La Comisión Europea está ultimando una reforma que cambiará las reglas de la contratación pública en la Unión, priorizando a los proveedores europeos en sectores estratégicos como la energía, el agua, los ferrocarriles, puertos y aeropuertos. La medida, que se integra en la iniciativa Made in Europe, busca reforzar la soberanía industrial del bloque frente a la competencia de Estados Unidos y China, según ha adelantado la agencia Bloomberg y ha podido confirmar esta redacción.
La iniciativa llega en un momento en que la dependencia de insumos críticos —desde semiconductores hasta minerales raros— preocupa a Bruselas. La nueva normativa permitiría a los Estados miembros exigir que los bienes y servicios contratados con dinero público tengan un contenido mínimo europeo, una posibilidad que, de aprobarse, reescribirá las reglas de un mercado que mueve 2,6 billones de euros.
¿En qué consiste la preferencia europea y qué sectores cubre?
El documento interno al que ha tenido acceso Bloomberg especifica que los gobiernos nacionales “podrán aplicar requisitos de preferencia europea, incluyendo la restricción de la participación, la exigencia de un origen mínimo de la UE (…) o la concesión de preferencias de evaluación”. En la práctica, esto permitiría rechazar ofertas de compañías extracomunitarias o exigir que al menos la mitad del valor de un producto o servicio se genere dentro de la Unión.
Los sectores llamados a ser los primeros beneficiarios de esta reserva son precisamente los más sensibles desde el punto de vista de la seguridad económica: suministro de gas y extracción de energía, redes de agua y electricidad, ferrocarril, puertos, aeropuertos y servicios postales. Fuentes oficiales consultadas por esta redacción evitan confirmar los detalles, pero subrayan que el objetivo es “crear el marco adecuado para optimizar el uso de los fondos públicos en función de nuestros objetivos estratégicos”.
La batalla por la autonomía estratégica: chips, tierras raras y competencia global
Más allá del cambio regulatorio, la propuesta es la última pieza de un puzle que Bruselas lleva meses ensamblando. La Ley de Chips y la Ley de Materias Primas Fundamentales ya habían puesto el foco en la necesidad de reducir la dependencia de proveedores chinos, especialmente en semiconductores y minerales de tierras raras. Ahora la Comisión quiere extender esa lógica al gasto público ordinario, blindando las compras estatales de la influencia de Pekín.
La preocupación no es menor. La industria europea sigue recurriendo masivamente a insumos asiáticos, y las subvenciones estadounidenses recogidas en la Inflation Reduction Act han agravado la sensación de vulnerabilidad. En los últimos dos años la UE ha aprobado más de una decena de instrumentos para proteger sus sectores críticos; la preferencia en la contratación pública sería el capítulo más ambicioso hasta la fecha.
Lo que Bruselas llama preferencia europea es, en realidad, un giro proteccionista que refuerza la soberanía industrial y resitúa el tablero de la competencia global.
No es baladí. El mercado de contratos públicos representa el 14% del PIB de la UE, y cualquier barrera a los operadores externos tendrá consecuencias en las cadenas de suministro, en los precios y, desde luego, en las relaciones comerciales con Washington y Pekín.
El Eje del Poder Europeo
La batalla por esta reforma no será solo técnica. La Comisión tendrá que sortear las reticencias de los países tradicionalmente más liberales, como los Países Bajos o los nórdicos, que ven con recelo cualquier medida que pueda interpretarse como proteccionismo. El eje francoalemán, mientras tanto, parece alineado: París lleva años insistiendo en la autonomía estratégica y Berlín ha aprendido con la guerra de Ucrania que la dependencia energética y tecnológica puede ser letal.
Para España la oportunidad es evidente. El sector de las infraestructuras —Iberdrola, Acciona, Ferrovial, FCC o Sacyr, entre otras—, las empresas de tratamiento de aguas y los operadores logísticos y portuarios podrían beneficiarse de una cuota protegida en las licitaciones de toda la UE. La Estrategia Industrial Europea ya situaba la contratación pública como palanca clave; la preferencia doméstica la convertiría en un verdadero escudo.
Sin embargo, el riesgo de fragmentación es real. Si cada Estado miembro empieza a primar a sus propios campeones nacionales, el mercado único podría resentirse. La propia Comisión reconoce que el texto aún puede sufrir modificaciones, y el debate en el Parlamento Europeo promete ser intenso. La votación del pleno no se espera antes de finales de año, y hasta entonces los lobbies —europeos y extracomunitarios— afilarán los argumentos.
Como ocurrió con el CBAM (el arancel climático) o con el Reglamento de Subvenciones Extranjeras, la Unión avanza hacia un modelo que compatibiliza la apertura comercial con instrumentos de defensa comercial cada vez más afinados. La pregunta es si esta nueva vuelta de tuerca será compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio y si los socios transatlánticos y asiáticos la interpretarán como una provocación o como un acto de supervivencia industrial.
