El Tribunal de Instancia de Madrid ha avalado el centro de menores de La Cantueña y ha condenado en costas al Ayuntamiento de Fuenlabrada. La resolución, conocida esta misma semana, desestima cualquier intento del consistorio de interferir en las instalaciones que acogen a menores extranjeros no acompañados desde octubre de 2024.
La Sección Civil del tribunal ha estimado íntegramente la demanda de la Comunidad de Madrid y ha ratificado que la Administración regional es la única propietaria de los terrenos donde se ubica el centro, en la finca del Cerro de La Cantueña. Según ha podido saber esta redacción, desde la llegada de los primeros menores se ha atendido a 632 chicos en unas instalaciones que el Gobierno regional habilitó por la vía de emergencia ante lo que consideró ‘el descontrol del Gobierno central en la gestión migratoria.
El varapalo golpea de lleno al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, referente del PSOE en el sur de Madrid y miembro de la ejecutiva federal tras su fichaje por Pedro Sánchez a finales de 2024. Ayala se opuso frontalmente a la apertura del centro desde el minuto cero y convirtió La Cantueña en su principal bandera política, llegando a recriminar públicamente al entonces secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, su ‘silencio’ cómplice.
Una sentencia que despeja cualquier duda sobre la propiedad
La resolución judicial cierra la puerta a cualquier maniobra municipal: la Comunidad de Madrid tiene la exclusiva titularidad de La Cantueña y puede ejercer sin injerencias sus competencias en materia de protección de menores. El tribunal condena además al Ayuntamiento de Fuenlabrada al pago de las costas procesales, lo que añade un coste económico a una derrota política que lleva meses fraguándose.
De las obras de emergencia al precinto: la crónica de la oposición municipal
La ofensiva judicial del Ayuntamiento arrancó en julio de 2024, cuando la Junta de Gobierno Local aprobó revertir la cesión del espacio a la Comunidad, argumentando un supuesto incumplimiento del convenio de 1999. El alcalde trató de de revertir la titularidad para frenar a Ayuso pero los tribunales fueron desmontando cada maniobra municipal. El recuento es demoledor: diez resoluciones judiciales han dado la razón a la Comunidad de Madrid. Desde el primer auto de medidas cautelares hasta esta última sentencia de instancia, los jueces han rechazado todos los argumentos de Fuenlabrada. En la Consejería de Familia celebran un pleno de victorias y recuerdan que el centro funciona con normalidad pese a los intentos de sabotaje.
Diez derrotas después, el cerco judicial a Fuenlabrada es total: la Comunidad es dueña de La Cantueña y el alcalde Ayala ha gastado su capital político en una causa perdida.
Qué pierde (y qué gana) el PSOE con esta sentencia
La contienda judicial ha dejado al descubierto las contradicciones del PSOE en materia migratoria. Mientras la dirección federal defiende el reparto solidario de menores, uno de sus alcaldes más visibles ha hecho todo lo posible por impedir un recurso de acogida en su propio municipio. La tensión no es nueva: en 2022 el Ayuntamiento de Leganés, también gobernado por los socialistas, mantuvo un pulso similar con la Comunidad por un proyecto de vivienda para jóvenes extranjeros; después de meses de batalla, el consistorio tuvo que dar marcha atrás y pagar las costas.
En Barcelona, en cambio, la Generalitat ha podido desplegar centros de primera acogida con menos ruido, gracias a una colaboración más estrecha con los ayuntamientos gobernados por las fuerzas de izquierda. Aquí, la batalla de La Cantueña se ha convertido en un símbolo de la fractura entre el sur metropolitano y la Puerta del Sol.
La sentencia del Tribunal de Instancia puede ser recurrida en apelación, aunque el consistorio fuenlabreño aún no ha confirmado si dará ese paso. Fuentes municipales reconocen que el margen de maniobra es mínimo y que una nueva derrota agravaría la factura económica. En todo caso, el coste político para Ayala ya es real: ha gastado dos años en una guerra que no ha logrado frenar ni un solo día de actividad en el centro. El tiempo corre en contra de quien ha acumulado diez derrotas judiciales y tiene que dar explicaciones a la ejecutiva federal.
Diez a cero. Y partido terminado.
