Paz Esteban no va a romper el silencio. La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia ha vuelto a escudarse en la Ley de Secretos Oficiales para no dar explicaciones a la jueza que investiga el espionaje con Pegasus al independentista Sergi Sabrià, exportavoz de ERC. Por tercera vez desde que fue cesada al frente del CNI, la maña —Esteban nació en Huesca— ha repetido el mismo guion defensivo: solo admite las infiltraciones que contaban con el aval del Tribunal Supremo. Del resto, nada.
La comparecencia, realizada por videoconferencia desde Madrid y con un abogado del Estado a su lado, se ha centrado en el caso Sabrià, una de la decena de causas abiertas en Barcelona por el uso del programa espía israelí Pegasus contra el entorno independentista. La jueza ya sabía lo que iba a escuchar. Y usted, si ha seguido este serial, también.
Qué sí puede contar y qué queda bajo siete llaves
El Supremo concedió permiso para entrar en el teléfono de Sabrià en 2020. Ese episodio, admite Esteban, fue legal. El problema llega con las dos fechas que se salen de ese paraguas judicial. Los forenses han acreditado rastros de Pegasus en el dispositivo del político en 2018 y 2019, antes incluso de que el CNI solicitara la autorización. Sobre esas intrusiones, la exresponsable del servicio de inteligencia se ha limitado a invocar el secreto oficial.
No es un gesto menor. En el oficio del espía, una defensa basada en la clasificación de los métodos implica, de facto, que las herramientas y procedimientos empleados siguen considerándose sensibles. Y por tanto, que el Estado quiere mantenerlos ocultos. La lectura de la defensa, respaldada por el Gobierno, es clara: nada de lo que ocurrió en 2018 y 2019 existió a efectos de esta causa.
Eso sí, la coartada judicial ha sido facilitada desde Moncloa. El acuerdo de desclasificación que autorizaba a Esteban a declarar venía con una letra pequeña que le recordaba su deber de reserva sobre las actividades del CNI. En la práctica, la exdirectora solo podía hablar de lo que ya era público porque el Supremo lo había avalado. El resto seguía bajo el paraguas del top secret.
El Estado no está desclasificando los documentos que le convienen, sino los que ya conocen los jueces. Y eso cambia la naturaleza del proceso.
Una huella técnica idéntica en doce móviles
El rastro dejado por Pegasus en los teléfonos de Sabrià, del expresident Pere Aragonès y de otros espiados comparte un patrón común. Tanto en las infiltraciones autorizadas por el Supremo como en las que no lo estuvieron, los forenses han detectado la misma metodología de intrusión, los mismos servidores de comando y control y la misma carga útil (payload) del spyware. En términos de inteligencia técnica (SIGINT), la atribución apunta a un solo actor.
Paz Esteban, sin embargo, ha trazado una línea nítida: la tecnología es la misma, pero la autorización no. Y sin esa autorización, la exjefa de los espías se desentiende. No ha dado una sola explicación sobre por qué aparecen esas marcas en los dispositivos de los independentistas. Tampoco sobre quién más podía estar usando Pegasus con una licencia similar a la del CNI.
Las otras cinco causas en las que Esteban está imputada —por las denuncias de Aragonès, los dirigentes de ERC Diana Riba y Josep Maria Jové, el abogado Andreu Van den Eynde o los exlíderes de la ANC Jordi Sànchez y Elisenda Paluzie— avanzan en en el mismo atolladero. Sin desclasificación, no hay imputación efectiva. Y sin imputación, el juicio se aleja.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
Me sitúo en el ángulo confidencial. Lo que hay aquí es menos un caso de espionaje y más un pulso entre dos lógicas: la del Estado profundo, que quiere blindar sus métodos incluso cuando se usan contra ciudadanos en suelo propio, y la judicial, que intenta sin mucho éxito levantar la alfombra. La Ley de Secretos Oficiales, una norma preconstitucional que en 2026 sigue sin reforma, se ha convertido en el salvoconducto perfecto para que el CNI no rinda cuentas.
El vector de amenaza es una infiltración SIGINT con malware de categoría zero-day, Pegasus, desplegado probablemente mediante spear-phishing o explotación de redes SS7. Las agencias implicadas están claras. El servicio atacante, según la instrucción judicial, fue el propio CNI —al menos en los casos avalados—. El defensor es inexistente, porque la víctima era un ciudadano protegido por la ley española. Y quienes miran de reojo son los socios europeos, la propia NSO Group en Israel y, por supuesto, los servicios de inteligencia marroquíes, que siempre han tenido Pegasus a mano en el Magreb.
El nivel de clasificación estimado de los informes internos que el CNI no quiere soltar es Top Secret. Cualquier documento que detalle las capacidades operativas del servicio, los procedimientos para obtener permisos judiciales o la relación contractual con NSO se considera nuclear. La Fiscalía, según el duro informe de Amnistía Internacional presentado ayer, ha jugado un papel de obstrucción que merece ser llamado por su nombre: defensa corporativa.
Yo ya advertí en El quinto elemento que el próximo 11-S empezará con un clic. Pero lo que no imaginé entonces es que el Estado usaría ese mismo arsenal contra los suyos sin que el Congreso levantara la voz. La diferencia entre una operación contra el terrorismo y una contra la disidencia política es tan fina como la cobertura legal que la respalde. Y en este caso, la cobertura se está escribiendo a golpe de silencio administrativo.
La única certeza que tengo, tras seguir de cerca este sumario desde 2022, es que ninguna de las causas llegará a juicio oral a corto plazo. La colaboración internacional —Israel no ha movido un dedo por aclarar la venta del software, e Irlanda, donde reside parte de la infraestructura de NSO, tampoco— es nula. Y el Gobierno, con su control sobre la desclasificación, ha convertido el procedimiento en una partida de ajedrez contra el reloj.
