La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, prevista para el 16 de julio, es la llave que abre la puerta al regreso de Carles Puigdemont y a resolver la situación judicial de Oriol Junqueras. El fallo, que responde a una cuestión elevada por el Tribunal de Cuentas, trasciende lo contable y marcará un antes y un después en la aplicación de la ley de amnistía.
La pregunta que formuló el órgano fiscalizador español era, en apariencia, técnica: ¿contradice los intereses financieros de la UE poner fin a la responsabilidad contable derivada del 1-O? Pero la respuesta del TJUE, vinculante para todos los Estados miembros, condicionará mucho más que un expediente administrativo. El Tribunal Constitucional ha hecho saber que no resolverá los recursos de empara de Puigdemont y Junqueras hasta que Luxemburgo se pronuncie.
Una cuestión contable que desborda lo financiero
El origen del caso está en el Tribunal de Cuentas, que investiga el presunto desvío de fondos públicos para la organización del referéndum ilegal de 2017. Al plantear la cuestión prejudicial, el organismo dudaba de que una eventual amnistía contable pudiera chocar con las normas de la Unión que protegen su presupuesto. Pero el TJUE no se limitará a los números: su sentencia se pronunciará sobre el alcance de la ley aprobada por las Cortes y, por extensión, sobre la validez de la amnistía penal.
En esta redacción entendemos que el fallo tiene una doble lectura. Primero, la estrictamente jurídica: si el tribunal europeo avala que los intereses financieros de la UE no son un obstáculo, el Constitucional tendrá vía libre para aplicar su propia doctrina. Segundo, la política: con el aval europeo, la amnistía ganaría un escudo de legitimidad que hasta ahora le ha faltado.
El Constitucional tiene la última palabra, pero espera el aval europeo
Los recursos de empara de ambos líderes independentistas llevan meses en el limbo. Fuentes del tribunal consultadas por Moncloa.com confirman que los magistrados no se moverán sin conocer el criterio de Luxemburgo. «No es una cuestión de cortesía, sino de coherencia jurisprudencial», explican. De hecho, la sala ha pospuesto deliberadamente cualquier pronunciamiento para evitar un choque con la justicia europea que podría tumbar después la amnistía en el ámbito penal.
Para Carles Puigdemont, la sentencia del TJUE es el último gran obstáculo antes de plantear su vuelta a Catalunya. Si el tribunal europeo no ve contradicción con los intereses financieros de la UE, el camino para su regreso sin riesgo de detención se despejaría de forma casi definitiva. En paralelo, Oriol Junqueras, condenado por el procés y posteriormente indultado, podría ver extinguida cualquier responsabilidad contable derivada del 1-O.
La decisión de Luxemburgo es la pieza que le falta al puzle de la amnistía.
El tablero catalán y la relación con Moncloa, en juego
La sentencia del TJUE llega en un momento de máxima tensión en el Govern de Illa, donde la financiación singular y los equilibrios con ERC y Junts marcan el pulso legislativo. Una resolución favorable a la amnistía aliviaría la presión de los sectores más independentistas y permitiría al president socialista vender estabilidad ante Moncloa. Por el contrario, un fallo restrictivo volvería a colocar a ERC y Junts en la trinchera judicial, con consecuencias imprevisibles para la legislatura.
Desde el Tribunal de Justicia de la UE, la doctrina es clara: las decisiones sobre gasto público sí pueden tener dimensión europea. Sin embargo, el margen para interpretar qué constituye un ataque a los intereses financieros de la Unión es amplio. Lo que está en juego es si la amnistía, al extinguir el posible perjuicio económico, vulnera el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que exige a los Estados miembros combatir el fraude y la corrupción que afecten a los fondos europeos.
En cualquier caso, el próximo jueves 16 de julio, el TJUE marcará la hoja de ruta judicial y política de Catalunya. Su fallo será, probablemente, el acta de defunción de los procedimientos contables y la luz verde para que el Constitucional cierre el capítulo de las responsabilidades penales. A partir de ahí, la pelota volverá al Parlament y a la Moncloa, dos escenarios que necesitan certidumbre para seguir funcionando.
Este artículo se ha redactado a partir de información publicada en Ara y de fuentes judiciales consultadas por Moncloa.com.
