El juez Ismael Moreno, del juzgado central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, quiere que teniente coronel Antonio Balas, que ha llevado el peso de las investigaciones del Caso Koldo, siga al frente de las mismas. Para ello ha dictado una providencia destinada al coronel jefe de la UCO para que «realice las actuaciones que considere pertinentes para que el agente con TIP (…), quién está previsto su ascenso en las próximas fechas, pueda continuar en el desempeño de su puesto por el tiempo que sea necesario, para el avance y desarrollo de los hechos de la presente investigación, intégrese en el expediente judicial electrónico de su razón; visto su contenido, líbrese oficio dirigido al Coronel Jefe de la UCO en los términos interesados por el Ministerio Público. Llévese testimonio de la presente resolución a las piezas separadas 8 y 9».
El juez Moreno se refiere al teniente coronel Antonio Balas cuyo ascenso al grado de coronel está previsto los próximos días. El magistrado responde así a la petición del fiscal Anticorrupción Luis Pastor que había solicitado esta medida para impedir que el Caso Koldo y las piezas sobre contratos públicos y financiación ilegal del PSOE quedasen sin terminar la instrucción.
En un escrito presentado el 9 de julio el fiscal Pastor decía que «estando próximo -julio o agosto de este año- el ascenso del agente
con TIP (…), siendo uno de los instructores de la unidad policial a la que se ha encomendado la investigación de las DP 65/23 y considerando que ha tenido un papel relevante en el curso de la misma, se considera que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, ha de permanecer en su destino -Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO- por el tiempo necesario, hasta la conclusión de la investigación».
En su escrito el fiscal pide que «sea librado oficio al Coronel Jefe de la UCO a fin de que realice las actuaciones que considere pertinentes, para que el agente con TIP (…) pueda continuar en el desempeño de su puesto por el tiempo que sea necesario, para el avance y desarrollo de los hechos que son objeto de investigación en el presente procedimiento (principal y piezas 8 y 9)».
La instrucción que hace Balas comenzó hace dos años
La investigación del juez Ismael Moreno, del juzgado central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, sobre la financiación del PSOE sigue su curso. El pasado miércoles declaraba el empresario Víctor de Aldama como testigo. Aldama ratificó el contenido del sobre que, según su declaración, recibió de manos de Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela, con, supuestamente, bonos de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, canjeables en el mercado. Según Aldama, esos bonos estaban destinados a financiar al PSOE y a los socialistas europeos.
El famoso sobre fue aportado de manera voluntaria por el empresario hace cuatro meses en el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. El dinero tras la venta de esos bonos iría destinado a financiar a los socialistas españoles. Esta es la segunda declaración de Víctor de Aldama. Esto afecta a la parte de la presunta financiación irregular del PSOE.
Además de la financiación del PSOE, el juez Moreno sigue la investigación sobre el Caso Koldo, así como el Caso Cerdán, en el que está investigado Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE, por la concesión de obras públicas.
Aldama y Koldo ya declararon en el Supremo
Tanto Koldo como Aldama hablaron en durante el juicio contra ellos y Ábalos en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo de los pagos en efectivo recibidos del PSOE y en el caso de Aldama de la Internacional Socialista.

El empresario sostuvo que había dos destinatarios de los pagos de dinero, primero el PSOE y además la Internacional Socialista y dos fuentes principales de ingresos de esos pagos, las empresas constructoras que pagaban las «mordidas» por adjudicaciones de obra pública y los cupos de petróleo venezolano.
Según relató el comisionista, Koldo García le dijo, al llegar al Gobierno, que les hacía falta dinero para la «financiación del partido. «Tenemos que ver cómo podemos ayudarnos para que ellos se lleven la licitación y tener un rendimiento que a nosotros nos hace falta para la financiación del partido», aseguró Aldama durante su declaración en el Supremo en la vista oral.
El empresario explicó que la cantidad del pago en efectivo no correspondía a un porcentaje de la obra, sino que se pactaba caso a caso. «Empiezan a pagarme en efectivo y yo hago entregas de dinero en el ministerio y en la casa del señor Ábalos en El Viso. Eso era una constante, empieza a haber una ruleta», declaró. Esas declaraciones son las que pidió la Fiscalía y ahora reclama el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional.
Además, Aldama estimó que en esa época aportó unos 1,8 millones de euros, una cifra que consideró «fácil» de cotejar con el aumento de las donaciones en ese periodo reconocidas en las cuentas del partido que fueron entregadas precisamente en la Audiencia Nacional.
El asesor de Ábalos, Koldo García, reconoció durante su declaración y lo volvió a hacer al final del juicio durante el uso de la última palabra que tienen todos los enjuiciados que las famosas «txistorras» recibidas del partido eran billetes de 500 euros, pero lo achacó a los gastos que había realizado anticipadamente por cuenta del partido.
