al president de estar dispuesto a “vender el alma de la Comunitat” por un puñado de votos. Desde Compromís se apunta que la inclusión de la prioridad nacional choca con la tradición acogedora del pueblo valenciano y supone un retroceso en derechos fundamentales.
El Escenario Valenciano
La crisis presupuestaria pone a prueba la solidez del pacto PP-Vox en la Generalitat. Si Pérez Llorca cede, asumirá un coste político enorme de cara a las próximas elecciones autonómicas, además de deteriorar la imagen de moderación que el PP intenta proyectar a nivel nacional. En el Congreso de los Diputados, el gobierno de Pedro Sánchez ya ha utilizado casos similares en otras comunidades para señalar la deriva extremista de la derecha, y Valencia podría convertirse en un nuevo argumentario.
A nivel nacional, el pulso de Vox obliga a Alberto Núñez Feijóo a retratarse. El líder del Partido Popular ha defendido hasta ahora que los pactos autonómicos son responsabilidad de los presidentes regionales, pero exigencias tan explícitas de prioridad nacional o prohibición del velo integral sobrepasan la línea de lo tolerable y podrían forzar una condena desde Génova. En paralelo, la plataforma de afectados por la DANA ha exigido que la negociación no ralentice la ejecución de los fondos de reconstrucción, que dependen en parte del presupuesto autonómico.
La votación final de los presupuestos está prevista para este mismo mes en las Corts Valencianes. Si el PP no consigue los apoyos necesarios, la Generalitat se vería abocada a una prórroga presupuestaria que paralizaría nuevas inversiones. Las próximas semanas serán decisivas para saber si Pérez Llorca dobla el pulso o si, por el contrario, cede ante el programa más radical que ha pisado el Consell desde la restauración de la autonomía.
Ficha del Caso
- El caso: Vox registra en las Corts enmiendas a la Ley de Acompañamiento que condicionan su apoyo a los presupuestos de la Generalitat para 2026 a la aceptación de medidas ultras.
- Datos importantes: Prioridad nacional con arraigo de 15 años para vivienda protegida, prohibición del burka, rebaja de IRPF a rentas altas (marginal máximo al 29,25%), protección del “no nacido” y recorte de un millón al valenciano.
- Resumen: El PP de Pérez Llorca se enfrenta a un dilema: asumir un programa radical o arriesgarse a no sacar los presupuestos, con implicaciones para la gobernabilidad de la Comunitat y para la imagen del PP en toda España.
